lunes, 25 de agosto de 2008

Preso porque sí: riesgos y temores de las detenciones "arbitrarias"

Publicó Ciudad.com
25 de agosto de 2008

Por el caso de Walter Bulacio, muerto tras recibir una paliza en una comisaría, el estado argentino se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a rever las facultades de detención de la policía. ¿Qué hacer si te detienen?

Por Sergio Dima

Esa noche, la del 19 de abril de 1991, tocaban Los Redondos de Ricota. Walter Bulacio estaba llegando tarde a Obras Sanitarias. La gente se apuraba para poder entrar al recital que ya estaba en sus inicios. Todo terminó mal. Walter tenía 17 años. La Policía encaró una razia frente a la puerta del estadio y el chico cayó preso con otros 72 jóvenes en la comisaría 35ª, en Núñez. Pocos días después, Walter murió en un hospital. Según la investigación, había recibido una paliza que lo llevaría a sufrir un derrame cerebral. El de Bulacio se transformó en un caso emblemático que desató un largo recorrido judicial que aún hoy no termina.

Entre otras cosas, los abogados de la familia Bulacio afirman que Walter fue llevado a un hospital sin que sus padres ni un juez de menores fueran notificados del arresto. Miguel Ángel Espósito, entonces jefe de la 35ª, quedó como principal acusado del homicidio y las detenciones. Hace pocos días (y a más de 17 años del crimen), el Gobierno ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos intervenir como querellante en las causas que investiguen la muerte de Walter. Esto provocó que estallara una nueva polémica.

El nuevo capítulo tiene como contexto una audiencia realizada en Montevideo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más allá de los anuncios, quizás lo más importante, en paralelo a esta fase del entramado judicial, es que, según se dijo, se revisarán las facultades de detención que tienen las fuerzas de seguridad: una resolución del ministerio ordenó informar sus derechos a los menores de 18 años detenidos, avisar a sus familiares, a los jueces y a las autoridades; no deberán exhibirle armas, ni alojarlos con mayores. "La persona menor de edad tendrá derecho a comunicarse libre y privadamente", se informó.

Pero según denunció la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), "el decreto –del Gobierno- fue sacado para tener algo que decir en la audiencia ante la CIDH", que había ordenado dos cosas centrales: terminar de una vez la causa penal contra Espósito, y eliminar de su sistema todas las facultades policiales para las detenciones arbitrarias ("sin orden judicial ni en situación de flagrancia"). La CORREPI marcó también como una mentira que el Gobierno haya decidido derogar la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas y contravencionales. "Vamos a convocar a una comisión de notables, un ámbito de discusión para estudiar cómo hacer esas reformas", enfatizó la representación estatal.

"¿Hace falta una comisión consultiva, con personalidades "notables", para que el Gobierno le ordene a su policía que no detenga a nadie, salvo que esté cometiendo un delito o se lo pida un juez?", acusó la CORREPI. La Coordinadora resaltó en Montevideo que, al igual que en el caso de Walter, mucho de los llamados casos de gatillo fácil registrados en sus archivos, "corresponden a personas detenidas en comisarías sin haber cometido delito alguno, en virtud de las facultades policiales para 'identificar' o 'averiguar antecedentes', o de los códigos de faltas o contravenciones". Un informe presentado ante la CIDH por la CORREPI, el CELS y el CEJIL, describe al menos unos quince casos similares al de Bulacio, todos ocurridos en comisarías argentinas después de la sentencia de la CIDH de septiembre de 2003.

En ese sentido, la CORREPI insiste en que se derogue la ley 23.950 (de averiguación de antecedentes) y los códigos contravencionales o sus normas locales en todo el país. En 2007, el único imputado por la muerte de Bulacio denunció por "encubrimiento" a la fiscal Mónica Cuñarro y al juez Facundo Cubas. Según el comisario, ambos incumplieron justamente una sentencia de la CIDH, que ordenaba investigar lo ocurrido y a todos los responsables del caso: "El encubrimiento tiene por fin evitar que se responsabilicen a las personas que me dieron las órdenes para el operativo que se había organizado en el estadio Obras esa noche (la de la muerte de Walter) y a quienes pergeñaron el mismo", argumentó.

La causa judicial por el crimen de Walter siempre fue enredada. Desde 1996 hay un pedido de 15 años de prisión para el ex jefe de la 35ª. Pero hoy, a 17 años del homicidio, no hay condena. Graciela, madre de Walter, le dijo a Clarín hace un tiempo: "Espero que algo cambie con la Policía. Pero no creo. Desde la muerte de mi hijo se produjeron otros casos similares. Lamentablemente, hasta que no cambie el sistema no va a haber una solución". Declararon más de 200 testigos, intervinieron más de 30 jueces y se acumularon miles de fojas en la investigación. Sin embargo, la Justicia no logró dar respuesta a qué pasó con Walter Bulacio. Ahora, se reabre un viejo debate: el de las detenciones arbitrarias.

Qué obstáculos impiden la lucha contra la explotación sexual infantil en la región

Publicó Periodismo Social - Boletín N° 38
20 de agosto de 2008

Instituciones poco preparadas para contener a las víctimas, poca articulación entre las dependencias estatales especializadas en el tema, ausencia de estadísticas, cada vez más familias en situación de extrema vulnerabilidad económica, países con escasos recursos logísticos y tecnológicos para enfrentar a las redes dedicadas a este negocio, vacíos legislativos, deudas pendientes en la tipificación de los distintos delitos y, por otro lado, y como aspecto positivo, el inmenso avance de entender a la explotación sexual infantil (ESI) como una violación grave a los derechos humanos. No como un delito más.

Así podría empezar a delinearse el estado de situación de la lucha contra la ESI en la mayoría de los países de la región, una realidad que preocupa cada vez más. De hecho, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, admitió que se trata de un delito en plena expansión. “Necesitamos atacar el problema desde una mirada más amplia que la simple coordinación de normativas jurídicas o los aspectos que hacen a marcos de seguridad, judicial o policial. Hay un incremento en el desarrollo de la criminalidad organizada en este aspecto, pero también es preocupante las psicopatías sociales que llevan a que no sólo haya oferta sino demanda de este tipo de aberraciones enormes como es la explotación sexual infantil”, aseguró el martes último, en Buenos Aires, frente a la mirada de representantes de países del Mercosur y estados asociados, especialistas y representantes de distintas organizaciones y agencias de Naciones Unidas, como Unicef. Era el prólogo de la Reunión de América Latina y el Caribe que empezó hoy y sigue mañana en la sede de la Cancillería argentina, preparatoria del III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Infantil (ESI), que se realizará en noviembre en Brasil.

En ese marco se analizó el informe “Aportes para la cooperación regional en la erradicación de la Explotación Sexual Infantil (ESI)” -realizado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, sobre la situación de la ESI, la complejización y el agravamiento del problema y la necesidad urgente de profundizar la lucha contra las nuevas formas de este delito, cada vez más vinculadas al turismo e internet.

¿Cuál es entonces la situación en la región? ¿Es efectiva realmente la lucha contra este flagelo? ¿Qué desafíos enfrentan los países? ¿Cuáles son los obstáculos para la erradicación definitiva del problema?

Sobre este último punto, el informe señala que básicamente se pueden agrupar los obstáculos en dos categorías. “Una primera que comprende aquellos atribuidos a la complejidad de la problemática en sí y a los propios actores tanto víctimas como efectores de sistemas de salud, educación y otros. Una de las dificultades en relación a estos últimos es la capacitación insuficiente para realizar identificación o detección temprana en casos de ESI y su consecuente denuncia y derivación”.
Pero hay otra categoría de obstáculos, señala el informe. Son los de orden político-institucional, relacionados con las decisiones y los condicionamientos más bien de tipo estructural. “En ese sentido aparece la falta de asignación de presupuesto o su escasez, la dificultad de articulación intersectorial, la falta de recursos logísticos y operativos para la investigación y desarticulación de bandas organizadas, la existencia de redes delincuenciales instaladas y la falta de consenso nacional para campañas impulsadas por organismos internacionales dentro del país, además del limitado número de instituciones especializadas en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas”.

De todos modos, uno de los aspectos que más llama la atención y que se repite en casi todos los países es la ausencia de bases de datos estadísticos en las provincias, dado el carácter delictivo e invisible de la problemática.

Otro punto en el que el informe hace foco está relacionado con la pobreza. En la región viven casi 130 millones de chicos, es decir que poco más de un tercio de la población que habita los países del Mercosur y asociados son niños, niñas y adolescentes. “En términos generales se puede señalar que la totalidad de los países de la subregión se encuentra entre aquellos que poseen un índice de desarrollo humano medio o alto. Sin embargo el continente convive con niveles muy altos de desigualdad”.

¿Y cómo impacta esto en la naturalización de la ESI? Según el informe, “este escenario es el contexto en el cual se potencian” estas situaciones “y a la vez se pueden crear las posibilidades de encarar una lucha efectiva para su erradicación. Por ello, resulta de fundamental importancia profundizar en el análisis de la correlación entre los aspectos sociodemográficos señalados y la especificidad que adquiere un fenómeno de ESI en la subregión”.

Y otra pregunta que responde el informe. ¿Qué pasa con las acciones que encaran los países para erradicar la ESI?. “Se advierte en la mayoría de los países una orientación hacia la focalización de las acciones. Como ejemplo de ello, están las campañas, que si bien en muchos casos se desarrollan con un abordaje abierto a la comunidad en su totalidad, en otros casos se dirigen tanto a sectores de la población que se consideran más vulnerables en la problemática, como a zonas geográficas consideradas clave. Este es el caso de las zonas de frontera, o de aquellas zonas de atractivo turístico”.
Pese a todo, se rescatan algunos aspectos positivos de cómo los gobiernos de la región están enfrentando esta problemática. Uno es que la inmensa mayoría de los países cuentan con presupuesto asignado. Pero no sólo eso. “En la región –se menciona- se ha logrado encuadrar a la ESI como una violación grave a los derechos humanos de la infancia, y se están encarando respuestas reparatorias y de restitución de derechos. Estos avances incipientes deben leerse como parte de un proceso global, reciente en términos históricos, que implica transformaciones culturales, sociales y políticas tendientes a consolidar el paradigma de la protección integral de derechos”.

