martes, 1 de diciembre de 2009

El asesinato de Javier Chocobar. 517 años después, el mismo genocidio

Publicó Agencia Rodolfo Walsh
15 de noviembre de 2009

Por ContraPunto

El pasado 12 de octubre, un indígena de Tucumán fue asesinado por tres personas que dijeron ser dueñas de las tierras donde se asienta la Comunidad Indígena de Chuschagasta; dos de esas personas, son ex policías.

La misma codicia, el mismo genocidio

Miembros de la Comunidad Indígena de Chuschagasta fueron las nuevas víctimas del sistemático avance de la justicia y los terratenientes contra los Pueblos Originarios de nuestra provincia. La agresión perpetrada el 12 de octubre pasado por Darío Amín y dos policías retirados, dejó como resultado un muerto y cuatro heridos. Pero también la movilización de todos los Pueblos, que exigen justicia por Javier Chocobar, el cese de las persecuciones y el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos. En la foto, se ve a Amín, apoyado en la camioneta de Gómez, con cámara de fotos en mano, instantes antes del asesinato.

El 12 de octubre de 2009, se asesinó a Don Javier Chocobar, de 68 años, y se hirió gravemente a otras cuatro personas, una de ellas (Andrés Mamani) en gravísimo estado. Todas integrantes de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, ubicada en el Chorro, Trancas. 517 años después, en la provincia de Tucumán se volvió a la misma codicia, el mismo genocidio de la conquista española.
Un día después, el noticiero de Canal 10 de Tucumán presentaba una nota policial, en donde se afirmaba que había ocurrido un “confuso enfrentamiento” en Trancas, entre “personas” y “lugareños”, con el saldo de una persona muerta y cuatro heridos. Como testimonio presentaban a un comisario que relataba el hecho, sin dar mayores precisiones.
Ese mismo día, en su sección policial, el diario La Gaceta titulaba escuetamente: “Un asesinato”, levantando la teoría de enfrentamiento, que aún sostienen al cubrir las alternativas del hecho, claramente político.

¿Defensa propia?
Tres personas de civil llegan armados a un lugar, alegan ser dueñas del lugar que ocupa la comunidad desde hace años, y al comenzar el diálogo, disparan armas de fuego a quemarropa contra personas indefensas no es un enfrentamiento, es un ataque, un homicidio.
Darío Amín se presentó en el lugar con dos secuaces, Jorge Valdivieso y Luis Gómez, éstos últimos ex policías dados de baja de la fuerza.
Los abogados defensores de los imputados declararon que ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", y que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron los tres imputados.
¿Cómo se considera una situación en la que tres personas llegan armados a un lugar, y, luego de una discusión, disparan armas de fuego contra otras? Resulta irrisorio, ingenuo, creer que esto fue un “encuentro”, o un “enfrentamiento”. Esto fue un ataque, un homicidio
Luego del hecho, se habrían secuestrado en el lugar una Pistola Taurus 40; una Pistola Ametralladora Beretta, una pistola calibre 32 y una cachiporra.

Parapoliciales a la sombra del “Malevo”
"Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en el Comando Atila”, denunciaron desde la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita, que nuclea a los Pueblos de Tucumán y de otras provincias del NOA.
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. Este conflicto viene desde 1960, y además de terratenientes como Amín, "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras", según el Cacique de Chuschagasta, Don Demetrio Valderrama.
Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que busca hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos y miembros de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras o venderlas a testaferros.
“Solamente con el reconocimiento de nuestros derechos no es suficiente. Exigimos al Gobierno que en forma inmediata, por intermedio de sus poderes, dentro de sus competencias, realicen todas las medidas necesarias concretas para asegurar las tierras tradicionales y en particular hagan las investigaciones del caso a fin que sean eficaces y transparentes, para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes los responsables”, sostienen desde la Comunidad.
La abogada querellante, Margarita Moreno relató que “esta causa tiene su historia, desde el año 2005. Se inicia el conflicto con un pedido de adjudicación porque esas tierras, gran parte, 3800 hectáreas, fueron expropiadas por el Gobierno para ser adjudicadas”.

ContraPunto

Para que la justicia no mire para otro lado
El 20 de octubre, las Comunidades Indígenas de Tucumán movilizaron por las calles de San Miguel de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar y para que se cumplan las leyes que los protegen. Tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno provincial, como el secretario de derechos humanos Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron el reclamo de justicia que sumó numerosas voces, como la del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
Asimismo en Buenos Aires hubo una movilización a la Casa de Tucumán, y una entrevista con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo titular, Daniel Fernández se comprometió a ser querellante en el caso.
En medio del dolor por el ataque y la pérdida de Chocobar, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita retoma fuerzas para conseguir justicia, y avanzar en el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios, 517 años después.

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa

redaccioncontrapunto@gmail.com

Senadora advirtió que sólo un 0,6% de los delitos graves son cometidos por menores

Publicó Parlamentario.com
27 de noviembre de 2009

Elena Corregido reivindicó el Régimen Penal Juvenil, considerando que “es una muy buena ley para niños sin oportunidades”. La norma fue aprobada en el Senado en su última sesión y pasó a Diputados.

Luego de la sanción en Senadores del proyecto sobre el Régimen Legal de Menores en conflicto con la ley, que espera su aprobación en la Cámara baja del Congreso nacional, la senadora Elena Corregido (Frente Chaco Merece Más) elogió la medida que favorecerá a “los niños” considerados así por la Convención de los Derechos del Niño, que establece que lo son, hasta los 18 años, no importa lo que digan las leyes”, según sostuvo.

Corregido destacó que “los menores que cometen delitos extremos o graves son sólo el 0,6 por ciento; el resto son infracciones llevadas a cabo por chicos menores de 18 años, pese a lo que muestra la televisión a o algunos periodistas”, enfatizó la senadora.

“Tenemos que revisar como sociedad qué nos pasa, que estigmatizamos a lo niños, que no los reconocemos como nuestros hijos y que rápidamente pedimos mano dura como si no tuviéramos, ninguna responsabilidad”, destacó la senadora chaqueña, para quien “estos chicos seguramente han padecido violencia familiar o toda clase de abusos en la calle, por eso el Estado tiene que repararlos y esta ley es una buena herramienta a través de la creación de lugares de contención generando un sentido de pertenencia que reestablezca vínculos sociales”.

“A partir de esta ley -dijo-, se saca al menor de los tutelajes y se los pone como sujetos de derecho. Ya no podrán estar en manos de la policía o ninguna fuerza de seguridad, sino bajo la órbita de un juez; tendrán derecho a defensa, a pedir disculpas, a reinsertarse en la sociedad y ser contenidos de todas las formas posibles”, sostuvo Corregido. al tiempo que agregó que para ello va a ser necesario una verdadera inversión de los Estados provinciales y locales en “estos lugares de contención de jóvenes”.

La senadora oficialista destacó que “cuando un menor tiene un arma, hay que ver quién fue el mayor que se la dio”. Agregó que “esta es una ley que protege a los chicos. La reclusión en centros especiales está muy limitada a casos gravísimos, en distintas categorías de edades”, en referencia a que la privación de la libertad de los menores de 18 años sólo será "la excepción y el último recurso". El proyecto establece que “se privilegiará la permanencia de los chicos dentro de su grupo familiar” y que “en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente”.

Ya en referencia a su provincia, el Chaco, Corregido opinó que “el gran acuerdo que hay que hacer en la provincia o en el país es ver cómo sacamos a la población de la pobreza, cómo implementamos obras necesarias para no pasar de las sequías más terribles a la inundación mas feroz”.

Pero la senadora oficialista agregó que “el diálogo no debe pasar por la distribución del poder a ver quien es el presidente de la Cámara. Hay que empezar a respetar la voluntad popular que se expresó en las urnas”. Lo que debieran debatir “todos los partidos políticos es cuál es el Chaco que queremos y cómo debemos trabajar para tener una sociedad más justa donde contemplemos los intereses de todos”.

“Los acuerdos hay que hacerlos en vista de lo que a la población le importa: cómo hacemos para que nuestra provincia produzca alimentos, para que los chicos vayan a la escuela, para que los docentes no hagan paro, para que haya ocupación plena, cómo hacemos para que la gente no se inunde”, sostuvo la legisladora asegurado que “de esa forma la sociedad los va a respetar y los va a apoyar y eso mismo va a engrandecer a los chaqueños”.

El kirchnerismo estaría dispuesto a sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil antes del 10 de diciembre

Publicó Parlamentario.com
26 de noviembre de 2009

Si hay consenso entre los sectores políticos en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad se convertiría en ley antes de 10 de diciembre, porque ya cuenta con sanción de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados había concluido con el periodo ordinario parlamentario 2009 con la sesión de este miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, la inseguridad y el alto índice delictivo que involucra en muchos casos a menores de edad impulsan la necesidad de las autoridades a dar señales a la sociedad, y obligarían a los diputados nacionales a continuar sesionando para debatir soluciones para combatir este flagelo social.

Si bien las sesiones fueron prorrogadas por la Presidenta hasta el 10 de diciembre, el Frente para la Victoria no tenía en sus planes realizar otra sesión ordinaria en Diputados. Pero se podría realizar una sesión más antes del recambio legislativo para debatir un nuevo régimen penal juvenil, según comentaron altas fuentes oficialistas a Parlamentario.com.

La idea de sesionar una vez más se promovió luego de que varios diputados oficialistas y aliados solicitaran al bloque FpV que convoque a una nueva reunión para sancionar el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual fue aprobado este miércoles 25 en el Senado.

Sin embargo, no todo es color de rosa porque en este tema el oficialismo no insistirá como en los que en verdad le importan al Poder Ejecutivo. Esta iniciativa de ley sobre inseguridad, “se aprobaría si hay un acuerdo entre los bloques para sancionar el proyecto sin modificaciones”.

Al ser consultados los bloques opositores, en principio estarían dispuestos a tratar este tema, aunque criticaron el límite de tiempo que pone el oficialismo, ya que sólo habría dos semanas para discutir el tema en las comisiones y luego aprobarlo en el recinto. Por lo tanto, sería muy difícil de lograr convertir en ley este proyecto que tanto reclama la sociedad.

Cabe recordar que el proyecto aprobado por los senadores establece sanciones para los menores que hayan cometido delitos, que van desde pedirles disculpas a los afectados hasta la privación de la libertad.

La senadora salteña Sonia Escudero, coautora de la norma, resaltó que los jóvenes entre 14 y 18 años de edad “tendrán ahora un tratamiento específico, distinto del de los adultos, que pone énfasis en su reinserción en la sociedad”.

