viernes, 31 de octubre de 2008

Para Lorenzetti la inseguridad se combate con políticas públicas

Publicó Crítica Digital
31 de octubre de 2008

Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la solución de la inseguridad depende más de las "políticas públicas" que de la acción de los jueces. Admitió, no obstante, que los magistrados "tienen que entender que el respeto de las garantías no tiene nada que ver con la noción de puertas giratorias, como se dice, de que los condenados entren por una puerta y salgan por la otra".

El magistrado realizó estas afirmaciones durante el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, al responder las inquietudes de un auditorio integrado en su mayoría por empresarios. Los últimos días estuvieron marcados por graves hechos delictivos de gran repercusión, como el asesinato de Ricardo Barrenechea, en Acassuso. El caso llevó el domingo último a miles de vecinos del conurbano a realizar una multitudinaria marcha en San Isidro para reclamar más seguridad.

"¿Cómo se hizo en Nueva York y en Miami? Con políticas públicas, no tiene tanto que ver la decisión del juez. El Estado tiene que estar ahí y poner orden. La Iglesia y las ONG suelen hacer buenos trabajos en las zonas críticas. De eso se trata. De crear un clima de orden. Ahí tiene que estar el Estado", agregó Lorenzetti.

En tanto, Lorenzetti se refirió también al anuncio del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de presentar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos graves. "Esto no se soluciona con declaraciones y medidas aisladas: lo que falta es ponerse de acuerdo y hacerlo. El problema es dónde se lleva a esos chicos. Es muy importante tener un lugar donde se reeduquen y no caigan en cárceles que son como la universidad de la delincuencia: es allí donde se hacen profesionales", opinó el juez de la Corte.

Agregó que "la gente tiene derecho a vivir tranquila. Esta casi cotidiana perturbación es muy negativa. Los involucrados en crímenes deben tener garantías porque, de lo contrario, se vuelve a la Edad Media, cuando las sospechadas de brujas eran incineradas en la plaza".

Un fallo declaró en La Plata la inconstitucionalidad de la detenciones por contravenciones

Publicó Página|12
31 de octubre de 2008

El fallo declaró inconstitucional la detención de menores por averiguación de antecedentes, por contravenciones y por supuesto asistencialismo. Tiene vigencia en La Plata.

Por Horacio Cecchi

A partir de hoy, la Bonaerense de la jurisdicción de La Plata no podrá detener a chicos menores de 18 años acusados de haber cometido una contravención; no podrá detenerlos por el clásico y elástico argumento de la averiguación de identidad; tampoco podrá ejecutar la sistemática detención para devolución a los padres –conocida bajo el automático código de “entrega menor”–. Un fallo del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, declaró inconstitucionales esas modalidades de los uniformados y ordenó, además, que actualizaran los registros policiales de pedidos de captura cursados por los juzgados porque “terminaban deteniendo a un hombre de 30 años por la fuga de un instituto de menores cuando tenía 15”, detalló el defensor oficial ante el fuero de responsabilidad juvenil 15, Julián Axat, quien presentó el pedido de hábeas corpus colectivo que dio lugar al fallo de Arias.

Desde julio pasado se puso en marcha en La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín el nuevo Fuero Penal Juvenil, creado por la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Adolescente, que a su vez reemplazó al sistema tutelar, y que empezó a poner en caja de acuerdo con los tratados y leyes internacionales el tratamiento de los menores de 18 años. Pero la puesta en marcha no significa la puesta a punto.

La presentación de Axat –interpuso un hábeas corpus preventivo y solicitó se declare la inconstitucionalidad de la detención de menores de 18 por contravención, por averiguación de identidad, y la aprehensión para devolver a los padres después de un paso tras las rejas– respondía a que “advertimos que aunque se había derogado el régimen Patronato-tutelar y suplantado –señaló Axat– subsisten rémoras del sistema tutelar que dejan potestades discrecionales sobre la policía”. Lo definió como la convivencia de dos sistemas, uno visible, que pasa a través del Poder Judicial y que se refiere a las detenciones por comisión de delitos, y otro oculto, subterráneo, que funciona bajo la total discrecionalidad policial en relación con los chicos en situación de marginalidad y abandono. “Desde que iniciamos nuestras funciones en la Defensoría, detectamos cientos de casos en que la policía vulnera los derechos de los niños, quienes son levantados y alojados en las comisarías sin que los jueces se enteren.”

Las leyes 13.634 y 13.298 del Fuero Juvenil y de Protección Integral pusieron en funcionamiento los servicios de Promoción y Protección de Derechos, que deben hacerse cargo del cumplimiento de los derechos de los chicos en situaciones de abandono y marginalidad. “Lo que comprobamos –aseguró a este diario– es que la policía ocupaba ese rol, ocultaba los casos y los jueces no se enteraban. Desde ahora, no podrán hacerlo más porque no podrán justificar una detención de estas características ante el juez. Y los Servicios de Promoción deberán profundizar su actuación para ocupar el rol que hasta ahora ocupaba la policía.”

Un mes después de iniciar funciones, Axat descubrió que mientras la policía informaba sobre detenciones por supuestos delitos cometidos por menores de 18, no comunicaba a los juzgados las detenciones por contravenciones, averiguación de identidad o lo que se llama “entrega menor”, que consiste en levantar a un chico de la calle, encerrarlo y después de horas y hasta un día, comunicar a los padres que lo retiraran.

Axat sostuvo que la detención por contravención no es aplicable a los menores luego de la creación del fuero, y que es un argumento de poder policial; que la detención por averiguación de identidad sustituyó en nombre, pero no en práctica la anterior Doble A, detención por averiguación de antecedentes, y que sigue siendo una detención ilegal, que luego se transforma en la informada como “entrega menor”. A partir de ahora, esas actuaciones policiales serán consideradas lisa y llanamente ilegales, tras la declaración de inconstitucionalidad ordenada en el fallo del juez Arias. El planteo de Axat fue apoyado por la defensora Raquel Ponzinibbio, y acompañado por la Fundación Sur, la Comisión por la Memoria y el Ciaj.

martes, 28 de octubre de 2008

Crecieron un 80% los delitos cometidos por adolescentes

Publicó Clarín
28 de cotubre de 2008

De enero a septiembre de este año hubo 9.970 hechos en los que participaron chicos de entre 16 y 18 años. Y 238 de ellos fueron imputados en homicidios. En esa franja de edad están los detenidos por el crimen del ingeniero en San Isidro.

La participación de adolescentes de entre 16 y 18 años en delitos creció casi un 80 por ciento en el último año. Así lo revelan estadísticas oficiales de la Provincia de Buenos Aires, a las que tuvo acceso Clarín.

Las cifras pertenecen a expedientes de la Justicia bonaerense y reflejan los casos en los que los imputados fueron sólo menores, sin participación de adultos.

Los números alarman y llegan en un momento en el que -tras el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, ocurrido hace una semana en San Isidro- se ha vuelto a recalentar la polémica sobre si se debe bajar el límite de la inimputabilidad a los 14 años para que los mayores de esa edad pasen a ser responsables penalmente de forma plena. Actualmente, esa "barrera" se corta a los 16.

Por donde se mire, en los gráficos, la tendencia es la misma: cada vez más chicos cometen delitos. Ejemplos: durante los primeros 9 meses de 2007, 2.125 menores de entre 16 y 18 años estuvieron implicados en causas de "robo". Esa cifra trepó a 3.588 durante el mismo período de 2008. El aumento: casi 69 por ciento.

Un panorama similar ocurrió con los "robos calificados" y los "hurtos" con adolescentes como protagonistas. Los primeros aumentaron casi un 90 por ciento y los segundos un 64 por ciento durante el mismo período.

En la lista de delitos graves también figuran los homicidios. De acuerdo al estudio estadístico, entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2007 se detuvo a 106 menores de entre 16 y 18 años por este delito, mientras que durante los primeros nueve meses de este año el número superó el doble: 238 detenidos (una suba de un 124 por ciento).

Si bien la cifra de "homicidio calificado" se quintuplicó, los números absolutos siguen siendo mucho más bajos que los de los otros delitos: de 4 detenidos se pasó a 20.

La franja que contempla chicos de entre 14 y 16 años (actualmente los que cometen delitos a esta edad son inimputables) también refleja una suba del año pasado a éste. En los homicidios, un 46 por ciento y en el "robo calificado" un 19.

Ante este panorama, el debate sobre qué hacer con los chicos implicados en causas penales se abrió lugar en la agenda política.

"En el Congreso hay presentados 14 proyectos. Nosotros vamos a ir teniendo reuniones y vamos a ver cuál de esos proyectos entendemos que es el mejor. Pero no hay un proyecto que resuelva todo el problema, ya lo dije mil veces", declaró ayer el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien la semana pasada fue el primero en reflotar el tema de bajar la inimputabilidad. 'Qué significa esto? Que puedan ser juzgados y condenados como mayores los chicos menores de 16 años. La mayoría de los proyectos habla de hacerlo desde los 14.

En la misma línea que Scioli, su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, sostuvo que estaba de acuerdo con la idea del gobernador "y coincido en que no es el único aspecto que hay que atacar para combatir la inseguridad, sino el tema ya estaría resuelto hace mucho tiempo".

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue muy cauto: "Estamos escuchando todas las opiniones. Todavía no hemos tomado una posición", dijo.

La Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María de Carmen Falbo, fue la única que ayer se inclinó netamente por no tocar el Código Penal. "Las penas muy grandes no sirven para nada", opinó. "No se puede tan fácilmente buscar una solución facilista", remató.

El mapa de la geografía del horror

Publicó Página|12
26 de octubre de 2008

Por Mariana Carbajal

El norte argentino y Paraguay son áreas de reclutamiento de chicas para las mafias de tratantes que operan en la Argentina. Las víctimas son “ablandadas” en centros de “adiestramiento” ubicados en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, desde donde parten para ser revendidas en la zona central del país y destinadas al sur argentino y Europa. Ese es el mapa de la trata, elaborado a partir de las investigaciones judiciales, el relato de las mujeres rescatadas de burdeles, y el trabajo que vienen haciendo redes de ONG como la Coalición Alto a la Trata, que encabeza Claudia Lascano desde Posadas, las que lideran en Tucumán Susana Trimarco, madre de Marita Verón (la joven desaparecida en 2002), en Corrientes la hermana Martha Pelloni y en Río Cuarto la red de ONG por los Derechos de la Infancia.

Las captan en el NOA y NEA y ciudades paraguayas. Las engañan con ofertas de trabajos en casas de familia, les prometen buena paga o las secuestran. Algunas saben que irán a ejercer la prostitución, pero nunca imaginan que serán explotadas sexualmente y no recibirán ninguna paga. Una vez reclutadas, son trasladadas por micro, tren o automóvil a los burdeles, donde las quiebran con violaciones sucesivas, golpizas, quemaduras de cigarrillos y drogas, para que acepten su nueva realidad: de ahora en más serán esclavas. Estos centros de “adiestramiento” estarían mayormente en la provincia de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. “Las adiestran para que cada hombre haga con ellas lo que quiera”, dice con crudeza Lascano. La indignación le quema la mirada. En sus primeros días en este mundo negro cada chica puede tener que atender entre ocho y diez clientes por jornada, describe. “Cada hombre que toma un servicio con estas niñas las ve muriendo”, dice Lascano. Las más sumisas, las que soportaron mejor el “ablandamiento”, siguen camino a los “centros de distribución”, donde las revenden a precios que oscilan entre 2500 y 5000 pesos cada una. Las más “ariscas” quedan en prostíbulos de la zona. Las que se rebelan, pueden encontrar la muerte. Es común que las amenacen con asesinar a algún miembro de sus familias.

La “distribución” se realizaría en burdeles de La Pampa, Mendoza y Córdoba, particularmente la localidad de Río Cuarto, atestada de cabarets sobre la ruta 5 (ver aparte), la ciudad de Buenos Aires, la costa atlántica y en las ciudades bonaerenses de Brandsen y La Plata. El destino final –dice Lascano– es el sur argentino, en las áreas cercanas a la explotación petrolera y los puertos. Y también el exterior. Las llevan a España. Las estarían trasladando hasta allí a través de países de Europa del Este como Rumania, recientemente incorporado a la Unión Europea. “En casi todos los países se produce alguna etapa del proceso de trata, hay países de origen, de tránsito y de destino. Es un proceso a escala global”, apunta la paraguaya Cynthia Bendlin, cofundadora de la Red Contra la Trata de la Triple Frontera y actual asesora del presidente Fernando Lugo. La Argentina tiene en su territorio todas las etapas de este macabro negocio.

Jaque a la trata

Publicó Página|12
27 de octubre de 2008

La voluntad política de combatir la trata y la herramienta que significa la nueva ley permitieron en los últimos seis meses concretar tres o cuatro procedimientos por semana. Un mapa de la prostitución posibilitó conocer la realidad en todo el país: hay zonas de reclutamiento, de “adiestramiento” y de distribución.

Por Mariana Carbajal

Ciento diez mujeres, casi la mitad niñas y adolescentes, fueron rescatadas en distintos allanamientos del infierno de las redes de trata para explotación sexual en los últimos seis meses, según las estadísticas del Ministerio de Justicia a las que tuvo acceso PáginaI12. La decisión política de combatir a las mafias que lucran con cuerpos femeninos, sumada a la aplicación de la nueva ley, está dando resultados. Cada semana se realiza un promedio de tres a cuatro procedimientos en cabarets y burdeles: en un total de 85 procedimientos practicados entre mayo y el jueves último fueron detenidas 82 personas, acusadas de formar parte de esas bandas en alguno de sus eslabones: como reclutadores, a cargo del traslado de mujeres o como proxenetas.

Con el testimonio de víctimas liberadas se armó el mapa de la trata en el país: hay regiones de reclutamiento, zonas con centros de “ablandamiento” o “adiestramiento”, ciudades en las que se produce la distribución y reventa de chicas y provincias receptoras (ver aparte).

“A las niñas las reservan como las frutillas del postre. Suena horrible pero lo que se cotiza es el genital joven”, graficó el destino de las menores chupadas por redes de trata para explotación sexual la abogada Silvina Zabala, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas del Delito de Trata, creada luego de la sanción de la ley de trata. La norma, que tipificó el delito y lo puso en la órbita de la Justicia federal, entró en vigencia el 29 de abril. Desde ese día hasta el jueves último –cuando se rescató a una chica de 16 años–, se contabilizaron 85 procedimientos ordenados por la Justicia y realizados por distintas fuerzas de seguridad, principalmente Policía Federal y Gendarmería. De las 110 mujeres liberadas en seis meses, 55 son mayores y sobre 14 no se precisó la edad. El resto, 41 niñas y adolescentes, de acuerdo con las estadísticas oficiales, entre ellas las hermanitas de 11 y 14 años de Misiones, entregadas por su madre a un rufián y rescatadas a partir de la denuncia de su hermana de 16, que había podido escapar.

En uno de los allanamientos que se hicieron el sábado 18 de octubre en cabarets de la localidad bonaerense de Carlos Casares, al oeste de la provincia, encontraron un book con fotos en ropa interior de una de las niñas rescatadas. “Las deben ofrecer a determinados clientes a precios diferenciales”, señaló Zabala. En esos procedimientos fueron liberadas cinco chicas de 13 a 17 años que eran obligadas a prostituirse y detenidas seis personas acusadas de ser las encargadas de los prostíbulos. Esta semana tres mujeres fueron apresadas en otro operativo en un edificio del barrio porteño de Mataderos, después de que una mujer denunciara que su hija de 16 años era explotada sexualmente en ese lugar. Las cifras de liberadas y detenidos se acrecientan cada semana.

Las torturas a las que son sometidas las jóvenes y niñas al caer en las redes van desde violaciones sistemáticas para “ablandarlas” y “adiestrarlas”, ingesta compulsiva de drogas, quemaduras con cigarrillos si se resisten, poca alimentación, hasta “trabajo” sin respiro entre cliente y cliente. La descripción la brinda a PáginaI12 Claudia Lascano, la Susana Trimarco del noreste argentino, líder de la Coalición Alto a la Trata, que articula a varias ONG, entre ellas la que ella preside en Posadas y que está trabajando ahora en coordinación con el Ministerio de Justicia (ver aparte). Sabe de tantas atrocidades por el relato de decenas de víctimas que en los últimos años ha escuchado. “Aunque tengan documentos falsos y digan que son mayores, un cliente no puede no darse cuenta de que está teniendo sexo con una chica menor de edad. Lo que ven son chicas totalmente enajenadas, con la mirada perdida, que no saben si es de noche o de día, que no tienen frío ni calor. Es imposible que no sepan que son nenas. A una la encontramos con los talones cortados: se los habían cortado en el burdel para que no se escapara”, cuenta Lascano. Hace una semana y media hubo un operativo en Comodoro Rivadavia: rescataron a una adolescente de 17 años del cabaret La Casita de Amor. La muchacha contó que fue subida por la fuerza a un auto en Oberá, donde ejercía la prostitución en una plaza, y que la llevaron en auto hasta la ciudad chubutense, donde la mantenían en condiciones de esclavitud. Hubo cuatro detenidos. Otra joven, liberada de una parrilla que funcionaba como prostíbulo en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, el 5 de septiembre junto con otras tres mujeres, todas paraguayas –una de ellas menor de edad–, declaró que la obligaron a hacerse un aborto con cinco meses de embarazo y que al feto lo enterraron en una caja el fondo del local. Efectivos de la Policía Federal volvieron al lugar y encontraron el pequeño cadáver. Se estimó que llevaba una semana bajo tierra. Tres personas involucradas en esa presunta red que traía chicas de Paraguay quedaron detenidas.

Una chica de 16 años rescatada hace un mes y medio de un prostíbulo de la localidad bonaerense de Lanús declaró en un juzgado de Lomas de Zamora que la obligaban a atender aun con menstruación y le daban una sucia esponja para que disimulara el sangrado. Su testimonio fue clave para dictar la prisión preventiva a un hombre y una mujer que regenteaban el local, informó a este diario Zabala. La oficina que encabeza la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia prepara emocionalmente y acompaña a las damnificadas por redes de trata hasta que prestan declaración en tribunales. Durante ese tiempo, son alojadas en hoteles o conventos religiosos –con los que tienen convenio–, con la asistencia de una psicóloga y custodia policial. Después pasan a la órbita de la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, donde lamentablemente todavía no se ha creado una estructura consistente para acogerlas, contenerlas y acompañarlas a su regreso a la vida después de la muerte.

Ese camino no es sencillo: muchas veces las propias familias las rechazan porque vuelven con el estigma de haber ejercido la prostitución o porque fueron los mismos hogares los que las entregaron o expulsaron. O porque en el vecindario vive la reclutadora que las engañó o las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que las empujaron a entrar en esa noche eterna no han variado. “Se deberían crear áreas especiales para atenderlas en los hospitales: no son exactamente víctimas de violencia familiar ni de violación. Su problemática es distinta”, opinó Zabala.

En el Hospital Fátima, de Garupá, a 12 kilómetros de la ciudad de Posadas, hace más de tres meses está internada con un grave cuadro de estrés postraumático una adolescente de 16 años, argentina, rescatada de un prostíbulo en Brasil, de la localidad de Dionisio Cerqueira, fronteriza con la misionera Bernardo de Irigoyen, en el extremo oriental de la provincia. Hacía tres años que estaba desaparecida de su casa. “Vino por cinco días pero todavía la estamos atendiendo”, contó a PáginaI12 la médica psiquiatra Carolina Cobas, que se está especializando en la atención de víctimas de trata. “Son una caja de Pandora, no sabemos con qué nos vamos a encontrar”, describió. La muchachita es del interior de Misiones, su familia es muy pobre y no está en condiciones de contenerla, según evaluó la Justicia. Contó que tuvo un hijo, hace un año y medio, y que se lo sacaron.

–¿En qué condiciones llegó al hospital?

–Se hizo con ella lo que no hay que hacer: la tuvieron primero en una comisaría y después en una clínica psiquiátrica privada. Según la historia clínica, había intentado incendiar la sala de internación y escaparse y relataba que escuchaba voces de mujeres y varones que la maltrataban y sentía olor a alcohol. Yo lo interpreto como parte de su cuadro de estrés postraumático, por lo que debe haber sufrido en su cautiverio. Pero los médicos que la atendieron antes la medicaron. Llegó muy medicada. Yo empecé a sacarle la medicación. Cuando llegó estaba enajenada, disociada, no se comunicaba, respondía con monosílabos y a veces las respuestas no coincidían con lo que se le preguntaba. Tenía reacciones de desconfianza, de miedo. Sus dibujos eran muy rudimentarios, escribía solo la letra A. Ahora ya recuerda que hizo hasta 7º grado. Una consecuencia del estrés postraumático es quitar destrezas adquiridas. Lo que hacen con las víctimas de trata es una aniquilación de la personalidad.

–¿Se está recuperando?

–Tiene iniciativas, se comunica más. Desde el principio me impresionó que era una chica muy inteligente pero que se comunicaba muy poco. Sufre situaciones de reexperimentación de lo vivido. Según relató, antes de llegar a Brasil estuvo en boliches de Córdoba, Corrientes y Buenos Aires.

Así quedan las víctimas. Son cadáveres vivientes cuando estuvieron mucho tiempo privadas de su libertad. En el Nuevo Hospital de Río Cuarto atendieron a chicas con VIH y con embarazos de alto riesgo que estaban encerradas en prostíbulos. “Les ves la cara, les ves el cuerpito y lo primero que pensás es cómo las pueden consumir corporalmente”, dice a este diario una integrante de una red de ONG por los Derechos de la Infancia, de Río Cuarto, que trabajan contra la trata. Pide que su nombre se resguarde: tiene miedo. Ella y las demás activistas están amenazadas. En esa zona sojera, al borde de la A5 –la circunvalación que rodea a Río Cuarto– se suceden decenas de prostíbulos. Es una de las rutas principales del Mercosur.

–¿Cuántas chicas estiman que hay en estas redes explotadas sexualmente en el país? –le preguntó PáginaI12 a Zabala.

–Muchísimas ... Lejos, ellos están mejor organizados, pero por lo menos ahora no se pueden mover con tanta impunidad –plantea la funcionaria.

lunes, 27 de octubre de 2008

La Corte intimó a Scioli por los fondos de la justicia juvenil

Publicó La Nación
25 de octubre de 2008

LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia bonaerense intimó al gobierno de Daniel Scioli a proveer al Fuero Penal Juvenil los recursos que se necesitan para un funcionamiento eficaz. En la misma resolución, el máximo tribunal dispuso que, dentro de los próximos 60 días, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante la Corte un informe sobre lo que hizo para resolver las graves falencias de ese fuero.

La intimación fue difundida en medio de las repercusiones por la propuesta del gobernador de bajar la edad de imputabilidad de los menores para delitos graves, tras el homicidio del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro.

Pero el ámbito de discusión de la propuesta de Scioli es el Congreso de la Nación. La Corte bonaerense señaló las falencias de la administración provincial en la asistencia de los cerca de medio millón de chicos que, según el ministro de Desarrollo Social provincial, Daniel Arroyo, están en riesgo debido a la extrema pobreza y marginalidad.

?Las sucesivas omisiones, por parte de la autoridad administrativa en orden a la provisión de recursos idóneos tendientes a resguardar la integridad física y espiritual de los menores, colocaron a estos en un estado de indefensión y desamparo, que no se condice con las garantías que, conforme al paradigma del Estado de Derecho, propone nuestra organización constitucional?, se lee en el voto del juez Héctor Negri, al que adhirieron Eduardo De Lazzari, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani.

La intimación de la Corte surgió de una causa por un conflicto de poderes entre el Tribunal de Menores N° 1 de Trenque Lauquen y el estado provincial, al que la Corte hizo lugar. El tribunal había denunciado los comportamientos de funcionarios del Poder Ejecutivo que impedían el cumplimiento del proceso. Por ejemplo, que en marzo de 2006 dos menores no fueron llevados a declarar.

Negri resaltó también que el gobierno no tuvo previsto obra alguna para el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, pese a que allí también aumentaron los delitos cometidos por menores. ?La alegada carencia, por parte del Poder Ejecutivo provincial, de una infraestructura adecuada para albergar y garantizar de modo pleno los derechos de los menores involucrados en la presente, no puede constituirse en justificación válida para incumplir con los mandatos que en materia de minoridad le han sido impuestos?.

El Fuero Penal Juvenil empezó a funcionar el 14 de julio pasado, pero hoy está activo en 8 de los 18 departamentos judiciales.

Ayer, el ministro Arroyo reconoció: ?Tenemos que revisar nuestras prácticas desde la política social, desde la fuerza de seguridad, la Justicia y los medios de comunicación. Si alguien cree que está haciendo todo bien, está totalmente equivocado. Hay que rescatar a los jóvenes, que están hechos bolsa?.

Ramiro Sagasti

Crecieron 27% los delitos de menores

Publicó La Nación
24 de octubre de 2008

Por Hernán Capiello

En toda la provincia de Buenos Aires se abren por día 81 causas judiciales en las que chicos, chicas y adolescentes están acusados de cometer delitos. Los casos con menores imputados aumentaron 27% entre 2000 y 2007, según datos oficiales de la Suprema Corte de Justicia provincial.

Sólo en el Departamento Judicial de San Isidro se inician 10 causas por día y los hechos con menores imputados aumentaron 32% desde 2000. Es decir, por encima del promedio. A esa jurisdicción corresponde el caso del ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado este martes en su casa de Acassuso frente a su familia. Por este hecho está detenido, precisamente, un chico de 15 años.

Ayer, desde Medellín, Colombia, el jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, alertó sobre un "incremento serio" de la delincuencia juvenil.

Destacó que hay recurrencias de hasta 40 veces y estimó que en el distrito los menores cometen cerca de un millón de delitos al año, aunque muchos de ellos no se denuncian. "En su gran mayoría recuperan la libertad en menos de dos horas", expresó, y se quejó de que no los pueden encerrar en comisarías. Dijo que en el 85% de los casos vuelven con sus familias, como dispone la nueva ley penal juvenil. En la provincia se aprobó a fin de 2007 esta norma, que aún no se instrumentó en todo el territorio porque el Poder Ejecutivo debe formar equipos asistenciales para los menores.

Según el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, desde que esta ley entró en vigor ?la participación de menores y la violencia de ellos en delitos es cada vez más frecuente?.

San Isidro es uno de los departamentos judiciales donde aún no funciona la ley y también en el que hubo mayor crecimiento de delitos cometidos por menores en el conurbano. Los más conflictivos son Morón, donde el número de causas fue del 80 por ciento; San Martín, con un crecimiento del 64 por ciento, y Lomas de Zamora, donde subieron 24 por ciento.

En el orden nacional, aún no hay ley penal juvenil. El Gobierno no envió ningún proyecto al Congreso, aunque evaluó que en todo el país son 6294 los menores con causas penales, de los cuales 1799 están alojados en institutos. Muy lejos del millón de delitos del que habla Salcedo y de la cantidad de expedientes sólo en la provincia de Buenos Aires, según la Corte.

La ley penal juvenil prevé la creación de tribunales especializados, con jueces, fiscales y defensores. Los tribunales de familia se convirtieron en juzgados de responsabilidad penal juvenil. La ley determina que, en la provincia, los menores acusados de delitos graves no pueden estar con prisión preventiva más de 180 días. Después, deben ser puestos en libertad, según la Convención de los Derechos del Niño, que dispone que la privación de la libertad debe ser la excepción.

Plazos perentorios

El fiscal tiene 120 días para hacer la investigación y en 15 días el acusado debe ser sometido a proceso. En ese lapso, se establecen diversas medidas de resguardo que van de la prisión preventiva a la prohibición de asistir a determinados lugares.

En caso de ser encontrado responsable, el menor puede ser derivado a un programa de orientación y apoyo familiar, obligado a reparar el daño o a prestar servicios a la comunidad; ser derivado a servicios de protección, que se le imponga un régimen de libertad asistida con el cumplimiento de ciertas condiciones, un régimen de semilibertad o que sea privado de su libertad en un establecimiento especializado.

Pero esta ley sólo se aplica en los departamentos judiciales de La Plata, Necochea, Quilmes, San Martín, Azul, Mercedes, San Nicolás y Pergamino, es decir, en ocho de 18 departamentos. La Corte bonaerense, en las acordadas 3381 y 3388, no obstante haber autorizado la aplicación de la ley en estos lugares, entendió que ?no estaban las condiciones dadas?. Por otro lado, frenó la puesta en marcha de la norma en Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Morón y Zárate, pues consideró que allí no tenían ?las condiciones mínimas? para funcionar, ni lugares de detención ni programas alternativos a la prisión.

El cronograma que prevé que para el 1° de diciembre el sistema esté funcionando en todo el territorio bonaerense está lejos de ser cumplido. De hecho, estaba previsto que durante este mes y el próximo se aplicara en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro.

Pero ahora todo el sistema está nuevamente en tela de juicio.

La norma hoy

  • Rige parcialmente

La ley penal juvenil se aplica en 8 de los 18 departamentos judiciales porque el gobierno no creó planes alternativos a la prisión ni lugares de detención para los menores.

  • Penas alternativas

La norma dice que el encierro es la excepción y prevé penas alternativas, como reparar el daño o realizar tareas comunitarias.

viernes, 24 de octubre de 2008

Dicen que los menores cometen un millón de delitos graves al año

Publicó Crítica Digital
24 de octubre de 2008

El jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, dijo que los menores de edad cometen "un millón de delitos graves por año" en la Provincia. Y citando "estadísticas" de su fuerza, señaló que sólo son denunciados "entre 1.000 a 1.200 por mes" (el 1,44%) y que "el 85 por ciento" de los chicos detenidos "salen en menos de dos horas" por orden de un fiscal.

Salcedo presentó estas cifras en una conferencia de prensa en la ciudad colombiana junto con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, según consignó la agencia de noticias DyN.

Un millón de delitos graves por año equivale a 114 infracciones de este tipo por hora, una estimación que desde la Comisión de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), que preside Estela Carlotto, consideraron excesiva.

Según un estudio que presentó hace 15 días el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 70% de los chicos que están encerrados en un instituto de menores cometió un delito contra la propiedad en su mayoría, sin armas.

No obstante, Salcedo cuestionó el actual Régimen Penal Juvenil porque afirmó que impide retener a los menores de edad en las comisarías y aseguró que la Policía registró "un incremento serio de los casos delictivos violentos" en los cuales intervienen niños y adolescentes.

“En el 85 por ciento de los casos los jóvenes y adolescentes arrestados recuperan la libertad antes de las dos horas", continuó el jefe policial y agregó que actualmente “el mismo menor es detenido hasta dos y tres veces en un mismo día" y que hay chicos que tienen "hasta 30 y 40 recurrencias" en delitos, algunos de ellos graves, e inclusive con resultado de víctimas fatales.

El gobernador Scioli, que ayer destacó en conferencia de prensa la necesidad de bajar la edad de imputabilidad aclaró que "el cambio de una ley no va a dar la solución" a este cuadro que "requiere un trabajo integral del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial", aunque se pronunció a favor de "acelerar el debate" para discutir un eventual cambio en el Código Penal.

A LA INSEGURIDAD SE RESPONDE CON INCLUSÓN. Para la directora ejecutiva de CASACIDN, Nora Shultman, las cifras policiales “son una exageración que no se condice con la realidad de todos los estudios”. “El 70 por ciento de los delitos que cometen los chicos son delitos contra la propiedad –dijo-. Son pocos los que cometen asesinatos violentos”.

Shultman señaló que “las respuestas apresuradas son contraproducentes y perjudiciales”. “¿A cuanto vamos a bajar la edad de imputabilidad? ¿Donde los van a encerrar?”, se preguntó y afirmó que a la inseguridad “se responde con lugares de inclusión para los pibes”.

“Si los chicos están en la escuela y pueden acceder a la salud y sus padres tiene trabajo, está comprobado que el índice delictivo baja”, continuó la directora ejecutiva de CASACIDN, en tanto advirtió que “pensar que la seguridad se resuelve con represión, es hacer una lectura muy lineal de la situación y revela la ausencia total de Estado provincial en la política pública”.

El estudio de UNICEF, “Los derechos humanos de los adolescentes en el Sistema Penal Argentino”, describe la situación de los adolescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal que están encerrados en dispositivos de todo el país por orden juvenil.

Según el informe, hay 6294 adolescentes y jóvenes incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial, de los cuales 1799 se encuentran en establecimientos de privación de la libertad cerrados o semi-cerrados y el 71% restante, en programas no privativos de la libertad.

“La tipología de los delitos que dan origen al ingreso a establecimientos es un dato difícil de analizar y hay bastante faltante de información –señala el documento-. De todas formas, se puede ver que el 70% de las entradas está relacionada con delitos contra la propiedad, siendo su número más importante la modalidad sin armas”.

Argumento para imputar a los 14 años

Publicó Crítica Digital
23 de octubre de 2008

El jefe de la Policía Bonaerense dijo que ésa es la cantidad de hechos ilícitos cometidos por año. Fuerte rechazo de jueces y fiscales a la iniciativa del gobernador Scioli. Fundamentos del debate.

Los menores de edad cometen al menos un millón de delitos por año en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, en Medellín, Colombia, donde el gobernador Daniel Scioli firmó un convenio de cooperación en seguridad y asistencia social con el alcalde de esa ciudad, Alonso Salazar Jaramillo. Con esa cifra, Scioli reafirmó su propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos graves. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, anunció que el próximo lunes presentará a los diputados bonaerenses un proyecto para que los menores de 14 años puedan ser declarados imputables. El debate generó polémica: hay jueces, fiscales, juristas y peritos psiquiatras que se oponen.

Scioli instaló el tema por el crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea, presuntamente fusilado de cinco balazos por un menor que el martes entró a robar con otros dos delincuentes en su casa de Acassuso. “En Uruguay la edad de imputabilidad es de 13. En Brasil es de 12, al igual que en México. Esos países mejoraron su situación con la baja en la edad de los imputables”, dijo Scioli.

“Escuché lo que dice el gobernador: hay muchísima gente que está de acuerdo y muchísima gente que no. Su propuesta tiene que debatirse en el Congreso de la Nación”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.

“La reducción de la edad de la imputabilidad no va a solucionar la delincuencia, pero en delitos más graves será un paliativo para evitar que esos crímenes se reiteren. Es importante darles contención y reinsertar a los menores delincuentes”, dijo el ministro Casal.

La jueza de menores Mirta Guarino se opone: “Bajar la edad no sirve si no se sabe qué hacer con los jóvenes que cometen delitos. No estoy de acuerdo. Tampoco hay demasiados centros como para contenerlos. Es decir, se corre el riesgo de no tener lugar para alojar a los menores, a quienes hay que contener”.

“El proyecto no me parece adecuado porque se necesita una solución de fondo y porque no terminará con la delincuencia juvenil”, dijo la fiscal de instrucción porteña Cristina Camaño. El exministro de Seguridad bonaerense León Arslanian no se opone a la idea de Scioli: “Creo que no existe inconveniente en reducir la edad de imputabilidad a 14 años. A esa edad el chico tiene el grado de madurez para comprender la criminalidad de sus actos. El problema es que no hay lugares adecuados para alojarlos. Para solucionar la delincuencia hay que terminar con la marginalidad”.

“Antes que nada es conveniente educar a los niños que delinquen. A veces los organismos políticos pretenden buscar soluciones mágicas de un día para el otro”, dijo el juez de Menores Horacio Barberis. El médico legista Ezequiel Mercurio está en contra de la propuesta de Scioli: “Un niño de 12 no tiene la madurez como para comprender la criminalidad del acto. De ser así, podría votar, casarse o sacar el registro para manejar”.

Para el constitucionalista Gregorio Badeni no hay que bajar la edad de imputabilidad: “Mientras sigan los establecimientos carcelarios que tiene la provincia, que son especies de escuelas del delito, no es conveniente que se baje la edad de imputabilidad. La Constitución es clara: las cárceles no son para castigo, sino para la seguridad de los reos detenidos en ellas”.

“No es prudente bajar la imputabilidad a 12 años. A los niños que delinquen hay que rehabilitarlos y darles tratamiento”, opinó el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate.

El senador radical Gerardo Morales, titular de la UCR, dijo que lamentaba que “frente a un caso de gravedad como el de San Isidro lo único que se les ocurre es una medida de ese tipo”.

La imputabilidad según el criminólogo Elías Neuman

Publicó Crítica Digital
23 de octubre de 2008

El criminólogo Elías Neuman le dijo a Críticadigital que "se requieren planes" sociales para cambiarlos, "algo de lo que Scioli ni se ocupó".

Por Hernán Buzzella

La propuesta que ayer realizó el gobernador bonaerense Daniel Scioli para bajar la edad de imputabilidad de los menores que hayan cometido delitos graves a 12 años, formulada el día posterior al asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en Acassuso, levantó voces a favor y en contra. Entre los que se ubican en la vereda de enfrente se encuentra el reconocido criminólogo Elías Neuman, quien aseguró que sería "agregar violencia en la violencia".

"Para combatir los delitos juveniles, aunque reditúe políticamente, no se debe cortar el dolor de cabeza decapitando. Se requieren programas de política criminológica que incluyan afecto, educación, buena alimentación y pleno empleo, algo de lo que Scioli ni se ocupó", sostuvo Neuman en diálogo con Críticadigital.

El criminólogo, autor de más de una veintena de libros de la especialidad, opinó que "toda pena que se piense puede traer réditos políticos, porque la gente está muy mal informada y tiene miedo. Y hoy en día ese miedo se usa políticamente".

En su conferencia de prensa, el gobernador bonaerense citó como ejemplos a Paraguay, Brasil y Uruguay "que han bajado la edad de inimputabilidad a 12, 13 y 14 años, y les ha ido bien". Neuman afirmó que eso "no es cierto" y expresó que "cortar el mal de una manera más drástica significa recibir a esos jóvenes en buenos sitios y no en esas cárceles infectas y pocilgas inmundas en que meten a esos chicos".

Para el profesor de Criminología, Victimología y Control Social en la Universidad de Buenos Aires, la edad a la hora de juzgar no es un dato relevante. "No me importa si tiene 7, 8 o 15 años. El tema es de fondo. El delincuente no va con el Código Penal debajo del brazo, la ley no los intimida. A veces ni la conocen ni están enterados de las penas que pueden recibir", aseguró.

Para finalizar, Neuman le recomendó a Scioli "que lea los 52 artículos de la Convención Nacional de los Derechos del Niño. No hay que castigar simplemente con una forma que deja contenta a mucha gente. Yo hablo de no prisión para los chicos. En todo caso el mínimo, y después establecer formas en que el Estado pueda ayudar a la recuperación del chico. Si uno lee las historias clínicas de los delincuentes, todas esas historias comienzan con violencia contra ellos", concluyó.

La reincidencia de los menores en el tapete

Publicó diario Hoy
24 de octubre de 2008

Según cifras obtenidas por la Policía bonaerense, hay entre 1.000 y 1.200 menores detenidos por mes por su participación en delitos graves. Algunos tienen hasta 40 ingresos en sus prontuarios.

Según cifras obtenidas por la Policía bonaerense, hay entre 1.000 y 1.200 menores detenidos por mes por su participación en delitos graves. Algunos tienen hasta 40 ingresos en sus prontuarios. Desde todas las fuerzas políticas hicieron alusión a la propuesta de Daniel Scioli de considerar una baja en la edad de imputabilidad, llevándola a los 14 años

El homicidio del ingeniero Roberto Barrenechea y la ola de delitos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, puso en el ojo de la tormenta la edad de imputabilidad de los menores, en el marco de las políticas de seguridad que el gobernador Daniel Scioli busca implementar.
Parecerían sobrar razones. Según estadísticas aportadas por la Policía bonaerense todos los meses son detenidos entre 1.000 y 1.200 menores en la Provincia. ¿El motivo? Una supuesta participación en delitos graves. De ese total, el 80% es reincidente, es decir, que ya tiene ingresos a las comisarías por otros hechos graves. Otro de los datos relevantes es que algunos menores son detenidos hasta tres veces por día.

Por otra parte, podría haber otros 1.000 menores que tienen participación en hechos graves que no son registrados en denuncias: las víctimas no las hacen, no van a las comisarías.
Según las leyes actuales, una persona es imputable de delitos criminales (los más graves) a partir de los 16 años. En cambio, para hechos de los llamados correccionales, por ejemplo, tenencia de drogas para consumo, la imputabilidad comienza a los 18 años.

Toda esta normativa sólo puede ser modificada por el Congreso de la Nación, dadas las facultades que las provincias ya le delegaron. Es por ello que el debate planteado por el gobierno bonaerense trasciende los límites de la Provincia.

En ese marco, varios dirigentes hicieron conocer sus opiniones al respecto. Muchos de los opositores no cuestionan el debate en sí mismo, sino que critican la oportunidad elegida por la administración Scioli de hacer el anuncio, al relacionarlo con la situación de la coyuntura. Es decir, el contexto de un cruento crimen y la participación de menores en el asesinato.

Inclusive algunos plantearon que el gobierno bonaerense venía aplicando otro tipo de medidas en la cuestión social, como la nueva ley de Minoridad y también el fin del régimen de patronato.
Por otro lado, desde algunos sectores del oficialismo se salió a respaldar el pedido de debate que quiere dar el gobierno bonaerense y hasta de la justicia empezaron a sonar las voces sobre el polémico asunto.

Además, los magistrados alertan que la Provincia no están en condiciones de infraestructura para afrontar los gastos que implicaría cambiar la edad de imputabilidad. Por ejemplo, en La Plata, varios juzgados y tribunales de menores se encuentran vacantes ante la demora en las designaciones.

“Los problemas de inseguridad los debe resolver el ministerio de Seguridad, no la Justicia”, le dijo a Hoy el presidente del Colegio de Magistrados bonaerense, Carlos Lami. El debate continúa.

Las voces

“No hay una política de Estado, sino que hay una reacción al crimen, en lugar de haber prevención. A Stornelli. Le llevamos papeles con propuestas de trabajo, y entre ellos está el tema de los menores”. Carlos Raimundi, diputado nacional SI

“No puede ser que un chico que mata, salga. Un chico que mata, que asesina a otra
persona, no podemos permitir que vuelva a su casa, porque muchos, incluso, no tienen contención. Nosotros queremos que la ley se revise”. Alberto Descalzo, el intendente de
Ituzaingó.

“Frente a un caso de extremo dolor como el de San Isidro, lamentamos que lo único que se les ocurra es bajar la edad de imputabilidad”, advirtió senador nacional. Gerardo Morales, senador nacional UCR.

“Es aberrante que se piense en bajar la edad de imputabilidad de los menores, lo que no resuelve de ninguna manera el problema de la inseguridad ni tampoco el problema de los niños en
vulnerabilidad”. Laura Berardo, diputada provincial Libres del Sur.

“El Gobierno sigue sin un plan en materia de seguridad y corre detrás de los acontecimientos. Estamos de acuerdo en bajar la imputabilidad de 18 a 14 años, en el marco de un plan de tratamiento específico para los menores”. Francisco De Narváez, diputado nacional justicialismo disidente.

“La propuesta de Scioli no aparece muy clara. No nos olvidemos que hace pocos meses el gobierno eliminó el sistema de patronato y promovió la nueva ley de Minoridad. Es un tema que debemos
debatir muy fuerte, al que yo en principio me adhiero”. Héctor Cachi Gutiérrez, intendente de Pergamino.

“Un proyecto serio se podría discutir”

Aunque el debate abierto por el gobernador tuvo amplia recepción en otros sectores de la política y de la sociedad, no todos están de acuerdo con el proyecto del gobernador Scioli.
Cristina Camaño, directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, afirmó ayer a Hoy que “es una respuesta política al momento de coyuntura”.

Sin embargo, se mostró a favor de un debate distinto. “Un proyecto serio se podría discutir”, dijo Camaño, e hizo referencia a una iniciativa presentada por el diputado nacional Emilio García Méndez, del bloque Solidaridad e Igualdad, que plantea “sobreseer al menor y disponer de él sin saber si es culpable o no, es decir, no se lo juzga. Bajemos la imputabilidad a 14 años pero que tenga todas las garantías”. El proyecto es conocido como de ley de Responsabilidad penal juvenil.
Por otra parte, Camaño deslizó críticas al momento en que se hizo el anuncio oficial. “El hecho de la inseguridad no se va a terminar porque baje la edad de los menores. Es absurdo decir eso”, aseguró la especialista.

En ese marco, recordó que “en provincia de Buenos Aires hay 30 mil presos, las cárceles son un desastre. Ahora hay 400 mil chicos no escolarizados. Esto no es nuevo, es lo que la gente quiere escuchar y no puede ser así”.

Diario Hoy

La receta de bajar la imputabilidad

Publicó Página|12
23 de octubre de 2008

El gobernador dijo que la impulsará a través de sus legisladores nacionales. Expertos en infancia cuestionaron esa postura. El debate se reabrió a partir del asesinato de un ingeniero en San Isidro. Hay cuatro detenidos en el caso.

Por Carlos Rodríguez

La detención de cuatro personas, entre ellos dos jóvenes que estarían involucrados en el hecho que terminó con el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, en el partido de San Isidro (ver aparte), hizo que se renueve el debate sobre una posible baja en la edad de imputabilidad de los menores que no hayan cumplido los 18 años. La polémica se disparó a partir de declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el sentido de que debería renovarse la discusión sobre “la baja de la edad de imputabilidad de los menores” para fijarla “a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves”. Como argumento, Scioli lamentó –en alusión al crimen del ingeniero Barrenechea– que “una vez más nos encontremos con menores vaciando un cargador de una pistola calibre 45”, en referencia al arma utilizada en el hecho. Aunque el propio Scioli admitió que no tenía una postura definida sobre el tema y que pensaba que con sólo bajar la edad de imputabilidad “no se llega a la solución”, dos expertos consultados por PáginaI12 expresaron ayer su preocupación por una medida que sería “inconstitucional porque vulnera acuerdos internacionales firmados por el país respecto de la ley penal aplicada a menores”.

Carlos Bigalli, ex asesor de menores de San Isidro y actual docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que lo primero que habría que saber es qué se entiende por “imputabilidad o inimputabilidad”, aunque señaló que “en los discursos del poder, lo que significa en la práctica es aplicar a los menores que no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, lo que es inconstitucional porque vulnera lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, de la que el Estado argentino es garante. Laura Mussa, asesora de los tribunales de menores de la Capital Federal, criticó las “respuestas espasmódicas, tomadas sobre la emergencia, que ya han fracasado en épocas recientes, y que sólo sirven para que los chicos ingresen muy temprano al sistema penal que tenemos y que tampoco brinda respuestas serias al problema”.

Además de las declaraciones del gobernador bonaerense, lo ocurrido con Barrenechea provocó, en San Isidro, que el Concejo Deliberante aprobara ayer la declaración del estado de emergencia por seguridad de todo el partido. El intendente local, Gustavo Posse, aseguró que la medida “ya tiene adhesiones de representantes de otros municipios”. También expresó su satisfacción porque la Gendarmería, ayer por la tarde, volvió a ocupar sus puestos en la villa La Cava, en la localidad de Beccar, donde cumplía una labor de “prevención del delito”, que también fue cuestionada en su momento por organismos de derechos humanos y por los vecinos del lugar, que se sentían discriminados.

Scioli, acompañado por varios de sus ministros, brindó una conferencia de prensa, una vez que se confirmó que había dos chicos, menores de 18 años, entre los detenidos por su presunta participación en el asalto a la casa de la familia Barrenechea. “Hay que acelerar algunos debates, es un tema central el de los menores de 12, 13 o 14 años que participan en delitos graves. Hay países de la región que han encarado este tema”, dijo el gobernador, sin fijar una postura concreta sobre el tema. En su intervención, reconoció que en la provincia hay “400 mil menores sin trabajo ni estudio” a los que “hay que darles las herramientas” necesarias para impedir que caigan en la delincuencia.

Luego de expresar “dolor y bronca” por el asesinato de Barrenechea, Scioli le dio la palabra al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien enumeró todos los cambios realizados por el actual gobierno para acelerar el accionar de los juzgados provinciales y luego señaló la necesidad de abrir la discusión sobre “la imputabilidad de los menores”. En ese sentido mencionó la existencia, en el Congreso de la Nación, de 14 proyectos referidos al tema. Aunque Casal no lo precisó, esas iniciativas apuntan a establecer la vigencia de un sistema penal para adolescentes que brinde a los chicos acusados de delitos graves la posibilidad de asumir su defensa y, en todo caso, recibir condenas que no serían tan duras como las que se aplican, para los mismos casos, a los mayores.

Scioli dio como ejemplos las leyes de otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Paraguay que “tienen leyes que fijan la imputabilidad en delitos graves a partir de los 13 o 14 años”. Tampoco explicó que en algunos de los países mencionados y en otros de América latina, el sistema penal juvenil aplica penas que, en algunos casos, no superan los tres años de prisión, incluso en los delitos graves, por tratarse de menores.

Consultado por PáginaI12, el especialista en minoridad Carlos Bigalli consideró que la baja de la edad de los menores en materia penal “es una propuesta sencillamente inconstitucional porque la Convención sobre los Derechos del Niño proscribe toda alternativa que suponga aplicar el régimen para adultos a los que no han cumplido los 18 años”. Por otro lado, Bigalli sostuvo que, en los hechos, “en algunos ámbitos de la Argentina, en la realidad, ya existen personas que no deberían ser punibles por su edad y que, sin embargo, están entrampadas por un poder punitivo sin los límites ni las garantías del derecho penal”.

“Eso es lo que les pasa a personas menores de 16 años que están privadas de su libertad por aplicación de la ley de facto 22.278, que establece condiciones ‘especiales’ de punibilidad que son encubiertas bajo el ropaje de una guarda tutelar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todavía que resolver un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Fundación Sur en favor de personas no punibles que están privadas de la libertad en el país”, explicó Bigalli. “La Cámara Nacional de Casación ya hizo lugar al planteo y declaró inconstitucionales las normas que habilitan esa respuesta punitiva con cosmética tutelar, pero las personas no punibles siguen privadas de su libertad.”

Para Bigalli, desde el siglo XII, “todos los discursos del poder validan las políticas persecutorias de los que perdieron en el reparto de bienes. Los que perdieron en el reparto de bienes ganaron en el reparto de males. Esto pasa con los pobres y con los hijos de los pobres”. Laura Mussa, por su parte, dijo estar “muy preocupada y muy asustada” por las palabras del gobernador Scioli porque parece que “su única respuesta sería la de endurecer las leyes, como ha pasado ya otras veces en nuestra historia reciente con malos resultados para todos”, en alusión a la llamada doctrina Blumberg, surgida a partir del asesinato del joven Axel Blumberg y de la influencia que tuvo sobre los legisladores, su padre, Juan Carlos. “Estas respuestas son absolutamente incoherentes. El Estado debería responder con más educación y con puestos de trabajo. Scioli habló ayer del Estado responsable, pero como si él no fuera parte del Estado. Lo que esperamos es una respuesta seria en materia de política criminal y no parches que nacen de la emergencia.”

miércoles, 22 de octubre de 2008

Piden que menores de edad trabajen en la cosecha de arándanos

Publicó La Nación
22 de octubre de 2008

Por Jorge Riani

CONCORDIA.- Más de 600 padres pidieron autorizaciones a la delegación local de la Dirección Provincial del Trabajo para que permitan que sus hijos puedan trabajar en la cosecha del arándano. El peligro que no ignoran en esta ciudad es que la ganancia que deja el trabajo, de sólo tres meses, traerá aparejado el abandono de la escuela por parte de más de un millar de adolescentes y la desocupación segura el resto del año, cuando pase la temporada de la cosecha.

Aunque hace diez años que en Entre Ríos se habla del arándano, no muchos conocen esa pequeña especie de uva exótica, de rasgos silvestres y sabor insinuado. Sobre el cordón de quintas, en las afueras de esta ciudad, la fruta violeta ganó territorio sobre las tradicionales plantaciones de cítricos y constituyó una precarizada fuente de trabajo para el castigado norte entrerriano.

Sólo hace algunos años se puede conseguir en estas latitudes la mermelada de arándano. Es que las plantaciones estuvieron destinadas desde el primer momento a los mercados internacionales.

En los papeles, los recolectores de arándanos cobran 65 pesos por jornada de seis horas de zafra. Aunque desde el área que regula la actividad laboral en la provincia consideran que la práctica suele desmentir la teoría. ?A mí me sorprende, porque la cosecha del arándano comienza alrededor de las 9 y termina cuando cae la tarde. Esos chicos están todo el día al rayo del sol?, dijo Armando Giles, delegado departamental de la Dirección de Trabajo. El funcionario confirmó que hubo un masivo pedido de autorizaciones para que adolescentes entrerrianos se convirtieran tempranamente en trabajadores.

?No estamos de acuerdo con que los chicos trabajen porque a esa edad tienen que estar en la escuela?, sostuvo Giles. No obstante, ratificó que la obligación de la delegación es otorgar la autorización si se cumplen todos los requisitos: que certifiquen la concurrencia a la escuela, la partida de nacimiento, el documento y la compañía de los padres para autorizar a sus hijos a trabajar. Eso nunca se da, aseguran.

En la Dirección de Trabajo dijeron que el régimen laboral admite menores hasta 14 años para esas tareas y que por debajo esa edad es ilegal el empleo. Pero los testimonios hablan de otra realidad que surge una vez que los menores ya cuentan con las autorizaciones.

Los miles de desocupados concordienses y los que arriban de provincias vecinas saben que el arándano es un buen negocio para los productores y una dudosa salvación para quienes buscan insertarse en el mercado laboral, aun cuando eso signifique fatigosas jornadas de trabajo por no más de tres meses en el año.

Futuros desocupados

?Hoy hablan de que hay 600 pedidos de trabajo para chicos, pero serán mucho más; quizás 2000?, arriesgó Walter Benítez, un peón general en las quintas de naranjas y mandarinas. Este trabajador rural contó a LA NACION que cada año, atraídas por el arándano, llegan miles de personas para entregarse de lleno a un trabajo que las tendrá como desocupadas durante nueve meses.

Giles también criticó las condiciones de traslado de los trabajadores: ?Se hacen en camiones y encima de las cargas, en forma muy peligrosa?, dijo al sitio local Río Uruguay.

Al filo de la tarde, los caminos vecinales se nutren de movimiento. Cientos de zafreros llenan camiones y colectivos destartalados para regresar a sus hogares. Otros tantos se montan a sus bicicletas, como Carlos Gómez y Sebastián Sacoman.

?Nosotros trabajamos seis horas, pero algunas veces puede haber horas extras. Nos pagan 65 pesos por día?, contaron a LA NACION. Se muestran conformes con su trabajo y no piensan demasiado en cómo serán los días después del verano, cuando esos chispazos violetas que hoy interrumpen la monotonía del verde se apaguen por varios meses.

Benítez revela los avatares de la actividad en las plantaciones de arándano, en la que él trabajó algunos años. Asegura que se puede llegar a cobrar hasta 1000 pesos por mes en la cosecha de la exótica fruta, pero que es está muy extendido como práctica la emisión de recibos de sueldos por menos valor.

?Así pagan menos aguinaldo, menos liquidación de zafra que se debe pagar al final de cada temporada, menos proporción de vacaciones y, para colmo, hacen muchos descuentos para una mutual que no se puede utilizar porque nadie se mantiene más de tres meses en el trabajo, momento a partir del cual se podrían usar los servicios?, agregó.

Por los precios de los alimentos, ya hay casi mil millones de habitantes amenazados por el hambre

Publicó Clarín
22 de octubre de 2008

Lo denunciaron organizaciones humanitarias. La mayoría de los afectados partenecen e países en desarrollo. Las grandes potencias, que inyectan miles de millones de dólares para salvar los bancos y empresas en medio de la crisis, aportan una ínfima parte de lo prometido para cambiar el flagelo del hambre.

Por Carolina Brunstein

En un intento casi desesperado por frenar el terremoto financiero mundial, los gobiernos de Estados Unidos y gran parte de Europa anunciaron paquetes de cientos de miles de millones de dólares para evitar más quiebras. En este contexto, la crisis alimentaria que golpea a gran parte del planeta parece haber pasado a un segundo plano, aunque no hace más que agravarse, especialmente en los países pobres. Lo advierten distintas organizaciones internacionales, que en los últimos días lanzaron un fuerte llamado de atención a la comunidad internacional.

Casi 1.000 millones de habitantes de los países en desarrollo están amenazados por el hambre, debido al aumento de los precios de los alimentos, denuncia un informe de la organización humanitaria británica Oxfam difundido el jueves pasado, en el Día Mundial de la Alimentación.

La inflación galopante del precio de los alimentos de base como el arroz y los cereales empujó este año a 119 millones de personas más a una situación de hambre, afirma esa organización. Ahora ya son 967 millones de hambrientos en el mundo, señala el documento.

La cifra prácticamente coincide con la que maneja la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que advierte que el número de personas con hambre aumentó de 842 millones al inicio de los años 90 hasta 923 millones en 2007.

En tanto, mientras EE.UU. comienza a detallar su plan de 700.000 millones de dólares para inyectar liquidez en el sistema financiero y evitar nuevas quiebras de bancos y Europa avanza en medidas similares con cifras aún mayores, la FAO estima que "serían necesarios 30.000 millones de dólares por año, durante un plazo de diez o 15 años, para erradicar el hambre en el mundo", explicó a Clarín el representante regional de la organización para América Latina (con sede en Chile), José Graziano da Silva.

"Si se tiene en cuenta que buena parte de ese dinero es in versión, pues se utilizará en semillas e insumos agrícolas que luego darán alimentos, queda claro que es poco dinero comparado con los planes de rescate financiero anunciado en los últimos días", interpretó Graziano.

Según la FAO, la población con hambre en América Latina y el Caribe había caído de 53 millones a 45 millones entre el inicio de la década de los 90 y el año 2005. Pero volvió a subir hasta los 51 millones en 2007 a raíz del alza de los precios de los alimentos básicos, como maíz, trigo, arroz o lácteos.

"Si tenemos en cuenta que en 2008 los alimentos se encarecieron aún más, estamos casi en el punto inicial", lamentó el experto, y remarcó: "No es un problema de disponibilidad de alimentos. En promedio, la región produce un 40% más de lo que se necesita. Y la Argentina, mucho más. Pero aún así tenemos un alto nivel de desnutrición, especialmente en niños".

Con la debacle financiera que revolucionó los mercados internacionales en las últimas semanas, la crisis alimentaria amenaza con profundizarse. "Todavía es difícil ver la magnitud de la crisis, pero seguramente esto agravará la situación. La incertidumbre y la retracción del crédito puede tener un impacto muy fuerte en producción agrícola", explicó Graziano. "Además, la recesión puede resultar en más desempleo, más pobreza", advirtió.

De todos modos, afirmó: "Todavía creemos que es posible alcanzar las Metas del Milenio (planteadas por la ONU) de reducir el hambre a la mitad para 2015", si los gobiernos toman medidas adecuadas. Aunque por ahora la meta parece lejana.

La ingeniera agrónoma española Teresa Cavero, responsable de investigación de la organización humanitaria británica Oxfam, coincidió con estas cifras, y señaló, en diálogo telefónico con Clarín, que "hay un riesgo grande" de que la crisis financiera actual agrave el problema del hambre.

"Las cantidades de dinero que pide la ONU para luchar contra el hambre son ridículas si se comparan con las sumas que hemos visto sobre la mesa en estos días", afirmó, en relación a los planes europeos y estadounidense de rescate financiero.

"La comunidad internacional ha fallado, y durante años las políticas de ayuda a los países pobres han sido equivocadas. Las medidas proteccionistas de la Unión Europea y Estados Unidos han impedido que se desarrollara la agricultura en países del hemisferio Sur, los que tendrían mayor capacidad para producir alimentos", afirmó Cavero. Y remarcó: "La crisis es una oportunidad de cambio. Esperamos que pueda revertirse la situación".

Subrayar sin regla, escribir sin lápiz

Publicó Página|12
22 de octubre de 2008

El Ministerio de Educación porteño implementó otro recorte en la ayuda social: ante la duda sobre quiénes la recibían, dejó a 30 mil chicos de bajos recursos sin los útiles escolares que se distribuían en forma gratuita. Prometen que en 2009 los recibirán todos.

Hasta el año pasado, en las escuelas porteñas, unos 30 mil alumnos de bajos recursos recibían en forma gratuita una canasta de artículos escolares básicos para asistir a clase. Pero en lo que va de 2008, el gobierno porteño omitió hacer esa entrega, según denunció la Defensoría del Pueblo de la Ciudad mediante dos resoluciones. En el Ministerio de Educación porteño admiten que no se entregaron porque “no estaba claro entre quiénes se distribuían”. Ante la duda, sostienen, se prefirió cancelar ese beneficio. Eso sí: para el año próximo, prometen que habrá un cambio en la metodología de entrega de esa ayuda: se entregarán a todos los alumnos de colegios públicos, necesiten o no esa ayuda.

La actuación de la Defensoría se inició a partir de la denuncia de un vecino, cuyo hijo era beneficiario del plan pero que este año no había recibido el kit de útiles. “No sabemos si la suspensión de la entrega es temporaria, ya que en el ministerio no responden ante nuestros reclamos”, advirtió ante Páginai12 el ombudsman adjunto Gustavo Lesbegueris, a cargo del área Educación de la Defensoría del Pueblo porteño.

Ese organismo había hecho el reclamo en los primeros meses del año e insistió a principios de octubre. Lesbegueris explicó que “son útiles entregados en escuelas donde concurren chicos en situación de vulnerabilidad social, que son los que más los necesitan para no abandonar la escuela”. Además, en la Defensoría reclaman a las autoridades educativas explicaciones sobre los motivos de la no entrega de juego de artículos escolares.

Voceros la cartera que dirige el ministro Mariano Narodowski dijeron a este diario que la anterior gestión reasignó una partida de 280 mil pesos para cubrir el gasto de la compra de kits escolares. “No había mucha precisión sobre quiénes lo recibieron, y cómo y dónde se distribuyeron esos útiles. Por eso, se suspendió la entrega y se decidió universalizar la distribución de esos artículos el año próximo”, señalaron.

La caja que recibieron hasta el año pasado los chicos de bajos recursos contenía un kit de útiles compuesto por cuadernos, lápices, gomas, bolígrafos, hojas, escuadras, compás, regla, crayones, témperas, lápices de colores, cola vinílica y una tijera. En total, 28.950 juegos de útiles, según precisa un informe de la Defensoría. El documento detalla que 11.025 kits se repartieron entre alumnos primarios; 2040, entre chicos con discapacidad, y 15.705 estudiantes secundarios.

“Cómo dijimos ante la demora en el otorgamiento de las becas a los estudiantes secundarios (ver recuadro), creemos que los útiles escolares deben ser entregados a principios del ciclo lectivo, cuando los chicos comienzan a utilizarlos”, opinó el ombudsman porteño. “Sería deseable que se adopten los recaudos presupuestarios y de gestión para año próximo para evitar lo que ocurrió este año, cuando se vieron dilatadas incomprensiblemente acciones dirigidas a asistir a los alumnos en situación de vulnerabilidad económica”, sostuvo Lesbegueris.

Los útiles se entregaban en escuelas ubicadas en zonas postergadas de la ciudad, en su mayoría en barrios de la zona sur, para lo cual destinaba una partida de 280 mil pesos. Ahora, en el Ministerio de Educación prometen que invertirán 18 millones de pesos para universalizar esa ayuda: se entregarán tres libros (clásicos y actuales) y diez artículos escolares (regla, birome, hojas, cuadernos, lápices, lápices de colores, goma, sacapuntas, compás y escuadra). De los 18 millones, 12,5 serán utilizados en la compra de textos escolares. El resto será utilizado para la compra de útiles.

“Los útiles van a ser entregados en todas las escuelas y sus direcciones tendrán que repartirlos entre los alumnos, especialmente a los más necesitados. Es la manera más transparente y efectiva”, explicó un vocero del ministerio ante una pregunta de Páginai12 sobre los motivos de universalizar esa ayuda.

De esta manera, si se cumple con lo anunciado, cada uno de los 350 mil estudiantes porteños podría recibir esa ayuda, aunque no la necesite. En el ministerio porteño dijeron, además, que en lo que va del año repartieron dos libros de literatura por alumno y está pautada la entrega de un tercer texto.

“De los que chicos que recibían útiles hasta el año pasado, muchos eran entregados entre alumnos de primero y segundo grado, que son los años donde más se refuerza la asistencia para que los chicos no abandonen la escuela”, analizó Lesbegueris. Este año, los chicos se quedarán esperando.

Informe: Esteban Vera.

miércoles, 8 de octubre de 2008

Radiografía del encierro adolescente

Publicó Página|12
8 de octubre de 2008

Hay 6300 adolescentes en el sistema penal; el 40 por ciento con causas por delitos leves. La cuarta parte está en regímenes cerrados, donde reciben clases apenas entre 2 y 5 horas por día. Así lo revela un informe de Unicef, el Gobierno y la Untref.

Por Mariana Carbajal

En el país unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos. Sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años. De los datos disponibles, se sabe que casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas. La información surge de un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal, que realizaron en forma conjunta el Gobierno, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.

“En algunas provincias la respuesta es el encierro o nada. También son encerrados chicos en situación de calle, aunque estar en la calle no es un delito. Es una grave vulneración de derechos”, alertó el subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, al dar a conocer los detalles del informe junto al director adjunto de Unicef Argentina, Ennio Cufino, a un grupo reducido de medios, entre ellos PáginaI12.

“Se debe ver a los adolescentes como adolescentes y no como infractores. Hay una fuerte decisión del Gobierno para realizar esa transformación”, subrayó Paola Vessvessian, secretaria del área, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer por la tarde, la ministra Alicia Kirchner presentó oficialmente el estudio en la Jefatura de Gabinete: “El Gobierno definió como prioridad mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, basado en la promoción de sus derechos”, dijo. “Este trabajo es una interpelación sobre la realidad de los menores en lo cuantitativo y lo cualitativo, absolutamente serio y participativo”, explicó y advirtió que “estábamos acostumbrados a políticas sociales homogéneas, originadas en conceptos abstractos, de escritorio, destinadas a tranquilizar conciencias e intelectos de quienes tienen mucho más de entrenamiento en el discurso que en revertir una realidad social afectada por décadas de crisis y abandonos”.

Lerner reclamó al Congreso la reforma del actual Régimen Penal de la Minoridad, vigente por un decreto de la última dictadura militar. “Resulta imprescindible modificarlo” y “avanzar hacia un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional”, opinó. Además, agregó Lerner, se deben adecuar las legislaciones procesales y la organización de la Justicia en cada provincia, y reformular en todas las jurisdicciones las políticas y dispositivos gubernamentales de trabajo con los adolescentes infractores.

El estudio es una fotografía del sistema penal juvenil del segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Pero los datos no fueron de-sagregados por provincias.

Sus principales conclusiones son las siguientes:

- Se revelaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito.

- Hay 1529 adolescentes privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controla.

- Unos 270 permanecen internados en establecimientos con régimen semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.

- El resto de los adolescentes, unos 4495 presuntos infractores (71 por ciento del total) están bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero la mayoría de esos programas “no están especializados” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, señaló Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef. Sólo se encontraron en nueve provincias programas similares a la modalidad de libertad asistida, una alternativa al encierro sugerida desde el organismo internacional y contemplada en varios de los proyectos legislativos de responsabilidad penal juvenil presentados en el Congreso (ver aparte).

- Las mujeres representan el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.

Pinto destacó como “un avance importante” que la privación de la libertad de adolescentes sospechados o imputados de un delito no sea la respuesta mayoritaria que den los jueces. Pero advirtió que el “régimen cerrado” concentra todavía al 85 por ciento de los que están institucionalizados.

Un relevamiento anterior de Unicef, que se hizo en 2005 –y se publicó en 2006–, mostró que en aquel momento había unos 2377 chicos privados de libertad por causas penales. Las cifras no serían comparables, se explicó, por las distintas metodologías de recolección de datos aplicadas. Sin embargo, y aunque en el nuevo estudio podría haber un subregistro de un 20 por ciento, se estima que la cantidad de chicos presos habría disminuido en los últimos años por diversos motivos; uno de ellos, la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de la Infancia, en 2005, a partir de la cual se empezaron a desarrollar programas alternativos al encierro. En la ciudad de Buenos Aires, donde los cinco institutos de menores dependen de la Nación, la tasa de encierro se redujo casi un 50 por ciento, entre 2003 y la actualidad, según indicó Gustavo Piantino, director nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal: de entre 550 y 500 se bajó a entre 230, 250, de los cuales unas 21 son chicas. “Esta reducción tuvo que ver con el cambio de criterio de los jueces y con la oferta de medidas alternativas desde Nación”, señaló el funcionario. Entre estas últimas, enumeró un programa de libertad asistida, en el marco del cual técnicos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia periódicamente visitan al joven en su ámbito familiar y elaboran un informe que elevan al juez, y otro programa llamado “A la salida”, que obliga a los adolescentes a participar dos veces por semana de alguna actividad colectiva como un taller de formación en algún oficio o alguna actividad deportiva. En la primera modalidad, actualmente hay unos 300 adolescentes y en la segunda, cerca de 90.

Los riesgos de ser joven en Argentina

Publicó Clarín
2 de octubre de 2008

Los principales problemas son la pobreza, el sida, la baja escolarización, el alcohol y la dorga.

Por Georgina Elustondo

Deberían tener, como supone un orden "natural" que habla de un camino que arranca en la infancia y termina en la vejez, garantía o, al menos, altas probabilidades de un futuro largo y prometedor. Sin embargo, casi la mitad de los jóvenes argentinos corre algún tipo de riesgo: está expuesto a situaciones que pueden interrumpir su desarrollo o reducir su potencial. Lo afirma un flamante informe del Banco Mundial, al que Clarín accedió en exclusiva, que será presentado hoy en la jornada "Políticas de juventud en Argentina", organizada por el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. Fue elaborado con la colaboración del Gobierno argentino y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que hizo una encuesta sobre Condiciones Sociales de la Juventud.

Según sus datos, el 46% de los chicos y chicas de entre 15 y 24 años tiene una "alta probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo". Hablamos de casi 3 millones de jóvenes, de los cuales el 31% "ya ha tenido conductas riesgosas" y el 15% está o ha estado "expuesto a factores de riesgo" que "dificultan su transición exitosa a la adultez". Es más: el informe advierte que "las probabilidades de que un joven de 15 años muera antes de cumplir 60 años son mayores que las esperadas para un país con los ingresos de Argentina".

Los expertos analizaron las cinco transiciones que, según un esquema aplicado en el Informe de Desarrollo Mundial, marcan un antes y un después en la vida de los jóvenes: finalización de la escuela y continuación del aprendizaje, inserción en el trabajo, estilo de vida saludable, formación de una familia... "Existe un grupo numeroso de jóvenes que corre el peligro potencial de involucrarse en conductas riesgosas como la deserción escolar temprana, el desempleo, la inactividad, el uso y abuso de drogas, los accidentes de tránsito, la actividad sexual riesgosa, la paternidad temprana, la poca participación cívica y los problemas de delincuencia", reza el informe. "Si el Estado no invierte en la juventud se perderá la oportunidad única de proporcionar a la próxima generación las capacidades necesarias para convertirse en los conductores del crecimiento y romper el espiral intergeneracional de pobreza y desigualdad". En lo que hace a educación, el informe destaca que un tercio de los escolarizados está retrasado en sus estudios. Los especialistas destacan que la repitencia y la deserción desencadenan otros problemas. "En Chaco y Misiones las tasas de fecundidad adolescente superan los 100 nacimientos cada 1.000 personas, un tasa comparable con la de África".

También hay datos significativos sobre empleo: dice el informe que casi 1 de cada 10 chicos de entre 7 y 14 años trabaja y no estudia, que el desempleo en los jóvenes triplica al de los adultos y que les pagan menos.

El consumo de alcohol también preocupa: "el 20% de los varones jóvenes beben en exceso los fines de semana, una conducta fuertemente relacionada con una mayor propensión a cometer delitos", enfatizan. Otros datos que consideran señales de mayor riesgo tienen que ver con el tabaco. "La juventud, y sobre todo las mujeres, empiezan a fumar cada vez más temprano". Los niveles de VIH/SIDA en los jóvenes argentinos alarman: "son entre un 100 y un 200% más altos que los de sus pares uruguayos y chilenos".

En diálogo con Clarín, Dorte Verne, representante del Banco Mundial, destacó que "los jóvenes son el principal grupo etario en Argentina" y advirtió que, "si no se toman medidas que mejoren su situación, van a transmitir esas conductas de riesgo a las generaciones que los siguen".

jueves, 2 de octubre de 2008

Eduación bonaerense: prioridad cero

Publicó Diario Hoy
2 de octubre de 2008

Un informe privado destaca la falta de fondos de la Provincia, por el desigual reparto en los montos de la coparticipación federal, como la causa principal de la frágil realidad educativa. También marca un sostenido descenso en la calidad de la enseñanza. Y hace hincapié en la emigración de los alumnos hacia la enseñanza privada, que ya representa más del 32% del sistema.

El conflicto docente en la Provincia parece haber llegado a su fin tras el acuerdo salarial entre los gremios y la administración que comanda Daniel Scioli, pero los problemas estructurales persisten y continuarán de no mediar políticas a largo plazo.

Al menos eso se desprende de un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que apunta directamente a dos frentes como los causales de la endeble situación que atraviesa la educación provincial: una, vinculada con el federalismo fiscal, y otra, con la cultura política.

Las discusiones sobre una reforma en el esquema de coparticipación federal incluyeron semanas atrás al ex presidente Néstor Kirchner, que extrañamente habló de la necesidad de modificaciones, siendo que durante su administración jamás mencionó el tema. Buenos Aires “tiene el Estado más pobre del país. En términos de recursos por habitante, cuenta con apenas $ 1.500 por año, mientras el promedio provincial es de casi $ 3.500, llegando a $ 10.500 en Santa Cruz”, detalló Axel Rivas, director del Programa de Educación del Cippec y autor del informe, sin dejar de hacer hincapié en que los datos pertenecen a 2006, último año con información disponible.

En ese contexto, el reclamo de los docentes conllevaría otras tareas ignoradas a la hora de evaluar un desempeño. Para Rivas, esta realidad económica “ayuda a comprender la demanda de los docentes, que además suman un enorme desgaste por las múltiples tareas de contención social que deben realizar, justamente ante un Estado desfinanciado que no puede garantizar derechos sociales básicos a su población”.

Por otra parte, la cultura política del gobierno bonaerense es la otra causa que el informe indica como responsable del difícil momento. “La responsabilidad central del gobierno de la Provincia es demandar por todos los canales posibles, incluso a través de la vía judicial, por los recursos federales correspondientes”, afirmó. La administración bonaerense le dedica el 36% del presupuesto total al área educativa, mientras que el promedio provincial es de 24,5% y provincias como Santa Cruz, que reciben un porcentaje sensiblemente mayor de coparticipación, sólo el 11,3%.

Desde la administración bonaerense, luego de conocerse el acuerdo con los gremios, resaltaron que Buenos Aires es la provincia “que más invirtió en educación”. Pero no recalcaron que es la jurisdicción por lejos con más cantidad de alumnos del país.

Respecto a la coparticiapción, se desprende que un aumento en las cantidades de dinero que la Provincia recibe podría paliar la situación, aunque los motivos para no emprender una fuerte defensa de los intereses locales pueden ocultarse detrás de otras cifras. Los aumentos docentes que se brindaron se lograron a “costa de un profundo déficit fiscal, que luego de cinco años de crecimiento histórico supera los $ 5 mil millones para 2008”, añadió el autor. La mayor parte de la deuda es con Nación, por lo que se puede entrever que este monto adeudado constituye una barrera entre ambas administraciones para acordar una coparticipación mayor, simplemente porque las condiciones de discusión serían disímiles.

Escuela pública, en caída libre
En el marco actual, la realidad de la situación se observa en la deserción escolar. La escuela pública perdió, en el período 2000-2006, un total de 98 mil alumnos. La tasa de abandono en Polimodal en territorio bonaerense es la más alta del país, y a ese flagelo se le agrega el traspaso al ámbito privado, que pasó de representar el 28,4% del sistema en 1999 al 32,5% en 2006.

Al margen del índice cuantitativo, la crisis también afectó la calidad de la enseñanza. Según el Operativo Nacional de Evaluación (OPN) para el nivel primario, la Provincia pasó de ser la segunda mejor ubicada de todo el territorio nacional en 1997, para alcanzar el decimosegundo puesto en 2006, “el mayor retroceso en calidad educativa que ninguna otra provincia haya tenido desde que se comenzaron a medir los índices de calidad de aprendizaje en 1993”.

Ante esta realidad, el objetivo principal pareciera haberse corrido de la calidad de la enseñanza hacia una política de la “contención”, que muchas veces privilegia la permanencia del alumno a punto tal que se omiten los contenidos que el propio chico recibe. Los índices no son menores si se tiene en cuenta que la Provincia educa al 38% de los alumnos del país. “De no reformar la coparticipación, esta injusticia federal no sólo va a seguir desmembrando la educación bonaerense, sino que va a afectar el futuro de nuestro país”, pronosticó Rivas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evalúa la educación de 36 países, y las muestras en el mismo período aseguran que el que más descendió en materia
de calidad educativa fue Argentina, cuya incidencia del territorio provincial es muy alta y podría explicar los pobres resultados.

El financiamiento educativo es importante, pero para el Cippec lo es “también poder concentrar el tiempo y las energías en el diseño e implementación de políticas pedagógicas masivas que activen el protagonismo del Estado en el apoyo de las escuelas”.

El desarrollo de un proyecto a largo plazo en el área parece ser una cuestión pendiente en territorio bonaerense. Las insoslayables dificultades económicas y las vicisitudes políticas parecieran pesar a la hora de catapultar a la educación hacia la punta del iceberg de prioridades.

Abortó la joven discapacitada violada

Publicó Crítica Digital
2 de octubre de 2008

G.N.R. fue abusada en una salida del Patronato de la Infancia, donde se encuentra internada. En el Hospital Penna estaban a punto de practicarle la interrupción del embarazo pero un magistrado la frenó. Un fallo de segunda instancia la avaló.

Por Luciana Peker

La chica de 18 años –conocida como G.N.R.– que fue violada y tiene un severo retraso mental pudo, finalmente, acceder a un aborto no punible en un hospital público. El Tribunal de Familia de Bahía Blanca –con el voto de Edgardo Manassero y Patricia Marenoni– autorizó al Hospital Interzonal José Penna a realizar la interrupción del embarazo y rechazó el polémico freno al aborto del juez de Familia Jorge Longás.

El martes, a las 9 de la mañana, la joven estaba preparada para entrar al quirófano. Le habían realizado análisis y ecografías. La habían acostado en una camilla. Sentía el goteo de un suero que anticipaba la anestesia y el sueño. Sabía que en una o dos horas no seguiría con un embarazo que llevaba en su cuerpo desde hacía nueve semanas después de una violación múltiple.

Pero, a las 11 –inesperadamente– los médicos tuvieron que volver a llevarla a su habitación para que esperara. El juez Longás había suspendido, por 24 horas, la realización del aborto, a pesar de que el artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, no es punible. En la puerta del Hospital Penna un grupo de monjas pedía la suspensión del aborto que, para G.N.R, representa la ilusión de terminar con su última pesadilla.

G.N.R es un símbolo de una adolescentes alojada –por el Estado– para olvidarla, en vez de para ampararla. Ella tiene 18 años pero un desarrollo emocional de una nena de 10 y vive en el Patronato de la Infancia de Bahía Blanca. La joven fue violada –presuntamente por su hermano y otros dos hombres– durante una salida de fin de semana. Ella ya había contado que durante las visitas a su familia la manoseaban y, sin embargo, no fue escuchada ni protegida. El director del Patronato, Antonio López, y parte de su equipo técnico fueron despedidos después de la difusión de este caso.

Pero el desamparo de G.N.R. siguió. Hace tres semanas, la abogada María Fernanda Peterson, a cargo de la tutela de la joven, presentó una denuncia por violación y el pedido de interrupción del embarazo que finalmente se concretó ayer, tal como lo confirmó Petersen.

Aunque, en realidad, hay antecedentes que tendrían que haber permitido que G.N.R no entrara en el enredo mediático y judicial. El 31 de julio de 2006, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires autorizó la interrupción del embarazo de una adolescente –conocida como L.M.R, de 19 años, pero con una edad mental de una nena de ocho– violada y discapacitada. En la sentencia, la Corte bonaerense dictaminó: “La aplicación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, no requiere de autorización judicial” y “no corresponde expedir un mandato de prohibición a la práctica de interrupción del embarazo sobre la joven L.M.R”.

En ese fallo, la jueza Hilda Kogan, remarcó: “Nos encontramos nuevamente resolviendo un caso que nunca debió llegar a estas instancias. Cuando hay un ejercicio responsable de los derechos, la intervención indebida de los jueces no hace más que alentar la idea equivocada de que los agentes públicos tienen la potestad de tutelar las conciencias y las conductas privadas”. Después de ese caso testigo, el Ministerio de Salud bonaerense generó una norma de procedimientos que en el Hospital Penna estaban dispuestos a cumplir, hasta que llegó la marcha religiosa y el freno judicial.

Emma Villa, la canciller del Arzobispado de Bahía Blanca, cree que no alcanza con que el aborto de G.N.R sea legal para que ella tenga derecho a realizarlo. “Si la ley no responde al bien común es una ley inicua, dice santo Tomás; por lo tanto, el pueblo puede resistirse. El aborto es la matanza de un inocente. ¿Por qué no lo tiene y lo da en adopción? ¿Sabés los cientos de familias que están en lista de espera para adoptar a un chico?”, pregunta.

La psicoanalista Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito replica: “La oferta de adopción es una respuesta a las críticas que se hacen a la irresponsabilidad de la Iglesia de promover nacimientos destinados al abandono y el desamparo. O a la venta de bebés, tan frecuente en las instituciones de internación, y tan lucrativas. Evidentemente, nos tratan de convencer de que las violaciones de algunas hacen la felicidad de otros y que todo se compensa en este mundo, alabemos al Señor”. Y remarca: “Estos grupos se apoderan del embrión elevándolo a la categoría de niño, que aún no tiene, a expensas de la niña discapacitada a la que no toman en consideración, ni como violada, ni como gestante incapaz de hacerse cargo de la crianza. Seguro que no pagarían lo mismo por un huevo que por un pollo y que cuando van a un restaurante tienen bien claro que un omelette no es una gallina. Pero ignoran a la chica y su experiencia de haber sido cosificada por las violaciones y abusos”.

Debate en la Legislatura porteña

“El caso de Bahía Blanca demuestra que se buscan estrategias para no cumplir con los derechos de las mujeres inspirados en aspectos confesionales que no pueden ser de obligación universal y que están bien para el que tiene la religión, pero no para todo el mundo”, explica la filósofa y legisladora porteña Diana Maffía. Ella es autora de uno de los cuatro proyectos de ley propuestos para normativizar los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.

Si los casos de abortos legales ya están contemplados en el Código Penal, ¿por qué es necesario legislar nuevamente? “Hay que hacer operativa la ley y establecer una norma de procedimiento para la atención de abortos no punibles”, explica Maffía. El viernes 3 de octubre se abre en la Legislatura un debate público –que puede presenciar cualquier ciudadano– con la participación de expertos que se realizará cada quince días. Entre los invitados a estas reuniones públicas, estarán la médica Mariana Romero, la especialista en bioética Florencia Luna y el ex ministro de Salud Ginés González García.

miércoles, 1 de octubre de 2008

121 detenidos en la mayor operación contra la pornografía infantil desarrollada en España

Publicó El País de Madrid
1 de octubre de 2008

La lucha contra la pornografía infantil ha batido una nueva marca en España con la detención durante la última semana de septiembre de 121 personas por tenencia y distribución de material pedófilo en la Red. Según fuentes de la investigación se trata de la mayor operación realizada en España contra la pornografía infantil. Hasta 800 agentes de la Policía Nacional han participado en los arrestos y registros de hasta 210 domicilios en 42 provincias. En el marco de a operación se han imputado otras 96 personas y se han intervenido millones de archivos de vídeo y fotografías. Este material incautado revela, según ha informado la Policía Nacional, imágenes con agresiones a menores de "extrema dureza" y documentos elaborados por dos de los detenidos con imágenes de personas de su propio entorno familiar.

La macrooperación inició las detenciones el pasado 23 de septiembre y cerró el atestado ayer mismo, último día de septiembre. No obstante fue la Operación Carrusel de ámbito internacional (localizadas 18.000 conexiones de proveedores de 75 países) la que motivó que la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) centrase sus pesquisas en España a través de 1.600 conexiones P2P que intercambiaban archivos clasificados como preteen o pcth (pre-teen hard core).

Víctimas en la familia

Entre los detenidos en la operación, desde menores de edad has jubilados, se encuentren trabajadores de todos los ámbitos (pilotos comerciales, conserjes, taxistas, empleados de banca...). Dos de estos detenidos, además de manejar y distribuir el material pornográfico, producían sus propios vídeos utilizando a personas de su ámbito familiar como víctimas. Los 210 registros, en los que ha participado 200 secretarios judiciales, se han saldado con 347 discos duros, 1.186 CD's y DVD's, 36 ordenadores portátiles, 15 pendrive (memorias digitales), dos cámaras de fotos, dos cintas VHS y 7 tarjetas de almacenamiento.

La Policía Nacional ha calificado esta operación como la mayor realizada en España contra la pornografía infantil. Esto es, la operación con más detenidos y material incautado desde el nacimiento de la BIT en 1995, departamento que ha dado un impulso en el combate de estos delitos. Tanto es así, que UNICEF, agencia de la ONU destinada a la protección de la infancia, ha concedido a la BIT en 2008 el premio "Los niños primero" . Según los datos de la Policía Nacional, los 121 detenidos esta última semana se suman a los más de 1.200 arrestados por delitos similares de los últimos cinco años.

Esta macrooperación, desarrollada por agentes de la Policía Nacional, se da a conocer un día después de que la Guardia Civil interviniese más de 15.000 archivos de contenido pedófilo, detuviese a cuatro personas e imputase a otras tres en las provincias de Valencia, A Coruña, Madrid, Asturias, Barcelona y Murcia.



Con el rosario en lugar del Código

Publicó Página|12
1 de octubre de 2008

El hospital de Bahía Blanca estaba por interrumpir el embarazo de una chica con discapacidad mental y embarazada tras una violación. El caso no es punible, pero un juez hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó suspender la práctica por 48 horas.

Por Mariana Carbajal

Una vez más, ahora en Bahía Blanca, se obstaculiza la realización de un aborto no punible con la connivencia de un magistrado. El juez de Familia Jorge Eduardo Longas, conocido por su fervor religioso, hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó ayer suspender por 48 horas la práctica médica que estaba prevista por la mañana a una adolescente de 18 años, con discapacidad mental, abusada sexualmente en el seno de su familia, sobre cuyo caso informó PáginaI12 la semana anterior. En medio del drama que vive la joven, un grupo de monjas que trabajan en el Hospital Penna, donde está internada, hicieron una cadena de oración en la puerta del establecimiento. “El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana”, expresaron las religiosas al leer un comunicado del Arzobispado de Bahía Blanca encabezado por monseñor Guillermo José Garlatti. Anoche estaba previsto un acto de rechazo al aborto en la plaza Rivadavia, convocado desde la Catedral.

“Es un nuevo avasallamiento de corporaciones religiosas que impiden que este Estado que exigimos laico y sus funcionarios comprometidos por juramento público en hacer cumplir las leyes, garanticen los derechos de las mujeres como derechos humanos universales”, expresó con fuerte indignación Elsa Schvartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, al conocer la intervención judicial.

La práctica del aborto no punible a la joven ya estaba acordada en el Hospital Penna. La había solicitado la representante legal de la muchacha, la abogada María Fernanda Petersen, secretaria de la ONG Patronato de la Infancia de Bahía Blanca, donde la chica vivía desde hace varios años. Por la mañana, el director del Penna, Alberto Taranto, comunicó a la prensa local que se le habían realizado a la adolescente los estudios médicos previos correspondientes. Pero la llegada de la notificación judicial obligó a frenar la práctica. “Llegó una orden judicial firmada por el juez de Familia Jorge Eduardo Longas, en la que se nos indica que debemos suspender la práctica del aborto por 48 horas”, informó Taranto.

El médico desconocía qué entidad había presentado el recurso de amparo. Por la tarde, los profesionales del Penna, con cuyo Comité de Bioética habían consensuado el aborto, estuvieron reunidos para analizar qué pasos seguir. PáginaI12 no pudo comunicarse con ninguno de ellos, pero según trascendió estarían dispuestos a continuar adelante con la interrupción del embarazo. El artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, el aborto no es punible y sólo debe tener el consentimiento del representante legal de la víctima. Los dos requisitos se cumplen en este caso.

La historia conmueve a la ciudad de Bahía Banca desde hace varias semanas. La adolescente fue violada al ir a visitar a su familia durante un fin de semana. El embarazo, consecuencia de los abusos, ya lleva unas diez semanas. Después de conocerse el caso, el Patronato de la Infancia fue descabezado: se supo que la niña, cuya edad mental sería de unos diez años, había alertado a profesionales de la centenaria institución que sufría manoseos en su entorno familiar. Pero a pesar de su testimonio, la volvieron a mandar de visita. En los últimos días fue destituido su director, Antonio López, y parte del equipo técnico, entre ellos una asistente social y un psicólogo. Desde principios de septiembre, la muchacha dejó el Patronato para irse a la casa de la familia que el Tribunal de Menores Nº 2 designó como guarda provisoria.

La jovencita declaró días atrás en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de Eduardo Alberto Quirós, y señaló a tres personas de su entorno familiar como las autoras de los abusos. La denuncia la presentó la abogada Petersen en la Comisaría de la Mujer.

Desde que los médicos del Penna confirmaron que estaban dispuestos a respetar los derechos de la joven, al realizarle el aborto no punible sin pedir una autorización judicial, surgieron en Bahía Blanca expresiones contrarias a la interrupción del embarazo. “El aborto, por ser un crimen horrendo, jamás puede llegar a ser una solución”, aseveró el lunes el arzobispo de Bahía Blanca. Hasta un matrimonio se presentó en la Fiscalía, para postularse como adoptante del bebé de la víctima violada. La pareja fue derivada a la Justicia de Menores. El tema del aborto y el destino de la persona por nacer no son competencias del fiscal.

No es el primer caso en el que un pedido de aborto no punible se obstruye desde la Justicia. Hace pocas semanas ocurrió una situación similar en la ciudad de Mendoza. Y en otras provincias, se intentaron maniobras parecidas a lo largo de los últimos dos años. Por uno de esos casos, el de LMR, que sucedió en el conurbano bonaerense, la Argentina enfrenta una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU: en un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se presentó al organismo y que reveló en exclusiva PáginaI12, el Gobierno reconoce que al obstaculizar la Justicia el acceso al aborto no punible se violaron los derechos humanos de LMR, que tenía en ese momento 18 años y una edad mental de 10 y había sido violada por un tío, un caso casi calcado al de Bahía Blanca.