Además, la consulta permitió descubrir que muchos países están decididos a enfrentar el problema de manera conjunta. Y esa intención de darle viabilidad tanto a la articulación como a la circulación de información “resulta muy importante y favorable a la hora de elaborar estrategias de cooperación subregional. Los países que informaron haber realizado campañas regionales y en zonas de frontera señalan que esto ha generado un espacio de trabajo en común luego de la campaña propiamente dicha. Esto es importante ya que ha permitido, luego de una actividad concreta, generar un espacio de intercambio y trabajo para el futuro.
Finalmente el informe habla de, probablemente, uno de los desafíos más urgentes de la región para enfrentar la ESI: la tipificación de delitos y la adecuación normativa. Y recomienda que las legislaciones definan qué se entenderá por términos como “prostitución infantil”, “pornografía infantil”, “explotación sexual en viajes y turismo” y por trata, tráfico o venta de niños, niñas y adolescentes.

La recolección de la información sobre la situación en los diferentes países se hizo en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las últimas reuniones del Grupo de Trabajo Niñ@sur. ¿El objetivo? Mejorar y aumentar la información acerca del estado de situación del problema de la ESI en los países de la subregión. Sus responsables aseguraron que “es un aporte fundamental para los países implicados pensando en la formulación de estrategias subregionales de cooperación en el tema, así como su contribución a la revisión de las prácticas al interior de los países de la subregión, con vistas a su readecuación”. Estiman que será un insumo importante de cara al III Congreso Mundial contra la explotación Sexual Infantil, a realizarse en el mes de noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

¿Qué es la iniciativa Niñ@Sur? Tiene como objetivo promover la articulación de los esfuerzos nacionales orientados al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la adecuación legislativa nacional a los instrumentos internacionales sobre la materia, preservando el interés superior del niño por encima de la nacionalidad. Asimismo busca estimular el diálogo y cooperación entre los Estados para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del milenio, teniendo en cuenta que varias metas tienen una relación directa con los derechos de la infancia y adolescencia.

Jóvenes sin presente ni futuro

Publicó suplemento Comunidad diario La Nación
16 de agosto de 2008

Por Bernardo Kliksberg

El 25% de los jóvenes latinoamericanos quedaron fuera del sistema escolar y no están en el mercado de trabajo. En la Argentina se estima que son cerca del 20%. ¿Dónde están? Son excluidos. Sin presente ni futuro. ¿Pueden ser rescatados? Desde ya. Para eso, se requiere atacar las causas de su situación y tenderles un puente de inclusión.

Hoy no existe la posibilidad de conseguir un trabajo formal sin haber finalizado la educación secundaria. El 52% de los jóvenes latinoamericanos no la terminan. Entre los jóvenes pobres, el 66%. Los motivos son pobreza, el trabajo infantil, la desarticulación de las familias.

Con toda razón, la OIT plantea que para que los jóvenes puedan acceder a un trabajo decente primero hay que crear las condiciones para que mejore su escolaridad. En Brasil, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el 20% de los jóvenes urbanos tienen menos de 5 años de escolaridad. En los sectores rurales, ese elevado porcentaje sube al 50 por ciento.

En la Argentina, según la OIT, hay 6,5 millones de jóvenes de 15 a 24 años en las ciudades. Pese a los progresos ocupacionales de los que participan en el mercado de trabajo, el 20% está desocupado, y los dos tercios de los empleados tienen un trabajo precario.

El programa Prejal de la OIT está impulsando un vigoroso proyecto tripartito de inclusión laboral de gobiernos, empresas y sindicatos en la región y el país. Somalia, director general de la OIT, estima que incluir a los jóvenes será agregar 2,2 millones de millones al producto bruto mundial.

Es un tema fundamental para mejorar la cohesión social y la economía, pero sobre todo es obligación moral ineludible de una sociedad democrática abrir las puertas a sus jóvenes.

El autor es asesor principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina

Preparar al alumno para el trabajo

Publicó suplemento Comunidad diario La Nación
16 de agosto de 2008

Por Juan José Llach

En la encuesta realizada por el Ministerio de Educación durante el debate de la ley de educación nacional participaron 45.000 personas. Un 78,5% de los entrevistados contestó que las escuelas deberían preparar al alumno tanto para el mundo del trabajo como para ingresar en estudios superiores. Sólo el 19% opinó que algunas deberían prepararlos para el mundo del trabajo y otras para los estudios superiores.

Hay que lamentar que esta opinión tan mayoritaria, así como la de muchos especialistas no hayan sido tenidas finalmente en cuenta. Sí, hay menciones en la ley a la necesidad de preparar al alumno para el trabajo, pero sólo eso.

Paralelamente, hay buenas noticias del funcionamiento de la ley de educación técnica, sobre todo para las escuelas técnicas, no todavía para las agrotécnicas.

La opción de la provincia de Buenos Aires fue diferente. Reza en su nueva ley que "en la situación actual es urgente introducir en la educación argentina y bonaerense el valor del trabajo socialmente productivo y creador, reconciliar a la educación escolarizada con la educación para y por el trabajo, formar a las nuevas generaciones como productores capaces de proyectar y conducir su economía "

Por cierto, tan claros y valiosos propósitos deberán afrontar todavía la difícil prueba de llegar a las aulas, superando por ejemplo la limitadísima implementación de los trayectos técnico-profesionales de la ley federal. Esta necesidad de preparar para el mundo del trabajo es hoy más importante que antes, dada la próxima y bienvenida obligatoriedad de la enseñanza media. Hay evidencias de que entre los motivos de la deserción figura la percepción de muchos jóvenes de condición humilde de que el título secundario de poco y nada les servirá para ganarse la vida.

El caso de la provincia de Buenos Aires podría marcar un camino, porque las limitaciones de la ley votada en 2006 podrían ser resueltas directamente por las provincias o por el Consejo Federal. Eso sí, hará falta dejar de lado el reparto centralista de la renta fiscal hoy vigente. En caso contrario, la educación corre el riesgo de quedar una vez más postergada.

El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación

La delicada situación de los jóvenes

Publicó suplemento Comunidad diario La Nación
16 de agosto de 2008

Cada vez más los gobiernos, la comunidad internacional y los mismos jóvenes, están trabajando para mejorar sus posibilidades.

En 2005, el Informe Mundial del Programa de Acción en Pro de la Juventud de las Naciones Unidas estipuló que más de 200 millones de jóvenes, un 18% del total, viven con menos de un dólar por día, y que más de 88 millones están desempleados. Es más, se puede decir que no se sabe mucho más en cuanto al número de los jóvenes que viven en condiciones de pobreza debido a que son pasados por alto a menudo en las estrategias de lucha contra la pobreza.

Sin embargo, cada vez más los gobiernos, la comunidad internacional y los jóvenes mismos están trabajando juntos para luchar por los jóvenes, según el esquema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Cuando en las Naciones Unidas se creó, en 1995, el Foro Mundial de la Juventud con la idea de que "muchas veces la juventud no es sólo la causa, sino también la solución a sus propios problemas", los mismos jóvenes propusieron la creación del Día Internacional de la Juventud y, finalmente, en 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de agosto de cada año como el día dedicado a ese propósito.

Hoy es mucho lo que se ha avanzado en el sentido de establecer redes entre los estamentos más importantes de las distintas comunidades para el diálogo y la acción sobre este tema: los jóvenes y su futuro. En nuestro país podemos decir que, por el momento, es más lo que se hace desde el ámbito privado que desde las organizaciones. En el pasado reciente, y sobre todo a causa de la grave crisis económica que atravesó la Argentina, muchos de ellos se han visto perjudicados en su posibilidad de labrarse un futuro a través del estudio y el trabajo.

Hay que destacar, empero, que a principios de este año se lanzó en el Ministerio de Trabajo de la Nación un plan de capacitación, Jóvenes con más y mejor trabajo , que busca contemplar la situación laboral y también educativa de unos 600.000 argentinos entre 18 y 24 años, con un nivel de formación que llega al ciclo secundario sin completar.

Pero en el ámbito privado han surgido muchas acciones para tener en cuenta. No sólo desde las fundaciones o las empresas que han desarrollado su responsabilidad social empresaria (RSE) con la mira puesta en los jóvenes, sino desde los sujetos mismos; por ejemplo, una ONG como Ecoclubes, que surgió de un grupo de chicos de entre 13 y 20 años con el propósito de reciclar los residuos de su ciudad, y ahora es "replicada" en América latina y algunos países de Europa.

Por eso, como muchas veces hemos escrito en estas columnas, los tiempos han cambiado en el mundo y el país, de modo que va siendo hora de oír la palabra de los jóvenes, porque de ellos es realmente el futuro de la Argentina, y como lo van demostrando tienen muchas ideas y voluntad para aplicarlas.

El 25% de los jóvenes no trabaja

Publicó suplemento Comunidad diario La Nación
16 de agosto de 2008

Título original: Un futuro incierto

El 25% de los jóvenes no trabaja, mientras que dos tercios lo hace en la informalidad, producto de la pobreza y la escasa educación. Diferentes iniciativas se orientan en capacitarlos e insertarlos en el mundo laboral.

Por Micaela Urdinez

Cuando su mamá lo tomó de la mano para traerlo a esta tierra lejana que prometía tesoros de oportunidades, Luis no opuso mucha resistencia. Era el año 2001, él tenía sólo 13 años, sus padres se habían separado recientemente y su madre, en su Perú natal, sólo ganaba 5 pesos diarios. En ese contexto, el viaje a la Argentina era una aventura prometedora.

Pero las cosas no fueron tan fáciles al llegar. Su madre empezó a trabajar en geriátricos, cuidando ancianos y también como empleada doméstica. El, además de cursar el secundario, se las rebuscaba para sobrevivir: producía flanes que vendía en los restaurantes y a la gente de la comunidad peruana.

Después de rotar por varios domicilios, compraron por 2500 pesos un cuarto de una casa tomada con la esperanza de formar una vivienda estable. Hace unos meses les llegó una carta de desalojo que derribó ese sueño y ahora están buscando un lugar para alquilar por Barracas.

Luis forma parte del colectivo de jóvenes que, viniendo de contextos desfavorables, se enfrenta con la dura tarea de insertarse en un mundo laboral que cada vez les presenta más exigencias. Con sólo 20 años, él carga sobre sus hombros la responsabilidad de mantener la casa. Luego de varios intentos fallidos, con un título secundario bajo el brazo y un curso de capacitación en gastronomía en la Fundación Forge, consiguió su primer trabajo en blanco como auxiliar de mozo en el restaurante Rodizzio de la Costanera, demostrando que es posible romper con las barreras de la exclusión.

"Los jóvenes pobres tienen más probabilidades de fracasar en la búsqueda de empleo: sus credenciales educativas son de baja calidad, son limitadas sus redes sociales, carecen de capacitación para el trabajo, acceso a computadoras y experiencia laboral, reforzando todos estos elementos su situación de vulnerabilidad social", afirma un estudio realizado por el ámbito de Trabajo de la Fundación SES, en 2007.

