jueves, 10 de marzo de 2011

Noticias de Infancia: Violencia institucional

El 3 de febrero último, en la localidad bonaerense de José León Suárez, Mauricio Ramos de 17 años, y Franco Alarcón de 16, fueron muertos a balazos por efectivos de la policía provincial. En el mismo episodio, otro adolescente, Joaquín Romero, fue herido con heridas gravísimas a causa de las cuales debió ser hospitalizado.
Algunos días más tarde, el 12 de febrero, Lucas Rotello, de 19 años, murió a causa de los disparos que recibiera por la espalda de manos de un efectivo policial en la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina manifestó públicamente su repudio a los repetidos casos de violencia institucional en la Argentina, que a menudo se presentan en respuesta a la exclusión social en que se encuentran muchos de nuestros jóvenes.
Queremos resaltar que las muertes de estos jóvenes connotan graves violaciones a los derechos humanos; ante lo cual no sólo exigimos la investigación judicial independiente e imparcial para el esclarecimiento de la situación y la correspondiente condena de los responsables; también denunciar tanto a las fuerzas de seguridad como al gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es preciso recordar que el Comité de los Derechos del Niño expresó ya en su último informe una grave preocupación por el elevado número de denuncias de actos cometidos por policías u otros agentes de la fuerza pública, contra menores infractores y niños de la calle en esta provincia.
A raíz de los hechos mencionados, hemos difundido un comunicado entre los organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional y latinoamericano. Asimismo, hemos realizado la selección de noticias que ofrecemos a continuación.

Otro caso de gatillo fácil en Baradero

LA POLICIA MATO POR LA ESPALDA A UN CHICO DE 19 AÑOS SOBRE SU CICLOMOTOR

Fuente: Página 12

A un año del asesinato de una pareja, un policía mató de un escopetazo a un chico que se alejaba después de mostrar sus documentos. El agente está preso y hay movilizaciones en la ciudad contra la impunidad.

Por Karina Micheletto
Desde Baradero

El asesinato de un joven de 19 años por un agente de la Bonaerense, según la reconstrucción de los hechos de un balazo por la espalda, sacude a la ciudad de Baradero. El caso volvió a poner en tela de juicio la actuación de una fuerza cuyo jefe máximo, Juan Carlos Paggi, se hizo presente ayer para prometer investigaciones del caso. Los baraderenses se dividen entre la indiferencia de algunos, las justificaciones veladas con argumentos difusos sobre la inseguridad de otros, y la impotencia y la bronca de muchos que denuncian ésta como “una muerte anunciada”. Los familiares y amigos de Lucas Rotela, el joven asesinado, organizaron ayer diversas marchas frente a la municipalidad, el hospital donde fue atendido el chico y la comisaría, donde se registraron algunos incidentes.

Lucas había cumplido el jueves 19 años, trabajaba como peón de albañil y vivía en el barrio Bernabé de San Martín. Ayer a las 4.30 de la mañana se encontraba con dos amigos en la Plaza Colón, cuando un móvil de la policía se acercó y les pidió la documentación de sus motos de pequeña cilindrada. Según los amigos de Lucas, los jóvenes ofrecieron la documentación. El error de Lucas fue subirse inmediatamente a su moto y acelerar. Uno de los agentes, el detenido Gonzalo Kapp, le disparó con una Itaka primero dos balas de goma, luego una de plomo cuyos perdigones dieron en la espalda del chico, a una distancia que según testigos y primeros peritajes no supera los 50 metros. Américo Marzoa, uno de los chicos que estaban en la plaza con Lucas, fue apuntado por otro agente en la cabeza y detenido.

El intendente Aldo Carossi admitió ayer en la conferencia de prensa que dio junto al jefe policial Paggi que no hay explicación posible para “este homicidio increíble”, según lo definió. La causa abierta fue caratulada como homicidio calificado.

Las escenas que se viven por estas horas en esta ciudad en el kilómetro 142 de la Ruta Nacional 9 pueden sintetizar una agenda trágica. Las primeras reacciones registradas por Página/12 ayer por la mañana apuntaban a “la inseguridad” como culpable principal del hecho. “Hay que vivir acá para opinar”, “Estamos hartos de que nos roben”, se escuchó. Resultó que el chico estaba desarmado y no tenía antecedentes policiales. Las marchas de amigos y familiares de Lucas Ro-

tela frente a la plaza central enfrentaron a algunos feriantes, que llegaron para exponer lo suyo en el marco del Festival de Música Popular, que comenzó en esta ciudad el jueves pasado y cuyas jornadas de ayer y de hoy se reprogramaron para el 25 y 26.

Algunos cerraron sus puestos en señal de luto, otros colgaron las fotocopias apuradas de “Justicia por Lucas” que hicieron los amigos del joven asesinado, otros les hicieron saber a los manifestantes que habían pagado por sus puestos y no pensaban cerrarlos. El hecho hace revivir otras dos muertes de jóvenes en moto en esta ciudad, la pareja que el 21 de marzo fue muerta cuando era perseguida por un móvil de la Policía de Tránsito, con el posterior intento de encubrimiento y la represión a quienes se movilizaron exigiendo justicia. El jefe de la policía local, Raúl Franzoia, hacia quien apuntaron todos desde entonces, continúa en su puesto.

Por la espalda

ESCOPETAZOS Y SHOW MACABRO, FORMULA DE LA SEGURIDAD BONAERENSE

Fuente: Página 12 - 6 de febrero de 2011

El descontrol policial y la demonización de los menores son los pilares de la gestión del ministro Ricardo Casal. La consecuencia es la nueva operación masacre en José León Suárez contra aquellos que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo. El show del horror en torno de Jorge Julio López, desaparecido en 2007, distrajo la atención (y los recursos necesarios) para la búsqueda de Luciano Arruga, secuestrado por la bonaerense durante la gestión de Casal y Scioli.

Por Horacio Verbitsky
El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. A su vez, el gobernador Daniel Scioli confió a Casal el manejo de una materia que, gracias a la histeria punitiva incitada desde los grandes medios de comunicación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad, justo el año en que se renovarán la presidencia y todas las gobernaciones provinciales.
A tiros
La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. “La policía fue a buscar venganza”, porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que “los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento”. Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados. Con el intacto reflejo de proteger a la policía, Casal reclamó que se hiciera el dermotest a los maquinistas del tren, para ver si alguno de ellos había accionado un arma. Pero como la realidad no se sustituye con palabras, uno de los funcionarios policiales que intervinieron admitió haber disparado con munición de plomo. Tampoco es indiscutible que el descarrilamiento haya sido provocado, ya que los maquinistas no lo confirmaron y el vuelco se produjo en los últimos vagones. Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense. Las manifestaciones de Casal parecen indicar que, en caso de robo o saqueo considera legítimo el uso de armas letales y los disparos a matar, aun por la espalda. Esto contradice todos los protocolos de intervención, nacionales o internacionales. En marzo de 2009, el CELS criticó el proyecto de reforma del Estatuto del Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires elaborado por Casal, porque propone “la recuperación de instancias y características propias de instituciones militarizadas que ya han sido abandonadas por las policías modernas” y elimina los mecanismos de control del uso de la fuerza y los estándares internacionales contemplados en la ley anterior. Como respuesta, Casal incorporó por fuera del articulado y antes de los anexos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, “deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”. El decreto reglamentario, de julio de 2010, declara falta grave el incumplimiento de esas reglas, como es ostensible que ocurrió en este caso. Casal, que con su trabajo penitenciario se pagó los estudios de derecho, no lo ignora. Por eso dijo que sólo el jefe del grupo estaba autorizado a portar armas letales y que se investigaría por qué hubo efectivos que cargaron postas de plomo en sus escopetas, en vez de las de goma. La respuesta es conocida: porque siempre lo hacen y nadie lo controla. La magnitud de la intervención se mide por la cantidad de armas policiales secuestradas para peritar: cinco docenas. La banda mencionada por el ministro, en caso de existir, carece de cualquier sofisticación y no posee armamentos que puedan compararse ni en calidad ni en cantidad con los de la fuerza policial. Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad. Mañana el Movimiento Evita y algunas cooperativas de la zona anunciarán una marcha para el martes, que partirá de Márquez y Echagüe, a una cuadra de la estación de tren de José León Suárez, y que terminará en el árbol junto al que fueron asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce y herido Joaquín Romero La madre de Joaquín es militante de la Cooperativa Raúl Repetto y del Movimiento Evita. “Ninguno de los tres había estado saqueando. Ellos estaban a unos 20 metros del lugar, apoyados sobre el árbol en el que todos los días se encontraban para luego ir hacia al basural del Ceamse donde buscaban comida”, explicó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, con militancia social en la villa La Cárcova. Según le relataron los vecinos la policía “dejó que robaran el tren por una hora” pero cerca de las tres de la tarde comenzaron a reprimir. Sobre las paredes de chapa de las casas, pudo observar los agujeros producidos por las postas. Según Grosso, “el ataque de los vecinos del cual los policías dicen haberse defendido no existió. De hecho, la Bonaerense le dijo al fiscal Marcelo Sandot en un primer momento que había un policía herido en la cabeza, pero era mentira”. En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan.
Excavaciones
Una actividad afín emprendió el propio Casal, en respaldo de una más que dudosa versión sobre el lugar donde habría sido sepultado Jorge Julio López, desaparecido hace cuatro años, el mismo día en que se dictó la sentencia condenatoria contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, basada, entre otros, en su testimonio. La intervención estridente de Casal se produjo cuando además se cumplían dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16, cuya familia la atribuye a la actuación de policías del Destacamento de Lomas del Mirador que dependen de Casal, en otro capítulo de la perversa relación de la fuerza de seguridad con los adolescentes de los barrios pobres. Casal se ha negado a admitir cualquier responsabilidad policial y presionó para el despido de los periodistas de la radio provincial que lo reportearon a propósito del caso, cuya sola mención fue prohibida en la emisora. La existencia de un presunto testigo de identidad reservada que reclama el pago de la recompensa por datos que permitan reconstruir lo sucedido con López fue ventilada por el abogado de escándalos Sánchez Kalbermatten. Casal se encargó de amplificarlo por los medios y recién entonces el fiscal Hernán Schapiro fue puesto en conocimiento del escueto informe del autodenominado testigo. Se trata en realidad de un hombre que sólo dijo haber escuchado que un hombre le dijo a otro hombre, que luego se lo dijo a él, que el cuerpo de López estaría bajo las vías, en la abandonada estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, a 100 metros de los fondos de la escuela de policía Vucetich y a la misma distancia del ex Cifim (Centro de Incorporación y Formación de Infantes de Marina), desmantelado antes de que desapareciera López. Sánchez Kalbermatten es un abogado de poca monta que procura notoriedad acercándose a personas conocidas o a sus deudos. Cuando murió Bernardo Neustadt escribió una nota a la familia, en la que declaraba su admiración por el difunto y pedía que le regalaran una camisa o una lapicera como recuerdo. También hizo pública su debilidad por el hombre de negocios dudosos con medios de comunicación Daniel Hadad, a quien le ofreció asociarse, y en su página electrónica publica un saludo del ex militar golpista Mohamed Seineldín. Una de sus técnicas es asistir a lugares públicos, donde se hace fotografiar con personas conocidas, en general ex deportistas, a las que luego les pide autógrafos. La página web de su oficina simula la de un estudio jurídico, aunque sólo contiene generalidades y una larga lista de denuncias penales, que Sánchez prepara en base a información recogida de los diarios. Por ejemplo, leyó que Néstor Kirchner tomaba decisiones en el gobierno de su esposa y lo acusó de usurpación. También demandó a la comisión directiva de River Plate por abandonar al futbolista Burrito Ortega. Algunas de esas denuncias las presentó junto con el multiprocesado por estafas Enrique Piragini, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pintoresco führer de San Cristóbal, Alejandro Biondini. El propio Sánchez Kalbermatten fue imputado ante la justicia por entregar un cheque robado y adulterado. El juez federal Daniel Rafecas remitió los antecedentes de Piragini y Sánchez K al Colegio Público de Abogados, por entender que habían actuado en forma temeraria al denunciar a las presidentes de la Nación, CFK, y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sostenían que Cristina había violado la ley de ética pública al designar al frente de la autoridad monetaria a una persona que no podía ocupar ese cargo, porque presidía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República (Abappra), lo que, de ser cierto, hubiera sido incompatible. Pero no lo era: Marcó del Pont había renunciado a la Aba-ppra. Otros de sus blancos fueron la ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que consideró un acto de coacción contra el Grupo Clarín. También denunció al jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. A pesar de estos antecedentes inequívocos sobre el personaje, el propio gobernador Daniel Scioli anunció en conferencia de prensa que había aportado datos sobre el paradero de López, y Casal en persona recibió al abogado. Una cosa es seguir cada pista; otra muy distinta convertir un tema tan sensible en un show del horror, sin medir la seriedad de la fuente y antes de que la justicia pueda verificar los datos.
La cortadora de césped
Casal logró distraer así la atención sobre el aniversario de la desaparición de Arruga, cuando él ya era ministro de Justicia, y Scioli gobernador, de la cual la familia responsabiliza a las fuerzas policiales. La pista aportada sobre López fue seguida en forma estricta, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, especializado en esas búsquedas, que contó con un georadar australiano, de última generación, que detecta movimientos de tierra recientes. Fue adquirido a solicitud de un juez federal que buscaba restos humanos en las paredes y los pisos de un edificio utilizado por el Ejército y cuya demolición se anunciaba para construir un emprendimiento comercial. Los funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de la Nación capacitados para su empleo lo llaman “la cortadora de césped”, por la estructura movible sobre ruedas que sostiene el scanner. Desde la desaparición de López se siguieron dos centenares de pistas, por disparatadas que fueran. Muchas de ellas fueron provistas por testigos que pidieron reserva de identidad y no tuvieron la difusión pública que ahora le dio Casal. El testigo temía que le pasara lo mismo que a López, dice su abogado. Sin embargo, Sánchez K. eligió la vía menos apta para preservar a su cliente: “Consideré que el mejor camino era llegar directamente a Casal. Como él no estaba en el cargo cuando desapareció López, pensé que no había forma que el tema lo afectara políticamente, que lo podía favorecer”, dice el abogado. También cuestiona la forma en que se realizó la búsqueda: “Si yo creo que no se está operando correctamente puedo convocar al FBI para que vengan con equipos especiales”. Sánchez K se niega a concurrir a la citación del fiscal Schapiro, “hasta que hagan las cosas bien, hasta que garanticen la seguridad del testigo. Van a lograr que se revele la identidad del testigo y que lo maten. El testigo dijo que el dato del paradero proviene de una interna de la Bonaerense, esto trascendió por alguna radio, y me mandan a la Bonaerense a citarme para ir a la fiscalía. El fiscal no me da ninguna seguridad. Son unos imberbes locos”. Culminó el desatino llevando a su cliente al Programa de Desprotección de Testigos que conduce el showman político de identidad reservada Mauricio Goldfard. El viernes, cuando la búsqueda estaba agotada, Casal encontró la forma de dilatar el papelón. Llamó a la fiscalía para anunciar que tenía nuevos datos y pidió que lo esperaran porque no podía darlos por teléfono: una nieta recuperada decía que alguien igual a López había sido visto en un geriátrico. Los fiscales decidieron de todos modos dar por terminada la búsqueda en el parque Pereyra Iraola. Pero Casal eligió ese momento para enviar un nuevo testigo, quien dijo que había una tumba a cien metros de la estación desde 2009. Como se le cayó un árbol encima, la función deberá continuar el lunes, como el ministro quería. (Entrevistas Mercedes González y Adrián Vigna).

Walsh y De la Cárcova
Lo ocurrido el jueves en José León Suárez fue una nueva operación masacre contra los que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo.

Off the record
Fuentes del gobierno provincial afirman que el contacto entre el ministro Casal y el abogado Sánchez Kalbermatten lo realizó off the record el periodista Nelson Castro, a través de su productor, que habló con el director de prensa del ministerio. Consultado para esta nota, Castro lo desmintió y dijo que ni él ni sus productores realizaban ese tipo de gestiones, aunque admitió haber entrevistado a Sánchez K, como muchos colegas, ya que las notas de prensa son la actividad principal del abogado. Castro agregó que nunca hablaba off the record con funcionarios, lo cual torna inexplicable su columna dominical, que tiene por principio no citar nunca una fuente. Casal también negó ese presunto off the record y dijo que Sánchez K le contó que se había comunicado con la Secretaría Privada y la oficina de Prensa del Ministerio, “manifestando su interés legítimo” en la recompensa. En cambio, Sánchez K confirmó que había llegado a Casal a través del productor de Nelson Castro, Guido Baistrocchi. A todos los había conocido durante una emisión del programa “El juego limpio”, a la que asistió como abogado del procesado farmacéutico Gabriel Brito. “Así me contacté con Alberto Mesa, de Prensa del Ministerio. Fui a verlo a Mesa el lunes pasado, estuve charlando con él, y a los 10 minutos me lleva con Casal”, dijo. La recompensa para “quienes aporten datos veraces y determinantes que permitan dar con el paradero” de López fue ofrecida poco después de su desaparición por el entonces gobernador Felipe Solá, mediante el decreto 2441 de ese año. Su monto fue incrementado varias veces. La última, en septiembre pasado, por Scioli y Casal, con el decreto 1548/10, que lo llevó a 1,5 millón de pesos y aseguró “la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas y del pago de la recompensa ofrecida”. Sánchez K dijo que confiaba en Casal porque no estaba en el gobierno cuando desapareció López.

Planchar arrugas
Una de las consecuencias del show montado por el ministro Ricardo Casal para la búsqueda de Jorge Julio López fue impedir que el georradar del Ministerio de Seguridad de la Nación pudiera emplearse para buscar el cuerpo de Luciano Arruga en el descampado frente al cual se detuvo dos horas uno de los patrulleros del Destacamento de Lomas del Mirador, fuera de su cuadrícula, la noche del 31 de enero de 2009. La pérdida de tiempo no es indiferente: parte de esos lotes fueron destinados a la construcción de viviendas y ya se han realizado las cloacas. La justicia sólo ordenó detener por pocos días la continuación de la obra. En el resto del predio, conocido como Monte Dorrego, ya se realizaron excavaciones poco después de la desaparición de Luciano, en un lugar señalado por perros de policía a los que antes les dieron a oler ropas del pibe. Mañana el grupo de antropólogos y arqueólogos (Gaami) realizará un mapeo de las cloacas y del sitio señalado por los perros. Una constancia adicional de la de-sidia con que se llevó la causa es que no quedó registro judicial de esa intervención canina. Recién la semana pasada se recibieron los testimonios de los policías que participaron. Uno de ellos dijo que cuando un perro adiestrado señala un lugar es porque allí estuvo el dueño de la prenda. En la parte del predio donde se realizan las obras se ha perdido la posibilidad de utilizar el georradar, cuyas lecturas indican dónde se ha removido el terreno. Quedan dos manzanas que no fueron tocadas y que serán sometidas al georradar dentro de una semana. Pero el responsable de asuntos judiciales de la Gendarmería, Comandante Cristin Rodriguez, informó a la fiscal Celia Cejas que no podían ofrecer la custodia del lugar en forma permanente, porque está justo al lado de una villa. Y la APDH de La Matanza denunció que había trascendidos acerca de la posible remoción de los restos, para impedir el hallazgo.

Crímenes en José León Suárez: “No es el gatillo fácil, es la política”

Mauricio Ramos, 17 años. Franco Alarcón, 16. Muertos a balazos por la policía en José León Suárez. ¿Quién es responsable?

Juana María, la abuela de Mauricio, dice a lavaca:-Mi nieto era la alegría. Un amor. Pero lo mataron. No hay un solo culpable, como dicen, ese que disparó. Hay varios. Y para mí hay un culpable más: el que dio la orden.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que acaba de entrar en el caso judicialmente dice:
-Hay que dejar de hablar de gatillo fácil. Hay que hablar de responsabilidades políticas.
Juana María y Chillier dicen algo parecido, cada uno con sus palabras.
Ernesto “Lalo” Paret, cartonero desde chico, vecino de la zona y actual integrante de la Cooperativa Unidos por el Calzado (CUC, la ex Gatic recuperada por sus trabajadores) dice: “José León Suárez es un depósito de basura, donde muchos pudimos sobrevivir gracias a la basura. Tenemos los rellenos clandestinos, los rellenos sanitarios, los asentamientos construidos sobre esos rellenos de basura, y esa situación hace posible que todo el régimen piense que los que vivimos ahí no valemos nada”.
Lalo sugiere que toda esa zona de la quema del CEAMSE y los asentamientos construidos sobre desperdicios debería convertirse en “Quemaikén”, un parque temático de la pobreza.
QuemaikénLos crímenes de Franco Almirón y Mauricio Ramos en José León Suárez tienen como fondo el paisaje asombroso de montañas de basura -La Quema del CEAMSE- en asentamientos construidos sobre basurales clandestinos. Mauricio y Franco también cirujeaban, eran discriminados por la piel, y sobrevivían. Decí Mu estuvo hace unos meses con Lalo, Piki y Ángel, que cuentan qué se encuentra en la basura y cómo se ve la vida desde José León Suárez. ¿Qué se encuentra en la basura? Viaje a lo que bautizaron Quemaikén, el parque temático de la pobreza, universidad práctica sobre cómo entender el presente.

En el corazón

A Mauricio Ramos, 17 años, una bala le dio en el corazón. Fue suficiente. Franco Almirón, 16, recibió cinco balazos en el cuerpo. Otro adolescente, Joaquín Romero, fue internado con heridas gravísimas. Los vecinos se alzaron contra la policía, que debió ser desplazada de la zona. El episodio ocurrió en José León Suárez, el 3 de febrero. Según la versión de la Policía Bonaerense, una banda del barrio La Cárcova preparó una emboscada que hizo descarrilar a un tren de carga, para asaltarlo. Esta tesis (acaso inspirada en un exceso de películas de cowboys, y desmentida por la investigación judicial) incluyó la llegada de las huestes policiales para evitar el supuesto saqueo del tren, y el valeroso enfrentamiento de los efectivos contra los vecinos, que culminó –como tantas veces- en el asesinato de dos chicos. La justicia ya captó que la versión policial no funciona ni como relleno sanitario.
Cuando los fiscales Raúl Sorraco, Ana María Armetta y Marcelo Sendot interrogaron a uno de los sospechosos, el teniente Gustavo Vega, este señor, que es instructor de tiro, declaró que se equivocó al cargar municiones de plomo en lugar de las de goma. Hay dos chances.
a) Si lo que dijo es mentira, muestra una curiosa tendencia policial a exculparse por el absurdo. (Gustavo Kapp, policía que el 12 de febrero disparó por la espalda en Baradero a Lucas Rotello, 19 años, dijo que no sabía que su escopeta tenía balas de plomo).
b) Si lo que dicen Vega y Kapp fuera cierto, la “seguridad” de los bonaerenses está en manos de una institución desquiciada.

La realidad es un poco peor: la policía sigue matando chicos pobres sistemáticamente, y es el modo en que el Estado parece pretender resolver muchas veces el llamado “problema social”.

Descontrol 2011

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se involucró en el caso como particular damnificado, representando a las familias de las víctimas, y en un comunicado planteó: “La represión de José León Suárez pone de manifiesto, una vez más, la ausencia absoluta de control por parte del Ejecutivo provincial sobre la policía. La gestión del gobernador Daniel Scioli ha desmantelado los mecanismos que posibilitaban el gobierno civil de la institución. En su lugar, cedió el manejo a los propios jefes policiales y ratificó así su opción por las respuestas represivas”.
Gastón Chillier, Director Ejecutivo de esa institución se asombra al comenzar la charla. Se asombra de que no hay nada nuevo. “El caso refleja de manera brutal y burda lo que se ve en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Es algo que vemos estructuralmente a nivel nacional, exacerbado en la provincia de Buenos Aires: un alto componente de exclusión social, al que se responde con violencia policial”. Chillier reitera que esto no es nuevo: “Lo nuevo es que ahora huele a descontrolado”.

Autogestión policial

El documento del CELS hace referencia a la autogestión policial: “Lo que queremos decir es que no se siguen las órdenes del gobierno. En teoría la policía debería ser una herramienta dentro de una política. Pero la autogestión significa que se vuelve a delegar en manos de la policía lo que deberían controlar los civiles”.
Chillier considera que haber unificado el ministerio de Seguridad con el de Justicia en la provincia (bajo la órbita de Ricardo Casal) “da a entender que la Seguridad no es un tema importante en sí, que se puede subsumir en un ministerio de Justicia, y que se trata de un asunto meramente policial. En ningún caso pensar eso es bueno, pero menos todavía con policías como la Bonaerense, la Federal, la de Río Negro y tantas policías provinciales que no han sido parte de la agenda democrática, y son autoritarias, verticalistas y violentas.

Se olvidaron de Cabezas

Para no ir demasiado lejos en la historia, podría hablarse de la Bonaerense como escenario de campos de concentración, torturas y desapariciones, durante la época militar. Más cerca, el 25 de enero de 1997, el cuerpo incinerado del reportero gráfico José Luis Cabezas. El lema que siguió a aquel crimen (“No se olviden de Cabezas”) referido a la llamada “Maldita policía” ya parece haber entrado en territorio Alzheimer. “Y la institución sigue presentando altos niveles de violencia, de corrupción y de ineficiencia” suma Chillier. “El gobierno plantea que son excesos, la manzana podrida, cuando resulta evidente que se trata de un problema estructural. Nosotros no queremos que la responsabilidad se limite a quién mató a los chicos en José León Suárez, ni en Baradero, sino que debe subir. Claramente hay que dejar de hablar de gatillo fácil, y pasar a hablar de responsabilidades políticas”.

Narcos + recaudación

Chillier mencionaba la ineficiencia policial: “En barrios como La Cárcova, de José León Suárez, se mueve droga pero casualmente no hay actuaciones policiales sobre eso. Está claro que hay una relación entre el narcotráfico y la policía. Si la policía se dedica a recaudar, estos son los resultados”.
¿De quién es la responsabilidad? “De los gobiernos, y deben rendir cuentas. Si uno hila fino, los funcionarios políticos terminan entregando al policía que disparó el gatillo, una forma muy fácil de limitar la responsabilidad a ese policía”.
El Acuerdo para una Política de Seguridad Ciudadana promovido por el CELS y con apoyo transversal de muchos partidos representados en el Congreso “es un acuerdo que tiene que traducirse en políticas concretas que lo reflejen, aunque no sé si diciendo esto, digo mucho” reflexiona Chillier, que con lo dicho dice bastante sobre la brecha entre las intenciones y las realidades.

Inflexión de las Viejas Locas

Chillier considera que hay un relajamiento de los controles. “Y el punto de inflexión lo percibimos en el recital de las Viejas Locas donde el gobierno dejó hasta de condenar estos casos y de tener una respuesta política acorde a estas circunstancias”. Antes de un recital de Viejas Locas en Vélez Sarsfield, el 14 de noviembre de 2009, Rubén Carballo (17 años) fue víctima de la represión policial pero apareció supuestamente “caído” en un club. Murió el 8 de diciembre. El mismo 14 de noviembre lavaca había recorrido las celdas de la Comisaría 44° donde había 43 detenidos, golpeados, jóvenes, morochos, pobres, asustados. En algún otro lado estaban matando a Rubén. Es el caso que Chillier señala como bisagra en estas historias.
Para el CELS; además, ya la investigación judicial desmiente la versión de la “emboscada” y descarrilamiento premeditado del tren. “Fue un problema de falta de mantenimiento, en el que en todo caso pueden faltar unos durmientes porque los sacan en invierno para calefaccionarse, lo que da la pauta del contexto social. Frente a eso se nota una ausencia del Estado, de políticas sociales a núcleos a los que no les llega nada, y en cambio se responde con la cara más violenta del Estado, que es la de la policía”.

Juana María desde la Quema

Juana María es la madre de María Elena, y la abuela de Mauricio Ramos a quien le decían “Pela”. Juana María tiene 54 años y sigue casada. Su hija tiene 6 hijos, pero está sola y trabaja en una empresa de limpieza. Mauricio era el segundo de seis hermanos. “El barrio está tranquilo” dice Juana María a lavaca. “Lo que pasó es una cosa. Los milicos mataron a los chicos. Vinieron a matar. Los que dicen que hubo tiros desde este lado, dicen mentiras”.
Juana María habla de su nieto. “Era un amor. Era todo. Yo casi lo crié. Mihija sola, se imagina, él estaba siempre conmigo. Iba al CEAMSE (cordilleras de basura) a rebuscarse. Los chicos no encuentran trabajo, por eso van. Estudiaba con una beca, albañilería. Era un chico más. No tenía maldad, vamos a decir”. A Mauricio le gustaba bailar, menos la cumbia que el regatón: “Era pura alegría”.


Desaparecido en la basura

La joven abuela aclara que el barrio no es una villa. “Pero la gente joven no encuentra trabajo, la discriminan. Y si dicen donde viven, peor. Por eso muchos chicos van al CEMSE con motivo de rebuscarse. El amigo que mataron, Franco, lo mismo”. Juana María dice que sus otros nietos “llevan el dolor por adentro. No lo van a andar demostrando”. La mayor tiene 21 años, los otros son de 14, 11, 9 y 7. “Yo también iba al CEMASE, en bicicleta, a rebuscarme. Pero el año pasado me caí, me rompí la rodilla y no pude ir más”. ¿Qué se encuentra en la Quema? “Todo. Hay azúcar, fideos, jabón, yogur, leche, yerba, harina. Las empresas lo tiran. El problema es que hay que revolver para encontrar. Los chicos iban a buscar latas, cartón, nailon, metal. Yo hace 24 años que estoy acá. Antes no había nadie. Empezaron a rellenar con basura, con tierra. Ahora está todo lleno. Y se llenó de gente”. En ese basural la policía hizo desaparecer a Diego Duarte (15 años) en 2004. Como no podían agarrarlo ordenaron a una máquina del CEAMSE que lo tapara con basura. Diego Duarte desapareció para siempre entre los desperdicios.

Cuatro palabras

¿Qué espera hacia delante? “Que el futuro sea mejor. No queremos más a la policía. Por eso ahora está la Gendarmería, para evitar que estén matando a los chicos. Que paguen los culpables. Que no estén libres. No hay un solo culpable, como dicen, ese que disparó. Hay varios. Y para mí hay un culpable más: el que dio la orden”.
El barrio logró reaccionar, y obligó a la Bonaerense a acuartelarse en la Comisaría. Sin esa determinación, todo quedaría en el aire. Pero Juana María elige la sencillez: “Ahora está todo tranquilo. No pasa nada”.
Agrega: “No miro más televisión ni diarios. Para mi inventan cosas para perjudicarnos. O alguien les informa todo mal y ellos lo publican. No les creo nada”. Dice cuatro palabras que reflejan un síntoma de época: “Mienten todo el tiempo”.

¿Vidas de relleno?

Entre otras cosas, Ernesto Lalo Paret es vecino de José León Suárez, trabaja en CUC, la ex Gatic, colabora con los centros comunitarios de los asentamientos, y fue uno de los impulsores de la apertura de las cárceles de la zona a la Universidad Nacional de San Martín, que dicta ahora carreras para los reclusos. Para entender el universo donde se desarrolla esta historia, dice Lalo a lavaca:
“Desde los fusilamientos de José León Suárez hasta hoy ha seguido siendo siempre lo mismo: un depósito de basura, donde muchos hemos podido sobrevivir gracias a esa basura, y esa situación genera un grado de marginalidad absoluta que hace posible que todo el régimen piense que los que vivimos ahí no valemos nada”.
“José León Suárez es un parque temático de la pobreza. Tenemos un relleno clandestino, tenemos un relleno sanitario, tenemos todos los asentamientos, y ahora tenemos una cárcel con tres unidades donde podemos alojar directamente a todos nuestros familiares (obviamente la mayoría que están ahí están pobres, y mueren permanentemente una cantidad de pibes en la más absoluta soledad). Y no hay un proyecto político que indique claramente una transformación en el tiempo de estas circunstancias”
“Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que no cree para nada en los lineamientos que habla la Presidenta de la Nación y de los que hablaba el difunto presidente… Usted tiene un ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires que piensa que la forma de regular el tema de la pobreza es combatiéndola de esta manera. Y cuando no funciona el miedo (que en la clase media funciona perfectamente) tiran balas para que entendamos, total…
“Tenemos que sentar las bases para que este tipo de situaciones estén más limitadas. Si no, la pobreza sigue siendo un negocio para el régimen político, para la clase política y para todos”.

http://lavaca.org/notas/crimenes-en-jose-leon-suarez-%e2%80%9cno-es-el-gatillo-facil-es-la-politica%e2%80%9d/
Fuente: La Vaca.org 14/02/2011