En rigor, el texto aprobado es fruto del trabajo de más de cinco años de la salteña Escudero (Salta-bloque justicialista 8 de octubre), la mendocina María Cristina Perceval (PJ-FpV) y el senador radical Gerardo Morales (Jujuy), al que se le incorporaron aspectos de la iniciativa que tiempo atrás presentaron el ministro de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni y la académica de la UBA Lucila Larrandart en Diputados.

Escudero hizo hincapié en que “hoy los jóvenes están regidos por el decreto-ley 22.278 de 1980- cuya aplicación ha tenido como resultado la discriminación y privación de libertad de los niños y jóvenes pobres, e impunidad para aquellos provenientes de clases acomodadas”. Entre los aspectos introducidos por la nueva norma la legisladora destacó: la limitación de las penas; la incorporación de todas las garantías previstas en la Convención de los Derechos del Niño (especialmente el derecho de defensa, a ser oído, a contar con una defensa técnica); y la posibilidad de implementar medios alternativos de solución del proceso como la mediación penal, la conciliación, la suspensión del proceso, etc.

Prevé, además, la privación de libertad en centro especializado con carácter excepcional y como último recurso. En tal sentido, la legisladora citó las observaciones hechas por UNICEF en cuanto a que el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos en su conducta, contribuye a su desarraigo y a su “des-socialización”. “Con el sistema que tenemos vigente, lo que estamos haciendo es fabricar delincuentes”, sostuvo. El proyecto contempla, entonces, la privación de la libertad del menor cuando no pueda lograrse la corrección por otro medio.

La norma sancionada establece en su primer artículo la baja de imputabilidad, y recibió el rechazo tan solo de la riojana Teresita Quintela, para quien esa postura "retrotrae a tiempos de la dictadura" la discusión, convencida de que los niños "serán carne de cañón de las grandes bandas delictivas".

No obstante esas prevenciones, el proyecto recibió el apoyo general de los senadores, que establecieron así la responsabilidad de los chicos menores de entre 18 y 14 años que cometan delitos.

En ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.

Quedan exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito que se les impute no alcancen la edad de 14 años. Tampoco serán imputables quienes tengan 14 o 15 años de edad y hayan cometido delitos sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.

Quedan fuera de la responsabilidad penal quienes tengan 16 o 17 años y sean sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Se establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.

El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de 18 años infractoras a la ley penal es "la excepción y el último recurso", y establece que "se privilegiará la permanencia de la persona menor de 18 años dentro de su grupo familiar" y que "en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescentes".

Los menores serán encarcelados en un centro especializado cuando al momento de la comisión del delito tengan 14 o 15 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte o por delitos contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima superior a los cinco años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción no podrá exceder de tres años.

Cuando se trate de personas que al momento de la comisión del delito tengan 16 o 17 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte; o por delitos contra la integridad sexual y contra la libertad con pena mínima superior a los tres años de prisión o reclusión.

Asignación universal por hijo. Iguala derechos

Publicó Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
27 de noviembre de 2009

Por Martín Burgos*

La crisis que golpeó a Estados Unidos a fines de 2008 y se expandió por el mundo abrió nuevamente el debate sobre las políticas sociales necesarias para enfrentar los ciclos de recesión que sufre toda economía capitalista. En la Argentina, frente al nuevo aumento de la pobreza y la indigencia ligada al aumento de la desocupación y la inflación, se vienen debatiendo alternativas para enfrentar la cuestión social. Por ejemplo, varias organizaciones sociales venían impulsando un ingreso universal a la ciudadanía, que consiste en implementar un ingreso mínimo a cada uno de los habitantes de nuestro país, que se adiciona al sueldo y/o la ganancia que el mismo recibe en el mercado. El ingreso ciudadano se nutre de un análisis en el cual se muestra cierto pesimismo respecto de las capacidades del mercado de trabajo para asegurar el pleno empleo.

En ese debate, el gobierno nacional impuso su propia perspectiva con la implementación de la asignación de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, extensiva a todos los trabajadores que no estén cobrando actualmente las asignaciones familiares. La medida, tal como fue formulada, fue apoyada por las dos centrales sindicales, numerosos movimientos sociales y la gran mayoría del sector progresista del país. La perspectiva oficial parte de una visión optimista del mercado de trabajo, que ocupa un lugar central en el teorema del círculo virtuoso “mayor producción-mayor empleo-mayores salarios-mayor consumo-mayor producción...”. Su principal sustento radica en los resultados alcanzados luego de la crisis fenomenal de 2001-2002. En efecto, la veloz recuperación del mercado de trabajo hizo que la tasa de desempleo bajara del 21,5 por ciento en mayo de 2002 hasta 7,5 por ciento a fines de 2007, como muestra impactante de la fuerte creación de empleo generado durante ese período, asociado a una mejora salarial general.

Sin embargo, a pesar de la bonanza, los altos niveles de empleo no registrado no pudieron reducirse en la misma proporción: en diciembre de 2007, todavía 40 por ciento de los empleados no estaba registrado ante la seguridad social. La heterogeneidad de situaciones laborales incluidas como empleo no registrado –desde los contratos basura de importantes empresas transnacionales hasta los empleos casuales en microempresas– hacen difíciles las soluciones universales, aunque se han tomado algunas medidas específicas, como el blanqueo de personal doméstico. El llamado “empleo en negro” parece haberse instalado como parte intrínseca de la relación salarial del modelo, y sus causas deben buscarse en la correlación de fuerza existente entre el Estado, las empresas y los trabajadores. El empleo en negro, además de restarles recursos al Estado y reducir los costos empresarios, tiene como consecuencia desarticular los derechos de los trabajadores. En efecto, las conquistas sociales logradas en la Argentina durante el siglo XX se dieron en un marco de cuasi pleno empleo y un bajo nivel de empleo no registrado. Por eso muchos aportes están atados al recibo de sueldo (jubilación, aportes patronales) y se gestionan a través del sindicato (obra social).

Ante la dificultad para reducir el empleo en negro, la extensión de la asignación familiar a los que no la percibían hasta ahora, asociada a la posibilidad de jubilarse sin aportes, tiene por efecto generar una tendencia hacia la igualación de los derechos a la seguridad social del trabajador (ocupado o desocupado) inscriptos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la cual sólo gozaban hasta ahora los empleados en blanco. En esa perspectiva pragmática para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores en negro, aún debe instalarse en el debate público la necesidad de mejorar el acceso al servicio de salud que en la actualidad es fragmentado y desigual en cuanto a sus prestaciones. Al depender de la obra social sindical, que en muchos casos terceriza sus prestaciones o directamente deriva recursos económicos a empresas de medicina prepaga, se deja sin derecho a la salud a los trabajadores no registrados.

Aunque todas estas medidas son y serían un avance, en el sentido de que los trabajadores en negro pasarían a ser “trabajadores en gris”, nada puede ocultar que la llave para superar los problemas de pobreza estructural se encuentra en seguir avanzando hacia el pleno empleo y lograr un trabajo decente para todos. En ese sentido, la alternativa del Estado como empleador en última instancia, en la cual el Estado ofrece empleo a toda persona que lo demanda, sigue siendo una alternativa válida en el camino hacia el pleno empleo.

*Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.

Fuente: Página 12 - 23.11.2009

martes, 24 de noviembre de 2009

Para empezar, 2,7 millones de chicos

Publicó Página 12
24 de noviembre de 2009

El plan de cobertura para la niñez arranca con casi 2,7 millones de beneficiarios. El 49 por ciento no tenía hasta ahora ningún tipo de cobertura estatal. En promedio, serán 366 pesos por mes por familia. Impactará sobre la pobreza y la indigencia.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que 2.689.500 chicos cobrarán la nueva asignación por hijo a partir del 1º de diciembre. Ese es el número de corte para el primer mes de pago del subsidio, pero la cantidad de beneficiarios irá aumentando gradualmente a medida que las personas que reúnen los requisitos para cobrarlo se anoten –muchos primero deben tramitar el DNI– y el Estado vaya llegando a grupos que sufren condiciones más graves de exclusión. De acuerdo con estimaciones preliminares del Gobierno, el universo potencial de niños a asistir ronda los 5 millones. La medida provocará una caída significativa de los niveles de indigencia y ayudará a reducir los registros de pobreza por ingresos, según reveló un estudio de la consultora Equis.

La Presidenta presentó los primeros números del plan durante la firma de un convenio de cooperación entre la Nación y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, a fin de que la asignación llegue a esos distritos. Allí aclaró que hubo que hacer un corte –que fue de casi 2,7 millones de menores de 18 años– por una cuestión administrativa, ya que se requiere tiempo para emitir las tarjetas de débito que se entregarán a los padres o apoderados de los niños para cobrar el beneficio. “Pero obviamente habrá más chicos (en los meses siguientes) porque han seguido las inscripciones”, señaló. También puntualizó que “todos los bancos públicos y privados del sistema financiero nacional” tienen la obligación de participar de la red de pagos.

La Anses indicó que a partir de pasado mañana se publicará en su sitio en Internet (www.anses.gob.ar) el banco que corresponde a cada persona que cobra el subsidio. De los casi 2,7 millones de chicos que entran en la tanda de diciembre, el 49 por ciento –1.324.613– no recibían hasta el momento ningún tipo de asignación ni de cobertura social. Son niños que estaban marginados de cualquier ayuda estatal y ahora acceden a este derecho. El otro 51 por ciento está compuesto por un millón de menores que pertenecían al Plan Familias –cobraban 44 pesos por hijo– y 355.866 que estaban encuadrados en distintos planes del Ministerio de Trabajo.

Los porcentajes cambian cuando la distribución se mide por familias. En este caso, el 56 por ciento –802.000– no tenían ningún tipo de cobertura, mientras que el 44 por ciento restante –643.000– estaban contenidas en planes sociales. “El promedio de hijos por familia es de 1,86, con lo cual el promedio de ingresos por familia es de 366 pesos”, precisó Cristina. Más de 800 mil familias pasarán a tener nuevos ingresos, mientras que otras 643 mil verán un aumento en los subsidios. Esto tendrá impacto en los índices de pobreza e indigencia. Según la consultora Equis, del sociólogo Artemio López, la pobreza bajaría a la mitad y la indigencia caería a 3 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, sus estimaciones parten de cifras distintas a las del Indec, que prácticamente duplican las estadísticas oficiales.

La nueva asignación por hijo fue anunciada a fines de octubre. Desde ese momento hasta ayer, la Anses atendió en sus oficinas a 1.418.000 personas. El 9 de noviembre hubo un pico de visitas, de 139.364 personas, mientras que en la última semana se verificó un descenso de consultas, con 73.453 el día 20. La asignación es para un máximo de cinco hijos de personas desocupadas o que trabajan en negro y cobran menos del salario mínimo, y también para las empleadas domésticas. Monotributistas –salvo los del llamado monotributo social–, autónomos y beneficiarios de otros planes sociales quedan al margen.

La Presidenta destacó la participación de las provincias y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje político, ya que dijo que la presencia del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sirvió para demostrar que no hay una pelea entre ambos. “Para que vean que no estamos peleados”, lo saludó. El otro gobernador presente fue el santafesino Hermes Binner, mientras que por Entre Ríos estuvo el vicegobernador José Lauritto.

Cristina también desgranó las cifras de otro plan que lanzó el Gobierno hace sólo tres meses. Es el plan de empleo por cooperativas que se propone generar –en una primera etapa– 100 mil puestos en la provincia de Buenos Aires. En la primera semana de noviembre ya cobraron 7374 cooperativistas, en la primera semana de diciembre serán 19.064 y a lo largo del mes que viene se sumarán 61.438 trabajadores. Todos cobrarán con tarjeta del Banco Nación. “Hacen trabajos comunitarios como veredas, cordones cuneta y agua”, explicó la mandataria. “Si tomamos los tres meses desde que se lanzó el plan, este programa generó 900 puestos por día, considerando sábados y domingos”, destacó.

El primer juicio contra acusados de trata

Publicó Página 12
24 de noviembre de 2009

Las víctimas habían sido reclutadas mediante engaños y llevadas a un prostíbulo, de donde escaparon. Los cuatro acusados podrían recibir hasta quince años de prisión, según la ley aprobada el año pasado. El jueves comienza el segundo juicio, en Santa Fe.

Por Mariana Carbajal

Mañana comenzará en la localidad misionera de Eldorado el primer juicio oral y público en el país por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay y llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel. Podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece desaparecida.

La casualidad quiso que ambos procesos orales –el de Santa Fe será a puertas cerradas– tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La trata es una expresión de ese flagelo. Los dos casos muestran, de acuerdo con la investigación judicial, cómo operan las mafias que convierten a mujeres jóvenes, a veces, niñas, en esclavas sexuales: las reclutan bajo engaño, las “ablandan” violándolas, las amenazan con lastimar o herir a familiares y las introducen en un sistema de explotación por el cual siempre están en deuda con el proxeneta.


Los cuadernos

El juicio en Misiones estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas. Pero se llevará a cabo a 193 kilómetros de la capital provincial, en la localidad de Eldorado. Los magistrados así lo dispusieron para facilitar la concurrencia de los testigos. Uno de los imputados es Roque González, paraguayo. Está acusado de haber reclutado en Ciudad del Este a dos adolescentes de un barrio muy pobre de esa ciudad paraguaya. Les prometió, según ellas declararon luego, un trabajo como meseras en un bar. El sueldo con el que las tentó muestra claramente la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban: apenas 100 pesos la quincena. Tenían estudios primarios. La instrucción judicial estableció que González las ingresó ilegalmente a la Argentina, en balsa por el río Paraná a la altura de la localidad de Wanda, y allí se las entregó a Carlos Francisco Loureiro y a su pareja, Dora Beatriz Raballo, quienes las llevaron a un local nocturno del pueblo de Andresito, en el centro norte de la provincia, con habilitación municipal como bar pero que funcionaba como prostíbulo. El burdel, de acuerdo con la instrucción judicial, estaba regenteado por Noemí Helfiftaich.

A los pocos minutos de llegar al bar, el 27 de octubre de 2008, las dos adolescentes paraguayas se dieron cuenta de que no iban a servir las mesas sino a los “clientes-prostituyentes”. Un día después, se escaparon. Según contaron, gracias a la ayuda que les dio una pareja, pudieron tomar un micro con la idea de regresar a sus casas. Efectivos de Gendarmería detuvieron el vehículo para hacer un control de rutina, y ellas contaron cómo habían llegado allí: una de ellas no tenía documento. Hicieron la denuncia en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado. Y el 15 de noviembre de 2008 la Justicia ordenó un allanamiento en el burdel: encontraron otras cuatro menores de edad y dos jóvenes de 22 años, que también eran víctimas de la explotación sexual. Del local secuestraron “cuadernos precarios” que daban cuenta de que las mujeres no se quedaban con dinero de los “servicios sexuales” que ofrecían y que cobraban entre 30 y 50 pesos. Siempre estaban en deuda dado que tenían que pagar por la habitación, la comida, el agua y la limpieza del cabaret. “Todo está anotado”, confió a este diario una fuente cercana a la investigación. “Era el sistema para limitar su libertad ambulatoria. Las mujeres no estaban encerradas. Las dejaban salir pero si llegaban tarde les cobraban multas de 30 a 100 pesos. Siempre estaban debiendo dinero”, describió la fuente.

Los cuatro imputados están detenidos. González, Loureiro y Helfiftaich están imputados del delito de trata de menores de edad, que tiene penas que van de 10 a 15 años. A Raballo se la acusa de ser partícipe secundaria. La fiscal ante el Tribunal Oral es Vivian Barbosa. Igual que su par de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, cuentan con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.


Desaparecida

El jueves empezará el segundo proceso oral por trata de mujeres. El Tribunal Oral Criminal de Santa Fe dispuso que se haga a puertas cerradas porque involucra a una chica de 14 años, pero paradójicamente la adolescente, Carolina F., no declarará porque permanece desaparecida desde principios de este año, cuando se escapó de un hogar del gobierno provincial, la Casa de la Joven, adonde la Justicia había dispuesto su alojamiento. Su nombre y fotografía están en la página web de la organización Missing Children junto a otros “Chicos Perdidos”.

El juicio tiene como única imputada a Julia Núñez, acusada de reclutar a la adolescente en un barrio muy pobre de Coronda y a otra joven, de 19 años, en otro asentamiento del Gran Santa Fe. Núñez sería el primer eslabón de una red de trata que operaría con un prostíbulo de la localidad bonaerense de América, partido de Rivadavia, cerca de Trenque Lauquen.

La investigación se inició en la ciudad de Coronda, el 9 de enero de este año, con la denuncia de la madre de Carolina por búsqueda de paradero de su hija. Después la Justicia encontró indicios para establecer que Núñez se habría presentado en el barrio y la habría convencido para que entregara a la niña, entonces de 13 años, para trabajar como empleada doméstica, a cambio de 400 pesos. Después reclutó a la muchacha de 19 años en Recreo. Según su relato, Núñez la habría llevado a su casa en Santa Fe, donde habría sido violada por un hombre. En rueda de presos lo identificó: señaló a un preso de la cárcel de Las Flores, condenado por homicidio pero con salidas transitorias, a quien finalmente el juez federal Nº 2 Francisco Miño le dictó falta de mérito, aunque sigue siendo investigado. La violación sería parte de un ritual de “ablandamiento” de las víctimas. Luego, la joven habría sido entregada a Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien la habría llevado al cabaret de la localidad bonaerense de América. La muchacha contó que estuvo un día con Carolina en el local. Que a ella también la engañaron porque pensaba que iba a trabajar como empleada doméstica y que la amenazaron con atentar contra su hija de 2 años si no se prostituía.

La segunda joven llegó al burdel en momentos en que en Coronda se denunciaba públicamente la desaparición de Carolina. Por lo que Rojas habría decidido llevar a la niña de vuelta a Santa Fe. El 19 de febrero, Carolina se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Menores a cargo de Susana Giordano de Bilicich. No acusó a Rojas. La Justicia dispuso su alojamiento en la Casa de la Joven, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Santa Fe. De allí se escapó y desde entonces se desconoce su paradero. Rojas estuvo prófugo durante varios meses y recién fue detenido semanas atrás: por esa razón no llega al juicio en este primer proceso. Núñez podría ser condenada a entre 10 y 15 años de prisión, por ser una de las víctimas menor de edad.

lunes, 31 de agosto de 2009

Bajarán la mayoría de edad a 18 años

Publicó La Nación
28 de Agosto de 2009

Reforma legal / Avanza la modificación del Código Civil
El proyecto de ley del Congreso sería aprobado en pocas semanas; los jóvenes podrán comprar una propiedad y contraer matrimonio


Jaime Rosemberg

Dentro de pocas semanas, cumplir 18 años habilitará a los jóvenes de todo el país a viajar al exterior, casarse o firmar el contrato de alquiler de su primer departamento sin necesidad del permiso de sus padres.

Ese parece ser el camino irreversible del proyecto de ley, ya aprobado por el Senado en diciembre pasado, que modifica el Código Civil y establece la reducción de la mayoría de edad de los 21 años a los 18, y que ayer obtuvo consenso en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, que preside Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social-Capital).

El proyecto pone a tono la legislación nacional con la de países como Alemania, Canadá, España, el Reino Unido, Chile y Uruguay, y amplía las capacidades de los jóvenes de entre 18 y 20 años (hoy, casi dos millones, según el último censo nacional).

De acuerdo con el nuevo texto, serán consideradas menores de edad "las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años".

La posibilidad de contraer matrimonio, de comprar o alquilar una propiedad sin tener que demostrar que es producto de su trabajo ante un escribano y de obtener la patria potestad de sus hijos aun sin estar casado entre los 18 y los 21 años son algunas de las disposiciones de la norma.

Por ende, los jóvenes también seguirán habilitados para ir a la guerra o para tramitar el permiso para portar armas a partir de su cumpleaños número 18.

Los padres o tutores deberán, sin embargo, proveer la manutención de los hijos y su obra social hasta cumplir los 21 años.

Trámite

El proyecto, que nunca había sido tratado por la Cámara baja, quedará listo para ser aprobado en el recinto luego de salvadas algunas modificaciones formales, y podría ser aprobado en un rápido trámite en su obligado regreso al Senado.

De esto conversaron ayer Ibarra y su par de la comisión homónima del Senado, Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), quien ya dio el visto bueno para que el proyecto, presentado a fines de 2005 por el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), sea aprobado "antes de fines de año", según los cálculos de la diputada.

El proyecto se complementa con una iniciativa parlamentaria similar presentada por el diputado Emilio García Méndez (SI-Capital) y apoyada por todos los bloques.

"La Convención Internacional del Niño establece que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Con estas iniciativas se busca adaptar la legislación nacional a los tratados internacionales a los cuales adhieren la Argentina y los países del Mercosur", afirmó Ibarra a LA NACION.

"Hay jóvenes que necesitan la mayoría de edad para poner un negocio y otros muchachos necesitan la autorización de sus padres para que atiendan a sus hijos en un hospital público", explicó Giustiniani, para quien "es contradictorio que no tengan derecho a ese tipo de decisiones, cuando a los 18 años pueden votar a un presidente o marchar a la guerra, y que se mantenga esa limitación mientras se discute la reducción de la edad de imputabilidad penal".