Según un informe del Ministerio de Trabajo, en la Argentina viven aproximadamente 6.500.000 jóvenes de 15 a 24 años. De ellos, 1.219.600 que no estudian ni trabajan son los que hipotecan su futuro por falta de oportunidades; el 80% pertenece a los hogares más pobres, situados en I y II quintil de ingresos. Considerando el conjunto de la población económicamente activa (PEA) joven, el 74,9% se encuentra ocupado y el 25,1% está desocupado.

El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables: entre los jóvenes son las mujeres y los menos educados los más afectados. A su vez, la mayor parte de los jóvenes desempleados proviene de hogares de escasos recursos. Se genera con ello un círculo vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza.

El informe identifica tres grupos de jóvenes sin empleo cuya situación socio-laboral requiere atención prioritaria. Ellos son los adolescentes desempleados que no estudian, 154 mil personas; los jóvenes desempleados con responsabilidades familiares, 69 mil personas, y los adolescentes que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian, 320 mil personas.

Informalidad

La exclusión es como un remolino que arrasa con las esperanzas de millones de jóvenes y que se filtra también en el ámbito laboral, generando entre los jóvenes ocupados condiciones de subocupación, sobreocupación, abuso, informalidad y clandestinidad. En este grupo, la característica más saliente es la informalidad laboral: dos de cada tres jóvenes trabajadores son informales, no gozan de los beneficios que otorgan las normas de protección al trabajo y reciben un salario muy inferior. La brecha salarial entre los jóvenes asalariados formales e informales es superior al 240%.

Conscientes de este diagnóstico, diversas fundaciones, empresas y organismos gubernamentales dirigen sus esfuerzos a brindar capacitación a jóvenes de bajos recursos para que puedan adquirir las herramientas necesarias para insertarse formalmente en el mundo laboral (ver aparte).

"Cuando empecé el curso en la Fondation Forge no sabía nada sobre cómo servir. Pero más que nada aprendí sobre la calidad del servicio, el trato humano, y eso es lo que muchas veces hace la diferencia con el resto. Todos saben servir, pero yo le transmito a la gente que me gusta lo que hago", dice Luis, con una sonrisa que conquista a todos sus clientes.

Como él, cerca de 220 alumnos podrán acceder a un empleo de calidad en 2008 gracias a los cursos de formación técnica y humanística que brinda la entidad. "Nuestro público son chicos de 16 a 19 años, hijos de jefe de hogar ocupado en empleos de baja calificación", aclaró Patricia Pérez, directora de la Fondation Forge.

Luis trabaja de miércoles a lunes, desde la 6 de la tarde hasta el cierre, y cobra 1900 pesos por mes, más 20 pesos de propinas por día. "Mi mamá le paga la universidad a mi hermana, así que mi ingreso es el más importante de la casa. Para pagarme el sueldo me abrieron una cuenta en el banco y fue muy loco porque yo no sabía ni cómo usar un cajero. Nunca había tenido nada a nombre mío", explica este chico, que sueña con llegar algún día a ser gerente de un hotel o restaurante, y que planea empezar a estudiar hotelería el año próximo.

"Es una satisfacción cuando los clientes se quedan contentos y quieren volver. A uno le sube la autoestima que la gente valore su trabajo", resume Luis.

Cargos operativos

Los empleadores encuentran en los jóvenes una fuerza laboral atractiva, ya que destacan en ellos características como flexibilidad, facilidad para el aprendizaje y esfuerzo por superarse. Generalmente, los adolescentes que provienen de estratos bajos y carecen de formación universitaria pasan a cubrir la demanda de cargos operativos de baja responsabilidad: administrativos, promotores, vendedores, técnicos, asistentes, cadetes o recepcionistas.

Es el caso de René Céspedes, que hasta hace unos meses repartía su tiempo en changuitas de albañilería, cuidaba casas o arreglaba aparatos electrónicos. Hoy gana 1135 pesos por mes en una pasantía que realiza en Unilever, como repositor del supermercado Coto. Trabaja de lunes a sábado, 5 horas por día y está contento con la posibilidad de tener un trabajo fijo.

Tiene 21 años, y hace un año y medio que participa del programa Desafío de la Fundación FOC, donde recibió diferentes capacitaciones, entre éstas un curso de cocina-restaurante que está por terminar en unos meses.

"En el trabajo estoy aprendiendo a hacer cosas en diferentes sectores y eso me estimula. También me gusta tener tiempo para seguir capacitándome y para otras actividades", dice este adolescente que terminó el colegio, pero todavía le falta rendir algunas materias.

Su padre se dedica a services de electrodomésticos y mecánica, entre otros. Vive con él y sus dos hermanas en Bernal Norte. René se está construyendo una pieza para él solo en el mismo terreno, pero separada de la casa. "Todavía estoy comprando algunos materiales y pintura para arreglarlo, con unos amigos que me ayudan", contó el joven.

En un futuro no tan lejano le gustaría trabajar como programador de computadoras, y en el servicio técnico arreglando los equipos. Por eso, explica, prefiere hacer distintos cursos cortos que ir a la universidad.

La gran cantidad de jóvenes que tienen que abandonar sus estudios porque la prioridad es llevar el pan a la mesa se encuentra en franca desventaja a la hora de conseguir un empleo de calidad.

Las cifras muestran que entre los jóvenes con secundario incompleto, la tasa de desocupación es del 26,8%. Entre los que tienen secundario completo, la tasa se reduce al 24,4%, mientras que los que alcanzan el nivel superior completo tienen una tasa de desempleo de 11,9%.

Participación femenina

A pesar de la tendencia de crecimiento de la participación femenina en la fuerza laboral juvenil (39%), ésta sigue siendo muy inferior a la de los varones (54,6%). Casi un tercio de las mujeres jóvenes en situación laboral activa se encuentra desempleado, frente al 20% de los varones en la misma situación.

"El otro día me crucé con una amiga, que era el mejor promedio de la escuela, repartiendo volantes en la calle. Casi la mato", cuenta Julieta Sosa, dejando en evidencia que también existen los casos de adolescentes que tienen mejores oportunidades de crecer y las desaprovechan.

Si bien Julieta todavía debe una materia del secundario - que piensa rendir este mes - desde febrero trabaja de camarera en Café Martínez. Su papá es operario en una curtiembre y su mamá está desempleada. Vive con ellos y sus cuatro hermanos en Villa Jardín, Lanús, y tiene intenciones de empezar a estudiar Turismo.

Cuando terminó el colegio probó suerte en un delivery en Tribunales por dos meses, pero dejó porque la maltrataban y sólo cobraba 40 pesos por día. Después tuvo una experiencia de un mes como encuestadora para la Secretaría de Transporte, y también incursionó en la confección de vinchas de cuerina en su casa para una señora que le pagaba 15 centavos cada una.

"El curso que hice en la Fondation Forge me hizo crecer un montón y aprendí cosas sobre el mundo del trabajo que no sabía", dijo esta joven tímida, de 19 años, pero que tiene bien claro qué quiere para su vida. "A los 3 meses de empezar este trabajo me ofrecieron el puesto de encargada, pero yo lo rechacé porque no me sentía preparada. Prefiero ir dando pequeños pasos, pero seguir creciendo."

Cobra 1100 pesos en mano por mes, y cerca de 60 pesos de propina por día. "La mitad se lo doy a mis papás para aportar en casa."

En el caso de Maximiliano Aga, la realidad lo obligó a convertirse en jefe de familia, ya que su mamá trabajaba como data entry en una droguería, pero actualmente está desempleada.

Tiene 19 años y sostiene: "Es una responsabilidad, pero la llevo bien. Cuando puedo me doy un gusto comprándome algo para mí o para mi pareja. La prioridad es la casa, y el resto lo administro hasta fin de mes".

Vive con su mamá en San Telmo, mientras que su papá, un comerciante de toda la vida, vive en Retiro. Desde enero trabaja en el local de Adidas, en Paseo Alcorta, como vendedor de salón y por lo que cobra 1500 pesos por mes.

Tiene ganas de seguir estudiando, pero todavía no sabe bien qué. "Me gusta mucho todo lo que es atención al público, y crecer en lo que es venta y comercio".

Si bien todavía queda mucho por hacer para desarrollar políticas integrales de inserción laboral de los jóvenes, estas historias de chicos que viniendo de contextos desfavorables consiguen lograr el sueño de un trabajo estable, demuestran que apoyados por la labor de las ONG, las empresas y el Gobierno son capaces de desplegar todo su potencial y forjar su futuro.


Una articulación con buenos resultados

El Programa Jóvenes con Futuro es una respuesta a la problemática del desempleo juvenil surgida de la Red de RSE y Trabajo Decente, impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La red es una iniciativa de sinergia público-privada desarrollada con la finalidad de promover la cultura del trabajo de calidad y el diálogo social. Cuenta con la participación de 100 entidades empresariales, el apoyo de instituciones académicas, organizaciones sindicales, y la sociedad civil y el patrocinio de Cepal, PNUD y OIT.

Está dirigido a jóvenes desempleados, de 18 a 24 años, procedentes de hogares pobres, de bajo nivel educativo, y escasa o nula experiencia laboral, y propicia el desarrollo de prácticas laborales calificadas, la culminación de la educación básica, la acreditación de las competencias adquiridas y su inserción en empleos de calidad.

El programa se diseña, ejecuta y financia conjuntamente entre las empresas de la Red y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, llevando adelante proyectos de formación de elevada calidad e impacto social en el marco de la RSE.

Algunos de los principales resultados alcanzados en los primeros dos años de ejecución son los primeros 1000 jóvenes incursionando en procesos de formación profesional en 33 empresas líderes, convocados por 7 organizaciones de la sociedad civil y una Red de Oficinas Municipales de Empleo, que actúan como plataforma nacional de intermediación laboral.

Iniciativas de las empresas

Alfredo Morel tiene 18 años y en 2003 fue becado como parte del programa educativo Futuro Cercano, de Coca-Cola, que tiene como objetivo ayudar a alumnos en riesgo de deserción escolar. Así fue como se dedicó a estudiar con gran dedicación.

Como sueña con recibirse y ser una gran profesional, más tarde se anotó en la Escuela Taller Pescar Village Coca-Cola, en la que los alumnos se capacitan durante nueve meses en distintas disciplinas con el objetivo de obtener una formación integral para su iniciación laboral. Y así, poco a poco la posibilidad de ser un gran profesional se encuentra más cerca.

En un contexto en el que a muchas empresas les cuesta conseguir mano de obra, una de las posibles soluciones es que la compañía capacite a los jóvenes de su zona de influencia en los oficios que necesita.

