viernes, 29 de mayo de 2009

Un freno a las redes de trata

Publicó Página|12
29 de mayo de 2009

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, locales donde se explota sexualmente a mujeres. En sesenta días, el municipio debe eliminar las normas que reglamentan la prostitución.

Por Mariana Carbajal

La capital pampeana daba anoche un paso significativo para enfrentar a las redes de trata que comercializan cuerpos de mujeres en su territorio. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada desde la intendencia que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, nombre con el que se habilitaban locales que en la práctica trabajan como prostíbulos regenteados por proxenetas. Las tres que están habilitadas en la actualidad deberán cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, lo que sucederá a lo largo de este año, explicó a Página/12 la concejal oficialista Alicia Iribarren. La iniciativa –destacó– se empezó a analizar cuando desde el municipio se detectó que Santa Rosa se había constituido en un lugar de destino de mujeres reclutadas, muchas veces con engaño, por mafias de rufianes.

“Santa Rosa le dice NO a la trata de personas por explotación sexual”, decía anoche uno de los carteles colgados en el recinto del Concejo Deliberante por la subsecretaria de la Mujer del gobierno comunal, Mónica Molina, gestora de la sanción de la normativa. “Ninguna mujer nace para puta”, decía otro de los pasacalles. “Esperamos que otras ciudades de otras provincias, donde el tema de trata es un flagelo, puedan replicar estas acciones”, consideró Molina en diálogo con este diario.

El proyecto llegó al recinto después de obtener dictamen favorable el martes en un plenario de dos comisiones. El apoyo fue unánime.

“Dentro de los factores que incidieron para que estemos frente a esta votación fue fundamental el rol que tuvieron los medios de comunicación de contribuir a instalar y denunciar la temática, como puntualmente fue el caso de Página/12, que promovió la investigación de oficio del fiscal Marcelo Colombo”, comentó Molina, en referencia a una serie de notas sobre la situación de la explotación sexual de mujeres en locales de la provincia de La Pampa y, en particular, de la existencia de normativas en Santa Rosa y General Acha por las cuales, en la práctica, se reglamentaba la actividad de las “alternadoras” en las “whisquerías” habilitadas por la comuna, en abierta violación de la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país.

Colombo es coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación. La semana pasada estuvo en la capital pampeana y se entrevistó con las autoridades municipales y con concejales, expresándole su preocupación por las ordenanzas. “Su visita a Santa Rosa y su preocupación por la concepción reglamentarista de la norma contribuyeron a que hoy (por ayer) estemos modificando esta norma. Lo que sigue es continuar con políticas activas creativas desde el Estado que generen otras oportunidades para nuestras niñas, adolescentes y mujeres y para evitar que sean captadas por redes de trata”, agregó Molina, quien llegó a la función pública con la asunción como intendente de Francisco Torroba, del Frepam, una coalición que se impuso al justicialismo y que agrupa a radicales, socialistas y al Partido del Frente.

Periodista y activa militante por los derechos de las mujeres, Molina venía manifestando su preocupación por el problema de la trata de mujeres desde hacía tiempo en Santa Rosa. Escuchar de primera mano sus voces fue uno de los motivos que la movilizaron para instalar esta problemática en la agenda política de la comuna. “Conocer sus historias, sus dolores, recordar frases de ellas como ‘quería amanecer una mañana con mis hijos, y no sentir el olor a transpiración y alcohol’, o ‘la gente cree que nos ganamos la plata fácil’, son suficientes para sentir un mayor compromiso”, destacó.

Tal como publicó este diario, en la capital pampeana la prostitución estaba reglamentada a través de las ordenanzas municipales Nº 1537/94 de Obligatoriedad de la Libreta Sanitaria y Nº 3218/2004, llamada Código de Espectáculos Públicos y sus locales. Este tipo de normativas, que permiten la habilitación de whisquerías o cabarets, existen en otros municipios del país. Además de prohibir la apertura de locales nocturnos y de establecer que deberán cerrar las que están funcionando una vez que caduquen sus permisos, la nueva ordenanza da al Ejecutivo y al propio Concejo Deliberante un plazo de 60 días a partir de hoy para “proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente” para desterrar la reglamentación de la explotación de la prostitución ajena en la ciudad. Una de las normas que deberán ser modificadas es la que exige una libreta sanitaria especial para las empleadas de whisquerías y por la cual deben realizarse periódicamente exámenes médicos vaginales para detectar enfermedades de trasmisión sexual. Desde mediados de abril, esa exigencia está suspendida por disposición del intendente.

La mortalidad infantil baja en la Ciudad pero crece en la zona sur

Publicó Clarín
26 de mayo de 2009

Las cifras oficiales indican que cayó de 7,9 por mil que había en 2007 a 7,3 en el año pasado. Sin embargo, en barrios como Soldati, Lugano y Villa Riachuelo viene aumentando y llegó al 11,9 por mil.

Como uno de los síntomas más claros y dramáticos de una Buenos Aires partida en dos, la tasa de mortalidad infantil aumenta en la zona sur, mientras disminuye en el resto de la Ciudad.

Lo dice un informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, que como resultado general indica que la mortalidad infantil bajó de 7,9 por mil en 2007 a 7,3 por mil en 2008, en el total de la Ciudad. Sin embargo, a poco que se examinan con algún detenimiento las cifras, aparecen realidades disímiles. En las comunas 2 (Recoleta) y 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales) se observa una Buenos Aires con indicadores de países desarrollados. Allí los índices caen hasta 5 por mil (fue la que más bajó) y 4,3 por mil, respectivamente. En cambio, a medida que la Ciudad se acerca al Riachuelo la realidad se parece mucho a la de las provincias más pobres de nuestro país. En la comuna 9, (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), la tasa pasó de 7,7 por mil en 2007 a 8,3 en 2008. Y creció mucho más en la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo). Allí, la mortalidad infantil, que era de 10,7 por mil en 2007, fue de 11,9 el año pasado.

La mortalidad infantil refleja la proporción de bebés que dejan de existir en su primer año de vida. Es, por lo tanto, uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de salud de la población, pero también de mayor amplitud que eso, porque la mortalidad infantil tiene una relación muy estrecha con las condiciones de vida. Así, es una referencia importante para medir también otros aspectos sociales, como la disponibilidad de los servicios de agua potable y las condiciones ambientales de vida de los sectores más pobres de la población.

Al sur de la avenida Rivadavia están casi todas las villas de la Ciudad. Ese es uno de los motivos de las diferencias tan grandes en los índices. Y por ejemplo en el predio de la Villa 20, de Lugano, hay un enorme depósito de autos abandonados de la Policía Federal, que actúa como foco infeccioso para todos los que viven allí, especialmente los chicos recién nacidos.

De todas maneras, no deja de ser un dato significativo que las diferencias socioeconómicas entre el Norte y el Sur de la Ciudad siguen ampliándose, cuando todos los últimos jefes de Gobierno prometieron trabajar para reducirlas.

El informe señala que la principal causa de mortalidad infantil durante 2008 fue la duración corta de la gestión y bajo peso al nacer. Se trata de problemas que pueden atacarse con prevención y diagnostico o tratamiento oportuno en el embarazo.

Así, en una ciudad rica, su zona Sur aparece con indicadores muy distintos, mucho más emparentados con los de La Matanza, por ejemplo, o con los generales del país. En ese partido, el más pobre del conurbano, en 2007 la mortalidad infantil fue de 13,2 por mil, mientras que a nivel nacional las últimas cifras disponibles consignan una tasa del 13,3 por mil.

jueves, 28 de mayo de 2009

El ADN confirma el incesto y el abuso

Publicó Página|12
28 de mayo de 2009

Los análisis demuestran que el acusado es padre de los niños de su propia hija, que hoy tiene 35 años. Como el mayor tiene 19, el embarazo se produjo cuando ella tenía 15. La defensa sostiene que, “si hubo delito, prescribió”.


Los exámenes de ADN confirmaron que Armando L., el hombre de 67 años acusado de violar a su hija durante más de 20 años, en la ciudad de Mendoza, es el padre de los siete hijos que tuvo esa mujer, como producto de los abusos denunciados. Los resultados comprometen al hombre, quien está detenido desde hace veinte días, pero no son decisivos para su procesamiento, según sostienen sus abogados defensores (ver nota aparte). Un legislador pidió que se impute a la pareja del hombre –la madre de la víctima– por su presunta complicidad con los abusos que se cometían.

El fiscal que interviene en la causa, Marcelo Gutiérrez del Barrio, informó ayer a la defensa del acusado sobre los resultados de los análisis realizados en laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo. Esos resultados, según trascendió, demuestran que el hombre imputado es el padre de los siete hijos que tuvo su hija. El mayor tiene hoy 19 años y su madre, 35, por lo cual, cuando quedó embarazada, tenía alrededor de 15 años, es decir que era menor de edad.

El diputado provincial Ricardo Puga, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, dijo que las pruebas mencionadas “acreditan nuestros planteos” y solicitó el “procesamiento de la pareja del abusador”. “Ahora hemos pedido el procesamiento de la pareja del abusador, de 55 años y que trabaja como oficial de justicia, porque por su función y vínculo mantuvo silencio ante los gravísimos hechos denunciados”, afirmó Puga. Este legislador fue quien recibió, hace seis meses y medio, la denuncia del hecho por parte de un hermano de la mujer abusada por su padre, después de que fracasara una decena de denuncias judiciales.

Los resultados del ADN “acreditan que lo que planteamos tras recibir la denuncia del hermano era correcto, y ahora se sumaron a la causa otras denuncias conexas hechas por un vecino de la familia y otra hija del hombre imputado”.

El hombre fue detenido el 8 de mayo y se abstuvo de declarar ante el fiscal, tras lo cual fue trasladado a la Penitenciaría provincial de la calle Boulogne Sur Mer de la capital mendocina, imputado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en un mínimo de siete oportunidades”. A la primera denuncia se sumó recientemente la de otra hija, de 40 años: afirmó que también ella y otras hermanas fueron abusadas por su padre, y reiteró que “amenazaba a la familia con un arma de fuego para que guardaran silencio”.

El paso siguiente será conocer el resultado de los peritajes psiquiátricos del detenido, tras lo cual será trasladado a los tribunales de la Justicia provincial para declarar ante el fiscal Gutiérrez del Barrio.

Ayer, el abogado Pablo Cazabán, uno de los defensores de Armando L., dijo que analiza la posibilidad de renunciar a la defensa del acusado. El letrado, que es hermano del ministro de Gobierno y Justicia de Mendoza Alejandro Cazabán, argumentó que “se ha planteado una situación familiar y por ser absolutamente privada no voy a realizar ninguna declaración”. Cazabán asumió la semana pasada la defensa del imputado junto al abogado Fabián Hathallah, contratados por el acusado. Los defensores adelantaron que intentarán demostrar en la causa que las relaciones sexuales eran consentidas por la hija, en el marco de un incesto, situación que no es penada por la ley. En ese sentido, consideraron que el acusado es “un pecador” pero no “un delincuente” y que los casos denunciados por la víctima “fueron relaciones sexuales consentidas” (ver nota aparte).

Tal como publicó Página/12 la semana pasada, la denunciante no vive más en su casa: se trasladó con sus hijos a la casa de otro familiar, por lo cual diputados opositores reclamaron al gobierno que brinde asistencia social al grupo, porque se encuentra en situación de “hacinamiento”.

En respuesta a ese reclamo, ayer, la ministra de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia de la provincia, Silvia Ruggeri, aseguró que la denunciante recibe ayuda de la Nación, la provincia y el municipio, y que en los próximos días se le otorgará una vivienda. La funcionaria destacó que “es importante que los chicos vuelvan a la escuela” y en ese marco consideró como “alternativa” la posibilidad de que reciban educación domiciliaria. “La última vez que me consultaron sobre este tema estábamos esperando la pertinencia de este tipo de asistencia, porque es un reclamo judicializado –explicó la ministra–. Lo cierto es que esto ya está resuelto en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay una asistencia y seguimiento de parte de la municipalidad de Mendoza y hay una solicitud concreta respecto del tema de vivienda de esta familia”, tema que ya estará resuelto “mañana o pasado”.

jueves, 21 de mayo de 2009

Podrían evitarse más de la mitad de las muertes de recién nacidos

Publicó La Nación
25 de marzo de 2009

Casi el 60% de las defunciones son por problemas de infraestructura y capacitación


Por Fabiola Czubaj

Un relevamiento del estado de salud materno-infantil en nuestro país que se dará a conocer hoy revela un dato alarmante: casi el 60% de las muertes de bebes en los primeros meses de la vida ocurren por causas que pueden prevenirse con medidas tan sencillas como lavarse las manos antes de revisarlos.

El Informe de Salud Materno-Infantil Juvenil 2009 fue realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef. En sus sesenta páginas se advierte, en general, un deterioro de la calidad de la vida asociada con la salud de los chicos y adolescentes en los últimos años. Los resultados más impactantes los proporcionan la alta cantidad de muertes de bebes que se podrían evitar en los primeros doce meses de la vida si se aplicara el conocimiento científico disponible con una infraestructura adecuada para la atención de la salud.

Los últimos datos suministrados por el Ministerio de Salud, que corresponden a 2007, muestran que de los 5964 bebes que murieron ese año en los primeros 28 días de vida (período neonatal) se podría haber salvado a 3041 recién nacidos (el 57,2%) en condiciones óptimas.

Bajo esas mismas condiciones, que básicamente consisten en disponer de medidas de prevención y tratamiento en el momento oportuno durante el embarazo, el parto y el primer año de vida, de los 3336 bebes que fallecieron en 2007 entre los 28 y los 365 días de vida (período posnatal) se podrían haber evitado 1211 muertes (el 56%).

"Es vergonzoso que casi el 60% de los bebes mueran por causas evitables -consideró el doctor Hugo Sverdloff, coordinador del informe e integrante del Comité de Pediatría Social de la SAP-. Nos preocupa también el aumento de la mortalidad infantil, en general, que pensamos que tiene que ver con la situación de crisis que vive el país, pero también el aumento de las muertes neonatales, que son las más difíciles de manejar y tienen que ver principalmente con el manejo del embarazo y el parto."

Según el informe, que se presenta hoy en el Centro de Capacitación y Docencia Dr. Carlos Gianantonio, de la SAP, el 44% de las muertes neonatales se podrían haber reducido en 2007 con el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los problemas durante la gestación y el parto. Un 12% de los decesos se podrían haber evitado si ese diagnóstico y tratamiento hubiese llegado a tiempo.

"Han mantenido un descenso coherente ciertas causas dependientes más que nada del manejo obstétrico pediátrico alrededor del parto (complicaciones del trabajo de parto, hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento) -precisa el texto del informe-. Preocupa el ascenso franco de la cantidad de muertes por problemas relacionados con la edad gestacional, la sepsis bacteriana [infecciones en el recién nacido por bacterias transmitidas por la madre en el momento del parto] y los trastornos hemorrágicos (...). Es indudable que estos problemas merecen un atento seguimiento y preocupación por parte del sistema de salud."
Factores sociales

En cambio, a partir del mes de vida, la mortalidad se debe principalmente a factores sociales, como la desnutrición y los problemas de acceso a la atención médica. De hecho, en el período posneonatal, el 26,5% de las defunciones se podrían haber evitado mediante la prevención y el tratamiento.

"En estos últimos cinco años -concluye el informe-, las diez primeras causas de muerte no variaron y sólo intercambiaron sus posiciones, a excepción de las malformaciones congénitas del corazón. Lo que llama la atención es el lugar preeminente que tienen el síndrome de muerte súbita infantil y otros accidentes que obstruyen la respiración."

Ambas causas ocupan el cuarto y el quinto lugar en las diez principales causas de muerte antes del año de vida, después de las malformaciones cardíacas congénitas, la neumonía y la septicemia, que ocupan, respectivamente, los tres primeros lugares.

"Creemos que todo esto es es una expresión directa de la crisis que vivimos, la inequidad y la pobreza", resumió Sverdloff, pediatra diplomado en salud pública. Por eso, la SAP elevará recomendaciones al Ministerio de Salud para reducir la enorme brecha que existe entre las provincias para acceder a servicios de salud.

Según la doctora Margarita Ramonet, que preside la SAP, los datos son "confiables" como para comenzar a capacitar a los pediatras con talleres en el lugar de trabajo a la espera de la decisión política de "activar" la atención primaria de la salud. Para eso, la Sociedad desarrolló un Plan Estratégico en Salud Materno Infanto Juvenil que ofrecerá a las autoridades.

Embargo a ministro bonaerense por “desamparar” a chicos de la calle

Publicó Política y Medios
8 de mayo de 2009

El fallo lo dictó el juez Luis Arias, quien señaló a P&M que el titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, “no ha mostrado ninguna voluntad de cumplir con al demanda cautelar para que los menores en situación de calle tengan un lugar para satisfacer sus necesidades básicas”. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, calificaron de “lamentable que se haya llegado a esta instancia para que resuelva” el tema.

Hasta que no se cumpla con la medida cautelar del juez platense Luis Arias, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (foto), y el Secretario de esa cartera en la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat, sufrirán un embargo diario que llegará hasta el 20 por ciento de sus sueldos.

El mismo juez lo determinó ayer, al constatar que no se había cumplido el fallo del año pasado que exigía de forma urgente a los Ejecutivos provincial y municipal el funcionamiento de un parador nocturno, un servicio de atención telefónica las 24 horas, dos coches para el traslado de los chicos y la difusión de sus derechos.

“El Ministerio de Desarrollo Social no ha cumplido nada, cuando es justamente la competencia mayor, con la mayor responsabilidad, en particular sobre la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia”, destacó el juez en diálogo con Política&Medios y agregó que “no ha mostrado ninguna voluntad ni intensión de cumplir con al demanda cautelar, que fundamentalmente está dirigida a que los menores tengan un lugar de referencia para poder satisfacer sus necesidades básicas, alimentación higiene, descanso. En virtud de las convenciones que tiene firmado el estado, no puede dejar a ese chico desamparado en la calle”.

Para Arias, este comportamiento del Ministerio “demuestra que no hay voluntad política de llevar adelante esta política de estado que ha fijado la legislatura a través de la sanción de estas leyes. Hay miles de autos, hay choferes para todo, ¿no se pueden destinar dos autos para que en toda la ciudad de La Plata se pueda trasladar a los chicos? ¿No puede haber un 0800 las 24 horas? Lo cierran a las 8 de la noche, justo cuando más problemas hay”.

Consultado sobre los descuentos a los funcionarios, que en el caso de Arroyo es de 800 pesos diarios y de 200 sobre Crusat, el juez se manifestó descreído sobre el funcionamiento de esta sanción. “No va a pasar nada. Porque normalmente las astrientes la Cámara en lo Contencioso Administrativa de La Plata las revoca sistemáticamente, entonces a los funcionarios les da lo mismo cumplir o no la orden judicial. Incumplir una orden judicial es un delito, pero hay un estado de impunidad terrible”, denunció.

La medida cautelar dictada por Arias el año pasado, surgió de las denuncias de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Ricardo De Udaeta, integrante de la organización, opinó a P&M que “es lamentable que se haya llegado a esta instancia para que se deban poner a gestionar y resolver el problema de los chicos de la calle y para poder aplicar la ley de promoción y protección”.

“El juez –señaló Udaeta- vio que en realidad los pibes siguen en la calle, la policía los sigue reprimiendo, no hay servicio de atención telefónica las 24 horas, no hay un parador nocturno. Vemos que hay una decisión política de que esos chicos sigan en la calle. Fuimos a reclamar muchas veces por estas medidas y la respuesta siempre ha sido represiva, cuando pusimos la ollas populares nos mandaron a control urbano, que debería estar revisando las ferreterías que le venden pegamento a los pibes y los mandan a donde estamos nosotros, que les damos de comer”.

Po último, Udaeta pidió que más que discutir la baja en la edad de imputabilidad, se debería sacar a todos los chicos de la calle. “En provincia tenemos la ley de Promoción y Protección, que es muy buena, de avanzada, pero lo que hace falta es voluntad política para poner plata, si no ponen plata en eso no se de donde van a sacarla para ponerla en le ley de responsabilidad penal juvenil”, analizó y agregó: “No se cual es la prioridad, si defender a los pibes o castigarlos”.

Régimen Penal Juvenil. Para el juez Luis Arias, “hay un elevado nivel de reduccionismo sobre bajar la edad de imputabilidad o no. Creo que no va a solucionar nada, es una aspirina para calmar los síntomas de una enfermedad hasta que pasen las elecciones. Las leyes por si mismas no modifican la realidad, se necesita alguien que las cumpla, que las ejecute, que las lleve a cabo. Se necesitan acciones continuadas, concretas como estas que ordenamos. Trabajo constante, permanente, por parte de la administración, invertir recursos humanos y materiales, pero esas situaciones no se dan”.

“Hay una ley nacional de protección de los derechos del niño y también está en la convención de los derechos el niño, que ya tiene 20 años, pero el problema es que nadie esta decidido a invertir, porque es algo que no se ve y tarda muchos años en empezar a ver resultados. No es lo mismo que hacer 10 cuadras de asfalto”, concluyó el magistrado platense.

miércoles, 20 de mayo de 2009

Realizaron estudios de ADN al “Chacal”, la víctima y sus hijos

Publicó Diario Hoy
20 de mayo de 2009

El fiscal Gutiérrez del Barrio anticipó que el resultado se conocerá en unos 20 días, aunque no será determinante para el futuro procesal del acusado. Si no se prueba que abusó de la hija, saldrá libre, ya que el incesto no es delito


El Cuerpo Médico Forense realizó ayer los exámenes de ADN al hombre acusado de haber violado a su hija por más de veinte años y a todos los involucrados del caso, incluyendo a la presunta víctima y a los siete hijos.
Las muestras fueron derivadas a los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, informó ayer el Fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio, aclarando que el resultado (que se conocerá en unos 20 o 30 días) no va ser determinante para decidir la suerte del imputado, sino que va corroborar si efectivamente es el padre de los niños”. Es que aunque el ADN lo confirme, el detenido podría recuperar su libertad si no se comprueba el abuso, ya que la ley no contempla al incesto como delito.
La abogada Mariana Hellin, ex presidenta del Instituto de la Mujer, dijo que “la víctima es mayor de edad y los delitos o abusos sexuales que le hayan cometido cuando era menor prescribieron y ya no se pueden seguir penalmente”. El fiscal aclaró ayer que “no puede adelantar ningún tipo de valoración acerca de los testimonios recogidos hasta el momento”, correspondientes a la madre de la presunta víctima y concubina del hombre de 67 años; la propia denunciante, de 35; y de sus hijos. Ayer se cumplió una semana desde que el acusado quedó alojado en el penal de la ciudad de Mendoza, imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en número indeterminado de hechos en concurso real.
El fiscal admitió que le han llegado “cinco causas vinculadas con este caso tramitadas por distintos juzgados”, que “no son específicamente penales, sino que hay actuaciones en sede de los Juzgados de Familia y también algunas medidas tutelares”. Esos expedientes, dijo, “vienen desde hace varios años” y se habrían originado en declaraciones de vecinos.
Según publicó ayer el diario Uno, de Mendoza, el 21 de noviembre de 2002 se inició una causa por una denuncia anónima. El séptimo Juzgado de Instrucción, a cargo entonces de Eduardo Martearena (actual fiscal especial de la provincia) pidió un estudio de ADN, pero las actuaciones se archivaron porque la víctima se negó a brindar información sobre el padre de los niños. “No la puedo obligar a declarar”, explicó Martearena.

Violador de menores condenado a 18 años de cárcel

Publicó Crítica Digital
20 de mayo de 2009

El hombre fue hallado culpable del abuso sexual a dos nenas de 8 y 10 años y otro chico de 11, fue condenado por la Justicia Platense.

La Justicia Platense condenó este miércoles a 18 años de prisión a un hombre acusado de haber violado a dos hermanas de 8 y 10 años, hijas de su pareja, y un chico de 11 años.

Fuentes tribunalicias informaron que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II, de La Plata, integrado por los magistrados Claudio Bernard, Carlos Graziano y Liliana Torrisi, fallaron contra el acusado, de 49 años, al encontrarlo penalmente responsable del delito de violación en perjuicio de las dos nenas con las que había vivido cuando fue pareja de la madre de ellas, en 2005, en la localidad bonaerense de City Bell.

En el veredicto, el Tribunal dio por acreditado que durante el 2005, el acusado "aprovechándose de la confianza que inspiraba en las dos menores, con quienes había convivido tiempo atrás en razón de haber mantenido una relación de pareja con la madre de ambas, en circunstancias en que se quedaban a dormir en su casa llevó a cabo diversas prácticas lascivas -sometiéndolas a distintos actos vejatorios y humillantes- accediéndolas en reiteradas oportunidades carnalmente" según consigna el diario platense El Día .

También el procesado fue acusado de haber violado en la misma época a su sobrino de 11 años, señalaron las fuentes.

Irlanda: un informe oficial denuncia abusos sexuales en escuelas católicas

Publicó Crítica Digital
20 de mayo de 2009

El documento revela golpizas y violaciones a menores alojados en instituciones educativas y asilos manejados por la Iglesia. Los casos habrían comenzado en 1930 y fueron habituales hasta comienzos del siglo XXI.

Una comisión investigadora oficial de Irlanda reveló este miércoles que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos de ese país.

Los abusos, una situación que el documento calificó de "endémica" en este país, provocó que varias generaciones de niños y niñas entregados al cuidado del Estado viviesen "a diario el terror" de los castigos corporales.

La Comisión sobre Abusos a Menores fue establecida en 2000 para aclarar numerosas denuncias de violaciones ocurridas desde 1940 hasta mediados de la pasada década de los 80 en escuelas públicas, orfanatos, centros para enfermos mentales y en otras instituciones estatales, que, en su mayoría, estaban administradas por sacerdotes y monjas de la Iglesia católica irlandesa. No obstante, la investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000.

El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de "abusos sexuales crónicos" y de maltratos físicos y emocionales infligidos "sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados" tanto por religiosos como por personal laico. El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.

Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia -a cargo del mayor número de instituciones para menores-, los Hermanos Cristianos -el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad- y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio.

Estas últimas administraban las infames "Lavanderías de la Magdalena", popularizadas por la película Las hermanas de la Magdalena (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones. Para la Comisión, las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores.

El presidente de la Comisión, el magistrado Sean Ryan, aseguró que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, "en muchos casos", volvían a delinquir.

El grupo de apoyo a las víctimas "One in Four" ("Uno de cada cuatro"), consideró que "la jornada de hoy es un día de vergüenza para Irlanda". Los perjudicados lamentan también que, como resultado de la investigación, que le ha costado al Estado más de 70 millones de euros, ningún supuesto pederasta será llevado ante la Justicia.

"El abuso sexuales de chicos era endémico en las escuelas, mientras que en las de chicas, las menores eran objeto de actitudes depredadoras por parte de trabajadores varones, visitantes o cuando salían al exterior para realizar alguna tarea", indicó el texto.

martes, 19 de mayo de 2009

El Comfer cuestiona a Tinelli

Publicó Crítica Digital
19 de mayo de 2009

Título original: "Ideas del Sur defiende a sus chicos"

El Comfer continúa el sumario contra el programa, mientras la productora de Tinelli dice que los pequeños "están autorizados" por el GCBA.

La productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur , se comunicó con este diario, en respuesta a la nota publicada el domingo sobre el segmento Bailando Kids, para decir que los chicos que participan allí están autorizados por la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a grabar una vez por semana, de 14 a 20, (disposición 000368 emitida el pasado 28 de abril).

Según detallaron, a través de un trámite que les llevó más de un mes, Ideas... logró la autorización expresa de ese organismo, así como de los padres de cada uno de los chicos. Sin embargo, el sumario –y las muy probables sanciones– contra ShowMatch que lleva a cabo el Comfer seguirá su curso.

Desde el ente gubernamental Gustavo Bulla, director de Supervisión y Evaluación del organismo explicó a este diario que “No importa que los chicos tengan autorización para trabajar porque nosotros no controlamos el trabajo infantil. El Comfer se encarga de la aplicación de la Ley Federal de Radiodifusión en vigencia, la 22.285, y allí está expresamente prohibido que un chico de menos de 12 años aparezca en un programa dentro del horario de protección al menor a menos que tenga una leyenda explícita que diga ‘Este programa fue grabado con anterioridad’, algo que no sucedió en ninguna de las emisiones del segmento”. Para la productora de Showmatch, “ningún programa dice que ha sido grabado y nadie entiende que va en vivo”.

El Comfer, sin emargo, estudia también asuntos “más graves”, vinculados al contenido de algunos programas en los que los niños fueron objeto de comentarios sobre el contenido sexy o sensual de sus danzas, principalmente la del reggaeton, que ocupó la primera semana del certamen.

“Bailando Kids” es, además de “Gran Cuñado” , una de las apuestas fuertes del programa de Marcelo Tinelli para esta nueva temporada en Canal 13 , aunque mide menos que la parodia política en términos de rating.

Hay 600 pibes adictos al paco en “situación de pasillo”

Publicó Crítica Digital
18 de mayo de 2009

Se llama así a los chicos que no reciben atención del estado y viven sin techo en las villas de emergencia porteñas.
En menos de una semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir con un fallo judicial que lo obliga a dar asistencia a todos los jóvenes que consumen esa droga. Sin embargo, estudian apelar.

Por Claudio Mardones

Cuando falta menos de una semana para que el gobierno porteño decida si rechaza o cumple con el fallo judicial de la magistrada Andrea Danas, que le ordenó a fines de 2008 “garantizar la salud de todos los jóvenes adictos al paco en un plazo de noventa días”, una alta fuente de los tribunales de la ciudad confió a este diario “que existen alrededor de 600 casos confirmados de chicos en situación ‘de pasillo’, que pasan sus días diseminados en todas las villas y núcleos habitacionales transitorios de la Capital Federal”.

El dato, que sorprendió a jueces y fiscales del fuero contencioso porteño, no sólo aporta un descarnado pantallazo sobre la evolución del consumo de una droga con secuelas más graves que las que causa el consumo de pasta base de cocaína (PBC).

Según los especialistas, funcionarios y fiscales consultados, “la situación de pasillo” consiste “en la definición más precisa para graficar un estado diferente y más complejo que la situación de calle”. Pero para el padre José María Di Paola, coordinador del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, hay una definición más certera que para los curas villeros no es nueva. Se trata “del desamparo de vivir sin techo, que se combina con una evolución muy negativa de la adicción: ya no pueden vivir con su familia porque el consumo crónico los torna muy violentos y a la vez eligen refugiarse en un lugar que sea menos hostil que las calles porteñas –explica el párroco–. A pesar del empeoramiento que viven los chicos cuando son consumidores crónicos de paco y del rechazo generalizado de la sociedad, los vecinos de las villas les ofrecen una solidaridad más efectiva que el trato que reciben en la calle y desde el Estado, donde son tratados como casos irrecuperables”.

Sin embargo, fuentes del gobierno porteño, que no negaron la cifra de “600 chicos en situación de pasillo” coincidieron a medias con la caracterización del padre Pepe y revelaron que “entre 2008 y lo que va de este año se denunciaron 325 puestos de venta de paco en la ciudad, especialmente en la zona sur”. La situación “de pasillo” no sólo estaría relacionada con un refugio menos discriminador para los chicos, “sino con la cercanía a los puntos donde se puede conseguir paco con más facilidad”, explicó una alta fuente del Ejecutivo comunal, una respuesta que también apunta al papel de la policía en la persecución del narcotráfico en el territorio porteño, lo cual, para los especialistas del área encargada, es casi nulo.

Según un informe de febrero pasado del Equipo Móvil de la Dirección de Niñez de la Ciudad, en los barrios de “Pompeya, Boca y Barracas circula ‘casi libremente’ la venta de pasta base de cocaína y tolueno sin la adecuada injerencia de los diferentes actores que deben intervenir”. La repartición fue denunciada por el titular de la Asesoría Tutelar Nº 1, Gustavo Moreno, a la Cámara Correccional porteña para que la Justicia investigue si “la actitud omisiva de las fuerzas de seguridad podría constituir conductas delictivas”. Hasta ahora, no se ha sustanciado ninguna causa que investigue el caso, pero el funcionario judicial denunciante es el mismo que ahora espera que venzan los plazos judiciales para saber si la Ciudad cumplirá con la sentencia “o les embarga los sueldos a todos los funcionarios del área de Desarrollo Social hasta que se cumpla la sentencia”, dijo a este diario. Para Moreno, los 600 chicos “no son más que la punta de un iceberg donde se combina el consumo de todas las sustancias”. El letrado, encargado de defender los derechos de los menores porteños, insiste: “Me consta que la mayor cantidad de casos de chicos ‘en pasillo’ se puede verificar en las villas 15 y 3 de Soldati y la 21-24 de Barracas”.

LA TRAMA. En la ciudad viven cerca de tres millones de personas. De ellas, “un 58,5% de sus hogares vive en alguna situación de pobreza estructural o de ingresos”, según revela el Observatorio de la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones porteño. Según el último censo realizado por la Dirección General de Niñez, que data de julio pasado, en la ciudad “se identificaron 719 niños (menores de 18 años) en situación de calle”. Para fuentes de la comuna, ese panorama “ha empeorado en los últimos diez meses, algo que explica por qué hay 600 chicos en situación de pasillo”. Entre los datos que posee la Ciudad, “hasta diciembre de 2008 el 64,9% de los menores y adolescentes en tratamiento lo hizo con el paco como droga fundamental”. Los relevamientos oficiales indican que los consumidores de paco “son todos menores de 25 años, que el 2,3% de los estudiantes secundarios consumió paco alguna vez en su vida, que el 25% de los alumnos consultados considera que les ofrecen esa droga con facilidad y que el paco es la droga que se consume a más temprana edad, es decir, a partir de los doce. Para Moreno, “la negativa de Macri a cumplir esta sentencia no tiene sentido cuando la Corte Suprema de la Nación está por dictar un fallo para despenalizar el consumo de drogas y tratar a los adictos como enfermos. Si es así –razona–, ¿por qué no abrir los centros de atención necesarios?”. Desde la Procuración General de la Ciudad, a cargo de la defensa judicial del Estado porteño, contestaron que “todavía estamos evaluando si apelamos”.

Un consumidor promedio de 12 años

Según el informe 2007 de la Secretaría contra la Droga y el Narcotráfico de la Nación, “entre enero de 2006 y julio de 2007, se registraron 3.596 personas en tratamiento por adicciones”. En la ciudad, de los 677 internados, el 64,9% tuvo el paco como la principal droga que motivó su tratamiento, una cifra que en el ámbito nacional sólo alcanza el 22 por ciento. Pero según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social porteño, “el paco se consume a más temprana edad entre los adolescentes escolarizados, con una media de doce años”. Explica que “sólo el 21% de los niños en situación de calle nació en la ciudad y que en el Gran Buenos Aires tienen más hermanos en calle que los porteños”, aunque se estima que habrían más chicos en esta situación. Según los últimos datos, los chicos “paran o ranchan con pares, ya que sólo el 27% está con adultos o con su familia, mientras que algo más del 30% de las niñas estuvo embarazada alguna vez (la mitad tuvo un hijo). “De acuerdo con la legislación argentina, son niños, pero de acuerdo con el modo de supervivencia, son adultos que se autodeterminan y autoabastecen”, revela un paper porteño.

“Revientan en provincia y vienen acá”

Mientras el gobierno porteño analiza si apelará ante el Tribunal Superior de Justicia la medida judicial que ya fue confirmada dos veces por fueros inferiores, la subsecretaria de Promoción Social de la ciudad, Soledad Acuña, dijo a este diario que “todo lo que pide la jueza ya esta cumplido, lo que no quiere decir que tengamos el 100% resuelto”, un concepto que fue rebatido por el asesor tutelar, Gustavo Moreno, quien confirmó que seguirá exigiendo un mapa epidemiológico y la partida presupuestaria necesaria para abrir todos los centros que hagan falta. Consultada sobre “la situación de pasillo”, explicó que “se trata de una categoría que encontramos en este primer trimestre” y advirtió que “la única solución es combatir al narco en la ciudad. Si en la provincia revientan las cocinas y no contienen a los chicos, se vienen a consumir a la Capital, por eso tenemos cada vez más cocinas en San Telmo, La Boca y Barracas”, en alusión al operativo de la semana pasada en la provincia que incautó 8.000 dosis de paco. Para el padre Pepe, “es vital que Ciudad y Provincia acuerden medidas conjuntas”.

Alerta por el colapso en centros de atención de adictos

Publicó Crítica Digital
19 de mayo de 2009

En un relevamiento realizado, Criticadigital recogió denuncias por falta de presupuesto, servicios básicos y personal especializado. El gobierno de Scioli admite falencias y promete soluciones.

Por falta de financiamiento hay centros de atención que no pagan su alquiler y tienen pedidos de desalojo. Otros no tienen teléfono. En los hospitales de la provincia no hay camas para cubrir internaciones.


Por Stella Córdoba

Los Centros Provinciales de Adicciones (CPA) de la provincia de Buenos Aires están al borde del colapso. A la escasez de presupuesto para mantenerlos en correcto funcionamiento, se suma la falta de profesionales especializados en recuperación de adictos y un paro activo de los trabajadores de los centros que lleva casi dos meses. La Subsecretaría de Atención a las Adicciones atribuye la problemática a la “transición” por el reciente cambio de autoridades en esa área.

Los reclamos de los empleados son coincidentes en varios de los CPA del Conurbano. Claudia Saavedra trabaja en la Subsecretaría que depende del Ministerio de Salud provincial y es delegada del gremio de estatales ATE. En diálogo con Criticadigital, Saavedra anticipó lo delicado de la situación: “Siempre han sido la última prioridad para el Estado, esto viene de arrastre por falta de financiamiento desde hace tres años. La subsecretaria anterior se fue en medio de un conflicto que se desató por el hartazgo de los trabajadores ante la falta de respuestas”.

En el territorio bonaerense funcionan cerca de 180 servicios que cubren casi la totalidad de los distritos, compuestos por 134 municipios y divididos en 12 regiones sanitarias. Hasta éstas salas llegan más de 12.000 personas por mes en busca de asistencia. Sin embargo, las graves denuncias de los trabajadores revelan la crisis que atraviesan.

En la lista de falencias figuran la falta de servicios básicos como el teléfono. Hay CPA que no tienen línea por falta de pago y no pueden atender los llamados de personas con problemas de adicción que quieren pedir auxilio médico. “Es el medio por el cual los pacientes llegan al centro, sin teléfono no podemos ayudar”, confiaron desde el CPA de Tres de Febrero, trabajadores con más de dos años de antigüedad a este medio.

Sobre algunos centros pesan pedidos de desalojo porque el gobierno provincial no cumplió con el pago de los alquileres de los locales y predios. Como en otros hospitales públicos del país, los problemas edilicios están a la orden de día. Los trabajadores de ATE aseguran que hay instalaciones de luz, gas y agua que necesitan ser reparadas, y sin esos servicios se dificulta la actividad. Además, comentaron que en muchas ocasiones les pagan tarjetas de teléfono a los pacientes ambulatorios con “su propio dinero” para no perder el contacto y seguir el tratamiento. También aseguran que costean los desayunos o almuerzos de los pacientes, muchos de ellos en situación de calle.

En el caso de las internaciones, expresaron tener obstáculos para conseguir camas porque la Provincia no cumple con los pagos a los nosocomios que aceptan a los pacientes derivados por los CPA. Según los estatales, para las empresas de salud o clínicas privadas es más redituable trabajar con el Gobierno nacional.

A los CPA llegan personas en riesgo. La mayoría vienen de hogares pobres, desplazados, generalmente sin contención familiar ni trabajo estable y son adictos a la pasta base, el paco, la cocaína, el alcohol, la marihuana o el pegamento.

LA PROVINCIA ADMITE ERRORES. Desde la Subsecretaría de Adicciones admitieron que “en algunos establecimientos se originaron problemas por falta de insumos y de herramientas” y justificaron la situación en un desplazamiento de la anterior jefa del área, María Graciela García.

“Estamos en etapa de transición”, dijeron fuentes oficiales a Criticadigital. El nuevo responsable a cargo es el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Javier Goñi. El viernes pasado, Goñi visitó el Centro de Atención Pueblo de la Paz de Lomas de Zamora y dio su versión. “Había escasez de insumos, de elementos, pero el gran problema era la falta de comunicación”, sostuvo.

La semana pasada los profesionales se declararon en estado de asamblea permanente y resolvieron levantar las medidas de fuerza para escuchar propuestas. “Estamos atendiendo con los mecanismos de emergencia y de derivación, hasta que se restablezca la situación”, afirmó el funcionario, al reconocer la problemática.

Los empleados en conflicto también reclaman que se reconozca su labor como trabajo de riesgo, ya que deben lidiar con adictos y sus entornos en barrios marginales. Además denuncian que el servicio de asistencia medica no cubre a los empleados ni a las personas que frecuentan las instalaciones del CPA, como familiares y amigos de los pacientes.

Otro de los pedidos apunta a la falta de personal especializado para atender la gran demanda de enfermos. En el centro Matanza-González Catán, reportan cinco sicólogos y un psiquiatra -que asiste una vez a la semana- junto a dos secretarias y una persona que realiza tareas de maestranza. La mayoría prestan servicio desde hace diez años. “No damos abasto”, advierten con pedido de reserva de identidad.

En el centro de Avellaneda también adhirieron al paro durante casi dos meses. Allí denuncian que el personal que renunció a sus tareas no fue reemplazado y que eso produce una sobrecarga de trabajo para los que siguen luchando en la recuperación de drogadictos.

El CPA de Lomas de Zamora tiene a su cargo todo el cordón de villas de emergencias cercanas. Según relataron a Críticadigital, hace cuatro días ingresó un joven que recibió como diagnóstico una inminente internación. Sin embargo, no se le pudo dar respuesta. “Por los inconvenientes que existen con los sanatorios se le sugirió a los especialistas incluirlo en la lista de espera”, expresó uno de los empleados administrativos. La espera es de al menos 30 días, el tiempo justo para regularizar las deudas y pagar por las internaciones.

Juan Pablo Álvarez, vocero del departamento de prensa y difusión de la Subsecretaría, dijo que Goñi mantiene reuniones con las diferentes secciones de Salud para intentar buscar una salida al conflicto.

Para Saavedra los CPA están lejos de salir de la escenario de riesgo “Este es un problema de salud, no es solo un tema social, es una patología que tiene incidencia en lo social, pero tiene que ser visto como una patología. Nosotros no queremos que nuestro trabajo se encuadre dentro de la lucha contra el narcotráfico, el adicto necesita ayuda sanitaria ya”, concluyó.

Cómo bajó Chile la mortalidad infantil

Publicó Página|12
13 de mayo de 2009

Título original: “Ya estamos muy cerca de Canadá”

René Castro dirige el Programa Nacional de Salud de la Mujer. Aquí explica cómo Chile logró tener las tasas más bajas de mortalidad materno-infantil en la región. Una de las claves es la entrega gratis de anticonceptivos, incluso en la dictadura.


Por Mariana Carbajal

Chile ostenta tasas envidiables de mortalidad materna e infantil: están entre las más bajas del continente, muy por debajo de las de Argentina. Probablemente, incluso, sea el único país de la región que pueda cumplir con los Objetivos del Milenio en cuanto a la salud materna e infantil, de acuerdo con un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ¿Cuáles han sido las políticas que contribuyeron a mejorar notablemente sus indicadores en las últimas décadas? El médico René Castro encabeza desde 1992 el Programa Nacional de Salud de la Mujer, pieza esencial de su política sanitaria. En un reportaje de Página/12, a su paso por Buenos Aires, este médico especialista en obstetricia y ginecología dio las claves del éxito trasandino, entre las que se destacan una provisión constante de anticonceptivos gratuitos en todos los centros de salud del país desde fines de la década del ’60 y una red de parteras que se encargan de proveerlos y también de realizar los partos y tener el contacto directo con las mujeres y sus niños.

–¿Cuál es la tasa de mortalidad materna de Chile?

–1,8 cada 10 mil nacidos vivos. Ha rondado esa cifra en los últimos cuatro o cinco años.

–La de Argentina es muy superior: 4,3 por cada 10 mil nacidos vivos.

–En este momento, Chile, Uruguay y Costa Rica están en un rango parecido, menos de 2 y eso nos coloca arriba en el ranking de Latinoamérica.

–¿Cuál es la receta? ¿Qué medidas han contribuido a lograr mantener una tasa tan baja?

–Tiene una historia un poco larga, como todos los procesos sociales. Arranca por los años sesenta, cuando en Chile el problema del aborto era realmente bravo. En esa época se morían cada año 800 mujeres por causas vinculadas al parto, posparto y aborto. Primero hubo una fuerte inquietud en el mundo académico, en los centros de investigaciones y en las universidades. En 1965 se realizó una propuesta formal al gobierno de la época con la forma en que Chile podía enfrentar el problema del aborto, con un programa oficial de planificación familiar en los servicios públicos de salud. Lo interesante es que el presidente era un hombre del mundo demócrata cristiano, conocido públicamente como católico, muy religioso y practicante, Frei Montalba. El recoge esa propuesta muy sólida y, finalmente, después de hacer algunas consultas, incluso con un comisión católica, autoriza que se incorpore en la oferta de los programas materno-infantil de todo el país la planificación familiar. El programa comenzó en el año ’67 y hasta el día de hoy se mantiene. La ventaja de Chile es que es un país unitario. Lo que dice el Ministerio de Salud Nacional llega con la misma fuerza al extremo norte y sur del territorio. En 1976 el Ministerio de Salud se da cuenta de que con los recursos médicos de que se disponían en esa época no iba a ser posible cubrir toda la demanda porque estaba creciendo mucho. Se delegó entonces en la matrona u obstétrica, que es personal no médico, la posibilidad de indicar el uso de métodos anticonceptivos.

–¿Qué pasó durante la dictadura militar?

–Se da una situación interesante cuando viene el momento de preguerra con Argentina por el canal de Beagle y la zona sur. Había una estructura que se llamaba Oficina de Planificación Nacional, que sacó una resolución pronatalista con el argumento de que desde el punto de vista de geopolítica se necesitaba poblar más el país. Esa resolución no pasa de ser una propuesta. No llegó a ser tomada por el Ministerio de Salud. Pero en el contexto de dura dictadura que teníamos, algunas personas en los servicios interpretaron que significaba discontinuar y retirar la oferta de anticonceptivos. En algunos lugares interpretaron que no se colocaban más dispositivos intrauterinos y empezaron a sacarlos sin conocimiento de las mujeres. La ciudadanía lo supo. Se difundió. Lo interesante fue que la misma población dejó de ir a los centros de salud. En ese momento, 1978, por lo menos un 70 por ciento de las mujeres estaban usando DIU. Fue una reacción de ciudadanía informal.

–Más allá de ese episodio, ¿el programa de planificación familiar se mantuvo?

–Durante la dictadura no hubo un apoyo explícito al programa pero tampoco se le puso un obstáculo muy concreto. Los recursos se redujeron como se redujo todo el gasto social durante la dictadura por el enfoque neoliberal que sostenía que el Estado debía reducirse. Cuando recuperamos la democracia en el año ’90, a los seis meses aproximadamente, el primer gobierno hace una declaración de apoyo político explícito al programa.

–¿Cuándo se incorpora usted al programa?

–Yo llegué en el año ’92. Me ha tocado vivir gran parte de este proceso en los últimos 17 años, que es lo que ha ido haciendo la diferencia desde que recuperamos la democracia. En el ’94 llega la Cumbre de Población de El Cairo con todo el mensaje de la salud reproductiva. Y viene después la Conferencia Internacional de la Mujer, en Beijing. A partir de ese contexto internacional fuimos incorporando los nuevos paradigmas: derechos personales, enfoque de género, decisiones informadas. Y pasándolos, por supuesto, a los servicios. El segundo aspecto es que sigue siendo responsabilidad del personal no médico, de las matronas, en toda la red de atención primaria. Incluso, en los hospitales, son ellas las que se encargan de los partos.

–¿No intervienen los obstetras?

–Si no hay un problema o una complicación, no.

–¿Cuál es la proporción entre matronas y médicos?

–Hay unas 3500 matronas en el sector público. Y unos 1500 médicos que practican la especialidad de tocoginecología, pero no están todos en el sistema público. Por lo tanto, la relación puede ser de tres matronas por cada médico en el sistema público de salud. De hecho, en nuestra red primaria casi no tenemos especialistas. Por lo tanto, el recurso básico es la matrona. Cuando hay un problema, por supuesto, lo derivan al hospital.

–Del total de muertes maternas, ¿cuántas son consecuencia del aborto en la actualidad?

–No más del 15 por ciento del total. Es una proporción baja.

–En Argentina la última medición dio que rondan el 24 por ciento. ¿Hay estimaciones de cuántos abortos se realizan de todas formas cada año?

–No, ninguna. Seis meses antes de que la dictadura se retirase oficialmente a los cuarteles, eliminó la cláusula del aborto terapéutico. Por lo tanto, en ese escenario de absoluta restricción y penalización, no hay ninguna fuente de registro, salvo el dato duro del egreso hospitalario y la muerte por aborto. Claramente, los egresos hospitalarios han venido cayendo igual que los nacimientos. Desde los noventa a la actualidad hemos tenido una baja de la natalidad. Hoy es de dos hijos por mujer. En la década del ’60, cuando iniciamos el programa, era de 5. Me atrevería a decir que la cantidad de abortos ronda entre 70 mil y 100 mil cada año, en un total de 250 mil nacimientos. Un aborto, cada tres o cuatro nacimientos, es una cifra un poco más manejable que la que tienen en la Argentina.

–¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de Chile?

–7,6 por 1000 nacidos vivos. Bajísima. Ya estamos muy cercanos a Canadá, que tiene la mejor tasa del continente. A riesgo de sonar inmodesto, considero que Chile se anticipó al menos 15 a 20 años a lo que fue el concepto de fortalecer el modelo de servicios de atención primaria y esto se transfirió al ámbito materno e infantil. Dos años después de instalado el sistema nacional, se implementó un programa nacional de alimentación complementaria para abordar el problema de la desnutrición infantil, con todo el impacto que tiene ese tipo de medidas en la salud de los chicos. Posteriormente, todos los programas de vacunación que desde el nivel internacional de la OPS/OMS van surgiendo, Chile los ha ido incorporando muy rápidamente. Y por supuesto, la misma red de servicios para las mujeres también es para los chicos. Entonces, se instala muy tempranamente el concepto de control preventivo de la salud. Por lo tanto, la caída de los indicadores de muerte infantil y materna han sido caminos paralelos.

–¿Cuál es el gasto en salud?

–Tengo entendido que nosotros gastamos dos a tres veces menos que Argentina en relación con el PBI.

El Arzobispado se hará cargo de un Hogar de niños hasta el desalojo

Publicó Clarín
18 de mayo de 2009

El hogar estaba a cargo de la Fundación Felices Los Niños del Padre Grassi. Una jueza ordenó el desalojo luego de comprobar irregularidades. Los chicos no tenían vínculos con el exterior ni con sus familiares, no contaba con médicos, faltaba personal y la sede tenía fallas edilicias.


El Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices Los Niños, no será desalojado. No por ahora. La Justicia determinó ayer que, tras los incidentes del viernes, será el Arzobispado de Buenos Aires quien tenga la guarda de los 13 chicos que viven allí.

El fallo de la jueza civil Myriam Rustán de Estrada -quien el 17 de abril había dispuesto el desalojo- acusa a la Fundación de obstaculizar la medida de traslado y a la comisaría 37 de la Policía Federal de "deliberada desobediencia" durante los hechos de violencia del viernes pasado.

No obstante, la medida de traslado sigue vigente. "Se va a adaptar en tiempo oportuno y de acuerdo a la necesidad de los chicos", le dijo a Clarín, el defensor de Menores Marcelo Jalil, sin precisar cuándo.

Según la medida judicial, la Iglesia deberá "ejercer la guarda hasta tanto los jueces naturales de cada uno de los menores dispongan la reubicación de cada uno de ellos en un hogar que contemple sus necesidades afectivas, psicológicas y materiales" por "tener autoridad moral necesaria". De esta manera pierde la guarda la fundación creada por el cura Julio César Grassi, hoy juzgado en otra causa por 17 hechos de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas, aunque nunca apartado de la Iglesia.

Mientras, el Arzobispado será representante legal de los menores internados y tendrá que designar a los directores del instituto y al tesorero, quien administrará los recursos económicos aportados por el Gobierno porteño. Así queda desactivada la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, cuyos voceros ayer, consultados por Clarín, prefirieron no opinar sobre el fallo.

Además, la Justicia dispuso que el personal de la Fundación y sus voluntarios tengan prohibida la entrada al hogar, en Chacarita. A propósito, el fallo firmado por Rustán de Estrada -al que tuvo acceso este diario- insiste en la "grave situación abusiva a la que han sido sometidos los niños" mientras la Fundación lo dirigía.

"Esto implica un retroceso. Este es un lugar peligroso y no está bueno dejar a los chicos ahí. Esta Fundación se negó a cumplir la ley", reclamó Laura Musa, de la Asesoría Tutelar Juvenil.

En medio de una historia llena de sucesos extraños, la sede de la Conferencia Episcopal en Buenos Aires recibió ayer una amenaza de bomba. Vale recordar que su titular es monseñor Eugenio Eguía Seguí, actual obispo auxiliar de Buenos Aires, que ahora debe hacerse cargo del Hogar. También se sabe que Jalil y Rustán de Estrada fueron amenazados de muerte.

El origen del conflicto se remonta a septiembre, cuando el obispo auxiliar Horacio Benítez Astoul denunció que un nene de ocho años había sido maltratado y abusado en el Hogar y que había intentado suicidarse. "Se detectó que la conducta del nene tenía que ver con un abuso sexual", comentó Musa.

La denuncia fue minimizada por la Fundación y por el propio Grassi, quien desde los Tribunales de Morón aseguró que el nene se había puesto mal porque quería que una docente lo adoptara.

Jalil investigó y aseguró haber descubierto irregularidades dentro del Hogar San José Obrero, por lo que presentó acciones de amparo. La jueza ordenó en octubre del año pasado que el Consejo de Niñas, Niños y Adolescencia porteño interviniera el instituto. El Consejo informó que los niños no tenían vínculos con el exterior ni con sus familiares, que el Hogar no contaba con médicos para los chicos, que faltaba personal y que la sede tenía fallas edilicias, entre otros problemas.

El 17 de abril, la jueza Rustán de Estada ordenó el traslado de los chicos. La mitad de los internos -de entre 8 y 16 años- fue reubicada en hogares de la Ciudad y la Provincia. El resto seguirá allí. Al menos por un tiempo.

Condenan a un pastor evangelista que violó durante años a sus tres hijas

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

Fue sentenciado a 15 años de cárcel. Su mujer lo denunció por abusar de las tres jóvenes desde que eran niñas. Ocurrió en Oberá, Misiones.

Un pastor evangelista de Misiones deberá pasar 15 años en la cárcel a raíz de una condena que se le impuso luego de comprobar que había violado en reiteradas ocasiones y durante varios años a sus tres hijas.

El condenado tiene 42 años y estaba al frente de la Iglesia Evangelista Asamblea de Dios. A mediados de 2007, la población de Oberá se conmovió con el escándalo desatado a raíz de una denuncia presentada por su propia mujer.

Tras dos años de proceso, el Tribunal Penal de Oberá, integrado por Amalia Avendaño, Francisco Aguirre e Ivonne Heppner lo condenaron a 15 años de prisión por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en dos hechos y abuso sexual simple, en concurso real y calificados por el vínculo".

Antes de que se conociera el veredicto, el pastor se encomendó a Dios, insistió en su inocencia y atribuyó la acusación que recae sobre él a un interés de su esposa y sus hijas para apropiarse de sus bienes.

Todo salió a la luz cuando, tras varios años de soportar el drama en silencio, las chicas decidieron irse de la casa en la que vivían. Cuando su madre le preguntó las razones de la decisión, la mayor habló y le confesó que su padre las violaba desde que tenían 5, 8 y 10 años, respectivamente (en la actualidad tienen 17, 19 y 21), mientras ella estaba ausente.

Alarmada por el relato, la esposa del pastor presentó una denuncia en su contra en la Comisaría de la Mujer de Oberá. El acusado estuvo detenido hasta que la causa llegó a juicio oral. Durante el proceso que se llevó a cano a puertas cerradas- declararon la mujer, integrantes de la iglesia, investigadores y las propias víctimas que, según trascendió, afirmaron que no guardaban rencor contra su padre.

Secuestran 7.000 dosis de paco en un gran operativo en Avellaneda

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

Hubo once detenidos y también hallaron cocaína, armas y celulares robados


Con un gran operativo que incluyó a personal de dos comisarías, efectivos de la División Narcotráfico de la zona y gente del Grupo Halcón, la Policía incautó siete mil dosis de paco. El allanamiento está considerado como el más importante que se realiza en la Provincia para secuestrar esta droga.

Los procedimientos, en los que hubo once detenidos, se realizaron en la villa Azul, cerca del cruce de las avenidas Pedro Goyena y Las Flores, en el partido de Avellaneda. Además del paco, se hallaron tres kilos de cocaína, armas de distintos calibres y electrodomésticos que, se sospecha, pueden ser producto de distintos robos.

También la Policía halló gran cantidad de teléfonos celulares. Según los investigadores, esos teléfonos suelen usarlos los consumidores como pago para que les entreguen la droga.

En el operativo actuaron efectivos de la División Narcotráfico de la Jefatura Departamental de Lomas de Zamora, de las seccionales 5ta y 7ma de Avellaneda y del Grupo Halcón de la Bonaerense, quienes realizaron unos veinte allanamientos.

El paco está considerado como la droga de mayor poder adictivo y destructivo para quien la consume. Se hace con los residuos que quedan de la fabricación de la cocaína. Hace unos días, el movimiento de curas que trabajan en distintas villas de la Capital denunció amenazas por sus denuncias contra los traficantes de paco. El tema motivó hasta el apoyo de monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.

Lo detienen acusado de abusar de su hija

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

Por Mónica Galmarini

Un hombre de 72 años fue detenido el martes en Punta Lara acusado de haber violado a su hija durante 10 años y de haber tenido una hija-nieta con ella. El caso empezó a investigarse en 2006 y el arresto llegó ahora, luego de conocerse los resultados de una pericia genética.

Los ataques comenzaron cuando R.V (la identidad se preserva porque se trata de un delito de índole privado) tenía entre 8 y 9 años. La chica vivía con una hermana y sus padres en una casa del barrio Aeropuerto, en las afueras de La Plata. Contó en la denuncia que, en el primer ataque sexual, el padre la despertó de madrugada, la tiró contra el piso de la cocina, le rompió el pijama y la violó. Después, la amenazó para que no hablara.

De acuerdo con el testimonio de la joven, B.V, (su padre) la buscaba siempre al amanecer porque trabajaba en un puesto de diarios ubicado cerca del centro de La Plata y se levantaba a esa hora. A fines de los '90, la familia se mudó a Punta Lara y los abusos continuaron. En uno de los ataques, cuando había cumplido los 13, la chica quedó embarazada y tuvo una nena.

La joven soportó este infierno hasta que a mediados de 2006 decidió denunciar a su padre, luego de haber huido con su hija. Una confirmación científica fue clave para la causa: el estudio de ADN que estableció que el violador detenido es el padre de la nena de R.V. En el expediente la madre de la víctima habría asegurado que nunca sospechó de los abusos.

El juez de la causa ordenó la detención de B.V. El procedimiento se hizo el martes a las 16, en una casa de Punta Lara. La víctima estuvo presente cuando se llevaban a su padre preso. Es que vive a pocos metros de allí.

Se cruzaron las miradas antes que el hombre subiera al patrullero y la chica esperó alguna declaración de arrepentimiento que le acercara un poco de alivio. Pero su padre no sólo negó el calvario que vivió la hija durante una década. Peor aún, la insultó a los gritos acusándola de prostituta.

Piden que se investigue si policías usan a menores para robar

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

El ministro bonaerense de Seguridad, Carlos Stornelli, presentó ayer ante la Justicia de La Plata un pedido para que se investigue si policías bonaerenses utilizan a menores para cometer robos.

La presentación fue realizada luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias declarara en una entrevista publicada el último fin de semana que "es sabido que hay policías que reclutan a menores para robar, pero a ningún político le preocupa lo que pasa con los chicos en situación de calle".

El ministro Stornelli decidió impulsar la investigación ante la posible comisión de hechos delictivos "cuyas particulares circunstancias de tiempo, lugar y modo estarían en conocimiento del magistrado entrevistado".

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) número 8 de La Plata, a cargo de Jorge Paolini.

miércoles, 13 de mayo de 2009

Médicos convocado por Massa no cobran desde 2008

Publicó Crítica Digital
30 de abril de 2009

Son 7.800 profesionales contratados en forma precaria. No tienen estabilidad ni vacaciones. Son los responsables del dengue y la influenza. Mauro Federico.

Por Mauro Federico

Los médicos sobre cuyas espaldas el Gobierno depositó la responsabilidad de prevenir enfermedades como la gripe porcina y el dengue no cobran sus salarios desde diciembre de 2008. Y están de paro por tiempo indeterminado hasta que se regularice su situación.

Se trata de 7.850 profesionales del programa Médicos Comunitarios que desarrollan tareas en 2.100 unidades sanitarias y centros de atención primaria de las zonas más carenciadas del país. Perciben salarios de 2.300 pesos mensuales y trabajan en condiciones de precariedad laboral: no tienen estabilidad, vacaciones ni licencias por enfermedad. El paro lleva ya dos semanas y afecta las tareas de prevención de epidemias.

“Con la finalidad de afrontar la demanda de consultas en los centros sanitarios decidimos ampliar el programa de médicos comunitarios para acrecentar la capacidad de consulta de hospitales, salas de primeros auxilios y diversos centros de atención”, anunció el martes el jefe de Gabinete, Sergio Massa. “Cuando lo escuché por televisión, no lo podía creer, sentí que nos estaban cargando”, relató a Crítica de la Argentina Alicia Vega, médica de la Unidad Sanitaria 17 de Villa Corina, partido de Avellaneda. “Hace cuatro meses que no cobramos y ahora que nos necesitan para mostrar que están haciendo prevención, nos convocan públicamente para que saquemos las papas del fuego, no tienen vergüenza”, agregó.

El programa “Médicos Comunitarios” se desarrolla desde el año 2004 con el objetivo de “contribuir a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud como política de Estado en el marco del Plan Federal de Salud”, tal como expresó el día de su lanzamiento el por entonces ministro Ginés González García en un acto realizado en la Casa Rosada. En aquella presentación –de la que participó el presidente Néstor Kirchner– se explicó que “las estrategias comprenden el refuerzo con recurso humano calificado a los Centros de Salud de todo el país a través del otorgamiento de becas de apoyo económico”.

“En realidad fue una forma elegante de invitar a los profesionales recién recibidos a participar de un plan cuyos objetivos compartimos desde el punto de vista sanitario pero que en la práctica se transformó en una nueva forma de precarización laboral que permitió parchar la falta de nombramiento de recursos humanos con trabajos basura que no contemplan ninguno de los beneficios laborales de la relación de dependencia”, dijo el doctor Federico Paolino, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

Estos profesionales perciben salarios que oscilan entre 2.200 y 2.500 pesos y tienen una carga horaria de 36 horas semanales.

“Hasta agosto del año pasado cobrábamos entre 1.500 y 1.800 pesos según la antigüedad en el programa; nos anunciaron un aumento de 700 pesos que recién se hizo efectivo a partir de diciembre. Pero ése fue el último sueldo que nos pagaron, desde entonces dejamos de percibir nuestros salarios”, explicó Vega.

Si bien el programa es nacional, los médicos son contratados por los municipios y las provincias que adhirieron oportunamente al sistema. Los fondos se giran desde el ministerio hacia los distritos y son éstos los que abonan a los profesionales. “Hasta fines del año pasado, Nación efectuó las transferencias de los montos destinados al pago de nuestros sueldos, a partir de enero se cortó el financiamiento y nos dijeron que iban a tratar de resolverlo, pero hace cuatro meses que nos están bicicleteando”, relató Natalia Cizmar, trabajadora social de la Unidad Sanitaria “Alicia Franco” ubicada en Bernal Oeste.

Ante la falta de respuesta por parte de la cartera sanitaria a los reclamos de regularización salarial, AMRA dispuso un paro por tiempo indeterminado de todos los profesionales que se desempeñan en estos programas. La medida de fuerza comenzó el 18 de abril y se prolongará “hasta que se abonen los salarios adeudados y se contemple un plan de efectivización de todos los profesionales”, dijo Paolino.

MASSA DESINFORMADO. Un dato que el jefe de gabinete ignoró a la hora de los anuncios, es que este programa cambió de nombre en febrero de este año. “Ahora se llama Programa de Salud Familiar e integró distintos planes que financiaban recursos humanos en salud destinados a la atención primaria”, explicó el doctor Mario Acuña funcionario ministerial responsable del área. “Hasta el martes contábamos con un presupuesto de 120 millones de pesos anuales, ahora no sé qué va a pasar con los fondos adicionales que se comprometieron a enviarnos”, afirmó. Acuña reconoció que existe una deuda con los profesionales correspondiente al primer trimestre de este año pero la atribuyó a “demoras administrativas del ministerio y de los municipios intervinientes en el programa”. Y admitió que “las condiciones laborales de los contratados son precarias”.

LA COMUNIDAD, SIN PREVENCION. El paro de actividades provocó serios inconvenientes en el desarrollo de los planes preventivos destinados a los sectores más carenciados de la comunidad. “Dejamos de efectuar tareas de concientización comunitaria para patologías virales como el dengue o la gripe, no se hacen tampoco acciones de prevención y promoción de la salud en VIH sida, se discontinuó el programa de control de niños sanos y se interrumpió la distribución de anticonceptivos” relató Maira Corsiglio, sicóloga de la Unidad Sanitaria “San Martín” de San Francisco Solano. “En el barrio pensaban que no iba más porque estaba enferma”, contó Maria Daniela Toribio, tocoginecóloga de la Unidad Sanitaria “Casella Piñero” de Dock Sud. “Cuando se enteraron, la comunidad empezó a movilizarse para reclamar que volvamos a trabajar pero nosotros les explicamos que es imprescindible que nos paguen lo que nos deben” completó la profesional.

domingo, 3 de mayo de 2009

Glifosato: “Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”

Publicó Página|12
3 de mayo de 2009

Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.

Por Darío Aranda

Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”

Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.

Glifosato, toxicidad

y reacciones

–¿Esperaba una reacción como la que se dio?

–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.

–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?

–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.

–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?

–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.

–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?

–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.

–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.

–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.

–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.

–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

–¿Qué otros trabajos existen?

–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.

–¿Por qué el sector científico no estudia?

–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.

Las corporaciones y la ciencia

–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.

–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.

–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?

–(Sonríe.) Prefiero no responder.

–¿Usted podría investigar para Monsanto?

–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.

–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.

–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.

–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?

–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.

–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?

–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.

–¿Monsanto podría replicarlos?

–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.

–¿Cómo continuará la investigación?

–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.

–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?

–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.

–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.

–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.

–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?

–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.

–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.

–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.

viernes, 1 de mayo de 2009

La "heroína" de Marqués Anexo

Publicó La Voz del Interior
5 de abril de 2009

Una mujer es la encargada de vender la seudoheroína inyectable, un cóctel mortífero elaborado con morfina y éter.

Por Juan Federico

En las polvorientas calles de El Pueblito, un sector marginal de barrio Marqués Anexo, en el norte de la ciudad de Córdoba, el muchacho de 20 años camina solo, pero asegura que ve gente.

Su paso desgarbado bordea el basural en el que se ha convertido el polideportivo (con canchas, pileta y vestuarios) que nació años atrás para contener a los jóvenes de la zona. El muchacho sigue solo y ahora asegura que habla con alguien.

Los vecinos que lo observan cuentan que el joven acaba de inyectarse la “heroína” que compró por 350 pesos. Y dicen que caminará como un zombi durante varias horas.

Cuando el efecto se le pase, él en cambio jurará que durante ese tiempo no hizo más que dormir.

Pero no sólo se inyecta. También, como hacen miles de pibes de otros sectores excluidos y no tanto de la ciudad, toma cocaína y pastillas. Se las coloca debajo de la lengua antes de tragarlas o las muele, para después quemarlas con el fuego de un encendedor.

Aunque no trabaja, cada fin de semana tiene los 350 pesos para las jeringas. ¿De dónde? Quienes lo conocen se encogen de hombros, aunque creen que cada tanto el joven ayuda en alguna obra.

¿Inyecciones de qué? Ellos la llaman heroína. Desde enero pasado, cuando surgió esa respuesta, este diario intentó en distintas ocasiones adquirir una jeringa para hacer analizar su contenido (se contaba con autorización judicial).

Sin embargo, la primera negativa vino de parte de una mujer señalada, justamente, como una de las principales vendedoras de la droga.

“Disculpame, no les vendo a desconocidos”, dijo.

La compra frustrada no impidió que fuéramos varias veces a El Pueblito y en todas las ocasiones fue común observar a adolescentes que llegaban caminando hasta ese “quiosco”, ubicado en un domicilio emplazado en calle Toledo de Pimentel, a pocos metros de las vías.

Al llegar, desde la calle, nomás, lanzaban la pregunta a la chica, que estaba entre sentada y tirada en la puerta de la casa:

–¡¿Hay pastilla’?!

Ella, que ronda los 15 años, a veces respondía que sí y en otras les indicaba que regresaran al otro día.

Los vecinos que dialogaron con este diario afirmaron que en ese domicilio se consiguen ansiolíticos (3,50 a 4 pesos cada pastilla), “porros” (acaban de aumentar a 3,50 pesos el cigarrillo), “papeles” (cocaína, de 15 pesos para arriba) y las jeringas, conocidas en el ambiente como “gancho” o “pico”.

La adolescente se queda en la puerta durante horas, ya que su misión es hacer de nexo entre los compradores que se acercan a toda hora y su madre, que vende dentro del hogar.

La mujer, conocida como “la Negra”, cumple el rol de dealer que antes desempeñaba su marido, hoy preso por violar la Ley de Estupefacientes.

¿Qué tienen las inyecciones? Los adolescentes dicen que es heroína, repitiendo lo que les dice la vendedora.

La semana pasada, a la noche, este diario se acercó por última vez al sector. Mientras en las oscuras calles de tierra el movimiento era incesante, dos policías custodiaban la casa de un vecino que tiempo atrás denunció que le habían baleado la fachada de la vivienda.

Uno de los uniformados, escopeta en mano, no parecía demasiado concentrado: jugaba con dos chicas de algo más de 15 años. Al notar la presencia del auto en el que habíamos llegado (y que se estacionó sin exhibir el logo del diario, a una cuadra de ese domicilio), el policía se detuvo, cargó el arma y marcó un número en su teléfono celular.

Policonsumo. Sentado en la verja de una casa en la que sólo había una lamparita prendida, un muchacho de 18 años, asiduo comprador de “la Negra”, accedió a hablar con el diario. Sólo puso como condición que no se revelara su identidad en esta nota.

“Te venden la jeringa vacía, con dos frasquitos. Uno tiene morfina o heroína y en el otro hay un líquido, como si fuera agua oxigenada... Los mezclás y te los inyectás”, confió.

Al respecto, una fuente de la Policía Federal indicó que en las provincias de Mendoza y de San Luis hay antecedentes de inyecciones con morfina, que se mezcla con éter y no con agua oxigenada, como cree el muchacho. Justamente, el éter sería la razón que hace las dosis tan caras.

“Es un ‘flash’. Te corre una sensación de calor y de frío por todo el cuerpo y te quedás ‘duro’ como dos días”, describió el joven.

Para que la aguja pase más fácil hacia la vena, él antes se escupe en el brazo. Y recordó que en diciembre último, un amigo del barrio que a veces se droga con él le agregó a la jeringa una cucharadita de jugo de naranja en cajita.

“Se le coaguló toda la sangre y lo tuvieron que llevar al Urgencias. ¡Casi se muere...!”, relató, como si fuera una gracia.

Aunque se están pinchando con la muerte, para estos pibes inyectarse es, antes que nada, na excusa para que pase algo excitante en sus vidas.

Mientras contaba de qué se trataban las inyecciones, el muchacho picaba unas pastillas de ansiolíticos en un papel metálico, donde ya tenía unos gramos de cocaína. Es que había ido con los 350 pesos a comprar “los ganchos”, pero “la Negra” ya no tenía stock (los fines de semana trae alrededor de 10, que se le acaban enseguida).

Tampoco consiguió en lo del “Tucumano”, un dealer asentado en la vecina villa El Nailon que también vende “heroína”, por lo que regresó al quiosco de la calle Pimentel y se conformó con la “merca” y las pastillas.

Cuando dialogábamos con el joven, estacionó en la casa custodiada una camioneta del Comando de Acción Preventiva (CAP), de la que bajaron otros dos uniformados. La escena operó como un cierre automático de la charla.

Nosotros abandonamos el barrio y el muchacho caminó en dirección a la patrulla. Pasó al lado de la camioneta, hizo pocos pasos más y se detuvo. Se mandó a la nariz el papel con la cocaína y las pastillas molidas y siguió, tranquilo, hacia su casa.

Un freno. Los vecinos honestos que se la rebuscan todos los días, y que son mayoría en la zona, imploran para que alguien frene allí el avance de la droga.

Cuentan que cada vez son más las familias que hacen de la venta al menudeo su fuente de subsistencia.

–¿Qué ocurriría si allana la Policía y cierra todos los “quiosquitos” que hay en el sector?

–Se van a cagar de hambre –dijo, sin vueltas, un hombre que vive en el barrio desde hace años.

Aprovecharse de la pobreza es uno de los ejes de la conducta de quienes manejan la droga en la zona (entre los proveedores aparecen nombrados “narcos” asentados en barrio San Martín).

Para las fiestas de fin de año, en la zona de Marqués Anexo, Mariano Fragueiro y Panamericano (barrios donde viven algunos de los más de cinco mil amparistas de la ciudad que presentaron un recurso en el que pedían a la Nación que evitara el avance de la droga en Córdoba), muchos fueron tentados con suculentas sumas de dinero para que guardaran por 15 días “porros” o cocaína.

Según afirmaron, es tal la demanda en esos días, que por almacenar unos kilos de marihuana la oferta rondaba los siete mil pesos. Y si se trataba de cocaína, la paga no bajaba de los 15 mil.

Los narcos les aclaraban que sólo debían “guardar” la droga, ya que de la comercialización se iban a ocupar ellos.

Por falta de lugar, liberan a menores para encarcelar a los más peligrosos

Publicó Clarín
18 de abril de 2008

Lo denuncia el Colegio de Magistrados de la Provincia. Hay dos mil chicos en este circuito.

Por Liliana Caruso

El mes pasado Marcos F., de 14 años, asaltó un comercio en Banfield con dos amigos. Cuando escapaba, la Policía lo detuvo. Eran las nueve de la noche y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de turno comenzó a buscar un lugar donde alojar al chico hasta el día siguiente, cuando debía ir a declarar. El más cercano era el Centro de Recepción Lomas de Zamora, ubicado a 100 metros del edificio judicial. Pero allí no había lugar. Empezaron a llamar entonces a los cuatro centros de este tipo que tiene la Provincia y la respuesta fue la misma: "No tenemos plazas". Mientras, el joven daba vueltas en un patrullero. Así estuvo hasta las tres de la mañana, cuando la fiscalía debió recurrir a un canje insólito: negoció sacar bajo arresto domiciliario a otro chico, que estaba detenido por un delito menor, y a cambio obtuvo una plaza para el nuevo.

De esta forma, recién después de más de seis horas, la fiscalía logró retener al chico. Lo sorprendente es que esto no ocurre sólo en Lomas de Zamora; también pasa todos los días en el resto de los 18 distritos judiciales bonaerenses, según el Colegio de Magistrados de la Provincia.

Es que, desde hace varios meses, los jueces y fiscales de menores provinciales se ven obligados a hacer una especie de "cambio de figuritas" o "plan canje" -como ellos mismos lo llaman- ante la falta de espacio para alojar menores. A veces tienen que trasladarlos más de 400 kilómetros durante la noche, sólo para volver a traerlos al otro día para declarar.

Los jueces del fuero creen que hay unos 2.000 menores de 18 años en este circuito ambulatorio. Chicos que deberían estar alojados en un centro, pero por este problema reciben el beneficio de alguna morigeración. Es como si se aplicara una norma de mercado: "Sale el que cometió el delito más leve para darle lugar al que cometió el delito más grave".

El primer síntoma del colapso se observa en los llamados Centros de Recepción, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer lugar adonde los menores van cuando caen presos. Los hay en Lomas de Zamora, Pablo Nogués, La Plata y Mar del Plata.

Según la ley, los jóvenes deberían pasar allí un tiempo corto para su evaluación, pero en algunos casos hasta se quedan un año por falta de vacantes en otros institutos. Luego de su evaluación, los jueces tienen distintas opciones.

La primera es derivar a los menores a institutos o centros cerrados de detención, si el delito lo amerita. Esos lugares son El Castillito y el Instituto Almafuerte, ambos de La Plata; el Leopoldo Lugones, de Azul; el Instituto Nuevo Dique, de La Plata y el Instituto de Merlo, para mujeres. Otra posibilidad son los centros de contención (casas), donde los jóvenes tienen un régimen de semi-libertad.

Distintas ONG denunciaron que estos sitios están desbordados, en algunos casos hasta en un 30 % de su capacidad. El Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus relacionado con el Centro de Recepción de La Plata, donde afirma que constató que en abril del año pasado allí había 52 jóvenes detenidos (cuando su capacidad es de 35). En diciembre de 2008, cuando se hizo lugar al recurso, este centro seguía superpoblado: alojaba a 48 menores.

A esto hay que sumarle que las estadísticas oficiales de la Provincia hablan de un aumento del 80% en los delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años en 2008, un factor que complicó aún más la situación de alojamiento.

"La carencia de plazas para ubicar a los menores se viene advirtiendo sobre todo desde el año pasado. Y el tema es que muchos jueces dicen que se ven obligados a enviar a estos chicos a sus casas porque no tienen otra alternativa, aún cuando creen que deberían estar en algún instituto. Pero la realidad es que a veces ni les contestan el teléfono ni les abren la puerta, porque les dicen que no hay cupos. Así tampoco se puede seguir porque el sistema está fallando. Eso no es hacer justicia tampoco. Después pasa lo que pasó en Valentín Alsina: se la agarran con el fiscal, que solo está cumpliendo las leyes de la Nación. Por algún lado explota. Lo que necesitamos es una respuesta del sistema, del Ejecutivo, de lugares de internación, atención y contención", advirtió a Clarín el presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia, Carlos Lami.

La queja ya había sido planteada a fines del año pasado por seis jueces de Menores de San Isidro, que dijeron que la situación "es grave" porque no se consiguen lugares para encerrar a los chicos. También denunciaron que, ante la grave situación, "en lugar de responder, la administración provincial resolvió en forma inconsulta liberar a los jóvenes internados sin darles aviso, para lograr así un cupo". Según contaron a Clarín los jueces del fuero, en varios casos "esos chicos fueron llevados a centros de semi-libertad, tipo casas, y allí duraron minutos porque se fugaron sin trabas".

Así, por ejemplo, de un Centro de Contención de Merlo logró escaparse un menor detenido por un homicidio y la jueza que lo tenía a cargo recién se enteró cuando intentó hacerle una acusación formal. Nadie le había avisado.

Otro caso de "canje" ocurrió en Lomas de Zamora en noviembre de 2008. Entonces, un menor acusado por robo calificado que estaba en un Centro de Recepción fue puesto en arresto domiciliario para dejar lugar a un chico que había asaltado a los padres de Juan Carlos Blumberg y tenía más antecedentes. Sin embargo, el que recibió el arresto domiciliario terminó reincidiendo al mes, cuando lo detuvieron por participar de una banda de secuestradores.