miércoles, 24 de septiembre de 2008

Pidió interrumpir su embarazo por una violación

Publicó Página|12
4 de septiembre de 2008

Título original: A la espera del comité de bioética

El caso conmueve al sistema mendocino de salud y fue revelado a nivel nacional por PáginaI12. Una niña de 12 años pidió interrumpir su embarazo producto de una violación. Ahora debe expedirse el comité de bioética del hospital donde está internada.

Por Mariana Carbajal

El juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, convocó ayer al Comité de Bioética del Hospital Pediátrico Humberto Notti, de Guaymallén, y a la defensora oficial Mónica Runno a una reunión para analizar el pedido de aborto no punible de la niña de 12 años que fue violada y que permanece hace varios días internada en ese centro de salud. El encuentro, para evaluar el caso, se concretaría antes del fin de semana, según estimaron fuentes del tribunal. Días atrás hubo otro muy similar en Mendoza, en el que se le negó el acceso a la interrupción del embarazo a una niña de 13 años, de cuyo abuso está acusado su padre biológico (ver aparte).

La nena de 12 años permanece en el Hospital Notti. Tal como reveló ayer PáginaI12, su mamá presentó el viernes en el Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, a cargo del juez Ferrer, el pedido de interrupción de la gestación de su hija, con el fundamento de que encuadra en los supuestos de no punibilidad previstos en el artículo 86 del Código Penal. En el escrito, presentado por su defensora pública, se argumenta que el caso cumple con los requisitos del inciso 1º, que se refiere al aborto terapéutico, porque de continuar el embarazo se pondría en riesgo la salud psíquica de la niña, y también del inciso 2º, porque se trata de un embarazo que proviene de una violación. La madre, de condición humilde, denunció que la niña fue violada a la salida de la escuela por un desconocido que la llevó a un baldío, en la localidad de Maipú, donde vive la familia. Pero que recién supo del hecho y del embarazo tiempo después.

Los investigadores no descartan que el agresor haya sido alguien del entorno familiar. La gestación ya llevaría más de un mes, por lo que se requiere celeridad en la decisión judicial que habilite la práctica médica.

En la causa penal interviene el fiscal de Luján-Maipú, Santiago Garay. Por la violación todavía no hay detenidos.

No es el primer caso de aborto no punible sobre el que tendrá que expedirse el Comité de Bioética del Notti, según informó a este diario su presidenta, Marca Fracapani, también titular de la Maestría de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. “Nos han tocado otros casos de aborto no punible y se han resuelto de manera distinta de acuerdo con las particularidades de cada situación”, señaló la médica pediatra y bioeticista, sin adelantar posición sobre el que tienen ahora.

El órgano, creado en 1986, está integrado por tres médicos, un enfermero, un filósofo, un representante de la comunidad, un abogado y un cura que a su vez es teólogo. “Es una institución pública y pluralista. Si la religión del paciente no es católica, llamamos a un pastor del culto al que pertenezca”, aseguró Fracapani. Al ser consultada por este diario, Fracapani no aclaró si la opinión de la niña será tomada en cuenta para resolver sobre el pedido de aborto no punible presentado por su madre (ver aparte).

En realidad, el Código Penal no exige autorización judicial para que se practique un aborto no punible. Pero es muy frecuente que los médicos la requieran y que sin ella se opongan a realizar la intervención. Diversos fallos de cortes provinciales han señalado que no es pertinente esa exigencia.

En ese sentido, el Observatorio Argentino de Bioética de Flacso advirtió, al analizar el aborto por motivos terapéuticos en un documento publicado en 2006, que “la judicialización innecesaria pone una barrera inconstitucional al derecho a la vida y al acceso a la salud integral de las mujeres y a menudo la demora en la interrupción del embarazo causada por la intervención judicial torna abstracto el pedido de autorización para la mencionada práctica médica”.

El juez Ferrer ya tuvo que intervenir en un caso de aborto no punible y se pronunció a favor: fue en 2006, frente al embarazo de una joven de 25 años con discapacidad mental, que había sido violada. Su pedido llegó a la Corte de Justicia de Mendoza, que también lo avaló. La joven fue atendida en el Hospital Lagomaggiore, de la capital provincial.

Donde hubo escuelas, ahora hay sólo soja

Publicó Página|12
2 de septiembre de 2008

Al sur del Chaco, los campesinos desplazados por el avance del cultivo de soja abandonan los poblados. En la retirada las escuelas se van quedando sin alumnos y se transforman también en fantasmas.

Por Alejandra Dandan

La escuela rural número 488 del Chaco era una escuela modelo. En 1998, tenía una matrícula de 80 alumnos, hoy son 25. Mabel Núñez dejó la escuela el mes pasado. Estaba en quinto grado, pero su familia viajó para instalarse en Buenos Aires. En el Chaco eran peones rurales, vivían justo enfrente de la escuela y sus hermanos hacían changas en las cosechas del algodón, pero el boom de la soja cambió las cosas. El valor de la tierra pasó de 50 pesos la hectárea en 2001 a 8 mil pesos en 2008. En ese lapso, el pueblo dejó el algodón, vendió los campos o los alquila a precios exorbitantes. Una parte de la gente empezó a irse; hay casas abandonadas como edificios fantasmas y también escuelas cerradas.

La escuela 488 Alberto Schweitzer está ubicada al borde de la ruta provincial 5, en el paraje de Campos Las Puertas del sur del Chaco. Hasta aquí era una escuela modelo con un edificio de una planta, tres salones, dirección, una casa, cocina y una sala comedor. Hasta hace unos años, tenía a los alumnos divididos en dos turnos, tres docentes de primaria y una maestra de jardín. Con el correr de la soja, perdió matrícula y el plantel docente pasó de tres a dos. Sus autoridades están convencidas de que el año que viene pueden perder el resto.

“Y Dios quiera que no”, dice el maestro Abel Trejo a PáginaI12. “Y ojalá me equivoque, pero la escuela que no cierre va a perder la gente y va a quedar como sede de personal único”.

Trejo es maestro, también director y concejal de su pueblo. Y sabe lo que sucede alrededor. En un radio de 10 kilómetros, hay otras dos escuelas en problemas. La escuela 716 está ubicada en el paraje Campos Las Puertas, entre Santa Silvina y Venados Grandes. Solía tener una matrícula histórica de 70 alumnos por año, pero hoy apenas tiene siete y sus autoridades no saben si el próximo año la abren. Con la escuela 769 “República del Uruguay” sucedió algo peor. Era una escuela de 80 a 100 alumnos por año que hace dos años se cerró. En el establecimiento sólo queda un casero, a cargo de la custodia de la nada. Alrededor, las cosas no están mejor: a 14 kilómetros, la escuela 215 de la Colonia Curapí cerró hace tres años.

En todos los casos, el diagnóstico es parecido: el avance de la soja empieza a convertir a algunos de esos poblados en fantasmas. Como ya publicó PáginaI12, el desplazamiento de población por razones económicas es uno de los efectos de la soja, sobre todo en el norte del país. En Resistencia hay un cordón de asentamientos de 25 kilómetros de largo a donde viven según datos oficiales, 100 mil de los 360 mil habitantes del Gran Chaco. La Asamblea de Campesinos del Norte argentino denunció en ese marco el crecimiento de parajes fantasmas, y en esa avanzada van vaciándose también las escuelas. Así lo sugiere una denuncia del Centro de Estudios Nelson Mandela “Campos Despoblados”, una Organización No Gubernamental chaqueña que denuncia los flagelos de la región.

“Acá tenemos el éxodo de la gente del campo que se va”, dice el maestro Trejo ante la consulta de este diario. “Los nuevos inversores compraron los lotes individuales y fueron acoplando unos con otros, sumando así grandes extensiones de hectáreas, desplazaron a las chacras pequeñas y la ganadería. Luego afectaron los campos generalmente a cultivos como la soja que, hoy por hoy, es lo que está avanzando”.

Años atrás, Campos Las Puertas no imaginaba ese destino. El lugar se desarrolló económicamente en manos de minifundistas y sobre la base del cultivo del algodón con parcelas de 40 a 100 hectáreas de extensión. En promedio, en cada minifundio vivía una familia de hasta diez integrantes. Y para las épocas de las cosechas, adentro de cada lote había ocho o nueve familias: eran cosecheros o peones rurales que se trasladaban para trabajar en los campos.

En los últimos años, los suelos de Las Puertas sufrieron una baja importante. Durante mucho tiempo estuvieron sumergidos en agua, tapados por las inundaciones constantes de la zona. Empezaron a secarse en los últimos años cuando las tierras empezaron a revalorizarse al calor del boom de la agricultura de exportación. En 2001, la hectárea salía 50 pesos; ahora el valor ronda entre 7 y 11 mil, de acuerdo con la zona. El arrendamiento está en unos 800 pesos de difícil acceso para los lugareños. En esas condiciones, los propietarios de la tierra vendieron o arrendaron y vendieron después. La mayoría de los nuevos dueños son inversores cordobeses que compran la tierra y a su vez se la alquilan a los pools de soja.

En las memorias, la escuela conserva algunas historias del lugar. Entre ellas, el campo de más de 300 hectáreas que está enfrente. Hasta ahora, había pasado de heredero en heredero. Servía para la cría de animales, para descontadoras y para el algodón; en las mejores temporadas le daban trabajo a nueve familias. Con el tiempo, los herederos crecieron, formaron más familias y ahora se encontraron con la nueva presión: los cordobeses también le compraron el campo a ellos. Dejaron el pueblo y detrás suyo, lo hicieron las familias de peones. Mabel Muñoz salió de ese grupo.

“En las escuelas que están cerradas prácticamente no quedan pools de arrendamiento porque ya prácticamente son dueños”, dice el intendente Gustavo Steven de Santa Silvina, la localidad cabecera, victima de una de las sequías mas importantes. “Los cordobeses han comprado las parcelas y no quedan nadie”.

–¿Qué pasó con la gente?

–Una parte está en el pueblo de Santa Silvina, pero otra fue a engrosar los cordones de Resistencia, de Rosario e inclusive mucha se fue a Buenos Aires.

–¿Y qué pueden hacer en el pueblo?

–El pueblo siempre fue uno de los mejores lugares de producción de algodón por fibra y calidad. Siempre. Pero usted ahora puede venir y filmar acá, la gran cantidad de casas abandonadas, ¡gran cantidad! Que eran las casas donde vivían los cosecheros, le hablo de mil, que se instalaban y prácticamente vivían para cosechar algodón. Eran de 100 a 130 mil habitantes, y hoy podemos hablar de 15 mil.

Mendoza: Jaque quedó en jaque por la seguridad

Publicó Página|12
2 de septiembre de 2008

Los responsables del área de Derechos Humanos consideraron que la política que promueve el gobernador Celso Jaque provocará una “mayor escalada de violencia”. A la presentación fue invitado el ex secretario de Seguridad Rico Tejeiro, separado del cargo por su pasado en la represión ilegal.

Por Irina Hauser

El viernes pasado el gobernador mendocino Celso Jaque anunció un “Acuerdo Social por la Seguridad” con un clásico repertorio de mano dura, una declaración de guerra a la delincuencia (“son nuestros enemigos”) y una amenaza de echar a los funcionarios que no cumplan con sus directivas. Para el armado del “pacto” hizo una convocatoria política en la que incluyó a su ex secretario de Seguridad Carlos Rico Tejeiro, empujado a renunciar en abril tras las denuncias de organismos de derechos humanos por su actuación durante la dictadura. Pero el convite de Jaque no llegó a sus funcionarios de derechos humanos, que habían presentado informes que objetaban las medidas en ciernes y que ayer optaron por dejar sus cargos en masa. Explicaron que no comparten “la doctrina” en danza y pronosticaron que sólo alimentará “una mayor escalada de violencia”.

Los funcionarios que se van son el subsecretario de Derechos Humanos, Diego Lavado; el coordinador de Derechos Humanos, Alfredo Guevara, y la titular del Instituto de la Mujer, Mariana Hellín. También se alejará en forma definitiva el abogado Pablo Salinas, que había dejado su lugar a Guevara, pero seguía colaborando con la gestión. Todos militan en el Polo Social asumieron con Jaque, quien ganó en diciembre con apoyo kirchnerista. “No podemos compartir la doctrina que intenta justificar algunas de las acciones que se proponen”, sostuvieron en un breve escrito de renuncia. Aludían a dos de las medidas anunciadas: la restricción de las excarcelaciones y la intención de reducir la edad de imputabilidad de los menores (no se precisó a cuánto), un clásico entre los reclamos de Juan Carlos Blumberg a nivel nacional.

“Discrepamos con este discurso según el cual los problemas de la violencia y la seguridad tienen que ver con ‘excesivos’ derechos y garantías que consagran la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos. Hay un mensaje de que estamos en una guerra y en las guerras no hay derechos, ni tampoco políticas activas frente a lo que es un problema estructural. Creemos que esto va a derivar en una escalada de violencia”, sostuvo Guevara en diálogo con PáginaI12. “En Mendoza la violencia y la inseguridad son temas de gran importancia para la gente, que han estado muy instalados por varios episodios. Pero esto no se arregla limitando las excarcelaciones o bajando la edad de imputabilidad. Nosotros lo mostramos en un informe, que también se refiere a la grave situación penitenciaria en nuestra provincia. El gobernador lanzó un plan de seguridad, convocó a sectores políticos, pero no a nosotros, ni a los organismos de derechos humanos”, añadió.

Según Salinas “con detenciones a más personas por delitos leves lo único que se consigue es más inseguridad”. “Están un tiempo en la cárcel, ahí hacen un posgrado –ironiza– y cuando salen cometen mayores delitos. Es decir, lo único que se logra es institucionalizar el delito y empeorar la grave situación de las cárceles mendocinas, que es tema en la Corte Interamericana”. Guevara recordó que “el año pasado, durante el gobierno de (Julio) Cobos, hubo un intento similar que logramos frenar junto con el CELS”.

Más allá de las medidas, cada frase que eligió el gobernador Jaque el viernes para presentar el “Acuerdo Social por la Seguridad” fue elocuente. “Ustedes son nuestros enemigos y los vamos a buscar día y noche, donde vayan y donde estén. A ustedes y a sus cómplices”, se dirigió a un público de hipotéticos delincuentes. “Yo creo firmemente en los derechos humanos –afirmó– pero el primer derecho humano es la vida”. También dijo que “no acepta” la dicotomía mano dura, mano blanda”. “En esta tarea se va a actuar con mano firme, sin tibiezas, sin vacilaciones, con la ley en la mano y con la convicción de aplicarla”. Y anunció que expulsará a los funcionarios que no cumplan sus órdenes.

Los primeros indicios de esta lógica se remontan a las primeras designaciones de Jaque en su gabinete: como ministro de Seguridad puso a Juan Carlos Aguinaga, un penalista que fue candidato a vicegobernador del conservador Partido Demócrata. Aguinaga designó como su subsecretario al ex comisario Rico Tejeiro, quien abrió camino a un grupo de policías formados con el jefe de la policía de Mendoza de la dictadura, Julio César Santuccione. Rico Tejeiro, entrenado como comando con el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, fue denunciado por su actuación en el terrorismo de Estado y reconocido –por ejemplo– por una sobreviviente en la Dirección de Inteligencia (D2) de la policía local.

Aguinaga y Rico tuvieron que renunciar en abril tras fuertes advertencias del gobierno de Cristina Kirchner. El viernes, sin embargo, estaban entre el público que alentaba el Acuerdo por la Seguridad de Jaque, al igual que otro demócrata, Omar De Marchi, quien suele tratar a los abogados de derechos humanos como defensores “de los delincuentes”. El gobernador los había invitado porque espera su colaboración.

Alumnos de unas 20 escuelas porteñas marcharon por becas

Publicó Clarín
30 de agsoto de 2008

Sin conseguir el objetivo de que el ministro de Educación porteño los atendiera, los estudiantes secundarios que ayer se movilizaron en reclamo de la restitución de 30 mil becas, levantaron la protesta que había arrancado en el Congreso. En una asamblea que se realizará hoy en la Escuela de Cerámica N° 1 decidirán qué medidas de fuerza tomarán la semana próxima.

Para cerrar una semana de tomas, a las que se habían sumado 13 escuelas, estudiantes de las secundarias públicas porteñas decidieron el jueves convocar a una movilización.

La marcha salió a las 14.30 del Congreso y avanzó por Avenida de Mayo hasta la Jefatura de gobierno para, finalmente, llegar al Ministerio de Educación, en medio de un caos de tránsito. Según los organizadores participaron alrededor de 1.000 chicos de más de 20 escuelas, padres y algunos profesores.

Aún con la movilización, ayer no habían abandonado las tomas en cinco escuelas; la de Cerámica N °1, el Mariano Moreno, el Avellaneda, el Normal 5 y el Liceo 3.

El punto central del reclamo es la entrega de 29 mil becas estudiantiles contra las 59 mil que se solicitan. El gobierno lo justifica diciendo que los montos son mayores: 600 y 800 pesos anuales.

"Podemos sentarnos a discutir la política de becas pero sobre las tomas no negociamos", dijo el jueves el ministro Mariano Narodowski en conferencia de prensa. También anunció que extendió hasta el martes 30 de setiembre el proceso de reconsideración en el otorgamiento de becas que en un principio vencía esta semana. Es en Bolívar 191 2°, de 9 a 16. Pero a los estudiantes no les alcanzó.

Cuando la marcha llegó al Ministerio, cinco padres ingresaron con el mandato de solicitar que Narodowski atendiera a una delegación de alumnos por escuela. Los estudiantes los esperaban afuera con una sentada que dejó libre sólo un carril de Paseo Colón al 200 y que provocó caos de tránsito.

La espera sirvió de asamblea y de homenaje a un grupo de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que se acercaron a apoyarlos. También de burla al gobierno. En un momento los chicos montaron una "mesa de diálogo": de una lado los representantes estudiantiles y del lado del gobierno, nadie.

Sobre el desenlace, las versiones fueron encontradas. Mientras los padres dijeron que les informaron que Narodowski no estaba en el Ministerio, fuentes de Educación aseguraron que "ninguna delegación de padres hizo ayer un pedido formal".

Sigue llegando gente a la Villa 31: hay un 20% más de habitantes

Publicó Clarín
31 de agosto de 2008

Ya habría 30.000 personas distribuidas en los seis barrios de la zona de Retiro. Por eso, la demanda de vivienda potencia la construcción en altura. En el Gobierno porteño, le reclaman al nacional que le traspase las tierras, pero no dice qué hará.

Por Christian Scarpetta y Silvia Gómez

A lo largo del playón, como se conoce a la calle principal de las villas 31 y 31 bis, cientos de escaleras caracol suben por el frente de las precarias casas de tres, cuatro y hasta cinco plantas. Están apoyadas unas con otras como buscando el sostén que quizá no tengan desde sus estructuras. Hay casas tan finitas que las escaleras casi se tocan con sus vecinas. La mayoría de las puertas son de chapa y en todas las ventanas hay rejas. Esta escenografía metálica y claustrofóbica se repite en los seis barrios que componen las villas de Retiro. Es que ambas crecieron tanto en el último año, que unas 30.000 personas se disputan terrenos y el espacio aéreo.

Aunque no hay un censo oficial que lo confirme, la gente que trabaja en las villas -proyectando su urbanización o haciendo estudios antropológicos- asegura que en estos 12 meses se asentaron unas 5.000 personas, o sea el 20% de las que había. Hacia afuera el crecimiento es evidente: las construcciones comenzaron a verse desde las vías del ferrocarril San Martín, la autopista Illia y también desde la calle rápida Facundo Quiroga, paralela a Del Libertador.

Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete de Mauricio Macri le aseguró a Clarín: "Desde el primer día de Gobierno le estamos reclamando a la Nación el traspaso de esas tierras. Mientras tanto no podemos hacer nada, más que asistir a nivel social a los habitantes". Las tierras pertenecen, en su mayoría, al Estado nacional.

El jueves, en una recorrida por la villa Clarín comprobó la intensa actividad que genera la demanda de viviendas. Además de excavadoras y tractores trasladando materiales, un camión hormigonero descargaba cemento en los cimientos de una casa ubicada sobre el playón. "Estuve cuatro meses sin pasar por la villa y cuando volví me impresionaron los niveles de densidad de lugares que antes estaban vacíos", contó el arquitecto Javier Fernández Castro. El secretario académico de la Facultad de Arquitectura de la UBA trabaja en un proyecto para urbanizarla. "Cada día se complica más la urbanización, salvo que justamente se esté apostando a eso", concluyó.

Para la antropóloga María Cristina Cravino, autora del libro "Las villas de la Ciudad", "muchos de los que se mudaron tuvieron que dejar los hoteles o las pensiones donde vivían o incluso lo que alquilaban formalmente", asegura.

Y la explosión demográfica generó un mercado negro que incluye la venta de tierras y el alquiler de piezas. Uno de los puntos más conflictivos de la disputa es un predio de 250 metros al costado de la autopista Illia, a la altura del peaje. Hubo peleas entre los delegados históricos y los nuevos punteros que se instalaron. "Esas tierras fueron ocupadas por muchas familias que trajeron los piqueteros de la Federación Tierra y Vivienda y del Movimiento Evita que se rigen por sus propias reglas", cuenta Héctor Villalba, delegado de la manzana 99. Los "históricos" acusan a los nuevos de no respetar las decisiones de la Coordinadora, integrada por los delegados de cada manzana elegidos por los vecinos. La disputa tiene precio: un terreno de cinco por cinco en ese sector cuesta $ 3.000. "La organización es tan grande que viene gente con avisos de diarios de Paraguay que ofrecen tierras con la promesa de no pagar nunca más alquiler, ni luz, ni agua", cuenta la vecina Malvina Vargas.

En el "casco histórico" de la villa, los alquileres potencian el boom de la construcción. Los delegados por manzana manejan las "ofertas" junto a los dueños de las casas. "Cada vecino tiene la libertad de construir en su terreno. Sólo le damos a los delegados un porcentaje para tener luz y agua", explica Roque Silva, que está haciendo dos nuevas plantas sobre su casa. Los alquileres oscilan entre los $ 350 y los $ 500. En las zonas más pobladas no hay terrenos pero sobran los carteles de venta. Y los valores no tienen techo: por una casa de dos plantas en el barrio Güemes (a 100 metros de la Estación de Retiro) piden $ 35.000.


Menores, víctimas de abusos sexuales

Publicó Clarín
30 de agosto de 2008

Ante los abusos sexuales a menores, el ocultamiento y el silencio son conductas peligrosas, que muestran complicidad y complacencia con formas de violencia que deben ser claramente repudiadas y sancionadas.En este sentido, el director para América latina y el Caribe de UNICEF, Nils Kastberg, ha enfatizado que "los padres deben creerles a sus hijos cuando se animan a contarles que sufrieron abuso sexual en el contexto de una iglesia o en la escuela", y que las instituciones deben establecer mecanismos de protección a la niñez al que se pueda recurrir en caso de abusos.


La indiferencia y la tolerancia con la pornografía infantil, el turismo sexual y los abusos sexuales cometidos contra chicos de la calle muestran una faceta social que debe ser removida en base a una mayor concientización y a un esclarecimiento de las responsabilidades.
Además, se requiere que contextos como el familiar y el escolar refuercen el ambiente de cuidado que les destinan a los menores.


La lucha contra la violencia sexual que victimiza a niños y niñas exige una actitud atenta y comprometida de todos, especialmente de padres y miembros de instituciones escolares y religiosas. También es fundamental un trabajo más profundo y rápido de la Justicia en el tratamiento de ese tipo de delitos. De otro modo, la complacencia y la indiferencia contribuirán a que se extienda en perjuicio del presente y del futuro de muchos chicos.


UNICEF ha convocado a los padres a creerles a sus hijos cuando denuncian abusos sexuales. Los padres y las instituciones civiles y religiosas, así como la Justicia, son responsables de combatir este delito aberrante.

Procurando un procurador independiente

Publicó Página|12
1 de septiembre de 2008

Por Horacio Cecchi

El próximo martes, una comisión bicameral elevará a ambas Cámaras la propuesta del nuevo procurador/a penitenciario/a (PP), encargado durante los próximos cuatro años de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las cárceles federales. El PP debe ser independiente del Poder Ejecutivo y contar con aquilatada experiencia en la defensa de los DD.HH. El oficialismo cuenta con su candidata, Silvia Martínez; el radicalismo propone a Francisco Mugnolo –que deja el cargo—; y el tercero, Ernesto Moreau, extrapartidario, inicialmente impulsado por colegios de abogados y luego apoyado por la Coalición Cívica (ARI). La designación tiene sus avatares. El martes pasado se realizó una audiencia pública que para la mayor parte de las ong participantes resultó bochornosa. Lo que se dirime es la independencia de criterio del PP. No es poco.

La polémica tiene su historia. En diciembre pasado, PáginaI12 publicó un informe del PP, Francisco Mugnolo, realizado por la especialista Alcira Daroqui y el Instituto Gino Germani de la UBA, sobre una base de casi mil presos, el 10 por ciento del sistema federal. El informe destacaba que la tortura es una práctica cotidiana denunciada por el 70 por ciento de los presos. Dos días después de la publicación, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación emitió un comunicado que salió en defensa del SPF: “...de resultar cierto –dice el comunicado en referencia al elevado porcentaje de casos denunciados en la encuesta– hablaría de una práctica sistemática de tortura (...) un cuadro que no se ajusta a la realidad y que no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores”.

Integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría Oficial, Silvia Martínez quedó sellada con el comunicado. Ahora, su postulación deja serias dudas entre las ong que trabajan con las cuestiones carcelarias. La duda es más que razonable y sigue una lógica: “Silvia Martínez defendió al SPF negando la existencia de torturas. El cargo al que la proponen tiene como una obligación central controlar y denunciar los casos de tortura a los presos. Es muy raro y poco confiable que desde la defensoría cuiden la imagen del SPF. ¿Cómo confiar en que como procuradora vaya a denunciar violaciones que antes negó que existieran?”

Pero, además, el comunicado estrechaba filas con jueces, fiscales y defensores. Hay que recordar que en las ong más comprometidas con el trabajo en cárceles, se considera al Poder Judicial como parte necesaria para que la tortura se produzca. “Sin el desconocimiento, el desinterés o la complicidad directa de jueces, fiscales y defensores, la tortura no podría existir.” En la audiencia del martes pasado, el tratamiento que dio al tema la mayoría oficialista de la Bicameral dejó buena parte de las impugnaciones en forma aparentemente inconsulta, según denunciaron los participantes. Además, aseguraron que dieron un trato preferencial a la candidata oficialista, filtrando las preguntas más riesgosas. “Para mí fue la candidata más sólida”, aseguró la diputada oficialista y vicesegunda de la Bicameral, Diana Conti.

Mañana, la Comisión elevará los dictámenes, pero el futuro es incierto. Las ong no van a cejar en su cuestionamiento.

Tomaron 10 secundarias en reclamo de becas y mejoras

Publicó Clarín
27 de agosto de 2008

Al menos 10 escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires eran tomadas por sus alumnos anoche, al cierre de esta edición. La medida de fuerza, según los estudiantes, es en reclamo por más becas, tras la reducción realizada por el Gobierno porteño a mitad de año. En algunos casos, los estudiantes también protestan por el estado de los edificios. En tanto, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, se ordenó suspender las clases en aquellos colegios que estén tomados.

Desde el lunes están tomados y sin clases los Normales N°1 y N°5, el Mariano Moreno, el Cerámica N°1 y el Manuel Belgrano. Ayer se sumaron los colegios Nicolás Avellaneda, Esnaola, Claudia Falcone y Mariano Acosta, que antes de las vacaciones de invierno ya había sido tomado por este mismo problema. Aunque depende de la UBA, alumnos del Carlos Pellegrini se solidarizaron y tomaron la escuela. Los estudiantes del Buenos Aires se movilizarán hoy respaldando la medida, pero no tomarán el Nacional. Por algunos horas, a la medida se sumaron los chicos del Julio Cortázar y del Normal N°8.

"Estamos cansados de las políticas de exclusión asumidas por Macri, las cuales nos arrojan a la deserción escolar y nos dificultan la asistencia a clase", explicó la Coordinadora de centros de estudiantes.

Bajo la gestión del ministro Mariano Narodowski, el Gobierno relevó las becas estudiantiles que otorgaba a estudiantes secundarios y las redujo de 59.000 a 30.000. Según fuentes del Ministerio de Educación, "cambiaron los criterios para otorgarlos. Y también los montos: antes iban de $ 125 a $ 450, pero ahora a 17.000 chicos les damos $ 600 y a otros 13.000, unos $ 800". Y explicó: "No se otorgan al que la solicita sino a quien realmente la necesita, que son los sectores de alta vulnerabilidad social. La beca es el límite entre ir o no ir a la escuela".

Si bien hasta el viernes está abierto el proceso de reconsideración de los otorgamientos de becas, el Ministerio ya dispuso otras medidas: los directores deberán suspender las clases en aquellas escuelas que fueran tomadas y relevar el estado del edificio al inicio de la medida. De ser posible, consignar los nombres de quienes lo ocupan. "Al ser menores, deben ser retirados por los padres, así evitamos exponerlos a una situación de vulnerabilidad", comentaron en el Ministerio. En otra medida polémica, el Gobierno también determinó que, al finalizar la toma, la escuela deberá informar cómo recuperará los días perdidos: si extendiendo el ciclo en diciembre o dictando clases los sábados.

Hay una decena de denuncias al día por fuga de chicos de su hogar

Publicó Clarín
27 de agosto de 2008

Por Georgina Elustondo

Los casos de chicos que, por voluntad propia, abandonan sus casas, se multiplican. Sólo en Missing Children reciben tres denuncias por día. En el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad suman otras dos y, según datos del 2004, en las Defensorías de Menores porteñas acumulan a diario alrededor de siete. Algunos de esos casos pueden ser coincidentes, pero nadie se atreve a desmentir una tendencia que preocupa: la fuga de hogar de niños y adolescentes es cada vez más frecuente, y se produce a edades cada vez más bajas. Por suerte, la mayoría aparece a los pocos días.

"Recibimos tres denuncias diarias de chicos que no vuelven a sus casas. Ya sumamos 500 en lo que va del año. Cada vez tenemos más casos, probablemente porque nos conocen más", dice Lidia Grichener, al frente de Missing Children (4797-9006), subrayando un costado del fenómeno que angustia más: "La edad de los chicos que se fugan de casa es cada vez más baja. Hace unos años no bajaban de los 14 años. Hoy vemos casos de 9, 10, 11 o 12 años, como el de Johanna o el de los hermanitos Sosa. En general, se resuelven rápido, salvo que haya detrás un problema de drogas y el caso se complique más", comenta.

También en el Consejo sostienen que los casos que involucran adicciones son más complejos. En el organismo porteño durante el primer semestre de 2008 se reportaron 632 chicos perdidos: 565 fueron encontrados. "Del total de casos denunciados, 420 eran fuga de hogar. Treinta de ellos siguen sin aparecer", informaron a Clarín.

La mayor cantidad de casos de este tipo denunciados en el Consejo involucran a niños de entre 12 y 17 años. "Lo que hacemos es tratar de ser rápidos y eficientes para encontrarlo ya que el alejamiento del núcleo familiar puede exponerlo a situaciones de riesgo", explican.

Datos de 2004 señalan que en las Defensorías de Menores de Capital recibían unas 7 denuncias diarias. La mayoría involucraban a adolescentes de hogares de clase media.

Los expertos dicen que, hasta hace unos años, las fugas de hogar estaban más vinculadas a las turbulencias adolescentes, a los conflictos que asoman cuando empiezan las "batallas" con los padres por las riendas, por la libertad, por la autonomía: detrás de una chica que se escapaba del hogar solía haber una pareja a la que los padres se oponen, un embarazo, o una revancha contra adultos que rechazan ciertas amistades, restringen las salidas nocturnas o establecen más límites de lo que la chica o el chico resuelve aceptar. "A fin de año vemos muchos casos relacionados con los exámenes y el desempeño escolar. Algunos temen volver a casa si les fue mal", cuenta Lidia Grichener.

Claro que hay episodios de violencia física o psicológica y casos de abusos varios que pueden llevar a un adolescente a tomar esa decisión, pero el denominador común más frecuente en estas historias suele ser la falta de comunicación y/o afecto entre padres e hijos.

Pero cuando el que se escapa es un niño la historia que lo explica suele ser otra, más asociada a la esfera íntima, a una conflictiva familiar que alcanza niveles de una gravedad tal que empuja al chico a ponerle el cuerpo a una decisión que ni siquiera comprende en su verdadera dimensión. "El riesgo es mayor porque la vulnerabilidad y la dependencia del cuidado del adultos son mayores", coinciden los especialistas

Lo que más comprueban detrás de la fuga de un chico de 9, 10, 11 años son episodios de violencia física o abuso, aunque también hay casos de negligencia

Hoy y mañana, sin clases en Provincia

Publicó Clarín
27 de agosto de 2008

Por Mónica Galmarini

Se tensó al máximo el conflicto entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes. La nueva propuesta oficial de mejora salarial -en promedio un 10,4 por ciento- que las autoridades presentaron el lunes, no alcanzó para dar marcha atrás con la huelga por 48 horas que inician hoy los maestros públicos y privados de la Provincia.

Para las autoridades, la medida de fuerza "ofende a millones de personas" y a los 4,5 millones de chicos que asisten a establecimientos públicos y privados.

El Frente Gremial (FEB, Suteba, SADOP, AMET y UDA) aseguró que la oferta oficial es "inaceptable" y responsabilizaron al gobierno de llevar el conflicto a "dimensiones sin precedentes". También admitieron que estudian profundizar el plan de lucha en los próximos días si no reciben una propuesta favorable.

"La oferta está muy lejos de nuestra demanda, que es recuperar el poder adquisitivo pulverizado por la inflación", dijeron dirigentes de la FEB.

Ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Perez, aseguró que la huelga "no cambia nada" porque es la "última oferta" que pueden realizar. "Seríamos irresponsables si superáramos lo que hemos ofrecido. La medida de fuerza dispuesta por los maestros ofende a millones de personas que viven en la provincia de Buenos Aires".

Con esta protesta, la Provincia sumará cuatro días de paro en lo que va del año. Y si no se resuelve el conflicto quedaría en riesgo el cumplimiento de los 180 días de clases obligatorios.

El lunes 11 de agosto fue la primera huelga del año cuando los alumnos volvían de las vacaciones de invierno. Al no obtener una respuesta a su reclamo, los docentes volvieron a parar el jueves de la semana pasada.

Los gremios docentes esperan recibir una recomposición salarial no inferior al 15 por ciento para no continuar con las medidas de fuerza. A principio de 2008, obtuvieron un incremento del 24 por ciento en promedio. Pero también piden más partidas para infraestructura escolar y duplicar el presupuesto para capacitación docente.

El lunes a última hora las autoridades bonaerense ofrecieron una suba promedio del 10,4 por ciento, en forma escalonada, entre setiembre y noviembre. Según el borrador oficial, el sueldo básico de un maestro de grado -sin antigüedad y por una jornada laboral de cuatro horas- pasaría de 692 pesos a 780 pesos.

El incremento se aplicaría en sumas remunerativas con incidencia en la antigüedad. Así, la mejora impactaría también en los haberes de los docentes jubilados. Con la nueva escala el sueldo mínimo para un maestro que se inicia pasaría de $ 1.290 a $ 1.407 (con garantía salarial e incentivo docente).

Pero la iniciativa no prosperó. Los maestros rechazaron la propuesta y adelantaron que el paro será "masivo y contundente".

"El Gobierno tiene la palabra para convocarnos y dar fin al conflicto", explicaron en el Frente Gremial. En el Suteba adelantaron que no aceptarán que se "dilaten las respuestas".

Para las arcas provinciales, los incrementos propuestos significarían una inversión extra de casi $ 500 millones hasta diciembre y una previsión de $ 1.300 millones para 2009.

"A principios de año hicimos una oferta muy importante y a cinco meses volvemos a mejorar. Tiene que haber sentido común de los dos lados y llegar a un acuerdo", dijo el director de Educación bonaerense, Mario Oporto. El funcionario aseguró que "aún con paros habrá más reuniones, para encontrar una solución. No podemos hacer de esto una pulseada para ver quién gana o quién es más fuerte".

No reciben sus anticonceptivos 1,1 millón de mujeres pobres

Publicó Clarín
29 de agosto de 2008

Más embarazos indeseados. Más adolescentes que quizás hubiesen elegido seguir estudiando antes que ser madres; más abortos en condiciones sanitarias precarias que muchas veces concluyen en la muerte de la mujer. Esas son las consecuencias que ya afectan a algunas mujeres pobres del millón cien mil de todo el país que no están recibiendo los anticonceptivos de distribución gratuita. Si en breve no se restablece esta entrega a los hospitales públicos y centros de salud, otras cien mil mujeres podrían también resultar perjudicadas.

La responsabilidad de esta entrega es del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) del Ministerio de Salud de la Nación. Casi ninguna ley provincial de salud sexual obliga a las autoridades respectivas a comprar anticonceptivos en caso de que faltaren. Pese a esto, tres provincias resolvieron el problema por mano propia: La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En el resto de los distritos, según el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), están faltando prácticamente todos los métodos anticonceptivos: los hormonales orales (incluyendo lactancia) y preservativos.

La raíz del problema fue que en los pliegos de las licitaciones realizados durante la administración de Ginés González García, que ganó la importadora de origen peruano Eske Group, "nadie fijó las fechas de entrega", indicaron fuentes oficiales. De modo que las partidas que debían llegar al país a fines de diciembre de 2007 arribaron con mucho atraso. Luego fueron demoradas en Aduana y más tarde por la ANMAT.

En diálogo con Clarín, el secretario de Promoción y Programas Sanitarios de la Nación, Juan Carlos Nadalich, asumió que la causa del atraso de la entrega de anticonceptivos fue la falta de fechado en los pliegos de licitación, pero adelantó que en los próximos días "la ANMAT estará liberando los lotes de anticonceptivos orales, de lactancia y hormonales de emergencia". Aunque también admitió que los lotes que en diez días serán distribuidos "seguro no alcanzarán" a todas las mujeres que los necesitan. ¿Por qué el Gobierno no los compra por otra vía? "Las áreas provinciales que querían comprarlos se encontraron con que no había proveedor que pudiera ofrecer la dimensión de la demanda del programa", respondió Nadalich.

"Hay un problema de imprevisión importante. El Ministerio de Salud no decide una partida presupuestaria permanente para la provisión de anticonceptivos y la atención de otros problemas como la falta de capacitación de los profesionales y de campañas de difusión", puntualizó Alejandra Domínguez, de la ONG Servicio a la Acción Popular.

El 14 de mayo Clarín había informado que ya había 900 mil mujeres sin anticonceptivos gratuitos. Un día después, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, dijo que esto no volvería a suceder. Pero hoy el desabastecimiento golpea la salud de 1,1 millón de mujeres pobres.

Plan Nacer: admiten irregularidades

Publicó Clarín
26 de agosto de 2008

Título original: El Gobierno admite irregularidades de un millonario plan de salud

Por Gerardo Young

Hubo algunas compras innecesarias", fue la frase elegida por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, para admitir irregularidades dentro del Plan Nacer, con el que se intenta disminuir la mortalidad infantil, y de paso tomar distancia de su antecesor, Ginéz González García, en quien parece intentar cargar las culpas.

El Plan Nacer quedó bajo el foco de las sospechas desde el domingo pasado, cuando Clarín reveló la existencia de al menos dos denuncias por posibles sobreprecios en la compra de insumos hospitalarios, además de contratos "exorbitantes" para consultorías y auditorías privadas, que acabaron costando mucho más de lo que se había presupuestado. Este plan se financia con un préstamo del Banco Mundial de 430 millones de dólares, está en plena ejecución y quedó en medio de una dura puja política.

"Las explicaciones las debe pedir la Justicia y la Justicia ya está investigando", dijo Ocaña en Radio Continental, después de anunciar que se había iniciado un sumario interno dentro del Ministerio, esto es, un instrumento administrativo que apunta directamente a ex funcionarios del ministro anterior, González García, embajador en Chile desde diciembre del año pasado.

Fue González García, de hecho, quien durante 2003 puso en marcha el Plan Nacer, un programa de gestión en base a incentivos que en sí mismo ha recibido elogios de distintos sectores. Los ex colaboradores del anterior ministro argumentan que buena parte de los puntos ahora cuestionados fueron impuestos por el Banco Mundial, el organismo multilateral de crédito que financia todo el programa. Pero, en definitiva, todo esto será resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide, quien se hizo cargo de la investigación penal que impulsó Ocaña. Ayer trascendió que Oyarbide ya caratuló la causa como una posible "defraudación al Estado".

Las denuncias de un proveedor habitual del Gobierno --la firma Melenzane S.A.-- y la de un economista que trabajaba dentro del Plan Nacer hasta diciembre pasado apuntaron a dos licitaciones en las que se habrían detectado sobreprecios muy importantes. Por ejemplo, la compra de incubadoras a 782 mil pesos, cuando su precio de mercado era de 562 mil pesos, o la compra de heladeras por casi cuatro millones de dólares cuando su valor de referencia era la mitad (aunque esta compra fue finalmente anulada). Todo esto fue desmentido por los funcionarios denunciados, dentro del sumario interno que se inició en el ministerio. Una curiosidad: el actual director del Plan Nacer, Juan Carlos Nadalich, por herencia de la gestión anterior fue quien ejecutó una de esas licitaciones.

Otros contratos bajo análisis de la Justicia fueron para estudios sociales y encuestas de difícil ponderación. La firma CEOP, por ejemplo, recibió un encargo para realizar dos estudios nacionales cuyos costos fueron recotizándose durante la ejecución del plan, hasta crecer a más de 2,6 millones de dólares, un 40% más que lo previsto. Y hubo otro contrato para una auditoría que costó más de 5 millones de dólares. Pero la que más creció fue una auditoría para la que se preveían gastar 730 mil dólares y se terminaron pagando casi tres millones de dólares. La culpa, se dijo, fue de la inflación.

El paro en Provincia fue casi total y afectó a los comedores escolares

Publicó Clarín
28 de agosto de 2008

Por Mónica Galmarini

Se complica el último tramo del año escolar en Buenos Aires. Ayer se cumplió el primer día del paro por 48 horas dispuesto por el Frente Gremial docente que evalúa otras medidas si el Gobierno no mejora la oferta de salarial. Para los gremios, el ausentismo de maestros fue "masivo" en escuelas públicas y de un fuerte impacto en los privados.

El paro también afecto a los comedores escolares porque, esta vez, se sumaron a la medida los auxiliares de educación afiliados a ATE. En las escuelas no hubo porteros y cocineros, y gran parte de los 6.000 comedores no dieron servicio de almuerzo y merienda. Fuentes oficiales admitieron que en la región de la capital bonaerense (La Plata, Berisso, Ensenada) no hubo una sola cocina encendida en los colegios. El sistema de asistencia alimentaria para alumnos primarios atiende a 1,2 millones de chicos en toda la provincia.

"Vivo el paro con angustia porque quiero a los chicos en las aulas. Ningún sector público o privado recibió una oferta así. En el año sería del 40%", dijo el gobernador Daniel Scioli. Y aseguró que convocará a "todas las reuniones necesarias para superar el conflicto".

Las autoridades educativas evaluaron la situación como "gravísima". "La intransigencia de los gremios hace que los caminos empiecen a cerrarse", explicó el director de Escuelas, Mario Oporto. Y pidió "trabajar juntos para atacar a los verdaderos enemigos de la educación como el analfabetismo y el mal aprendizaje".

La Provincia ofreció una suba promedio del 10,4% a liquidarse entre setiembre y noviembre. Incorpora sumas fijas hasta llegar a un básico de $ 780. En los casos de mayor antigüedad y mejor cargo la mejora sería del 14%.

También incluye más aportes para infraestructura, capacitación y becas para secundarios. Representa unos $ 500 millones hasta fin de año.

En el Frente (integrado por FEB, Suteba, AMET, UDA y SADOP) pretenden un aumento no inferior al 15 % en promedio para todos. "Estamos convencidos de que pueden hacer un esfuerzo mayor", explicaron.

Sin embargo, el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez. aseguró que "Buenos Aires no puede estirar la propuesta".

Un 35% de los jóvenes pobres cree que morirá o vivirá excluido

Publicó Clarín
26 de agosto de 2008

Por Rodolfo Lara
Fuente: LA PLATA. CORRESPONSAL

"Si no trabajás te morís dehambre, de robar o por el paco". Emannuel (17) consiguió un empleo informal y aún pelea contra esa referencia trágica que tiene el 35% de los jóvenes de entre 15 y 20 años del Conurbano que no trabajan ni estudian.

El corte de ese segmento social revela "incertidumbre" donde debería haber proyecto, tal vez algún sueño persistente. ¿Qué expectativas tenés para el futuro?, requirió la encuesta del Ministerio de Desarrollo Social. La respuesta inquieta: el mismo porcentaje considera que "dentro de cinco años" va a estar "muerto o excluido".

El muestreo tiene una base orientativa. Se realizó sobre 500 adolescentes que participaron de grupos focales y en algunos casos con utilización de cámara gesell para evitar la inhibición. Se formaron cuatro agrupamientos: los que "sólo estudian", los que "estudian y trabajan", los "sólo trabajan" y los que "no trabajan ni estudian".

En el sector de mayor riesgo, el 30 por ciento respondió que prevé su futuro con "trabajos precarios". En el Conurbano el 40% del empleo es informal. Otro 35% duda sobre alguna posibilidad de desarrollar vocaciones o anhelos.

¿Por qué relacionan el futuro con tanto dramatismo? Según el ministro Daniel Arroyo, no es una "construcción abstracta". "Está ligada a la muerte de un familiar, amigo o conocido en hechos delictivos o por el consumo de paco".

Todos asumen que la familia debería ser la base contenedora. No obstante, en esos sectores funciona como una organización inestable. Mariela (19) mencionó en la encuesta que "los padres viven trasmitiendo cosas y trasmiten sus propias frustraciones. Ellos mismos -agregó- no saben como salir adelante y, a veces, necesitan más que nosotros ser escuchados".

Una de las conclusiones de esta experiencia menciona la dificultad para "pensar" e "imaginar" el futuro. El vallado es la imposibilidad de ascenso social. Un empleo sería el comienzo. Juan (19) tiene una teoría: "El trabajo te descuelga, yo, si no trabajo estoy todo el día haciendo nada, colgado, en una plaza; en cambio trabajar es como que... caés... no la "bardeas"".

Aún en este medio social complejo, algunos disparadores todavía resisten como mandatos culturales. Luciana (20), estudiante tardía, asegura que su "mayor satisfacción es que llegué, me esforcé y lo logré".