Con este objetivo, el Programa Petrobras Educar para Trabajar funciona desde 2004, y es posible gracias a la alianza entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la UTN (Facultad Regional Delta).

Tiene impacto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, con más de 600 alumnos inscriptos y 400 egresados.

Desarrollo personal

Por su parte, Adecco organiza un programa de capacitación para jóvenes del último año del secundario que pertenezcan a zonas necesitadas del Gran Buenos Aires, dentro de las actividades previstas por la iniciativa Prejal de la OIT.

Hasta el momento, 125 alumnos de la Escuela Nº 2 de Derqui han finalizado el programa.

Con el lanzamiento de los talleres 2008 del Programa Del Colegio al Empleo, auspiciado por el Grupo Orígenes, el número de alumnos que recibe capacitación para encontrar trabajo ascenderá este año a más de 100.000.

Se trata de una experiencia que viene desarrollando la compañía junto a Santander Río y la Fundación Oportunidad desde hace más de seis años, y que en esta nueva edición se concentrarán en 120 escuelas de Capital, Gran Buenos Aires y Córdoba.

El Banco Galicia, a su vez, trabaja en conjunto con FOC en su Programa Desafío generando cursos de formación auxiliar contable y formación para call center.

Hasta el momento, se incorporaron tres jóvenes que se desempeñan en el Call Center y ejercen tareas administrativas.


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jueves, 21 de agosto de 2008

Salud mental e inclusión: vivir al margen

Publicó Acción Digital | www.acciondigital.com.ar
Segunda quincena de julio de 2008

Por María José Ralli y Marina Garber

Parecen invisibles. Están, pero nadie los ve. Son como fantasmas, pero en realidad reflejan una sociedad que mira para otro lado, que menosprecia, que margina y vulnera derechos.
Las personas con discapacidades o enfermedades mentales son cada vez más, en la Argentina y en el mundo, y la cifra se incrementa velozmente en países en desarrollo, donde las economías que no prosperan expulsan a quienes no se adaptan al sistema. Si la inestabilidad económica y política afecta a todos los ciudadanos, “los grupos más vulnerables, tales como las personas con discapacidades mentales, son particularmente susceptibles al abandono y al abuso”, señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según este trabajo, a partir de la crisis de 2001 se incrementaron los síntomas psíquicos y la prevalencia de determinadas enfermedades asociadas con la pobreza y la desocupación. Así, hubo un aumento notable del número de personas que requieren atención en el sistema público de salud mental, lo que “ocasionó mayor presión en un sistema ya de por sí inadecuado”. Además, se calcula que entre el 60 y el 90% de las personas internadas en las instituciones psiquiátricas son “pacientes sociales que permanecen allí porque no tienen a dónde ir”.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en más del 50% de los países en desarrollo la comunidad en su conjunto y la atención primaria de la salud no están preparadas para prestarles la atención necesaria a las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Los derechos humanos de parte de los 25.000 pacientes recluidos en establecimientos psiquiátricos argentinos son violados de distintas formas. El CELS documenta, en su trabajo Vidas Arrasadas, numerosos hechos de abuso y negligencia, situaciones de privación sensorial (la restricción de estímulos de uno o más de los sentidos) mediante el aislamiento por un largo período, actos de violencia física y sexual y denuncia, incluso, casos de personas que han muerto abandonadas o incineradas en celdas de aislamiento. El extenso y pormenorizado informe fue realizado en conjunto con la organización internacional Mental Disability Rights International (MDRI) entre los años 2004 y 2007 y estuvo a cargo de un equipo de investigadores que visitó numerosas instituciones en varias provincias argentinas y realizó entrevistas con directores, jefes de servicio, psicólogos y psiquiatras, enfermos, trabajadores sociales, personas institucionalizadas y familiares, además de funcionarios gubernamentales.
Entre otras graves violaciones a los derechos humanos, las condiciones insalubres de alojamiento (baños inutilizables, caños y vidrios rotos, cables sueltos, techos a medio derrumbarse) son una constante en las descripciones de las visitas realizadas a varios hospitales, como el Moyano y la Colonia Montes de Oca. La prensa nacional ha recogido, en los últimos años, diversas denuncias sobre la situación que viven los enfermos psiquiátricos: desde la supuesta existencia de una red de prostitución que habría funcionado a partir de la explotación de algunas pacientes del Moyano –denuncia que culminó, en diciembre de 2005, con la intervención del hospital–, hasta las muertes de tres pacientes encerrados en celdas de aislamiento en el Hospital Diego Alcorta, de Santiago del Estero, o las que fueron halladas en los alrededores del Hospital Interzonal Psiquiátrico Colonia Dr. Domingo Montes de Oca, en la provincia de Buenos Aires, durante los primeros meses de 2005.
El informe recoge estos hechos y denuncia además que en la mayoría de las instituciones hay importantes déficits en materia de rehabilitación. En cambio, se observa una pronunciada inactividad, “marcada por un importante número de personas que se encuentran acostadas sobre sus camas o en el piso, completamente inactivas”. Además de los tratamientos inadecuados, utilizados en algunos casos “para castigar o sedar a los internos, y no con propósitos terapéuticos”, y la sobrepoblación, una situación común a la mayoría de las instituciones.
Está claro que la infraestructura es escasa, es sabido también que los problemas edilicios son una constante y que la política de salud mental está lejos de ser una política de inclusión, que tienda a la reinserción en la sociedad de los pacientes recuperados. Muy por el contrario, son muchos los que aún gozando del alta médica, permanecen en estos lugares sin otra opción, carentes de casa y trabajo y sin ninguna proyección a futuro. Pero el problema es aún más profundo: lo que está siendo cuestionado en el país y en el mundo desde hace ya varias décadas, no es el modo en el que son tratadas las personas internadas en instituciones psiquiátricas, sino la propia situación de internación.
“El modelo del viejo hospital psiquiátrico manicomial ya no se puede sostener”, dice al respecto el psiquiatra Juan Carlos Stagnaro, director del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA. “No existen razones médicas, técnicas ni económicas que lo justifiquen. La psiquiatría contemporánea en todas sus manifestaciones recomienda terminar con esa forma de hospitalización por el carácter deletéreo que tiene sobre los enfermos mentales y, por el contrario, aconseja el tratamiento en forma ambulatoria, en instituciones de tiempo parcial y en la comunidad, para evitar el desarraigo, el hospitalismo y la anomia consecuentes a las prolongadas internaciones en los hospitales psiquiátricos tradicionales”, agrega Stagnaro en un artículo publicado en la revista Actualidad Psicológica. A los motivos médicos –los efectos perjudiciales del supuesto tratamiento sobre la enfermedad– hay que agregarles razones jurídicas, como la falta de cumplimiento de los estándares internacionales que protegen a las personas de la detención arbitraria: “En la Argentina –señala el CELS– las personas pueden ser encerradas de por vida sin recibir nunca una audiencia judicial. Las leyes nacionales no regulan el derecho a una revisión independiente o imparcial de la internación psiquiátrica”.

Los unos y los otros
El derecho de las personas con discapacidades mentales a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, integrados a sus comunidades, fue establecido en 1991 por las Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el tema de su integración estaba siendo discutido en la comunidad internacional desde al menos dos décadas antes. Fue precisamente en 1971 cuando la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental –una expresión que hoy es considerada estigmatizante, pero que era común en aquella década–, proclamó que “de ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida de la comunidad”. Desde entonces, una serie de conferencias internacionales fueron profundizando estos principios, mientras se iban modificando también las formas de nombrar a las personas con enfermedades mentales.
Un hito fundamental de este proceso fue la llamada Declaración de Caracas, firmada en 1990 por organizaciones de salud mental, profesionales y juristas en la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela. Allí, entre otras cosas, se señala que “la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva” y que el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de estos objetivos “al aislar al enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social” y al “crear condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo”. La declaración de Caracas fue ratificada en 2001 en Ginebra y en 2005 en Brasilia.
Desde entonces, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud –OPS– sostienen una política muy clara al respecto: desalentar la creación de hospitales y lugares de internación y promover la inclusión de servicios de salud mental en hospitales generales, logrando de esta manera la descentralización mediante casas de convivencia –o casas de medio camino–, que a largo plazo terminarían por reemplazar a los hospitales neuropsiquiátricos.
Nuestro país se encuentra muy atrasado en su sistema de salud mental respecto de los estándares recomendados a nivel mundial. Según Stagnaro, “la explicación de ese retraso es compleja; múltiples factores conspiran para que así sea. Pero el centro del asunto es político, se trata de un problema grave de política de salud que afecta en su mayor medida a los más desposeídos, social y económicamente”.
La legislación argentina, relativamente progresista en la materia, establece lineamientos para una reforma del sistema de salud mental. La ley 25.421, sancionada en 2001, determina que las personas tienen el derecho de recibir atención de salud mental dentro de los servicios de atención primarios y prevé que las personas con enfermedades mentales deben ser rehabilitadas y reinsertadas socialmente. Sin embargo, su cumplimiento es prácticamente nulo. La Ciudad de Buenos Aires va más allá y dispone, en la ley 448, sancionada en el año 2000, la necesidad de encarar un proceso de desinstitucionalización progresiva, transformar el modelo asilar actual y promover servicios comunitarios de salud mental. Sin embargo, la atención continúa basándose casi exclusivamente en el modelo tradicional del manicomio. Hay algunas excepciones, como las experiencias que desde hace ya varios años se vienen llevando a cabo en las provincias de San Luis y Río Negro. La primera comenzó en 1993, en el Hospital Escuela de Salud Mental de San Luis –ex Hospital Psiquiátrico– y tras un profundo proceso de transformación, culminó con la sanción de una ley que prohíbe institucionalizar seres humanos en el territorio provincial y, al mismo tiempo, les garantiza el tratamiento necesario. En Río Negro, en tanto, en 1991 fue aprobada la ley 2.440, de Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Padecen Sufrimiento Mental, que establece la ilegalidad de los hospitales mentales públicos y define la estructura a seguir para la reinserción social de las personas con enfermedades mentales. Aunque la experiencia fue considerada un avance, en los últimos años la ley ha recibido cuestionamientos de diversos sectores, entre otros, de la Defensora del Pueblo de la provincia, Ana Piccinini, quien consideró que había que derogarla porque, aunque se trata de una ley progresista, terminó sirviendo “para que el Estado deje de hacerse cargo de la atención de los enfermos mentales”.

