jueves, 19 de marzo de 2009

Jueza ordenó desplazar a tres guardiacárceles del IRAR

Publicó Notiexpress
18 de marzo de 2009

La jueza de menores María del Carmen Mussa (foto), quien en un primer momento había resuelto que todos los agentes de seguridad abandonaran el IRAR. El Ministerio de Justicia le aclaró a la magistrada que "no podían funcionar sin el personal penitenciario". Qué pasó en Saavedra y Cullen.

La jueza de Menores, María del Carmen Mussa, se presentó el lunes pasado en el IRAR (Instituto de Rehabilitación de Menores de Rosario), sito en Saavedra y Cullen, y después de constatar lesiones en dos menores que denunciaron apremios de agentes del Servicio Penitenciario, ordenó a las 18 que los uniformados se retiraran al perímetro de la institución, sin tener contacto con los jóvenes alojados. La medida judicial disparó un conflicto cuando desde la Dirección Penal Juvenil le aseguraron que "no podían funcionar sin el personal penitenciario".

Llamativamente hubo una revuelta entre media docena de internos, con un pequeño incendio incluido, lo que terminó con la revisión de la medida judicial de la propia jueza. "A las 22.30 revoqué mi orden parcialmente, exigiendo que los tres guardias denunciados, sean reemplazados", explicó Mussa. El tenor del conflicto hizo que se hiciera presente el ministro de Justicia, Héctor Superti.

Según relató Mussa a LT 8 "todo comenzó cuando un chico de 17 años alojado en el Irar, denunció que fue golpeado el domingo por la noche por los guardias del Servicio Penitenciario. Y detalló que cuando se acercó uno los operadores civiles, simularon estar hablando con el menor, de quien ya estábamos tramitando su traslado".

La magistrada agregó que en horas del mediodía "las asesoras de menores presentaron un habeas corpus correctivo por un grupo de chicos que habían denunciando golpes. Por eso a las 18 me constituí en el Irar junto al médico forense con quien visitamos y revisamos a los chicos del sector B y C, quienes denunciaron que la noche anterior la guardia del Servicio Penitenciario los había golpeado. En este sentido el forense constató lesiones en dos de ellos".

Con esta constatación la jueza Mussa ordenó "a las 20.30 que los guardias del sector B y C se retiren, no que se retire todo el servicio sino solo estas dos guardias, porque no podía confiar en ellos. Estas tres personas estaban en tres sectores A, B y C y se notificaron y pasaron al perímetro e inmediatamente me llama Silvia Crescente, directora Penal Juvenil y me aclara que sin el Servicio Penitenciario no pueden estar solo los operadores por seguridad, y que la enfermera no ingresaba al pabellón porque los menores eran peligrosos. Me pidió también que me comunicara con el director del Irar pero nadie me contestaba".

La juez recordó que la llamó el doctor Juan Lewis. "Me dijo que mi orden es de cumplimiento imposible y que si no estaba el Servicio Penitenciario los internos se pegarían entre sí. También me advirtió que si pasaba algo la responsable iba a ser yo. Así que revoqué parte de mi orden y le indiqué al Servicio Penitenciario que aparte a estas tres personas sospechadas de los golpes, y que ubique en sus lugares al resto del personal". Mussa se quejó del llamado de Lewis "porque desconfiaba de todo".

Según la versión oficial luego del retiro de los penitenciarios "se suscitó un principio de incendio en los pabellones A y C y se registraron deficiencias en el suministro de medicación a algunos internos, ya que la enfermera no podía ingresar a los pabellones sin personal de seguridad". Mientras el fuego pudo ser extinguido rápidamente, a instancias del subsecretario de Asuntos Penales acudieron al IRAR como apoyo agentes de policía y de bomberos. A las 23:30 un automóvil del Poder Judicial arribó al IRAR con una contraorden de la jueza Musa, ordenando restituir la guardia del Servicio Penitenciario y el reemplazo de tres agentes de esa dependencia.

Posteriormente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se había hecho presente en el instituto, efectuó una recorrida en compañía de Lewis; el subdirector del Irar a cargo de la seguridad y otros empleados de la institución; personal policial, entre ellos el jefe de Orden Público, el inspector de Zona y el jefe de la comisaría 19ª. Se verificaron los pabellones y el sector de escuelas y talleres, encontrándose todos en perfecto estado (aunque la entrada de los pabellones A y C presentaba rastros de efectos quemados).

La crítica situación del Irar provocó un fuerte choque entre poderes

Publicó La Capital de Rosario
18 de marzo de 2009

Un verdadero conflicto entre poderes se desató el lunes a la noche después de que la jueza de Menores María del Carmen Musa decidiera desplazar a un sector de la guardia del Servicio Penitenciario del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) sospechado de maltratar a los menores y que el gobierno saliera a cuestionar la medida. Las tensiones se desataron a una semana de la brutal golpiza a un chico de 17 años que sigue internado y a nueve días de que otra jueza clausurara un pabellón por sus pésimas condiciones edilicias.

Tras la reacción del gobierno para que la magistrada diera marcha atrás con la decisión de retirar a los penitenciarios de dos pabellones, los internos alojados en el instituto de Saavedra y Cullen protagonizaron algunos incidentes menores. Finalmente, ante el argumento oficial de que el lugar quedaba desprotegido con el corrimiento de tres agentes, la jueza autorizó que otros uniformados controlaran el sector.

El contrapunto. La decisión judicial fue cuestionada por el ministro de Justicia, Héctor Superti: "Es incorrecto sacar la guardia interna de un establecimiento cerrado sin planificarlo adecuadamente porque pueden desatarse situaciones como la de anoche (por el lunes) ya que se está ante personas difíciles a las que no cualquiera puede manejar y contener", dijo.

"El ministro de Justicia se apura en relatar una parte de la verdad. Lo que no dice es por qué la jueza ordena que esa guardia se aparte", respondió la jueza Musa, quien aclaró que no dispuso el retiro completo del SP del Irar sino "de tres agentes encargados de la custodia de sólo cinco chicos. El discurso oficial era que se iba a retomar el manejo de los civiles, pero en la práctica el SP está en el trato diario con los chicos", objetó.

La puja se enmarca en un silencioso conflicto entre el gobierno, que quiere reducir la población del Irar, y los jueces de Menores que cuestionan la falta de alternativas para los chicos con causas penales.

En ese contexto, Musa añadió: "Tampoco dice Superti por qué la jueza Carolina Hernández hizo lugar a un hábeas corpus correctivo. Parece que hubiera una confabulación en su contra. Cuando yo tengo chicos que relatan golpizas y la doctora Hernández constató situaciones indignas de habitabilidad en el lugar. La cautela está en tener a los chicos privados de la libertad, pero no siendo sujetos de golpes y humillaciones".

La medida. Poco después de las 20 del lunes la jueza Musa llegó al instituto para realizar una inspección en el marco de un hábeas corpus correctivo presentado al mediodía por las asesoras de Menores María de los Milagros Márquez Vigo, Julia Graco y Alicia Peñas, quienes denunciaron que algunos chicos del Irar eran maltratados por los penitenciarios.

"Los tres chicos del sector C y los internos del B dijeron que no tienen problemas con todos los agentes pero sí con una guardia, que había entrado el domingo a las 21 y que estaba hasta la mañana del martes", planteó la jueza. Concretamente, manifestaron tener problemas con dos agentes. "A las 20.30 ordené que los tres guardias afectados a los sectores B y C se retiren y que quede a cargo el operador civil. En dos de los chicos el médico forense constató signos compatibles con fricciones y golpes".

La jueza dejó constancia de su decisión en el libro de guardia. Los internos del sector A no plantearon haber sufrido maltratos pero sí "que les quitan los cigarrillos y los amenazan, un sistema propio del penitenciario, que no está para rehabilitar sino para imponer seguridad conforme a su lógica".

Marcha y contramarcha. Tras la partida de los penitenciarios, los internos comenzaron "a gritar, golpear las rejas y a quemar pantalones", relató Superti, quien relativizó los incidentes: "No hubo pelea. Lo que ocurrió es que la decisión de la jueza provocó un estado de alteración propio de un penal. Y hubo un principio de incendio por la quema de algunas ropas", sostuvo.

Ante esta situación, el operador civil "se vio desbordado" y se contactó con el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis, para plantearle la imposibilidad de concretar la tarea asignada por la magistrada. "Lewis se comunicó con la jueza para pedirle que no retirara el personal penitenciario, pero ella le dijo que no iba a revocar la medida", comentó el ministro.

Entonces, Superti ya había arribado al Irar y convocado a la policía para que se hiciera cargo de la seguridad. "Me comuniqué con el gobernador (Hermes Binner) que me dio la instrucción de preservar la vida (de los internos). Y nos contactamos con la jueza para que recapacitara, hasta que finalmente cambió la orden", explicó.

Sin el SP no se puede. Según Musa, los funcionarios le plantearon que no se podía prescindir del SP en el Irar. "Ante la confesión de ellos de su imposibilidad de manejar la situación si no era bajo el garrote del penitenciario, revisé la medida, lo que no significaba el retorno de los tres que habían salido. No puedo permitir que una guardia sospechada entre y les vuelva a pegar". Así, según Musa, a las 22.30 envió un oficio disponiendo que el SP tome contacto con los sectores B y C, a excepción de los agentes Salvi, Díaz y Rodríguez, que fueron relevados. En tanto, dio intervención al fiscal Esteban Franichevich para que se expida sobre el hábeas corpus y para que investigue la posible comisión de delitos por parte de los agentes.

"Recorrí el penal con policías y penitenciarios. Todo estaba ordenado y limpio y los internos tranquilos", aseguró el ministro. Y señaló que presentaron un escrito solicitando a la jueza que informe si detectó alguna irregularidad en el Irar para iniciar las acciones correspondientes.

Según Superti, la medida trajo aparejados inconvenientes en el funcionamiento del centro. "La jueza recorrió el penal con el médico forense Sergio Vázquez porque estaba investigando si había chicos golpeados, pero una enfermera (del Irar) nos dijo que no había lastimados. Y esa enfermera no pudo entregarles la medicación a algunos chicos porque no había custodia", explicó.

"A la enfermera me ofrecí a acompañarla yo para darle la medicación a los chicos porque ya había hablado con los internos en la celda sin ningún problema. Pero ella se negó a ir si no estaba acompañada por el SP. Para mí fue una gran novedad. Creía que estaban bien diferenciados los trabajos y no que era tan fuerte la presencia del SP siendo que es una lógica incompatible con la de la Dirección de la Justicia Penal Juvenil", replicó la magistrada.

Joven internado en el Irar recibió una brutal golpiza

Publicó 30 noticias
12 de marzo de 2009

El menor ingresó el martes al instituto y fue agredido mediante una feroz pelea por los propios internos del pabellón 'A'. El adolescente está muy grave en el Hospital Centenario en coma farmacológico.

El joven de 17 años que fue agredido ferozmente este martes en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar) continúa grave en estado grave internado en terapia intensiva en el hospital del Centenario. Por la agresión unos cinco menores resultaron con sanciones al respecto.

El menor de nombre Claudio recibió una brutal golpiza en el interior del pabellón 'A' del mencionado instituto, por razones aún no esclarecidas. El chico había sido trasladado de la comisaría 32ª por estar involucrado en un robo calificado.

'Todavía no sabemos qué es lo que pasó porque ninguna autoridad del Irar se comunicó con los familiares', dijo a Radio 2 la abuela del chico, y explicó que sólo hay algunas sospechas de que lo agredieron para sacarle un par de zapatillas nuevas que tenía Claudio al momento del ingreso, además de una radio que su abuela le había regalado.

El joven padece traumatismos internos y externos, además de un coágulo cerebral, lo cual motiva su permanencia en el área de terapia intensiva del Centenario.

La titular de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, Silvia Crescente, dijo que 'ya se iniciaron los correspondientes sumarios internos para determinar qué sucedió' y se manifestó 'preocupada por el estado de salud del menor'.

Este caso está en manos del juzgado de Menores de 3ª Nominación en turno, a cargo de Carolina Hernández, quien el sábado pasado había ordenado el desalojo de los menores alojados en el Pabellón C del Irar debido a las calamitosas condiciones estructurales en que se encuentra. La derivación de los menores comenzó el domingo, a fin de reacondicionar el lugar.

En septiembre de 2008, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, anunció que el nuevo Irar comenzaría a construirse en 2009 y señaló esa obra como 'prioritaria para el gobierno provincial'.

Irar y un ejemplo a no seguir

Publicó Sunchales Hoy
8 de febrero de 2008
(material de archivo que citamos ahora por las noticias recientes sobre el Irar)

Por Mónica Peralta (Presidenta Comisión de Derechos y Garantías, Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe)

Las autoridades de los gobiernos provinciales que nos antecedieron han utilizado el encierro y la judicialización de los conflictos sociales como única manera de dar respuesta a los problemas de la pobreza estructural. Esta no es una cuestión de seguridad como se lo ha tomado desde las anteriores gestiones. En realidad lo que han escondido es la falta de políticas claras de inclusión de niños/as y jóvenes, profundizando la desigualdad social.

Luego de la gran cantidad de problemas que se suscitaron durante estos últimos años con el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR), el nuevo gobierno provincial se prepara para poner en marcha las reformas necesarias para garantizar los derechos de los niños/as y jóvenes que se encuentran en Riesgo Social y en Conflicto con la Ley Penal.

Con motivo de las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti, y del Subsecretario de Asuntos Penales Juan Lewis, referente al cierre del IRAR, la Diputada Provincial Mónica Peralta destaca que: “desde el año 2004 he trabajado conjuntamente con otros legisladores y legisladoras en esta problemática, visitando y denunciando desde la
Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados”.

Una de las iniciativas ingresadas en el primer año de gestión de la legisladora fue el proyecto de Ley Exp. 13.709 que creaba, en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, el Programa de Tratamiento Integral de Niños/as y adolescentes que por primera vez se encontraban sometidos a un proceso jurisdiccional; el mismo está basado en el seguimiento de los chicos conjuntamente con su grupo familiar, abordando el tratamiento en caso de adicciones, con la posibilidad de suscribir a estos fines convenios con organismos públicos y privados, entre otros aspectos; siempre respetando las garantías básicas previstas en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales ratificados y normas relacionadas con el objeto del Programa propuesto, “que han sido violadas sistemáticamente en este Instituto durante las gestiones precedentes en nuestra provincia”, señaló Peralta

Recordemos que asimismo en octubre de 2006 el juez de Instrucción Alfredo Ivaldi Artacho ordenó el desalojo y clausura de los pabellones A, B, C, y D del Instituto de Rehabilitación, indicó la reparación del lugar y el funcionamiento de los servicios manifestando que “Se encuentran privados de su libertad niños y adolescentes en los pabellones A, B, C, y D, la condiciones en los mismos son cuanto menos indignas y degradantes y probablemente signifiquen y generen un riesgo cierto a su salud psico-física”.

Al respecto la legisladora agregó: “las condiciones del IRAR que motivaron su clausura se sostuvieron desde su creación hasta nuestros días, por eso acompañamos la decisión política de las autoridades competentes de este nuevo gobierno en darle una resolución definitiva al funcionamiento del Instituto. Lo que hemos visto en los anteriores gobiernos es la falta de políticas sociales de contención e inclusión, la falta de decisión política y la inexistencia de resolución de la conflictiva realidad de los chicos, por eso este es el momento de darle una solución de fondo a esta problemática para la efectiva recuperación de nuestros chicos. El encierro y la represión no son respuestas a la exclusión social: este no es un problema de seguridad como se lo ha tomado desde las anteriores gestiones.”

Mónica Peralta - 0341-155-007623