martes, 1 de diciembre de 2009

El asesinato de Javier Chocobar. 517 años después, el mismo genocidio

Publicó Agencia Rodolfo Walsh
15 de noviembre de 2009

Por ContraPunto

El pasado 12 de octubre, un indígena de Tucumán fue asesinado por tres personas que dijeron ser dueñas de las tierras donde se asienta la Comunidad Indígena de Chuschagasta; dos de esas personas, son ex policías.

La misma codicia, el mismo genocidio

Miembros de la Comunidad Indígena de Chuschagasta fueron las nuevas víctimas del sistemático avance de la justicia y los terratenientes contra los Pueblos Originarios de nuestra provincia. La agresión perpetrada el 12 de octubre pasado por Darío Amín y dos policías retirados, dejó como resultado un muerto y cuatro heridos. Pero también la movilización de todos los Pueblos, que exigen justicia por Javier Chocobar, el cese de las persecuciones y el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos. En la foto, se ve a Amín, apoyado en la camioneta de Gómez, con cámara de fotos en mano, instantes antes del asesinato.

El 12 de octubre de 2009, se asesinó a Don Javier Chocobar, de 68 años, y se hirió gravemente a otras cuatro personas, una de ellas (Andrés Mamani) en gravísimo estado. Todas integrantes de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, ubicada en el Chorro, Trancas. 517 años después, en la provincia de Tucumán se volvió a la misma codicia, el mismo genocidio de la conquista española.
Un día después, el noticiero de Canal 10 de Tucumán presentaba una nota policial, en donde se afirmaba que había ocurrido un “confuso enfrentamiento” en Trancas, entre “personas” y “lugareños”, con el saldo de una persona muerta y cuatro heridos. Como testimonio presentaban a un comisario que relataba el hecho, sin dar mayores precisiones.
Ese mismo día, en su sección policial, el diario La Gaceta titulaba escuetamente: “Un asesinato”, levantando la teoría de enfrentamiento, que aún sostienen al cubrir las alternativas del hecho, claramente político.

¿Defensa propia?
Tres personas de civil llegan armados a un lugar, alegan ser dueñas del lugar que ocupa la comunidad desde hace años, y al comenzar el diálogo, disparan armas de fuego a quemarropa contra personas indefensas no es un enfrentamiento, es un ataque, un homicidio.
Darío Amín se presentó en el lugar con dos secuaces, Jorge Valdivieso y Luis Gómez, éstos últimos ex policías dados de baja de la fuerza.
Los abogados defensores de los imputados declararon que ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", y que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron los tres imputados.
¿Cómo se considera una situación en la que tres personas llegan armados a un lugar, y, luego de una discusión, disparan armas de fuego contra otras? Resulta irrisorio, ingenuo, creer que esto fue un “encuentro”, o un “enfrentamiento”. Esto fue un ataque, un homicidio
Luego del hecho, se habrían secuestrado en el lugar una Pistola Taurus 40; una Pistola Ametralladora Beretta, una pistola calibre 32 y una cachiporra.

Parapoliciales a la sombra del “Malevo”
"Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en el Comando Atila”, denunciaron desde la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita, que nuclea a los Pueblos de Tucumán y de otras provincias del NOA.
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. Este conflicto viene desde 1960, y además de terratenientes como Amín, "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras", según el Cacique de Chuschagasta, Don Demetrio Valderrama.
Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que busca hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos y miembros de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras o venderlas a testaferros.
“Solamente con el reconocimiento de nuestros derechos no es suficiente. Exigimos al Gobierno que en forma inmediata, por intermedio de sus poderes, dentro de sus competencias, realicen todas las medidas necesarias concretas para asegurar las tierras tradicionales y en particular hagan las investigaciones del caso a fin que sean eficaces y transparentes, para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes los responsables”, sostienen desde la Comunidad.
La abogada querellante, Margarita Moreno relató que “esta causa tiene su historia, desde el año 2005. Se inicia el conflicto con un pedido de adjudicación porque esas tierras, gran parte, 3800 hectáreas, fueron expropiadas por el Gobierno para ser adjudicadas”.

ContraPunto

Para que la justicia no mire para otro lado
El 20 de octubre, las Comunidades Indígenas de Tucumán movilizaron por las calles de San Miguel de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar y para que se cumplan las leyes que los protegen. Tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno provincial, como el secretario de derechos humanos Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron el reclamo de justicia que sumó numerosas voces, como la del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
Asimismo en Buenos Aires hubo una movilización a la Casa de Tucumán, y una entrevista con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo titular, Daniel Fernández se comprometió a ser querellante en el caso.
En medio del dolor por el ataque y la pérdida de Chocobar, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita retoma fuerzas para conseguir justicia, y avanzar en el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios, 517 años después.

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa

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Senadora advirtió que sólo un 0,6% de los delitos graves son cometidos por menores

Publicó Parlamentario.com
27 de noviembre de 2009

Elena Corregido reivindicó el Régimen Penal Juvenil, considerando que “es una muy buena ley para niños sin oportunidades”. La norma fue aprobada en el Senado en su última sesión y pasó a Diputados.

Luego de la sanción en Senadores del proyecto sobre el Régimen Legal de Menores en conflicto con la ley, que espera su aprobación en la Cámara baja del Congreso nacional, la senadora Elena Corregido (Frente Chaco Merece Más) elogió la medida que favorecerá a “los niños” considerados así por la Convención de los Derechos del Niño, que establece que lo son, hasta los 18 años, no importa lo que digan las leyes”, según sostuvo.

Corregido destacó que “los menores que cometen delitos extremos o graves son sólo el 0,6 por ciento; el resto son infracciones llevadas a cabo por chicos menores de 18 años, pese a lo que muestra la televisión a o algunos periodistas”, enfatizó la senadora.

“Tenemos que revisar como sociedad qué nos pasa, que estigmatizamos a lo niños, que no los reconocemos como nuestros hijos y que rápidamente pedimos mano dura como si no tuviéramos, ninguna responsabilidad”, destacó la senadora chaqueña, para quien “estos chicos seguramente han padecido violencia familiar o toda clase de abusos en la calle, por eso el Estado tiene que repararlos y esta ley es una buena herramienta a través de la creación de lugares de contención generando un sentido de pertenencia que reestablezca vínculos sociales”.

“A partir de esta ley -dijo-, se saca al menor de los tutelajes y se los pone como sujetos de derecho. Ya no podrán estar en manos de la policía o ninguna fuerza de seguridad, sino bajo la órbita de un juez; tendrán derecho a defensa, a pedir disculpas, a reinsertarse en la sociedad y ser contenidos de todas las formas posibles”, sostuvo Corregido. al tiempo que agregó que para ello va a ser necesario una verdadera inversión de los Estados provinciales y locales en “estos lugares de contención de jóvenes”.

La senadora oficialista destacó que “cuando un menor tiene un arma, hay que ver quién fue el mayor que se la dio”. Agregó que “esta es una ley que protege a los chicos. La reclusión en centros especiales está muy limitada a casos gravísimos, en distintas categorías de edades”, en referencia a que la privación de la libertad de los menores de 18 años sólo será "la excepción y el último recurso". El proyecto establece que “se privilegiará la permanencia de los chicos dentro de su grupo familiar” y que “en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente”.

Ya en referencia a su provincia, el Chaco, Corregido opinó que “el gran acuerdo que hay que hacer en la provincia o en el país es ver cómo sacamos a la población de la pobreza, cómo implementamos obras necesarias para no pasar de las sequías más terribles a la inundación mas feroz”.

Pero la senadora oficialista agregó que “el diálogo no debe pasar por la distribución del poder a ver quien es el presidente de la Cámara. Hay que empezar a respetar la voluntad popular que se expresó en las urnas”. Lo que debieran debatir “todos los partidos políticos es cuál es el Chaco que queremos y cómo debemos trabajar para tener una sociedad más justa donde contemplemos los intereses de todos”.

“Los acuerdos hay que hacerlos en vista de lo que a la población le importa: cómo hacemos para que nuestra provincia produzca alimentos, para que los chicos vayan a la escuela, para que los docentes no hagan paro, para que haya ocupación plena, cómo hacemos para que la gente no se inunde”, sostuvo la legisladora asegurado que “de esa forma la sociedad los va a respetar y los va a apoyar y eso mismo va a engrandecer a los chaqueños”.

El kirchnerismo estaría dispuesto a sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil antes del 10 de diciembre

Publicó Parlamentario.com
26 de noviembre de 2009

Si hay consenso entre los sectores políticos en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad se convertiría en ley antes de 10 de diciembre, porque ya cuenta con sanción de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados había concluido con el periodo ordinario parlamentario 2009 con la sesión de este miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, la inseguridad y el alto índice delictivo que involucra en muchos casos a menores de edad impulsan la necesidad de las autoridades a dar señales a la sociedad, y obligarían a los diputados nacionales a continuar sesionando para debatir soluciones para combatir este flagelo social.

Si bien las sesiones fueron prorrogadas por la Presidenta hasta el 10 de diciembre, el Frente para la Victoria no tenía en sus planes realizar otra sesión ordinaria en Diputados. Pero se podría realizar una sesión más antes del recambio legislativo para debatir un nuevo régimen penal juvenil, según comentaron altas fuentes oficialistas a Parlamentario.com.

La idea de sesionar una vez más se promovió luego de que varios diputados oficialistas y aliados solicitaran al bloque FpV que convoque a una nueva reunión para sancionar el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual fue aprobado este miércoles 25 en el Senado.

Sin embargo, no todo es color de rosa porque en este tema el oficialismo no insistirá como en los que en verdad le importan al Poder Ejecutivo. Esta iniciativa de ley sobre inseguridad, “se aprobaría si hay un acuerdo entre los bloques para sancionar el proyecto sin modificaciones”.

Al ser consultados los bloques opositores, en principio estarían dispuestos a tratar este tema, aunque criticaron el límite de tiempo que pone el oficialismo, ya que sólo habría dos semanas para discutir el tema en las comisiones y luego aprobarlo en el recinto. Por lo tanto, sería muy difícil de lograr convertir en ley este proyecto que tanto reclama la sociedad.

Cabe recordar que el proyecto aprobado por los senadores establece sanciones para los menores que hayan cometido delitos, que van desde pedirles disculpas a los afectados hasta la privación de la libertad.

La senadora salteña Sonia Escudero, coautora de la norma, resaltó que los jóvenes entre 14 y 18 años de edad “tendrán ahora un tratamiento específico, distinto del de los adultos, que pone énfasis en su reinserción en la sociedad”.

En rigor, el texto aprobado es fruto del trabajo de más de cinco años de la salteña Escudero (Salta-bloque justicialista 8 de octubre), la mendocina María Cristina Perceval (PJ-FpV) y el senador radical Gerardo Morales (Jujuy), al que se le incorporaron aspectos de la iniciativa que tiempo atrás presentaron el ministro de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni y la académica de la UBA Lucila Larrandart en Diputados.

Escudero hizo hincapié en que “hoy los jóvenes están regidos por el decreto-ley 22.278 de 1980- cuya aplicación ha tenido como resultado la discriminación y privación de libertad de los niños y jóvenes pobres, e impunidad para aquellos provenientes de clases acomodadas”. Entre los aspectos introducidos por la nueva norma la legisladora destacó: la limitación de las penas; la incorporación de todas las garantías previstas en la Convención de los Derechos del Niño (especialmente el derecho de defensa, a ser oído, a contar con una defensa técnica); y la posibilidad de implementar medios alternativos de solución del proceso como la mediación penal, la conciliación, la suspensión del proceso, etc.

Prevé, además, la privación de libertad en centro especializado con carácter excepcional y como último recurso. En tal sentido, la legisladora citó las observaciones hechas por UNICEF en cuanto a que el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos en su conducta, contribuye a su desarraigo y a su “des-socialización”. “Con el sistema que tenemos vigente, lo que estamos haciendo es fabricar delincuentes”, sostuvo. El proyecto contempla, entonces, la privación de la libertad del menor cuando no pueda lograrse la corrección por otro medio.

La norma sancionada establece en su primer artículo la baja de imputabilidad, y recibió el rechazo tan solo de la riojana Teresita Quintela, para quien esa postura "retrotrae a tiempos de la dictadura" la discusión, convencida de que los niños "serán carne de cañón de las grandes bandas delictivas".

No obstante esas prevenciones, el proyecto recibió el apoyo general de los senadores, que establecieron así la responsabilidad de los chicos menores de entre 18 y 14 años que cometan delitos.

En ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.

Quedan exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito que se les impute no alcancen la edad de 14 años. Tampoco serán imputables quienes tengan 14 o 15 años de edad y hayan cometido delitos sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.

Quedan fuera de la responsabilidad penal quienes tengan 16 o 17 años y sean sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Se establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.

El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de 18 años infractoras a la ley penal es "la excepción y el último recurso", y establece que "se privilegiará la permanencia de la persona menor de 18 años dentro de su grupo familiar" y que "en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescentes".

Los menores serán encarcelados en un centro especializado cuando al momento de la comisión del delito tengan 14 o 15 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte o por delitos contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima superior a los cinco años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción no podrá exceder de tres años.

Cuando se trate de personas que al momento de la comisión del delito tengan 16 o 17 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte; o por delitos contra la integridad sexual y contra la libertad con pena mínima superior a los tres años de prisión o reclusión.

Asignación universal por hijo. Iguala derechos

Publicó Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
27 de noviembre de 2009

Por Martín Burgos*

La crisis que golpeó a Estados Unidos a fines de 2008 y se expandió por el mundo abrió nuevamente el debate sobre las políticas sociales necesarias para enfrentar los ciclos de recesión que sufre toda economía capitalista. En la Argentina, frente al nuevo aumento de la pobreza y la indigencia ligada al aumento de la desocupación y la inflación, se vienen debatiendo alternativas para enfrentar la cuestión social. Por ejemplo, varias organizaciones sociales venían impulsando un ingreso universal a la ciudadanía, que consiste en implementar un ingreso mínimo a cada uno de los habitantes de nuestro país, que se adiciona al sueldo y/o la ganancia que el mismo recibe en el mercado. El ingreso ciudadano se nutre de un análisis en el cual se muestra cierto pesimismo respecto de las capacidades del mercado de trabajo para asegurar el pleno empleo.

En ese debate, el gobierno nacional impuso su propia perspectiva con la implementación de la asignación de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, extensiva a todos los trabajadores que no estén cobrando actualmente las asignaciones familiares. La medida, tal como fue formulada, fue apoyada por las dos centrales sindicales, numerosos movimientos sociales y la gran mayoría del sector progresista del país. La perspectiva oficial parte de una visión optimista del mercado de trabajo, que ocupa un lugar central en el teorema del círculo virtuoso “mayor producción-mayor empleo-mayores salarios-mayor consumo-mayor producción...”. Su principal sustento radica en los resultados alcanzados luego de la crisis fenomenal de 2001-2002. En efecto, la veloz recuperación del mercado de trabajo hizo que la tasa de desempleo bajara del 21,5 por ciento en mayo de 2002 hasta 7,5 por ciento a fines de 2007, como muestra impactante de la fuerte creación de empleo generado durante ese período, asociado a una mejora salarial general.

Sin embargo, a pesar de la bonanza, los altos niveles de empleo no registrado no pudieron reducirse en la misma proporción: en diciembre de 2007, todavía 40 por ciento de los empleados no estaba registrado ante la seguridad social. La heterogeneidad de situaciones laborales incluidas como empleo no registrado –desde los contratos basura de importantes empresas transnacionales hasta los empleos casuales en microempresas– hacen difíciles las soluciones universales, aunque se han tomado algunas medidas específicas, como el blanqueo de personal doméstico. El llamado “empleo en negro” parece haberse instalado como parte intrínseca de la relación salarial del modelo, y sus causas deben buscarse en la correlación de fuerza existente entre el Estado, las empresas y los trabajadores. El empleo en negro, además de restarles recursos al Estado y reducir los costos empresarios, tiene como consecuencia desarticular los derechos de los trabajadores. En efecto, las conquistas sociales logradas en la Argentina durante el siglo XX se dieron en un marco de cuasi pleno empleo y un bajo nivel de empleo no registrado. Por eso muchos aportes están atados al recibo de sueldo (jubilación, aportes patronales) y se gestionan a través del sindicato (obra social).

Ante la dificultad para reducir el empleo en negro, la extensión de la asignación familiar a los que no la percibían hasta ahora, asociada a la posibilidad de jubilarse sin aportes, tiene por efecto generar una tendencia hacia la igualación de los derechos a la seguridad social del trabajador (ocupado o desocupado) inscriptos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la cual sólo gozaban hasta ahora los empleados en blanco. En esa perspectiva pragmática para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores en negro, aún debe instalarse en el debate público la necesidad de mejorar el acceso al servicio de salud que en la actualidad es fragmentado y desigual en cuanto a sus prestaciones. Al depender de la obra social sindical, que en muchos casos terceriza sus prestaciones o directamente deriva recursos económicos a empresas de medicina prepaga, se deja sin derecho a la salud a los trabajadores no registrados.

Aunque todas estas medidas son y serían un avance, en el sentido de que los trabajadores en negro pasarían a ser “trabajadores en gris”, nada puede ocultar que la llave para superar los problemas de pobreza estructural se encuentra en seguir avanzando hacia el pleno empleo y lograr un trabajo decente para todos. En ese sentido, la alternativa del Estado como empleador en última instancia, en la cual el Estado ofrece empleo a toda persona que lo demanda, sigue siendo una alternativa válida en el camino hacia el pleno empleo.

*Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.

Fuente: Página 12 - 23.11.2009