Buenas razones
Jorge Luis Pellegrini, responsable de la reforma realizada en San Luis y actual vicegobernador de la provincia, dice que no basta con plantear discursos progresistas contra los manicomios. “Se habla de desmanicomialización’ dando por supuesto que ello es estar contra los manicomios, pero no se explica claramente qué tipo de asistencia se va a proporcionar, qué destino tendrán los presupuestos, recursos, personal e infraestructura actuales. No se dice qué se propone construir en lugar de lo existente”. Pellegrini recuerda lo ocurrido en Gran Bretaña durante el gobierno de Margaret Thatcher para explicar que no siempre eliminar las instituciones psiquiátricas significa un avance en materia de salud mental. “El cierre de los manicomios allí operado –dice en la revista Actualidad Psicológica– no resultó de una preocupación por los sufrimientos del pueblo británico, sino del achicamiento de ‘gastos’ que el llamado neoliberalismo impuso en todo el mundo, y no significó en absoluto una mejoría en la asistencia a los sufrientes”.
La reforma del sistema de salud mental no es una tarea sencilla para ningún gobierno. Pero además, no alcanza con la implementación de una buena política en la materia, porque también es necesaria la participación de la sociedad, un factor crucial a la hora de encarar este tipo de procesos. En esta materia, la estigmatización conduce a la desigualdad, y la calidad de vida de las personas afectadas y su núcleo familiar está directamente relacionado con la inclusión y la no discriminación.
Mas que una realidad física, el manicomio, señala el psiquiatra Felipe Díaz Usandivaras, es “una ideología”, una forma de pensar y entender la enfermedad mental entre cuyas consecuencias se encuentran la segregación, el aislamiento, las ideas de incurabilidad y peligrosidad de las enfermedades y discapacidades mentales. Y esas ideas y esas formas de entender la enfermedad mental están en la comunidad, en las familias, en los propios pacientes. Aunque los enfermos mentales ya no son quemados en la hoguera, pesa sobre ellos un fuerte estigma social.
Según el CELS, al encerrar a miles de individuos en grandes instituciones, el país está causando “un daño incalculable” a personas que, “con lo servicios y apoyos apropiados, podrían llevar adelante vidas productivas y sanas”. Sin embargo, finaliza el informe, a pesar del tamaño y la complejidad de los problemas y desafíos, “la Argentina es un país en el que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo una reforma de los servicios de salud mental que sea respetuosa de los derechos humanos”. Entre otros aspectos positivos, se señala a los grupos de usuarios o ex pacientes comprometidos y activos en el país, tales como el Frente de Artistas del Borda, la radio La Colifata y el Pan del Borda, grupos que “ofrecen esperanzas y una voz legítima que pide el cambio de los servicios de salud mental”. Los recursos para encarar una reforma están: el país tiene excelentes profesionales y el tema se viene debatiendo desde hace años. Sólo falta la decisión política de transformar un modo de abordar el problema del sufrimiento mental que, a pesar de las buenas intenciones, termina generando nuevos sufrimientos y nuevos problemas, para los pacientes y para toda la sociedad.

La Justicia ordenó al ministro de Economía que informe cómo calcula el IPC

Publicó La Nación
20 de agosto de 2008

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio a Fernández 10 días hábiles para explicar los cambios en el índice de precios; es por un amparo presentado por una asociación civil que reclama el acceso a la información pública.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al ministro de Economía, Carlos Fernández, que informe dentro del plazo de 10 días hábiles todas las modificaciones introducidas al cálculo del Indice de Precios al Consumidor (IPC), principal indicador para medir la inflación.

Esto se produce en el marco de la causa judicial iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) por falta de acceso a la información pública contra el Indec. Por este motivo, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió solicitarle a Economía que brinde información relacionada con el cálculo de ese índice.

La medida es tomada en forma previa a dictar sentencia de segunda instancia y con el objeto de contar con más elementos a la hora de resolver.

El amparo. A través de un pedido de acceso a la información pública presentado el 18 de julio de 2007, la ADC había solicitado al Indec conocer cuál era la modalidad que el organismo utilizaba para el cálculo del IPC. Dicho pedido de información se había realizado en el contexto del Programa de Derecho a la Educación de la ADC, con el objeto de conocer el real índice de pobreza.

Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo el 17 de agosto del año pasado, para garantizar el acceso a la información pública. Si bien, luego de interpuesta la demanda, el Indec respondió, limitó su contestación a mencionar cuál era la metodología utilizada para calcular el IPC, sin especificar las modificaciones efectuadas y las razones para haberlas introducido.

Por tal motivo, la jueza Claudia Rodríguez Vidal, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, hizo lugar al reclamo de la ADC, considerando que "dicha información era insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana".

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Gobierno y se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, cuya Sala V acaba de dictar una resolución donde ordena brindar, dentro del plazo de diez días hábiles, la siguiente información:

a) Todas y cada una de las modificaciones introducidas al método de cálculo de precios al consumidor (IPCGA), "Metodología N° 13", publicado por el Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censo en agosto de 2001;

b) En particular las vinculadas con los capítulos, divisiones, grupos, subgrupos y productos y sus respectivas ponderaciones contenidas en el Anexo I de la mencionada Metodología N° 13, asimismo deberán consignarse las variedades consideradas con relación a cada producto y sus respectivas ponderaciones.

La despenalización de hecho

Publicó Página/12
18 de agosto de 2008

En el conurbano, los fiscales admiten que ya no inician causas por tenencia de drogas para consumo. Y sostuvieron que la Policía Bonaerense ya bajó la cantidad de detenciones por casos menores. “Esa detención provoca más problemas que soluciones”, dicen.

Por Raúl Kollmann

“Mire, el consumo de paco, cocaína o marihuana está despenalizado de hecho”, dice, categórico, un fiscal del conurbano bonaerense. La misma opinión tienen otros integrantes del ministerio público fiscal consultados por PáginaI12. “Yo le aseguro que no hay un solo procesado por consumo en todo el distrito. Las causas se archivan”, jura otro fiscal de Lomas de Zamora.

“Supongamos por un momento que la policía me trae un consumidor de dos gramos de cocaína o de un porro de marihuana –relata ahora un fiscal de San Martín–. Me pregunto: ¿lo dejo detenido una noche?, ¿le tomo declaración al día siguiente? La respuesta es no. Porque le hago perder el trabajo, si lo tiene. Y eso es mucho peor. Voy a tener una persona que ya tiene un problema, que consume droga, al que le agrego un problema todavía más grande: que pase a no tener trabajo.”

El mayor de los absurdos surge cuando se habla de, efectivamente, seguir una causa penal por consumo. “Viene el policía y dice: ‘Este señor estuvo consumiendo cocaína. Le aplicamos el reactivo al polvo y dio de color azul, lo que demuestra que es cocaína’. Sin embargo, para el expediente, ese análisis no basta. Se necesita una pericia, con control de las partes. O sea que el imputado tiene que designar un perito, por una dosis o por un porro, para que se determine si es cannabis o no. Igual, el turno para hacer esa pericia lo dan, más o menos, para dentro de tres meses.”

El que habla ahora es otro fiscal, esta vez de La Matanza. “Toda la noción es un despropósito porque la ley a uno lo pone en la disyuntiva de procesar u obligar a la rehabilitación. Pero la realidad es que procesar no se procesa a nadie. Entonces se envía, en los poquísimos casos en que se detiene a alguien por consumidor, a un CPA, Centro de Prevención de las Adicciones. Empieza ahí el tratamiento, pero en buena parte de los casos lo abandona. Entonces se lo intima a que lo retome, cosa que ocurre muy pocas veces. Se lo vuelve a intimar, pero lo cierto es que nunca se lo procesa.”

“Es que desde el punto de vista legal, también el procesamiento tiene mucha doctrina en contra –afirma el fiscal de San Martín–. Que las acciones privadas de los hombres no son penalmente judiciables, que el policía detuvo por estado de sospecha y eso es inconstitucional. Por uno u otro argumento, la causa se caería. Por lo tanto, no pasa nada. La despenalización es un hecho.”

Los fiscales que dialogaron con este diario son coincidentes: ningún fiscal procesa y la Bonaerense, hoy en día, ya detiene a muy pocas personas por consumo, muchísimas menos que hace uno o dos años. “Los procedimientos que se hacen –coinciden los fiscales– son casi por obligación. Una señora que llama al 911 y dice: ‘Delante de mi casa hay unos jóvenes fumando marihuana’, obligan al patrullero a ir al lugar y llevarse detenidos a los jóvenes. Pero tanto los policías como los fiscales saben que la causa terminará archivada.”

Los fiscales afirman que se percibe mucha actividad de la Bonaerense contra los quioscos de venta de drogas. “En un lugar como Budge, por ejemplo, usted tiene que contar que puede haber diez personas vendiendo en dos manzanas. Ojo, son casi indigentes. No es para nada el perfil del gran narco, ni siquiera de uno mediano. Es más, estoy seguro que lo proveen más de una vez por día, porque los secuestros de paco, por ejemplo, son de cantidades relativamente chicas. Diría que un promedio que varía entre 75 y 200 dosis de paco, que es muy poco, si se considera que un adicto puede consumir numerosas dosis en un solo día”, afirma el fiscal de Lomas de Zamora.

Como se sabe, los fiscales intervienen en los procedimientos. “Nos piden los allanamientos y nosotros estamos. Y por ahí, de los diez quioscos que hay en un lugar, se allanan cinco. ¿Por qué esos cinco y no los otros cinco? Suponemos que porque están arreglados. Es decir que los policías funcionan como una especie de reguladores del mercado. Por supuesto que lo más positivo son los grandes operativos, en los que se secuestra droga en serio, decenas y hasta centenares de kilos. Pero eso se sigue manejando en el fuero federal. Ahí si vale la pena el expediente. En el caso del consumidor, no pasa nada de nada. Cualquiera que trabaje con nosotros se da cuenta de que es mucho más un problema de salud o social, que un problema de Justicia penal. Y por eso está virtualmente despenalizado. Ni la policía quiere detener un consumidor, ni nosotros queremos que nos lo traigan”, redondea el fiscal de San Martín.

Un país demasiado fácil para el narcotráfico

Publicó La Nación
20 de agosto de 2008

Por Joaquín Morales Solá

Cinco muertes probablemente vinculadas a carteles del narcotráfico en las últimas semanas. Una fábrica de éxtasis en la localidad bonaerense de Maschwitz. El trasiego de efedrina, una sustancia que se usa para medicamentos antigripales pero que es también esencial para la fabricación de drogas sintéticas. La certeza oficial de que también se elabora en el país "pasta base" de cocaína, cuyos residuos se convierten luego en el "paco", que está matando rápidamente el cerebro de miles de jóvenes argentinos.

La Argentina parece, así las cosas, haberse encontrado con el destino de muchas naciones latinoamericanas: convivir con el narcotráfico, con su inmoral dinero y con la catarata de muertes que produce el tamaño de esas fortunas. Ningún país alberga al narcotráfico sin comprometer, más pronto que tarde, a su propio Estado en esos intereses. Y ningún Estado se limpia fácilmente del narcotráfico una vez que éste lo perforó, porque sencillamente no hay dinero lícito capaz de alcanzar la grandiosa generosidad del dinero fácil e ilegal.

Aquí ni siquiera ha empezado el combate. La crónica periodística habló en los últimos días de carteles colombianos y mexicanos para informar de las feroces ejecuciones de General Rodríguez o de la masacre en Unicenter. Un primer dato parece haberse confirmado: había compra y venta de efedrina. La efedrina es una sustancia que se importa de Asia y que la usan los laboratorios medicinales.

Hace tres años se sancionó la ley 26.045, para obligar al simple registro de los importadores de efedrina. Todavía no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo. El titular de la secretaría para combatir la proliferación de la droga, José Ramón Granero, un funcionario que no esconde la gravedad del problema, impulsó una nueva ley que lo habilita al control y al seguimiento de esa droga en el país. Pero el proyecto duerme en los pasillos parlamentarios y es probable que tenga algunos adversarios dentro del propio Gobierno.

Tan fáciles resultan las cosas en la Argentina que los carteles colombianos y mexicanos decidieron fabricar la droga llamada "éxtasis" directamente en la Argentina. Es decir, el país dejó de ser proveedor de una materia prima, la efedrina, para convertirse en fabricante de la droga. En eso consistía el laboratorio descubierto hace poco en la localidad bonaerense de Maschwitz, gracias a la insistencia de un vecino que llamó repetidamente a la policía para advertirle de la presencia nocturna de un olor intenso y extraño.

El kilo de efedrina cuesta 100 dólares en la Argentina, pero su valor asciende a 10.000 dólares en México, donde la importación ha sido directamente prohibida. Los antigripales se fabrican allí con otra sustancia para evitar la presencia legal de una materia prima esencial para elaborar drogas sintéticas.

Granero colisionó también con el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, por la despenalización de la droga para uso personal. La despenalización del consumo de drogas tiene tantos detractores como defensores en el universo político y en el mundo académico. Pero una cosa parece evidente: no se puede despenalizar alegremente el consumo de drogas y dejar al Estado impotente para controlar la proliferación del uso de sustancias ilícitas. "Al Estado desguarnecido sólo le cabría esperar que le lleguen los adictos definitivamente perdidos o ya muertos", dijo una fuente cercana a Granero.

En conclusión, el tema de la despenalización es demasiado grave, y tendría demasiadas consecuencias, como para tratarlo como un globo de ensayo o como una pirueta distractiva. "Esperemos que sobre este asunto no le mientan a la Presidenta", señaló otro funcionario que conoce la magnitud del drama.

* * *

La proliferación del "paco" ha eyectado el viejo debate sobre si la Argentina es un país de tránsito o de consumo. Hay tránsito importante y frecuente; de hecho, Aníbal Fernández aceptó hace poco que un peruano murió con su estómago abarrotado de pastillas de cocaína que le estallaron en el cuerpo. Hay consumo porque cada vez es más extendido el uso de drogas, desde la marihuana hasta la cocaína, pasando por las sintéticas. Pero hay también, y ésta es la novedad de los últimos años, fabricación nacional de cocaína o, al menos, de la "pasta base" que se requiere para su fabricación final. El "paco" es el sobrante inhumano de la "paste base".

Conocida como la "droga de los pobres", el "paco" no podría importarse porque su precio es muy bajo. Afecta a todas las clases sociales, pero estudios oficiales señalan que ha sentado sus reales, sobre todo, en las villas de emergencia de la Capital y del conurbano. La rapidez fulminante de esa droga nunca le permite al Estado llegar a tiempo; destruye el cerebro de sus consumidores antes de que los alcance cualquier autoridad.

A los carteles de la droga no les costaría mucho, por lo tanto, florecer en tierras tan fértiles. No es la primera vez, en efecto, que carteles de narcotraficantes aterrizan en la Argentina. En 1999 se descubrió que traficantes del cruel Cartel de Juárez habían hecho importantes inversiones en grandes estancias de Balcarce. Los descubrieron porque compraron 100 monturas de caballos y cincuenta pares de botas con dinero en efectivo que extraían de pletóricos bolsillos.

* * *

Podríamos estar sólo ante los primeros síntomas del desembarco de carteles de la droga en la Argentina, pero no por eso es menos grave. En las décadas del 80 y del 90, las guerras del tráfico de drogas se dieron, sobre todo, en Colombia. México era entonces sólo una sala de espera de la droga para ingresar en los Estados Unidos. Fue así hasta que criminales mexicanos comprendieron que ellos podían hacer todo: fabricar la droga, trasladarla a los Estados Unidos y luego venderla allí. El resultado no necesita de adjetivos: en lo que va de 2008, hubo en México, según cifras oficiales, unas 2700 muertes producidas por guerras entre carteles o por los enfrentamientos de éstos con las fuerzas de seguridad.

Hay una diferencia en las últimas noticias. Aquellos exuberantes inversionistas de Balcarce se han convertido en los actuales guerreros del narcotráfico en la Argentina, dueños de fábricas de drogas y mandantes de sicarios para asesinar. El momento político tampoco es bueno, porque el país viene de cinco años de castigo y sospecha sobre las fuerzas de seguridad. El ex presidente Néstor Kirchner prefirió, incluso, crear fuerzas de choque paraoficiales para evitar la intensa suspicacia que le produce la policía. Las infinitas fortunas del narcotráfico no se combaten con policías escasos de recursos y, encima, desmoralizados.

Perdidas, secuestradas, desaparecidas...

Publicó Ciudad.com.ar
20 de agosto de 2008

Los de Florencia Penacchi, Marita Verón y Fernanda Aguirre, presuntas víctimas de redes de explotación sexual, son tres casos emblemáticos. La última denuncia de chica perdida que se difundió fue la de Johana Escobar, desparecida en Pompeya, pero desde Missing Children indican que no fue la última.

Por Sergio Dima

Un promedio de entre tres y cuatro denuncias diarias sobre chicos y chicas perdidos son las que recibe Missing Children en su línea de atención telefónica. La mayoría de las víctimas (ya sea perdidas, desaparecidas o raptadas) son mujeres. Muchas veces, por la dilación en las investigaciones y como consuelo para las familias, los casos terminan decantando en la presunción o certeza de que estas chicas, adolescentes o mujeres fueron víctimas de redes de explotación sexual, de tráfico y trata de personas. Ese es, por ejemplo, el caso de Florencia Penacchi.

La joven tenía 24 años cuando desapareció, en marzo de 2005. Las hipótesis son varias, se siguieron infinidad de pistas, pero la realidad es que Florencia nunca fue hallada. El de esta chica neuquina es uno de los más emblemáticos, junto a los de Marita Verón y Fernanda Aguirre. La primera de ellas desapareció en Tucumán, en abril de 2002. La segunda en Entre Ríos, en julio de 2004. Las cifras alarman. Una nota publicada por Clarín en junio de 2008, indicaba que hasta entonces y desde enero de 2007, 550 mujeres de entre 13 y 24 años habían desaparecido como víctimas de redes de explotación sexual (ver "Cifras que alarman") ¿Qué pasó con Florencia?

Ella había invitado a los compañeros de trabajo a comer pizza a su casa de Palermo, donde vivía con su hermano Pedro. Los invitados se fueron a las dos de las mañana. Poco después de las cuatro, según la Policía, Florencia llamó a un delivery y pidió un par de latas de cerveza. Cerca de las cinco, un joven entregó el pedido, pero Florencia, en lugar de volver al departamento, salió caminando por Güemes. Ya nadie volvió a verla. Lo último que se sabe es que envió tres mensajes de texto. Cerca del mediodía llamó a su jefe diciendo que no se sentía bien y a su hermano para saber si había mensajes para ella. La desaparición de Florencia es una incógnita.

"En este caso todo es posible. La seguimos buscando, no descartamos nada. Tenemos historias de gente que encontramos después de muchos años, por eso la esperanza está intacta", dijo Juan Carr, de Red Solidaria. El alerta está puesto sobre la existencia y la expansión de las redes de trata de personas y esclavitud sexual. "Es una línea probable y en ese sentido aparecieron algunas puntas, pero todo eso está muy en pañales", dijo Pedro Penacchi. Una de las preguntas que surge es, ¿cómo captan las redes a sus víctimas?

Los castings, promesas de sueldos altos y los fotologs funcionan como anzuelos. Las ONG recomiendan verificar el origen de las ofertas laborales tentadoras. "Si ofrecen un trabajo fuera de su entorno y no le dan información suficiente, que los familiares puedan comprobar, ante la menor duda, que no vaya", recalcó Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro. Otros anzuelos son los pedidos de promotoras o modelaje. Internet, a través de fotologs y salas de chat, también puede ser una trampa peligrosa. Lidia Grichener, de Missing Children, advirtió: "Lo que se cuelga en Internet no se saca fácilmente. El riesgo máximo es arreglar un encuentro con alguien a quien se conoció por chat".

El último caso difundido es el de Johana Escobar, aunque no es el último y tampoco está determinado que haya sido raptada. La nena, de 12 años, desapareció el 16 de julio mientras esperaba el 42 en avenida Centenera y Cruz, en Pompeya. Estaba con uno de sus hermanos. El se tomó un colectivo primero. "Había mucha gente a esa hora, pero aún así no sabemos nada –relató Isabel Gainza, su madre-. Hay pistas fuertes, pero seguimos haciendo cosas como para, por ejemplo, asegurarnos de que no pase o haya pasado a países limítrofes". En el marco de la causa se realizó al menos un allanamiento en un taller textil, pero no se encontró nada.

Johana cursa en la Escuela Normal 4 de Caballito. El día que desapareció, el dueño del quiosco de diarios frente a la parada declaró haberla visto cruzar dos veces la calle para escapar de un vagabundo que le pedía monedas. La última vez que la vio estaba en la vereda de una estación de servicio. En cuanto a Florencia Penacchi, su hermano destacó: "Probamos teorías muy descabelladas, pero hicimos eso porque las búsquedas mas lógicas no dieron resultados. Ella fue a encontrarse con alguien, mucho más no sabemos".

Cifras que alarman

. Por día, Missing Children recibe entre tres y cuatro denuncias diarias sobre chicos y chicas perdidos. En junio pasado, Clarín indicó que hasta entonces y desde enero de 2007, 550 mujeres de entre 13 y 24 años habían desaparecido como víctimas de redes de explotación sexual. A la estadística se sumaban las 476 chicas esfumadas entre 2002 y 2006.

. El número de menores captadas por las redes ha aumentado un 10 por ciento en los dos últimos años, en comparación con el período que va de 2002 a 2006. En Misiones, Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe -las provincias con mayor número de víctimas-, aproximadamente el 20 por ciento tenían entre 14 y 17 años cuando fueron captadas (el resto, de 18 a 25 años).

. En territorio bonaerense, cerca del 15 por ciento de las esclavas sexuales desaparecieron cuando tenían entre 13 y 16 años. En Córdoba y Mendoza, las menores representan el 10 por ciento de las nuevas víctimas, y tenían entre 14 y 17 años cuando se les perdió el rastro.

lunes, 18 de agosto de 2008

Mortalidad infantil, hospitales y obras sociales

Publicó Página/12
17 de agosto de 2008

Entrevista a la Ministra de Salud de la Nación, Graciea Ocaña

–Usted dijo que se incrementó la mortalidad infantil. ¿En qué porcentaje?

–Reflejé los datos que los propios ministros provinciales exponían sobre la realidad en el 2007. Cuando uno toma que aumentó la mortalidad en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, obviamente eso tiene un fuerte impacto porque representa el 70 por ciento de la población. Vamos a tener las cifras recién en octubre y como todos los años se hace, se difundirán. Lo que más nos importa es cumplir con el mandato de la Presidenta de que nos ocupemos de bajar la mortalidad. En mi gestión estamos llevando adelante un programa de operaciones para niños con cardiopatías congénitas que seguramente va a permitir mejorar el indicador general y a su vez estamos haciendo un seguimiento, especialmente de la provincia de Buenos Aires, semanal con el ministro de Salud.

–¿Cuáles son las causas del incremento de la mortalidad?

–El año pasado fue un invierno sumamente crudo, las enfermedades respiratorias son las patologías más habituales. Este año hubo un incremento de camas de terapia infantil. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se han abierto unas cincuenta camas en lugares estratégicos como el conurbano sur, el norte, el Hospital de Niños de Matanza. Hemos autorizado subsidios para que a nivel municipal se pudiera contratar profesionales en la zona. Hicimos una fuerte inversión en el Hospital Posadas, que depende del ministerio, para poder ampliar la capacidad de atención tanto en insumos como en recursos humanos. Que se haya cortado la mejora que se venía produciendo prácticamente desde el 2003 en adelante en las tasas de mortalidad no implica que sea irreversible sino que hay que trabajar para revertirlo.

–¿Qué va a pasar con la construcción de hospitales y salas de atención primaria que se habían anunciado como destino del aumento de la recaudación de la aplicación de las retenciones móviles, finalmente rechazadas por el Congreso?

–Esas camas se necesitan. La Presidenta tomó una decisión muy importante y muy poco valorada: reasignar las partidas destinadas para la compra de un helicóptero y el arreglo de la flota presidencial y dedicarlo a hacer dos hospitales en La Matanza. En ese partido se vive una situación muy dura porque si uno suma las camas públicas y las privadas hay 0,4 cama cada mil matanceros, que es una proporción bajísima. La Organización Mundial de la Salud establece una relación que debe ser del 6,3. Estamos muy lejos de eso y parte de la mortalidad infantil tiene que ver con eso, porque muchas veces se necesita retener al chiquito en el hospital para que vuelva a su casa en mejores condiciones. Para un chiquito de clase media que vuelve a su casa, calefaccionada, con buena alimentación, afrontar una enfermedad respiratoria es una cosa; ahora, sin esas condiciones la salud puede empeorar. Es muy importante la decisión de poder dotar a La Matanza de unas trescientas camas.

–Y el resto de los hospitales y las 300 salas de atención primaria...

–Es una inversión de casi 5 mil millones de pesos la construcción de los hospitales y de las salas. Que parte de los ingresos de las retenciones móviles fueran a esto nos permitía en un corto plazo poder revertir rápidamente la situación. Hay que hacerlo. La Presidenta tiene la decisión, estamos trabajando en alternativas de financiamiento porque se necesita no sólo esta inversión sino poner en valor lo que hay. Se requieren unos 500 millones de pesos para reparar lo que hay. Habrá que construir estos hospitales no ya en dos años o en tres sino en el mediano plazo.

Subsidios en la mira

–¿Por qué se modificó la asignación de subsidios a las obras sociales?

–Nosotros estamos trabajando en una mejora, en la posibilidad de que las obras sociales puedan comprar medicamentos de alto costo, como oncológicos o para hemofílicos, en conjunto, a mejores valores. En general lo que analizamos es que en la seguridad social los costos son superiores a los que paga el Pami por estas compras. Creemos que la posibilidad para tener un mayor poder de compra y fijación de precios es interesante. Hemos trabajado también en cambiar algunos circuitos en el manejo de expedientes que antes se autorizaban por adelantado y ahora se harán por reintegros. Esto permite un control más exhaustivo.

–¿Cuánto se destina a subsidios de obras sociales?

–Alguno debe estar molestándose porque están diciendo que investigo... La verdad es que lo que quiero es mejorar. Se destinan alrededor de 700 millones a subsidios y después hay distintos programas de promoción, de prevención para temas como diabetes, hipertensión. Nos parece que estos programas tengan un protocolo único de atención y control para tener un registro único y esto nos permite hacer programas, comparar mejor. Integrar a la seguridad social, a las obras sociales, al Pami y al resto de la salud, si no no hablamos de la salud para todos los argentinos.

–¿Qué cantidad de gente no tiene cobertura?

–El 40 por ciento, en promedio, en el país.

–Con respecto al régimen y los costos de las prepagas hay un proyecto de ley que no termina nunca de tratarse...

–Está ahora en la Comisión de Salud para tener dictamen. Creo que es un muy buen proyecto, que trabajaron en su momento las entonces diputadas Graciela Rosso y Patricia Vaca Narvaja. Hay otras iniciativas que pueden contemplarse. El tema es que se establezcan reglas, incluso para las propias prepagas, si no terminamos judicializando la salud de los argentinos, terminan los jueces fijando normas que tendrían que estar por ley: así, todo el que tiene una prepaga sabe cuáles son sus derechos y obligaciones.

–¿Qué impacto va a tener la ley de obesidad en el sistema de salud?

–Va a tener un impacto. Creo que tenemos que trabajar en conjunto en promover hábitos de vida saludables. El problema de la obesidad, el de la hipertensión, de la diabetes, son las epidemias de este siglo, nadie va a poder soportar el costo si la mayor parte de la población se ve afectada. Tampoco creo que la ley sea de imposible cumplimiento. Nosotros vamos a llamar a todas las partes para reglamentar la ley y trabajarla en detalle. En realidad, muchas obras sociales ya están cubriendo gran parte de los tratamientos.

–¿Van a enviar un proyecto de Ley Nacional de Salud?

–Estamos empezando a trabajar, pero queremos que esto surja de una discusión con la sociedad.

Desnutrición, tuberculosis y una lista de comedores desbordados

Publicó La Nación
17 de agosto de 2008

Por Juan Pablo Morales

Vanesa Cajal controlaba que sus hijos comieran el arroz y hablaba despacio, bajito, como si le costara contar. "Hace un año que los traigo", repetía entre los chicos que jugaban mientras las cocineras del comedor les alcanzaban los platos. Después le habló a su bebe en brazos y al rato retomó la charla: "¿Qué querés que haga? Ya no llego a fin de mes".

Tres gastos consumen su acotado ingreso de 150 pesos: una garrafa, un puñado de paquetes de fideos y cajas de pañales. Se lamentó porque "hace un año la garrafa en Laferrère estaba a 20 pesos y ahora sale 35" y los fideos, que conseguía a un peso en el asentamiento donde vive, hoy cuestan el doble. Los pañales ya no los compra si no la ayudan los vecinos y sus hijos no almuerzan si no van al comedor El Principito, que administra en La Matanza la Corriente Clasista y Combativa (CCC). A los 32 años dice que no puede "vivir más así".

En el barrio La Juanita historias como ésa ya no sorprenden. "Lo bueno que habíamos conseguido lo empezamos a perder. Estamos desbordados", suele protestar Liliana Fernández, coordinadora de otro comedor cerca de ahí, bautizado René Salamanca. En 2007 alimentaba a 80 chicos; hoy son 125. Tuvo que armar una lista de espera porque sigue sumando gente y no quiere achicar las raciones.

El fenómeno ahora es común en todo el conurbano, de acuerdo con un diagnóstico del propio gobierno bonaerense. "Hace al menos cuatro meses que hay un incremento gradual en los comedores", admitió a LA NACION el ministro de Desarrollo Social provincial, Daniel Arroyo.

También reconoció que es "visible" el aumento de precios en la canasta básica y que, por eso, en 2008 subió el presupuesto para los comedores escolares (100%) y comunitarios (33%). "Queremos preservar la calidad nutricional de los alimentos", argumentó.

-¿Su diagnóstico no contradice todas las mediciones oficiales?

-Mi trabajo no es hacer consideraciones políticas -se excusó el ministro-. Nuestra preocupación es garantizar la asistencia alimentaria.

En los comedores, sin embargo, todavía creen que la ayuda no es suficiente. En la asociación civil de Solano El Niño y la Familia, por ejemplo, se quejan del aumento de los alimentos, pero también de la suba de insumos básicos, sobre todo la energía. "Necesitamos los hornos y las estufas. No los podemos apagar", protestan las coordinadoras. Gastan más de 1000 kilovatios. "No hay forma de ahorrar."

Para buscar un equilibrio, a veces rearman el menú que alimenta a las 600 personas que llegan a diario del asentamiento La Matera. "Día a día hacemos más y más guiso. Y además viene más gente", se lamentan.

La oposición dice estar "preocupada" por la situación. Héctor "Toti" Flores, experimentado líder social matancero, hoy diputado de la Coalición Cívica (CC), fue tajante: "En algunos barrios la situación está igual que en 2000, cuando se estaba incubando la crisis más profunda del país". Walter Martello, diputado provincial, también de la CC, habló de una "combinación" de inflación, pobreza y crisis política que "deja algunas zonas al borde del colapso".

Problemas sanitarios

No sólo los comedores advierten dificultades. En las salas médicas también se sienten desbordados. "Ahora tenemos epidemia de bronquiolitis, pero el problema más grave es la desnutrición -detalló Ariel Carballo, médico del Plan Más Vida en González Catán-. El 30% de las consultas son por problemas alimentarios."

Cuando recibió a LA NACION, Carballo terminaba de revisar a dos chicos de 10 y 13 años. Sufrían "desnutrición crónica". Uno mide 1,15; el otro, 1,30. Ambos pesan menos de 30 kilos. En el barrio conviven con la contaminación y un mal que se extiende desde hace tiempo: la tuberculosis.

"En los últimos meses hubo una decena de casos. Uno mortal", contaba una enfermera cuando, a lo lejos, un grupo de mujeres caminaba entre los escombros y el fango para poder retirar una vianda especial de empanadas y sopa en otro comedor de la zona. La hora del almuerzo estaba a punto de terminar. A sólo unos kilómetros de ahí, Vanesa todavía cuidaba a su familia. Se iba a ir del comedor sólo cuando no hubiera nadie más. Decía que iba a recorrer el barrio, a ver si tenía "suerte" y algún vecino le daba un poco de pan para cenar.

129 %
aumento del pan

  • Ese fue el porcentaje que subió el pan, según los informes del conurbano ($5,50). En enero costaba $2,40.

90 %
subió el aceite

  • Los intendentes bonaerenses aseguran que compraban aceite a $ 5 en enero. Hoy vale $ 9,50.

79 %
harina más cara

  • En algunos municipios se quejan de que la harina llegó en julio a $3,50. En 2007 salía $1,95.

jueves, 14 de agosto de 2008

Nuevas normas oficiales para la detención de personas menores de 18 años

Publicó Boletín Oficial de la Nación
13 de agosto de 2008

Acceso directo al Boletín:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/buscarBoletin.do;jsessionid=056F582A46FDC12DACA2A536B54CEE8F

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

FUERZAS DE SEGURIDAD

Resolución 2208/2008

Instrúyese a la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a adecuar su actuación en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de dieciocho (18) años de edad.

Bs. As., 12/8/2008

VISTO, el expediente Nº 170.946/08 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el Decreto Nº 161 de fecha 31 de enero de 2003, la sentencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso "Bulacio vs. Argentina" (Nº 11.752) de fecha 18 de septiembre de 2003, y el Decreto Nº 1313 de fecha 11 de agosto de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por acuerdo suscripto el 26 de febrero de 2003 con los representantes de la familia de Walter David BULACIO y la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional en el caso "Bulacio vs. Argentina" (Nº 11.752) en trámite ante la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Que en dicho acuerdo el Estado argentino afirmó su disposición para la adecuación de la normativa interna necesaria para evitar la repetición del hecho de detención arbitraria de Walter David BULACIO.

Que por sentencia recaída en el caso el 18 de septiembre de 2003, el tribunal internacional impuso al Estado argentino, entre otras obligaciones, la de "garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos".

Que, en tal sentido, a fin de cumplir en forma completa con las obligaciones oportunamente impuestas al Estado argentino, resulta imperiosa la instrucción a las fuerzas de seguridad de la Nación para adecuar su actuación a estándares de derechos humanos que, sin afectar su función, eviten la posibilidad de repetición de un hecho de similares características, sobre todo teniendo en especial consideración el derecho a las medidas especiales de protección a favor de los menores de edad, prescripto en el artículo 19 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Que corresponde adoptar las medidas conducentes a fin de hacer efectivos los derechos y garantías de las personas menores de edad, conforme lo prescripto por la Ley Nº 26.061; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y sus antecedentes; la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra del año 1924; la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; la Declaración de los Derechos del Niño de 1959; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (con vigencia desde 1976); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (con vigencia desde 1976); la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 21 de diciembre de 1969 (en vigor desde el 18 de julio de 1978); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo.

Que, sin embargo, el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado también se desprende de instrumentos internacionales que, sin ser Tratados, resultan de gran importancia ya que, conforman un corpus iuris para la interpretación y aplicación concreta de los tratados, como las Reglas de Beijing; las Reglas de Tokio; las Directrices RIAD; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; y las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal; la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de Emergencia dictada por Resolución Nº 3318 del 14 de diciembre de 1974; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1975 (con vigencia desde 1987) y la Observación General Nº 10 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, es el órgano encargado de entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad nacionales (POLICIA FEDERAL ARGENTINA, GENDARMERIA NACIONAL, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA), conforme artículo 22 de la Ley de Ministerios (t.o. por Decreto 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso b) apartado 9 de la Ley de Ministerios (t.o. por Decreto 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

Artículo 1º — Instrúyese a la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a adecuar su actuación en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, conforme a los siguientes estándares:

1. La persona menor de edad deberá ser informada de los derechos que le asisten al momento de la detención. La autoridad que la practique dará aviso inmediato a sus padres, familiares o representantes legales, a los magistrados actuantes y a la autoridad administrativa de protección de derechos conforme las disposiciones de la Ley Nº 26.061. Bajo ningún concepto podrá demorarse esta comunicación. La persona menor de edad tendrá derecho a comunicarse libre y privadamente.

La persona menor de edad será tratada por personal idóneo a su condición etaria, quien no podrá ante ellos exhibir armas.

2. La persona menor de edad deberá ser revisada y asistida por un profesional médico de manera inmediata. En ningún caso se obstaculizará la actuación de un facultativo elegido por el menor de edad, sus familiares o su representante. El examen médico no debe ser practicado en presencia de las autoridades policiales.

3. La persona menor de edad en ningún caso compartirá alojamiento con detenidos mayores de DIECIOCHO (18) años.

4. Se presumirá la condición de persona menor de edad en los supuestos en los que no se pudiera acreditar fehacientemente la edad real.

5. En cada dependencia se confeccionará un libro de registro especial de personas menores de edad alojadas en donde se dejará constancia, con identificación del personal actuante, de: identificación; motivos del alojamiento; notificaciones a la autoridad competente, familiares, representantes, custodios o defensores del menor; visitas recibidas; día y hora de ingreso y egreso; procedencia y destino; información al menor y a otras personas acerca de los derechos y garantías que le asisten; indicación sobre rastros de golpes o enfermedades físicas o mentales con rúbrica del facultativo actuante; traslados si los hubiere; y horarios de alimentación. Además, la persona menor de edad debe consignar su firma en el registro y, en caso de negativa, la explicación del motivo. El registro será confidencial.

Art. 2º — Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad sólo podrán permanecer el tiempo estrictamente indispensable en dependencias de las Fuerzas de Seguridad Federales, a cuyo efecto deberán extremarse las comunicaciones judiciales de rigor.

Art. 3º — Toda medida que obstaculice o impida el cumplimiento de las previsiones de la presente instrucción hará responsable a la autoridad de la dependencia en que se adopte, quien sin perjuicio de su eventual responsabilidad penal, quedará sometido a la aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes.

Art. 4º — El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ordenará la difusión de la presente resolución, a través del CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR, en las jurisdicciones allí representadas.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández.

Caso Bulacio: el Secretario de Derechos Humanos será querellante

Publicó Boletín Oficial de la Nación
13 de agosto de 2008

Accceso directo:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/buscarBoletin.do;jsessionid=056F582A46FDC12DACA2A536B54CEE8F

DERECHOS HUMANOS

Decreto 1313/2008

En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las resoluciones necesarias para que el señor Secretario de Derechos Humanos, pueda intervenir como parte querellante en las causas en que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter D. Bulacio.

Bs. As., 11/8/2008

VISTO, el Decreto Nº 161 de fecha 31 de enero de 2003, la sentencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso "Bulacio vs. Argentina" (Nº 11.752) de fecha 18 de septiembre de 2003, el fallo de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en autos "Espósito, Miguel Angel s/ incidente, de prescripción de la acción penal" del 23 de diciembre de 2004, y la Resolución Nº 74 del 1º de agosto del corriente del Señor Procurador del Tesoro de la Nación, y,

CONSIDERANDO:

Que por acuerdo suscripto el 26 de febrero de 2003 con los representantes de la familia de Walter David BULACIO y la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional en el caso "Bulacio vs. Argentina" (Nº 11.752) en trámite ante la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Que por sentencia recaída en el caso el 18 de septiembre de 2003, el tribunal internacional impuso al Estado argentino, entre otras obligaciones, la de "proseguir y concluir la investigación del conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos", y la de "que los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones".

Que, en mérito a ello, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, por fallo del 23 de diciembre de 2004, en los autos "Espósito, Miguel Angel sobre incidente de prescripción de la acción penal", resolvió revocar la declaración de extinción de la acción penal por prescripción en las actuaciones judiciales que investigan la privación ilegal de la libertad de Walter David BULACIO.

Que, en otro orden, el Señor Procurador del Tesoro de la Nación dispuso mediante Resolución Nº 74 del 1º de agosto del corriente, encomendar al Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la representación del Estado Nacional en el Expediente Nº 11.636 del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, iniciado con la denuncia que presentara José María CANTOS por ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; y la representación del Estado Nacional en la causa caratulada Caso Nº 11.752 del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, iniciado con la denuncia que presentaran los familiares de Walter David BULACIO por ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ambos en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.

Que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de su declaración de responsabilidad internacional, entre los que se encuentra el de garantizar a los familiares de la víctima el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que en el caso requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el Poder Ejecutivo nacional adopte intervención en las actuaciones judiciales de referencia.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por conducto de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, es el órgano a través del cual el Gobierno Nacional desarrolla la política en materia de promoción y defensa de los derechos humanos (conforme artículo 22 de la Ley de Ministerios, Nº 22.520 —t.o. según Decreto Nº 438/92— y sus modificatorias).

Que, en consecuencia, corresponde autorizar al titular del referido Ministerio para el dictado de los actos necesarios a fin de que la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, o los funcionarios a quienes se les encomiende ese cometido, puedan intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David BULACIO, como asimismo asumir la representación del Estado Nacional en los Expedientes Nº 11.636 y Nº 11.752 del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Que la especialidad de la materia de que se trata, ajena al cometido habitual de los servicios jurídicos permanentes y delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, configura una situación excepcional que torna procedente la designación de abogados que actúen en forma específica para el fin propuesto.

Que el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL confiere competencia para el dictado del presente acto.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — En el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS se dictarán las resoluciones necesarias para que el Señor SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, pueda intervenir como parte querellante en las causas en que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David BULACIO. El Señor Secretario de Derechos Humanos podrá encomendar las tareas de seguimiento de las respectivas causas judiciales a profesionales que actúen en el organismo a su cargo.

Art. 2º — En el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS se dictarán las resoluciones necesarias para que la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, a través de la DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, asuma la representación del Estado Nacional en los Expedientes Nº 11.636 y Nº 11.752 del registro de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El Señor Secretario de Derechos Humanos podrá encomendar las tareas de seguimiento de las referidas causas a profesionales que actúen en el organismo a su cargo.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández.