jueves, 30 de abril de 2009

"Es un engaño decir que no hay chicos menores de 16 años presos"

Publicó La Voz del Interior
30 de abril de 2009

Marysel Segovia, de Casa del Liberado, asegura que la baja de la edad de imputabilidad sólo haría formal algo que ya sucede en la práctica. Menciona casos de Córdoba.

Por Patricia Cravero
pcravero@lavozdelinterior.com.ar

La baja de edad de imputabilidad, que sería contemplada en la ley penal juvenil que está discutiendo una comisión de Diputados, sólo daría aspecto formal a un hecho que ocurre en la práctica, según la abogada y docente Marysel Segovia.

La vicepresidenta de la ONG Casa del Liberado asegura que actualmente hay jóvenes menores de 16 años privados de la libertad en institutos de menores. “Hemos visto en estadísticas que hay chicos hasta de 12 años en esas condiciones”, afirma Segovia.

Para la integrante del Colectivo Cordobés por los derechos de niñas, niños y jóvenes, es “fundamental” que se sancione una ley penal para adolescentes en conflicto con la ley penal que “determine un procedimiento a seguir de acuerdo a los principios del sistema penal y las garantías procesales”.

Sin embargo, la abogada cree que la ley “es muy necesaria pero no es suficiente”, ya que debe estar acompañada de profundos cambios en los institutos de menores.

¿Sirve bajar la edad de imputabilidad?
En la práctica va a instalar algo que se viene haciendo desde hace años, porque es un engaño decir que los chicos menores de 16 años no están privados de la libertad. Hemos visto en estadísticas que hay chicos hasta de 12 años en esas condiciones. El último instituto creado, San Jorge, fue construido especialmente para alojar a jóvenes menores de 16 años. Ahí hay chicos de 12, 14 y 15, todo lo que para la ley vigente serían chicos inimputables.

¿Qué sanciones se deberían contemplar?
La privación de la libertad tiene que ser la última medida a tomarse, por un tiempo determinado, y el más breve posible, porque se trata de personas en desarrollo. Hay que intentar otro tipo de sanciones que busquen que el joven se asuma como responsable de los hechos cometidos, como reparación del daño, conciliación con la víctima, trabajo comunitario o privación de la libertad con distintas modalidades.

¿Cuáles son los principales desafíos en Córdoba?
Creo que hay que hacer hincapié en la falta definición sobre el perfil de las personas que trabajan con los chicos. Faltan requisitos, capacitación y evaluación del personal. Para eso no se necesita una ley nacional diferente. La Provincia lo puede determinar con sus leyes. Hoy, por ejemplo, los institutos de menores no tienen reglamentos internos.

¿Qué debería suceder con el contexto relacional del joven?
En Córdoba los institutos están alejados de la ciudad. Esa distancia física también es simbólica. Nadie sabe qué pasa ahí, no hay apertura. Es importante que haya un vínculo con la comunidad donde el chico se va a reinsertar a la salida, que tenga oportunidades de educación y recreación con chicos que no están privados de la libertad. Si no hay un vínculo con la comunidad y el chico no se ve como uno más, es imposible pensar en una reinserción que evite la reincidencia en el delito.

martes, 14 de abril de 2009

El tóxico de los campos

Publicó Página|12
13 de abril de 2009

El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida.

Por Darío Aranda

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas. Funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio referente en el estudio científico, conformado por licenciados en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie.

“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología.

El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la fumigación por la industria agroquímica oscilan entre el uno y el dos por ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se recomienda 10/20 mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios del sector– que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxico, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de agua).

Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los recomendados por las compañías) y los reales (los usados por los sojeros), los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solución de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos con soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, y en concentraciones variables, los resultados fueron rotundos.

“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza sobre efectos neurológicos graves: “(Se comprobaron) Alteraciones en los mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución de neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso”.

Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. “Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara.

“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”.

La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y es comercializada por la empresa Monsanto, que vende las semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.

Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” (en este caso el glifosato) y otras sustancias (llamadas coadyuvantes o surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en detalle), cuya función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del ingrediente activo. “El POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de grasas animales) es uno de los aditivos más comunes y más tóxicos, se degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, que describe el POEA como un detergente que facilita la penetración del glifosato en las células vegetales y mejora su eficacia. Investigadores de diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) y confirmado sus consecuencias.

En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero en investigar los efectos del herbicida y el glifosato puro en el desarrollo embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos estudiado y denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en embriones a dosis equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 300.000 veces menores, tiene una actividad específica para dañar las células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, permite afirmar que el glifosato es causante de malformaciones por interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo los procesos biológicos normales.”

Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de embriología.

La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores daños colaterales del glifosato”.

Mondino presentó el mapa de riesgo ambiental de la niñez

Publicó Defensoría del Pueblo de la Nación
6 de abril de 2009

Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina:
http://www.defensor.gov.ar/noticias/resumenatlas.pdf

El Ombudsman nacional presentó el Mapa de Riesgo Ambiental de la Niñez en la sede de la Defensoría, como parte de un convenio con las Naciones Unidas que se viene elaborando desde septiembre de 2008.

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, junto al representante de la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Felipe Martínez, presentó el Mapa de la Contaminación Ambiental en la Niñez, en el marco de una conferencia de prensa que se llevo a cabo hoy lunes 6 de abril a las 12:30 horas en Suipacha 365.

A partir de este proyecto, y partiendo del análisis de cinco casos investigados por la Defensoría nacional, -como son los de Matanza- Riachuelo, Reconquista, Ituzaingó (Córdoba), Abra Pampa (Jujuy) y los cartoneros o trabajadores del reciclado - pudieron identificarse problemas de contaminación ambientan que vulneran los derechos de la niñez y ponen en situación de riesgo su desarrollo y calidad de vida dado que, acorde a los estudios, cada año mueren 4 millones de niños y niñas en el mundo siendo que 85 de las 103 categorías de enfermedades principales son provocadas por factores de riesgo ambiental.

"Hablamos de 7 millones de niños en distritos que tienen riesgo por falta de cloaca y agua potable, 5 millones por actividad industrial y 2 millones por los plaguicidas", explicó el Ombudmsan nacional al referirse al impacto de las actividades generadas por el hombre sobre la salud de la población entre 0 y 18 años.

Los resultados presentados se obtuvieron luego del análisis de la contaminación ambiental derivada de diversas actividades, como la industria, la agricultura, la falta de infraestructura de servicios sanitarios y demás acciones generadas por el hombre que afectan a nuestros niños y niñas, en el marco de la vulnerabilidad social existente.

Además del Ombudsman nacional, estuvieron presentes representantes de UNICEF, OPS, OIT y PNUD, organismos integrantes de Naciones Unidas que apoyaron el proyecto.

Proyecto oficial de ley penal juvenil

Publicó Página|12
14 de abril de 2009

El proyecto fue elaborado por Diana Conti. Propone un régimen penal para chicos de 14 a 16 años, distinto del de los adultos, pero con todas las garantías procesales. Apunta a evitar los actuales encierros arbitrarios.

El Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso un proyecto de ley penal juvenil, que le fue elaborado por la diputada oficialista Diana Conti, en base a las propuestas diseñadas por el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni. Pese a que la legisladora kirchnerista nunca estuvo a favor de judicializar a los menores, ayer admitió a Página/12 que es mejor crear una norma que les garantice un debido proceso antes que continuar con la legislación vigente. “Pasa que muchos jueces tratan el tema administrativamente, dictando medidas tutelares que derivan en la privación ilegítima de la libertad”, explicó. Zaffaroni, quien el fin de semana pidió terminar “la historia tutelar”, examinó los anteproyectos en danza a pedido de Conti y le envió su propuesta, que ahora tiene en estudio el Ejecutivo. Lo que se busca, explicó Conti, es que los jóvenes no sean castigados con las penas previstas por el Código Penal que rige para los adultos.

“En el tema de la inseguridad no hay que dejar que la derecha cope la parada”, dijo Conti al diferenciar esta iniciativa de los clásicos pedidos de los promotores de la mano dura, para quienes debe juzgarse y penarse a los menores con leyes de adultos. El proyecto que elevó, que en caso de no ser motorizado por el gobierno nacional será enviado al Congreso por ella y otros diputados, se originó en un pedido que ella le hizo a Zaffaroni pocos días después de que el juez y sus colegas de la Corte Suprema de la Nación fallaran al respecto, en diciembre pasado.

En aquella ocasión los magistrados rechazaron el pedido para liberar a 60 menores de 16 años encerrados en institutos porteños por estar en conflicto con la ley. Argumentaron que lo hacían para “protegerlos”, ya que si salían en libertad, correrían el riesgo de ser asesinados por la policía, según sugirió la jueza Carmen Argibay. El fallo derivó en polémica porque, según sus detractores, justificaba el encierro como medida tutelar. En ese texto los jueces instaban a sus colegas a revisar caso por caso, supervisar los lugares de internación y también pedían al Poder Legislativo que modernice las normativas vigentes sobre minoridad.

En este punto hizo hincapié Conti. La diputada comentó a este diario que Zaffaroni le envió sus conclusiones hace 20 días. Para armar su propuesta, el juez extractó la parte penal del estatuto de niños de Brasil, “el más prestigioso de la región”, según Conti. Y, además, eligió retomar los proyectos de la diputada Vilma Ibarra y su colega del Bloque Solidaridad e Igualdad, Emilio García Méndez, quien, curiosamente, como parte de Fundación Sur, había pedido la liberación de los 60 jóvenes.

Ayer, García Méndez se mostró sorprendido, y no gratamente, por los dichos de Zaffaroni. Es que el juez, en una entrevista, declaró que “los menores de 14 años que están en institutos de menores están allí arbitrariamente” y que se los trata “de peor manera que a un adulto”. El juez evaluó que en la actualidad a los menores se les aplican penas sin proceso penal, ya que internarlos en los institutos de menores no deja de ser una privación de la libertad. “Nuestra ley dice, incluso, que cuando tienen problemas de conducta los menores deben ser institucionalizados. Ahora, yo me pregunto: ¿quién de nosotros no tiene problemas de conducta? Entonces, es una aberración”, sostuvo Zaffaroni.

“Lo que dijo está en flagrante contradicción con el fallo que emitió en diciembre del año pasado”, se quejó García Méndez, especialista en temas de la infancia y adolescencia. El proyecto de su autoría establece penas distintas para chicos de 14 y 15 y de 15 y 16. Para los delitos más graves tipificados en el Código Penal como homicidio, secuestro extorsivo o acceso carnal violento, se prevé penas de tres años de encierro para los más chicos y de cinco para los grandes. Sin embargo, según García Méndez, el 80 por ciento de los delitos cometidos por menores no pasan de ser robos o destrucción de patrimonio público. Para estos delitos, el especialista propuso la prestación de servicios a la comunidad como condena.

“Argentina es el único país de América latina que no tiene una ley penal juvenil”, afirmó este especialista, para quien la creación de penas especiales es lo mejor que puede hacerse cuando la “única política social para los pobres es el encierro”. Al menos, así podrían acceder a una defensa y penas distintas, y no a las medidas tutelares por las que encierran a los jóvenes contra su voluntad y sin derecho a ejercer su defensa. En este sentido, el propio Zaffaroni exigió el fin de la historia tutelar, “que, por otra parte, es lo que mandan la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución”.

Diana Conti reconoció que “al igual que Zaffaroni”, ella siempre fue “reactiva” a judicializar a los menores porque es una forma de estigmatizarlos. Sin embargo, cambió de opinión porque el actual régimen los pena de otra manera. “Y es peor –dijo–, porque los institucionaliza sin ningún tipo de garantías y resulta una pena indiscriminada, esto termina siendo más perjudicial que crear un régimen penal juvenil.”

sábado, 11 de abril de 2009

Aumento de la mortalidad infantil

Publicó Página|12
11 de abril de 2009

Las cifras, que se conocen recién ahora, cortan una tendencia histórica hacia la baja. El Ministerio de Salud lo atribuye a “un pico de enfermedades respiratorias” y la Sociedad de Pediatría, a “una crisis del sistema de salud”.

Por Pedro Lipcovich

La mortalidad infantil en la Argentina llegó al 13,3 por mil en 2007 –último año con cifras nacionales disponibles–, contra un 12,9 en 2006. El aumento corta una tendencia histórica hacia la baja, que sólo se había alterado luego de la crisis de 2001. Un incremento notorio se produjo en Chaco, donde la tasa pasó de 18,9 en 2006 a 21,2 en 2007. La provincia con mayor mortalidad infantil sigue siendo Formosa, con 22,9. En la provincia de Buenos Aires, la tasa se elevó de 12,5 a 13,6; en el conurbano llegó a 14,2 por mil. En la ciudad de Buenos Aires, pasó de 8,3 a 8,4 por mil. En Córdoba, subió de 11,6 a 12,7 por mil. El incremento ya había sido admitido por las autoridades sanitarias, pero no se habían publicado hasta ahora las cifras precisas. Según un representante del Ministerio de Salud, la suba se debería a “un pico de enfermedades respiratorias que se produce cada cuatro años”. En cambio, para un especialista de la Sociedad Argentina de Pediatría, “el aumento en la mortalidad infantil refleja una crisis social y una crisis del sistema de salud”.

La tasa de mortalidad infantil corresponde a la cantidad de defunciones de chicos menores de un año por cada mil chicos nacidos vivos. Para 2007, se contabilizan 700.792 nacimientos y 9300 defunciones, lo cual da una tasa de 13,3 por mil (según datos del Ministerio de Salud de la Nación, obtenidos del trabajo Salud materno-infanto-juvenil en cifras, publicado en estos días por la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef). En 2006, la cifra nacional había sido del 12,9 por ciento (datos publicados por el Ministerio de Salud).

Una parte importante del aumento es arrastrada por las cifras de la provincia de Buenos Aires, que concentra 263.343 nacimientos con 3590 defunciones: esto da una mortalidad del 13,6 por mil, y en 2006 había sido del 12,5 por mil. Si se toman sólo los “partidos del Gran Buenos Aires”, con 185.339 nacimientos y 2638 defunciones, la mortalidad se eleva al 14,2 por mil.

La mortalidad infantil aumentó en los siguientes distritos: la ciudad de Buenos Aires, donde de un 8,3 por mil en 2006 pasó al 8,4 por mil; en Córdoba subió de 11,6 a 12,7 por mil; en Santa Fe, de 11 a 11,6 por mil; en San Luis, de 12,8 a 15,7 por mil; en Salta, de 14,9 subió a 15,4 por mil; en Santiago del Estero pasó de 12,1 a 13,8; en Chaco, trepó desde 18,9 a 21,2 por mil; en La Pampa, de 10 a 11,8 por ciento; en Río Negro, de 9,3 a 9,8 por mil.

Y bajó en las siguientes provincias: Mendoza, donde pasó de 11,9 por mil en 2006 a 11,3 en 2007; Entre Ríos, de 12,6 a 11,9 por mil; Catamarca –aunque persistiendo en cifras elevadas– pasó de 15,4 a 14,9 por mil; La Rioja bajó a 12,9 por mil, desde 14,1 en 2006; San Juan, de 14 por mil bajó a 13,2; en Jujuy, la tasa, todavía muy alta, bajó de 17 a 15,2; Tucumán, de 13,5 a 12,9; Corrientes, de 17,5 a 15,6 por mil; Formosa, que tiene la mortalidad infantil más elevada del país, bajó al 22,9 por mil, desde el 24,2 en 2006; Misiones bajó del 17,1 al 14,6 por mil; Chubut bajó del 11,5 al 11 por mil; Neuquén bajó del 9,8 al 9,6 por mil; Santa Cruz, del 15,4 bajó al 12,9; Tierra del Fuego bajó a 10,2, desde el 10,9 por mil en 2006.

Históricamente, la mortalidad infantil fue bajando desde 25,6 por mil, en 1990, a 22,2 por mil en 1995; en 2000 llegó a 16,6, bajó a 16,3 por mil en 2001 para volver a subir, en 2002, hasta el 16,8 por mil; volvió a bajar en 2003, a 16,5 por mil; en 2004 cayó a 14,4 por mil, y a 13,3 por mil en 2005.

Aldo Marconetto, subsecretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, atribuyó el incremento a que “cada tres o cuatro años se producen picos de enfermedades respiratorias como bronquiolitis y neumonía”; aseguró que la mortalidad infantil “fue tema de las últimas reuniones del CoFeSa (Consejo Federal de Salud)”; anticipó que “en cada provincia se constituirá una mesa para seguir la cuestión, con participación de distintas áreas”; anunció “un proyecto de capacitación para cien maternidades, desde mayo”, y destacó la estrategia de “detectar los embarazos de riesgo y hacer seguimiento de las embarazadas”.

Por su parte, Hugo Sverdloff, del comité de pediatría social de la Sociedad Argentina de Pediatría, señaló que “en cuanto a la mortalidad infantil neonatal, de los primeros 28 días de vida, se registró aumento en las enfermedades de origen infeccioso, lo cual puede atribuirse a una crisis en el sistema de atención de la salud; desde los 28 días hasta el año de vida,aumentaron las enfermedades respiratorias, lo cual tiene mucho que ver con las condiciones sociales de vida”. Para Sverdloff, el aumento en la mortalidad infantil “es preocupante: tendría que estar bajando, y mucho, en relación con lo que el país gasta en salud”.

En América, las menores tasas de mortalidad infantil se registraron en Cuba (7 por mil en 2006), Estados Unidos (8 por mil), Chile (9 por mil) y Uruguay (12 por mil). Austria y Dinamarca tienen el 5 por mil; Zambia, el 182 por mil.

Las estadísticas de 2008 debieran estar disponibles en julio, ya que, explicó Marconetto, “hacen falta seis meses para consolidar los datos: por ejemplo, chicos del conurbano fallecen en hospitales porteños y sólo con posterioridad puede referirse la defunción a su lugar de residencia”.

martes, 7 de abril de 2009

Denuncian la muerte de diez bebés indígenas en el Chaco

Publicó Clarín
23 de marzo de 2009


La situación de las comunidades aborígenes del Chaco no se modificó sustancialmente con respecto a lo que dos años atrás mostraron los informes periodísticos que sacudieron al país, y que exhibían a indígenas adultos y niños estragados por el hambre y el abandono.

Eso es lo que plantea el Centro de Estudios "Nelson Mandela", la ONG que fue en buena medida responsable de desnudar aquella realidad, que provincia adentro era ocultada por el control que sobre los medios de prensa ejerció el radicalismo durante los doce años que estuvo en el poder.

La organización dice que los trece meses de gestión kirchnerista no modificaron la raíz de aquel drama.

Como dato más contundente, el CENM menciona la muerte de diez bebés aborígenes en los últimos siete meses, en una localidad que toma como botón de muestra de la desatención sanitaria y social que el Estado dedica a los pueblos originarios. Se trata de Villa Río Bermejito, un municipio de El Impenetrable en el que abundaron en los años recientes las denuncias por discriminación contra tobas y wichís.

"Esa cantidad de muertes en tan poco tiempo, y en un área geográfica tan puntual, es una barbaridad", dijo a Clarín el responsable del Centro Mandela, el abogado Rolando Núñez. "Se mantiene la misma matriz que denunciábamos años atrás, en la que hay una situación de abandono que lleva una fuerte carga de discriminación", planteó.

En los casos de las criaturas fallecidas, Núñez dice que todas tenían menos de un año y que las muertes se produjeron por causas evitables, asociadas a la falta de atención médica oportuna y a la ausencia de ayuda alimentaria de supervivencia.

"Son familias que ni siquiera reciben agua potable, por lo que consumen agua de charcos, y entonces sobrevienen las diarreas infantiles y las muertes por deshidratación", dijo.

El panorama, afirma Núñez, se potencia con el destrato que los aborígenes dicen recibir en los centros de atención públicos. "Hay médicos que por no tocarlos ni siquiera los revisan, y medican al azar, por lo que muchas veces erran en los diagnósticos y lo que podría ser una patología controlable termina convirtiéndose en algo más grave, y potencialmente mortal", acusó.

“Se abusa más de lo que se presume”

Publicó Página|12
6 de abril de 2009

Por primera vez, una argentina presidirá la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y el Abuso Infantil (Ispcan, por su sigla en inglés). La psicóloga y psiquiatra infantil Irene Intebi, de extensa trayectoria en la temática, fue elegida al frente de la entidad por tres años. El abuso sexual infantil, advierte, ocurre más de lo que se presume. “Estadísticas conservadoras muestran que una de cada cinco chicas y uno de cada ocho o diez varones sufrirán abuso sexual antes de cumplir los 18 años por algún conocido. Pero lo que se está viendo es que de un 25 por ciento a un tercio de los agresores no son adultos convivientes, sino otros adolescentes o chicos un poco mayores que la víctima”, reveló Intebi en un reportaje con Página/12, a días de asumir su nuevo cargo. “En la Argentina se pone demasiado el énfasis en la cuestión legal. Pero se debe trabajar más en la reparación del daño sufrido por la víctima”, opinó.

Desde hace varios años Intebi pasa la mitad del año en España, donde trabaja como consultora en ONG y en la capacitación de profesionales del servicio de protección infantil de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de distintos municipios. Antes de instalarse en la península ibérica fue coordinadora del Programa de Asistencia al Maltrato, del gobierno porteño. Para Semana Santa, visitará Buenos Aires. Recientemente asumió, hasta 2012, la presidencia de la Ispcan, una entidad que agrupa a profesionales de todo el mundo, con filiales asociadas en algunos países. A partir de su llegada a la cabeza de Ispcan, Intebi se ilusiona con la posibilidad de articular algún tipo de colaboración en el desarrollo de políticas públicas en la Argentina para enfrentar el maltrato y el abuso sexual infantil.

–¿Por dónde habría que empezar? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes?

–Ispcan tiene un instrumento que se aplica en distintos países para llevar estadísticas y así poder comparar. Se podría aplicar en la Argentina. Es importante tener un diagnóstico del problema. Otro aspecto fundamental es contar con lineamientos y protocolos claros que se apliquen en distintos lugares: que sea igual que un chico sea atendido en un hospital de la ciudad de Buenos Aires o en una salita del interior del país. Es decir, que se apliquen los mismos criterios para hacer el diagnóstico, evaluar el nivel de riesgo del chico y tratarlo. Hoy no hay lenguaje y criterios comunes. Y si bien hay equipos que recepcionan el problema, no son suficientes para atender a los chicos, a las familias y eventualmente a quien haya producido la agresión. Sería necesario que estos equipos reciban capacitación. En la Argentina cada profesional se forma como puede.

–A veces a la Justicia le cuesta creerles a las víctimas. Y muchos psicólogos que actuaban como peritos en juicios por abuso sexual, y validaron denuncias de chicos, resultaron luego perseguidos judicialmente por los denunciados, en los casos en que no se pudo probar el delito. ¿Qué opina al respecto?

–Las dos partes tienen derecho a impugnar lo que el otro está diciendo, es parte del juego legal. Pero en la medida en que los peritos tengan criterios comunes, a los jueces les será más fácil investigar y definir si el perito se equivocó. Los protocolos comunes protegen a los peritos y a la persona acusada también. Se garantizan estándares de análisis de la información. Se va reduciendo el margen de subjetividad del perito. Pero en la Argentina se pone mucho peso en la cuestión legal.

–¿Y dónde habría que poner el énfasis?

–Es un delito, se debe denunciar. Pero hay que trabajar para disminuir los factores de riesgo y sobre los efectos de la situación. Si no, quedamos entrampados en la pelea judicial, en el lenguaje legal, y queda frenada la posibilidad de trabajar en la reparación del daño.

–¿Cuando un chico cuenta una situación de abuso sexual hay que creerle siempre?

–Hay que prestarle atención y consultar con alguien especializado. Los chicos no dicen: “Me abusaron sexualmente”. Es muy clara la situación si hay descripción de comportamientos sexuales de parte de la niña o niño, que no debería estar a su alcance, que no se corresponde con su edad. Si con cinco años describe alguna situación de sexo oral o penetración, por ejemplo. Pero hay otros relatos inespecíficos, que hay que analizarlos de acuerdo con el contexto.

–¿El abuso sexual infantil ocurre mucho más de lo que trasciende y se denuncia?

–No es un problema esporádico. Estadísticas conservadoras señalan que una de cada cinco chicas y uno de cada ocho varones antes de llegar a los 18 años sufrirán abuso sexual.

–¿El agresor en la mayoría de los casos es un conocido?

–Sí, pero lo que estamos viendo es que de un 25 por ciento a un tercio de los agresores, si bien son conocidos, no son adultos convivientes, sino que suelen ser otros adolescentes o chicos un poco mayores que la víctima.

–¿Cambió el perfil del abusador infantil?

–Tendemos a pensar que se está afinando la detección de los abusos, que estos abusos deben haber existido siempre. Pero sucede que las estadísticas que se suelen usar son las que se realizan en centros de atención especializados o juzgados. En esos lugares es donde llega la víctima de los adultos convivientes. El cambio de perfil del abusador empezó a aparecer a partir de encuestas en población general. Esto nos plantea la importancia de poder hacer encuestas, para ver qué tipo de programas y tratamientos podemos ofrecer.

–¿En los casos en los que el abusador es otro adolescente o un chico un poco mayor que la víctima, el abuso es aislado o sistemático?

–A veces tan sistemático como en el caso del abuso intrafamiliar. En España, estoy trabajando en el Programa de prevención e intervención en situaciones de riesgo para el de-sarrollo psicosexual de niños/as y jóvenes del Ayuntamiento de Pasaia (Gipuzkoa, País Vasco). Este municipio hace unos años empezó a detectar en las escuelas que los chicos tenían comportamientos sexualizados no adecuados para la edad. Algunos obligaban a otros más chiquitos a tocarlos, masturbarse o tener sexo oral. Estoy hablando de chicos de 8 años para arriba. Como antecedente en esa ciudad se habían desmantelado dos redes de pedófilos. Una hipótesis que se planteó fue que estos chicos pudieran haber sido víctimas de esas redes. Entonces, los servicios sociales de base empezaron a trabajar en las calles para detectar los casos de riesgo. El programa comenzó en 2004 y en el Ayuntamiento se crearon grupos de atención a chicos, chicas y padres. Los padres empezaron a reunirse con la alcaldesa y pidieron capacitación para todas las personas que trabajaban en el Ayuntamiento en protección infantil. Y pidieron que hubiera un código de comportamiento para todos los adultos que trabajan con chicos, que ahora está en vías de redacción. Es uno de los primeros lugares de España que toma una iniciativa de ese tipo. A partir de la toma de conciencia de los padres, son ellos los que se movieron para impulsar medidas de protección para los chicos.

–¿Qué tipo de pautas incluye el código?

–Tratar a los niños, niñas y adolescentes con cortesía y respeto. No involucrarse en comportamientos como insinuaciones sexuales de manera física, psicológica, escrita y/o verbal, no usar un lenguaje abusivo, incluyendo sarcasmos reiterados ni amenazas de violencia, ni difamación racial o étnica, ni actos que otras personas puedan, razonablemente, considerar intimidatorios, ni un lenguaje vulgar e irrespetuoso. O avergonzar al menor por algún resultado negativo. Es necesario notificar a los superiores y a las autoridades correspondientes cualquier sospecha de maltrato y colaborar para que se proteja a la persona menor. No se debe iniciar ningún comportamiento sexual y debe rechazar la invitación o el eventual consentimiento hacia el mismo. Son algunos de los puntos que incluye el código.

Atrapados sin salida

Publicó Página|12
5 de abril de 2009

Son adolescentes que fueron derivados por hechos puntuales a alguna clínica neuropsiquiátrica y nunca más pudieron salir. Documentos del propio Gobierno de la Ciudad reconocen que están sobremedicados y que no hay motivos para que sigan allí. Tienen el alta médica, pero ningún organismo oficial se ocupa de ellos.

El gobierno porteño mantiene encerrados en una clínica privada neuropsiquiátrica a cuatro chicas adolescentes y un varón de 15 años con historias de profundo desamparo social y familiar, a pesar de que existen expresas indicaciones de profesionales del área de Salud Mental y de supervisores de la Dirección de Niñez del Ministerio de De-

sarrollo Social de que deben ser dados de alta y derivados a casas de medio camino u hogares con talleres terapéuticos, entre otras posibilidades de externación. Una de las chicas, incluso, tiene la posibilidad de vivir con una hermana si su familia recibiera un subsidio habitacional. Sin embargo, la única receta que les ofrecen es más encierro y en algunos casos sobremedicación. Por esos cuidados y esa atención, Desarrollo Social paga por día por cada jovencita entre 100 y 150 pesos. Otros cuatro chicos, de 13 a 15 años, tienen alta médica en el Hospital Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García y tampoco el gobierno les ofrece una alternativa para dejar esa institución. La Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces, que encabeza Laura Musa, expresó ya su preocupación al gobierno porteño por la grave violación de los derechos de estos chicos y chicas.

Las jovencitas tienen entre 16 y 21 años, vivieron gran parte de sus vidas en institutos, bajo la tutela de juzgados civiles. Llevan internadas en un neuropsiquiátrico privado entre veinte meses y cinco años en condiciones asimilables a la tortura, según describe un informe elaborado por especialistas del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, dependiente de la Dirección General Adjunta de Salud Mental, del Ministerio de Salud. El documento, que remitió ese ministerio al de De-

sarrollo Social y al que accedió Página/12, indica que en los últimos meses en la clínica privada Nuestra Señora de Luján, del barrio de Palermo, recibieron diariamente cócteles de varias drogas para mantenerlas dopadas, tuvieron como comida principalmente fideos, no se les ofreció la posibilidad de realizar actividad física ni salir cotidianamente a un patio y mucho menos, a pasear por el exterior. El informe señala que “resulta llamativo lo prolongado del tiempo de las internaciones tratándose de niños y adolescentes”. Muchas de las chicas “previamente estaban alojadas en casas de medio camino” pertenecientes a la misma institución o provenían de otros hogares. “Cuando se pregunta sobre el porqué una vez resuelta la crisis que presentan las adolescentes en el momento de la consulta no regresan al dispositivo anterior, refieren que es porque no se adaptan o principalmente porque no tienen ya el lugar en dicho dispositivo”, afirma el informe. Y advierte que “durante estas prolongadas internaciones en los períodos de estabilización de los pacientes no se trabaja sobre un proyecto de externación”.

Lo más llamativo es que desde hace varios meses están al tanto de esta situación la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal; la directora general de Niñez y Adolescencia, María Vanesa Wolanik; la presidenta del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, Jéssica Malegarie, y el área de Salud Mental del gobierno porteño. Lucía Quiroga, la última titular de la Dirección Adjunta de Salud Mental, del Ministerio de Salud, renunció hace tres semanas. El cargo continúa vacante.

En la reunión plenaria del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya), que se realizó días pasados, estaba previsto que las autoridades porteñas de Salud Mental presentaran un informe sobre el área de los temas vinculados con niñez. Unos días antes de la fecha se anunció que cambiaba el temario.

“Están cometiendo una privación de la libertad de las adolescentes que tienen que ser externadas. Pero a pesar de conocer la situación el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Sabían que la clínica donde las mantuvieron en los últimos años era mala y no tuvieron la capacidad de ubicarlas en otras instituciones, como hogares de medio camino, es decir, de generar otras opciones de vida para ellas”, cuestionó duramente Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), vocal del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad en representación de las ONG. Bianco señaló que además el gobierno porteño está violando la Ley 448 de Salud Mental, que en su artículo 15º establece que “las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de Promoción Social”.

Hasta el 18 de febrero, las seis adolescentes estuvieron internadas en la clínica Nuestra Señora de Luján. Un incendio en sus instalaciones obligó al gobierno porteño a trasladarlas. La fatalidad las sacó de una institución que les brindaba una atención siniestra. El convenio con esa clínica fue heredado por el gobierno porteño de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) a fines de octubre de 2007. Pero a pesar del informe lapidario sobre la atención que brindaba a las seis chicas, el gobierno porteño las mantuvo allí.

“A partir del incendio, las adolescentes fueron enviadas a la clínica psiquiátrica San Jorge, de Lanús Oeste, con la cual la ciudad ni siquiera tenía un convenio firmado que le permitiera al menos controlar y supervisar la atención. Es una barbaridad lo que están haciendo con estas chicas”, dijo a Página/12 José Machain, vocal en representación de la Legislatura del Cdnnya.

“El tiempo de internación (en una clínica psiquiátrica) debe ser el menor necesario y sólo en el momento agudo. Cuando dicho cuadro cede el paciente debe externarse y continuar con su tratamiento en forma ambulatoria”, advirtió a las autoridades de Niñez el equipo del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, que inspeccionó la clínica Nuestra Señora de Luján entre septiembre y noviembre. “Por no contar con una familia o un lugar donde vivir ningún niño ni adolescente puede permanecer en internación psiquiátrica, tanto en un efector público como privado, situación que se observa en varias adolescentes que están internadas en la clínica”, alertó. Y denunció que en la Clínica Luján “no se trabaja la inclusión social de los adolescentes” ni “se toma como modalidad el dispositivo de acompañamiento terapéutico especialmente por fuera de la institución ni la inclusión en espacios educativos y/o laborales”.

También advirtió que la única estrategia que se les ofrece a las adolescentes es “el encierro y la medicación”. “Estrategia fallida ya que se ha observado que a mayor encierro, más dosis de psicofármacos y más crisis de excitación o autoagresión, lo que ubica a las jóvenes muchas veces en un sin salida”, apuntan.

El lunes, abogadas de la Oficina de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces realizaron una inspección a la clínica San Jorge. Cuando llegaron, se encontraron con dos preguntas insistentes de las cuatro chicas y el muchachito, que les paralizó el corazón: “¿Cuándo nos vamos? ¿Nos vinieron a buscar?”.

“La situación en la que están estos chicos es muy grave. Es una clínica para adultos, que no está especializada en el trato a niños y adolescentes. No existe escuela ni proyectos de revinculación. Siguen sobremedicados. La misma clínica les informó a los juzgados que intervienen en cada caso, el 9 de marzo, que ese lugar no era el adecuado para mantenerlos, pero ninguno tomó una decisión y tampoco el gobierno porteño”, señaló la abogada Clarisa Adem, de la Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces de la ciudad. Musa le advirtió al gobierno porteño que debe ofrecer a los chicos en forma urgente alternativas para vivir.

“Separar la villa de los narcos”

Publicó Página|12
4 de abril de 2009

El Equipo de Sacerdotes para las Villas reclamó la intervención del Estado para salvar “a los miles de chicos arruinados en su mente y en su espíritu”. Y criticó a quienes señalan a los barrios pobres: “Las víctimas son los vecinos de las villas”.

Los sacerdotes católicos que viven en doce villas o barrios pobres de la Capital Federal, al reflexionar sobre el proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, aseguraron que “el lado oscuro de nuestros barrios es la droga instalada desde hace años, quizá con más fuerza desde el 2001” y que “está despenalizada de hecho” porque “se la puede tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado”. De acuerdo con la visión de los religiosos, “habitualmente ni la fuerza pública ni ningún organismo que represente al Estado se mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos”. En el comunicado se afirmó que sólo “la prensa amarilla” se ocupa de esos chicos cuando “responsabiliza a la villa del problema de la droga y la delincuencia”, cuando “el problema no es la villa sino el narcotráfico”. En ese punto resaltaron que “la mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico” no viven “en estos barrios donde se corta la luz, donde la ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas. Otra cosa es que la villa –como zona liberada– resulte funcional a esta situación”.

Los firmantes de la declaración sostuvieron que la vida de los jóvenes de los barrios pobres “se fue tornando cada vez más difícil hasta convertirse en las primeras víctimas de esta despenalización de hecho”. Son miles de chicos “arruinados en su mente y en su espíritu” que “se convencieron de que no hay posibilidades para ellos en la sociedad”. Los miembros del Equipo de Sacerdotes para las Villas señalaron que el problema de la droga está “profundamente ligado” al “de la delincuencia, de las peleas, y los hechos de muerte violenta”. Los curas aseguraron que “esto nos hace tomar conciencia de otro gran tráfico que hay en nuestra sociedad, que es el tráfico de armas, y que visualizamos como fuera de control”.

“Cuando vemos muertes causadas por menores adictos, también nos preguntamos ¿quién es el que pone el arma en manos de los menores? De esta espiral de locura y violencia, las primeras víctimas son los mismos vecinos de la villa.” Hicieron hincapié en la falta de presencia de las autoridades en la prevención y en la ayuda de los que tienen hijos o familiares adictos: “Estas familias deambularon por distintas oficinas del Estado sin encontrar demasiadas soluciones”. Los sacerdotes afirmaron que “asombra ver cómo ese niño que fue al catecismo, que jugaba muy bien en el fútbol dominguero, hoy ‘está perdido’. Causa un profundo dolor ver que esa niña que iba a la escuela hoy se prostituye para fumar ‘paco’”.

Los curas admitieron que “la despenalización de hecho generó inseguridad social”, pero recalcaron que “la raíz de la inseguridad social hay que buscarla en la insolidaridad social” porque “a poco que nos pongamos a la luz de la palabra de Dios, descubrimos que como sociedad no nos hemos movilizado suficientemente ante el hecho dramático del hambre de los niños, que da lugar a adolescentes débiles física y mentalmente”, hijos de madres y padres “angustiados, sin trabajo o con changas mal remuneradas”.

En ese estado de cosas, “ahora escuchamos hablar de despenalizar en el derecho el consumo de sustancias. Nos preguntamos: ¿ministros y jueces conocen la situación de nuestros barrios? ¿Han dialogado con el hombre común de la villa? ¿Se han sentado a elaborar con ellos proyectos liberadores –la droga esclaviza– o simplemente se piensa en implementar recetas de otras latitudes?”. Los curas plantearon la necesidad de trabajar en la prevención para ponerle fin a la tríada “hambre–criminalidad-droga”, construyendo para esos jóvenes “ámbitos de recreación y un proyecto real para sus vidas”. Plantearon que la escuela es “el principal mecanismo de inclusión” porque “quienes se van de la escuela pierden toda esperanza” dado que ése “es el lugar donde los chicos pueden elaborar un proyecto de vida y empezar a formar su identidad”.

José María Di Paola, párroco de la Villa 21-24 y del barrio Zabaleta, en Parque Patricios, aclaró a Página/12 que los curas villeros intentaron “hacer un aporte” a la discusión del tema de la droga, desde la visión de quienes “tenemos la experiencia de vivir en la villa, de estar día y noche en contacto permanente con la gente”. Lo que ellos quieren es que la sociedad “separe lo que es la villa de lo que es el narcotráfico”. La opinión de Di Paola es que “la despenalización está pensada para los chicos de clase media o clase media alta, que tienen un abanico de posibilidades que no tienen los chicos de las villas. El Estado tiene que intervenir para darles una mano a nuestros chicos. El Estado se tiene que hacer cargo de los chicos pobres, de la prevención, de la contención, del tratamiento y también se tienen que hacer cargo todas las instituciones, incluyendo la Iglesia”.

Los otros firmantes son Carlos Olivero, Facundo Berretta y Juan Isasmendi (21-24 y Zabaleta); Guillermo Torre y Martín Carrozza (Villa 31), Gustavo Carrara, Adolfo Benassi y Joaquín Giangreco (1-11-14), Jorge Tomé y Franco Punturo (Villa 20); Sebastián Sury y José Zámolo (Villa 15); Pedro Baya Casal y Martín del Chiara (Villa 3 y Barrio Ramón Carrillo); Nibaldo Leal (Villa 6); Sergio Serese (Villa 19); Enrique Evangelista (Villa 26) y Jorge Torres Carbonell (Villa Rodrigo Bueno).

El circuito de la impunidad

Publicó Página|12
22 de marzo de 2009

El caso que se relata aquí es un ejemplo contundente de cómo el negocio de trata y explotación sexual, donde literalmente se secuestra y somete a mujeres y adolescentes a condiciones de esclavitud, recibe el apoyo y la protección de la policía, y generalmente también del poder político local. Un oficial que intentó investigar estos delitos en la provincia de La Pampa fue boicoteado y presionado desde la misma fuerza para que no investigara. Recibió amenazas de muerte, le quitaron el vehículo que usaba para recorrer los prostíbulos, le inventaron una causa judicial, le abrieron un sumario administrativo, desaparecieron los archivos de su computadora y finalmente lo trasladaron a 360 kilómetros del área que investigaba. Hoy pide su retiro.

Un comisario de La Pampa denunció que le pusieron numerosos obstáculos dentro de la misma policía provincial cuando quiso combatir a redes de trata que explotan mujeres en prostíbulos pampeanos. El uniformado que rompió el silencio es Hugo Ledesma, que se desempeñó como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa entre 2003 y 2004. En una entrevista de Página/12 muestra la documentación oficial que respalda sus dichos. Dijo que le quitaron vehículos para realizar tareas de inteligencia y operativos en horario nocturno –justo cuando trabajan los burdeles–, que misteriosamente apareció destruido el archivo de su computadora donde tenía cargada información clave que comprometía a proxenetas después de que pidiera varias veces que se guardara esa PC en un lugar especial, y también señaló que desde la subjefatura policial le ordenaron que frenara un procedimiento en una “whisquería” de un pueblo cercano a Santa Rosa, donde él tenía información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años, que ejercían la prostitución. Finalmente –reveló– lo confinaron a una seccional situada a más de 300 kilómetros de la capital pampeana, donde no tenía ni teléfono. Estos hechos ocurrieron cinco años atrás pero un dato los reactualiza: el jefe y el subjefe de la policía pampeana son los mismos que en aquel momento, Ricardo Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez, respectivamente.

Ledesma decidió romper el silencio. Sabe a qué se expone. Está tramitando su retiro. Fue designado como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa en 2003. Al llegar al puesto, dijo, empezó a detectar un fluido tráfico de mujeres extranjeras, muchas de ellas paraguayas, también menores de edad, que eran traídas como inmigrantes ilegales a trabajar en diversos locales habilitados como “whisquerías” por los municipios de La Pampa, pero que en la práctica funcionaban como verdaderos prostíbulos, donde se las explotaba sexualmente. Los prostíbulos, donde un proxeneta lucra con el comercio de cuerpos ajenos, están prohibidos en la Argentina. Las whisquerías siguen existiendo en La Pampa –como en otras provincias– como pantallas de burdeles: para habilitarlas los gobiernos comunales les exigen allí a las mujeres que trabajan allí de “coperas” una libreta sanitaria especial, que deben renovar periódicamente, para demostrar que no tienen enfermedades de transmisión sexual y vih-sida, un requisito por demás extraño para servir copas. La ciudad de Santa Rosa quiere poner un punto final a esta situación y desde el gobierno comunal se impulsa un cambio legislativo profundo para prohibir las whisquerías (ver aparte).

Ledesma contó a Página/12 que durante varios meses se dedicó a investigar al cabaret El Chipi, ubicado en la avenida 13 de Caballería Nº 980, en la localidad de Toay, a unos 15 kilómetros de Santa Rosa. “Tenía la información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años”, precisó. Ledesma quiso realizar un procedimiento en horas de la madrugada en el burdel. Pero cuando pidió “apoyo logístico y de personal” para llevar a cabo el operativo recibió una curiosa respuesta: el jefe del Departamento Judicial de la policía, comisario mayor Carlos Alberto Muñoz, le dijo que el subjefe de la policía pampeana, Juan Domingo Pérez, le había ordenado que desistiera de concretarlo y que tal procedimiento lo llevaría a cabo personal de la comisaría 5ª de Toay. Lo dicho está escrito en una nota que Ledesma le mandó a Muñoz, el 17 de diciembre de 2004, con sello de la Policía de La Pampa, y a cuya copia certificada tuvo acceso este diario. En esa nota, Ledesma le cuenta a Muñoz que recibió una comunicación de la propietaria del local donde funciona El Chipi, de nombre Elsa Hernández, que le dice que su inquilina tendría trabajando como prostitutas a “ciudadanas de nacionalidad extranjera” y entre ellas, “una menor de 16 años”. Ledesma contó que en aquel momento le mandó un correo electrónico al ingeniero Alejandro Meringer, titular de la Delegación de Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Migraciones, en el que le relataba los hechos. También muestra la copia de ese e-mail.

“Seis meses había estado haciendo trabajos de inteligencia en El Chipi. Ante la orden de frenar el operativo hice la denuncia ante el fiscal Jorge Marcelo Amado (actualmente a cargo de la Fiscalía de Cámara N 2 de Santa Rosa), donde le informé que había menores en el prostíbulo”, recordó Ledesma. De un sobre color marrón saca una fotocopia de la denuncia ante el fiscal. “La información que yo manejaba era que a las chicas les sacaban los documentos y no las dejaban salir del burdel”, agregó. Ledesma señaló que obtuvo una orden de allanamiento del juez federal Pedro Vicente Zabala. “La tuve que devolver porque nunca pude hacer el operativo.”

–¿Qué pasó con El Chipi? –le preguntó Página/12.

–Siguió funcionando. Tengo hasta el contrato de locación –dijo Ledesma. Y sacó del sobre una copia del documento. El contrato firmado el 26 de marzo de 2003 entre Elsa Susana Hernández y Martha I. Morán de Gigli se extendía por 36 meses a un costo mensual de 300 pesos. En la cláusula 7 se detalla que “el locatario ocupará la propiedad locada con destino de bar”.

–¿Nunca se hizo el operativo en ese prostíbulo?

–Lo hizo la seccional 5, pero en horario diurno y dijeron que sólo encontraron a la señora Morán, la encargada del lugar.

Ledesma contó que cuando avisó a las autoridades de la policía pampeana su intención de realizar el procedimiento, le asignaron otra tarea: “Recorrer la plaza central de Santa Rosa entre las 24 y las 5 de la madrugada”, señaló. Es decir, en el horario en que funcionan los prostíbulos.

–Unos meses antes me sacaron el vehículo que tenía asignado para recorrer los bares nocturnos –añadió.

En una nota fechada el 23 de junio de 2004 y dirigida al comisario inspector Miguel Díaz, jefe del Departamento Judicial de la policía pampeana, Ledesma escribió: “Elevo a Ud. la presente reiterando el contenido de similar N 76/04, fechado el 21 de abril ppdo, ante la necesidad de contar con un vehículo que nos permita movilizarnos con prontitud y albedrío ante cada requerimiento operativo evitando de esta forma circunstancias actuales, en que en razón de no contar con movilidad (...) se ha tenido que obviar inspecciones migratorias en distintos lugares de alojamiento de personas de esta ciudad: también nos estamos privando de efectuar controles en otros lugares de la provincia, como es el caso de la localidad de Toay, donde hemos individualizado tres locales comerciales que estarían cumpliendo las funciones de cabarets y en alguno de ellos trabajarían dos o tres ciudadanas de nacionalidad paraguaya, que se encontrarían con sus residencias irregulares, para cuya localización resultaría menester efectuar operativos de constatación o lo que comúnmente denominamos ‘tareas de inteligencia’; también se han obtenido datos de que en otras localidades de la provincia, como es el caso de Trenel, Ingeniero Luiggi, Conhelo, etc, se podrían encontrar personas de nacionalidad extranjera trabajando, con sus situaciones migratorias irregulares y que a la fecha no han sido controlados, toda esta operatividad inconclusa, invariablemente requiere la posibilidad de contar con un vehículo en forma permanente y no que se asignado transitoriamente, pues la tarea operativa es sinónimo de dinamismo, de actividad, de movimiento, de traslación, todos aforismos íntimamente relacionados con la locomoción”.

El comisario contó además que era frecuente que se filtrara dentro de la fuerza la información de que iba a realizar operativos y se alertaba a los propietarios de prostíbulos. Y que por esa situación pedía insistentemente a sus superiores que le asignaran personal para la Dirección de Migraciones. De esa forma evitaría tener que pedir refuerzos a otras áreas, que podían alertar de los procedimientos. En una nota fechada el 17 de junio de 2004 dirigida al jefe del Departamento Judicial, le detalla que eso ocurrió con el local nocturno Jarana: “La ciudadana Esther Acosta, esposa de Rubén (Cuky) Arce, propietario, nos estaba esperando en el exterior del lugar de acceso, evidenciando ser ‘conocedora’ de la noticia de nuestra visita”.

–La señora me esperaba con los brazos cruzados en la puerta. Nunca la había visto. Al llegar me dice: “¿Cómo le va, comisario Ledesma?”. Las mujeres extranjeras que trabajaban ahí habían desaparecido.

Ledesma contó además que recibió amenazas de muerte, que él relacionó con su ímpetu por investigar la trata de mujeres para explotación sexual en territorio pampeano. Desde su puesto en Migraciones de la Policía de La Pampa, durante su gestión impulsó la apertura de 13 subdelegaciones “para combatir la trata”. De una carpeta saca algunos recortes periodísticos de esa época del diario La Reforma, donde aparece su foto y se informaba sobre la inauguración de las oficinas migratorias de las localidades de General Pico y Realicó. Misteriosamente un día se arruinó y desapareció –describió– el archivo de su computadora que contenía los datos de alrededor de seiscientos ciudadanos y ciudadanas extranjeras que trabajaban en La Pampa (muchas de las mujeres, en prostíbulos).

–Muchas veces la Subjefatura de la policía me daba órdenes por escrito y al mismo tiempo me llamaban por teléfono diciéndome que no les diera pelota –agregó.

El 26 de diciembre de 2004, a Ledesma lo trasladaron a la comisaría de Cuchillo-Có, a 360 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa. “No había ni teléfono. Estuve ahí casi dos años. Me dejaron afuera de Migraciones porque sabían que iba a llegar a descubrir la esclavitud sexual”, sostuvo Ledesma. Después de dos años en Cuchillo-Có fue designado como adscripto a la Unidad Regional de General Acha. Ledesma también denunció que le inventaron una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tramitó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de General Acha, de la cual fue sobreseído. Y le iniciaron un sumario administrativo en el Departamento Central de Policía en el que interviene el jefe de la fuerza, comisario general Baudaux. Y que como no le dejan acceder a las actuaciones pidió el 2 de febrero último al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Antonio Carola, que tomara intervención en el expediente.

El 20 de agosto de 2008 Ledesma pidió el retiro voluntario que todavía espera que le otorguen. Sabe –dice– que sus denuncias pueden congelar el trámite. Pero también dice que quiso romper el silencio por la indignación que le provoca escuchar a funcionarios provinciales negar que exista la trata de mujeres en la provincia de La Pampa. “Me duele la impunidad.”

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de fines de 2006, publicado en exclusiva por este diario oportunamente, señaló a La Pampa como destino de reclutamiento de redes de prostitución. La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, confirmó a Página/12 la existencia de rutas de trata de mujeres entre la provincia de Tucumán, donde tiene la Fundación María de los Angeles, y La Pampa. Se estima que funcionan alrededor de treinta prostíbulos.

Buscarlos, pero no para encerrarlos

Publicó Página|12

25 de marzo de 2009

El recurso de amparo en favor de menores con adicción al “paco”, al que hizo lugar la Cámara de Apelaciones porteña, acierta en su propósito de que el gobierno de la ciudad “cese en su omisión de asistir adecuadamente a aquellas personas”, pero se equivoca al centrarse en la instauración de una red de centros de internación forzosa, próximos a villas de emergencia. Los lugares de “internación coactiva”, como los denomina el fallo, responden al modelo de la “comunidad terapéutica”, cuyas tasas de recaída tras la internación se aproximan al ciento por ciento. Funcionan sobre la base de la abstención total del consumo de la mayoría de las sustancias psicoactivas –compensada por la aceptación y promoción del tabaquismo–, bajo un sistema de encierro con altísimo control social. Las internaciones se prolongan durante meses o años y cuando el sujeto es liberado, en ausencia del contexto que sostenía la abstención, vuelve al consumo prohibido –al que se suma la definitiva adicción al tabaco–. En realidad, esto sucede en los mejores casos: los peores son los de las distintas “comunidades terapéuticas” que han sido denunciadas por maltratos a los internos.

La medida de la Cámara porteña responde a un recurso de amparo presentado hace más de dos años contra el gobierno de Jorge Telerman por el asesor tutelar Gustavo Moreno. El funcionario citó el caso del chico que “vomita sangre” o el que “tiene escaras en las piernas”, en relación con el consumo de paco: por cierto, el sistema de salud debe llegar activamente a estos chicos, pero no para encerrarlos, sino para curarles las escaras y las úlceras; hay que ir a buscarlos, no para apresarlos sino para acompañarlos, y a esto se lo ha llamado “reducción de daños”: es la estrategia que ha dado mejores resultados, y la que abre la puerta para que el usuario se acerque voluntariamente al sistema de salud, posibilidad que la internación coactiva cierra para siempre. (Véase por ejemplo, entrevista a Denis Petuco, de la Asociación Brasileña de Reductores de Daños, Página/12, 11 de octubre de 2008.)

Este abordaje no niega la posibilidad de que una persona deba ser internada, aun contra su voluntad, por estar en riesgo su vida o la de terceros, en hospitales generales o por medio de las guardias especializadas que establece la Ley 448 de Salud Mental de la ciudad (cuya constitución sigue pendiente en la mayoría de los hospitales). Lo que no debe admitirse es una estrategia basada en la creación de institutos de encierro.

El pedido de amparo plantea, de modo totalmente genérico, “que en las villas resulta muy difícil que un niño, niña o adolescente pueda sostener un tratamiento ambulatorio, ante la falta de contención familiar y social”, por lo cual requiere que los centros de internación se instalen en las inmediaciones de esos barrios. El doctor Moreno destaca el problema de la “violencia familiar”, citando el caso del joven que “golpea a su madre”. Pero la violencia familiar no suele ser causada por los niños sino por los adultos, usualmente por hombres golpeadores: así, esta medida judicial adhiere a la coartada que, mientras niega y silencia que quien debería ser apartado de la familia es el adulto violento, promueve la segregación del niño, niña o adolescente cuya conducta denuncia el conflicto.

El apartamiento del joven conflictivo no sólo agravará sus problemas, sino que, como falsa solución para la familia a la que pertenece, generará efectos nocivos; por ejemplo, que otro miembro de la familia, probablemente un hermano, pase a ocupar el lugar vacante, con lo cual la cantidad de chicos con adicción al paco se multiplicará.

Todo esto quiere decir que la presencia del sistema de salud mental (materializada en personal con vocación y estímulo para esta tarea) debe concernir también a las familias de los chicos con adicción al “paco”. En este marco debe darse respuesta a la angustia de sus madres: en la medida en que puedan procesarla, advertirán por sí mismas que, si algo puede hundir a un chico en la desesperación, si algo puede arrojarlo a la urgencia de perderse, es que su mamá exija que lo priven de la libertad.

En cuanto al riesgo de recaída porque “el grupo de pares sigue consumiendo”, según señala el asesor tutelar, en realidad es uno de los factores por los que fracasan los tratamientos basados en la privación de libertad: finalizada la internación, la víctima vuelve a su grupo de origen, cargando además el resentimiento y la humillación de haber sido encerrada. Al revés, en el marco del respeto por las culturas comunitarias, se han pensado estrategias para que los sujetos puedan reducir sus consumos aun sin retirarse de sus grupos de pertenencia (véase por ejemplo la entrevista al antropólogo Eduardo Menéndez, Página/12, 9 de junio de 2008).

Se objetará que la probabilidad de éxito de estos abordajes es reducida: efectivamente lo es, porque el problema responde a causas sociales, políticas y delictuales que van más allá de todo sistema de salud. Pero esos limitados resultados favorables existen, se han probado en el mundo y serán siempre superiores al dañino fracaso de la internación coactiva. Es cierto que la privación de la libertad, más allá de las buenas conciencias de los funcionarios responsables, tiene éxito en sus dos objetivos inconfesados: sacar de la vista de la sociedad a los niños, niñas y adolescentes indeseables, e introducirlos en el sistema de reclusiones y castigos donde pasarán el resto de sus vidas.

La cuestionada detención de un chico llegó a la CIDH

Publicó Página|12

28 de febrero de 2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia de familiares del adolescente Brian Barrera, de 16 años, detenido en la causa en que se investiga el homicidio del ingeniero Ricardo Barrenechea, desde noviembre de 2008. Las abogadas que patrocinan al chico detenido argumentaron que existe “denegación de justicia” en el caso de Brian ya que ni el juez de menores que interviene en el caso ni la Cámara de Apelaciones de San Isidro consideraron los argumentos presentados en su defensa: “No hay ni una prueba en su contra, se han equivocado con su detención y no quieren rever la decisión para no pagar el costo”, dice Florencia Arietto, una de las letradas, a este diario. El caso está ahora en la Suprema Corte bonaerense, que debe resolver si acepta el pedido de nulidad y sobreseimiento solicitado por las letradas.

La CIDH notificó a la abogada, socióloga y ex docente del adolescente, Nelly Baldano, que el expediente quedó registrado bajo la clave alfanumérica P-62-09. El secretario ejecutivo del organismo interamericano Santiago Cantón, remitió una nota a Baldano explicando que “el reclamo presentado se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes”.

El adolescente está procesado como “autor del robo y partícipe del homicidio del ingeniero Barrenechea” por un juzgado de menores, y la decisión fue ratificada por la Sala I de la Cámara Penal de San Isidro a principios de este mes. Las abogadas que defienden a Brian presentaron un recurso ante la Corte provincial, pero ésa no es la última chance que tienen ya que pueden recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

“La Corte Interamericana no puede intervenir mientras no se agoten todas las instancias en la Justicia local. Pero es importante que hayan admitido el caso, ya que podrían haberlo rechazado hasta que haya una sentencia definitiva. Esto va a acelerar mucho los tiempos en el caso de que tengan que investigar si hubo denegación de justicia ya que están al tanto del caso, solo tenemos que actualizarlo con las novedades que van surgiendo”, explicó la abogada Arietto.

Barrenechea, de 46 años, fue asesinado de varios disparos durante un intento de robo en su domicilio de la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, el 21 de octubre pasado. Alrededor de las 7 de la mañana, dos jóvenes ingresaron en su vivienda, con fines de robo, mientras un cómplice se habría quedado en la puerta como “campana” y otro en un auto, según consta en el expediente.

Una vez adentro, amenazaron a la empleada doméstica que se encontraba en la planta baja y luego subieron al primer piso donde estaban Barrenechea, su esposa y sus cuatro hijos. Pese a que el hombre les dio una suma de dinero, los ladrones no se conformaron y reclamaron más. Entonces Barrenechea forcejeo con uno de ellos, que disparó su arma calibre 45 y lo mató. Además, ese disparo le provocó heridas a uno de su hijos, de 17 años. Después, los ladrones huyeron en el auto que los esperaba.

Tres días después del crimen, Brian fue detenido en la villa Puerta de Hierro, del partido de La Matanza. En ese sitio, vivían además los sospechosos de haber participado en el crimen. Lo llamativo es que luego fueron detenidos otros cuatro, por lo cual suman cinco los jóvenes privados de su libertad, todos procesados por la Justicia.

“Si los asaltantes fueron cuatro, y los que entraron a la casa, que pudieron ser reconocidos por la familia, fueron dos, hay por lo menos uno de los detenidos que está sobrando”, advirtió la abogada.

Brian no tiene antecedentes penales y goza de un buen concepto entre los docentes de la escuela donde asistía. Algunos de ellos se movilizaron en su defensa e incluso Nelly Baldano se convirtió en la actora de la presentación ante la Corte Interamericana.