A pesar del consenso alcanzado ayer, el camino del proyecto fue sinuoso. Presentado en 2005 en el Senado, fue aprobado a fines de ese año, pero Diputados no lo trató hasta que caducó, el año último. El Senado insistió y logró su aprobación en diciembre de 2008, y logró un consenso casi unánime: sólo el kirchnerista Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy) se opuso a su aprobación.

Ayer, en la comisión, también se alzaron voces discordantes, como la de Luis Cigogna (FPV-Buenos Aires), y el cuestionamiento se centró en discutir la "madurez" de un joven para tomar decisiones a los 18 años. No parece ser, precisamente, la posición dominante en el Congreso, por lo que el proyecto se encamina hacia su aprobación legislativa.
Los efectos

* Posibilidades . La nueva legislación permitirá a quienes hayan cumplido los 18 años casarse sin el consentimiento de sus padres, firmar un contrato de alquiler o comprar una propiedad, viajar al exterior sin necesidad de permisos, obtener la patria potestad de sus hijos y tramitar un permiso para portar armas. Todas estas facultades están reservadas, por ahora, para los mayores de 21 años.

* Imputabilidad . El proyecto de ley pronto a aprobarse no implica ningún cambio en el Código Penal, con lo cual la edad de imputabilidad no se modifica.

* Manutención . A pesar de los cambios, los padres o tutores deberán proveer la manutención de sus hijos hasta los 21 años, al igual que la cobertura médica.

* Pasos legislativos . El proyecto fue tratado en comisión en la Cámara de Diputados, donde se realizaron modificaciones después de la sanción en el Senado. Se prevé un nuevo tratamiento rápido en la Cámara alta, con las modificaciones, para luego tramitar su aprobación final en Diputados.

* Equilibrar con la región . Buena parte de los países del mundo fijan la mayoría de edad a los 18 años, salvo excepciones. Este proyecto de cambio había sido presentado en el Senado por el socialista Rubén Giustiniani, en 2005, y sólo este año pudo tratarse.

* Aggiornamiento . La Convención Internacional del Niño establece que se entiende como tal a todo ser humano menor de 18 años. Con estas iniciativas, según la opinión de los legisladores, se busca adaptar la legislación nacional a los tratados internacionales a los cuales adhieren la Argentina.

* Alcance . Este proyecto busca ampliar las capacidades de unos dos millones de jóvenes de entre 18 y 20 años que, por ahora, no pueden realizar muchas actividades cotidianas.

viernes, 21 de agosto de 2009

Advierten por malas condiciones de alojamiento en el instituto Caed

Publicó La Voz del Interior
14 de agosto de 2009

El Ejecutivo relativizó las críticas y aseguró que la Justicia aprobó el edificio.

Patricia Cravero
pcravero@lavozdelinterior.com.ar

Falta de espacio, celdas sin luz, insuficiente atención médica y malas condiciones higiénicas son algunas de los aspectos sobre los que advierte un informe elaborado por legisladores y docentes tras recorrer las instalaciones de un centro de menores de la ciudad de Córdoba.

Legisladores y profesores universitarios visitaron de manera sorpresiva el centro al que ingresan los menores apenas son sospechados de un delito, y aseguran que allí no se respetan los derechos y garantías que la normativa nacional e internacional prevé para los chicos en conflicto con la ley penal.

“Están alojados en condiciones que son totalmente contrarias a los derechos humanos básicos. No tienen espacios suficientes, las celdas no tienen luz, no se respeta la cantidad de horas dedicadas a educación o actividades recreativas”, señaló la abogada Marysel Segovia, una de las autoras del informe.

El Centro de Admisión, Evaluación y Derivación (Caed), ubicado en Bulevar Guzmán 1071, funciona como centro de admisión y alojamiento de niños varones de toda la provincia a los que se les adjudica haber cometido algún tipo de delito. Es el primer lugar a donde llegan los chicos, que luego son derivados a otros centros. Depende de la Secretaría de la Mujer, Niño, Adolescente y Familia de Córdoba (Munaf).

“Es un lugar inapropiado en términos de infraestructura. Vulnera derechos elementales”, señaló el legislador juecista Roberto Birri. Los autores del informe llaman la atención sobre el mal estado de los espacios y la falta de higiene. “Cada celda tiene un bidón de plástico abierto que se comparte entre sus dos o tres habitantes para hacer las necesidades fisiológicas fuera de los momentos en que les permiten salir para ir al baño”, alertan.

El informe también denuncia que los chicos no tienen actividades educativas y recreativas. Pasan la mayor parte del tiempo encerrados en las celdas, de dos metros por tres. Otro de los puntos sobre los que se llama la atención es la presencia de menores de 16 años, inimputables según la ley. “Hay chicos desde los 9 años”, dijo Segovia.

Respuesta. El informe fue relativizado por la Munaf. “El edificio está en uso, en condiciones de habitabilidad y en total funcionamiento”, dijo Delicia Bonetta, titular de la Dirección de Asuntos Legales. Es más, aseguró que el viernes pasado fue un grupo de asesores y jueces de Menores para constatar el cumplimiento de mejoras edilicias. Y expresó que los chicos sí tienen actividades recreativas y que se puede cuestionar las horas educativas porque es un lugar de tránsito.

Los adolescentes se fugan de sus hogares por amor, maltratos y abusos sexuales

Publicó La Voz del Interior
14 de agosto de 2009

Sólo en los cuatro juzgados de Menores en lo Prevencional que existen en la ciudad de Córdoba hay un total de 620 causas iniciadas por la "fuga" de un niño o adolescente, es decir, que faltó de su hogar y se desconoció su paradero. A ello se deben agregar las causas de la Justicia de Familia de chicos que son "secuestrados" por uno de sus padres o por un familiar que desaparece con el niño sin dar noticias.

Según el juez de Menores Jorge Luis Carranza, existe un gran abanico de razones por las que los chicos se fugan de su hogar. Cuando se trata de mayores de 14 años, en general son "chicas que se escapan con los novio debido a que sus padres se oponen a la relación".

Sin embargo, hay casos mucho más graves y complejos: el juez asegura que muchos de los niños y adolescentes que se ausentan de su casa es porque allí son víctimas de violencia familiar y hasta abusos sexuales. "Hay chicas escapadas que han sufrido un abuso familiar silenciado durante años", contó Carranza.

"A partir de la desaparición de un chico, se publica la foto en los diarios y en la tele, mandamos la información a Missing Children. Una vez encontrado, se trabaja desde otro lugar: qué pasó con los padres, hay equipos técnicos que hace entrevistas, diagnósticos, para saber qué le ha pasado a los chicos en particular", aseguró el juez.

Un plan para que discuta el Congreso

Publicó Página 12
16 de Agosto de 2009

La idea central consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ninguna cobertura. Se deberá discutir de dónde sacar los recursos para poner el plan en marcha.

Por Martín Piqué

El bloque oficialista en Diputados comenzará a estudiar esta semana los diversos proyectos de asignación universal por hijo. La iniciativa partió del jefe de la bancada K, Agustín Rossi, quien pretende acelerar la discusión de la propuesta en el Congreso. La idea central de la asignación consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ningún tipo de cobertura. El costo fiscal de semejante programa ascendería, en el caso de que el subsidio se fijara en 135 pesos, a 6900 millones de pesos al año. Esa cifra deberá añadirse al presupuesto ya asignado para los planes de Desarrollo Social que están en curso: 10.200 millones de pesos anuales. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro? Esa es la primera discusión que se debería dar en el Congreso”, advirtió la Presidenta.

La discusión sobre la asignación universal involucrará a tres comisiones del Parlamento. Se trata de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuya titular es la diputada Juliana Di Tullio; la de Trabajo, que encabeza el apoderado de la CGT Héctor Recalde; y la de Salud, que preside el diputado Sylvestre Begnis. Rossi ya se comunicó con los tres. Su intención es iniciar lo más pronto posible el debate parlamentario sobre la universalización. “Ya les pedí a los tres presidentes de las comisiones que se unifiquen todos los proyectos y que empecemos con el tratamiento del tema”, contó Rossi a Página/12. “Obviamente, el debate va a tener que incluir la cuestión presupuestaria. Si la asignación sale tanta plata, ¿cómo se conseguirán los recursos?”, se preguntó el diputado rosarino en diálogo con este diario.

Una vez que se pongan de acuerdo Di Tullio, Recalde y Begnis, el debate se trasladará al seno de las comisiones. En ese momento harán oír su voz los diputados de los bloques opositores. Antes de la elección del 28 de junio, los candidatos de la oposición propusieron implementar una asignación universal por hijo. La propuesta encontró unidos a Francisco de Narváez, Fernando “Pino” Solanas, Alfonso Prat Gay y Margarita Stolbizer. Los cuatro la juzgaron prioritaria y exigieron al Gobierno que la pusiera en marcha de forma urgente. Pero una iniciativa de esa magnitud necesitaría un fuerte desembolso de dinero. ¿De dónde extraer esos recursos? Algunos diputados ya esbozaron ideas. “Nuestra propuesta pasa por la eliminación de las exenciones a la renta financiera, lo que nos permitiría obtener una mayor recaudación del impuesto a las Ganancias”, planteó la diputada Silvia Augsburger, jefa del bloque socialista.

En el kirchnerismo también circulan algunas propuestas, como crear nuevos impuestos o reorientar lo que se recauda por gravámenes ya existentes. Claro que sumar unos 7000 millones de pesos al presupuesto vigente en materia social –los 10.200 millones– sería incompatible con un recorte abrupto del nivel actual de las retenciones. “Está todo atado. Vos no podés aumentar el gasto y bajar los ingresos. Si querés incorporar un número importante para el gasto social, tenés que ver de dónde lo sacás”, argumentó a Página/12 uno de los integrantes del bloque oficialista en la Cámara baja. En la Casa Rosada no son ajenos al debate que está circulando en torno de la asignación universal por hijo. En el bloque oficialista incluso no se descarta que el Gobierno, en los próximos días, termine presentando un proyecto propio en ese sentido.

El viernes, durante el lanzamiento del programa Ingreso Social con Trabajo, la mandataria reveló que de los 12.400.000 menores que viven en la Argentina, 2.860.713 niños y adolescentes no tienen ningún tipo de cobertura social. Sus padres no cobran el salario familiar previsto para los trabajadores en relación de dependencia. Tampoco reciben alguno de los variados planes sociales de Desarrollo Social, cuyo presupuesto anual supera los 10 mil millones de pesos. La propia CFK informó que casi la mitad de esos 2.860.713 menores excluidos de toda cobertura no tienen DNI, por lo que su inclusión resulta aún más compleja. “La primera discusión que tenemos que dar (en el Congreso) es saber qué masa de recursos vamos a necesitar, además de las ya asignadas”, aconsejó la Presidenta.

miércoles, 19 de agosto de 2009

Miles de chicos, al costado del camino

Publicó Diario Hoy
18 de agosto de 2009

"En el Gran La Plata hay más de 130.000 jóvenes de entre 15 y 25 años. Alrededor del 15% no trabaja ni estudia, lo que implica cerca de 20.000 jóvenes en esa situación. El porcentaje sube a alrededor del 20% para aquellos entre 18 y 20 años", indican desde el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Si extendemos el campo de estudio a la provincia de Buenos Aires, la cifra se multiplica varias veces. En noviembre del año pasado, según una estimación del entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un millón de chicos se encontraba en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a efectos de la exclusión y de la marginalidad, y 400.000 no estudiaban ni tenían trabajo.
Hoy, ese universo rondaría los 600.000 jóvenes de entre 14 y 20 años, de acuerdo a declaraciones de los curas villeros (no por casualidad hasta hace 20 años se los llamaba obreros) que trabajan en las zonas de San Isidro y Tigre.
La falta de políticas específicas para los jóvenes y la ineficacia de los circuitos de tratamiento fue reconocida en su momento por Arroyo, que admitió que las limitaciones presupuestarias repercutían en el funcionamiento del sistema, al punto tal que sólo uno de cada diez pesos que manejaba su cartera se destinaba a minoridad.
Este tema preocupa fundamentalmente a quienes trabajan en barrios pobres y en villas, sobre todo porque son cientos de miles de jóvenes que quedan expuestos a las mafias de la droga y el crimen.
Para Hilda González de Duhalde se corre el riesgo de ver a estos jóvenes como potenciales delincuentes. “Eso es muy peligroso. Y no es así. Desde ya que no es así. Lo que hay que dejar de hacer es ocuparse cuando ya tienen problemas. Hay que atender a la población en riesgo desde que nace, como hicimos en su momento”.

Un informe para que la prensa informe mejor

Publicó Página 12
18 de agosto de 2009

El estudio anual del Capítulo Infancia de Periodismo Social revela que el 65 por ciento de las notas en las que se escribe sobre adolescentes sospechosos de haber cometido un delito, se los menciona con términos peyorativos. Desde “menor” hasta “piraña”, nunca niño.

Por Carlos Rodríguez

Cuando los periodistas escriben sobre adolescentes sospechosos de haber participado en algún hecho delictivo, el 65 por ciento de las notas contiene términos peyorativos o discriminatorios, según un estudio realizado, a lo largo de 2008, por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, mediante la lectura de 120 mil noticias publicadas “en los 22 diarios más representativos del país”. El término “menor”, empleado a secas, casi como un estigma, sigue siendo “el término peyorativo más común”, aunque también se los presenta como “rateros”, “pibes chorros”, “hampones” o incluso como “pirañas”, si los acusan de cometer hechos sin mayor importancia atacando entre varios a una sola persona. En muchos casos se los condena de antemano, aunque una de cada cuatro de las noticias analizadas –el 25 por ciento del total– fue publicada sin citar fuente alguna. O, en el mejor de los casos, mencionando a “una alta fuente policial”. El informe, al que tuvo acceso Página/12, será presentado hoy, a las 9.30, en el Centro Cultural Rojas, con la presencia, entre otros, de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema.

En el informe, denominado “El encierro mediático”, se afirma que en la mayoría de los casos las noticias sobre chicos en problemas con la ley “se elaboraron con datos que no fueron contrapuestos con ninguna otra voz o que no dieron cuenta del origen de la información, con estadísticas que no surgen de ninguna investigación hecha en profundidad, con percepciones que se transformaron en titulares, que adquirieron el status de exactitud y que los diarios publicaron sin cuestionarlas ni contrastarlas”.

A partir de esas noticias se elabora un mensaje que afirma que “cada vez más chicos menores de edad cometen delitos”. Para justificar esos dichos, la mayoría apela a “números ‘reservados’, ‘extraoficiales’, testimonios de ‘altas fuentes policiales’ o ‘fuentes judiciales que pidieron reserva’, testimonios y sensaciones de vecinos y expertos”. Los diarios informaron varias veces, en 2008, que “los hechos cometidos por chicos crecieron significativamente”, algo que “no figura en ninguna estadística seria y rigurosa”, y que es “rebatida con números oficiales”.

La oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación, tomando como base datos de las fiscalías de menores de la ciudad de Buenos Aires, precisó que mientras que en 2007 hubo “3716 chicos acusados y condenados por delitos contra la propiedad, en 2008 ese número fue de 2715”. En ese marco, siempre con la Procuración como fuente, los delitos contra la integridad sexual protagonizados por chicos cayeron de 67 en 2007 a 55 en 2008, mientras que bajaron también, de 25 causas a nueve, las relacionadas con casos de homicidios simples.

Las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito ocuparon el 2,1 por ciento del total de las notas sobre infancia en los diarios monitoreados, cuatro veces más que la cifra (0,4 por ciento) alcanzada en 2007. Por primera vez desde 2004, cuando el Capítulo Infancia de Periodismo Social hizo su encuesta inaugural sobre “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, el tema de la Educación superó, con un 23,5 por ciento, a las notas sobre Violencia, en segundo lugar con un 22,2 por ciento.

En 2008, la agenda mediática estuvo dominada, gran parte del año, por el asesinato del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea, por el que se imputa a un adolescente, y por el debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. En ese marco, sostiene el informe, las tapas y páginas de los diarios dedicadas a hechos que involucran a chicos y chicas se completan con las mismas preguntas: “¿Qué hacer? ¿Qué penas aplicar? Casi siempre con las mismas respuestas: más castigo, más encierros”.

El debate hace foco “en el aspecto penal del problema y no en sus causas sociales”. Ese debate aporta “poco y nada” a buscar soluciones sobre la “real situación de esos chicos”, a tener en cuenta “los derechos y garantías que tienen los chicos para ser juzgados, en los aspectos preventivos del problema, ni en el destino de ellos”.

Entre los ejemplos de términos peyorativos o discriminatorios se mencionan tres ejemplos contundentes:

1 “Cordobecitos rateros atemorizan a víctima”. Así se habla, desde el título aparecido el 5 de marzo de 2008 en un diario de tirada nacional, sobre el caso de unos chicos imputados de robar en una casa en ausencia de sus ocupantes;

2 “Menores patoteros golpearon salvajemente a dos hermanos”. Título de un diario norteño, el 13 de abril de 2008, sobre chicos de entre 14 y 16 años que se pelearon con otros de su misma edad “aparentemente bajo los efectos de estupefacientes”;

3 “Ataque ‘piraña’ contra un gendarme: 8 jóvenes le dan una feroz paliza para robarle”. En este caso, publicado el 4 de abril de 2008 en un diario de tirada nacional, se dice que el calificativo de “pirañas” surge de la “jerga policial” y, aunque todo hace suponer que es un caso aislado, igual el medio se pregunta si se trata de “una nueva modalidad delictiva en el conurbano” bonaerense.

Sobre este punto, el informe dirigido a periodistas y editores de los medios afirma que “es importante para hablar de los adolescentes en conflicto con la ley evitar el uso de términos como ‘menores delincuentes’, ‘joven delincuente’, ‘precoces delincuentes’, ‘menor infractor’. Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento, y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales”.

Las expresiones más apropiadas, serían, por ejemplo, que son “adolescentes en conflicto con la ley penal”, “adolescentes que cometen delitos” o “adolescentes infractores”, ya que definen la situación en la que se encuentran en lugar de ‘demonizarlos’ o ‘marginarlos’ por su conducta”. También se cuestionan títulos como “Radiografía de los pibes chorros” o infografías en las cuales se muestra a chicos con cierta vestimenta que incluye gorras con visera y posturas que los incriminan sólo por su aspecto.

Los derechos del niño en el sube y baja

Publicó Diario Página 12
18 de agosto de 2009

Por Tomás Ojea Quintana *

Los senadores de la Nación dictaminaron un proyecto de ley en el que convergen dos reclamos sociales: por un lado, el reclamo de terminar con la ley de patronato de la infancia y crear un régimen penal juvenil acorde con la Convención de Derechos del Niño. Por otro lado, el reclamo de mayor seguridad mediante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

¿Por qué el pedido de bajar la imputabilidad fue acoplado al proyecto de creación de un régimen penal juvenil? Son exigencias absolutamente distintas. La creación de un sistema judicial juvenil es una obligación legal del Estado derivada de la Convención de los Derechos del Niño. La baja de la edad de imputabilidad no es de ningún modo una obligación del Estado; muy por el contrario, la obligación es no bajarla, porque compromete los derechos de los niños y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.

Si se bajara la edad de imputabilidad ya podría afirmarse legalmente que un chico de 14 años puede ser un delincuente. Y esto genera un cambio absoluto de paradigma en los numerosos actores que intervienen en el tema. En primer lugar, la sociedad argentina misma empezaría a cambiar la forma de tratar a los adolescentes, sobre todo los más pobres. Serían cada vez más sujetos peligrosos, y cada vez menos sujetos de derechos. Después, las fuerzas de seguridad cambiarían su mirada y su accionar, y comenzarían a tratar a chicos de 14 como sujetos de persecución penal y policial, valiéndose de la violencia estatal. Con esa nueva mirada policial, la vida de estos chicos en la calle será mucho más peligrosa. También los grandes medios de comunicación dejarían de dudar en llamar a un menor delincuente y tendrían vía libre para desplegar todo el morbo de que son capaces cuando ocurren hechos que involucran a adolescentes. Pero más grave que ello es que los propios chicos, frente a un Estado que les dice “ustedes pueden ser delincuentes, pueden ir a la cárcel, deberán soportar la fuerza de la policía”, se verán obligados a cambiar la idea que tienen sobre sí mismos y su futuro. Ahora tendrán enfrente cada vez menos un Estado protector, y cada vez más un Estado policial.

Además de esto, si se va a aplicar un régimen penal a un chico de 14 años, debemos recordar cómo funciona el régimen penal de adultos, porque los mismos problemas pueden repetirse: el derecho a defensa está totalmente deteriorado desde que las defensorías oficiales están colapsadas; las prisiones preventivas sin sentencia son extremadamente excesivas; es recurrente el maltrato policial y penitenciario; los alojamientos penitenciarios son crueles y degradantes; los jueces y fiscales desconocen la situación de vulnerabilidad.

Hay pocos consensos tan extendidos en nuestra sociedad como el que afirma que a mayor educación, menos delitos. ¿Por qué entonces los legisladores se proponen reforzar el sistema penal y bajar la edad de imputabilidad? Digamos las cosas por su nombre: el sistema penal reparte penas, no derechos sociales; como las arenas movedizas, más te movés ahí adentro, más te atrapa. Es de una ironía cruel que a 14 años de la reforma educativa, que dejó a más de la mitad de los jóvenes sin terminar la escuela, se decida hoy responsabilizar penalmente a las chicas y chicos que nacieron con ella.

* Red por los Derechos de los Jóvenes.

Informe Comite contra la tortura

6 de agosto de 2009

PRENSA

COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PRESENTACION DEL INFORME ANUAL 2009

Creciente número de detenidos y más violencia en cárceles y comisarías, aumento del número de suicidios en los institutos de menores y fuertes críticas a la política penal y de seguridad de la gestión Scioli son algunos de los datos y señalamientos del informe que será presentado el jueves 6 de agosto por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

El jueves 6 de agosto a las 18 el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, presentará públicamente su Informe anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos en ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales

Participarán del panel de presentación Leonardo Franco, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pilar Calveiro profesora-investigadora de la Universidad de Puebla, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura, y Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, co-presidentes de la Comisión por la Memoria. El acto se llevará a cabo el 6 de agosto a las 18 horas en el Colegio de Abogados de La Plata, calle 13 e/ 48 y 49 de La Plata.

En la presentación estarán presentes además, los restantes miembros del plenario de la Comisión: Laura Conte , Aldo Etchegoyen ,Víctor Mendibil, Elisa Carca, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun , Tito Cossa,

Daniel Goldman, Luis Lima, María Verónica Piccone, Carlos Sánchez Viamonte, Martha Pelloni, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimaci, Víctor De Gennaro y Alejandro Mosquera.

Antes de su presentación pública, una delegación de la Comisión se entrevistó en la tarde de hoy y entregó el informe al plenario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y , en representación del Poder Ejecutivo, al Ministro de Justicia Ricardo Casal.

El Sistema de la crueldad IV está estructurado en tres grandes partes: políticas penitenciarias y situación carcelaria; políticas de niñez y adolescencia y situación en los institutos de menores; políticas de seguridad y situación de comisarías. Un último capítulo se ocupa de hacer un balance sobre la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura. El diagnóstico, en todos los casos, se hizo desde el prisma de la corresponsabilidad de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éste es el cuarto informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención producido por el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.

“Nuestro balance sobre las políticas penitenciarias, penales y de niñez desplegadas por la gestión del gobernador Scioli, es muy crítico, aunque hemos tenido una convivencia institucional respetuosa. Creemos que fortalece la institucionalidad democrática de la provincia que existan mecanismos de control autónomos de los gobiernos de turno. En este sentido, la tarea que despliega la Comisión por la Memoria en los lugares de detención de la provincia se ajusta a los establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura”, afirmó Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la Comisión por la Memoria.

“Desde una perspectiva general uno de los hechos más preocupantes del año pasado es la aprobación de una reforma procesal penal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Los legisladores la votaron sin la menor preocupación por su impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario. Las consecuencias ya son evidentes, si sumamos población alojada en cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo”, señaló Hugo Cañon, que participará el jueves del panel de presentación del Informe.

En la introducción general del Informe 2009, uno de los párrafos más críticos está dedicado a las políticas de seguridad: “La gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. A contramano de una serie de cambios introducidos por la gestión del ex - ministro de Seguridad León Arslanián, que aspiraba al control político de la institución policial, la actual gestión ha retomado el camino de ceder el autogobierno a la propia policía. Se volvió a las lógicas de centralización del poder; se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial, formalizando el retorno a una estructura centralizada en comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador”.

A modo de síntesis

Los siguientes son algunos de los conceptos y datos más destacados desarrollados en el Informe 2009 del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.



Población carcelaria: a marzo de 2008 ascendía a 21.104 detenidos, cifra que creció a 24.180 para el mismo mes de 2009. En comisarías creció de 2.782 detenidos en diciembre de 2007 a 4.142 personas en marzo de 2009. En total, la provincia tenía a marzo de este año 28.322 personas detenidas.

Más mujeres detenidas: la población femenina de las unidades carcelarias de la provincia ha crecido en el último año: mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el 2008 representan el 4,1% del total de detenidos. Ese crecimiento se explica en buena medida por el aumento significativo del porcentaje de mujeres detenidas y acusadas de tenencia simple de estupefacientes.

Muertes: durante el año 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10 % con relación al 2007, en que murieron 101 personas. Siguiendo la clasificación del Servicio Penitenciario, las muertes traumáticas (producto de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41% del total. En 31 establecimientos fallecieron personas que estaban al cuidado del Estado. La U.1 de Olmos fue donde murieron la mayor cantidad de personas: 15. Las muertes no traumáticas representan el 57 % del total. Muchas son evitables y tienen origen en enfermedades que de tratarse de manera adecuada pueden curarse (casos de pacientes con VIH y TBC).

Hechos violentos: de acuerdo a los informes remitidos por el propio Poder Judicial, ascienden a 7.027 en el transcurso del año 2008, esto es más de 585 hechos mensuales. Estos hechos se agrupan conforme la propia clasificación efectuada por el SPB: pelea entre varios internos, pelea entre dos internos, agresión entre internos, autolesión, accidente, agresión al personal, amenaza al personal e intento de suicidio.

Represión con balas de goma: los hechos de represión dentro de las cárceles se han constituido en la herramienta preponderante para resolver las situaciones conflictivas que se generan. Aunque el personal penitenciario, por la Ley de Ejecución Penal, tiene limitado el uso de armas, la represión con balas de goma ha sido utilizada al menos en 1.487 oportunidades durante 2008, o sea alrededor de 123 hechos por mes.

Gobernabilidad carcelaria: asume en las cárceles provinciales distintos diseños de parte del Servicio Penitenciario Provincial. En este informe se discriminan y analizan dos: a) unidades donde se delega el gobierno en los detenidos; y b) unidades donde no se delega ningún espacio de gobierno. Un ejemplo del primer diseño lo constituye la Unidad 1 de Olmos, donde la tercerización de cierto ejercicio de la fuerza, violencia y sometimiento se hace evidente al revisar un solo dato: en una de las inspecciones realizadas por este comité, se constató que había un total de aproximadamente 23 penitenciarios por turno como guardianes de casi 1.800 presos. Esta cifra demuestra la obvia delegación de la organización interna de los pabellones y la zona liberada para la gestión de sistemas endógenos de dominación y sometimiento. Un ejemplo de la segunda forma de gobernabilidad –allí donde el SPB no delega el control- es la Unidad 30 de Alvear, que aloja a 1.600 detenidos (casi tantos como Olmos). Allí la autoridad penitenciaria demarca constantemente la lógica de la máxima seguridad y el aislamiento, con circulación mínima dentro del penal. Los detenidos pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas (22 horas promedio). La circulación y las actividades son escasas, muy controladas y organizadas; las requisas y cacheos son sistemáticos. Ambos diseños de gobernabilidad son extremadamente violentos: mientras la U.1 de Olmos registra la mayor cantidad de muertes, la U.30 registra el mayor índice de torturas, malos tratos y hechos de violencia.

La tortura y los tratos crueles e inhumanos: el Estado provincial no ha construido políticas que se orienten expresa y sistemáticamente a prevenir, sancionar o identificar los hechos de tortura que se ejecutan en las cárceles provinciales. La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles provinciales. El Comité contra la Tortura presentó, durante el año 2008, 761 hábeas corpus individuales que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estos hechos constituyen tortura.


Agresiones físicas: de un total de 266 encuestas realizadas en 5 unidades penales de la provincia, el 72 % de los detenidos reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más jóvenes y los primarios son porcentualmente más agredidos que los mayores y los reiterantes. El 25 % de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones por parte del personal penitenciario durante el año 2008. Si se analizan los datos por unidad, el porcentaje es especialmente alto en la Unidad 29 de Melchor Romero, donde el 60% de las detenidas entrevistadas reconoce haber sido agredida físicamente por el personal penitenciario. Las agresiones físicas a las detenidas son producidas tanto por personal penitenciario femenino como masculino. En las unidades penales destinadas a alojar mujeres está designado personal masculino que, aunque formalmente no debería mantener contacto directo con las detenidas, interviene ante situaciones de conflicto y en los traslados.



Picana eléctrica: durante el año 2008 se probó judicialmente un nuevo caso de pasaje de corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, debemos señalar una agilización de los dispositivos institucionales tendientes a obtener la prueba. La creación, en el ámbito de la Procuración General, de la Dirección de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, a cargo de la Dra. Virginia Creimer, fue una saludable decisión de la procuradora María del Carmen Falbo. Esta celeridad en la primera etapa de las investigaciones no tiene su correlato en lo que sucede luego: las causas avanzan morosamente y en general no permiten individualizar a los torturadores. El primer caso de pasaje de corriente eléctrica probado en democracia, el de Cristian López Toledo -tres años y medio después de ocurrido- se encuentra prácticamente sin movimiento en la U.F.I. 7 de La Plata. En el segundo caso, el de Julio Esteban Ortiz, tampoco fue posible identificar a los perpetradores.
El aislamiento: el aislamiento en los buzones de las cárceles provinciales constituye una de las formas más extendidas de tortura y crueldad sobre los detenidos. Esta medida se cumple en los llamados pabellones de separación del área de convivencia. Es allí donde se registra mayor violencia física (golpizas), además del padecimiento psicológico por el aislamiento y las condiciones de detención. El encierro es en celdas de 2 x 1,5 metros, con doble puerta, durante 23 ó 24 horas al día, muchas veces sin agua potable, con sanitarios que no funcionan, falta de luz, de calefacción, y sin acceso a patio, escuela o trabajo.

Los traslados: el régimen de traslados de detenidos, o calesita, es una medida de de castigo y disciplinamiento desplegada por el Servicio Penitenciario sin control del Poder Judicial. Desde enero a noviembre de 2008 se hicieron efectivos un total de 47.709 traslados. Para citar sólo un ejemplo: sobre una encuesta realizada a 30 detenidos de 5 pabellones diferentes, el día 4 de noviembre de 2008, en la U.17 de Urdampilleta, surgió que el 93% de los detenidos entrevistados había sido trasladado en el último año y que el 54,2% fue trasladado más de 6 veces en ese período. Los traslados permanentes y sistemáticos afectan la vinculación familiar, el acceso a la educación, la justicia y la salud de las personas privadas de libertad. Además, los móviles de traslado no están preparados para alojar mujeres y se encuentran bajo la custodia de personal de seguridad masculino.
Prisión preventiva: un dato relevante es el alto porcentaje de mujeres detenidas con prisión preventiva: un 85 %, un porcentaje aun mayor que el de los hombres (76%). En el caso de las mujeres el uso excesivo de la prisión preventiva produce un fuerte impacto negativo sobre su núcleo familiar: problemas vinculados al acceso a la salud y la educación de los niños que conviven con su madre en prisión, institucionalización de los restantes hijos al momento de la detención, ruptura de los vínculos familiares a partir de los traslados de las detenidas por distintas unidades penales.

Mujeres en prisión con sus hijos: la U.33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos aloja a la mayoría de las mujeres detenidas embarazadas y de las detenidas que conviven con sus hijos en prisión. Mientras que en julio de 2008 había allí 71 niños y 23 mujeres se encontraban embarazadas, en abril de 2009 el número aumentó a 82 niños y 25 mujeres embarazadas. Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones. Excepto en la U.33, no existen pabellones destinados exclusivamente para esta población. A partir del amparo colectivo presentado por este Comité a favor de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres (mayo 2007), se han notado avances en las políticas publicas tendientes a garantizar el acceso a la educación. El Ministerio de Desarrollo Social no ha implementado políticas públicas que establezcan el modo en que debe realizarse las salidas extramuros, el régimen de visitas o vinculación de los niños que residen en prisión con su familiares u otras instituciones. Situación que permiten acciones arbitrarias e ilegales por parte del Servicio Penitenciario que disponen el modo en que se realiza la externación de un niño una vez cumplido los 4 años de edad

Políticas de salud: el presupuesto para el área no se independiza, no crecen los recursos disponibles ni se extienden las funciones del personal de salud. De este modo, la reestructuración que impulsara el Ministerio de Justicia a través del decreto 950/05 se convierte en una disputa alrededor de la distribución de recursos y su gestión. Las consecuencias son detenidos que no se tratan, no disponen de medicamentos ni de traslados a hospitales, y mueren por enfermedades evitables.

Historias clínicas: los registros en la historia clínica son incompletos y no dan cuenta de las denuncias por apremios, golpes o torturas. Por el contrario, en general los certificados médicos se limitan a una serie de señalamientos de síntomas hechos en lenguaje técnico biológico, sin hacer lugar a la palabra del detenido ni señalar las marcas en sus cuerpos. El sistema sanitario gestiona cuerpos de forma tal que la violencia ejercida es invisibilizada o considerada como natural. Al no haber un sistema de examen diagnóstico del estado de salud general de los detenidos ni un seguimiento de los casos, el detenido llega al médico cuando la gravedad desborda o cuando el problema se cronificó. La mayoría de las unidades penitenciarias cuentan con médicos de guardia con una carga horaria de 25 horas, desempeñada una vez por semana. En su mayoría, no recorren pabellones ni el sector de separación (buzones) para relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal de seguridad. El sistema de atención de la salud está inserto en la lógica de violencia carcelaria, y la seguridad y disciplinamiento prevalecen sobre el derecho a la salud.

El subregistro de los casos de SIDA: en enero de 2009 el número estimado de personas con VI H-SIDA sería de 483 (2.06%). Es decir que la cantidad actual de detenidos con VIH-SIDA rondaría el 2% de la población general penitenciaria, un porcentaje que sorprende cuando se lo contrasta con los porcentajes en cárceles de países centrales. Por citar sólo un caso: el promedio español es de un 18 % de detenidos con VIH-SIDA.

Muertes por SIDA: según estadísticas oficiales, el 19% de la cantidad total de los fallecidos en el año 2008 en las cárceles de la provincia, lo fue por consecuencia del VIH-SIDA. Asimismo, representan el 35 % de las muertes por causa natural. Los datos presentan un subregistro importante, ya que el diagnostico de defunción indica paro cardiorrespiratorio no traumático. Por lo cual hay que agregarle la certeza de que en el restante porcentaje de muertes por causa natural habrá más personas fallecidas por esta causa.

Violencia institucional e investigación judicial: la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad dentro de los lugares de encierro (cárceles, comisarías e institutos de menores) y en ocasión de intervenciones policiales en la vía pública (averiguaciones de antecedentes, detenciones, represión de manifestaciones, etc.) es denunciada, en algunos casos, ante la justicia penal. Estos hechos pocas veces son investigados en profundidad y casi nunca llegan a obtener una sentencia en el sistema judicial provincial. La base de datos construida en el Comité contra la Tortura incluye once mil expedientes con denuncias contra fuerzas de seguridad. Para el periodo 2000-2008, el 60% de las causas se registra en trámite mientras que el 37% se reporta el archivo. Sólo el 1% de las causas fue elevado a juicio, en tanto que en el 2% restante se ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la incompetencia. Esta enorme brecha habla claramente de las dificultades que un ciudadano tiene para acusar y lograr una sanción para los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen delitos. Esta comprobación es en sí misma un llamado de atención para impulsar políticas judiciales orientadas a modificar la situación.

La calificación de las causas: el 77% de las causas judiciales contra personal de las fuerzas de seguridad en el territorio provincial se origina en denuncias por apremios ilegales. Siguen en orden decreciente las denuncias por lesiones (3%) y amenazas (3%) y, luego, las privaciones ilegales de la libertad (2%). Un dato a subrayar es entonces la forma en que se califican los expedientes: la gran mayoría es tipificada como apremios ilegales y existen en cambio poquísimos casos caratulados como tortura. Los apremios ilegales prevén una pena de 1 a 5 años y son por tanto excarcelables. La tortura prevé penas de 8 a 25 años que no permiten la excarcelación del imputado. Del total de causas registradas sólo 8 son calificadas como torturas.

Violencia institucional, distribución por fuerzas y departamento judicial: en el año 2008 se registran 877 denuncias judiciales. La policía provincial tiene 321 denuncias (58%); el SPB tiene 216 denuncias (39%), en tanto que el 3% restante (14) son denuncias contra otras fuerzas de seguridad. En el año 2008, los departamentos judiciales que reúnen el 85% del total de las denuncias son La Plata (16%), Mar del Plata (16%), San Martín (15%), Morón (14%), La Matanza (8%), Dolores (7%), Quilmes (6%) y Azul (5%).

Muertes e investigación judicial: un relevamiento realizado en el Departamento Judicial de La Plata permite analizar cómo los fiscales investigan las muertes acontecidas en las cárceles. El Complejo Carcelario de La Plata y Magdalena comprende 16 unidades. En ellas acontecieron 52 casos, esto es el 46 % del total de 112 muertes. De la totalidad de estas muertes, se inició causa judicial en 37 de ellas. En 15 casos (el 29 %), directamente no se formó investigación penal preparatoria. Los informes médicos que llegan a las fiscalías adjudicando la muerte a causas naturales son elemento suficiente para convencer al fiscal de que no hay delito ni responsabilidad penal de ningún funcionario público. En ninguno de los casos de muertes clasificadas como traumáticas (suicidios, peleas o heridas de arma blanca) se investigó el desempeño del personal penitenciario por acción u omisión en su ocurrencia.

Las sentencias de hábeas corpus: de la lectura de 207 resoluciones judiciales derivadas de las presentaciones de hábeas corpus efectuadas por el Comité Contra la Tortura, es posible llegar a algunas conclusiones significativas. En 123 sentencias (59,42% del total) los jueces para resolver sólo se basaron en lo informado por el Servicio Penitenciario. Resulta que quienes son denunciados son los que aportan la información determinante para resolver la denuncia presentada. A esto debe agregarse el alto porcentaje de casos en los cuales ni siquiera se mantiene audiencia con el destinatario de la acción, requisito establecido en el artículo 412 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Naturalización de las condiciones de detención: asimismo se desprende de los fallos judiciales que no obstante denunciarse una serie de actos lesivos vinculados a régimen de vida o condiciones de detención, muchas veces no son abordados ni evaluados en las sentencias. Esto parece responder a la banalización por parte de los operadores judiciales de ciertas condiciones de detención, que por extendidas han pasado a ser consideradas normales, pero que en términos legales constituyen un claro agravamiento de las condiciones de detención.

Inversión por detenido: calculada la población carcelaria en 24.400 detenidos (cifra oficial de marzo de 2009), esto significa que por todo concepto el Estado provincial invierte $ 48.549 anuales en cada detenido, esto es $ 4.045 mensuales. Este monto contrasta con las pobres condiciones materiales que se relevan cotidianamente en los penales provinciales y la carencia de elementos de higiene, medicamentos, alimentos. El Ministerio de Justicia no impulsó tareas de auditoría independientes ni jerarquizó debidamente al cuerpo de funcionarios que tenían por misión realizar controles sobre las entregas de proveedores en las distintas unidades.

Investigación judicial y denuncias de corrupción: las causas de corrupción que pudieron relevarse y se encuentran en etapa de investigación judicial no han avanzado: no hay imputados, no se adoptaron nuevas medidas o diligencias judiciales, no existieron sanciones administrativas. Son causas que investigan pago de sobreprecios de insumos alimentarios, irregularidades en la compra de insumos y en el manejo de caja chica, medicamentos y horas extras.

Implementación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. La ausencia de decisión política y la falta de presupuesto para su implementación frustraron el espíritu de ambas normas, que proponían un abordaje integral en términos de derechos para los niños y jóvenes. No se crearon los dispositivos preventivos, asistenciales y de contención contemplados por la ley, no se modificaron las condiciones indignas de alojamiento y tratamiento en institutos y centros de recepción, y tampoco se lograron bajar los niveles de institucionalización de niños y adolescentes. En síntesis, en la provincia de Buenos Aires, al no destinarse los fondos indispensables, los mecanismos previos y complementarios del sistema de responsabilidad penal juvenil aún no funcionan.

Violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar aproximadamente 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción, aunque la población con causas penales es mayor.

Muertes de jóvenes en institutos provinciales: fallecieron cuatro jóvenes por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en sucesivas inspecciones a los lugares de detención de jóvenes un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones. Éstas no constituyen casos aislados sino una posibilidad latente en estas macro-instituciones de encierro que carecen de actividades y no ofrecen la posibilidad de trabajar con los jóvenes la dimensión de lo sucedido, el delito que cometieron y mucho menos la elaboración de un proyecto de vida. Este sistema, que se repite en la mayoría de las instituciones inspeccionadas, no se aplica del mismo modo en dos de los centros de recepción de la provincia de Buenos Aires: el de Mar del Plata y el de Malvinas Argentinas. Excepto en las dos instituciones mencionadas, que aún están experimentando la nueva dinámica (con las dificultades que provocan los aumentos constantes de la población, el hacinamiento y la falta de recursos genuinos), el resto continúa con regímenes arcaicos que poco se diferencian de los mecanismos carcelarios que privilegian premios y castigos y no derechos y deberes.

Acceso a la educación: en algunos centros constatamos que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes: el Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del Ministerio Público, en virtud de lo establecido en acordada 2825. Durante el año 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total de denuncias, 74 corresponden a comisarías (94%) y 5 a instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (6%). Las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Menores de edad en comisarías: la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

Comisarías: al mes de diciembre de 2007, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendía a 2.782. En marzo de 2009 ascendía a 4.142 personas; es decir, 1.460 detenidos más. Las condiciones de alojamiento en las dependencias policiales continúan siendo gravosas. Al pésimo estado edilicio de los calabozos se suma la deficiente y muchas veces inexistente atención médica, la escasa provisión de comida, la imposibilidad de acceder al teléfono, la falta de colchones ignífugos y de frazadas, todo esto agravado al extremo en los casos en que hay sobrepoblación. Existen comisarías que tienen hace años órdenes de clausura y otras sobre las que pesan medidas cautelares, sin que por ello se proceda a ponerlas en condiciones y/o a cumplir medidas judiciales de antigua data. Esto es particularmente grave en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y Quilmes, con sentencias judiciales que se incumplen sin consecuencia alguna, responsabilidades que se diluyen y personas que permanecen detenidas en condiciones aberrantes

Reforma del estatuto policial: se sancionó un proyecto de ley que modifica el estatuto policial, formalizando la vuelta a una estructura centralizada en comisarios y regresando a la vieja estructura que se ganara el mote de maldita policía. Además de re-centralizar el mando en cabeza de un jefe policial, este nuevo proyecto desalienta la profesionalización de la fuerza y suprime el requisito de poseer título universitario para acceder a los cargos de mayor jerarquía. También modifica el sistema de ascensos de manera substancial, rompiendo el esquema de ascensos por merito y formación y retorna al ascenso por tiempo y selección, que permite mayor discrecionalidad en las decisiones fomentando los nombramientos a dedo.

Prácticas policiales, la detención por averiguación de identidad: si bien los cambios producidos en la normativa que regula las facultades y accionar de la policía de la provincia modificaron substancialmente el objetivo central de la antigua averiguación de antecedentes por uno nuevo y específico -la averiguación de identidad- han dejado en su redacción un margen amplio de discrecionalidad. Esto, sumado a la vaguedad de la previsión legal y a la ausencia de control judicial sobre dichas prácticas, permite que sea el arbitrario sentido común policial el que determine cuándo pueden ser vulnerados los derechos constitucionales a la libre circulación y a no ser detenido sin orden de autoridad judicial.

Detener más no significa detectar más delitos: en las entrevistas mantenidas con los titulares de las dependencias policiales del casco urbano de la ciudad de La Plata, la detención por averiguación de identidad fue caracterizada como una efectiva herramienta de prevención de delitos. El Estado provincial no realiza análisis ni estudios de los resultados que arroja su utilización. De los datos obtenidos a través de las actas analizadas por el Comité Contra la Tortura, surge que los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. De un total de 658 detenciones, sólo en dos casos (0,30%) se iniciaron actuaciones por delitos tipificados en el código penal. Estos datos nos permiten poner en tensión tanto la eficacia de la aplicación de la detención por averiguación de antecedentes en la prevención y represión del delito, como el denominado sentido común u olfato policial, a la vez que reafirmar que la defensa de estas prácticas discrecionales de la policía tiene su raíz en criterios estigmatizantes y la utilidad como herramienta de extorsión en el marco de la actividad recaudatoria de la institución policial.

La implementación del Protocolo Facultativo en la Lucha contra la Tortura: Argentina ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que cuenta con jerarquía constitucional. Esta ratificación implica el compromiso de los Estados nacional y provinciales de crear un mecanismo nacional de control de lugares de detención, a fin de prevenir la tortura. Estos mecanismos tienen por fin realizar visitas regulares y periódicas de monitoreo a lugares de detención, visitas que deben ser realizadas por órganos de expertos que cuenten con independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Ejecutivo. Nuestro país está en mora en la implementación de estos mecanismos de control, a pesar de diferentes proyectos (uno elaborado por más de veinte organismos de derechos humanos) que se encuentran tramitando en el Congreso nacional. Por otro lado, el Gobierno nacional ha propuesto para la Procuración Penitenciaria nacional (organismo de control de cárceles federales) a una candidata que no cuenta con independencia para dicho cargo y que además ha negado la existencia de la tortura en los penales federales. Ambos aspectos marcan un retroceso en la prevención y lucha contra la tortura en nuestro país.

Miembros:

Adolfo Perez Esquivel, Hugo Cañón , Laura Conte , Aldo Etchegoyen ,Víctor Mendibil, Elisa Carca , Elizabeth Rivas , Mauricio Tenembaun , Tito Cossa,

Daniel Goldman, Luis Lima, María Verónica Piccone, Carlos Sanchez Viamonte, Martha Pelloni, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimaci,

Víctor De Gennaro, Alejandro Mosquera

Consultor Académico: Leopoldo Schiffrin

PARA AMPLIAR.

HUGO CAÑON : (011) 1544901212

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: (011) 15 5853 8829

ROBERTO CIPRIANO : (0221) 15 601 7695

ANA CACOPARDO : (011) 15 5736 7109

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

lunes, 10 de agosto de 2009

Menores en el delito: ¿el otro día del niño?

Publicó Diario Hoy
10 de agosto de 2009


Al cumplirse un año del nuevo sistema del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a un relevamiento estadístico de las tres fiscalías que funcionan en La Plata. Se iniciaron más de 2.600 causas, en un 9% fueron protagonistas mujeres y más de la mitad de los delitos fueron robos


La banda de la frazada, los pibes poxi, la pandilla de la glorieta, la de plaza San Martín, la de Chucky, la de Josecito, la de Blanquito o el Rusito, las que lideran algunas “pibas chorras” caen una y otra vez. Y esa es la repercusión mediática, si tienen 30, 40 o 50 entradas en las comisarías. Pero poco se dice de las fallas del sistema, en especial del estatal, que no contiene, no resocializa, no reeduca. El fuero penal aparece incapaz por sí solo para prevenir y combatir estos delitos cada vez mayores, en manos de cada vez más menores.

Al cumplirse un año de la puesta en marcha en la Provincia el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a las estadísticas producidas por las tres fiscalías de responsabilidad penal juvenil de La Plata durante el período entre el 15 de julio de 2008 y el 15 de julio de 2009.

De acuerdo al informe, se iniciaron más de 2.642 causas, de las cuales en 1.278 fueron identificados los autores, y de ellos un 9% correspondieron a mujeres.

Del informe del ministerio público se desprende que unas 700 causas los autores son punibles, y unas 330 a menores de 16 años.

De los delitos investigados, sobre un total de 402 casos, 215 corresponden a robos, 39 fueron lesiones, 36 hurtos, 20 daños, 17 amenazas, 12 resistencia a la autoridad, 11 encubrimiento, 10 por infracción a la ley de Drogas, 6 por abusos sexuales y tenencia o portación de armas y 5 homicidios. En tanto, 25 hechos fueron calificados como “otros”.

Como se recordará, a esta nueva estructura le corresponden todos aquellos casos que tengan como protagonistas a menores de edad, los cuales, si tienen entre 16 y 18 años, ahora cuentan con las mismas garantías procesales que los mayores.

La existencia del nuevo fuero fue concebida desde que, años atrás, la edad de imputabilidad de las personas fue bajada de los 18 años a los 16.

Actualmente, los adolescentes de 16 y 17 años son juzgados con los mismos procedimientos que los mayores, aunque las penas son distintas. Al fuero también le corresponde actuar cuando son
vulnerados los derechos de los menores. En esos casos, los adolescentes pueden ser alojados en las distintas instituciones que funcionan con esos fines, muchas de las cuales atraviesan serios problemas económicos.

Dos fallos polémicos

En La Plata se resolvieron dos fallos muy importantes. Uno, resuelto por el juez Fabián Cacivio, declaró la inconstitucionalidad de la detención policial. Otro, de Luis Arias, que impidió apresar a los menores por contravenciones.

De acuerdo al Comité contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

En otro orden, vale la pena destacar que desde que se puso en marcha el nuevo sistema, tanto la Suprema Corte como la Procuración advirtieron al Poder Ejecutivo que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se había lanzado sin los recursos presupuestarios, técnicos y humanos suficientes.

Quizás por esa situación, el sistema ya se tragó dos subsecretarias de Minoridad del ministerio de Desarrollo Social, Marta Arriola y Susana Tabolaro. También debió renunciar el ministro Daniel Arroyo.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes

Esta semana, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial presentó el Informe Anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales. El documento destacó las violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción.

Con respecto a las muertes de jóvenes en institutos: fallecieron cuatro por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en inspecciones a los lugares de detención un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones.

Según el informe, en algunos centros se constató que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

El Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del ministerio público, en virtud de lo establecido en la acordada 2.825.

Durante 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total, 74 corresponden a comisarías y 5 a instituciones dependientes de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. De acuerdo al informe, las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Cuatro preguntas a un año de la implementación del fuero

A un año de la implementación del Fuero Penal Juvenil podemos señalar el gran avance que significa la posibilidad de que jóvenes pobres a los que se les imputa un delito se les respete el debido proceso penal, con la presencia de funcionarios especializados en el tema, la celebración de audiencias orales, cumplimiento de plazos estrictos, apelaciones, etc. Ahora bien, me surgen estas cuatro preguntas:

-¿De qué sirven todas esas garantías si no se cuenta hoy con un sistema de contención y protección robusto que trabaje a la par de la Justicia Penal? Supongo que el sistema penal en el aire, sin la presencia de los órganos de protección que prevé la ley 13.298, sólo criminaliza la pobreza.

-¿Cómo puede funcionar un sistema cuya premisa, “la detención de niños como la última posibilidad”, si medios de comunicación y sociedad alimentan imaginarios de encierro, y por momentos de extermino? Supongo que se puede trabajar bajo espasmos, pues me consta la existencia de funcionarios judiciales que se dejan llevar por la demagogia punitiva y hacen culpables a los niños pobres/excluidos (¿peligrosos?) de las omisiones en políticas públicas del Poder Ejecutivo.

-¿Cómo es posible que un sistema carcelario para la niñez, hoy colapsado y degradado, pase a ser tarde o temprano un depósito de jóvenes de entre 14 o 15 años? Supongo que bastaría con analizar el siguiente dato para pensar qué ocurriría: desde la puesta en vigencia del fuero, se ha duplicado la cantidad de jóvenes presos en institutos de la Provincia.

-¿Cómo es posible que a pesar de la vigencia de todas las garantías exista un agujero legal llamado “averiguación de identidad” que le permita a la Policía seguir llevando a comisarías a cientos de jóvenes? Supongo que, pese a que hay varios jueces que prohibieron la utilización de estas arbitrarias detenciones en niños, se siguen practicando en toda la Provincia, pues se trata de una forma naturalizada y silenciosa de control social.

(*) Julián Axat. Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil.