Noticias de Infancia y Adolescencia

Una nueva ley de infancia en Córdoba confirma la resistencia provincial a respetar los principios de la Convención de los Derechos del Niño

2011-05-02T16:52:00.000-07:00

En nuestra provincia el miércoles 27 de abril se sancionará una ley que a pesar de adecuarse parcialmente a la ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, agrega una sección que denomina Procedimiento Penal Juvenil, que, lejos de incorporar las garantías penales y procesales que exigen la Convención Internacional, mantiene vigente el poder de los jueces de menores para ordenar la privación de libertad, con el argumento de que los jóvenes acusados de cometer delitos reciban un tratamiento tutelar, sin que se lleve adelante un debido proceso legal que pruebe si fueron o no responsables de los hechos de los que se los imputa . Sostener hoy este tratamiento, no tiene ningún fundamento jurídico y es totalmente contrario a toda la normativa nacional e internacional vigente en la materia.

Luego de las particulares Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia que intentaron suspender la aplicación de la ley 26.061, nuevamente, nuestra provincia se destaca como una de las que mas se resiste a considerar a todos los niños y jóvenes como Ciudadanos con derechos , y se encuentra muy distante de estar a la vanguardia dentro del país, como expresaron algunos miembros del poder judicial al opinar sobre la ley que hoy se sanciona.-

Lamentablemente se continua legislando en temas de infancia exclusivamente a partir de los acuerdos entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial , sin escuchar ni considerar, ninguno de los aportes presentados por otros actores sociales que participaron del debate legislativo, ya sea en forma personal o a través de dictámenes escritos.

Desde el Colectivo Cordobés por los derechos de niñas niños y jóvenes, como una mas de las numerosas redes de organizaciones sociales que hay en nuestra provincia, intentamos ejercer nuestra corresponsabilidad en la garantizaciòn de los derechos de los niños. Desde ese rol, formamos parte del Consejo Provincial y Municipal de Niñez, trabajamos en un primer proyecto de ley presentado en junio del año pasado; llevamos al debate legislativo nuestros aportes sobre el proyecto de ley del poder ejecutivo, dejamos documentación a todos los bloques legislativos, etc., pero ninguna de estas acciones fue tenida en cuenta por quienes hoy toman las decisiones legislativas por mayoría absoluta.

A pesar de este contexto, nuestro compromiso es continuar, junto con muchos otros actores sociales responsables, en el camino de promover la implementación de un verdadero Sistema de Protección Integral de los derechos del Niño, mas allá, o a pesar, de los obstáculos que desde los ámbitos de poder se siguen construyendo .

Colectivo Cordobés por los derechos de niñas niños y jóvenes

(SEHAS-CECOPAL-SERVIPROH-SEAP-PROGRAMA DEL SOL-LA MINGA-CATEDRA DE CRIMINOLOGIA DE LA FAC. de DERECHO DE LA UNC)

Recuerdo de los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño y la visita de Susana Villarán

2011-04-11T17:26:00.000-07:00

Noticias de Infancia: Violencia institucional

2011-03-10T15:30:00.000-08:00

El 3 de febrero último, en la localidad bonaerense de José León Suárez, Mauricio Ramos de 17 años, y Franco Alarcón de 16, fueron muertos a balazos por efectivos de la policía provincial. En el mismo episodio, otro adolescente, Joaquín Romero, fue herido con heridas gravísimas a causa de las cuales debió ser hospitalizado.
Algunos días más tarde, el 12 de febrero, Lucas Rotello, de 19 años, murió a causa de los disparos que recibiera por la espalda de manos de un efectivo policial en la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina manifestó públicamente su repudio a los repetidos casos de violencia institucional en la Argentina, que a menudo se presentan en respuesta a la exclusión social en que se encuentran muchos de nuestros jóvenes.
Queremos resaltar que las muertes de estos jóvenes connotan graves violaciones a los derechos humanos; ante lo cual no sólo exigimos la investigación judicial independiente e imparcial para el esclarecimiento de la situación y la correspondiente condena de los responsables; también denunciar tanto a las fuerzas de seguridad como al gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es preciso recordar que el Comité de los Derechos del Niño expresó ya en su último informe una grave preocupación por el elevado número de denuncias de actos cometidos por policías u otros agentes de la fuerza pública, contra menores infractores y niños de la calle en esta provincia.
A raíz de los hechos mencionados, hemos difundido un comunicado entre los organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional y latinoamericano. Asimismo, hemos realizado la selección de noticias que ofrecemos a continuación.

Otro caso de gatillo fácil en Baradero

2011-03-10T15:15:00.000-08:00

LA POLICIA MATO POR LA ESPALDA A UN CHICO DE 19 AÑOS SOBRE SU CICLOMOTOR

Fuente: Página 12

A un año del asesinato de una pareja, un policía mató de un escopetazo a un chico que se alejaba después de mostrar sus documentos. El agente está preso y hay movilizaciones en la ciudad contra la impunidad.

Por Karina Micheletto
Desde Baradero

El asesinato de un joven de 19 años por un agente de la Bonaerense, según la reconstrucción de los hechos de un balazo por la espalda, sacude a la ciudad de Baradero. El caso volvió a poner en tela de juicio la actuación de una fuerza cuyo jefe máximo, Juan Carlos Paggi, se hizo presente ayer para prometer investigaciones del caso. Los baraderenses se dividen entre la indiferencia de algunos, las justificaciones veladas con argumentos difusos sobre la inseguridad de otros, y la impotencia y la bronca de muchos que denuncian ésta como “una muerte anunciada”. Los familiares y amigos de Lucas Rotela, el joven asesinado, organizaron ayer diversas marchas frente a la municipalidad, el hospital donde fue atendido el chico y la comisaría, donde se registraron algunos incidentes.

Lucas había cumplido el jueves 19 años, trabajaba como peón de albañil y vivía en el barrio Bernabé de San Martín. Ayer a las 4.30 de la mañana se encontraba con dos amigos en la Plaza Colón, cuando un móvil de la policía se acercó y les pidió la documentación de sus motos de pequeña cilindrada. Según los amigos de Lucas, los jóvenes ofrecieron la documentación. El error de Lucas fue subirse inmediatamente a su moto y acelerar. Uno de los agentes, el detenido Gonzalo Kapp, le disparó con una Itaka primero dos balas de goma, luego una de plomo cuyos perdigones dieron en la espalda del chico, a una distancia que según testigos y primeros peritajes no supera los 50 metros. Américo Marzoa, uno de los chicos que estaban en la plaza con Lucas, fue apuntado por otro agente en la cabeza y detenido.

El intendente Aldo Carossi admitió ayer en la conferencia de prensa que dio junto al jefe policial Paggi que no hay explicación posible para “este homicidio increíble”, según lo definió. La causa abierta fue caratulada como homicidio calificado.

Las escenas que se viven por estas horas en esta ciudad en el kilómetro 142 de la Ruta Nacional 9 pueden sintetizar una agenda trágica. Las primeras reacciones registradas por Página/12 ayer por la mañana apuntaban a “la inseguridad” como culpable principal del hecho. “Hay que vivir acá para opinar”, “Estamos hartos de que nos roben”, se escuchó. Resultó que el chico estaba desarmado y no tenía antecedentes policiales. Las marchas de amigos y familiares de Lucas Ro-

tela frente a la plaza central enfrentaron a algunos feriantes, que llegaron para exponer lo suyo en el marco del Festival de Música Popular, que comenzó en esta ciudad el jueves pasado y cuyas jornadas de ayer y de hoy se reprogramaron para el 25 y 26.

Algunos cerraron sus puestos en señal de luto, otros colgaron las fotocopias apuradas de “Justicia por Lucas” que hicieron los amigos del joven asesinado, otros les hicieron saber a los manifestantes que habían pagado por sus puestos y no pensaban cerrarlos. El hecho hace revivir otras dos muertes de jóvenes en moto en esta ciudad, la pareja que el 21 de marzo fue muerta cuando era perseguida por un móvil de la Policía de Tránsito, con el posterior intento de encubrimiento y la represión a quienes se movilizaron exigiendo justicia. El jefe de la policía local, Raúl Franzoia, hacia quien apuntaron todos desde entonces, continúa en su puesto.

Por la espalda

2011-03-10T14:52:00.000-08:00

ESCOPETAZOS Y SHOW MACABRO, FORMULA DE LA SEGURIDAD BONAERENSE

Fuente: Página 12 - 6 de febrero de 2011

El descontrol policial y la demonización de los menores son los pilares de la gestión del ministro Ricardo Casal. La consecuencia es la nueva operación masacre en José León Suárez contra aquellos que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo. El show del horror en torno de Jorge Julio López, desaparecido en 2007, distrajo la atención (y los recursos necesarios) para la búsqueda de Luciano Arruga, secuestrado por la bonaerense durante la gestión de Casal y Scioli.

Por Horacio Verbitsky
El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. A su vez, el gobernador Daniel Scioli confió a Casal el manejo de una materia que, gracias a la histeria punitiva incitada desde los grandes medios de comunicación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad, justo el año en que se renovarán la presidencia y todas las gobernaciones provinciales.
A tiros
La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. “La policía fue a buscar venganza”, porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que “los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento”. Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados. Con el intacto reflejo de proteger a la policía, Casal reclamó que se hiciera el dermotest a los maquinistas del tren, para ver si alguno de ellos había accionado un arma. Pero como la realidad no se sustituye con palabras, uno de los funcionarios policiales que intervinieron admitió haber disparado con munición de plomo. Tampoco es indiscutible que el descarrilamiento haya sido provocado, ya que los maquinistas no lo confirmaron y el vuelco se produjo en los últimos vagones. Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense. Las manifestaciones de Casal parecen indicar que, en caso de robo o saqueo considera legítimo el uso de armas letales y los disparos a matar, aun por la espalda. Esto contradice todos los protocolos de intervención, nacionales o internacionales. En marzo de 2009, el CELS criticó el proyecto de reforma del Estatuto del Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires elaborado por Casal, porque propone “la recuperación de instancias y características propias de instituciones militarizadas que ya han sido abandonadas por las policías modernas” y elimina los mecanismos de control del uso de la fuerza y los estándares internacionales contemplados en la ley anterior. Como respuesta, Casal incorporó por fuera del articulado y antes de los anexos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, “deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”. El decreto reglamentario, de julio de 2010, declara falta grave el incumplimiento de esas reglas, como es ostensible que ocurrió en este caso. Casal, que con su trabajo penitenciario se pagó los estudios de derecho, no lo ignora. Por eso dijo que sólo el jefe del grupo estaba autorizado a portar armas letales y que se investigaría por qué hubo efectivos que cargaron postas de plomo en sus escopetas, en vez de las de goma. La respuesta es conocida: porque siempre lo hacen y nadie lo controla. La magnitud de la intervención se mide por la cantidad de armas policiales secuestradas para peritar: cinco docenas. La banda mencionada por el ministro, en caso de existir, carece de cualquier sofisticación y no posee armamentos que puedan compararse ni en calidad ni en cantidad con los de la fuerza policial. Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad. Mañana el Movimiento Evita y algunas cooperativas de la zona anunciarán una marcha para el martes, que partirá de Márquez y Echagüe, a una cuadra de la estación de tren de José León Suárez, y que terminará en el árbol junto al que fueron asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce y herido Joaquín Romero La madre de Joaquín es militante de la Cooperativa Raúl Repetto y del Movimiento Evita. “Ninguno de los tres había estado saqueando. Ellos estaban a unos 20 metros del lugar, apoyados sobre el árbol en el que todos los días se encontraban para luego ir hacia al basural del Ceamse donde buscaban comida”, explicó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, con militancia social en la villa La Cárcova. Según le relataron los vecinos la policía “dejó que robaran el tren por una hora” pero cerca de las tres de la tarde comenzaron a reprimir. Sobre las paredes de chapa de las casas, pudo observar los agujeros producidos por las postas. Según Grosso, “el ataque de los vecinos del cual los policías dicen haberse defendido no existió. De hecho, la Bonaerense le dijo al fiscal Marcelo Sandot en un primer momento que había un policía herido en la cabeza, pero era mentira”. En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan.
Excavaciones
Una actividad afín emprendió el propio Casal, en respaldo de una más que dudosa versión sobre el lugar donde habría sido sepultado Jorge Julio López, desaparecido hace cuatro años, el mismo día en que se dictó la sentencia condenatoria contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, basada, entre otros, en su testimonio. La intervención estridente de Casal se produjo cuando además se cumplían dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16, cuya familia la atribuye a la actuación de policías del Destacamento de Lomas del Mirador que dependen de Casal, en otro capítulo de la perversa relación de la fuerza de seguridad con los adolescentes de los barrios pobres. Casal se ha negado a admitir cualquier responsabilidad policial y presionó para el despido de los periodistas de la radio provincial que lo reportearon a propósito del caso, cuya sola mención fue prohibida en la emisora. La existencia de un presunto testigo de identidad reservada que reclama el pago de la recompensa por datos que permitan reconstruir lo sucedido con López fue ventilada por el abogado de escándalos Sánchez Kalbermatten. Casal se encargó de amplificarlo por los medios y recién entonces el fiscal Hernán Schapiro fue puesto en conocimiento del escueto informe del autodenominado testigo. Se trata en realidad de un hombre que sólo dijo haber escuchado que un hombre le dijo a otro hombre, que luego se lo dijo a él, que el cuerpo de López estaría bajo las vías, en la abandonada estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, a 100 metros de los fondos de la escuela de policía Vucetich y a la misma distancia del ex Cifim (Centro de Incorporación y Formación de Infantes de Marina), desmantelado antes de que desapareciera López. Sánchez Kalbermatten es un abogado de poca monta que procura notoriedad acercándose a personas conocidas o a sus deudos. Cuando murió Bernardo Neustadt escribió una nota a la familia, en la que declaraba su admiración por el difunto y pedía que le regalaran una camisa o una lapicera como recuerdo. También hizo pública su debilidad por el hombre de negocios dudosos con medios de comunicación Daniel Hadad, a quien le ofreció asociarse, y en su página electrónica publica un saludo del ex militar golpista Mohamed Seineldín. Una de sus técnicas es asistir a lugares públicos, donde se hace fotografiar con personas conocidas, en general ex deportistas, a las que luego les pide autógrafos. La página web de su oficina simula la de un estudio jurídico, aunque sólo contiene generalidades y una larga lista de denuncias penales, que Sánchez prepara en base a información recogida de los diarios. Por ejemplo, leyó que Néstor Kirchner tomaba decisiones en el gobierno de su esposa y lo acusó de usurpación. También demandó a la comisión directiva de River Plate por abandonar al futbolista Burrito Ortega. Algunas de esas denuncias las presentó junto con el multiprocesado por estafas Enrique Piragini, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pintoresco führer de San Cristóbal, Alejandro Biondini. El propio Sánchez Kalbermatten fue imputado ante la justicia por entregar un cheque robado y adulterado. El juez federal Daniel Rafecas remitió los antecedentes de Piragini y Sánchez K al Colegio Público de Abogados, por entender que habían actuado en forma temeraria al denunciar a las presidentes de la Nación, CFK, y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sostenían que Cristina había violado la ley de ética pública al designar al frente de la autoridad monetaria a una persona que no podía ocupar ese cargo, porque presidía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República (Abappra), lo que, de ser cierto, hubiera sido incompatible. Pero no lo era: Marcó del Pont había renunciado a la Aba-ppra. Otros de sus blancos fueron la ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que consideró un acto de coacción contra el Grupo Clarín. También denunció al jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. A pesar de estos antecedentes inequívocos sobre el personaje, el propio gobernador Daniel Scioli anunció en conferencia de prensa que había aportado datos sobre el paradero de López, y Casal en persona recibió al abogado. Una cosa es seguir cada pista; otra muy distinta convertir un tema tan sensible en un show del horror, sin medir la seriedad de la fuente y antes de que la justicia pueda verificar los datos.
La cortadora de césped
Casal logró distraer así la atención sobre el aniversario de la desaparición de Arruga, cuando él ya era ministro de Justicia, y Scioli gobernador, de la cual la familia responsabiliza a las fuerzas policiales. La pista aportada sobre López fue seguida en forma estricta, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, especializado en esas búsquedas, que contó con un georadar australiano, de última generación, que detecta movimientos de tierra recientes. Fue adquirido a solicitud de un juez federal que buscaba restos humanos en las paredes y los pisos de un edificio utilizado por el Ejército y cuya demolición se anunciaba para construir un emprendimiento comercial. Los funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de la Nación capacitados para su empleo lo llaman “la cortadora de césped”, por la estructura movible sobre ruedas que sostiene el scanner. Desde la desaparición de López se siguieron dos centenares de pistas, por disparatadas que fueran. Muchas de ellas fueron provistas por testigos que pidieron reserva de identidad y no tuvieron la difusión pública que ahora le dio Casal. El testigo temía que le pasara lo mismo que a López, dice su abogado. Sin embargo, Sánchez K. eligió la vía menos apta para preservar a su cliente: “Consideré que el mejor camino era llegar directamente a Casal. Como él no estaba en el cargo cuando desapareció López, pensé que no había forma que el tema lo afectara políticamente, que lo podía favorecer”, dice el abogado. También cuestiona la forma en que se realizó la búsqueda: “Si yo creo que no se está operando correctamente puedo convocar al FBI para que vengan con equipos especiales”. Sánchez K se niega a concurrir a la citación del fiscal Schapiro, “hasta que hagan las cosas bien, hasta que garanticen la seguridad del testigo. Van a lograr que se revele la identidad del testigo y que lo maten. El testigo dijo que el dato del paradero proviene de una interna de la Bonaerense, esto trascendió por alguna radio, y me mandan a la Bonaerense a citarme para ir a la fiscalía. El fiscal no me da ninguna seguridad. Son unos imberbes locos”. Culminó el desatino llevando a su cliente al Programa de Desprotección de Testigos que conduce el showman político de identidad reservada Mauricio Goldfard. El viernes, cuando la búsqueda estaba agotada, Casal encontró la forma de dilatar el papelón. Llamó a la fiscalía para anunciar que tenía nuevos datos y pidió que lo esperaran porque no podía darlos por teléfono: una nieta recuperada decía que alguien igual a López había sido visto en un geriátrico. Los fiscales decidieron de todos modos dar por terminada la búsqueda en el parque Pereyra Iraola. Pero Casal eligió ese momento para enviar un nuevo testigo, quien dijo que había una tumba a cien metros de la estación desde 2009. Como se le cayó un árbol encima, la función deberá continuar el lunes, como el ministro quería. (Entrevistas Mercedes González y Adrián Vigna).

Walsh y De la Cárcova
Lo ocurrido el jueves en José León Suárez fue una nueva operación masacre contra los que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo.

Off the record
Fuentes del gobierno provincial afirman que el contacto entre el ministro Casal y el abogado Sánchez Kalbermatten lo realizó off the record el periodista Nelson Castro, a través de su productor, que habló con el director de prensa del ministerio. Consultado para esta nota, Castro lo desmintió y dijo que ni él ni sus productores realizaban ese tipo de gestiones, aunque admitió haber entrevistado a Sánchez K, como muchos colegas, ya que las notas de prensa son la actividad principal del abogado. Castro agregó que nunca hablaba off the record con funcionarios, lo cual torna inexplicable su columna dominical, que tiene por principio no citar nunca una fuente. Casal también negó ese presunto off the record y dijo que Sánchez K le contó que se había comunicado con la Secretaría Privada y la oficina de Prensa del Ministerio, “manifestando su interés legítimo” en la recompensa. En cambio, Sánchez K confirmó que había llegado a Casal a través del productor de Nelson Castro, Guido Baistrocchi. A todos los había conocido durante una emisión del programa “El juego limpio”, a la que asistió como abogado del procesado farmacéutico Gabriel Brito. “Así me contacté con Alberto Mesa, de Prensa del Ministerio. Fui a verlo a Mesa el lunes pasado, estuve charlando con él, y a los 10 minutos me lleva con Casal”, dijo. La recompensa para “quienes aporten datos veraces y determinantes que permitan dar con el paradero” de López fue ofrecida poco después de su desaparición por el entonces gobernador Felipe Solá, mediante el decreto 2441 de ese año. Su monto fue incrementado varias veces. La última, en septiembre pasado, por Scioli y Casal, con el decreto 1548/10, que lo llevó a 1,5 millón de pesos y aseguró “la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas y del pago de la recompensa ofrecida”. Sánchez K dijo que confiaba en Casal porque no estaba en el gobierno cuando desapareció López.

Planchar arrugas
Una de las consecuencias del show montado por el ministro Ricardo Casal para la búsqueda de Jorge Julio López fue impedir que el georradar del Ministerio de Seguridad de la Nación pudiera emplearse para buscar el cuerpo de Luciano Arruga en el descampado frente al cual se detuvo dos horas uno de los patrulleros del Destacamento de Lomas del Mirador, fuera de su cuadrícula, la noche del 31 de enero de 2009. La pérdida de tiempo no es indiferente: parte de esos lotes fueron destinados a la construcción de viviendas y ya se han realizado las cloacas. La justicia sólo ordenó detener por pocos días la continuación de la obra. En el resto del predio, conocido como Monte Dorrego, ya se realizaron excavaciones poco después de la desaparición de Luciano, en un lugar señalado por perros de policía a los que antes les dieron a oler ropas del pibe. Mañana el grupo de antropólogos y arqueólogos (Gaami) realizará un mapeo de las cloacas y del sitio señalado por los perros. Una constancia adicional de la de-sidia con que se llevó la causa es que no quedó registro judicial de esa intervención canina. Recién la semana pasada se recibieron los testimonios de los policías que participaron. Uno de ellos dijo que cuando un perro adiestrado señala un lugar es porque allí estuvo el dueño de la prenda. En la parte del predio donde se realizan las obras se ha perdido la posibilidad de utilizar el georradar, cuyas lecturas indican dónde se ha removido el terreno. Quedan dos manzanas que no fueron tocadas y que serán sometidas al georradar dentro de una semana. Pero el responsable de asuntos judiciales de la Gendarmería, Comandante Cristin Rodriguez, informó a la fiscal Celia Cejas que no podían ofrecer la custodia del lugar en forma permanente, porque está justo al lado de una villa. Y la APDH de La Matanza denunció que había trascendidos acerca de la posible remoción de los restos, para impedir el hallazgo.

Crímenes en José León Suárez: “No es el gatillo fácil, es la política”

2011-03-10T14:26:00.000-08:00

Mauricio Ramos, 17 años. Franco Alarcón, 16. Muertos a balazos por la policía en José León Suárez. ¿Quién es responsable?

Juana María, la abuela de Mauricio, dice a lavaca:-Mi nieto era la alegría. Un amor. Pero lo mataron. No hay un solo culpable, como dicen, ese que disparó. Hay varios. Y para mí hay un culpable más: el que dio la orden.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que acaba de entrar en el caso judicialmente dice:
-Hay que dejar de hablar de gatillo fácil. Hay que hablar de responsabilidades políticas.
Juana María y Chillier dicen algo parecido, cada uno con sus palabras.
Ernesto “Lalo” Paret, cartonero desde chico, vecino de la zona y actual integrante de la Cooperativa Unidos por el Calzado (CUC, la ex Gatic recuperada por sus trabajadores) dice: “José León Suárez es un depósito de basura, donde muchos pudimos sobrevivir gracias a la basura. Tenemos los rellenos clandestinos, los rellenos sanitarios, los asentamientos construidos sobre esos rellenos de basura, y esa situación hace posible que todo el régimen piense que los que vivimos ahí no valemos nada”.
Lalo sugiere que toda esa zona de la quema del CEAMSE y los asentamientos construidos sobre desperdicios debería convertirse en “Quemaikén”, un parque temático de la pobreza.
QuemaikénLos crímenes de Franco Almirón y Mauricio Ramos en José León Suárez tienen como fondo el paisaje asombroso de montañas de basura -La Quema del CEAMSE- en asentamientos construidos sobre basurales clandestinos. Mauricio y Franco también cirujeaban, eran discriminados por la piel, y sobrevivían. Decí Mu estuvo hace unos meses con Lalo, Piki y Ángel, que cuentan qué se encuentra en la basura y cómo se ve la vida desde José León Suárez. ¿Qué se encuentra en la basura? Viaje a lo que bautizaron Quemaikén, el parque temático de la pobreza, universidad práctica sobre cómo entender el presente.

En el corazón

A Mauricio Ramos, 17 años, una bala le dio en el corazón. Fue suficiente. Franco Almirón, 16, recibió cinco balazos en el cuerpo. Otro adolescente, Joaquín Romero, fue internado con heridas gravísimas. Los vecinos se alzaron contra la policía, que debió ser desplazada de la zona. El episodio ocurrió en José León Suárez, el 3 de febrero. Según la versión de la Policía Bonaerense, una banda del barrio La Cárcova preparó una emboscada que hizo descarrilar a un tren de carga, para asaltarlo. Esta tesis (acaso inspirada en un exceso de películas de cowboys, y desmentida por la investigación judicial) incluyó la llegada de las huestes policiales para evitar el supuesto saqueo del tren, y el valeroso enfrentamiento de los efectivos contra los vecinos, que culminó –como tantas veces- en el asesinato de dos chicos. La justicia ya captó que la versión policial no funciona ni como relleno sanitario.
Cuando los fiscales Raúl Sorraco, Ana María Armetta y Marcelo Sendot interrogaron a uno de los sospechosos, el teniente Gustavo Vega, este señor, que es instructor de tiro, declaró que se equivocó al cargar municiones de plomo en lugar de las de goma. Hay dos chances.
a) Si lo que dijo es mentira, muestra una curiosa tendencia policial a exculparse por el absurdo. (Gustavo Kapp, policía que el 12 de febrero disparó por la espalda en Baradero a Lucas Rotello, 19 años, dijo que no sabía que su escopeta tenía balas de plomo).
b) Si lo que dicen Vega y Kapp fuera cierto, la “seguridad” de los bonaerenses está en manos de una institución desquiciada.

La realidad es un poco peor: la policía sigue matando chicos pobres sistemáticamente, y es el modo en que el Estado parece pretender resolver muchas veces el llamado “problema social”.

Descontrol 2011

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se involucró en el caso como particular damnificado, representando a las familias de las víctimas, y en un comunicado planteó: “La represión de José León Suárez pone de manifiesto, una vez más, la ausencia absoluta de control por parte del Ejecutivo provincial sobre la policía. La gestión del gobernador Daniel Scioli ha desmantelado los mecanismos que posibilitaban el gobierno civil de la institución. En su lugar, cedió el manejo a los propios jefes policiales y ratificó así su opción por las respuestas represivas”.
Gastón Chillier, Director Ejecutivo de esa institución se asombra al comenzar la charla. Se asombra de que no hay nada nuevo. “El caso refleja de manera brutal y burda lo que se ve en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Es algo que vemos estructuralmente a nivel nacional, exacerbado en la provincia de Buenos Aires: un alto componente de exclusión social, al que se responde con violencia policial”. Chillier reitera que esto no es nuevo: “Lo nuevo es que ahora huele a descontrolado”.

Autogestión policial

El documento del CELS hace referencia a la autogestión policial: “Lo que queremos decir es que no se siguen las órdenes del gobierno. En teoría la policía debería ser una herramienta dentro de una política. Pero la autogestión significa que se vuelve a delegar en manos de la policía lo que deberían controlar los civiles”.
Chillier considera que haber unificado el ministerio de Seguridad con el de Justicia en la provincia (bajo la órbita de Ricardo Casal) “da a entender que la Seguridad no es un tema importante en sí, que se puede subsumir en un ministerio de Justicia, y que se trata de un asunto meramente policial. En ningún caso pensar eso es bueno, pero menos todavía con policías como la Bonaerense, la Federal, la de Río Negro y tantas policías provinciales que no han sido parte de la agenda democrática, y son autoritarias, verticalistas y violentas.

Se olvidaron de Cabezas

Para no ir demasiado lejos en la historia, podría hablarse de la Bonaerense como escenario de campos de concentración, torturas y desapariciones, durante la época militar. Más cerca, el 25 de enero de 1997, el cuerpo incinerado del reportero gráfico José Luis Cabezas. El lema que siguió a aquel crimen (“No se olviden de Cabezas”) referido a la llamada “Maldita policía” ya parece haber entrado en territorio Alzheimer. “Y la institución sigue presentando altos niveles de violencia, de corrupción y de ineficiencia” suma Chillier. “El gobierno plantea que son excesos, la manzana podrida, cuando resulta evidente que se trata de un problema estructural. Nosotros no queremos que la responsabilidad se limite a quién mató a los chicos en José León Suárez, ni en Baradero, sino que debe subir. Claramente hay que dejar de hablar de gatillo fácil, y pasar a hablar de responsabilidades políticas”.

Narcos + recaudación

Chillier mencionaba la ineficiencia policial: “En barrios como La Cárcova, de José León Suárez, se mueve droga pero casualmente no hay actuaciones policiales sobre eso. Está claro que hay una relación entre el narcotráfico y la policía. Si la policía se dedica a recaudar, estos son los resultados”.
¿De quién es la responsabilidad? “De los gobiernos, y deben rendir cuentas. Si uno hila fino, los funcionarios políticos terminan entregando al policía que disparó el gatillo, una forma muy fácil de limitar la responsabilidad a ese policía”.
El Acuerdo para una Política de Seguridad Ciudadana promovido por el CELS y con apoyo transversal de muchos partidos representados en el Congreso “es un acuerdo que tiene que traducirse en políticas concretas que lo reflejen, aunque no sé si diciendo esto, digo mucho” reflexiona Chillier, que con lo dicho dice bastante sobre la brecha entre las intenciones y las realidades.

Inflexión de las Viejas Locas

Chillier considera que hay un relajamiento de los controles. “Y el punto de inflexión lo percibimos en el recital de las Viejas Locas donde el gobierno dejó hasta de condenar estos casos y de tener una respuesta política acorde a estas circunstancias”. Antes de un recital de Viejas Locas en Vélez Sarsfield, el 14 de noviembre de 2009, Rubén Carballo (17 años) fue víctima de la represión policial pero apareció supuestamente “caído” en un club. Murió el 8 de diciembre. El mismo 14 de noviembre lavaca había recorrido las celdas de la Comisaría 44° donde había 43 detenidos, golpeados, jóvenes, morochos, pobres, asustados. En algún otro lado estaban matando a Rubén. Es el caso que Chillier señala como bisagra en estas historias.
Para el CELS; además, ya la investigación judicial desmiente la versión de la “emboscada” y descarrilamiento premeditado del tren. “Fue un problema de falta de mantenimiento, en el que en todo caso pueden faltar unos durmientes porque los sacan en invierno para calefaccionarse, lo que da la pauta del contexto social. Frente a eso se nota una ausencia del Estado, de políticas sociales a núcleos a los que no les llega nada, y en cambio se responde con la cara más violenta del Estado, que es la de la policía”.

Juana María desde la Quema

Juana María es la madre de María Elena, y la abuela de Mauricio Ramos a quien le decían “Pela”. Juana María tiene 54 años y sigue casada. Su hija tiene 6 hijos, pero está sola y trabaja en una empresa de limpieza. Mauricio era el segundo de seis hermanos. “El barrio está tranquilo” dice Juana María a lavaca. “Lo que pasó es una cosa. Los milicos mataron a los chicos. Vinieron a matar. Los que dicen que hubo tiros desde este lado, dicen mentiras”.
Juana María habla de su nieto. “Era un amor. Era todo. Yo casi lo crié. Mihija sola, se imagina, él estaba siempre conmigo. Iba al CEAMSE (cordilleras de basura) a rebuscarse. Los chicos no encuentran trabajo, por eso van. Estudiaba con una beca, albañilería. Era un chico más. No tenía maldad, vamos a decir”. A Mauricio le gustaba bailar, menos la cumbia que el regatón: “Era pura alegría”.

Desaparecido en la basura

La joven abuela aclara que el barrio no es una villa. “Pero la gente joven no encuentra trabajo, la discriminan. Y si dicen donde viven, peor. Por eso muchos chicos van al CEMSE con motivo de rebuscarse. El amigo que mataron, Franco, lo mismo”. Juana María dice que sus otros nietos “llevan el dolor por adentro. No lo van a andar demostrando”. La mayor tiene 21 años, los otros son de 14, 11, 9 y 7. “Yo también iba al CEMASE, en bicicleta, a rebuscarme. Pero el año pasado me caí, me rompí la rodilla y no pude ir más”. ¿Qué se encuentra en la Quema? “Todo. Hay azúcar, fideos, jabón, yogur, leche, yerba, harina. Las empresas lo tiran. El problema es que hay que revolver para encontrar. Los chicos iban a buscar latas, cartón, nailon, metal. Yo hace 24 años que estoy acá. Antes no había nadie. Empezaron a rellenar con basura, con tierra. Ahora está todo lleno. Y se llenó de gente”. En ese basural la policía hizo desaparecer a Diego Duarte (15 años) en 2004. Como no podían agarrarlo ordenaron a una máquina del CEAMSE que lo tapara con basura. Diego Duarte desapareció para siempre entre los desperdicios.

Cuatro palabras

¿Qué espera hacia delante? “Que el futuro sea mejor. No queremos más a la policía. Por eso ahora está la Gendarmería, para evitar que estén matando a los chicos. Que paguen los culpables. Que no estén libres. No hay un solo culpable, como dicen, ese que disparó. Hay varios. Y para mí hay un culpable más: el que dio la orden”.
El barrio logró reaccionar, y obligó a la Bonaerense a acuartelarse en la Comisaría. Sin esa determinación, todo quedaría en el aire. Pero Juana María elige la sencillez: “Ahora está todo tranquilo. No pasa nada”.
Agrega: “No miro más televisión ni diarios. Para mi inventan cosas para perjudicarnos. O alguien les informa todo mal y ellos lo publican. No les creo nada”. Dice cuatro palabras que reflejan un síntoma de época: “Mienten todo el tiempo”.

¿Vidas de relleno?

Entre otras cosas, Ernesto Lalo Paret es vecino de José León Suárez, trabaja en CUC, la ex Gatic, colabora con los centros comunitarios de los asentamientos, y fue uno de los impulsores de la apertura de las cárceles de la zona a la Universidad Nacional de San Martín, que dicta ahora carreras para los reclusos. Para entender el universo donde se desarrolla esta historia, dice Lalo a lavaca:
“Desde los fusilamientos de José León Suárez hasta hoy ha seguido siendo siempre lo mismo: un depósito de basura, donde muchos hemos podido sobrevivir gracias a esa basura, y esa situación genera un grado de marginalidad absoluta que hace posible que todo el régimen piense que los que vivimos ahí no valemos nada”.
“José León Suárez es un parque temático de la pobreza. Tenemos un relleno clandestino, tenemos un relleno sanitario, tenemos todos los asentamientos, y ahora tenemos una cárcel con tres unidades donde podemos alojar directamente a todos nuestros familiares (obviamente la mayoría que están ahí están pobres, y mueren permanentemente una cantidad de pibes en la más absoluta soledad). Y no hay un proyecto político que indique claramente una transformación en el tiempo de estas circunstancias”
“Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que no cree para nada en los lineamientos que habla la Presidenta de la Nación y de los que hablaba el difunto presidente… Usted tiene un ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires que piensa que la forma de regular el tema de la pobreza es combatiéndola de esta manera. Y cuando no funciona el miedo (que en la clase media funciona perfectamente) tiran balas para que entendamos, total…
“Tenemos que sentar las bases para que este tipo de situaciones estén más limitadas. Si no, la pobreza sigue siendo un negocio para el régimen político, para la clase política y para todos”.

http://lavaca.org/notas/crimenes-en-jose-leon-suarez-%e2%80%9cno-es-el-gatillo-facil-es-la-politica%e2%80%9d/
Fuente: La Vaca.org 14/02/2011

Campaña por los jóvenes mapuche

2010-12-21T07:36:00.000-08:00

Les invitamos a sumarse activamente en la Campaña de firmas por la Libertad de los jóvenes mapuche presos politicos en Chile, acusados siendo menores de edad por supuestos delitos terroristas. A pesar de haber sido modificada la ley Antiterrorista indicando su inaplicabilidad a menores de 18 años en octubre pasado, la situacion no ha cambiado en absoluto para los chicos que siguen en prision preventiva en la carcel de chol Chol. Las instituciones interesadas pueden ingresar a www.libertadninos.wordpress.com. Allí verán cómo pueden colaborar.

Foro Iberoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes- Jun 2010- Bs.As.

2010-11-19T03:51:00.000-08:00

Organizaciones contra la trata se reunieron con la relatora de la ONU

2010-11-18T08:31:00.000-08:00

Las más reconocidas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir la explotación sexual en la Argentina tuvieron la oportunidad de reunirse en Buenos Aires con la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo.
La relatora solicitó a las organizaciones toda la información que pudieran proporcionar respecto de los vacíos legales existentes y las fallas en el funcionamiento de los mecanismos institucionales instrumentados para combatir la trata de personas, garantizando su confidencialidad.
Entre los planteos generales formulados por Nora Pulido del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia a la relatora, se encuentran la falta de estadísticas oficiales, la deficiente asistencia a las víctimas mediante programas y atención personalizada de acuerdo a sus necesidades y la escasa persecución del delito de proxenetismo.
También se planteó que el supuesto “consentimiento” de la víctima no debería tenerse en cuenta ya que este ítem, que rige en la legislación actual, tiene como consecuencia que haya “que probar la inocencia de la víctima en lugar de la culpabilidad de los delincuentes”.
En el marco de este encuentro, se suscitó un debate en torno a los lineamientos que establece el denominado Protocolo de Palermo, emitido por las Naciones Unidas en el año 2000, ya que a partir de ese documento se legitima la figura de consentimiento de la víctima y se propicia la figura de la prostitución como un trabajo legal que genera la demanda desde los países centrales generando la trata de personas.
Si bien defendió dicho documento internacional, Ezeilo, instó a dejar atrás la “discusión estéril” entre las posturas abolicionistas y no abolicionistas de la prostitución.
Estuvieron presentes la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos Ammar Capital, la Red No a la Trata, ATEM 25 de Noviembre, Seminario de Derechos Humanos con perspectiva de género de la UBA, el instituto de antropología de la UBA, el CELS, Save the Children Argentina, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

Cabe mencionar que la visita oficial de la representante de la ONU a América del Sur también incluyó reuniones con representantes del gobierno y del poder judicial.

Campaña contra trata y explotación sexual de jóvenes

2010-11-18T08:22:00.000-08:00

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 oct, Agencia Infancia Hoy.-
Una acción en la que todos podemos ser parte. Se busca de esta manera que todos podamos contribuir en evitar que nuevas adolescentes caigan en manos de las redes mafiosas.
Diversas ONG vinculadas a la lucha contra la trata y la explotación sexual de personas, intentan repetir a nivel individual lo realizado en la campaña que el pasado 23 de septiembre se llevó adelante cuando activistas se lanzaron en conjunto a las calles a despegar promociones de estas activvidades, mientras amplificaban con parlantes la consigna: "Que tu hija no sea prostituida, que tu hijo no sea prostituyente".

Para ello establecieron llevar a cabo el siguiente ejercicio:
1) Si usted es un varón entre los 14 y los 80 años de edad, salga a caminar por el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Pauta: acepte todos los volantes que intenten entregarle.
Luego de 20 minutos de caminata cuente cuántos de esos volantes corresponden a ofertas de comercio sexual.
2) Si usted es mujer, intente contar -en igual tiempo- cuántos papelitos promocionando lugares de prostitución encuentra adheridos a los teléfonos públicos.
3) Ejercicio para ambos sexos:
Analice, en cualquier edición de los grandes diarios de tirada nacional, la cantidad de avisos que difunden la actividad.
Un dato: Pese a esta profusión, en el ámbito porteño sólo hay cuatro procesamientos por trata de personas, y ninguna condena.

Ejercicio final: si repite los anteriores verá, pese a qué pueden cambiar los nombres de las señoritas y las fotos, las notables coincidencias entre las direcciones y los datos de contacto. Con esto concluirá que no se trata de emprendimientos personales, sino que detrás de los volantes, afiches y avisos hay verdaderas organizaciones, grandes.

Repetir ese gesto de manera individual y anónima, podría despertar conciencias y plasmar un módico sabotaje a las redes de trata. Para aquellos que deseen ir un paso más allá, pueden ingresar al blog http://www.campaniaabolicionista.blogspot.com/ donde hallarán frases para reemplazar las de los volantes que promueven la explotación.

(Infancia Hoy) http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=6734&ID_Seccion=174“Nadie es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre”
Goethe

ONU alerta un aumento en la trata de personas en Argentina

2010-11-18T08:17:00.000-08:00

(La Tercera) La relatora especial del organismo Joy Ngozi afirmó que Argentina "se ha convertido en un país de destino" para las víctimas de este delito.

por DPA - 10/09/2010

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó hoy que "está aumentando la trata de personas para explotación sexual y laboral en Argentina" y advirtió que hay "serias acusaciones a funcionarios del Estado y de las fuerzas policiales" por recibir sobornos.

"Pido al gobierno argentino que promueva la tolerancia cero para los funcionarios y agentes que tienen relación con este crimen", dijo Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, en una conferencia de prensa que brindó esta tarde en Buenos Aires.

La especialista de la ONU presentó las conclusiones y recomendaciones preliminares de su visita a Argentina, a donde llegó el pasado lunes para interiorizarse sobre esta problemática.

Ezeilo se reunió con representantes del Gobierno y del Poder Judicial, así como también con líderes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil que trabajan para prevenir la trata de personas.

"Lo que más me sorprendió es la cuestión de las víctimas de la trata, que me han contado los espantosos abusos que han sufrido. Eso me enoja muchísimo y me da fuerza para redoblar los esfuerzos en esta lucha por erradicar este horrendo crimen", manifestó la relatora, que este domingo partirá a Uruguay para realizar la misma investigación que llevó a cabo en Argentina.

ESTUDIO NACIONAL
Entre otras recomendaciones, la enviada de la ONU pidió al gobierno argentino que realice un estudio de alcance nacional "para presentar pruebas que permitan elaborar un plan" para luchar contra la trata.

A su vez, Ezeilo indicó que "se debe fomentar la formación de la policía, la gendarmería, los jueces, los inspectores y demás actores para que se pueda identificar mejor a las víctimas de la trata y ayudarlas".

¿Por qué está aumentando la trata? "Para eso estoy aquí, investiganado", respondió la relatora. "Hay que trabajar el problema de raíz. Es un fenómeno muy dinámico. Lo que está claro es que la Argentina es un país receptor, de destino. Eso lo demuestra el envío de personas de países como Uruguay, Bolivia, Paraguay o República Dominicana".

"En general estamos en una crisis económica que empuja el aumento general de la trata. Si hay un país vecino con mejores condiciones, pues ahí quieren ir muchas personas a buscar una oportunidad. Es ahí cuando caen en los engaños de gente que aprovecha la situación y contrata con falsedad a mujeres y niñas para la prostitución", explicó la también abogada en derechos humanos y profesora en la Universidad de Nigeria.

"Cuanto más se sensibilice la población, más favorable será para los afectados", señaló Ezeilo, que afirmó que los derechos humanos "deben estar en el centro de la cuestión de la trata porque son personas a las que se les han avasallado todos sus derechos".

A su vez, la especialista indicó que el Estado argentino debe impulsar la creación de un fondo de asistencia para las víctimas, a las que "se les debe dar asistencia y contención".

"Hay que promover los impactos a todos los niveles y trabajar en la prevención. Los inspectores deben hacer su trabajo y cualquier persona que cometa trata debe ser castigada como corresponde. Hay que difundir el mensaje de que la trata es un delito espantoso", expresó.

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2010/09/678-291166-9-onu-alerta-un-aumento-en-la-trata-de-personas-en-argentina.shtml

“Ahora la trata en Argentina aumentó en magnitud”

2010-11-18T08:10:00.000-08:00

En su visita al país, y antes de partir a Uruguay, Joy Ngozi Ezeilo hizo un diagnóstico muy crítico sobre el estado de la trata en el país. La corrupción de las fuerzas de seguridad y la falta de protección a víctimas y a investigadores, entre los mayores problemas.

Por Mariana Carbajal (Página 12- Sociedad)

La trata de personas “está aumentando en magnitud”, tanto para explotación laboral como sexual en Argentina: “Claramente se ha convertido en país de destino y en menor medida de origen y tránsito”. Esta fue la primera conclusión de la Relatora Especial sobre Trata de Personas de la ONU, la abogada nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, al finalizar ayer una visita de seis días al país. Entre sus recomendaciones, pidió que el Congreso en forma “urgente” reforme la ley antitrata para evitar que las víctimas mayores de edad tengan que demostrar que no dieron su consentimiento y se aumenten las penas a los autores del delito. Y exhortó al Gobierno a poner en marcha un plan nacional contra la trata “coordinado”, a destinar más recursos para enfrentar el problema, a capacitar a las fuerzas de seguridad y a crear un fondo especial para indemnizar a las víctimas. “El Gobierno debe demostrar un compromiso serio” y promover “tolerancia cero a la corrupción de los funcionarios”, sostuvo Ezeilo.

En conferencia de prensa, poco antes de partir rumbo a Uruguay, la funcionaria de la ONU dio un informe preliminar de su misión oficial. Su diagnóstico fue muy duro: manifestó su preocupación por la “impunidad” con la que la trata tiene lugar en el territorio nacional, por la “poca capacidad” para combatirla, por “los abusos espantosos que sufren las víctimas” y por la “corrupción” de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que “están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes”, describió.

Ezeilo ofreció una rueda de prensa el viernes en un hotel ubicado frente a la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Recoleta. Vestía un conjunto colorido, exótico a los ojos latinos, y la cabellera azabache completamente peinada con trencitas. Es abogada, especializada en derechos humanos y profesora de la Universidad de Nigeria. Asumió como Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, el 1º de agosto de 2008. Esta, aclaró, fue su primera visita a un país de Latinoamérica. En el marco de la misma gira, visitará esta semana Uruguay. Durante la misión fue recibida por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, y por funcionarios de menor rango de Desarrollo Social, Cancillería y Trabajo. También se reunió con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan contra la trata, con académicas y abogados. Estuvo en Buenos Aires y en Posadas, Misiones. Ezeilo anunció que en junio del año próximo presentará su informe final sobre la situación de la trata en la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. Pero adelantó, con mucho detalle, sus conclusiones y recomendaciones “preliminares”.

–¿Por qué cree que está aumentando la trata en el país?

–Estoy aquí para investigarlo. El fenómeno de la trata es muy dinámico. Ahora Argentina es un país receptor, de destino, y eso se demuestra porque cada vez vienen más personas de Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y República Dominicana, particularmente por la situación económica. En general estamos en una crisis económica internacional que empuja el aumento general de la trata. Si hay un país vecino con mejores condiciones, pues ahí quieren ir muchas personas a buscar una oportunidad. Es ahí cuando caen en los engaños de gente que aprovecha la situación y contrata con falsedad a mujeres y niños para la prostitución.

Ezeilo cuestionó la falta de “coordinación” entre los niveles federal y provincial para combatir el fenómeno en la Argentina y también criticó los recursos “insuficientes” que se destinan para enfrentarlo. Observó que se “subestima” la trata interna, es decir, la captación, especialmente mujeres y niños, que viven en una zona del país para llevarlos y explotarlos en otra. “A menudo las víctimas están escondidas en la comunidad y en sectores informales de la economía, en particular en el trabajo sexual, agrícola y en las industrias pesqueras, textil, de zapatos y en la construcción”, apuntó. En ese sentido, opinó que es “necesario” que haya “inspecciones laborales” que detecten los casos de explotación laboral y al mismo tiempo se debe “sensibilizar” a las comunidades migrantes sobre el problema. Entre sus recomendaciones al Gobierno, indicó la importancia de incorporar la temática en todos los niveles de la educación, para concientizar a alumnas y alumnos.

La Relatora Especial destacó como un avance importante la sanción en 2008 de una ley para combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, pero hizo especial hincapié en la urgencia de modificarla a fin de brindar mejor protección a las víctimas mayores de 18 años y elevar las penas a los tratantes. Actualmente, las víctimas mayores tienen que demostrar que no dieron el consentimiento para caer en una red de trata, un punto que dificulta la persecución del delito. Hace tres semanas las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados firmaron un dictamen de mayoría que avanza en ese sentido, aunque el texto acordado entre legisladores de la oposición y el oficialismo no conformó del todo a las ONG que trabajan en el tema. El proyecto de reforma ya está en condiciones de tratarse en el recinto (ver aparte).

Durante la descripción de su diagnóstico, Ezeilo cuestionó la “falta de refugios apropiados” para asistir y brindar protección a las víctimas y la “protección insuficiente” tanto para ellas como para los testigos “antes y después” de los juicios contra los tratantes. También consideró que “no está garantizada la seguridad de las personas que trabajan contra la trata”. Y pidió que haya “programas de asistencia a las víctimas en todas las provincias”. “Es necesario crear un organismo federal para coordinar las acciones” en todo el país, indicó. Destacó, por otra parte, como avances, la creación de una unidad especial contra la trata en la Procuración General de la Nación, la Ufase, y también la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. “Lo que más me sorprendió es la cuestión de las víctimas de la trata, que me han contado los espantosos abusos que han sufrido. Eso me enoja muchísimo y me da fuerza para redoblar los esfuerzos en esta lucha por erradicar este horrendo crimen”, expresó.

El dictamen que aclara todas las dudas

2010-09-09T12:21:00.000-07:00

Publicó Página 12
8 de septiembre de 2010

Profesores de derecho penal de todo el país precisaron los alcances de la ley sobre los casos de aborto que no están penados. Los expertos se pronunciaron a partir de las confusas informaciones que difunden sobre el tema los sectores más conservadores.

Por Mariana Carbajal

Los académicos en derecho penal más reconocidos del país emitieron un dictamen técnico para clarificar los alcances de los permisos para abortar vigentes. En una declaración firmada el jueves, precisaron: “Los abortos justificados en el Código Penal Argentino desde 1922, que no necesitan autorización de jueces ni de comités médicos para su realización, son: a) el realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la madre, b) cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer sana mentalmente, c) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de trece años, d) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que por alguna otra razón (por ejemplo, deficiencias mentales) no pudo consentir el acto sexual, y e) cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer, como una inseminación artificial”. Los expertos reafirman que en los casos de violación no es legal exigir la denuncia penal ni probar quién fue su autor para realizar la intervención.

El texto es parte del pronunciamiento de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, entre cuyos integrantes se destacan el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni; el juez federal Daniel Rafecas; el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), David Baigun; el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño y referencia obligada en derecho procesal penal, Julio Maier; la directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEP), Cristina Caamaño, y la fiscal y coordinadora de la comisión científica sobre políticas públicas de prevención y control del tráfico de drogas, Mónica Cuñarro. El presidente de la Aapdp es Javier De Luca, fiscal general ante Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, actualmente designado en juicios por delitos de lesa humanidad. “No se trata de predicar el aborto sino que, simplemente, el legislador ha declarado la inconveniencia de aplicar una pena en estas situaciones, y esto está explicado en cualquier manual de derecho penal argentino desde hace 90 años”, dice el documento, al que tuvo acceso Página/12.

También integran la Aapdp el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. La entidad nuclea a más de trescientos profesores de universidades públicas y privadas del país, que llegaron a su cargo por concurso. Sus presidentes anteriores fueron Zaffaroni (UBA), Enrique García Vitor (UNLitoral, Santa Fe), Daniel Erbetta (UNRosario) y José Buteler (UNCórdoba).

El pronunciamiento de los expertos en derecho penal –muchos de ellos jueces y fiscales– resulta de significativo valor para llevar garantías a médicos y funcionarios de la Justicia que deben intervenir en casos de aborto no punible, especialmente después de la decisión del ministro de Salud, Juan Manzur, de dar marcha atrás con la decisión de refrendar como resolución ministerial la Guía Técnica de Atención de los Abortos No Punibles, actualizada recientemente por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque la vigencia del instructivo oficial fue ratificada por Manzur, el episodio sobre la jerarquía de la Guía pudo despertar dudas en profesionales de la salud sobre su cobertura legal para realizar abortos aun en los casos en que están permitidos.

El fiscal De Luca, presidente de la Aapdp, explicó a Página/12 que el consejo directivo de la entidad decidió incorporar los abortos no punibles a su agenda a partir de las confusas informaciones sobre la temática que últimamente se ha difundido y que promueven los sectores más conservadores. De Luca es titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. “Cada vez que aparece una autorización para abortar reaparece esta discusión”, señaló De Luca y consideró que los abogados que promueven una interpretación restrictiva de los permisos “están aplicando una doctrina pre Revolución Francesa, es una locura”.

La lectura del artículo 86 del Código Penal que hace la Aapdp está en línea con el protocolo del Ministerio de Salud y con la reglamentación que se está debatiendo en la Legislatura porteña y que el PRO rechaza y quiere archivar. “Hemos tomado el tema y hemos hecho un dictamen técnico con una lista, es decir, una enumeración taxativa estudiada de abortos no punibles”, destacó Cuñarro a este diario. Y aclaró que “nunca como fiscal puní o imputé un aborto a ninguna mujer jamás en veinte años de carrera”.

Contra los opinólogos

“Con total independencia del debate sobre la legalización de ciertos supuestos de aborto, ante la proliferación de análisis y decisiones que confunden a la opinión pública, nos vemos obligados a explicar cuál es la ley vigente respecto de abortos que están justificados en el Código Penal desde 1922”, dice el dictamen técnico de la Aapdp. “Proliferan los ‘opinólogos’ y se han tomado decisiones –como denuncias a magistrados– basadas en creencias que carecen de control académico, que mezclan niveles de análisis (moral, religión, medicina, salud pública, política, leyes vigentes, legislación comparada, teorías de la pena, etcétera) y omiten de manera audaz la consideración de las gravísimas consecuencias jurídicas y sociales a las que llevan.” El documento hace alusión a la amenaza de jury que pesa sobre el juez de Bariloche Martín Lozada por autorizar un aborto no punible a una adolescente que denunció una violación y cuya destitución fue reclamada por voceros de los sectores más reaccionarios de la ciudad rionegrina.

El dictamen técnico de la Aapdp deja en claro que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación, es decir, no sólo aquellas que tienen discapacidad mental, tienen derecho a un aborto no punible. Y que no es legal exigirles la denuncia penal ni probar la violación para llevar adelante la interrupción de la gestación. “Es innecesario (además de grotesco) exigir la prueba del autor de la violación y/o del embarazo. Esto es así desde 1922, cuando no se conocía la prueba del ADN. La mujer no está obligada a hacer la denuncia por violación y nadie la puede investigar de oficio si no la hizo”, indica el pronunciamiento de los académicos. Tampoco, sostienen los expertos, debe quedar la práctica supeditada a una autorización judicial ni a la opinión de un comité de bioética. “Como cualquier causa de justificación, no requiere autorización judicial alguna. Ni siquiera de pretendidos comités de ética médica, porque la soberanía proviene de la ley (arts. 44 y 75, inc. 12º Constitución nacional), y no de determinados profesionales más o menos ilustrados.” También aclara que “no estará obligado a practicarlo el médico con objeciones de conciencia”.

Para que no queden dudas, la Aapdp hace un listado detallado de los permisos para abortar vigentes.

Como ya lo hicieron cortes provinciales en distintos casos, la entidad indica que “no existe conflicto alguno entre cláusulas de jerarquía constitucional y estos permisos legales para producir abortos”. “El deber estatal de proteger la vida desde la concepción no obliga a criminalizar a todas las personas que la suprimen en cualquier caso. Ocurre lo mismo con la legítima defensa o supuestos de estado de necesidad exculpante, desde tiempo inmemorial”, sostiene el pronunciamiento. “Quienes predican el castigo sin excepciones, demuestran una fe desmedida en la pena como si el castigo protegiera a los nasciturus en estos casos”, concluye el documento.

Las explicaciones del artículo 86

2010-09-09T12:20:00.001-07:00

Publicó Página12
8 de Septiembre de 2010

Por Mariana Carbajal

El dictamen técnico de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal explica que “el Código Penal Argentino, desde 1922 y con todas sus modificaciones, en su artículo 119 prevé varias clases de accesos carnales que pueden conducir a embarazos: 1) acceso carnal violento o coaccionado; 2) acceso carnal sobre una mujer menor de trece años, sin violencia o coacción; 3) acceso carnal no violento ni coactivo, sobre una mujer que por otras razones no pudo prestar su consentimiento válidamente, en la cual encuadran las que eran llamadas ‘idiotas o dementes’. Además, 4) también son punibles las conductas abusivas que puedan llevar a un embarazo, sin necesidad de acceso carnal tradicional, bajo la categoría de abusos sexuales gravemente ultrajantes, por ejemplo una inseminación artificial forzada”. Para clarificar los permisos previstos en el artículo 86 del Código Penal, la Aapdp explica que el primer supuesto es evidente que “se refiere sólo a las víctimas que no tienen problemas mentales para disentir el trato sexual”. También que en los casos 2 y 3, “al no ser válido el consentimiento cualquier acceso carnal ya es una violación, sin necesidad de violencia o coacción”. En cambio, “si la víctima es mujer ‘insana’ o menor de trece años y es accedida con violencia o intimidación, el hecho será violación (como en el supuesto 1), porque la violencia física o mental no distingue entre personas menores y mayores, o sanas e insanas de mente”.

Y agrega: “El artículo 86 del Código permite o justifica el aborto realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico para todos los supuestos anteriores, a los que se suma el general de cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la madre. En este último supuesto, se pueden incluir los casos de anencefalia del feto”. “Cualquier mujer que se encuentre en tales circunstancias puede realizarse un aborto justificado, impune. En el caso de las deficientes mentales e incapaces (que no pueden consentir el acto) se requiere la autorización de sus representantes legales, y no el del violador, pese a ser el padre”, puntualiza la entidad.

El artículo 86 del Código Penal dice que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Revés para el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires‏

2010-09-07T09:39:00.000-07:00

Publicó Infancia Hoy
18 de Agosto de 2010

Ayer, durante la reunión de la Comisión de Salud de la Legislatura, diputados oficialistas frenaron la firma del dictamen del proyecto para regular la atención integral de los abortos no punibles en el sistema de salud metropolitano.

Ciudad de Buenos Aires, 18 agos, Agencia Infancia Hoy.- La iniciativa había perdido estado parlamentario –luego de dos años- y volvió a ser presentada. El proyecto establece las pautas en las cuales los médicos deben cumplir con los casos de aborto no punible contemplados en el artículo 86 del Código Penal.

Se da aquí, un caso similar al ocurrido hace pocas semanas con las idas y vueltas sobre la guía técnica para la tención integral de los abortos no punibles, por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

Éste es el texto del art. 86 del código penal, en los incisos que generan todas las dudas de los sectores oficiales (PRO en Capital, FPV en la Nación):

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Son innumerables los reclamos que diversas asociaciones civiles y defensoras de los derechos de las mujeres han hecho sobre este punto. Exigen que las excepciones se distribuyan en todo el territorio, que se garantice su cumplimiento, y que se defina el marco legal en el que deben desempeñarse los profesionales de la salud.

La situación que genera más polémicas es la correspondiente a los embarazos provenientes de violaciones, y las maneras de determinarlas: si debe llegar de la mano de una causa judicial, o por simple declaración.

Según la legisladora Diana Mafia (Coalición Cívica), una de las impulsoras del proyecto. “No se puede legislar presuponiendo que las mujeres mienten”. Sectores del oficialismo consideran que sólo cabe aplicarlo en el caso de violación de “mujer idiota o demente”.

Luego de tres horas de debate en la Comisión de Salud, el macrismo pidió postergar el tratamiento una semana y escuchar al presidente de la Asociación de Médicos Municipales, Jorge Gilardi.

El debate del aborto

2010-09-07T09:37:00.000-07:00

Publicó Página12
21 de Agosto de 2010

Por Mariana Carbajal

Susana Díaz murió una semana atrás en el Hospital Zonal de Añatuya, Santiago del Estero. La mató un aborto inseguro. Era muy pobre. Tenía apenas 16 años. Vivía en un paraje cercano a Los Juríes, departamento Taboada. Falleció en la guardia, de acuerdo con la información que dio el director del centro de salud a las autoridades de la Dirección de Maternidad e Infancia provincial. Llegó en estado desesperante, terminal. Un médico policial la examinó y determinó que presentaba “signos evidentes de haberse practicado un aborto clandestino, lo que le habría provocado una septicemia generalizada”, según publicó el diario El Liberal. Susana Díaz, trascendió, habría dejado huérfana a una niña de dos años.

El Código Penal no disuade de llevar adelante la práctica a las mujeres que deciden abortar. Cada año alrededor de medio millón de mujeres, muchas de ellas jóvenes y adolescentes, católicas y no católicas, de todos los sectores sociales, recurren a una interrupción voluntaria de embarazo como última salida ante una gestación no deseada. Pero las que ponen en riesgo su cuerpo y su vida son las chicas de hogares más desfavorecidos, como Susana. Las mujeres que pueden pagar una intervención segura o cuentan con la información adecuada para no caer en una práctica insegura también abortan en la clandestinidad. Pero para ellas, la penalización que hoy rige en la Argentina tiene otra carga: es temor, es estigma, es también la amenaza de ser denunciadas e ir presas, pero no la posibilidad de la muerte, de dejar a sus hijos –muchas tienen hijos– sin madre.

La maternidad no puede ser impuesta, no puede ser un castigo. Debe ser elegida. Una ley que despenalice y legalice el aborto no obligará a ninguna mujer que no quiera interrumpir voluntariamente un embarazo a hacerlo. Quienes apoyamos que se discuta y apruebe una reforma legal que saque del Código Penal al aborto no somos “abortistas”, como pretenden tildarnos los sectores más conservadores con el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, a la cabeza. Defendemos la vida, la de Susana, la de tantas compatriotas que cada año mueren o quedan con graves secuelas (sin útero, sin ovarios, estériles), como consecuencia de abortos inseguros. Desde la recuperación democrática hasta el año 2008, las estadísticas oficiales indican que fallecieron por esa causa 2578 mujeres. ¿Cuántas muertes más, todas evitables, estamos dispuesta/os como sociedad a avalar? Ninguna mujer se embaraza para abortar. Ninguna mujer enfrenta un aborto graciosamente. Un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos debe brindar las mejores condiciones para que quien decida hacerlo pueda abortar sin riesgos.

En el año 2007 se registraron 59.960 hospitalizaciones por aborto en todo el país, sólo en el sector público, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud. Entre 1995 y 2007, las internaciones de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años representaron cerca del 15,5 por ciento y las de jóvenes de 20 a 24 años fueron un 26 por ciento aproximadamente. Juntos, ambos grupos constituyeron cerca del 40 por ciento del total de los egresos hospitalarios por aborto. En los países donde es legal, la mortalidad por aborto es insignificante y, además, la consulta suele terminar con una consejería en salud sexual y reproductiva, y la entrega de métodos anticonceptivos, para evitar que la mujer repita la situación. Abortos existieron y existirán siempre. A veces falla un método anticonceptivo, a veces no se lo usa, a veces hay una relación sexual violenta, forzada.

Avanzar con la despenalización y legalización del aborto es seguir el camino de la ampliación fundamental del derecho a la igualdad, como sostuvo el miércoles 11 el filósofo Ricardo Forster, en el panel convocado por la Comisión de Mujeres de Carta Abierta en la Manzana de las Luces. “Así como se volvieron más libres los cuerpos, las palabras y las conciencias de una infinidad de compatriotas después de la aprobación de la ley de matrimonio civil igualitario, también es cierto que hay una infinidad de cuerpos de mujeres que permanecen en estado de violencia, de ‘culpa’, de ‘pecado’, de ‘horror’ –todo entre comillas– y también de persecución judicial y persecución simbólica” por la criminalización del aborto, dijo Forster. Y reclamó la inmediata apertura del debate en el Congreso, para discutir los proyectos que proponen la despenalización y legalización. El mismo reclamo se viene escuchando cada vez con más fuerza en distintos ámbitos: políticos, académicos, de las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil. ¿Cuándo será escuchado por el Congreso?

Argibay: "Hablo de aborto y me dicen asesina"

2010-09-07T09:36:00.000-07:00

Publicó ARGENPRESS
24 de Agosto de 2010

Susana Yappert (RIO NEGRO ON LINE)

"Argibay, nuestra jueza", así la presentó la socióloga feminista Cecilia Lipszyc en dos importantes tribunas en las que la magistrada habló del derecho de toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo. En junio, durante las Jornadas Internacionales de Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la UBA, y hace días en la Manzana de las Luces, invitada por Carta Abierta Mujeres para hablar del aborto. Un debate definitivamente instalado.

En sus siempre amenas disertaciones, Carmen Argibay -la primera mujer en acceder al máximo tribunal argentino- contó un cuento extraído de las muchas leyendas del rey Arturo. El cuento tenía una pregunta fundamental: "¿Qué quiere la mujer?" y su respuesta una enseñanza: "la mujer quiere ser soberana de su destino". La respuesta de la leyenda artúrica la dio una bruja. Y frente al público, Argibay la encarnó con gusto.

Bruja a la que muchos querrían ver arder en una pira. No es casual que en la Edad Media quemaran vivas a aquellas mujeres, brujas, que tenían el saber de la anticoncepción. "Hablo de aborto y me acusan de asesina, pero yo insisto, esos calificativos a esta altura no me hacen ni cosquillas. Hablar de aborto es defender un derecho". Hace unos días en su paso por General Roca, con motivo de los 20 años de creación de los Juzgados Federales insistió: "Ayer dije algunas cositas en Neuquén (se sonríe), dije que el Juez Martín Lozada hizo lo correcto, pero hay que insistir e insistir, porque nunca es suficiente lo que decimos para reclamar por los derechos de las mujeres."

En sus disertaciones machaca: "En nuestro país, que es un Estado laico, no se pueden imponer ideas religiosas a todas las mujeres. Y eso hacen los sectores minoritarios pero con suficiente poder de lobby para imponer que una mujer no pueda usar anticoncepción de emergencia o practicar un aborto. Cuando algo está permitido no significa que una lo tenga que hacer. Hay matrimonio civil pero yo me caso si quiero, el Estado no me obliga a hacerlo. Que se legalice el aborto no quiere decir que todas las mujeres tengamos que abortar, lo hace la que quiere en base a su libertad y a sus convicciones religiosas".

Y la Argentina tiene que dar este debate, argumentó, y los señores legisladores tienen que darlo.

"Hace unos 10 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo terrible: un fallo que prohibió la anticoncepción oral de emergencia en Argentina. Y esto ocurrió después que una ONG, llamada el Portal de Belén, se presentó en la justicia diciendo que la pastilla era abortiva y un juez de Córdoba aceptó los argumentos y la prohibió. La medida fue apelada pero cuando llegó a la Corte, se volvió a prohibir por 5 votos contra 4. La Corte dijo que la pastilla del día después era abortiva", afirmó Carmen Argibay en la facultad de la UBA. "Este fallo de la Corte se basó exclusivamente en un concepto que es falso, usando citas falsas e inadecuadas y con interpretaciones que no correspondían a la realidad, citando como fuente científica a un supuesto Premio Nobel que nunca existió.

"¿Y por qué es importante que en la Argentina podamos recurrir a métodos anticonceptivos seguros hoy vedados? interrogó: Porque en América latina, según estadísticas, cerca de un 40% de embarazos no son deseados y el 25% de la mortalidad de las mujeres es como consecuencia de abortos clandestinos".

"Las políticas y cultura patriarcales -sostuvo- todavía impiden una plena educación sexual, un pleno ejercicio de la libertad, por lo tanto es imprescindible que defendamos el uso de métodos como la pastilla del día después."

Hay una cultura rancia pero vital que -según palabras de Argibay- todavía nos considera a las mujeres algo así como "containers." "Los hombres desde hace muchos siglos de cultura occidental y cristiana han ejercido un dominio masculino sobre la cultura. Un dominio tal que llegó hasta dominar el cuerpo de las mujeres".

Acceder a métodos anticonceptivos seguros y despenalizar el aborto, no sólo bajaría las drásticas cifras que indican que las mujeres mueren cotidianamente por abortos realizados clandestinamente; sino que permitirán que toda mujer haga ejercicio de su derecho a decidir sobre su cuerpo, materialidad primera para poder ser soberana de su destino.

"Ojalá existiesen muchos jueces como Lozada"

El 10 de agosto, en la histórica Manzana de las Luces, Argibay volvió sobre el tema. El aborto "tendría que estar al alcance de todas (las mujeres que lo requieran) y gratuitamente". Ese día ella formó parte de una convocatoria de Espacio Carta Abierta, en el que hubo un claro respaldo a su despenalización y legalización, y un fuerte reclamo a los legisladores para que inicien la discusión en el Congreso, en línea con el pronunciamiento del Consejo Superior de la UBA en tal sentido.

Entre el público estaba el juez de Bariloche Martín Lozada, quien fue invitado al evento por periodistas de la Red PAR, quien fue largamente aplaudido por el auditorio en momentos en que pende sobre él una amenaza de jury por su aval a un aborto no punible.

"Está perfectamente hecho lo que hizo Lozada. Si me necesita como defensora, voy", le ofreció. "Ojalá en el país haya más jueces como Lozada", volvió a respaldarlo Argibay. "Porque no importa que un ADN haya dado negativo cuando una mujer dice que fue violada. Violación hubo. Y Lozada hizo lo que dice la ley que hay que hacer".

"Puede haber objeción de conciencia, pero no nos quieran imponer concepciones religiosas en un estado libre. Desde hace años me llaman asesina por defender la libertad de las mujeres. Por defender sus derechos. Ya no me importa. No me causa ni siquiera cosquillas porque los argumentos que defienden quienes se oponen son falsos".

Tendría que estar al alcance de todas

2010-09-07T09:33:00.000-07:00

Publicó Página12
13 de Agosto de 2010

El grupo de especialistas sumó argumentos en favor de la despenalización del aborto y pidió a los legisladores que abran la discusión en el Congreso. Hubo un reconocimiento al juez Lozada, de Bariloche, presente entre el público.

El aborto “tendría que estar al alcance de todas (las mujeres que lo requieran) y gratuitamente”, afirmó la jueza Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de Justicia. Argibay volvió a referirse al problema del aborto en la Argentina, como parte de un panel convocado por el Espacio Carta Abierta, en el que hubo un claro respaldo a su despenalización y legalización, y un fuerte reclamo a los legisladores para que inicien la discusión en el Congreso, en línea con el pronunciamiento del Consejo Superior de la UBA. Entre el público estuvo el juez de Bariloche, Martín Lozada, sobre quien pende una amenaza de jury promovida por sectores conservadores por su aval a un aborto no punible. Lozada recibió una ovación de las más de doscientas personas que colmaron la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces. Argibay aprovechó el momento para expresarle su apoyo. “Está perfectamente hecho lo que hizo Lozada. Si me necesita como defensora, voy”, le ofreció.

La ministra de la Corte estuvo acompañada en la mesa por el filósofo Ricardo Forster, de Carta Abierta; Claudio Morgado, titular del Inadi; el médico tocoginecólogo Mario Sebastiani, ex presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano; la periodista de Página/12, Mariana Carbajal, y Yamila Balbuena, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Coordinó el panel la socióloga Cecilia Lipszyc, de la Comisión de Mujeres de Carta Abierta, promotora de la actividad. “Este es un momento muy importante en la Argentina, de ampliación de la democracia, y éste es un tema ineludible para ampliar la democracia en el país”, consideró Lipszyc. Los expositores coincidieron. Abundaron los argumentos jurídicos, legales y de derechos humanos para apoyar los proyectos que plantean despenalizar y legalizar el aborto dentro del primer trimestre de gestación, presentados este año en la Cámara de Diputados. Uno de ellos, consensuado en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, ya cuenta con cerca de 50 firmas de legisladoras y legisladores del oficialismo y la oposición. “En la Argentina, en América latina, vienen pasando cosas muy significativas que vuelven a abrir la posibilidad de construir puentes entre esas demandas justas que tienen que ver con la libre decisión de los cuerpos de cada uno, y que también se estrechan con una idea emancipadora”, opinó Forster. Avanzar con la despenalización y legalización del aborto significará una “ampliación fundamental de derecho a la igualdad”, apuntó el filósofo. Se repasaron las cifras del aborto: alrededor de 500 mil al año, que generan, –precisó Carbajal– que cada hora siete mujeres lleguen a un hospital público para ser atendidas por sus consecuencias en algún punto del país. Pero la criminalización, se coincidió en la mesa, afecta fundamentalmente a las mujeres de los sectores más vulnerables. “Las que pueden pagar, tienen un aborto, clandestino, pero seguro; las que no, ponen en riesgo su cuerpo y su vida”, destacó Carbajal. Y recordó con nombre y apellido las historias de varias jóvenes pobres que fallecieron a lo largo de 2009 por abortos inseguros. “El derecho al aborto es un tema de salud, de justicia social y claramente de derechos humanos”, apuntó Balbuena, y agregó que ningún gobierno desde el retorno de la democracia hasta hoy “ha tomado en cuenta la injusticia social que implica la ilegalidad del aborto”. “Una política pública que se jacte de equitativa debe contemplar el derecho al aborto por definición”, consideró.

El aborto, indicó Morgado, es “una decisión que tiene que ver con la libertad de conciencia, con la autodeterminación moral, la autonomía y la idea de persona de la mujer”. Argibay evaluó que hasta ahora no se ha discutido seriamente el tema desde el punto de vista jurídico. Y salió al cruce de los sectores conservadores que asimilan el aborto con un asesinato. “¿Cuándo se es persona para el Derecho? La ley dice que una persona es un ser capaz de adquirir derechos y obligaciones. Un feto puede adquirir derecho si nace vivo y es viable, pero no puede adquirir obligaciones. Todavía no hay persona. Es parte de la mujer y somos las mujeres las que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo”, concluyó.

Cuando los derechos humanos no llegan a las humanas

2010-09-07T09:30:00.000-07:00

http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com/

http://www.derechoalaborto.com.ar/

Guías para garantizar el acceso a la salud

2010-09-07T09:29:00.001-07:00

Publicó Página12
27 de Julio de 2010

Por Mariana Carbajal

“Ya se hicieron dos intervenciones en el marco de la ley”, señaló a Página/12 la diputada justicialista Mariana Ripa, impulsora de una norma sancionada por unanimidad en Chubut a fines de mayo, que fijó un protocolo para la atención de los abortos permitidos por el Código Penal similar al que recomienda la Guía Técnica que acaba de actualizar el Ministerio de Salud de la Nación. En los casos de violación, la mujer debe presentar una declaración jurada dando cuenta del hecho, tal como informó oportunamente este diario. Otras provincias, con gobiernos de diferente orientación política, también fijaron procedimientos para evitar obstáculos arbitrarios: en Buenos Aires y Neuquén aplican desde 2007 protocolos con rango de resolución ministerial y en Santa Fe le dieron ese status en 2009 a la primera versión de la Guía Técnica de Nación. En las cuatro jurisdicciones han conseguido con estos instructivos que los profesionales de la salud se sientan respaldados en sus prácticas y ya no exijan una autorización judicial como requisito para los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, de acuerdo con un relevamiento realizado por este diario.

“Ya hubo reuniones en los hospitales con los directores para explicar algunos conceptos de la ley. Esta reglamentación no amplía las causales de no punibilidad. Lo que la provincia hizo fue un protocolo de atención de los abortos que son legales desde 1921 en el país. El Estado tiene la obligación legal de garantizar el acceso en los casos permitidos y el protocolo es un modo de darles a los profesionales de la salud una guía para el mejor cumplimiento de su tarea”, explicó Ripa, diputada provincial de Chubut por el oficialismo. La ley de Chubut se sancionó a partir de los casos de dos adolescentes, sin discapacidad mental, que habían sido violadas y que reclamaron a comienzos de año en Comodoro Rivadavia su derecho a interrumpir la gestación forzada, pero tuvieron que atravesar un tortuoso camino judicial. La primera chica, A.G., de 15 años, llegó al Superior Tribunal de la provincia con su pedido. La Corte local la avaló finalmente. En su fallo, el tribunal reafirmó que está contemplado en el artículo 86 el permiso para abortar a cualquier mujer que es violada.

Prejuicios

Como la Guía Técnica del Ministerio de Salud de la Nación, la ley de Chubut no exige denuncia policial o judicial en casos de violación, uno de los aspectos que más críticas despertaron de sectores conservadores que pretenden obstaculizar el acceso a los abortos permitidos y que interpretaron –erróneamente– que se trataba de una virtual despenalización, al especular que las mujeres podrían mentir para acceder a una interrupción de embarazo en un hospital público. Frente a este planteo, Ripa respondió:

–Es un prejuicio pensar que las mujeres mienten para recurrir a un aborto. La mujer violada no tiene obligación de hacer la denuncia por tratarse de un delito de instancia privada y eso no puede significar la imposibilidad de realizar el aborto. En el marco de nuestra actual legislación, en el caso de falsear esa declaración, la mujer estará incursa en el delito tipificado en el artículo 85 del Código Penal (que prevé penas de hasta cuatro años de prisión). La declaración jurada lo que hace es exonerar al médico de responsabilidad si se trató de un aborto que no correspondía. Nuestra idea fue resguardar al profesional –explicó la legisladora.

La ley, promulgada por el gobernador Mario Das Neves, señala expresamente que no se requiere de “autorización judicial” para hacer un aborto no punible y que la práctica debe realizarse dentro de los cinco días de solicitada, la mitad del plazo que la Guía Técnica de Nación. Además, prevé la objeción de conciencia, pero resalta –en línea con la Guía Técnica– que siempre será de carácter individual y nunca institucional. E inhibe al médico, en tanto se trate de una mujer adulta y capaz, de consultar con el esposo, conviviente, padre, madre o cualquier otra persona. Al igual que la Guía del Ministerio de Salud, establece que “las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto cuando ésta se encuadre en el artículo 86 del Código Penal, por parte de los profesionales de la salud y las autoridades hospitalarias, constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente”.

En La Pampa, la Legislatura aprobó a fin de 2007 un protocolo similar, pero el entrante y actual gobernador Mario Jorge, justicialista, permeable a las presiones de la jerarquía católica, lo vetó, por considerar que ampliaba los permisos para abortar. El veto fue cuestionado en la Justicia por el Partido Socialista –impulsor de la normativa– y el planteo llegó a la Corte Suprema este año, tal como informó este diario. El máximo tribunal debe pronunciarse y dilucidar cómo deben interpretarse las causales de no punibilidad: en forma amplia o restrictiva, como pretenden los sectores conservadores, es decir, que sólo las discapacitadas mentales tendrían permiso en casos de violación.

Alivio

En Santa Fe se adoptó a través de una resolución ministerial de 2009 la Guía Técnica del Ministerio de Salud de la Nación, en su primera versión, elaborada en el último tramo de la gestión del ex ministro Ginés González García por un equipo de expertas, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. “Planteamos por resolución que el camino a seguir es el que dice la Guía. Al ser una herramienta técnica siempre va a ser objeto de actualizaciones. El peso de una resolución ministerial es enorme en estructuras burocráticas. La resolución trajo alivio a los médicos, aclaró y reactualizó la letra del Código Penal”, explicó a Página/12 Débora Ferrandini, secretaria de Salud del gobierno socialista que encabeza Hermes Binner.

Santa Fe carga con la muerte –el 17 de mayo de 2007– de Ana María Acevedo, la joven de 19 años que falleció en el Hospital Iturraspe de la capital santafesina luego de que le negaran un aborto terapéutico. Los médicos involucrados están procesados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un caso que sentó el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituir un delito.

Desde el inicio de la gestión de Binner, contó Ferrandini, se han realizado “una cantidad de abortos no punibles en la provincia, incluso en el propio Hospital Iturraspe” que no requirieron judicialización. Hace un mes aproximadamente, explicó la funcionaria, el Ministerio de Salud lanzó un registro de objetores de conciencia en prácticas de salud sexual y reproductiva, entre ellas aborto no punible. Se dio un plazo de 90 días para inscribirse. “Va a ser público. La idea es poder reorganizar los efectores. Hasta ahora no tenemos ningún servicio en el que se hayan inscripto todos sus integrantes”, indicó. “La adopción e implementación de la Guía de Abortos no Punibles en Santa Fe resultó un paso fundamental en la reducción y eliminación de las barreras de acceso a los abortos permitidos por ley en la provincia. Sabemos que se está instrumentando desde el Ministerio de Salud provincial; una decisión política que acompañamos desde el movimiento de mujeres”, dijo ayer a Página/12 Marité Yanos, integrante de Mujeres Autoconvocadas de Rosario, una de las ONG que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Interpretaciones inconsistentes

También los protocolos vigentes evitaron la judicializaciones en las provincias de Neuquén y Buenos Aires. En la provincia gobernada por el Movimiento Popular Neuquino se fijó uno a través de la resolución 1380/07. “Los hospitales tienen la resolución y la cumplen. Se aplica sin obstáculos”, dijo a este diario una fuente de la gobernación. En el territorio bonaerense, se comenzó a implementar un protocolo a comienzos de 2007, durante la gestión de Felipe Solá y continúa aplicándose bajo el gobierno de Daniel Scioli.

El instructivo bonaerense forma parte de una resolución ministerial, la 304, firmada el 29 de enero de 2007 por el entonces ministro de Salud Claudio Mate: la normativa fue el resultado del trabajo de organizaciones de mujeres que reclamaron directivas claras para los hospitales tras el caso de LMR, una adolescente con discapacidad mental, abusada sexualmente, que encontró múltiples trabas en 2006 para acceder a un aborto legal. Si bien persisten algunas resistencias, los directores de hospitales se preocupan por el cumplimiento del protocolo, explicó una fuente que viene trabajando en el tema.

Aunque LMR obtuvo el respaldo de la Suprema Corte provincial, ningún hospital bonaerense accedió a realizar la práctica. Finalmente recurrió a una clínica privada, con la ayuda de una ONG de mujeres que aportó el dinero para pagar la intervención. Por este caso, el Estado argentino fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y seguramente será condenado. En marzo, el organismo emitió observaciones a la Argentina, tras examinar el informe presentado por el país en el 98º período de sesiones, para evaluar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La delegación estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Entre otros puntos, el CDH expresó “su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal así como por las inconsistentes interpretaciones por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dichos artículos”. Y consideró que el Estado parte debe “adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”. El 11 de junio también el Gobierno recibió recomendaciones en un sentido similar del Comité que monitorea la aplicación de la Convención de Derechos del Niño. “El Comité expresa su preocupación por el alto porcentaje de muertes maternas, especialmente de adolescentes, relacionadas con abortos (28,31% en 2005) y en los largos procedimientos de interrupción legal del embarazo resultante de violación, en particular, debido al artículo 86 del Código Penal”, expresó el Comité que monitorea la Convención. En línea con los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional y para evitar dilaciones arbitrarias para el acceso a los abortos permitidos, el Ministerio de Salud redactó y actualizó la Guía Técnica, que por estas horas genera tanto revuelo.

Pedido por el aborto no punible

2010-09-07T09:27:00.000-07:00

Publicó Página12
31 de Julio de 2010

Informe: Rocío Ilama

Organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito entregaron un documento dirigido al ministro de Salud. Reclaman que la guía para atender abortos no punibles tenga status de resolución ministerial.

Distintas organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se agruparon ayer frente a la sede del Ministerio de Salud y entregaron un documento a funcionarios de esa cartera en reclamo de la firma del titular de esa cartera, Juan Manzur, para otorgar el carácter de resolución a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Este protocolo, que existe desde 2007, fue actualizado este año y se encuentra vigente, aunque sin el carácter de resolución ministerial. “Es necesario que desde el ministerio se dé el aval y el apoyo para que los efectores de salud se sientan amparados por una política clara, y así se garantice en todo el país lo que establece el artículo 86 del Código Penal” para los casos en los que el aborto está permitido, sintetizó a Página/12 Florencia López, miembro de la Campaña. La respuesta del ministro Manzur llegó desde San Juan, donde participaba en un acto junto al gobernador: allí se manifestó “en contra” del aborto y ratificó que fue “un error” la publicación como resolución de la actualización de la guía.

Tal como lo informó la semana pasada Página/12, la polémica se desató cuando el miércoles 21 de julio Manzur afirmó que “no existe una resolución” del ministerio sobre la guía. Un día antes el protocolo había sido colgado en la página de la cartera de Salud y en su portada se incluía: “Los procedimientos previstos por esta Guía son de aplicación establecida por Resolución Ministerial N0 1184 del 12 de julio de 2010”. Además, el 13 de julio, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Lidia Mondelo, presentó ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) esta guía, supuestamente aprobada por resolución ministerial, como un avance del ejecutivo”, recordó ayer Elsa Schvartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos, organización que integra la Campaña desde sus inicios.

El desconcierto del primer momento, por lo que fue supuestamente avalado en un principio y posteriormente desmentido, se convirtió en desilusión y reclamo. “La firma de la resolución ministerial es una apoyatura institucional muy importante”, señaló Schvartzman. Además, otorga alcance nacional a la aplicación de la guía y da fuerza para garantizar “el acceso a esta prestación a las mujeres cuya única cobertura es el servicio público de salud”, dice el documento presentado ayer en el ministerio. Este protocolo para los casos de abortos permitidos “viene a hacer efectivo lo que ya está estipulado por el Código Penal”, desde 1921, explicó una vez más la militante. En el artículo 86 del Código se permite la interrupción del embarazo en casos que peligre la vida o la salud de la mujer, por un embarazo producto de una violación y en caso de embarazo producto de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

“La guía estipula los pasos técnicos, legales y médicos para la implementación del artículo 86. Es una apoyatura importantísima para que los médicos se sientan respaldados” en su proceder, afirmó Schvartzman. También, explicó que este protocolo “existe desde 2007 y que este año se hicieron modificaciones. Ahora, lo que tiene que hacer el ministerio es imprimirla, distribuirla en todos los hospitales públicos del país y monitorear su cumplimiento”. A esos argumentos, López agregó: “En las provincias donde la guía cuenta con el aval de los ministerios de salud provinciales, por ejemplo en Chubut, Santa Fe y Buenos Aires, los casos de abortos no punibles son efectivizados mucho más rápido”.

La lluvia postergó para el próximo lunes a las 12, frente a la sede del ministerio, en la Avenida 9 de julio y Moreno, una muestra fotográfica y la intervención urbana con zapatos de las 100 mujeres fallecidas este año por abortos clandestinos. Sin embargo, la tormenta no aguó el objetivo de alcanzar los argumentos sobre la importancia del apoyo del ministerio, documento que fue entregado al subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto, indicó Schvartzman.

Ante las declaraciones de Manzur, la militante aclaró que “los criterios personales de un funcionario no deben intervenir en las políticas públicas. Hay que tener en cuenta que los abortos son una realidad y se debe impedir que las mujeres mueran producto de los abortos clandestinos”. Según el documento presentado por la Campaña, “en Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino”.

Controversia por una niña violada

2010-09-07T09:25:00.000-07:00

Publicado La Nacion
27 de Julio 2010

Los familiares de una chica de once años, embarazada, debaten la opción de un aborto

Un caso extremo renovó la polémica sobre el aborto. El portal de noticia cordobés Día a Día reveló el caso de una niña de once años, embarazada tras haber sufrido una violación en un barrio marginal de la ciudad de Córdoba. Más allá de la intervención judicial y de la detención del agresor, la familia duda sobre los pasos por seguir. La historia es aún más dramática, ya que la madre de la menor reconoció que uno de sus hijos fue concebido por una violación y que decidió abandonarlo al nacer.

La delegación Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ya ofreció su apoyo a la niña y su familia. El fiscal del caso confirmó la violación. Esta situación se conoció en momentos en que había alcanzado un fuerte estado público la controversia por la guía sobre abortos no punibles, actualizada por el Ministerio de Salud.

Si bien el ministro Juan Manzur aclaró que no firmó ninguna resolución que respalde ese protocolo, esa normativa tiene vigencia y debe utilizarse en los hospitales públicos nacionales, según se informó en el Ministerio de Salud.

En esa guía se establece que el artículo 86 del Código Penal permite los abortos en todos los casos de violación y no en forma restringida a mujeres con deficiencias mentales. También se indica que en un caso como el de la niña de once años deben ser consultados los padres, pero su opinión no puede ser contraria a los intereses de la menor.

Dada la directiva del Ministerio de Salud a los médicos para que no acepten la participación de la Justicia, no queda en claro en ese protocolo cuál será la autoridad que decida finamente en este caso.

La menor denunció que fue violada por un vecino, que actualmente está detenido, y la familia admite estar ante el dilema de interrumpir o no el embarazo, según informó la agencia de noticias Télam.

El acusado, de 51 años, fue detenido por la división Protección de las Personas de la policía como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Los episodios ocurrieron en una vivienda de barrio Villa Retiro, en el nordeste de la ciudad.

El caso se conoció a principios de este mes, cuando la madre de la niña sospechó del embarazo. Finalmente, la chiquita rompió en llanto y le contó que un vecino -un amigo de la infancia de su abuelo materno- la había violado.

"Estamos pensando qué hacer con el bebe. La mayoría de mis familiares se oponen al aborto. Las tías de mi marido dicen que es inseguro y que por experiencia saben que corre riesgo la salud de la embarazada", manifestó la mujer a la prensa.

Recuerdo de otro abuso
"A mí me pasó lo mismo y era muy chica para decidir. Yo odié tanto a mi hijo que lo abandoné", admitió la mujer.

"Es horrible tener un hijo de alguien que vos no querés. No bien tuve al niño me sentí mal porque vi la cara del que me violó. Yo abandoné a esa criatura porque no podía soportar tanto odio. Y siempre voy a tener culpa por no haber estado cuando más me necesitaba", dijo al portal Día a Día .

El fiscal Matheu, a cargo de la investigación, recordó que el Código Penal no castiga el aborto cuando es terapéutico o eugenésico.

"Por terapéutico se entiende cuando está en riesgo la salud de la madre. Por eugenésico, cuando la víctima sufre una violación y es idiota o demente, aunque ésta es una interpretación restringida y otras lecturas más amplias entienden que es no punible en cualquier caso de abuso", explicó.

Otra niña embarazada reaviva la polémica sobre los abortos no punibles

2010-09-07T09:21:00.000-07:00

Publicó ARGENPRES
28 de Julio 2010

Irina Santesteban (LA ARENA)

La noticia en los medios de Córdoba da cuenta de una niña de once años embarazada producto de la violación de un vecino, mientras la familia es presionada para que no solicite la interrupción del embarazo.

La semana pasada el Ministerio de Salud fue escenario de una controversia luego de que se publicara una resolución con una guía para proceder en los casos de abortos no punibles, previstos en el artículo 86 del Código Penal, que en la práctica casi ha perdido vigencia por la negativa de los médicos a practicar esos abortos sin autorización judicial, y de los jueces que directamente se oponen a aplicar una norma que está vigente desde 1921.

La "Guía técnica para la atención integral de los casos de abortos no punibles" fue redactada durante la gestión del ex ministro de Salud de la presidencia de Néstor Kirchner, Ginés González García y se encuentra vigente desde 2007 en todos los hospitales y dependencias del ministerio de Salud de la Nación. En dicho protocolo se establece el procedimiento para actuar en los casos en que el embarazo pueda causar un riesgo para la salud o la vida de la madre (aborto terapéutico), y para cuando haya provenido "de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".

Según se supo después, fue la propia presidenta de la Nación Cristina Fernández, cuya posición contraria a la despenalización del aborto es conocida, quien habría llamado la atención del actual ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, luego de lo cual la guía, que había sido publicada en la página web del ministerio de Salud de la Nación como resolución, fue eliminada de ese sitio.

No aclare que oscurece

Para algunas opiniones Manzur habría firmado la resolución y luego de la supuesta reprimenda de la Presidenta, negó que lo hubiera hecho y ordenó retirar dicha guía de la página web. Otras versiones dicen que el ministro no habría firmado la resolución pero sí habría autorizado su publicación en Internet, teniendo en cuenta que dicha guía ya estaba vigente desde 2007.

"La guía ya estaba, lo novedoso es que se publicó como resolución ministerial y decidimos difundirla", explicó la directora del Programa Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Salud, Paula Ferro, pero luego de la contraorden ministerial, nadie aclaró fehacientemente lo ocurrido, por lo que queda la duda de si dicha publicación fue un intento, sea del ministro o de algunos funcionarios de la cartera de Salud, de obviar un debate sobre el aborto en el Congreso y de legalizar de hecho, mediante una reglamentación que es obligatoria para todos los jefes de Ginecología y Obstetricia de los hospitales públicos, la interrupción del embarazo en los dos supuestos que prevé el artículo 86 del Código Penal, ampliándolo hacia todos los casos de violación.

En este último caso, la guía en cuestión establecía que para invocar la violación, no era necesario la denuncia penal de la víctima sino que era suficiente una declaración jurada.

Un sistema parecido rige en varios países, entre ellos Brasil, y también en la provincia de Chubut donde luego de dos casos de adolescentes embarazadas producto de sendas violaciones, que tuvieron que padecer demoras en el trámite para la autorización judicial de sus abortos, el gobernador Mario Das Neves reglamentó por decreto el mecanismo para proceder en los casos de abortos no punibles, en idéntico sentido a lo que prevé la guía elaborada en tiempos del ministro Ginés.

Otro caso, y van...

El lunes pasado, un nuevo caso de embarazo producto de una violación, contra una niña de once años en Córdoba, pone nuevamente en la agenda la necesidad urgente de que este tema se resuelva, sea con una resolución ministerial o, lisa y llanamente, con la aprobación del proyecto de ley que desde marzo se encuentra en el Congreso Nacional y que ya cuenta con la firma de más de cincuenta diputados que la avalan.

El fiscal Carlos Matheu que interviene en la causa penal iniciada por la violación de la menor, ha declarado públicamente que a su juicio no corresponde la aplicación de la norma del artículo 86, inciso 2º del Código Penal, y que para realizar el aborto haría falta la autorización judicial.

Sería tan beneficioso para este caso particular y también para la Justicia cordobesa que en caso de que los familiares de la niña soliciten la autorización judicial para interrumpir el embarazo, los funcionarios judiciales apliquen las normas que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Es que el artículo 86 de Código Penal en su inciso segundo, que permite la interrupción del embarazo sólo en caso de una mujer con discapacidad mental, revela una concepción machista y arcaica, pues sólo en este caso el legislador presume que no hubo consentimiento para la relación sexual. A contrario sensu, hay que afirmar que sí lo habría en todos los otros casos, cuando la mujer que ha sido violada tiene sus facultades mentales normales.

¿Qué puede decirse cuando la víctima de la violación o "de la relación" que provocó el embarazo es una niña de once años? Además del atentado contra su integridad sexual que cometió en este caso un vecino de la familia, que se aprovechó de esa condición para poder satisfacer sus deseos sexuales sobre una niña, ¿puede la Justicia condenarla a que siga adelante con su embarazo y que sea madre a los once o doce años?

Terrible confesión

Como para agregarle más dramatismo al caso de por sí terrible, la madre de la niña confesó a los medios de prensa que ella había pasado por idéntica situación y que luego del nacimiento de un hijo no deseado, lo abandonó.

Lamentablemente la influencia de los sectores conservadores y religiosos que hacen una "defensa de la vida" hipócrita y cuasi fundamentalista, se pone en evidencia en todos estos casos y es probable que esa presión logre que la familia de la niña finalmente opte por decidir la continuación del embarazo condenándola a una maternidad forzada, no deseada y producto de un abuso.

En estos casos, ninguna reglamentación ni ley salvará la dolorosa situación de esta niña, y sólo nos faltará desear que su caso no se resuelva con un abandono, como le ocurrió a su madre, ni con un hecho más trágico, como el que condenó a Romina Tejerina a la cárcel hace más de siete años.

“Es mentira que los jóvenes son apáticos”

2010-02-26T08:30:00.000-08:00

Publicó Página 12
13 de febrero de 2010

ENTREVISTA A EUGENIO RAVINET, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION IBEROAMERICANA PARA LA JUVENTUD

“Es mentira que los jóvenes son apáticos”
Ravinet es abogado, chileno, y desde hace años batalla por desterrar mitos en torno de los jóvenes en las sociedades de Iberoamérica. Los estigmas y el papel de los medios.

Por Mariana Carbajal

Desde Panamá

Antes que nada quiere aclarar lo que no es: “No soy el presidente de los jóvenes”, apunta. Dicho esto, el abogado chileno Eugenio Ravinet se pone la camiseta de la juventud y la defiende como si fuera la del Atlético de Madrid, el equipo que lo enamoró en España, donde vive desde 2005, cuando fue elegido secretario general de la Organización Iberoamericana para la Juventud, un organismo internacional, multigubernamental, creado hace 18 años para promover el diálogo y la cooperación en beneficio de esa amplia franja etaria tan diversa y dinámica que va de los 14 a los 29 años. Uno de los temas que le preocupan es la mirada que suelen tener ciertos medios que estigmatizan las acciones y preferencias de la juventud. “Si pensamos que los jóvenes son siempre un problema, difícilmente les vamos a dar una oportunidad”, reflexiona en un reportaje a Página/12, en el marco del III Encuentro Iberoamericano de Periodistas “Juventud y Medios de Comunicación”, organizado en la ciudad de Panamá. El crecimiento del embarazo adolescente en Latinoamérica, la ausencia de legislación específica dirigida a bajar las altas tasas de desempleo juvenil y las políticas de “mano dura” y de baja de la edad de imputabilidad de los menores de edad en la región son otros de los temas que lo desvelan.

El aire acondicionado del hotel panameño hiela la sangre. Afuera, el calor agobia, pero menos que en la ardiente Buenos Aires gracias a una amable brisa marina que permite respirar. La OIJ, sigue aclarando Ravinet, no es una ONG de juventud. “Nuestro objetivo es hacer visible a la gente joven”, destaca.

A los 35 años, Ravinet acumula una larga trayectoria política. Abogado especializado en Derecho Constitucional, fue secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y fundador de la Confederación de Estudiantes de su país, que agrupa a todas las universidades públicas. En los ’90 fue asesor del ex presidente chileno Patricio Aylwin y secretario ejecutivo del Comité de Campaña de Ricardo Lagos. En 2001 fue designado director del Instituto Nacional de la Juventud de Chile: tenía 26 años y se convirtió en el secretario de Estado más joven desde el regreso de la democracia al país trasandino. Desde allí saltó a la OIJ en 2005 y en la última Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud fue reelegido hasta 2010.

–En Argentina se observa una tendencia en ciertos medios de comunicación –ya sea escritos como audiovisuales– a estigmatizar a los jóvenes como criminales o adictos. ¿Por qué cree que ocurre?

–Tienen que ver con una cultura periodística que cree, erróneamente, que pueden llamar más la atención ese tipo de noticias que otras que pueden mostrar una faz distinta de la juventud. Nuestro objetivo no es colocar a los jóvenes en general como un ejemplo total para la sociedad, sino que se muestre también su otra cara. Si un joven es infractor de la ley, la idea no es que no se cuente. Lo que cuestionamos es que se ponga siempre especial hincapié en que es un joven el delincuente. Si no se sabe quién es el que cometió un delito o una falta, al primer sospechoso que se señala es un joven. Es una forma de encarar los temas que es necesario corregir. Si pensamos que los jóvenes son siempre un problema, difícilmente les vamos a dar una oportunidad.

–¿Esa mirada estigmatizante es tendencia regional?

–Sí, es igual tanto en América latina como en la Península Ibérica. Tampoco se trata de hacer notas positivas de los jóvenes como por ley. Pasa más por preguntarle a la gente joven qué es lo que efectivamente opina, en qué está, en qué cree. Estoy seguro de que la gran mayoría de las notas periodísticas sobre juventud no lleva referencia a la gente joven, a lo que ellos son como protagonistas. Se escribe sobre los jóvenes y no desde los jóvenes.

–Usted señalaba en la apertura del III Encuentro la gran distancia que hay entre la juventud y el poder. ¿Cómo se puede revertir la ausencia de sus temas de interés en las agendas políticas prioritarias?

–Existe el mito de que los jóvenes son políticamente apáticos o, incluso, políticamente neutros. Es mentira. Los jóvenes tienen una forma de militar políticamente mucho más activa que otras generaciones, pero no lo hacen desde un punto de vista formal o tradicional. Están alejados de los partidos políticos y de las maneras tradicionales de hacer política, pero han inventado su forma de intervenir en los asuntos públicos. Por ejemplo, frente a una catástrofe medioambiental, frente a una preocupación específica del transporte público, frente al alza del pasaje de los colectivos, los jóvenes se van a organizar, van a tomar medidas y seguramente van a poder revertir la norma conflictiva. El punto es que nadie les ha enseñado que esa inquietud política por participar tiene también que institucionalizarse. Hay que hacer un doble juego: abrir nuevas formas de participación en el sistema político a esas manifestaciones, pero también hay que hacer la pedagogía democrática de enseñarles a las nuevas generaciones que también esas inquietudes tienen una forma de canalizarse. La forma de revertir la ausencia de los temas que les interesan a los jóvenes de la agenda política es precisamente educando demócratas. No hay una pastilla para ser demócrata ni nada parecido: hay que inculcárselo a las nuevas generaciones. Eso no se está haciendo hace mucho tiempo en Iberoamérica. Salvo dos países, México y República Dominicana, las juventudes de los partidos políticos no tienen un duro para hacer un seminario. Con el tiempo se debe llegar a lo mismo que se llegó en el tema de la mujer: la perspectiva de género ya está perfectamente instalada en el aparato público. Lo mismo tenemos que lograr en temas de juventud: que tengamos perspectiva de generación, que no existan en ninguna repartición iniciativas sectoriales que no contengan una fracción especial para personas jóvenes.

–¿Cuánto le cuesta a los Estados no invertir en juventud?

–Un informe del Banco Mundial de 2007 señala que el responsable del “milagro asiático” fueron fuertes políticas de infancia y de juventud durante 25 años. Hay que aprovechar las potencialidades y habilidades de la gente joven para ir en busca del desarrollo, pero teniendo a esas nuevas generaciones como protagonistas de ese cambio. El Banco Mundial también dice que si un joven se va del sistema, porque no hubo redes sociales para mantenerlo e incluirlo, se va a transformar en un agente de negatividad que va a traer una serie de problemas que no sabemos cuánto va a costar. Si un joven delinque es mejor darle cuatro, cinco o seis oportunidades, antes que perderlo completamente. Y sobre eso no hay conciencia en Iberoamérica, particularmente en América latina, donde hay una tendencia a responder con políticas de mano dura, y de baja de la edad de imputabilidad de los menores de edad en conflicto con la ley penal, cuando está empíricamente demostrado que lo único que han traído es más violencia, más jóvenes presos. Y las únicas que se han beneficiado son las compañías de seguridad. Sucede que inaugurar radio-patrullas es más vistoso y popular que tener un programa de contención y sostenibilidad para jóvenes infractores de ley, que no lo ve nadie.

–La última revista de la OIJ está dedicada a los derechos sexuales y reproductivos, con especial énfasis en el complejo problema del embarazo adolescente. ¿Cómo analizan las tasas de fecundidad adolescente que se observan en América latina?

–Es una vergüenza que la tasa de fecundidad promedio en la última década en América latina ha tendido a estancarse, salvo en el tramo de 14 a 19 años, donde ha aumentado. Esta alarmante cifra, sin duda, quiere decir que algo no funciona bien y que las políticas que se han generado hasta ahora para frenar el problema fracasan, quizá por no querer mirar de frente algo que es un hecho: las y los jóvenes en la región son activos sexualmente desde los 14,9 años. Y además porque no ha habido voluntad de encarar en serio el tema. Inventamos veintitantas formas para no molestar a alguien, pero si lo queremos enfrentar de verdad tenemos que molestar a alguien. El 75 por ciento de los y las jóvenes ya es sexualmente activo antes de los 18 años. Tampoco podemos seguir mirando para el techo o haciendo como si este fenómeno no existiera. Si no dramatizamos con el tema, como no lo hemos hecho durante largo tiempo, vamos a seguir con los mismos programas ineficientes, con los mismos índices y con la misma hipocresía, sobre una temática que es grave.

–Un problema que afecta también a las jóvenes es el del aborto, especialmente por los contextos legales restrictivos como hay en la mayoría de los países de América latina...

–La mejor manera de que no haya abortos es que no haya embarazos no deseados. Ahí tenemos que actuar primero, garantizando los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los métodos anticonceptivos a los jóvenes.

–¿De dónde vienen las mayores resistencias a avanzar con ese tema?

–La Iglesia Católica y sus centros de poder. Pero los políticos progres tampoco han tenido el suficiente coraje para plantar cara a un tema como el del embarazo adolescente que, insisto, es vergonzoso.

–¿Cuáles son otros nudos clave en materia de juventud en Iberoamérica?

–El desempleo juvenil. Ya sabemos que es estructural, que las tasas duplican o triplican el promedio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crear programas especiales por la crisis o dar subsidios especiales para la contratación de jóvenes? Ya ha pasado suficiente tiempo como para que no existan leyes laborales que contemplen las condiciones específicas que tiene que enfrentar un trabajador joven. Además, cada vez va a ser más difícil encontrar trabajo. En el mediano plazo, eso va a llevar a fenómenos sociales que todavía no nos hemos enfrentado. La dilación de la independencia económica de los jóvenes va a generar cambios en las estructuras sociales de las familias: va a haber jóvenes que van a pasar mucho más tiempo en la casa de sus padres, que van a retardar su emancipación y su autonomía, y van a afectar la convivencia y una serie de cosas más que no sabemos en qué pueden terminar.

La tercerización de los hogares

2010-02-26T08:28:00.000-08:00

Publicó Página 12
4 de febrero de 2010

Desde su reestructuración, el Hospital Infanto Juvenil Tobar García cuenta con 70 camas para que los pequeños pacientes que lo necesiten puedan internarse. Pero, “vivir en un lugar psiquiátrico de forma prolongada no ayuda a nadie. Ni al niño ni a la familia”. En diálogo con Página/12, Eduardo Diego Friedman –jefe de la Sección Psiquiatría y Psicofarmacología del hospital–, estimó además que “un chico se queda en la institución más del tiempo estimado no por cuestiones médicas, sino por motivos netamente sociales”. Entre otras causas, la relación que mantiene el hospital con los hogares para chicos en situación de abandono es fundamental para la rápida externación.

En los últimos años, el gobierno macrista tuvo como política relacionada con la infancia y la adolescencia el traspaso sistemático a manos privadas de la casi totalidad de hogares que tenía el Estado porteño. Según explicó el psiquiatra, desde que los hogares en la ciudad de Buenos Aires se tercerizaron “pasaron a ‘elegir’ el tipo de niño que desea recibir”.

Entonces, “si un pibe hace quilombo, agrede al personal que lo atiende o a algún otro chico porque evidentemente tiene problemas psiquiátricos, la mayoría de los hogares no lo vuelve a recibir una vez que ya fue internado en el Tobar (García)”, dijo Friedman y agregó: “Los problemas de externación nada tienen que ver con el hospital. Muchas veces, aunque les demos el alta, los jueces que están a cargo de los pibes no los dejan salir porque aún no tienen una familia o un hogar sustituto donde puedan realizar los tratamientos”.

Más institucionalización que asistencia

2010-02-26T08:16:00.000-08:00

Publicó Página 12
29 de enero 2010

CRITICO INFORME DE LA ASESORIA TUTELAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA NIÑEZ EN LA CIUDAD

“El presupuesto parece orientarse a políticas de institucionalización de los chicos en situación de pobreza y no a articular programas de asistencia social que respeten el derecho de los niños de estar con sus familias.” Esa es la conclusión a la que llegó la titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, Laura Musa, a partir del informe elaborado sobre la asignación y ejecución del gasto público en el período 2005-2009 y las proyecciones para 2010 en los programas que responden a la legislación en Protección Integral de la Niñez. El estudio también analiza los recursos en educación, vivienda, alimentación y salud mental y reafirma los problemas de déficit denunciados por varias organizaciones sociales de la ciudad.

El informe presentado por la AGT, en base a datos oficiales, indica que el presupuesto para la ejecución y aplicación de programas a cargo del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya) de la ciudad aumentó, en términos nominales, de 7 millones de pesos en 2005 a 31 millones proyectados para 2010. Pero este año el aumento es del 4,2 por ciento cuando la inflación prevista es del orden del 6 por ciento.

“Casi todos los años cambia la forma en que se presenta la información presupuestaria, especialmente a partir de 2007 en adelante”, indica el informe. “Es complicado evaluar si el aumento del presupuesto comprenderá a más chicos porque no se sabe si se modificó la población beneficiaria”, resaltó Musa. Por ejemplo, el informe indica que el Presupuesto 2010 no desagrega la información sobre los costos en la Guardia de Abogados como tampoco para la línea 102. Ambos programas reciben las denuncias ante la situaciones de vulneración de los derechos y asiste a los chicos y sus familias. Tampoco se puede saber qué presupuesto y para cuántos chicos se tendrá en el Centro de Atención Transitoria, donde pueden alojarse los chicos en situación de calle.

Sin embargo, la AGT indica que, según información oficial, el 57,7 por ciento de los chicos que llegan allí son derivados a centros de albergue, el 4,7 por ciento de ellos permanece más de 7 días y no se informa qué sucede con el 40 por ciento restante. “Por lo cual se desdibuja el objetivo de transitoriedad”, apunta el informe.

En ese sentido, Mussa apuntó que el presupuesto asigando para las 99 sedes institucionales –casi en su totalidad son ONG con convenio– para alojamiento de menores de edad que funcionan bajo la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGN) muestra “que la única medida que se toma es la internación. Cuando la legislación vigente –desde 2005 a nivel nacional– antes de la institucionalización prevé apoyo a la familia a partir de la asistencia de operadores sociales para acercarlos a los servicios públicos o al ingreso de sistemas de subsidios”.

“Si se sumara el dinero que se destina a los albergues, puede pensarse que las familias de esos chicos, con el apoyo de trabajadores sociales, podrían otorgarse un techo y los recursos para contenerlos”, apuntó Musa. Uno de los programas encargados de facilitar la reinserción de los chicos en situación de vulnerabilidad es el de Fortalecimiento de Vínculos y frente al presupuesto asignado, el informe indica que si bien el presupuesto destinado al programa aumenta un 26 por ciento respecto del 2009, no representa una prioridad en la DGN ya que resulta un porcentaje mínimo del presupuesto total. Además, el documento agrega que “no es un programa destinado a trabajar con la población de niños alojados en instituciones de albergue”.

El problema del desfase entre los servicios brindados por el Estado porteño y la legislación vigente sobre protección integral de la infancia es la conclusión que engloba la información recogida en el período 2005-2010, ya que no se creó “ninguna política de carácter universal ni programas dirigidos a superar, de manera estable, las condiciones y complejidades propias de la situación de pobreza que sufren los niños alcanzados por el sistema de protección integral”.

Informe: Nahuel Lag

El asesinato de Javier Chocobar. 517 años después, el mismo genocidio

2009-12-01T05:32:00.000-08:00

Publicó Agencia Rodolfo Walsh
15 de noviembre de 2009

Por ContraPunto

El pasado 12 de octubre, un indígena de Tucumán fue asesinado por tres personas que dijeron ser dueñas de las tierras donde se asienta la Comunidad Indígena de Chuschagasta; dos de esas personas, son ex policías.

La misma codicia, el mismo genocidio

Miembros de la Comunidad Indígena de Chuschagasta fueron las nuevas víctimas del sistemático avance de la justicia y los terratenientes contra los Pueblos Originarios de nuestra provincia. La agresión perpetrada el 12 de octubre pasado por Darío Amín y dos policías retirados, dejó como resultado un muerto y cuatro heridos. Pero también la movilización de todos los Pueblos, que exigen justicia por Javier Chocobar, el cese de las persecuciones y el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos. En la foto, se ve a Amín, apoyado en la camioneta de Gómez, con cámara de fotos en mano, instantes antes del asesinato.

El 12 de octubre de 2009, se asesinó a Don Javier Chocobar, de 68 años, y se hirió gravemente a otras cuatro personas, una de ellas (Andrés Mamani) en gravísimo estado. Todas integrantes de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, ubicada en el Chorro, Trancas. 517 años después, en la provincia de Tucumán se volvió a la misma codicia, el mismo genocidio de la conquista española.
Un día después, el noticiero de Canal 10 de Tucumán presentaba una nota policial, en donde se afirmaba que había ocurrido un “confuso enfrentamiento” en Trancas, entre “personas” y “lugareños”, con el saldo de una persona muerta y cuatro heridos. Como testimonio presentaban a un comisario que relataba el hecho, sin dar mayores precisiones.
Ese mismo día, en su sección policial, el diario La Gaceta titulaba escuetamente: “Un asesinato”, levantando la teoría de enfrentamiento, que aún sostienen al cubrir las alternativas del hecho, claramente político.

¿Defensa propia?
Tres personas de civil llegan armados a un lugar, alegan ser dueñas del lugar que ocupa la comunidad desde hace años, y al comenzar el diálogo, disparan armas de fuego a quemarropa contra personas indefensas no es un enfrentamiento, es un ataque, un homicidio.
Darío Amín se presentó en el lugar con dos secuaces, Jorge Valdivieso y Luis Gómez, éstos últimos ex policías dados de baja de la fuerza.
Los abogados defensores de los imputados declararon que ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", y que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron los tres imputados.
¿Cómo se considera una situación en la que tres personas llegan armados a un lugar, y, luego de una discusión, disparan armas de fuego contra otras? Resulta irrisorio, ingenuo, creer que esto fue un “encuentro”, o un “enfrentamiento”. Esto fue un ataque, un homicidio
Luego del hecho, se habrían secuestrado en el lugar una Pistola Taurus 40; una Pistola Ametralladora Beretta, una pistola calibre 32 y una cachiporra.

Parapoliciales a la sombra del “Malevo”
"Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en el Comando Atila”, denunciaron desde la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita, que nuclea a los Pueblos de Tucumán y de otras provincias del NOA.
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. Este conflicto viene desde 1960, y además de terratenientes como Amín, "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras", según el Cacique de Chuschagasta, Don Demetrio Valderrama.
Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que busca hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos y miembros de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras o venderlas a testaferros.
“Solamente con el reconocimiento de nuestros derechos no es suficiente. Exigimos al Gobierno que en forma inmediata, por intermedio de sus poderes, dentro de sus competencias, realicen todas las medidas necesarias concretas para asegurar las tierras tradicionales y en particular hagan las investigaciones del caso a fin que sean eficaces y transparentes, para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes los responsables”, sostienen desde la Comunidad.
La abogada querellante, Margarita Moreno relató que “esta causa tiene su historia, desde el año 2005. Se inicia el conflicto con un pedido de adjudicación porque esas tierras, gran parte, 3800 hectáreas, fueron expropiadas por el Gobierno para ser adjudicadas”.

ContraPunto

Para que la justicia no mire para otro lado
El 20 de octubre, las Comunidades Indígenas de Tucumán movilizaron por las calles de San Miguel de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar y para que se cumplan las leyes que los protegen. Tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno provincial, como el secretario de derechos humanos Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar para asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron el reclamo de justicia que sumó numerosas voces, como la del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
Asimismo en Buenos Aires hubo una movilización a la Casa de Tucumán, y una entrevista con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo titular, Daniel Fernández se comprometió a ser querellante en el caso.
En medio del dolor por el ataque y la pérdida de Chocobar, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita retoma fuerzas para conseguir justicia, y avanzar en el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios, 517 años después.

CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
redaccioncontrapunto@gmail.com

Senadora advirtió que sólo un 0,6% de los delitos graves son cometidos por menores

2009-12-01T05:29:00.000-08:00

Publicó Parlamentario.com
27 de noviembre de 2009

Elena Corregido reivindicó el Régimen Penal Juvenil, considerando que “es una muy buena ley para niños sin oportunidades”. La norma fue aprobada en el Senado en su última sesión y pasó a Diputados.

Luego de la sanción en Senadores del proyecto sobre el Régimen Legal de Menores en conflicto con la ley, que espera su aprobación en la Cámara baja del Congreso nacional, la senadora Elena Corregido (Frente Chaco Merece Más) elogió la medida que favorecerá a “los niños” considerados así por la Convención de los Derechos del Niño, que establece que lo son, hasta los 18 años, no importa lo que digan las leyes”, según sostuvo.

Corregido destacó que “los menores que cometen delitos extremos o graves son sólo el 0,6 por ciento; el resto son infracciones llevadas a cabo por chicos menores de 18 años, pese a lo que muestra la televisión a o algunos periodistas”, enfatizó la senadora.

“Tenemos que revisar como sociedad qué nos pasa, que estigmatizamos a lo niños, que no los reconocemos como nuestros hijos y que rápidamente pedimos mano dura como si no tuviéramos, ninguna responsabilidad”, destacó la senadora chaqueña, para quien “estos chicos seguramente han padecido violencia familiar o toda clase de abusos en la calle, por eso el Estado tiene que repararlos y esta ley es una buena herramienta a través de la creación de lugares de contención generando un sentido de pertenencia que reestablezca vínculos sociales”.

“A partir de esta ley -dijo-, se saca al menor de los tutelajes y se los pone como sujetos de derecho. Ya no podrán estar en manos de la policía o ninguna fuerza de seguridad, sino bajo la órbita de un juez; tendrán derecho a defensa, a pedir disculpas, a reinsertarse en la sociedad y ser contenidos de todas las formas posibles”, sostuvo Corregido. al tiempo que agregó que para ello va a ser necesario una verdadera inversión de los Estados provinciales y locales en “estos lugares de contención de jóvenes”.

La senadora oficialista destacó que “cuando un menor tiene un arma, hay que ver quién fue el mayor que se la dio”. Agregó que “esta es una ley que protege a los chicos. La reclusión en centros especiales está muy limitada a casos gravísimos, en distintas categorías de edades”, en referencia a que la privación de la libertad de los menores de 18 años sólo será "la excepción y el último recurso". El proyecto establece que “se privilegiará la permanencia de los chicos dentro de su grupo familiar” y que “en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente”.

Ya en referencia a su provincia, el Chaco, Corregido opinó que “el gran acuerdo que hay que hacer en la provincia o en el país es ver cómo sacamos a la población de la pobreza, cómo implementamos obras necesarias para no pasar de las sequías más terribles a la inundación mas feroz”.

Pero la senadora oficialista agregó que “el diálogo no debe pasar por la distribución del poder a ver quien es el presidente de la Cámara. Hay que empezar a respetar la voluntad popular que se expresó en las urnas”. Lo que debieran debatir “todos los partidos políticos es cuál es el Chaco que queremos y cómo debemos trabajar para tener una sociedad más justa donde contemplemos los intereses de todos”.

“Los acuerdos hay que hacerlos en vista de lo que a la población le importa: cómo hacemos para que nuestra provincia produzca alimentos, para que los chicos vayan a la escuela, para que los docentes no hagan paro, para que haya ocupación plena, cómo hacemos para que la gente no se inunde”, sostuvo la legisladora asegurado que “de esa forma la sociedad los va a respetar y los va a apoyar y eso mismo va a engrandecer a los chaqueños”.

El kirchnerismo estaría dispuesto a sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil antes del 10 de diciembre

2009-12-01T05:24:00.000-08:00

Publicó Parlamentario.com
26 de noviembre de 2009

Si hay consenso entre los sectores políticos en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad se convertiría en ley antes de 10 de diciembre, porque ya cuenta con sanción de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados había concluido con el periodo ordinario parlamentario 2009 con la sesión de este miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, la inseguridad y el alto índice delictivo que involucra en muchos casos a menores de edad impulsan la necesidad de las autoridades a dar señales a la sociedad, y obligarían a los diputados nacionales a continuar sesionando para debatir soluciones para combatir este flagelo social.

Si bien las sesiones fueron prorrogadas por la Presidenta hasta el 10 de diciembre, el Frente para la Victoria no tenía en sus planes realizar otra sesión ordinaria en Diputados. Pero se podría realizar una sesión más antes del recambio legislativo para debatir un nuevo régimen penal juvenil, según comentaron altas fuentes oficialistas a Parlamentario.com.

La idea de sesionar una vez más se promovió luego de que varios diputados oficialistas y aliados solicitaran al bloque FpV que convoque a una nueva reunión para sancionar el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual fue aprobado este miércoles 25 en el Senado.

Sin embargo, no todo es color de rosa porque en este tema el oficialismo no insistirá como en los que en verdad le importan al Poder Ejecutivo. Esta iniciativa de ley sobre inseguridad, “se aprobaría si hay un acuerdo entre los bloques para sancionar el proyecto sin modificaciones”.

Al ser consultados los bloques opositores, en principio estarían dispuestos a tratar este tema, aunque criticaron el límite de tiempo que pone el oficialismo, ya que sólo habría dos semanas para discutir el tema en las comisiones y luego aprobarlo en el recinto. Por lo tanto, sería muy difícil de lograr convertir en ley este proyecto que tanto reclama la sociedad.

Cabe recordar que el proyecto aprobado por los senadores establece sanciones para los menores que hayan cometido delitos, que van desde pedirles disculpas a los afectados hasta la privación de la libertad.

La senadora salteña Sonia Escudero, coautora de la norma, resaltó que los jóvenes entre 14 y 18 años de edad “tendrán ahora un tratamiento específico, distinto del de los adultos, que pone énfasis en su reinserción en la sociedad”.

En rigor, el texto aprobado es fruto del trabajo de más de cinco años de la salteña Escudero (Salta-bloque justicialista 8 de octubre), la mendocina María Cristina Perceval (PJ-FpV) y el senador radical Gerardo Morales (Jujuy), al que se le incorporaron aspectos de la iniciativa que tiempo atrás presentaron el ministro de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni y la académica de la UBA Lucila Larrandart en Diputados.

Escudero hizo hincapié en que “hoy los jóvenes están regidos por el decreto-ley 22.278 de 1980- cuya aplicación ha tenido como resultado la discriminación y privación de libertad de los niños y jóvenes pobres, e impunidad para aquellos provenientes de clases acomodadas”. Entre los aspectos introducidos por la nueva norma la legisladora destacó: la limitación de las penas; la incorporación de todas las garantías previstas en la Convención de los Derechos del Niño (especialmente el derecho de defensa, a ser oído, a contar con una defensa técnica); y la posibilidad de implementar medios alternativos de solución del proceso como la mediación penal, la conciliación, la suspensión del proceso, etc.

Prevé, además, la privación de libertad en centro especializado con carácter excepcional y como último recurso. En tal sentido, la legisladora citó las observaciones hechas por UNICEF en cuanto a que el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos en su conducta, contribuye a su desarraigo y a su “des-socialización”. “Con el sistema que tenemos vigente, lo que estamos haciendo es fabricar delincuentes”, sostuvo. El proyecto contempla, entonces, la privación de la libertad del menor cuando no pueda lograrse la corrección por otro medio.

La norma sancionada establece en su primer artículo la baja de imputabilidad, y recibió el rechazo tan solo de la riojana Teresita Quintela, para quien esa postura "retrotrae a tiempos de la dictadura" la discusión, convencida de que los niños "serán carne de cañón de las grandes bandas delictivas".

No obstante esas prevenciones, el proyecto recibió el apoyo general de los senadores, que establecieron así la responsabilidad de los chicos menores de entre 18 y 14 años que cometan delitos.

En ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.

Quedan exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito que se les impute no alcancen la edad de 14 años. Tampoco serán imputables quienes tengan 14 o 15 años de edad y hayan cometido delitos sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.

Quedan fuera de la responsabilidad penal quienes tengan 16 o 17 años y sean sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Se establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.

El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de 18 años infractoras a la ley penal es "la excepción y el último recurso", y establece que "se privilegiará la permanencia de la persona menor de 18 años dentro de su grupo familiar" y que "en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescentes".

Los menores serán encarcelados en un centro especializado cuando al momento de la comisión del delito tengan 14 o 15 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte o por delitos contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima superior a los cinco años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción no podrá exceder de tres años.

Cuando se trate de personas que al momento de la comisión del delito tengan 16 o 17 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte; o por delitos contra la integridad sexual y contra la libertad con pena mínima superior a los tres años de prisión o reclusión.

Asignación universal por hijo. Iguala derechos

2009-12-01T05:18:00.000-08:00

Publicó Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
27 de noviembre de 2009

Por Martín Burgos*

La crisis que golpeó a Estados Unidos a fines de 2008 y se expandió por el mundo abrió nuevamente el debate sobre las políticas sociales necesarias para enfrentar los ciclos de recesión que sufre toda economía capitalista. En la Argentina, frente al nuevo aumento de la pobreza y la indigencia ligada al aumento de la desocupación y la inflación, se vienen debatiendo alternativas para enfrentar la cuestión social. Por ejemplo, varias organizaciones sociales venían impulsando un ingreso universal a la ciudadanía, que consiste en implementar un ingreso mínimo a cada uno de los habitantes de nuestro país, que se adiciona al sueldo y/o la ganancia que el mismo recibe en el mercado. El ingreso ciudadano se nutre de un análisis en el cual se muestra cierto pesimismo respecto de las capacidades del mercado de trabajo para asegurar el pleno empleo.

En ese debate, el gobierno nacional impuso su propia perspectiva con la implementación de la asignación de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, extensiva a todos los trabajadores que no estén cobrando actualmente las asignaciones familiares. La medida, tal como fue formulada, fue apoyada por las dos centrales sindicales, numerosos movimientos sociales y la gran mayoría del sector progresista del país. La perspectiva oficial parte de una visión optimista del mercado de trabajo, que ocupa un lugar central en el teorema del círculo virtuoso “mayor producción-mayor empleo-mayores salarios-mayor consumo-mayor producción...”. Su principal sustento radica en los resultados alcanzados luego de la crisis fenomenal de 2001-2002. En efecto, la veloz recuperación del mercado de trabajo hizo que la tasa de desempleo bajara del 21,5 por ciento en mayo de 2002 hasta 7,5 por ciento a fines de 2007, como muestra impactante de la fuerte creación de empleo generado durante ese período, asociado a una mejora salarial general.

Sin embargo, a pesar de la bonanza, los altos niveles de empleo no registrado no pudieron reducirse en la misma proporción: en diciembre de 2007, todavía 40 por ciento de los empleados no estaba registrado ante la seguridad social. La heterogeneidad de situaciones laborales incluidas como empleo no registrado –desde los contratos basura de importantes empresas transnacionales hasta los empleos casuales en microempresas– hacen difíciles las soluciones universales, aunque se han tomado algunas medidas específicas, como el blanqueo de personal doméstico. El llamado “empleo en negro” parece haberse instalado como parte intrínseca de la relación salarial del modelo, y sus causas deben buscarse en la correlación de fuerza existente entre el Estado, las empresas y los trabajadores. El empleo en negro, además de restarles recursos al Estado y reducir los costos empresarios, tiene como consecuencia desarticular los derechos de los trabajadores. En efecto, las conquistas sociales logradas en la Argentina durante el siglo XX se dieron en un marco de cuasi pleno empleo y un bajo nivel de empleo no registrado. Por eso muchos aportes están atados al recibo de sueldo (jubilación, aportes patronales) y se gestionan a través del sindicato (obra social).

Ante la dificultad para reducir el empleo en negro, la extensión de la asignación familiar a los que no la percibían hasta ahora, asociada a la posibilidad de jubilarse sin aportes, tiene por efecto generar una tendencia hacia la igualación de los derechos a la seguridad social del trabajador (ocupado o desocupado) inscriptos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la cual sólo gozaban hasta ahora los empleados en blanco. En esa perspectiva pragmática para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores en negro, aún debe instalarse en el debate público la necesidad de mejorar el acceso al servicio de salud que en la actualidad es fragmentado y desigual en cuanto a sus prestaciones. Al depender de la obra social sindical, que en muchos casos terceriza sus prestaciones o directamente deriva recursos económicos a empresas de medicina prepaga, se deja sin derecho a la salud a los trabajadores no registrados.

Aunque todas estas medidas son y serían un avance, en el sentido de que los trabajadores en negro pasarían a ser “trabajadores en gris”, nada puede ocultar que la llave para superar los problemas de pobreza estructural se encuentra en seguir avanzando hacia el pleno empleo y lograr un trabajo decente para todos. En ese sentido, la alternativa del Estado como empleador en última instancia, en la cual el Estado ofrece empleo a toda persona que lo demanda, sigue siendo una alternativa válida en el camino hacia el pleno empleo.

*Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.

Fuente: Página 12 - 23.11.2009

Para empezar, 2,7 millones de chicos

2009-11-24T06:57:00.000-08:00

Publicó Página 12
24 de noviembre de 2009

El plan de cobertura para la niñez arranca con casi 2,7 millones de beneficiarios. El 49 por ciento no tenía hasta ahora ningún tipo de cobertura estatal. En promedio, serán 366 pesos por mes por familia. Impactará sobre la pobreza y la indigencia.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que 2.689.500 chicos cobrarán la nueva asignación por hijo a partir del 1º de diciembre. Ese es el número de corte para el primer mes de pago del subsidio, pero la cantidad de beneficiarios irá aumentando gradualmente a medida que las personas que reúnen los requisitos para cobrarlo se anoten –muchos primero deben tramitar el DNI– y el Estado vaya llegando a grupos que sufren condiciones más graves de exclusión. De acuerdo con estimaciones preliminares del Gobierno, el universo potencial de niños a asistir ronda los 5 millones. La medida provocará una caída significativa de los niveles de indigencia y ayudará a reducir los registros de pobreza por ingresos, según reveló un estudio de la consultora Equis.

La Presidenta presentó los primeros números del plan durante la firma de un convenio de cooperación entre la Nación y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, a fin de que la asignación llegue a esos distritos. Allí aclaró que hubo que hacer un corte –que fue de casi 2,7 millones de menores de 18 años– por una cuestión administrativa, ya que se requiere tiempo para emitir las tarjetas de débito que se entregarán a los padres o apoderados de los niños para cobrar el beneficio. “Pero obviamente habrá más chicos (en los meses siguientes) porque han seguido las inscripciones”, señaló. También puntualizó que “todos los bancos públicos y privados del sistema financiero nacional” tienen la obligación de participar de la red de pagos.

La Anses indicó que a partir de pasado mañana se publicará en su sitio en Internet (www.anses.gob.ar) el banco que corresponde a cada persona que cobra el subsidio. De los casi 2,7 millones de chicos que entran en la tanda de diciembre, el 49 por ciento –1.324.613– no recibían hasta el momento ningún tipo de asignación ni de cobertura social. Son niños que estaban marginados de cualquier ayuda estatal y ahora acceden a este derecho. El otro 51 por ciento está compuesto por un millón de menores que pertenecían al Plan Familias –cobraban 44 pesos por hijo– y 355.866 que estaban encuadrados en distintos planes del Ministerio de Trabajo.

Los porcentajes cambian cuando la distribución se mide por familias. En este caso, el 56 por ciento –802.000– no tenían ningún tipo de cobertura, mientras que el 44 por ciento restante –643.000– estaban contenidas en planes sociales. “El promedio de hijos por familia es de 1,86, con lo cual el promedio de ingresos por familia es de 366 pesos”, precisó Cristina. Más de 800 mil familias pasarán a tener nuevos ingresos, mientras que otras 643 mil verán un aumento en los subsidios. Esto tendrá impacto en los índices de pobreza e indigencia. Según la consultora Equis, del sociólogo Artemio López, la pobreza bajaría a la mitad y la indigencia caería a 3 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, sus estimaciones parten de cifras distintas a las del Indec, que prácticamente duplican las estadísticas oficiales.

La nueva asignación por hijo fue anunciada a fines de octubre. Desde ese momento hasta ayer, la Anses atendió en sus oficinas a 1.418.000 personas. El 9 de noviembre hubo un pico de visitas, de 139.364 personas, mientras que en la última semana se verificó un descenso de consultas, con 73.453 el día 20. La asignación es para un máximo de cinco hijos de personas desocupadas o que trabajan en negro y cobran menos del salario mínimo, y también para las empleadas domésticas. Monotributistas –salvo los del llamado monotributo social–, autónomos y beneficiarios de otros planes sociales quedan al margen.

La Presidenta destacó la participación de las provincias y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje político, ya que dijo que la presencia del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sirvió para demostrar que no hay una pelea entre ambos. “Para que vean que no estamos peleados”, lo saludó. El otro gobernador presente fue el santafesino Hermes Binner, mientras que por Entre Ríos estuvo el vicegobernador José Lauritto.

Cristina también desgranó las cifras de otro plan que lanzó el Gobierno hace sólo tres meses. Es el plan de empleo por cooperativas que se propone generar –en una primera etapa– 100 mil puestos en la provincia de Buenos Aires. En la primera semana de noviembre ya cobraron 7374 cooperativistas, en la primera semana de diciembre serán 19.064 y a lo largo del mes que viene se sumarán 61.438 trabajadores. Todos cobrarán con tarjeta del Banco Nación. “Hacen trabajos comunitarios como veredas, cordones cuneta y agua”, explicó la mandataria. “Si tomamos los tres meses desde que se lanzó el plan, este programa generó 900 puestos por día, considerando sábados y domingos”, destacó.

El primer juicio contra acusados de trata

2009-11-24T06:50:00.000-08:00

Publicó Página 12
24 de noviembre de 2009

Las víctimas habían sido reclutadas mediante engaños y llevadas a un prostíbulo, de donde escaparon. Los cuatro acusados podrían recibir hasta quince años de prisión, según la ley aprobada el año pasado. El jueves comienza el segundo juicio, en Santa Fe.

Por Mariana Carbajal

Mañana comenzará en la localidad misionera de Eldorado el primer juicio oral y público en el país por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay y llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel. Podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece desaparecida.

La casualidad quiso que ambos procesos orales –el de Santa Fe será a puertas cerradas– tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La trata es una expresión de ese flagelo. Los dos casos muestran, de acuerdo con la investigación judicial, cómo operan las mafias que convierten a mujeres jóvenes, a veces, niñas, en esclavas sexuales: las reclutan bajo engaño, las “ablandan” violándolas, las amenazan con lastimar o herir a familiares y las introducen en un sistema de explotación por el cual siempre están en deuda con el proxeneta.

Los cuadernos

El juicio en Misiones estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas. Pero se llevará a cabo a 193 kilómetros de la capital provincial, en la localidad de Eldorado. Los magistrados así lo dispusieron para facilitar la concurrencia de los testigos. Uno de los imputados es Roque González, paraguayo. Está acusado de haber reclutado en Ciudad del Este a dos adolescentes de un barrio muy pobre de esa ciudad paraguaya. Les prometió, según ellas declararon luego, un trabajo como meseras en un bar. El sueldo con el que las tentó muestra claramente la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban: apenas 100 pesos la quincena. Tenían estudios primarios. La instrucción judicial estableció que González las ingresó ilegalmente a la Argentina, en balsa por el río Paraná a la altura de la localidad de Wanda, y allí se las entregó a Carlos Francisco Loureiro y a su pareja, Dora Beatriz Raballo, quienes las llevaron a un local nocturno del pueblo de Andresito, en el centro norte de la provincia, con habilitación municipal como bar pero que funcionaba como prostíbulo. El burdel, de acuerdo con la instrucción judicial, estaba regenteado por Noemí Helfiftaich.

A los pocos minutos de llegar al bar, el 27 de octubre de 2008, las dos adolescentes paraguayas se dieron cuenta de que no iban a servir las mesas sino a los “clientes-prostituyentes”. Un día después, se escaparon. Según contaron, gracias a la ayuda que les dio una pareja, pudieron tomar un micro con la idea de regresar a sus casas. Efectivos de Gendarmería detuvieron el vehículo para hacer un control de rutina, y ellas contaron cómo habían llegado allí: una de ellas no tenía documento. Hicieron la denuncia en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado. Y el 15 de noviembre de 2008 la Justicia ordenó un allanamiento en el burdel: encontraron otras cuatro menores de edad y dos jóvenes de 22 años, que también eran víctimas de la explotación sexual. Del local secuestraron “cuadernos precarios” que daban cuenta de que las mujeres no se quedaban con dinero de los “servicios sexuales” que ofrecían y que cobraban entre 30 y 50 pesos. Siempre estaban en deuda dado que tenían que pagar por la habitación, la comida, el agua y la limpieza del cabaret. “Todo está anotado”, confió a este diario una fuente cercana a la investigación. “Era el sistema para limitar su libertad ambulatoria. Las mujeres no estaban encerradas. Las dejaban salir pero si llegaban tarde les cobraban multas de 30 a 100 pesos. Siempre estaban debiendo dinero”, describió la fuente.

Los cuatro imputados están detenidos. González, Loureiro y Helfiftaich están imputados del delito de trata de menores de edad, que tiene penas que van de 10 a 15 años. A Raballo se la acusa de ser partícipe secundaria. La fiscal ante el Tribunal Oral es Vivian Barbosa. Igual que su par de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, cuentan con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.

Desaparecida

El jueves empezará el segundo proceso oral por trata de mujeres. El Tribunal Oral Criminal de Santa Fe dispuso que se haga a puertas cerradas porque involucra a una chica de 14 años, pero paradójicamente la adolescente, Carolina F., no declarará porque permanece desaparecida desde principios de este año, cuando se escapó de un hogar del gobierno provincial, la Casa de la Joven, adonde la Justicia había dispuesto su alojamiento. Su nombre y fotografía están en la página web de la organización Missing Children junto a otros “Chicos Perdidos”.

El juicio tiene como única imputada a Julia Núñez, acusada de reclutar a la adolescente en un barrio muy pobre de Coronda y a otra joven, de 19 años, en otro asentamiento del Gran Santa Fe. Núñez sería el primer eslabón de una red de trata que operaría con un prostíbulo de la localidad bonaerense de América, partido de Rivadavia, cerca de Trenque Lauquen.

La investigación se inició en la ciudad de Coronda, el 9 de enero de este año, con la denuncia de la madre de Carolina por búsqueda de paradero de su hija. Después la Justicia encontró indicios para establecer que Núñez se habría presentado en el barrio y la habría convencido para que entregara a la niña, entonces de 13 años, para trabajar como empleada doméstica, a cambio de 400 pesos. Después reclutó a la muchacha de 19 años en Recreo. Según su relato, Núñez la habría llevado a su casa en Santa Fe, donde habría sido violada por un hombre. En rueda de presos lo identificó: señaló a un preso de la cárcel de Las Flores, condenado por homicidio pero con salidas transitorias, a quien finalmente el juez federal Nº 2 Francisco Miño le dictó falta de mérito, aunque sigue siendo investigado. La violación sería parte de un ritual de “ablandamiento” de las víctimas. Luego, la joven habría sido entregada a Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien la habría llevado al cabaret de la localidad bonaerense de América. La muchacha contó que estuvo un día con Carolina en el local. Que a ella también la engañaron porque pensaba que iba a trabajar como empleada doméstica y que la amenazaron con atentar contra su hija de 2 años si no se prostituía.

La segunda joven llegó al burdel en momentos en que en Coronda se denunciaba públicamente la desaparición de Carolina. Por lo que Rojas habría decidido llevar a la niña de vuelta a Santa Fe. El 19 de febrero, Carolina se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Menores a cargo de Susana Giordano de Bilicich. No acusó a Rojas. La Justicia dispuso su alojamiento en la Casa de la Joven, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Santa Fe. De allí se escapó y desde entonces se desconoce su paradero. Rojas estuvo prófugo durante varios meses y recién fue detenido semanas atrás: por esa razón no llega al juicio en este primer proceso. Núñez podría ser condenada a entre 10 y 15 años de prisión, por ser una de las víctimas menor de edad.

Bajarán la mayoría de edad a 18 años

2009-08-31T14:54:00.000-07:00

Publicó La Nación
28 de Agosto de 2009

Reforma legal / Avanza la modificación del Código Civil
El proyecto de ley del Congreso sería aprobado en pocas semanas; los jóvenes podrán comprar una propiedad y contraer matrimonio

Jaime Rosemberg

Dentro de pocas semanas, cumplir 18 años habilitará a los jóvenes de todo el país a viajar al exterior, casarse o firmar el contrato de alquiler de su primer departamento sin necesidad del permiso de sus padres.

Ese parece ser el camino irreversible del proyecto de ley, ya aprobado por el Senado en diciembre pasado, que modifica el Código Civil y establece la reducción de la mayoría de edad de los 21 años a los 18, y que ayer obtuvo consenso en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, que preside Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social-Capital).

El proyecto pone a tono la legislación nacional con la de países como Alemania, Canadá, España, el Reino Unido, Chile y Uruguay, y amplía las capacidades de los jóvenes de entre 18 y 20 años (hoy, casi dos millones, según el último censo nacional).

De acuerdo con el nuevo texto, serán consideradas menores de edad "las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años".

La posibilidad de contraer matrimonio, de comprar o alquilar una propiedad sin tener que demostrar que es producto de su trabajo ante un escribano y de obtener la patria potestad de sus hijos aun sin estar casado entre los 18 y los 21 años son algunas de las disposiciones de la norma.

Por ende, los jóvenes también seguirán habilitados para ir a la guerra o para tramitar el permiso para portar armas a partir de su cumpleaños número 18.

Los padres o tutores deberán, sin embargo, proveer la manutención de los hijos y su obra social hasta cumplir los 21 años.

Trámite

El proyecto, que nunca había sido tratado por la Cámara baja, quedará listo para ser aprobado en el recinto luego de salvadas algunas modificaciones formales, y podría ser aprobado en un rápido trámite en su obligado regreso al Senado.

De esto conversaron ayer Ibarra y su par de la comisión homónima del Senado, Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), quien ya dio el visto bueno para que el proyecto, presentado a fines de 2005 por el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), sea aprobado "antes de fines de año", según los cálculos de la diputada.

El proyecto se complementa con una iniciativa parlamentaria similar presentada por el diputado Emilio García Méndez (SI-Capital) y apoyada por todos los bloques.

"La Convención Internacional del Niño establece que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Con estas iniciativas se busca adaptar la legislación nacional a los tratados internacionales a los cuales adhieren la Argentina y los países del Mercosur", afirmó Ibarra a LA NACION.

"Hay jóvenes que necesitan la mayoría de edad para poner un negocio y otros muchachos necesitan la autorización de sus padres para que atiendan a sus hijos en un hospital público", explicó Giustiniani, para quien "es contradictorio que no tengan derecho a ese tipo de decisiones, cuando a los 18 años pueden votar a un presidente o marchar a la guerra, y que se mantenga esa limitación mientras se discute la reducción de la edad de imputabilidad penal".

A pesar del consenso alcanzado ayer, el camino del proyecto fue sinuoso. Presentado en 2005 en el Senado, fue aprobado a fines de ese año, pero Diputados no lo trató hasta que caducó, el año último. El Senado insistió y logró su aprobación en diciembre de 2008, y logró un consenso casi unánime: sólo el kirchnerista Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy) se opuso a su aprobación.

Ayer, en la comisión, también se alzaron voces discordantes, como la de Luis Cigogna (FPV-Buenos Aires), y el cuestionamiento se centró en discutir la "madurez" de un joven para tomar decisiones a los 18 años. No parece ser, precisamente, la posición dominante en el Congreso, por lo que el proyecto se encamina hacia su aprobación legislativa.
Los efectos

* Posibilidades . La nueva legislación permitirá a quienes hayan cumplido los 18 años casarse sin el consentimiento de sus padres, firmar un contrato de alquiler o comprar una propiedad, viajar al exterior sin necesidad de permisos, obtener la patria potestad de sus hijos y tramitar un permiso para portar armas. Todas estas facultades están reservadas, por ahora, para los mayores de 21 años.

* Imputabilidad . El proyecto de ley pronto a aprobarse no implica ningún cambio en el Código Penal, con lo cual la edad de imputabilidad no se modifica.

* Manutención . A pesar de los cambios, los padres o tutores deberán proveer la manutención de sus hijos hasta los 21 años, al igual que la cobertura médica.

* Pasos legislativos . El proyecto fue tratado en comisión en la Cámara de Diputados, donde se realizaron modificaciones después de la sanción en el Senado. Se prevé un nuevo tratamiento rápido en la Cámara alta, con las modificaciones, para luego tramitar su aprobación final en Diputados.

* Equilibrar con la región . Buena parte de los países del mundo fijan la mayoría de edad a los 18 años, salvo excepciones. Este proyecto de cambio había sido presentado en el Senado por el socialista Rubén Giustiniani, en 2005, y sólo este año pudo tratarse.

* Aggiornamiento . La Convención Internacional del Niño establece que se entiende como tal a todo ser humano menor de 18 años. Con estas iniciativas, según la opinión de los legisladores, se busca adaptar la legislación nacional a los tratados internacionales a los cuales adhieren la Argentina.

* Alcance . Este proyecto busca ampliar las capacidades de unos dos millones de jóvenes de entre 18 y 20 años que, por ahora, no pueden realizar muchas actividades cotidianas.

Advierten por malas condiciones de alojamiento en el instituto Caed

2009-08-21T05:40:00.000-07:00

Publicó La Voz del Interior
14 de agosto de 2009

El Ejecutivo relativizó las críticas y aseguró que la Justicia aprobó el edificio.

Patricia Cravero
pcravero@lavozdelinterior.com.ar

Falta de espacio, celdas sin luz, insuficiente atención médica y malas condiciones higiénicas son algunas de los aspectos sobre los que advierte un informe elaborado por legisladores y docentes tras recorrer las instalaciones de un centro de menores de la ciudad de Córdoba.

Legisladores y profesores universitarios visitaron de manera sorpresiva el centro al que ingresan los menores apenas son sospechados de un delito, y aseguran que allí no se respetan los derechos y garantías que la normativa nacional e internacional prevé para los chicos en conflicto con la ley penal.

“Están alojados en condiciones que son totalmente contrarias a los derechos humanos básicos. No tienen espacios suficientes, las celdas no tienen luz, no se respeta la cantidad de horas dedicadas a educación o actividades recreativas”, señaló la abogada Marysel Segovia, una de las autoras del informe.

El Centro de Admisión, Evaluación y Derivación (Caed), ubicado en Bulevar Guzmán 1071, funciona como centro de admisión y alojamiento de niños varones de toda la provincia a los que se les adjudica haber cometido algún tipo de delito. Es el primer lugar a donde llegan los chicos, que luego son derivados a otros centros. Depende de la Secretaría de la Mujer, Niño, Adolescente y Familia de Córdoba (Munaf).

“Es un lugar inapropiado en términos de infraestructura. Vulnera derechos elementales”, señaló el legislador juecista Roberto Birri. Los autores del informe llaman la atención sobre el mal estado de los espacios y la falta de higiene. “Cada celda tiene un bidón de plástico abierto que se comparte entre sus dos o tres habitantes para hacer las necesidades fisiológicas fuera de los momentos en que les permiten salir para ir al baño”, alertan.

El informe también denuncia que los chicos no tienen actividades educativas y recreativas. Pasan la mayor parte del tiempo encerrados en las celdas, de dos metros por tres. Otro de los puntos sobre los que se llama la atención es la presencia de menores de 16 años, inimputables según la ley. “Hay chicos desde los 9 años”, dijo Segovia.

Respuesta. El informe fue relativizado por la Munaf. “El edificio está en uso, en condiciones de habitabilidad y en total funcionamiento”, dijo Delicia Bonetta, titular de la Dirección de Asuntos Legales. Es más, aseguró que el viernes pasado fue un grupo de asesores y jueces de Menores para constatar el cumplimiento de mejoras edilicias. Y expresó que los chicos sí tienen actividades recreativas y que se puede cuestionar las horas educativas porque es un lugar de tránsito.

Los adolescentes se fugan de sus hogares por amor, maltratos y abusos sexuales

2009-08-21T05:38:00.000-07:00

Publicó La Voz del Interior
14 de agosto de 2009

Sólo en los cuatro juzgados de Menores en lo Prevencional que existen en la ciudad de Córdoba hay un total de 620 causas iniciadas por la "fuga" de un niño o adolescente, es decir, que faltó de su hogar y se desconoció su paradero. A ello se deben agregar las causas de la Justicia de Familia de chicos que son "secuestrados" por uno de sus padres o por un familiar que desaparece con el niño sin dar noticias.

Según el juez de Menores Jorge Luis Carranza, existe un gran abanico de razones por las que los chicos se fugan de su hogar. Cuando se trata de mayores de 14 años, en general son "chicas que se escapan con los novio debido a que sus padres se oponen a la relación".

Sin embargo, hay casos mucho más graves y complejos: el juez asegura que muchos de los niños y adolescentes que se ausentan de su casa es porque allí son víctimas de violencia familiar y hasta abusos sexuales. "Hay chicas escapadas que han sufrido un abuso familiar silenciado durante años", contó Carranza.

"A partir de la desaparición de un chico, se publica la foto en los diarios y en la tele, mandamos la información a Missing Children. Una vez encontrado, se trabaja desde otro lugar: qué pasó con los padres, hay equipos técnicos que hace entrevistas, diagnósticos, para saber qué le ha pasado a los chicos en particular", aseguró el juez.

Un plan para que discuta el Congreso

2009-08-21T05:31:00.000-07:00

Publicó Página 12
16 de Agosto de 2009

La idea central consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ninguna cobertura. Se deberá discutir de dónde sacar los recursos para poner el plan en marcha.

Por Martín Piqué

El bloque oficialista en Diputados comenzará a estudiar esta semana los diversos proyectos de asignación universal por hijo. La iniciativa partió del jefe de la bancada K, Agustín Rossi, quien pretende acelerar la discusión de la propuesta en el Congreso. La idea central de la asignación consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ningún tipo de cobertura. El costo fiscal de semejante programa ascendería, en el caso de que el subsidio se fijara en 135 pesos, a 6900 millones de pesos al año. Esa cifra deberá añadirse al presupuesto ya asignado para los planes de Desarrollo Social que están en curso: 10.200 millones de pesos anuales. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro? Esa es la primera discusión que se debería dar en el Congreso”, advirtió la Presidenta.

La discusión sobre la asignación universal involucrará a tres comisiones del Parlamento. Se trata de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuya titular es la diputada Juliana Di Tullio; la de Trabajo, que encabeza el apoderado de la CGT Héctor Recalde; y la de Salud, que preside el diputado Sylvestre Begnis. Rossi ya se comunicó con los tres. Su intención es iniciar lo más pronto posible el debate parlamentario sobre la universalización. “Ya les pedí a los tres presidentes de las comisiones que se unifiquen todos los proyectos y que empecemos con el tratamiento del tema”, contó Rossi a Página/12. “Obviamente, el debate va a tener que incluir la cuestión presupuestaria. Si la asignación sale tanta plata, ¿cómo se conseguirán los recursos?”, se preguntó el diputado rosarino en diálogo con este diario.

Una vez que se pongan de acuerdo Di Tullio, Recalde y Begnis, el debate se trasladará al seno de las comisiones. En ese momento harán oír su voz los diputados de los bloques opositores. Antes de la elección del 28 de junio, los candidatos de la oposición propusieron implementar una asignación universal por hijo. La propuesta encontró unidos a Francisco de Narváez, Fernando “Pino” Solanas, Alfonso Prat Gay y Margarita Stolbizer. Los cuatro la juzgaron prioritaria y exigieron al Gobierno que la pusiera en marcha de forma urgente. Pero una iniciativa de esa magnitud necesitaría un fuerte desembolso de dinero. ¿De dónde extraer esos recursos? Algunos diputados ya esbozaron ideas. “Nuestra propuesta pasa por la eliminación de las exenciones a la renta financiera, lo que nos permitiría obtener una mayor recaudación del impuesto a las Ganancias”, planteó la diputada Silvia Augsburger, jefa del bloque socialista.

En el kirchnerismo también circulan algunas propuestas, como crear nuevos impuestos o reorientar lo que se recauda por gravámenes ya existentes. Claro que sumar unos 7000 millones de pesos al presupuesto vigente en materia social –los 10.200 millones– sería incompatible con un recorte abrupto del nivel actual de las retenciones. “Está todo atado. Vos no podés aumentar el gasto y bajar los ingresos. Si querés incorporar un número importante para el gasto social, tenés que ver de dónde lo sacás”, argumentó a Página/12 uno de los integrantes del bloque oficialista en la Cámara baja. En la Casa Rosada no son ajenos al debate que está circulando en torno de la asignación universal por hijo. En el bloque oficialista incluso no se descarta que el Gobierno, en los próximos días, termine presentando un proyecto propio en ese sentido.

El viernes, durante el lanzamiento del programa Ingreso Social con Trabajo, la mandataria reveló que de los 12.400.000 menores que viven en la Argentina, 2.860.713 niños y adolescentes no tienen ningún tipo de cobertura social. Sus padres no cobran el salario familiar previsto para los trabajadores en relación de dependencia. Tampoco reciben alguno de los variados planes sociales de Desarrollo Social, cuyo presupuesto anual supera los 10 mil millones de pesos. La propia CFK informó que casi la mitad de esos 2.860.713 menores excluidos de toda cobertura no tienen DNI, por lo que su inclusión resulta aún más compleja. “La primera discusión que tenemos que dar (en el Congreso) es saber qué masa de recursos vamos a necesitar, además de las ya asignadas”, aconsejó la Presidenta.

Miles de chicos, al costado del camino

2009-08-19T15:17:00.000-07:00

Publicó Diario Hoy
18 de agosto de 2009

"En el Gran La Plata hay más de 130.000 jóvenes de entre 15 y 25 años. Alrededor del 15% no trabaja ni estudia, lo que implica cerca de 20.000 jóvenes en esa situación. El porcentaje sube a alrededor del 20% para aquellos entre 18 y 20 años", indican desde el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Si extendemos el campo de estudio a la provincia de Buenos Aires, la cifra se multiplica varias veces. En noviembre del año pasado, según una estimación del entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un millón de chicos se encontraba en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a efectos de la exclusión y de la marginalidad, y 400.000 no estudiaban ni tenían trabajo.
Hoy, ese universo rondaría los 600.000 jóvenes de entre 14 y 20 años, de acuerdo a declaraciones de los curas villeros (no por casualidad hasta hace 20 años se los llamaba obreros) que trabajan en las zonas de San Isidro y Tigre.
La falta de políticas específicas para los jóvenes y la ineficacia de los circuitos de tratamiento fue reconocida en su momento por Arroyo, que admitió que las limitaciones presupuestarias repercutían en el funcionamiento del sistema, al punto tal que sólo uno de cada diez pesos que manejaba su cartera se destinaba a minoridad.
Este tema preocupa fundamentalmente a quienes trabajan en barrios pobres y en villas, sobre todo porque son cientos de miles de jóvenes que quedan expuestos a las mafias de la droga y el crimen.
Para Hilda González de Duhalde se corre el riesgo de ver a estos jóvenes como potenciales delincuentes. “Eso es muy peligroso. Y no es así. Desde ya que no es así. Lo que hay que dejar de hacer es ocuparse cuando ya tienen problemas. Hay que atender a la población en riesgo desde que nace, como hicimos en su momento”.

Un informe para que la prensa informe mejor

2009-08-19T15:14:00.000-07:00

Publicó Página 12
18 de agosto de 2009

El estudio anual del Capítulo Infancia de Periodismo Social revela que el 65 por ciento de las notas en las que se escribe sobre adolescentes sospechosos de haber cometido un delito, se los menciona con términos peyorativos. Desde “menor” hasta “piraña”, nunca niño.

Por Carlos Rodríguez

Cuando los periodistas escriben sobre adolescentes sospechosos de haber participado en algún hecho delictivo, el 65 por ciento de las notas contiene términos peyorativos o discriminatorios, según un estudio realizado, a lo largo de 2008, por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, mediante la lectura de 120 mil noticias publicadas “en los 22 diarios más representativos del país”. El término “menor”, empleado a secas, casi como un estigma, sigue siendo “el término peyorativo más común”, aunque también se los presenta como “rateros”, “pibes chorros”, “hampones” o incluso como “pirañas”, si los acusan de cometer hechos sin mayor importancia atacando entre varios a una sola persona. En muchos casos se los condena de antemano, aunque una de cada cuatro de las noticias analizadas –el 25 por ciento del total– fue publicada sin citar fuente alguna. O, en el mejor de los casos, mencionando a “una alta fuente policial”. El informe, al que tuvo acceso Página/12, será presentado hoy, a las 9.30, en el Centro Cultural Rojas, con la presencia, entre otros, de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema.

En el informe, denominado “El encierro mediático”, se afirma que en la mayoría de los casos las noticias sobre chicos en problemas con la ley “se elaboraron con datos que no fueron contrapuestos con ninguna otra voz o que no dieron cuenta del origen de la información, con estadísticas que no surgen de ninguna investigación hecha en profundidad, con percepciones que se transformaron en titulares, que adquirieron el status de exactitud y que los diarios publicaron sin cuestionarlas ni contrastarlas”.

A partir de esas noticias se elabora un mensaje que afirma que “cada vez más chicos menores de edad cometen delitos”. Para justificar esos dichos, la mayoría apela a “números ‘reservados’, ‘extraoficiales’, testimonios de ‘altas fuentes policiales’ o ‘fuentes judiciales que pidieron reserva’, testimonios y sensaciones de vecinos y expertos”. Los diarios informaron varias veces, en 2008, que “los hechos cometidos por chicos crecieron significativamente”, algo que “no figura en ninguna estadística seria y rigurosa”, y que es “rebatida con números oficiales”.

La oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación, tomando como base datos de las fiscalías de menores de la ciudad de Buenos Aires, precisó que mientras que en 2007 hubo “3716 chicos acusados y condenados por delitos contra la propiedad, en 2008 ese número fue de 2715”. En ese marco, siempre con la Procuración como fuente, los delitos contra la integridad sexual protagonizados por chicos cayeron de 67 en 2007 a 55 en 2008, mientras que bajaron también, de 25 causas a nueve, las relacionadas con casos de homicidios simples.

Las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito ocuparon el 2,1 por ciento del total de las notas sobre infancia en los diarios monitoreados, cuatro veces más que la cifra (0,4 por ciento) alcanzada en 2007. Por primera vez desde 2004, cuando el Capítulo Infancia de Periodismo Social hizo su encuesta inaugural sobre “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, el tema de la Educación superó, con un 23,5 por ciento, a las notas sobre Violencia, en segundo lugar con un 22,2 por ciento.

En 2008, la agenda mediática estuvo dominada, gran parte del año, por el asesinato del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea, por el que se imputa a un adolescente, y por el debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. En ese marco, sostiene el informe, las tapas y páginas de los diarios dedicadas a hechos que involucran a chicos y chicas se completan con las mismas preguntas: “¿Qué hacer? ¿Qué penas aplicar? Casi siempre con las mismas respuestas: más castigo, más encierros”.

El debate hace foco “en el aspecto penal del problema y no en sus causas sociales”. Ese debate aporta “poco y nada” a buscar soluciones sobre la “real situación de esos chicos”, a tener en cuenta “los derechos y garantías que tienen los chicos para ser juzgados, en los aspectos preventivos del problema, ni en el destino de ellos”.

Entre los ejemplos de términos peyorativos o discriminatorios se mencionan tres ejemplos contundentes:

1 “Cordobecitos rateros atemorizan a víctima”. Así se habla, desde el título aparecido el 5 de marzo de 2008 en un diario de tirada nacional, sobre el caso de unos chicos imputados de robar en una casa en ausencia de sus ocupantes;

2 “Menores patoteros golpearon salvajemente a dos hermanos”. Título de un diario norteño, el 13 de abril de 2008, sobre chicos de entre 14 y 16 años que se pelearon con otros de su misma edad “aparentemente bajo los efectos de estupefacientes”;

3 “Ataque ‘piraña’ contra un gendarme: 8 jóvenes le dan una feroz paliza para robarle”. En este caso, publicado el 4 de abril de 2008 en un diario de tirada nacional, se dice que el calificativo de “pirañas” surge de la “jerga policial” y, aunque todo hace suponer que es un caso aislado, igual el medio se pregunta si se trata de “una nueva modalidad delictiva en el conurbano” bonaerense.

Sobre este punto, el informe dirigido a periodistas y editores de los medios afirma que “es importante para hablar de los adolescentes en conflicto con la ley evitar el uso de términos como ‘menores delincuentes’, ‘joven delincuente’, ‘precoces delincuentes’, ‘menor infractor’. Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento, y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales”.

Las expresiones más apropiadas, serían, por ejemplo, que son “adolescentes en conflicto con la ley penal”, “adolescentes que cometen delitos” o “adolescentes infractores”, ya que definen la situación en la que se encuentran en lugar de ‘demonizarlos’ o ‘marginarlos’ por su conducta”. También se cuestionan títulos como “Radiografía de los pibes chorros” o infografías en las cuales se muestra a chicos con cierta vestimenta que incluye gorras con visera y posturas que los incriminan sólo por su aspecto.

Los derechos del niño en el sube y baja

2009-08-19T15:09:00.000-07:00

Publicó Diario Página 12
18 de agosto de 2009

Por Tomás Ojea Quintana *

Los senadores de la Nación dictaminaron un proyecto de ley en el que convergen dos reclamos sociales: por un lado, el reclamo de terminar con la ley de patronato de la infancia y crear un régimen penal juvenil acorde con la Convención de Derechos del Niño. Por otro lado, el reclamo de mayor seguridad mediante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

¿Por qué el pedido de bajar la imputabilidad fue acoplado al proyecto de creación de un régimen penal juvenil? Son exigencias absolutamente distintas. La creación de un sistema judicial juvenil es una obligación legal del Estado derivada de la Convención de los Derechos del Niño. La baja de la edad de imputabilidad no es de ningún modo una obligación del Estado; muy por el contrario, la obligación es no bajarla, porque compromete los derechos de los niños y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.

Si se bajara la edad de imputabilidad ya podría afirmarse legalmente que un chico de 14 años puede ser un delincuente. Y esto genera un cambio absoluto de paradigma en los numerosos actores que intervienen en el tema. En primer lugar, la sociedad argentina misma empezaría a cambiar la forma de tratar a los adolescentes, sobre todo los más pobres. Serían cada vez más sujetos peligrosos, y cada vez menos sujetos de derechos. Después, las fuerzas de seguridad cambiarían su mirada y su accionar, y comenzarían a tratar a chicos de 14 como sujetos de persecución penal y policial, valiéndose de la violencia estatal. Con esa nueva mirada policial, la vida de estos chicos en la calle será mucho más peligrosa. También los grandes medios de comunicación dejarían de dudar en llamar a un menor delincuente y tendrían vía libre para desplegar todo el morbo de que son capaces cuando ocurren hechos que involucran a adolescentes. Pero más grave que ello es que los propios chicos, frente a un Estado que les dice “ustedes pueden ser delincuentes, pueden ir a la cárcel, deberán soportar la fuerza de la policía”, se verán obligados a cambiar la idea que tienen sobre sí mismos y su futuro. Ahora tendrán enfrente cada vez menos un Estado protector, y cada vez más un Estado policial.

Además de esto, si se va a aplicar un régimen penal a un chico de 14 años, debemos recordar cómo funciona el régimen penal de adultos, porque los mismos problemas pueden repetirse: el derecho a defensa está totalmente deteriorado desde que las defensorías oficiales están colapsadas; las prisiones preventivas sin sentencia son extremadamente excesivas; es recurrente el maltrato policial y penitenciario; los alojamientos penitenciarios son crueles y degradantes; los jueces y fiscales desconocen la situación de vulnerabilidad.

Hay pocos consensos tan extendidos en nuestra sociedad como el que afirma que a mayor educación, menos delitos. ¿Por qué entonces los legisladores se proponen reforzar el sistema penal y bajar la edad de imputabilidad? Digamos las cosas por su nombre: el sistema penal reparte penas, no derechos sociales; como las arenas movedizas, más te movés ahí adentro, más te atrapa. Es de una ironía cruel que a 14 años de la reforma educativa, que dejó a más de la mitad de los jóvenes sin terminar la escuela, se decida hoy responsabilizar penalmente a las chicas y chicos que nacieron con ella.

* Red por los Derechos de los Jóvenes.

Informe Comite contra la tortura

2009-08-19T05:27:00.001-07:00

6 de agosto de 2009

PRENSA

COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PRESENTACION DEL INFORME ANUAL 2009

Creciente número de detenidos y más violencia en cárceles y comisarías, aumento del número de suicidios en los institutos de menores y fuertes críticas a la política penal y de seguridad de la gestión Scioli son algunos de los datos y señalamientos del informe que será presentado el jueves 6 de agosto por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

El jueves 6 de agosto a las 18 el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, presentará públicamente su Informe anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos en ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales

Participarán del panel de presentación Leonardo Franco, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pilar Calveiro profesora-investigadora de la Universidad de Puebla, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura, y Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, co-presidentes de la Comisión por la Memoria. El acto se llevará a cabo el 6 de agosto a las 18 horas en el Colegio de Abogados de La Plata, calle 13 e/ 48 y 49 de La Plata.

En la presentación estarán presentes además, los restantes miembros del plenario de la Comisión: Laura Conte , Aldo Etchegoyen ,Víctor Mendibil, Elisa Carca, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun , Tito Cossa,

Daniel Goldman, Luis Lima, María Verónica Piccone, Carlos Sánchez Viamonte, Martha Pelloni, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimaci, Víctor De Gennaro y Alejandro Mosquera.

Antes de su presentación pública, una delegación de la Comisión se entrevistó en la tarde de hoy y entregó el informe al plenario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y , en representación del Poder Ejecutivo, al Ministro de Justicia Ricardo Casal.

El Sistema de la crueldad IV está estructurado en tres grandes partes: políticas penitenciarias y situación carcelaria; políticas de niñez y adolescencia y situación en los institutos de menores; políticas de seguridad y situación de comisarías. Un último capítulo se ocupa de hacer un balance sobre la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura. El diagnóstico, en todos los casos, se hizo desde el prisma de la corresponsabilidad de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éste es el cuarto informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención producido por el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.

“Nuestro balance sobre las políticas penitenciarias, penales y de niñez desplegadas por la gestión del gobernador Scioli, es muy crítico, aunque hemos tenido una convivencia institucional respetuosa. Creemos que fortalece la institucionalidad democrática de la provincia que existan mecanismos de control autónomos de los gobiernos de turno. En este sentido, la tarea que despliega la Comisión por la Memoria en los lugares de detención de la provincia se ajusta a los establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura”, afirmó Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la Comisión por la Memoria.

“Desde una perspectiva general uno de los hechos más preocupantes del año pasado es la aprobación de una reforma procesal penal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Los legisladores la votaron sin la menor preocupación por su impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario. Las consecuencias ya son evidentes, si sumamos población alojada en cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo”, señaló Hugo Cañon, que participará el jueves del panel de presentación del Informe.

En la introducción general del Informe 2009, uno de los párrafos más críticos está dedicado a las políticas de seguridad: “La gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. A contramano de una serie de cambios introducidos por la gestión del ex - ministro de Seguridad León Arslanián, que aspiraba al control político de la institución policial, la actual gestión ha retomado el camino de ceder el autogobierno a la propia policía. Se volvió a las lógicas de centralización del poder; se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial, formalizando el retorno a una estructura centralizada en comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador”.

A modo de síntesis

Los siguientes son algunos de los conceptos y datos más destacados desarrollados en el Informe 2009 del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.

Población carcelaria: a marzo de 2008 ascendía a 21.104 detenidos, cifra que creció a 24.180 para el mismo mes de 2009. En comisarías creció de 2.782 detenidos en diciembre de 2007 a 4.142 personas en marzo de 2009. En total, la provincia tenía a marzo de este año 28.322 personas detenidas.

Más mujeres detenidas: la población femenina de las unidades carcelarias de la provincia ha crecido en el último año: mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el 2008 representan el 4,1% del total de detenidos. Ese crecimiento se explica en buena medida por el aumento significativo del porcentaje de mujeres detenidas y acusadas de tenencia simple de estupefacientes.

Muertes: durante el año 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10 % con relación al 2007, en que murieron 101 personas. Siguiendo la clasificación del Servicio Penitenciario, las muertes traumáticas (producto de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41% del total. En 31 establecimientos fallecieron personas que estaban al cuidado del Estado. La U.1 de Olmos fue donde murieron la mayor cantidad de personas: 15. Las muertes no traumáticas representan el 57 % del total. Muchas son evitables y tienen origen en enfermedades que de tratarse de manera adecuada pueden curarse (casos de pacientes con VIH y TBC).

Hechos violentos: de acuerdo a los informes remitidos por el propio Poder Judicial, ascienden a 7.027 en el transcurso del año 2008, esto es más de 585 hechos mensuales. Estos hechos se agrupan conforme la propia clasificación efectuada por el SPB: pelea entre varios internos, pelea entre dos internos, agresión entre internos, autolesión, accidente, agresión al personal, amenaza al personal e intento de suicidio.

Represión con balas de goma: los hechos de represión dentro de las cárceles se han constituido en la herramienta preponderante para resolver las situaciones conflictivas que se generan. Aunque el personal penitenciario, por la Ley de Ejecución Penal, tiene limitado el uso de armas, la represión con balas de goma ha sido utilizada al menos en 1.487 oportunidades durante 2008, o sea alrededor de 123 hechos por mes.

Gobernabilidad carcelaria: asume en las cárceles provinciales distintos diseños de parte del Servicio Penitenciario Provincial. En este informe se discriminan y analizan dos: a) unidades donde se delega el gobierno en los detenidos; y b) unidades donde no se delega ningún espacio de gobierno. Un ejemplo del primer diseño lo constituye la Unidad 1 de Olmos, donde la tercerización de cierto ejercicio de la fuerza, violencia y sometimiento se hace evidente al revisar un solo dato: en una de las inspecciones realizadas por este comité, se constató que había un total de aproximadamente 23 penitenciarios por turno como guardianes de casi 1.800 presos. Esta cifra demuestra la obvia delegación de la organización interna de los pabellones y la zona liberada para la gestión de sistemas endógenos de dominación y sometimiento. Un ejemplo de la segunda forma de gobernabilidad –allí donde el SPB no delega el control- es la Unidad 30 de Alvear, que aloja a 1.600 detenidos (casi tantos como Olmos). Allí la autoridad penitenciaria demarca constantemente la lógica de la máxima seguridad y el aislamiento, con circulación mínima dentro del penal. Los detenidos pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas (22 horas promedio). La circulación y las actividades son escasas, muy controladas y organizadas; las requisas y cacheos son sistemáticos. Ambos diseños de gobernabilidad son extremadamente violentos: mientras la U.1 de Olmos registra la mayor cantidad de muertes, la U.30 registra el mayor índice de torturas, malos tratos y hechos de violencia.

La tortura y los tratos crueles e inhumanos: el Estado provincial no ha construido políticas que se orienten expresa y sistemáticamente a prevenir, sancionar o identificar los hechos de tortura que se ejecutan en las cárceles provinciales. La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles provinciales. El Comité contra la Tortura presentó, durante el año 2008, 761 hábeas corpus individuales que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estos hechos constituyen tortura.

Agresiones físicas: de un total de 266 encuestas realizadas en 5 unidades penales de la provincia, el 72 % de los detenidos reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más jóvenes y los primarios son porcentualmente más agredidos que los mayores y los reiterantes. El 25 % de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones por parte del personal penitenciario durante el año 2008. Si se analizan los datos por unidad, el porcentaje es especialmente alto en la Unidad 29 de Melchor Romero, donde el 60% de las detenidas entrevistadas reconoce haber sido agredida físicamente por el personal penitenciario. Las agresiones físicas a las detenidas son producidas tanto por personal penitenciario femenino como masculino. En las unidades penales destinadas a alojar mujeres está designado personal masculino que, aunque formalmente no debería mantener contacto directo con las detenidas, interviene ante situaciones de conflicto y en los traslados.

Picana eléctrica: durante el año 2008 se probó judicialmente un nuevo caso de pasaje de corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, debemos señalar una agilización de los dispositivos institucionales tendientes a obtener la prueba. La creación, en el ámbito de la Procuración General, de la Dirección de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, a cargo de la Dra. Virginia Creimer, fue una saludable decisión de la procuradora María del Carmen Falbo. Esta celeridad en la primera etapa de las investigaciones no tiene su correlato en lo que sucede luego: las causas avanzan morosamente y en general no permiten individualizar a los torturadores. El primer caso de pasaje de corriente eléctrica probado en democracia, el de Cristian López Toledo -tres años y medio después de ocurrido- se encuentra prácticamente sin movimiento en la U.F.I. 7 de La Plata. En el segundo caso, el de Julio Esteban Ortiz, tampoco fue posible identificar a los perpetradores.
El aislamiento: el aislamiento en los buzones de las cárceles provinciales constituye una de las formas más extendidas de tortura y crueldad sobre los detenidos. Esta medida se cumple en los llamados pabellones de separación del área de convivencia. Es allí donde se registra mayor violencia física (golpizas), además del padecimiento psicológico por el aislamiento y las condiciones de detención. El encierro es en celdas de 2 x 1,5 metros, con doble puerta, durante 23 ó 24 horas al día, muchas veces sin agua potable, con sanitarios que no funcionan, falta de luz, de calefacción, y sin acceso a patio, escuela o trabajo.

Los traslados: el régimen de traslados de detenidos, o calesita, es una medida de de castigo y disciplinamiento desplegada por el Servicio Penitenciario sin control del Poder Judicial. Desde enero a noviembre de 2008 se hicieron efectivos un total de 47.709 traslados. Para citar sólo un ejemplo: sobre una encuesta realizada a 30 detenidos de 5 pabellones diferentes, el día 4 de noviembre de 2008, en la U.17 de Urdampilleta, surgió que el 93% de los detenidos entrevistados había sido trasladado en el último año y que el 54,2% fue trasladado más de 6 veces en ese período. Los traslados permanentes y sistemáticos afectan la vinculación familiar, el acceso a la educación, la justicia y la salud de las personas privadas de libertad. Además, los móviles de traslado no están preparados para alojar mujeres y se encuentran bajo la custodia de personal de seguridad masculino.
Prisión preventiva: un dato relevante es el alto porcentaje de mujeres detenidas con prisión preventiva: un 85 %, un porcentaje aun mayor que el de los hombres (76%). En el caso de las mujeres el uso excesivo de la prisión preventiva produce un fuerte impacto negativo sobre su núcleo familiar: problemas vinculados al acceso a la salud y la educación de los niños que conviven con su madre en prisión, institucionalización de los restantes hijos al momento de la detención, ruptura de los vínculos familiares a partir de los traslados de las detenidas por distintas unidades penales.

Mujeres en prisión con sus hijos: la U.33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos aloja a la mayoría de las mujeres detenidas embarazadas y de las detenidas que conviven con sus hijos en prisión. Mientras que en julio de 2008 había allí 71 niños y 23 mujeres se encontraban embarazadas, en abril de 2009 el número aumentó a 82 niños y 25 mujeres embarazadas. Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones. Excepto en la U.33, no existen pabellones destinados exclusivamente para esta población. A partir del amparo colectivo presentado por este Comité a favor de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres (mayo 2007), se han notado avances en las políticas publicas tendientes a garantizar el acceso a la educación. El Ministerio de Desarrollo Social no ha implementado políticas públicas que establezcan el modo en que debe realizarse las salidas extramuros, el régimen de visitas o vinculación de los niños que residen en prisión con su familiares u otras instituciones. Situación que permiten acciones arbitrarias e ilegales por parte del Servicio Penitenciario que disponen el modo en que se realiza la externación de un niño una vez cumplido los 4 años de edad

Políticas de salud: el presupuesto para el área no se independiza, no crecen los recursos disponibles ni se extienden las funciones del personal de salud. De este modo, la reestructuración que impulsara el Ministerio de Justicia a través del decreto 950/05 se convierte en una disputa alrededor de la distribución de recursos y su gestión. Las consecuencias son detenidos que no se tratan, no disponen de medicamentos ni de traslados a hospitales, y mueren por enfermedades evitables.

Historias clínicas: los registros en la historia clínica son incompletos y no dan cuenta de las denuncias por apremios, golpes o torturas. Por el contrario, en general los certificados médicos se limitan a una serie de señalamientos de síntomas hechos en lenguaje técnico biológico, sin hacer lugar a la palabra del detenido ni señalar las marcas en sus cuerpos. El sistema sanitario gestiona cuerpos de forma tal que la violencia ejercida es invisibilizada o considerada como natural. Al no haber un sistema de examen diagnóstico del estado de salud general de los detenidos ni un seguimiento de los casos, el detenido llega al médico cuando la gravedad desborda o cuando el problema se cronificó. La mayoría de las unidades penitenciarias cuentan con médicos de guardia con una carga horaria de 25 horas, desempeñada una vez por semana. En su mayoría, no recorren pabellones ni el sector de separación (buzones) para relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal de seguridad. El sistema de atención de la salud está inserto en la lógica de violencia carcelaria, y la seguridad y disciplinamiento prevalecen sobre el derecho a la salud.

El subregistro de los casos de SIDA: en enero de 2009 el número estimado de personas con VI H-SIDA sería de 483 (2.06%). Es decir que la cantidad actual de detenidos con VIH-SIDA rondaría el 2% de la población general penitenciaria, un porcentaje que sorprende cuando se lo contrasta con los porcentajes en cárceles de países centrales. Por citar sólo un caso: el promedio español es de un 18 % de detenidos con VIH-SIDA.

Muertes por SIDA: según estadísticas oficiales, el 19% de la cantidad total de los fallecidos en el año 2008 en las cárceles de la provincia, lo fue por consecuencia del VIH-SIDA. Asimismo, representan el 35 % de las muertes por causa natural. Los datos presentan un subregistro importante, ya que el diagnostico de defunción indica paro cardiorrespiratorio no traumático. Por lo cual hay que agregarle la certeza de que en el restante porcentaje de muertes por causa natural habrá más personas fallecidas por esta causa.

Violencia institucional e investigación judicial: la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad dentro de los lugares de encierro (cárceles, comisarías e institutos de menores) y en ocasión de intervenciones policiales en la vía pública (averiguaciones de antecedentes, detenciones, represión de manifestaciones, etc.) es denunciada, en algunos casos, ante la justicia penal. Estos hechos pocas veces son investigados en profundidad y casi nunca llegan a obtener una sentencia en el sistema judicial provincial. La base de datos construida en el Comité contra la Tortura incluye once mil expedientes con denuncias contra fuerzas de seguridad. Para el periodo 2000-2008, el 60% de las causas se registra en trámite mientras que el 37% se reporta el archivo. Sólo el 1% de las causas fue elevado a juicio, en tanto que en el 2% restante se ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la incompetencia. Esta enorme brecha habla claramente de las dificultades que un ciudadano tiene para acusar y lograr una sanción para los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen delitos. Esta comprobación es en sí misma un llamado de atención para impulsar políticas judiciales orientadas a modificar la situación.

La calificación de las causas: el 77% de las causas judiciales contra personal de las fuerzas de seguridad en el territorio provincial se origina en denuncias por apremios ilegales. Siguen en orden decreciente las denuncias por lesiones (3%) y amenazas (3%) y, luego, las privaciones ilegales de la libertad (2%). Un dato a subrayar es entonces la forma en que se califican los expedientes: la gran mayoría es tipificada como apremios ilegales y existen en cambio poquísimos casos caratulados como tortura. Los apremios ilegales prevén una pena de 1 a 5 años y son por tanto excarcelables. La tortura prevé penas de 8 a 25 años que no permiten la excarcelación del imputado. Del total de causas registradas sólo 8 son calificadas como torturas.

Violencia institucional, distribución por fuerzas y departamento judicial: en el año 2008 se registran 877 denuncias judiciales. La policía provincial tiene 321 denuncias (58%); el SPB tiene 216 denuncias (39%), en tanto que el 3% restante (14) son denuncias contra otras fuerzas de seguridad. En el año 2008, los departamentos judiciales que reúnen el 85% del total de las denuncias son La Plata (16%), Mar del Plata (16%), San Martín (15%), Morón (14%), La Matanza (8%), Dolores (7%), Quilmes (6%) y Azul (5%).

Muertes e investigación judicial: un relevamiento realizado en el Departamento Judicial de La Plata permite analizar cómo los fiscales investigan las muertes acontecidas en las cárceles. El Complejo Carcelario de La Plata y Magdalena comprende 16 unidades. En ellas acontecieron 52 casos, esto es el 46 % del total de 112 muertes. De la totalidad de estas muertes, se inició causa judicial en 37 de ellas. En 15 casos (el 29 %), directamente no se formó investigación penal preparatoria. Los informes médicos que llegan a las fiscalías adjudicando la muerte a causas naturales son elemento suficiente para convencer al fiscal de que no hay delito ni responsabilidad penal de ningún funcionario público. En ninguno de los casos de muertes clasificadas como traumáticas (suicidios, peleas o heridas de arma blanca) se investigó el desempeño del personal penitenciario por acción u omisión en su ocurrencia.

Las sentencias de hábeas corpus: de la lectura de 207 resoluciones judiciales derivadas de las presentaciones de hábeas corpus efectuadas por el Comité Contra la Tortura, es posible llegar a algunas conclusiones significativas. En 123 sentencias (59,42% del total) los jueces para resolver sólo se basaron en lo informado por el Servicio Penitenciario. Resulta que quienes son denunciados son los que aportan la información determinante para resolver la denuncia presentada. A esto debe agregarse el alto porcentaje de casos en los cuales ni siquiera se mantiene audiencia con el destinatario de la acción, requisito establecido en el artículo 412 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Naturalización de las condiciones de detención: asimismo se desprende de los fallos judiciales que no obstante denunciarse una serie de actos lesivos vinculados a régimen de vida o condiciones de detención, muchas veces no son abordados ni evaluados en las sentencias. Esto parece responder a la banalización por parte de los operadores judiciales de ciertas condiciones de detención, que por extendidas han pasado a ser consideradas normales, pero que en términos legales constituyen un claro agravamiento de las condiciones de detención.

Inversión por detenido: calculada la población carcelaria en 24.400 detenidos (cifra oficial de marzo de 2009), esto significa que por todo concepto el Estado provincial invierte $ 48.549 anuales en cada detenido, esto es $ 4.045 mensuales. Este monto contrasta con las pobres condiciones materiales que se relevan cotidianamente en los penales provinciales y la carencia de elementos de higiene, medicamentos, alimentos. El Ministerio de Justicia no impulsó tareas de auditoría independientes ni jerarquizó debidamente al cuerpo de funcionarios que tenían por misión realizar controles sobre las entregas de proveedores en las distintas unidades.

Investigación judicial y denuncias de corrupción: las causas de corrupción que pudieron relevarse y se encuentran en etapa de investigación judicial no han avanzado: no hay imputados, no se adoptaron nuevas medidas o diligencias judiciales, no existieron sanciones administrativas. Son causas que investigan pago de sobreprecios de insumos alimentarios, irregularidades en la compra de insumos y en el manejo de caja chica, medicamentos y horas extras.

Implementación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. La ausencia de decisión política y la falta de presupuesto para su implementación frustraron el espíritu de ambas normas, que proponían un abordaje integral en términos de derechos para los niños y jóvenes. No se crearon los dispositivos preventivos, asistenciales y de contención contemplados por la ley, no se modificaron las condiciones indignas de alojamiento y tratamiento en institutos y centros de recepción, y tampoco se lograron bajar los niveles de institucionalización de niños y adolescentes. En síntesis, en la provincia de Buenos Aires, al no destinarse los fondos indispensables, los mecanismos previos y complementarios del sistema de responsabilidad penal juvenil aún no funcionan.

Violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar aproximadamente 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción, aunque la población con causas penales es mayor.

Muertes de jóvenes en institutos provinciales: fallecieron cuatro jóvenes por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en sucesivas inspecciones a los lugares de detención de jóvenes un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones. Éstas no constituyen casos aislados sino una posibilidad latente en estas macro-instituciones de encierro que carecen de actividades y no ofrecen la posibilidad de trabajar con los jóvenes la dimensión de lo sucedido, el delito que cometieron y mucho menos la elaboración de un proyecto de vida. Este sistema, que se repite en la mayoría de las instituciones inspeccionadas, no se aplica del mismo modo en dos de los centros de recepción de la provincia de Buenos Aires: el de Mar del Plata y el de Malvinas Argentinas. Excepto en las dos instituciones mencionadas, que aún están experimentando la nueva dinámica (con las dificultades que provocan los aumentos constantes de la población, el hacinamiento y la falta de recursos genuinos), el resto continúa con regímenes arcaicos que poco se diferencian de los mecanismos carcelarios que privilegian premios y castigos y no derechos y deberes.

Acceso a la educación: en algunos centros constatamos que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes: el Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del Ministerio Público, en virtud de lo establecido en acordada 2825. Durante el año 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total de denuncias, 74 corresponden a comisarías (94%) y 5 a instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (6%). Las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Menores de edad en comisarías: la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

Comisarías: al mes de diciembre de 2007, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendía a 2.782. En marzo de 2009 ascendía a 4.142 personas; es decir, 1.460 detenidos más. Las condiciones de alojamiento en las dependencias policiales continúan siendo gravosas. Al pésimo estado edilicio de los calabozos se suma la deficiente y muchas veces inexistente atención médica, la escasa provisión de comida, la imposibilidad de acceder al teléfono, la falta de colchones ignífugos y de frazadas, todo esto agravado al extremo en los casos en que hay sobrepoblación. Existen comisarías que tienen hace años órdenes de clausura y otras sobre las que pesan medidas cautelares, sin que por ello se proceda a ponerlas en condiciones y/o a cumplir medidas judiciales de antigua data. Esto es particularmente grave en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y Quilmes, con sentencias judiciales que se incumplen sin consecuencia alguna, responsabilidades que se diluyen y personas que permanecen detenidas en condiciones aberrantes

Reforma del estatuto policial: se sancionó un proyecto de ley que modifica el estatuto policial, formalizando la vuelta a una estructura centralizada en comisarios y regresando a la vieja estructura que se ganara el mote de maldita policía. Además de re-centralizar el mando en cabeza de un jefe policial, este nuevo proyecto desalienta la profesionalización de la fuerza y suprime el requisito de poseer título universitario para acceder a los cargos de mayor jerarquía. También modifica el sistema de ascensos de manera substancial, rompiendo el esquema de ascensos por merito y formación y retorna al ascenso por tiempo y selección, que permite mayor discrecionalidad en las decisiones fomentando los nombramientos a dedo.

Prácticas policiales, la detención por averiguación de identidad: si bien los cambios producidos en la normativa que regula las facultades y accionar de la policía de la provincia modificaron substancialmente el objetivo central de la antigua averiguación de antecedentes por uno nuevo y específico -la averiguación de identidad- han dejado en su redacción un margen amplio de discrecionalidad. Esto, sumado a la vaguedad de la previsión legal y a la ausencia de control judicial sobre dichas prácticas, permite que sea el arbitrario sentido común policial el que determine cuándo pueden ser vulnerados los derechos constitucionales a la libre circulación y a no ser detenido sin orden de autoridad judicial.

Detener más no significa detectar más delitos: en las entrevistas mantenidas con los titulares de las dependencias policiales del casco urbano de la ciudad de La Plata, la detención por averiguación de identidad fue caracterizada como una efectiva herramienta de prevención de delitos. El Estado provincial no realiza análisis ni estudios de los resultados que arroja su utilización. De los datos obtenidos a través de las actas analizadas por el Comité Contra la Tortura, surge que los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. De un total de 658 detenciones, sólo en dos casos (0,30%) se iniciaron actuaciones por delitos tipificados en el código penal. Estos datos nos permiten poner en tensión tanto la eficacia de la aplicación de la detención por averiguación de antecedentes en la prevención y represión del delito, como el denominado sentido común u olfato policial, a la vez que reafirmar que la defensa de estas prácticas discrecionales de la policía tiene su raíz en criterios estigmatizantes y la utilidad como herramienta de extorsión en el marco de la actividad recaudatoria de la institución policial.

La implementación del Protocolo Facultativo en la Lucha contra la Tortura: Argentina ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que cuenta con jerarquía constitucional. Esta ratificación implica el compromiso de los Estados nacional y provinciales de crear un mecanismo nacional de control de lugares de detención, a fin de prevenir la tortura. Estos mecanismos tienen por fin realizar visitas regulares y periódicas de monitoreo a lugares de detención, visitas que deben ser realizadas por órganos de expertos que cuenten con independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Ejecutivo. Nuestro país está en mora en la implementación de estos mecanismos de control, a pesar de diferentes proyectos (uno elaborado por más de veinte organismos de derechos humanos) que se encuentran tramitando en el Congreso nacional. Por otro lado, el Gobierno nacional ha propuesto para la Procuración Penitenciaria nacional (organismo de control de cárceles federales) a una candidata que no cuenta con independencia para dicho cargo y que además ha negado la existencia de la tortura en los penales federales. Ambos aspectos marcan un retroceso en la prevención y lucha contra la tortura en nuestro país.

Miembros:

Adolfo Perez Esquivel, Hugo Cañón , Laura Conte , Aldo Etchegoyen ,Víctor Mendibil, Elisa Carca , Elizabeth Rivas , Mauricio Tenembaun , Tito Cossa,

Daniel Goldman, Luis Lima, María Verónica Piccone, Carlos Sanchez Viamonte, Martha Pelloni, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimaci,

Víctor De Gennaro, Alejandro Mosquera

Consultor Académico: Leopoldo Schiffrin

PARA AMPLIAR.

HUGO CAÑON : (011) 1544901212

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: (011) 15 5853 8829

ROBERTO CIPRIANO : (0221) 15 601 7695

ANA CACOPARDO : (011) 15 5736 7109

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Menores en el delito: ¿el otro día del niño?

2009-08-10T05:13:00.000-07:00

Publicó Diario Hoy
10 de agosto de 2009

Al cumplirse un año del nuevo sistema del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a un relevamiento estadístico de las tres fiscalías que funcionan en La Plata. Se iniciaron más de 2.600 causas, en un 9% fueron protagonistas mujeres y más de la mitad de los delitos fueron robos

La banda de la frazada, los pibes poxi, la pandilla de la glorieta, la de plaza San Martín, la de Chucky, la de Josecito, la de Blanquito o el Rusito, las que lideran algunas “pibas chorras” caen una y otra vez. Y esa es la repercusión mediática, si tienen 30, 40 o 50 entradas en las comisarías. Pero poco se dice de las fallas del sistema, en especial del estatal, que no contiene, no resocializa, no reeduca. El fuero penal aparece incapaz por sí solo para prevenir y combatir estos delitos cada vez mayores, en manos de cada vez más menores.

Al cumplirse un año de la puesta en marcha en la Provincia el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a las estadísticas producidas por las tres fiscalías de responsabilidad penal juvenil de La Plata durante el período entre el 15 de julio de 2008 y el 15 de julio de 2009.

De acuerdo al informe, se iniciaron más de 2.642 causas, de las cuales en 1.278 fueron identificados los autores, y de ellos un 9% correspondieron a mujeres.

Del informe del ministerio público se desprende que unas 700 causas los autores son punibles, y unas 330 a menores de 16 años.

De los delitos investigados, sobre un total de 402 casos, 215 corresponden a robos, 39 fueron lesiones, 36 hurtos, 20 daños, 17 amenazas, 12 resistencia a la autoridad, 11 encubrimiento, 10 por infracción a la ley de Drogas, 6 por abusos sexuales y tenencia o portación de armas y 5 homicidios. En tanto, 25 hechos fueron calificados como “otros”.

Como se recordará, a esta nueva estructura le corresponden todos aquellos casos que tengan como protagonistas a menores de edad, los cuales, si tienen entre 16 y 18 años, ahora cuentan con las mismas garantías procesales que los mayores.

La existencia del nuevo fuero fue concebida desde que, años atrás, la edad de imputabilidad de las personas fue bajada de los 18 años a los 16.

Actualmente, los adolescentes de 16 y 17 años son juzgados con los mismos procedimientos que los mayores, aunque las penas son distintas. Al fuero también le corresponde actuar cuando son
vulnerados los derechos de los menores. En esos casos, los adolescentes pueden ser alojados en las distintas instituciones que funcionan con esos fines, muchas de las cuales atraviesan serios problemas económicos.

Dos fallos polémicos

En La Plata se resolvieron dos fallos muy importantes. Uno, resuelto por el juez Fabián Cacivio, declaró la inconstitucionalidad de la detención policial. Otro, de Luis Arias, que impidió apresar a los menores por contravenciones.

De acuerdo al Comité contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

En otro orden, vale la pena destacar que desde que se puso en marcha el nuevo sistema, tanto la Suprema Corte como la Procuración advirtieron al Poder Ejecutivo que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se había lanzado sin los recursos presupuestarios, técnicos y humanos suficientes.

Quizás por esa situación, el sistema ya se tragó dos subsecretarias de Minoridad del ministerio de Desarrollo Social, Marta Arriola y Susana Tabolaro. También debió renunciar el ministro Daniel Arroyo.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes

Esta semana, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial presentó el Informe Anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales. El documento destacó las violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción.

Con respecto a las muertes de jóvenes en institutos: fallecieron cuatro por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en inspecciones a los lugares de detención un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones.

Según el informe, en algunos centros se constató que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

El Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del ministerio público, en virtud de lo establecido en la acordada 2.825.

Durante 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total, 74 corresponden a comisarías y 5 a instituciones dependientes de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. De acuerdo al informe, las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Cuatro preguntas a un año de la implementación del fuero

A un año de la implementación del Fuero Penal Juvenil podemos señalar el gran avance que significa la posibilidad de que jóvenes pobres a los que se les imputa un delito se les respete el debido proceso penal, con la presencia de funcionarios especializados en el tema, la celebración de audiencias orales, cumplimiento de plazos estrictos, apelaciones, etc. Ahora bien, me surgen estas cuatro preguntas:

-¿De qué sirven todas esas garantías si no se cuenta hoy con un sistema de contención y protección robusto que trabaje a la par de la Justicia Penal? Supongo que el sistema penal en el aire, sin la presencia de los órganos de protección que prevé la ley 13.298, sólo criminaliza la pobreza.

-¿Cómo puede funcionar un sistema cuya premisa, “la detención de niños como la última posibilidad”, si medios de comunicación y sociedad alimentan imaginarios de encierro, y por momentos de extermino? Supongo que se puede trabajar bajo espasmos, pues me consta la existencia de funcionarios judiciales que se dejan llevar por la demagogia punitiva y hacen culpables a los niños pobres/excluidos (¿peligrosos?) de las omisiones en políticas públicas del Poder Ejecutivo.

-¿Cómo es posible que un sistema carcelario para la niñez, hoy colapsado y degradado, pase a ser tarde o temprano un depósito de jóvenes de entre 14 o 15 años? Supongo que bastaría con analizar el siguiente dato para pensar qué ocurriría: desde la puesta en vigencia del fuero, se ha duplicado la cantidad de jóvenes presos en institutos de la Provincia.

-¿Cómo es posible que a pesar de la vigencia de todas las garantías exista un agujero legal llamado “averiguación de identidad” que le permita a la Policía seguir llevando a comisarías a cientos de jóvenes? Supongo que, pese a que hay varios jueces que prohibieron la utilización de estas arbitrarias detenciones en niños, se siguen practicando en toda la Provincia, pues se trata de una forma naturalizada y silenciosa de control social.

(*) Julián Axat. Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil.

El fin de las “whiskerías”

2009-08-10T05:01:00.000-07:00

Publicó Página|12
8 de agosto de 2009

Después de la decisión tomada en Santa Rosa, inédita en el país, General San Martín cerró los cabarets como forma de combatir la trata de mujeres para explotación sexual. El gobierno pampeano instó a vedarlos en toda la provincia.

Por Mariana Carbajal

General San Martín, una pequeña localidad de La Pampa, prohibió el funcionamiento de cabarets y whisquerías “que trabajen con alternadoras”, y se convirtió así en el segundo municipio de esa provincia en poner fin a la habilitación de locales nocturnos, que en la práctica son fachadas de prostíbulos donde se explota sexualmente a mujeres víctimas de redes de trata. Desde el gobierno pampeano, el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, envió una carta a todos los concejos deliberantes de la provincia, en la que los invitan “formalmente” a seguir el mismo camino, y donde les señala “que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”.

El primer municipio en quebrar el aval del Estado a la explotación sexual de mujeres en burdeles fue Santa Rosa, dos meses atrás, por votación unánime del Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa del intendente Francisco Torroba, del Frepam, un frente que agrupa a radicales y socialistas. Pero en General San Martín, la derogación de la normativa local no fue consensuada: dos de los seis concejales que integran el cuerpo se abstuvieron de apoyar la reforma. Uno de ellos, Daniel Pereyra, de la Junta Vecinal Frente para el Cambio, con un argumento muy peculiar: sostuvo que antes de tomar esa decisión se debería acordar con otros municipios de la región qué hacer al respecto, “ya que de cerrar el local acá se perjudica a la gente que concurre porque van a ir a otros pueblos”, y además “se estaría perjudicando comercialmente a la localidad ya que las mujeres que trabajan (en el prostíbulo que estaba habilitado) alquilan y consumen acá”. Así consta en la “orden del día” de la sesión legislativa del 29 de julio, en la que se votó el tema, y que lleva la firma de la presidenta del Concejo Deliberante, la justicialista Claudia Moor. El otro edil que no quiso prohibir la habilitación de prostíbulos fue Alejandro Galinsky, del Frepam: consideró que es mejor que continúen abiertos con permiso municipal para poder controlarlos; es más, dijo que deberían estar habilitados en todo el país.

En General San Martín existe sólo un burdel, en la avenida de acceso al pueblo. La localidad está situada sobre la ruta 35, 180 kilómetros al sudeste de Santa Rosa. Tiene unos 3000 habitantes.

La concejal Moor fue una de las impulsoras del cambio normativo. Desde 2002 regía una ordenanza que permitía la habilitación de “whisquerías” y “cabarets”. Y otra que reglamentaba la explotación de la prostitución ajena al exigir a las “coperas”, empleadas en esos locales nocturnos, la inscripción en un registro en la intendencia, la tramitación de una libreta sanitaria, su renovación anual y la realización mensual de exámenes ginecológicos en el hospital local, Luis Agote, para detectar infecciones de transmisión sexual, cuyo fin no era otro que proteger la salud de los “clientes”. Este esquema normativo está vigente en otros municipios de La Pampa y de otras provincias como Río Negro, Misiones y Santa Cruz, a pesar de que desde 1937 están prohibidas en el territorio argentino las “casas de tolerancia” por la ley nacional Nº 12.331 de Profilaxis.

“Estábamos haciendo lícita una actividad ilícita, donde muchas veces se esclaviza a las mujeres, negándoles sus derechos. Sabemos que no vamos a poner así fin al problema de la trata de personas, pero no es lo mismo regentear un prostíbulo con una habilitación municipal en la puerta que un local clandestino”, señaló Moor a Página/12. Siete años atrás, cuando se aprobó la ordenanza que avalaba el funcionamiento de burdeles en General San Martín, Moor era secretaria de Gobierno y tenía a su cargo el Consejo de la Mujer local. “Tal vez antes no veíamos el problema como hoy. Sabemos de la existencia de redes de trata, que hay chicas desaparecidas, que organizaciones no gubernamentales están trabajando para denunciar este flagelo. Vimos lo que hizo Santa Rosa y queremos acompañar esa política”, explicó la edil. Los cuatro concejales que votaron el cambio normativo son oficialistas: el gobierno local está en manos del justicialista Raúl Zurbrigk. El intendente promulgó la ordenanza el jueves 30, un día después de su sanción. El viernes 31, el único burdel del pueblo fue clausurado, aseguró Moor.

Dos meses antes, el 28 de mayo, el Concejo Deliberante de la capital pampeana dio el primer paso en ese mismo sentido: prohibió la apertura de locales nocturnos como cabarets y whisquerías y estableció que los tres que están habilitados deben cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, hecho que ocurrirá a lo largo de este año.

A partir de esa reforma, inédita en el país, una forma de decirle “no a las redes de trata” en esa ciudad, el diputado Adrián Peppino, del Frepam, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de resolución en el que le pide al Ejecutivo de La Pampa que “arbitre las medidas necesarias” para que cese el funcionamiento de locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, en el territorio de la provincia. “Partimos del eje de que ninguna mujer nace para puta. O es explotación o es trata lo que ocurre en las whisquerías o cabarets, es decir, hay delito”, indicó Peppino a este diario.

El secretario de Derechos Humanos pampeano, Rubén Funes, por su parte, dirigió a mediados de julio una nota a todos los concejos deliberantes de la provincia en la que invita a imitar la reforma normativa de Santa Rosa. “Respetamos la autonomía de los municipios pero les advertimos que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”, dijo Funes a este diario. La Pampa es señalada en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como provincia de destino y tránsito en las rutas de las redes de trata, que suelen reclutar, con propuestas engañosas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica, a sus víctimas en provincias del norte argentino o en países limítrofes.

“Hay que sacarle al que más tiene”

2009-08-10T04:58:00.000-07:00

Publicó Página|12
8 de agosto de 2009

Con un acto frente al Ministerio de Trabajo, la CTA coronó su jornada de protesta nacional. Piden una asignación universal de 300 pesos por hijo y la libertad sindical. Hugo Yasky dijo que “nos movilizamos porque somos coherentes con nuestros planteos”.

Por Laura Vales

La CTA volvió a movilizarse al Ministerio de Trabajo en reclamo de políticas de distribución de la riqueza y libertad sindical. Tras marchar por el centro porteño, desde un palco montado frente al edificio de Trabajo los dirigentes de la Central reiteraron el pedido de una asignación universal de 300 pesos por hijo. “No puede haber hambre en un país que es el primer exportador de alimentos del mundo. No basta con los discursos, hay que demostrar que se puede distribuir la riqueza, sacándole al que más tiene para darle al que menos”, sostuvo su titular, Hugo Yasky.

Además hubo protestas en las principales ciudades del interior del país. La jornada fue parte de un plan de lucha que arrancó el 22 de abril con un día de huelgas y movilizaciones, y continuó en mayo con un paro nacional.

Los gremios de estatales y docentes junto a delegaciones de movimientos sociales del conurbano fueron los protagonistas de la manifestación que salió de la esquina de Corrientes y Reconquista para ir por el Bajo hasta el ministerio.

“Esta mañana los periodistas nos preguntaban por qué marchaba la CTA, le dijimos que porque somos coherentes. Desde la fundación de la Central hicimos el compromiso de clase de luchar contra la pobreza. En el 2001 formamos parte de una consulta popular en la que más de tres millones de personas votaron por la creación de un seguro de empleo y formación que terminara con la pobreza y el desempleo”, recordó el secretario adjunto de la CTA, Pablo Micelli. “Hoy tenemos que poner a todos los dirigentes y compañeros en la calle y pelear para que no haya un pibe con hambre. No vamos a esperar que el Gobierno y los empresarios resuelvan distribuir mejor, eso es algo que hay que arrancarles.” Micelli cuestionó además a la Casa Rosada por sostener “que no hay plata para universalizar la asignación por hijo mientras pagan más de dos mil millones de dólares en intereses de la deuda externa”. “Aumentaron las reservas a 50 mil millones para darles subsidios a los empresarios, pero dicen que no tienen para resolver el problema de los pibes y de los jubilados, que son los dos sectores más vulnerables de la población.”

Junto a los tradicionales sindicatos de estatales y docentes de la CTA, se movilizaron también algunos nuevos gremios como el de trabajadores del subte y los motoqueros de Simeca, que están reclamando por su reconocimiento. En el caso del subte, el Ministerio de Trabajo dejó vencer los plazos sin firmarles los papeles de sindicato libremente inscripto (iniciaron los trámites el año pasado y se supone que la inscripción lleva no más de seis meses), y en el de Simeca los motoqueros denunciaron que el Gobierno otorgó la personería gremial a una agrupación vinculada con Gerónimo “Momo” Venegas, dirigente de los trabajadores rurales a quien en el acto se calificó de “la quinta pata de la Mesa de Enlace”.

El reclamo por la personería gremial de la CTA también tuvo un lugar en los discursos. Sobre el tema, Hugo Yasky planteó que “no se trata de una disputa de aparatos, no nos interesa la personería gremial para que crezca la caja del sindicato, sino que creemos que la organización de la clase obrera es la herramienta que nos permitirá enfrentarnos a los que gobiernan a espalda de los trabajadores y al avance de la derecha, al pensamiento conservador que es el que nos sumió en el hambre”.

Exigieron medidas que frenen los despidos y los contratos que precarizan la relación de trabajo. Yasky contó en ese sentido que en Brasil, la CUT y otras cinco centrales sindicales están trabajando por la sanción de una ley “que elimine las contrataciones, declarándolas inconstitucionales” y para que se reconozcan derechos como la estabilidad laboral. “Hay que legislar para prohibir el despido sin causa”, planteó.

Yasky cuestionó al Ministerio de Trabajo por tener cientos de empleados con contratos temporales. “No creemos en una legalidad tramposa. Es muy probable que las tercerizaciones sean legales, pero es inmoral lo que está haciendo el ministerio, que en la propia casa del Estado precariza a la gente”, dijo. A la movilización concurrieron los empleados del Correo que, más temprano, habían ocupado la sede central de la compañía del Estado, para repudiar 70 despidos en la sucursal de Monte Grande. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado, los despidos fueron una represalia porque el grupo se afilió a ATE y realizó asambleas.. “Sigue vigente la vieja política de perseguir a quienes deciden organizarse en entidades sindicales ajenas a los intereses de las empresas, de funcionarios y de los gobiernos de turno”, aseguraron.

Rescataron en Cañuelas a cinco jóvenes "esclavas"

2009-08-10T04:48:00.000-07:00

Publicó Diario Hoy
8 de agosto de 2009

Dos hermanos de 19 y 29 años y un hombre boliviano de 38 fueron detenidos ayer en Cañuelas acusados de someter a la servidumbre a cinco ciudadanas bolivianas y por infracción a la ley de Marcas, informaron fuentes policiales.

La investigación por el caso comenzó el 9 de mayo último por una denuncia anónima recepcionada en el destacamento policial Los Pozos, la que indicaba que en dos tallares se confeccionaba ropa de manera clandestina y que personas extranjeras serían sometidas a la servidumbre.

Luego de las primeras averiguaciones tomó intervención la subDDI de Brandsen y ayer, luego de dos allanamientos simultáneos realizados en dos talleres ubicados en Ombú entre Santa María y Aromos y en calle El Tala al 50, los uniformados se incautaron de etiquetas de las marcas “Chiqui”, “Estancia Chiripa” y “Luck Yoog”, prendas de vestir de niños y 17 máquinas de coser tipo industrial. Además se constató que dos mujeres de 19 años y tres de 20 vivían en uno de los talleres “en condiciones infrahumanas”, detalló un vocero policial. “En el lugar convivían con sus hijos de muy corta edad, y vivir en el lugar de trabajo y en condiciones tan precarias es ilegal, por eso fueron detenidos sus propietarios”, explicó uno de los pesquisas.

Las cinco jóvenes bolivianas serán entrevistadas hoy en calidad de testigos en la fiscalía descentralizada de Cañuelas y se procurará establecer las condiciones laborales a las que eran sometidas.

El operativo contó con la colaboración de la jefatura Departamental San Vicente.

Niños en la calle, Estado ausente sin aviso

2009-08-10T04:44:00.000-07:00

Publicó Diario Hoy
8 de agosto de 2009

Si bien existen numerosas instituciones no gubernamentales que se encargan de brindarles contención, el Estado municipal y provincial no registra ningún tipo de planes para los más de 300 jóvenes que se encuentran en situación de calle en La Plata. Hay fallos judiciales incumplidos

Son alrededor de 350 jóvenes de entre 6 y 17 años. Algunos trabajan como limpiavidrios, otros duermen en la calle. En la ciudad no hay contención alguna para ellos. Todos están desamparados bajo el mismo Estado municipal que carece de planes para niños en situación de calle.

Muchos de ellos se juntan y toman por hogar las plazas, el bosque, y las construcciones abandonadas. Mientras se la rebuscan para sobrevivir el día a día, los funcionarios de la secretaría de Desarrollo Social los miran desde las ventanas de sus oficinas sin tomar medidas. El Municipio de La Plata cuenta con doce direcciones dentro de la secretaría de Desarrollo Social. Son dependencias como la dirección de Acción Social Directa, a cargo de Marcela López, la dirección general de Desarrollo Social coordinada por Juan Carlos del Río, y la dirección de Acción y Planificación de Programas Sociales. Entre todas las oficinas, no se pudo instrumentar ningún plan de contención para chicos en situación de calle. mientras tanto, continúa en vigencia la ley 13.298, que promueve y protege los derechos de la niñez. En la provincia de Buenos Aires fue promulgada en 2005, y pronto el Municipio de La Plata adhirió a ella. ¿Qué contempla? En principio, la creación de un parador nocturno en donde los niños puedan descansar, asearse, alimentarse, en donde se les dé un abordaje a sus problemáticas. ¿Se cumplió? No, hasta el momento.

Las sanciones no son suficientes

En 2007, el juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias interpuso una medida contra el Municipio y el gobierno provincial por incumplir esta ley. “La Justicia exigió que hubiera un servicio local tal como establece la ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez”, explicó en diálogo con Hoy.

Encomendaron dos vehículos para el traslado de operadores de calle que asistan a los niños en situación de calle, para separarlos de las fuerzas de seguridad. También se estableció la creación de un 0-800 para que la gente pueda denunciar cuando ve niños desamparados. Hoy en día, el que se encarga de los niños en situación de calle es el 911. “La Policía es la que hoy se encarga de sacarlos de la calle, lo que es sinónimo de la criminalización de éstos”, entendió el Dr. Arias.

“Lo que no logran ver es que estar en situación de calle no es ser un delincuente. Pero, en vez de contenerlos, se los desprotege”, agregó el magistrado. Y señaló los numerosos inmuebles que pertenecen al Municipio, que podrían utilizarse para crear el parador nocturno reglamentario.
¿Cuál es la vía para cuando nada se cumple? Las sanciones. Se aplicaron multas de dinero para los funcionarios a cargo que incumplieron, y lo siguen haciendo, en lo que la ley dictamina. Pero a ellas, los propios poderes públicos le interpusieron recursos “astreites” para dejarlas sin efecto.
Arias, a su vez, realizó una denuncia penal, “pero la Justicia no investiga a los políticos cuando cometen el crimen de dejar en la calle a los más vulnerados”, explicó.

“Ningún pibe nace chorro”

La Asamblea Permanente de los Derechos por la Niñez cumplió un año de funcionamiento el 25 de julio pasado. Lleva adelante tareas para abordar la contención de sectores infantiles desatendidos por el Estado, que es el que debería asistirlos. Su labor, según contaron a Hoy sus integrantes, comenzó al ver agotadas las instancias de diálogo con las autoridades competentes. “Nos ningunearon todo el tiempo, haciendo caso omiso a la persecución que sufren los niños en la calle, que la única presencia con la que cuentan es con la de la Policía”, manifestó en diálogo con Hoy Ricardo De Udaeta.

“En La Plata es necesario que se aplique en forma urgente la ley 13. 298, que se implemente una política pública que trascienda los pequeños grupos de pibes, y que en el Concejo Deliberante se implemente la convocatoria de las organizaciones que están trabajando por fuera del Estado, para llevar adelante tareas de prevención”, insistió Ricardo, subrayando que “existe muy poco control del Municipio sobre los comercios que, por ejemplo, venden pegamento a los niños”.

En La Plata no hay atención directa del Estado, ni ningún espacio que se dedique al abordaje de estos sectores. “¿Hasta cuándo? Ningún pibe nace chorro”, consignan desde la Asamblea.

Hoy intentó comunicarse con las autoridades de la secretaría de Desarrollo Social, pero los funcionarios no quisieron dar su versión sobre esto. Las condiciones de vida que presentan los niños en situación de calle son desesperantes. Sólo la ayuda y solidaridad de los grupos de voluntarios parecen calmar un poco esta situación.

Denuncia de Cicop: “Que paren los experimentos y la manipulación de datos”

2009-07-21T18:56:00.000-07:00

Publicó La Vaca
10 de julio de 2009

Categoría: Notas
Tags: cicop, influenza, salud, virus porcino

El doctor Jorge Jakowsky, presidente de CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) habló con lavaca minutos después de reunirse con los dirigentes de los hospitales del conurbano, La Plata, Necochea y Mar del Plata y establecer los puntos clave a denunciar públicamente:

· Exigir que se pare la aplicación en el Hospital público de San Isidro de “un protocolo experimental que utiliza tratamientos no aprobados”, cuya denuncia se hará formalmente mañana lunes ante el Ministerio de Salud.

· Exigir que las autoridades informen con qué criterio y a qué destino se distribuyen los fondos de Salud. En sus palabras: “Es un escándalo que la mayoría del esfuerzo político, presupuestario y de equipamiento vaya a un hospital arancelado y semi privatizado como el Malvinas Argentinas, y no a los públicos. En el Municipio de Malvinas la salud está terciarizada, y la gente debe pagar por atenderse”. No forma, por esto, lo que el dr. Jakowsky llama “el sistema provincial de salud”, y el otorgamiento de medicamentos y fondos a este hospital no devela, según el doctor, otra cosa que “una clara intención privatizante”.

· Exigir que el Ministerio de Salud responda a una pregunta: “¿dónde están los mil millones que prometió el gobierno a los municipios y provincias? “Porque sabemos, por ejemplo, que hasta ayer a Santa Fe nunca llegó nada y que el virus está desplazándose hacia provincias que aun no han recibido las partidas de medicación necesarias para los tratamientos. Es necesario que el Ministerio rinda cuentas claras sobre el destino de esos fondos: provincia por provincia y monto por monto.”, aclara Jakowsky.

El experimento del Hospital de San Isidro

Según la denuncia de Cicop, en el Hospital público de San Isidro se comenzó a aplicar un tratamiento que no cuenta con la autorización de las autoridades sanitarias. Los pacientes tampoco fueron suficientemente informados de que dicho tratamiento, según denuncia Jakowsky “es un protocolo experimental que no está en las normas de tratamiento de la gripe aviar en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el Ministerio de Salud”.

“Este protocolo –explica el doctor Jakowsky- implica una doble dosis del tamiflú, antibióticos y cortisona por vía endovenosa. Implicó, además, que se ordene la internación de pacientes que no estaban graves. En total, se aplicó a más de 50 pacientes, sin informarle que se trataba de un experimento: simplemente les decían que los trataban así”.

“Esto salió a la luz porque el jefe de Infectología del hospital y del servicio de Medicina Preventiva es el secretario gremial de la CICOP. Entonces, cuando le iban a consultar los profesionales y los residentes, él comenzó a indagar: ´¿qué es esto? ¿de dónde salió? ¿quién tiene aprobado este protocolo?´, sin obtener ninguna respuesta seria. Entonces, como se trataba de un experimento, el lunes de la semana pasada presentamos una nota al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, donde le pedíamos explicaciones sobre quién había autorizado el tratamiento, si estaba aprobado por un comité de ética, si los pacientes firmaban consentimiento luego de haber recibido un informe completo, si había un testigo independiente… Y hasta hoy el intendente no nos respondió”.

La respuesta oficial, en todo caso, fue otra: al día siguiente de presentada la nota, se ordenó el cierre del servicio de Medicina Preventiva, a cargo del profesional que alertó sobre lo irregular de este tratamiento. “Además, se lo sacó del hospital y se lo mandó a un centro de atención primaria que se cae a pedazos, como represalia a la denuncia que hicimos”.

El Cicop decidió hoy denunciar públicamente la existencia de este protocolo experimental y presentar una nota mañana al Ministerio de Salud de la Nación y otra al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, solicitando “que intervengan el Hospital de San Isidro y que frenen el protocolo experimental”.

Según explica el doctor Yacowsky, “el tamiflú, las cortisonas y el antibiótico que se aplican en este experimento son tres drogas de patente vencida. No están aplicando drogas nuevas: están haciendo una combinación absolutamente experimental, no aprobada por las normas internacionales de tratamiento y sin ninguna justificación. Y esto es algo que se puede hacer en el Hospital de San Isidro porque no hay comité de bioética para controlar los tratamientos experimentales: lo disolvió el propio intendente para tener libertad para hacer este tipo de experimentos”.

Manipulación de cifras

El cuadro local es de incertidumbre, básicamente por carencia de datos reales, otro elemento que con un buen control y una estructura organizada podría haber sido evitado y fundamentalmente, aclarado un poco este pantano repleto de dudas: “Tenemos absolutamente claro que las cifras que da el Ministerio de fallecimientos están muy por debajo de las reales. Nosotros hacemos un relevamiento en hospitales que implican un 50% de la provincia y municipalidades, y sólo en provincia ya estamos en 120 fallecidos. Y ellos reconocen aquí alrededor de 40 ó 50. Nosotros proyectamos en Provincia de Buenos Aires más de 200. Hay un mal registro, por un lado, y por otro, una baja cantidad de confirmados. Por ejemplo, hay muchos que no se han hechos las pruebas, porque tienen una neumonía altamente sospechosa de gripe H1N1, y resulta ser que no hay un hisopo para tomarle la muestra y no se sabe ya de qué se trata. Hay manipulación de cifras, claramente.”

Los datos del Ministerio de Salud contabilizan 99 muertes. Para poner esta cifra en su contexto hay que tener en cuenta que, según los datos oficiales, en Argentina el promedio anual de muertes a causa del virus de Influenza común es de 3.500 personas. Se estima que se realizan anualmente por la misma causa, más de 20.000 internaciones. Los datos de la Dirección Nacional de Epidemiología (Direpi) muestran que hubo más de 1.128.388 casos de influenza denunciados en 2006 y 1.258.704 en 2007.

Una primera conclusión

Para el doctor Yakowsky algo, en medio de la niebla de manipulación de información, queda absolutamente claro: “El que bancó, internó, atendió, tanto la epidemia de dengue como la de la gripe, fue el sector público. La gente no tuvo en la obra social ni el sector privado la misma respuesta que en un hospital público. En la gripe, el 80% de las consultas e internaciones se hicieron en el sector público, que es la cenicienta del sistema. Es una oportunidad para demostrar que en las grandes catástrofes si no tenés un servicio público bueno, las cosas no funcionan. Queda claro, entonces, que darle tanta plata y bolilla a las prepagas y obras sociales privadas, no tiene sentido. El sector privado estuvo metido debajo de la cama. En tanto, el hospital público demostró que es el único que tenía capacidad de respuesta. Con falta de plata, de profesionales, de insumos, siendo un desastre, el que bancó la epidemia fue el sector público. Es el momento entonces de poner allí los recursos.”

La verdadera catástrofe

Hay otro factor que para Jacowsky es clave: toda esta vorágine de pandemia, virus, paranoia, barbijo, medicamentos y muerte, pudo haber sido fácilmente evitada. “La aparición de una pandemia producto de la voracidad de las multinacionales de la agro-alimentación, es en sí mismo una catástrofe humanitaria. Estamos hablando de algo que pudo no haber ocurrido. El tratado de libre comercio de Estados Unidos con el NAFTA, salió que la industria de agroalimentación se instaló en México, donde no tiene ninguna reglamentación y hace años que hay entre 2 y 3 millones de cerdos hacinados, en contacto con la población, comiendo su propia mierda, en espacios mínimos y transmitiéndose todos los virus posibles entre ellos, y luego a los humanos. Ahí se crió el virus de la gripe porcina y afectó al hombre. Ya eso sólo -que la voracidad capitalista impida un control- implica una catástrofe del punto de vista sanitario. Con control alimentario y regulaciones ambientales se hubiera prevenido.”

Persecución y hostigamiento a menores y su familia

2009-07-21T18:48:00.000-07:00

Publicó Agencia Rodolfo Walsh

13 de julio de 2009

(Fuente: Agencia de Noticias Paco Urondo) Un operativo policial de la comisaría primera de Villa Gesell irrumpió violentamente en la vivienda de una familia provocando destrozos y rompiendo la puerta de entrada. Esto ocurrió el viernes pasado en las inmediaciones del Paseo 107, con la excusa de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías Juvenil Nº 1 (Investigación penal preparatoria dirigida por la Dra. Agustina Franco Firmada).

En un contexto persecutorio, reaccionario y represivo como el que aquí se vivió en los últimos días con la agresión a Gustavo Vera y sus compañeros (a raíz de su lucha por las víctimas de talleres clandestinos desde la Alameda), se inscribe este hecho ocurrido la semana pasada.

En Villa Gesell la situación se produjo a raíz de la búsqueda de una supuesta arma que tendría en su poder uno de los menores habitantes de ese hogar. Si bien en el allanamiento no se pudo encontrar dicho objeto, sí sirvió para llevar detenidos a dos menores con el aparente aval del equipo local de protección a la niñez. Dicha detención contaría con el visto bueno de la licenciada Alicia Ochoa y la abogada Gabriela Covelli, miembro del foro penal juvenil.

Golpes, malos tratos y abuso de autoridad.

El parte expresa que "solo en caso de resistencia" se debe utilizar la fuerza pública pero la policía entro rompiendo todo y golpeando a los menores, incluso a un chico de tan solo 12 años.

Los malos tratos y los malos modales siguieron en presencia de las integrantes de la ONG "Fulanas y Fulanitas" que se hicieron presentes en el lugar a pedido de la madre de los chicos, ya que la institución venía trabajando con los menores. Uno de los oficiales, que no quiso identificarse, acusó a las integrante de la ONG, de "defender los derechos humanos de los delincuentes por ser de su misma calaña", entre otras cosas. El responsable del operativo Claudio Vivas reiteró una y otra vez que amparado por la ley él "era el dueño de la casa en ese momento y podía hacer de ella lo que quisiera".

La mamá de los menores Viviana Matos, manifestó que desde el inicio del operativo los oficiales la insultaron, agraviaron y maltrataron, excepto una oficial que en todo momento se mantuvo callada.

El mismo relato cuentan los menores que estaban en la casa, que además reconocieron a los oficiales que los insultaban.

¿Prevención del delito o persecución y hostigamiento?

Los chicos en cuestión vienen sufriendo hostigamiento y persecución del personal policial de la comisaría primera de Villa Gesell desde que decidieron denunciar los golpes, los abusos, los insultos y la privación ilegítima de la libertad que sufrieron en la madrugada del domingo en que se celebró el día del padre. En efecto, en esas circunstancias el menor de los dos chicos involucrados recibió un culatazo en la cabeza y patadas en el estómago mientras permanecía esposado a una estufa. Estos golpes se repitieron todo el tiempo que permanecieron detenidos y mientras recibían amenazas por parte del personal policial. A raíz de este hecho existe una denuncia penal que cruzó las fronteras de Villa Gesell y donde interviene la Comisión contra la represión Policial e Institucional.

El allanamiento y el hostigamiento del viernes pasado, contaría irónicamente con el aval del Consejo local de protección de los derechos del niño conducido por la licenciada Alicia Ochoa y asesorado por la abogada Gabriela Covelli según se publicara en la página 11 del periódico El Fundador de la fecha. Ni Ochoa ni Covelli se hicieron presentes en el lugar para salvaguardar los derechos de los menores a pesar de que sabían de las denuncias al personal de la Comisaría Primera. En este momento los chicos se encuentran detenidos en un instituto de la Ciudad De Dolores.

Primer paso en el Senado para el nuevo Régimen Penal Juvenil

2009-07-16T17:34:00.000-07:00

Publicó Parlamentario
16 de julio de 2009

En la primera sesión después de las elecciones legislativas, los senadores aprobaron en general por una unanimidad el proyecto de ley sobre el derecho penal para los menores de 18 años, tan reclamado por la sociedad. Se aprobó en general el Régimen Penal Juvenil y quedó pendiente el tratamiento en particular. Conozca el proyecto.

Un proyecto de ley consensuado sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado en general por una unanimidad por la Cámara de Senadores, pero no fue girado a la Cámara baja porque falta el tratamiento en particular, es decir artículo por artículo.

La iniciativa aprobada en general obtuvo 43 votos afirmativos. pero provocó varias disidencias entre los bloques los artículos que establecían que el nuevo régimen contemplara la edad entre 14 y 18 años.

Al comenzar la defensa del proyecto, que tiene dictamen consensuado de comisión, la senadora oficialista Marita Perceval afirmó que “no podemos aplicar a los adolescentes el derecho penal de los adultos”.

“La doctrina actual hace de los menores de 18 años unos objetos pasivos que deben estar encerrados y tutelados por lo que debemos superar esta ideología alejada de los derechos humanos”, agregó la legisladora mendocina.

“Con la mano dura no se resuelve la inseguridad”, consideró la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.

“Nunca más se podrá poner penas sin límites, es decir perpetuas por un delito cometido antes de cumplir la mayoría de edad”, comentó la senadora Sonia Escudero, quien fue presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y es autora de un proyecto sobre el tema.

Por su parte, el titular del radicalismo, senador Gerardo Morales, comentó que "el bloque de la UCR no está de acuerdo con la baja de la imputabilidad pero apoya este proyecto porque es un nuevo régimen penal para los menores".

El debate no fue extenso, y más allá de varias críticas, la discusión seguirá en Labor Parlamentaria del Senado que estará sujeto a los tiempos parlamentarios y las medidas preventivas por la Gripe A. Así las cosas, se podría volver a discutir a principios de agosto.

El proyecto

El proyecto, que es la unificación de varias iniciativas, establece que en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.

Están exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito que se les impute no alcancen la edad de 14 años.

Tampoco serán punibles quienes tengan 14 o 15 años y hayan cometido delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.

Además, no recibirán sanciones penales quienes tenga 16 o 17 años cuando cometieron delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Además, el Régimen establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.

El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de 18 años infractoras a la ley penal es "la excepción y el último recurso".

Establece que "se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho años dentro de su grupo familiar" y que "en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente".

Es por ello que el juez podrá aplicar como sanciones una escala que, de modo in crescendo, tiene las siguientes: disculpas personales ante la víctima; reparar el daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de supervisión y orientación; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; o privación de libertad en centro especializado.

La responsabilidad penal alcanza a los jóvenes de 14 ó 15 años de edad que cometan un delito con pena mínima de 3 años de prisión o reclusión; y a los jóvenes de 16 ó 17 años de edad que participe en la comisión de un delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o reclusión.

Además, remarca que "los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios acondicionados que permitan la recepción de visitas".

"La dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad", indica el proyecto.

La UCR aclaró que se aprobó una ley penal juvenil pero "no se bajó la edad de imputabilidad"

2009-07-16T17:30:00.000-07:00

8-7-2009

“Esta iniciativa no tiene por objeto bajar la edad de imputabilidad del sistema penal de adultos”, destacó el titular de la UCR, Gerardo Morales, en el debate del nuevo régimen penal juvenil en el Senado de la Nación.

“No intenta reproducir el actual sistema con más acciones punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los sectores conservadores que sólo intentan insistir con actitudes represivas. Sino que, desde la perspectiva de los derechos humanos busca, con un régimen penal especial, dar respuesta a la problemática de los adolescentes entre 14 y 18 años en conflicto con la ley”, agregó este miércoles.

“El sustento de esa franja etarea es el concepto de responsabilidad penal y el reconocimiento de los derechos y las garantías procesales no contemplados por la normativa vigente”, apuntó.

“Los chicos terminan siendo el pato de la boda de problemas de la sociedad adulta”, enfatizó Morales como fundamento principal de un régimen específico que “intenta resolver el problema de las personas menores de edad que violan la ley penal”.

“La reciente adecuación de la legislación nacional que crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y por ende a nuestra Constitución Nacional, constituye el marco de tratamiento legislativo”, apuntó el jujeño quien es el autor de un proyecto de ley que incluye un dictamen unánime trabajado durante varios años en las comisiones de la Cámara alta y una iniciativa propia.

“Así como la aprobación de la ley de protección de derechos de niños y niñas permitió abandonar la doctrina de la situación irregular, en materia penal para los jóvenes infractores es imprescindible abandonar la concepción tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente la concepción de responsabilización mediante procesos socio educativos y restaurativos, consideración esencial ya que se trata de personas en desarrollo, en la que la intervención del Estado debe tener siempre como eje su interés supremo”, rescató.

En el mismo sentido, Morales expresó que “el problema de las personas menores de edad que se ven involucradas en situaciones delictivas sigue hasta hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan estas graves situaciones a aquellas relacionadas con violaciones de derechos fundamentales a la infancia y adolescencia, como por ejemplo la ausencia de familia, la inasistencia a la escuela, el abandono de sus padres, la pobreza, etc; acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema de patronato de menores, desde un esquema tutelar”.

“Este modelo de aplicación ha operado como verdadero mecanismo de control social con medidas de seguridad que intentan neutralizar una supuesta peligrosidad criminal construida arbitrariamente por la valoración del riesgo moral y material que los adolescentes constituyen en el imaginario social”, añadió.

“Frente a este contexto, ¿de qué estamos hablando?”, se preguntó Morales quien recurrió a una estadística contundente: “entre los menores de 18 años privados de su libertad, un 12 por ciento lo están por causas penales. De los ingresados al sistema penal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, están imputados por delitos contra las personas un 9,7 por ciento. Incluso, entre éstos los delitos contra la vida sólo representan el 0,6 por ciento del total”.

“Se define además con esta iniciativa, una política pública especializada para esta franja etárea, separada de la política criminal de adultos, tanto en materia preventiva como socioeducativa”, describió el legislador quien agregó que “se intenta resolver desde la institucionalidad un problema que tiene características propias y necesita respuestas eficientes y específicas”. “En síntesis –dijo- este proyecto prevé la transformación del tratamiento de los adolescentes como objeto de tutela y represión a su consideración como sujetos plenos de derechos y responsabilidades”.

Morales finalmente enumeró las pautas básicas del régimen: “Establecer expresamente el carácter no coactivo de toda intervención dirigida al restablecimiento de un derecho afectado o vulnerado; incorporar todos los derechos y garantías que amparan a un adolescente en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole dirigidos al restablecimiento de sus derechos; y establecer así mismo, de modo explícito, todos los derechos y garantías que lo amparan frente al aparato coactivo del Estado cuando existe una imputación penal en su contra, derechos y garantías que rigen para todos los habitantes de la Nación”, entre otras.

“En este régimen la privación de libertad de los adolescentes condenados, es decir, luego del debido proceso y la defensa en juicio con letrado especializado, es la última instancia que incluye institutos legales como la mediación penal, la conciliación, la suspensión del juicio a prueba y las instrucciones judiciales durante el proceso, es decir las medidas socioeducativas”, destacó el senador quien reconoció “la necesidad de que el Estado nacional y las provincias asuman el desarrollo programático de dichas medidas socioeducativas, la adecuación de las instancias judiciales y la creación de los centros especializados según la nueva normativa en función de los pactos internacionales vigentes”.

Scioli se rodea de intendentes

2009-07-16T17:23:00.001-07:00

El gobernador bonaerense reemplazará a Daniel Arroyo con el intendente de Avellaneda. Busca dar una señal a los jefes comunales que lo acompañaron en las elecciones. Concretaría más cambios de gabinete al regreso de un viaje por Italia.

Por Martín Piqué

Tal como se venía comentando entre la dirigencia bonaerense, el gobernador Daniel Scioli decidió hacer cambios en su gabinete con el objetivo de darle más sustento político a su gobierno. La primera incorporación se anunció ayer, aunque se terminará de concretar el próximo sábado, cuando Scioli retorne de un viaje relámpago a Italia. El intendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Alvarez, un hombre experimentado del PJ bonaerense que lleva cuatro mandatos en la intendencia, asumirá en el Ministerio de Desarrollo Social. La llegada obligará al alejamiento de Daniel Arroyo, que ya está decidido. Arroyo es un funcionario de impronta técnica muy especializado en lo social, formado en Flacso, que nunca tuvo demasiado feeling con los intendentes del conurbano. Según pudo saber Página/12, los cambios en la administración bonaerense podrían continuar en las próximas semanas.

Para asumir como ministro de Desarrollo Social, Alvarez deberá renunciar a su cargo como intendente. Lo reemplazará el primer concejal electo en 2007 por la lista del Frente para la Victoria: se trata de Jorge Ferraresi, actual secretario de Obras Públicas de Avellaneda. El alejamiento de Arroyo no sorprendió mucho a la dirigencia bonaerense. Su situación venía motivando todo tipo de rumores desde hace tiempo: Página/12 lo anticipó hace una semana. Los primeros nombres que circularon para suceder a Arroyo fueron los del intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), como también el del diputado Mariano West, ex intendente de Moreno. Al final, el cargo recaerá en Alvarez, un veterano del peronismo bonaerense que transitó desde el duhaldismo de paladar negro (supo estar abiertamente enfrentado con Felipe Solá) al kirchnerismo con un fervor indiscutible.

La inminente designación de Alvarez es un premio también al resultado que obtuvo el Frente Justicialista para la Victoria en su distrito. Como todo municipio del primer cordón, en Avellaneda la pelea con Francisco de Narváez prometía ser muy pareja. Así fue. Pero la dupla Kirchner-Scioli se terminó imponiendo por más de dos puntos. Antes de la elección del 28 de junio, el propio Alvarez había dicho que estaba pensando en formar una corriente política propia en el peronismo bonaerense. Cuando Kirchner se enteró de sus intenciones, lo alentó con la frase que suele utilizarse en estos casos. “Vos dale para adelante, después ves si llegás”, lo animó. A pesar de que está asociado al peronismo más ortodoxo, Alvarez comprometió a toda la estructura municipal con la suerte del oficialismo. También ensayó una política frentista con otros sectores del kirchnerismo: dio espacios a miembros del Movimiento Evita de Avellaneda.

La llegada de Cacho al gabinete fue pensada como un gesto hacia toda la estructura de intendentes del conurbano. Tras el traspié del 28 de junio, el gobernador terminó aceptando que necesitaba ampliar la “base de sustentación” de su administración. Esa idea sobrevoló en la reunión que mantuvo Scioli con una buena parte de los intendentes del Gran Buenos Aires. En los últimos días, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, estuvo preguntando mucho sobre el actual intendente. Quería saber qué pensaban del hombre que ascendió en política tras la declinación de Herminio Iglesias, el anterior jefe del peronismo local. Scioli bendecirá la asunción de su nuevo ministro de Desarrollo Social en unos días. Antes de aceptar el ofrecimiento, Alvarez habría pedido garantías de que la cartera tendrá el presupuesto suficiente como para poder desplegar una política social de impacto rápido que llegue a todo el conurbano.

Alvarez accedió a asumir el cargo hace dos días. En el entorno del intendente aseguran que el martes se habría encontrado con Néstor Kirchner para conversar de la actualidad política. Según esa versión, en esa presunta reunión en Olivos, Kirchner le habría garantizado que su cartera tendrá el presupuesto necesario para poder desarrollar iniciativas que sean visibles. La situación presupuestaria del gobierno bonaerense no es demasiado holgada. La asistencia de Nación, en ese marco, se vuelve imprescindible.

Para la ONU, las Farc reclutan niños cada vez más chicos

2009-07-14T08:25:00.000-07:00

Publicó La Capital
9 de julio de 2009

Bogotá- La guerrilla de las FARC bajó de 12,9 a 11,8 la edad promedio para el reclutamiento de niños en Colombia, según un reporte de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia.

“La guerrilla llega a comunidades y pide un hijo por familia, y por eso a finales del año pasado el reclutamiento fue una de las principales causas de desplazamiento, porque los padres no quieren que se lleven a sus niños”, dijo Christian Salazar, director en Colombia de la oficina.

Las Farc decidieron aumentar el reclutamiento de niños para suplir las bajas que han sufrido en los últimos meses, señala el informe reproducido por una revista colombiana Cambio y citado por la agencia de noticias alemana DPA.
“Estamos viendo los resultados en los campos de batalla, donde los soldados descubren entre las bajas muchos menores de edad”, dijo el jefe de Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares, general Jorge Ardila.
Las autoridades colombianas calculaban entre 6.000 y 11.000 el número de menores de edad vinculados a grupos armados ilegales hace tres años, pero ahora la cifra oscila entre 14.000 y 17.000.
“Uno de cada cuatro combatientes es un niño. Están utilizando niños hasta de seis años para trabajos de inteligencia, siembra de minas antipersona, transporte de explosivos”, dijo Sergio Tapia, fiscal del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza.
Ese organismo considera que el reclutamiento de niños se presenta principalmente en el sur y el este del país, así como en las zonas deprimidas de las principales ciudades. (Télam)

Procesaron al ex juez penal de Tostado por graves delitos

2009-07-14T08:20:00.000-07:00

Publicó La Capital
5 de julio de 2009

El ex juez penal de la ciudad de Tostado, Julio César Clementín, fue procesado como autor de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, coacciones agravadas, adulteración de documento público, abuso sexual simple y agravado por acceso carnal y privación ilegal de la libertad. Esos delitos, según el fallo conocido ayer, se produjeron en forma concatenada y en caso de quedar firmes podrían tener una pena de más de 10 años de prisión.

De todas formas, el ex magistrado actualmente se encuentra bajo un régimen de arresto domiciliario por razones de salud: sufre una severa dificultad para caminar debido a las secuelas que le dejó en su infancia una poliomielitis. Así y todo, la resolución de auto de procesamiento fue firmada por el juez penal subrogante de Tostado, Manuel Games, quien además ordenó que su estado de detención se transforme en "prisión preventiva". Es decir, el imputado no irá a la cárcel, pero tampoco puede salir de su domicilio que está fijado en la ciudad de Santa Fe.

Néstor Oroño, el abogado defensor del ex funcionario, adelantó a LaCapital que presentará una apelación ante la Cámara Penal de Rafaela, tribunal superior cuya jurisdicción incluye a Tostado. "No recibimos ninguna notificación, pero en caso de ser así, vamos a pedir la revisión de la resolución porque consideramos que dos de los tres hechos que se le imputan no existieron".

Probabilidad. Si bien no trascendieron los fundamentos que esgrimió el juez Games para procesar a su ex colega, fuentes judiciales indicaron que los delitos enumerados “se ciñen a todos los elementos e indicios incorporados en la investigación”. El procesamiento es una resolución preliminar. Implica, a esa altura de la investigación, que existen sospechas concretas y claras de que un imputado cometió un delito. Si ese fallo quedara firme recién entonces se realizará el juicio propiamente dicho, que en este caso será escrito porque en el momento que se produjeron los hechos regía el antiguo Código Procesal Penal.

El ex juez Clementín fue detenido el 15 de abril pasado, pero las tres denuncias que se presentaron en su contra datan de septiembre del año pasado. La investigación de esas presentaciones pudo avanzar recién en marzo de este año cuando el acusado perdió, al jubilarse prematuramente por invalidez, los fueros oficiales por su condición de juez.

Hasta el día de su retiro, Clementín ocupó el juzgado Penal de Instrucción, Correccional y de Faltas de Tostado, ciudad ubicada a 450 kilómetros al norte de Rosario y cabecera del departamento 9 de Julio. Las denuncias en su contra ingresaron por fiscalía entre septiembre y octubre del año pasado. Tres mujeres, que por diferentes delitos y contravenciones tuvieron que comparecer ante ese funcionario, manifestaron que fueron extorsionadas y obligadas a retribuir con favores sexuales.

Los hechos. Uno de los episodios investigados fue el que protagonizó Susana R., quien fue detenida acusada de herir con un cuchillo a una prima. Según su denuncia, cuando le llegó el turno de prestar declaración indagatoria, el juez le habría ofrecido aliviar su situación judicial a cambio de tener relaciones sexuales con ella. En ese caso, incluso, le habría pedido que le contactara a otras mujeres.

Otro caso, que sería el más grave, es el de Susana B. La mujer y su hermano fueron detenidos acusados de atacar violentamente al marido de ella. En ese oportunidad Susana escuchó un pedido de brindar favores sexuales para aliviar su situación y la de su hermano. Esos encuentros íntimos se dieron en la casa que el propio Clementín alquilaba en Tostado.

La ley de infancia en debate

2009-07-14T08:10:00.000-07:00

Publicó La Capital
17 de junio de 2009

Con el objetivo de abrir el juego antes de reglamentar la nueva ley de la infancia, el gobierno provincial convocó a un debate a los jueces de familia y de menores, así como a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los niños. La cita será mañana, desde las 14, en el salón Blanco de la sede local de Gobernación. La idea es que el intercambio de ideas y experiencias ayude a coordinar acciones para difundir los ejes de la norma, a fortalecer las herramientas que tiene cada municipio para la protección de los derechos del niño y a establecer pautas de trabajo en cada región.

La ley provincial de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Nº 12.967), que "adhiere a la nacional 26.061", según recordó ayer la directora de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Mónica Varetto, fue sancionada por la Legislatura santafesina en marzo pasado.

Como toda norma, luego de ser aprobada debe ser reglamentada por el Ejecutivo provincial. Y en esa instancia, afirmó Varetto, el gobierno quiere "abrir la participación y sumar al debate al Poder Judicial y a las organizaciones de la sociedad civil".

Sobre la base de una serie de lineamientos ajustada a los principales títulos y artículos de la nueva ley, la idea de la Secretaría para el Desarrollo de la Ciudadanía es ofrecer precisiones y aclarar aspectos de la norma. Sobre todo, con la meta de reducir al máximo las posibles interpretaciones contradictorias y definir cuestiones de procedimiento, tanto en lo que hace a las medidas ordinarias como las excepcionales, explicó Varetto.

Sobre presos y jueces

2009-07-14T07:16:00.000-07:00

Publicó Página|12
14 de julio de 2009

Por Roberto Gargarella *

Hace unos pocos días, la jueza Claudia Dávalos desestimó un hábeas corpus colectivo, presentado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, en donde se denunciaban las graves condiciones de detención que afectaban a las 34 personas presas en la Comisaría Tercera de Avellaneda. La respuesta de la jueza fue curiosa, ya que ella pretendió negar uno a uno los cargos señalados por los abogados del comité, al mismo tiempo en que –naturalmente, y con sus propias palabras– describía una situación espeluznante. Así, la doctora Dávalos reconocía abiertamente que los detenidos dormían sobre el cemento (un hecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido repetidamente como violatorio de la dignidad humana de los detenidos), sin advertir algún problema en ello; admitía la inexistencia absoluta de calefacción con la que enfrentar el invierno, pero –dada la luz que apenas se filtraba por los techos– deducía que la temperatura de la cárcel debía ser “agradable” (¡!); y corroboraba la situación de hacinamiento existente en la comisaría, pero desestimando toda posible crítica al respecto. Para ello, aludía al testimonio de algunos de los detenidos, como si la violación en cuestión se tratara de una cuestión privada, y no de una falta de orden público.

Hace unas pocas semanas, el juez federal Claudio Bonadío dictaminó la prisión preventiva para nueve militantes sociales del Movimiento Teresa Rodríguez, acusados de haber incurrido en manifestaciones antisemitas, el 17 de mayo último. La figura penal utilizada por el juez para fundar su pobremente fundada decisión fue el art. 213 bis del Código Penal, que refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y que se dirige contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. El artículo podía haber sido atacado en su constitucionalidad, por penalizar la simple pertenencia a un grupo ideológico, y sin tomar en cuenta la circunstancia de que uno haya cometido, o no, daños contra terceros. Sin embargo, el juez apeló a dicho artículo no para descalificarlo, sino como base para privar a un grupo de personas de su libertad, despreocupándose de las historias personales y responsabilidades individuales de cada uno de los detenidos.

Los dos casos citados tienen diferencias importantes entre sí, pero merece la pena examinarlos juntos, ya que entre ambos expresan bien los modos –clasistas, racistas– en que se administra la justicia en nuestro país. Una primera cuestión, común a ambos casos, es la siguiente: uno puede, y debe, criticar los sesgos inadmisibles de nuestra justicia, sin necesidad de negar que los condenados del caso hayan cometido alguna falta (aunque ello no sea cierto o no esté demostrado, en una enorme cantidad de casos). Tenemos que dejar de lado, de una vez y para siempre, el prejuicio que convierte toda preocupación por los derechos de los detenidos en un insulto o una ofensa hacia las víctimas: si hablamos de los derechos de alguien (y los detenidos, como personas, tienen derechos), entonces nadie puede sentirse ofendido. No hay un juego de suma cero entre los derechos de las víctimas y los derechos de los detenidos. La afirmación de los derechos de alguien no puede ser ofensiva para nadie: lo que nos ofende es su ausencia.

En segundo lugar, ambos casos sirven para insistir sobre un punto importante, referido al castigo y la privación de la libertad: una persona puede incurrir en una conducta ofensiva, pero no toda conducta ofensiva merece un reproche; no todo reproche, a la vez, debe convertirse en un reproche penal, y así en un castigo; y además, no todo castigo penal debe traducirse en penas privativas de la libertad. Desgraciadamente, muchos de nuestros jueces actúan como si la única respuesta pública que tuvieran bajo su control fuera esta última, la privación de la libertad. La cárcel se convierte así en la moneda corriente, la lengua común de nuestra (in)justicia penal.

En tercer lugar, ambos casos nos exigen una reflexión sobre los usos de la coerción penal en sociedades tan desiguales como las nuestras. Es dudoso que una comunidad, cualquiera sea ella, cuente con autoridad moral para imponer la violencia pública sobre alguien. Tal situación es mucho más dudosa cuando se trata de una comunidad injusta, que crea y reproduce desigualdades socio-económicas capaces de colocar secciones enteras de la sociedad en una situación de miseria desesperada. En dicho contexto, es el Estado el primero que debe ser puesto contra la pared, y obligado a dar cuenta del modo en que cumple sus obligaciones constitucionales hacia los más pobres, cumplimiento que daría alguna inteligibilidad a su pretensión de sancionar las eventuales faltas de aquellos.

Finalmente, ambos casos dicen mucho sobre nuestros jueces. Presionados por sus propias ambiciones, urgencias o limitaciones, ellos toman a los pobres como variable de cambio en sus decisiones. Nuestros jueces deciden como si la vida en prisión fuera el estado natural de los pobres; como si las condiciones animales de detención que imponen (condenadas por la CIDH, la Corte Argentina en el fallo “Verbitsky”, y la propia letra explícita de la Constitución) fueran permisibles, dadas las faltas en juego, o la calidad de los detenidos. Para hablar de nuestros jueces penales, ya no es necesario apuntar a la mala fe: ellos se muestran simple y naturalmente ciegos a las necesidades y derechos de las personas sin recursos. Son ellos, y no las víctimas de sus decisiones, quienes tienen la obligación de justificar frente a nosotros las vergüenzas que, actuando como lo hacen, nos imponen a todos.

* Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional, UBA-UTDT.

La escuela dedica poco tiempo a la Educación Física

2009-07-14T06:22:00.000-07:00

Publicó Clarin
19 de junio de 2009

Otra brecha entre las públicas y las privadas

Relegada por años, bastardeada como una disciplina que se resolvía tirándole una pelota de fútbol a los alumnos para que jueguen un rato, la Educación Física tomó una importancia fundamental dentro del arco de materias que se dan en la escuela. Los especialistas advierten que, en tiempos de sedentarismo y de chicos más propensos a jugar frente a una PC que a correr por la plaza, la actividad deportiva en los colegios resulta clave, incluso, para entender mejor el comportamiento y la conducta infantil y juvenil.
Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de Educación Física? ¿Una mera disciplina recreativa? ¿Una búsqueda de talentos para la competencia deportiva? ¿Una actividad que apunte a mejorar la salud y las condiciones psicomotrices de los chicos? Responde Héctor Bubenick, el coordinador del programa de Educación Física del Ministerio de Educación de la Nación: "Tiene que ser para todos. Una materia que divierta al que es bueno para un deporte, pero que también incluya a los menos habilidosos. Uno de los males que aqueja a los chicos del país hoy es el sedentarismo. Pasan más tiempo delante de la TV o la computadora y perdieron el hábito de correr y jugar. Por eso estamos trabajando para intensificar sus prácticas dentro de los núcleos de aprendizajes prioritarios".
Dentro de la currícula escolar, la materia tiene una carga de 80 minutos semanales en la primaria (aumenta a 160 en las de jornada doble) y de al menos dos horas semanales en las secundarias.
"Es insuficiente. La Academia Americana de Pediatría recomienda una hora diaria de actividad física. En la actualidad, los cuerpos de los chicos presentan problemáticas muy distintas a las que se registraban décadas atrás. Hubo cambios en las dietas, nuevas prácticas sociales y otros estilos de vida. Antes los niños se movían naturalmente. Ahora es necesario incitarlos", remarca la pediatra Nelly Testa, deportóloga infantil y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Y agrega: "El profe de Educación Física es un promotor de salud. La actividad física en la infancia, más una dieta saludable y sana, tarea que también le compete a la escuela, previene las enfermedades en la etapa adulta".
Profesor de Educación Física en el nivel primario y en el área de educación especial y titular de la Asociación de Docentes de Educación Física (ADEF), Carlos Martínez resalta: "La escuela es el único medio que les asegura una actividad física a los chicos. A diferencia de 20 ó 30 años atrás, la mayoría de los chicos hoy no tiene cultura de club. No practica deportes ni va a jugar al club por su cuenta. Toda actividad física o de ejercicios ocurre en la escuela. Por eso el tiempo muchas veces no alcanza. Debería haber más estímulos semanales".
En la ciudad de Buenos Aires existe desde hace unos 20 años un programa para que todos los alumnos de 4° grado de las escuelas públicas aprendan a nadar. Por temporada, alrededor de 30.000 pibes disfrutan de estos cursos. Como el Gobierno no cuenta con piscinas propias, debe alquilar en espacios privados. Esas negociaciones muchas veces retrasan el comienzo de las clases. La falta de presupuesto también impide que el curso alcance a los demás grados. Y resulta una utopía que todos los alumnos del país aprendan a nadar en la escuela.
La falta de infraestructura es un mal que aqueja a la enseñanza de la Educación Física. A diferencia de los gimnasios equipados y campos de deportes de los colegios privados, la mayoría de las escuelas públicas del país no tienen instalaciones adecuadas para este tipo de prácticas. Algunas jamás las tuvieron. Y otras las fueron perdiendo por la reforma educativa de los '90, que anexó el 8° y 9° año a la primaria. Así, muchos patios, gimnasios o salones de usos múltiples desaparecieron para darles lugar a las nuevas aulas necesarias.
"En las escuelas se priorizan otras materias antes que la Educación Física. Incluso, las propias familias están más preocupadas porque el hijo aprenda Inglés o Computación en lugar de que practique un deporte", señala Testa.

Un freno a las redes de trata

2009-05-29T11:53:00.000-07:00

Publicó Página|12
29 de mayo de 2009

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, locales donde se explota sexualmente a mujeres. En sesenta días, el municipio debe eliminar las normas que reglamentan la prostitución.

Por Mariana Carbajal

La capital pampeana daba anoche un paso significativo para enfrentar a las redes de trata que comercializan cuerpos de mujeres en su territorio. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada desde la intendencia que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, nombre con el que se habilitaban locales que en la práctica trabajan como prostíbulos regenteados por proxenetas. Las tres que están habilitadas en la actualidad deberán cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, lo que sucederá a lo largo de este año, explicó a Página/12 la concejal oficialista Alicia Iribarren. La iniciativa –destacó– se empezó a analizar cuando desde el municipio se detectó que Santa Rosa se había constituido en un lugar de destino de mujeres reclutadas, muchas veces con engaño, por mafias de rufianes.

“Santa Rosa le dice NO a la trata de personas por explotación sexual”, decía anoche uno de los carteles colgados en el recinto del Concejo Deliberante por la subsecretaria de la Mujer del gobierno comunal, Mónica Molina, gestora de la sanción de la normativa. “Ninguna mujer nace para puta”, decía otro de los pasacalles. “Esperamos que otras ciudades de otras provincias, donde el tema de trata es un flagelo, puedan replicar estas acciones”, consideró Molina en diálogo con este diario.

El proyecto llegó al recinto después de obtener dictamen favorable el martes en un plenario de dos comisiones. El apoyo fue unánime.

“Dentro de los factores que incidieron para que estemos frente a esta votación fue fundamental el rol que tuvieron los medios de comunicación de contribuir a instalar y denunciar la temática, como puntualmente fue el caso de Página/12, que promovió la investigación de oficio del fiscal Marcelo Colombo”, comentó Molina, en referencia a una serie de notas sobre la situación de la explotación sexual de mujeres en locales de la provincia de La Pampa y, en particular, de la existencia de normativas en Santa Rosa y General Acha por las cuales, en la práctica, se reglamentaba la actividad de las “alternadoras” en las “whisquerías” habilitadas por la comuna, en abierta violación de la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país.

Colombo es coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación. La semana pasada estuvo en la capital pampeana y se entrevistó con las autoridades municipales y con concejales, expresándole su preocupación por las ordenanzas. “Su visita a Santa Rosa y su preocupación por la concepción reglamentarista de la norma contribuyeron a que hoy (por ayer) estemos modificando esta norma. Lo que sigue es continuar con políticas activas creativas desde el Estado que generen otras oportunidades para nuestras niñas, adolescentes y mujeres y para evitar que sean captadas por redes de trata”, agregó Molina, quien llegó a la función pública con la asunción como intendente de Francisco Torroba, del Frepam, una coalición que se impuso al justicialismo y que agrupa a radicales, socialistas y al Partido del Frente.

Periodista y activa militante por los derechos de las mujeres, Molina venía manifestando su preocupación por el problema de la trata de mujeres desde hacía tiempo en Santa Rosa. Escuchar de primera mano sus voces fue uno de los motivos que la movilizaron para instalar esta problemática en la agenda política de la comuna. “Conocer sus historias, sus dolores, recordar frases de ellas como ‘quería amanecer una mañana con mis hijos, y no sentir el olor a transpiración y alcohol’, o ‘la gente cree que nos ganamos la plata fácil’, son suficientes para sentir un mayor compromiso”, destacó.

Tal como publicó este diario, en la capital pampeana la prostitución estaba reglamentada a través de las ordenanzas municipales Nº 1537/94 de Obligatoriedad de la Libreta Sanitaria y Nº 3218/2004, llamada Código de Espectáculos Públicos y sus locales. Este tipo de normativas, que permiten la habilitación de whisquerías o cabarets, existen en otros municipios del país. Además de prohibir la apertura de locales nocturnos y de establecer que deberán cerrar las que están funcionando una vez que caduquen sus permisos, la nueva ordenanza da al Ejecutivo y al propio Concejo Deliberante un plazo de 60 días a partir de hoy para “proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente” para desterrar la reglamentación de la explotación de la prostitución ajena en la ciudad. Una de las normas que deberán ser modificadas es la que exige una libreta sanitaria especial para las empleadas de whisquerías y por la cual deben realizarse periódicamente exámenes médicos vaginales para detectar enfermedades de trasmisión sexual. Desde mediados de abril, esa exigencia está suspendida por disposición del intendente.

La mortalidad infantil baja en la Ciudad pero crece en la zona sur

2009-05-29T09:28:00.000-07:00

Publicó Clarín
26 de mayo de 2009

Las cifras oficiales indican que cayó de 7,9 por mil que había en 2007 a 7,3 en el año pasado. Sin embargo, en barrios como Soldati, Lugano y Villa Riachuelo viene aumentando y llegó al 11,9 por mil.

Como uno de los síntomas más claros y dramáticos de una Buenos Aires partida en dos, la tasa de mortalidad infantil aumenta en la zona sur, mientras disminuye en el resto de la Ciudad.

Lo dice un informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, que como resultado general indica que la mortalidad infantil bajó de 7,9 por mil en 2007 a 7,3 por mil en 2008, en el total de la Ciudad. Sin embargo, a poco que se examinan con algún detenimiento las cifras, aparecen realidades disímiles. En las comunas 2 (Recoleta) y 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales) se observa una Buenos Aires con indicadores de países desarrollados. Allí los índices caen hasta 5 por mil (fue la que más bajó) y 4,3 por mil, respectivamente. En cambio, a medida que la Ciudad se acerca al Riachuelo la realidad se parece mucho a la de las provincias más pobres de nuestro país. En la comuna 9, (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), la tasa pasó de 7,7 por mil en 2007 a 8,3 en 2008. Y creció mucho más en la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo). Allí, la mortalidad infantil, que era de 10,7 por mil en 2007, fue de 11,9 el año pasado.

La mortalidad infantil refleja la proporción de bebés que dejan de existir en su primer año de vida. Es, por lo tanto, uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de salud de la población, pero también de mayor amplitud que eso, porque la mortalidad infantil tiene una relación muy estrecha con las condiciones de vida. Así, es una referencia importante para medir también otros aspectos sociales, como la disponibilidad de los servicios de agua potable y las condiciones ambientales de vida de los sectores más pobres de la población.

Al sur de la avenida Rivadavia están casi todas las villas de la Ciudad. Ese es uno de los motivos de las diferencias tan grandes en los índices. Y por ejemplo en el predio de la Villa 20, de Lugano, hay un enorme depósito de autos abandonados de la Policía Federal, que actúa como foco infeccioso para todos los que viven allí, especialmente los chicos recién nacidos.

De todas maneras, no deja de ser un dato significativo que las diferencias socioeconómicas entre el Norte y el Sur de la Ciudad siguen ampliándose, cuando todos los últimos jefes de Gobierno prometieron trabajar para reducirlas.

El informe señala que la principal causa de mortalidad infantil durante 2008 fue la duración corta de la gestión y bajo peso al nacer. Se trata de problemas que pueden atacarse con prevención y diagnostico o tratamiento oportuno en el embarazo.

Así, en una ciudad rica, su zona Sur aparece con indicadores muy distintos, mucho más emparentados con los de La Matanza, por ejemplo, o con los generales del país. En ese partido, el más pobre del conurbano, en 2007 la mortalidad infantil fue de 13,2 por mil, mientras que a nivel nacional las últimas cifras disponibles consignan una tasa del 13,3 por mil.

El ADN confirma el incesto y el abuso

2009-05-28T07:41:00.000-07:00

Publicó Página|12
28 de mayo de 2009

Los análisis demuestran que el acusado es padre de los niños de su propia hija, que hoy tiene 35 años. Como el mayor tiene 19, el embarazo se produjo cuando ella tenía 15. La defensa sostiene que, “si hubo delito, prescribió”.

Los exámenes de ADN confirmaron que Armando L., el hombre de 67 años acusado de violar a su hija durante más de 20 años, en la ciudad de Mendoza, es el padre de los siete hijos que tuvo esa mujer, como producto de los abusos denunciados. Los resultados comprometen al hombre, quien está detenido desde hace veinte días, pero no son decisivos para su procesamiento, según sostienen sus abogados defensores (ver nota aparte). Un legislador pidió que se impute a la pareja del hombre –la madre de la víctima– por su presunta complicidad con los abusos que se cometían.

El fiscal que interviene en la causa, Marcelo Gutiérrez del Barrio, informó ayer a la defensa del acusado sobre los resultados de los análisis realizados en laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo. Esos resultados, según trascendió, demuestran que el hombre imputado es el padre de los siete hijos que tuvo su hija. El mayor tiene hoy 19 años y su madre, 35, por lo cual, cuando quedó embarazada, tenía alrededor de 15 años, es decir que era menor de edad.

El diputado provincial Ricardo Puga, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, dijo que las pruebas mencionadas “acreditan nuestros planteos” y solicitó el “procesamiento de la pareja del abusador”. “Ahora hemos pedido el procesamiento de la pareja del abusador, de 55 años y que trabaja como oficial de justicia, porque por su función y vínculo mantuvo silencio ante los gravísimos hechos denunciados”, afirmó Puga. Este legislador fue quien recibió, hace seis meses y medio, la denuncia del hecho por parte de un hermano de la mujer abusada por su padre, después de que fracasara una decena de denuncias judiciales.

Los resultados del ADN “acreditan que lo que planteamos tras recibir la denuncia del hermano era correcto, y ahora se sumaron a la causa otras denuncias conexas hechas por un vecino de la familia y otra hija del hombre imputado”.

El hombre fue detenido el 8 de mayo y se abstuvo de declarar ante el fiscal, tras lo cual fue trasladado a la Penitenciaría provincial de la calle Boulogne Sur Mer de la capital mendocina, imputado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en un mínimo de siete oportunidades”. A la primera denuncia se sumó recientemente la de otra hija, de 40 años: afirmó que también ella y otras hermanas fueron abusadas por su padre, y reiteró que “amenazaba a la familia con un arma de fuego para que guardaran silencio”.

El paso siguiente será conocer el resultado de los peritajes psiquiátricos del detenido, tras lo cual será trasladado a los tribunales de la Justicia provincial para declarar ante el fiscal Gutiérrez del Barrio.

Ayer, el abogado Pablo Cazabán, uno de los defensores de Armando L., dijo que analiza la posibilidad de renunciar a la defensa del acusado. El letrado, que es hermano del ministro de Gobierno y Justicia de Mendoza Alejandro Cazabán, argumentó que “se ha planteado una situación familiar y por ser absolutamente privada no voy a realizar ninguna declaración”. Cazabán asumió la semana pasada la defensa del imputado junto al abogado Fabián Hathallah, contratados por el acusado. Los defensores adelantaron que intentarán demostrar en la causa que las relaciones sexuales eran consentidas por la hija, en el marco de un incesto, situación que no es penada por la ley. En ese sentido, consideraron que el acusado es “un pecador” pero no “un delincuente” y que los casos denunciados por la víctima “fueron relaciones sexuales consentidas” (ver nota aparte).

Tal como publicó Página/12 la semana pasada, la denunciante no vive más en su casa: se trasladó con sus hijos a la casa de otro familiar, por lo cual diputados opositores reclamaron al gobierno que brinde asistencia social al grupo, porque se encuentra en situación de “hacinamiento”.

En respuesta a ese reclamo, ayer, la ministra de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia de la provincia, Silvia Ruggeri, aseguró que la denunciante recibe ayuda de la Nación, la provincia y el municipio, y que en los próximos días se le otorgará una vivienda. La funcionaria destacó que “es importante que los chicos vuelvan a la escuela” y en ese marco consideró como “alternativa” la posibilidad de que reciban educación domiciliaria. “La última vez que me consultaron sobre este tema estábamos esperando la pertinencia de este tipo de asistencia, porque es un reclamo judicializado –explicó la ministra–. Lo cierto es que esto ya está resuelto en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay una asistencia y seguimiento de parte de la municipalidad de Mendoza y hay una solicitud concreta respecto del tema de vivienda de esta familia”, tema que ya estará resuelto “mañana o pasado”.

Podrían evitarse más de la mitad de las muertes de recién nacidos

2009-05-21T08:10:00.000-07:00

Publicó La Nación
25 de marzo de 2009

Casi el 60% de las defunciones son por problemas de infraestructura y capacitación

Por Fabiola Czubaj

Un relevamiento del estado de salud materno-infantil en nuestro país que se dará a conocer hoy revela un dato alarmante: casi el 60% de las muertes de bebes en los primeros meses de la vida ocurren por causas que pueden prevenirse con medidas tan sencillas como lavarse las manos antes de revisarlos.

El Informe de Salud Materno-Infantil Juvenil 2009 fue realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef. En sus sesenta páginas se advierte, en general, un deterioro de la calidad de la vida asociada con la salud de los chicos y adolescentes en los últimos años. Los resultados más impactantes los proporcionan la alta cantidad de muertes de bebes que se podrían evitar en los primeros doce meses de la vida si se aplicara el conocimiento científico disponible con una infraestructura adecuada para la atención de la salud.

Los últimos datos suministrados por el Ministerio de Salud, que corresponden a 2007, muestran que de los 5964 bebes que murieron ese año en los primeros 28 días de vida (período neonatal) se podría haber salvado a 3041 recién nacidos (el 57,2%) en condiciones óptimas.

Bajo esas mismas condiciones, que básicamente consisten en disponer de medidas de prevención y tratamiento en el momento oportuno durante el embarazo, el parto y el primer año de vida, de los 3336 bebes que fallecieron en 2007 entre los 28 y los 365 días de vida (período posnatal) se podrían haber evitado 1211 muertes (el 56%).

"Es vergonzoso que casi el 60% de los bebes mueran por causas evitables -consideró el doctor Hugo Sverdloff, coordinador del informe e integrante del Comité de Pediatría Social de la SAP-. Nos preocupa también el aumento de la mortalidad infantil, en general, que pensamos que tiene que ver con la situación de crisis que vive el país, pero también el aumento de las muertes neonatales, que son las más difíciles de manejar y tienen que ver principalmente con el manejo del embarazo y el parto."

Según el informe, que se presenta hoy en el Centro de Capacitación y Docencia Dr. Carlos Gianantonio, de la SAP, el 44% de las muertes neonatales se podrían haber reducido en 2007 con el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los problemas durante la gestación y el parto. Un 12% de los decesos se podrían haber evitado si ese diagnóstico y tratamiento hubiese llegado a tiempo.

"Han mantenido un descenso coherente ciertas causas dependientes más que nada del manejo obstétrico pediátrico alrededor del parto (complicaciones del trabajo de parto, hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento) -precisa el texto del informe-. Preocupa el ascenso franco de la cantidad de muertes por problemas relacionados con la edad gestacional, la sepsis bacteriana [infecciones en el recién nacido por bacterias transmitidas por la madre en el momento del parto] y los trastornos hemorrágicos (...). Es indudable que estos problemas merecen un atento seguimiento y preocupación por parte del sistema de salud."
Factores sociales

En cambio, a partir del mes de vida, la mortalidad se debe principalmente a factores sociales, como la desnutrición y los problemas de acceso a la atención médica. De hecho, en el período posneonatal, el 26,5% de las defunciones se podrían haber evitado mediante la prevención y el tratamiento.

"En estos últimos cinco años -concluye el informe-, las diez primeras causas de muerte no variaron y sólo intercambiaron sus posiciones, a excepción de las malformaciones congénitas del corazón. Lo que llama la atención es el lugar preeminente que tienen el síndrome de muerte súbita infantil y otros accidentes que obstruyen la respiración."

Ambas causas ocupan el cuarto y el quinto lugar en las diez principales causas de muerte antes del año de vida, después de las malformaciones cardíacas congénitas, la neumonía y la septicemia, que ocupan, respectivamente, los tres primeros lugares.

"Creemos que todo esto es es una expresión directa de la crisis que vivimos, la inequidad y la pobreza", resumió Sverdloff, pediatra diplomado en salud pública. Por eso, la SAP elevará recomendaciones al Ministerio de Salud para reducir la enorme brecha que existe entre las provincias para acceder a servicios de salud.

Según la doctora Margarita Ramonet, que preside la SAP, los datos son "confiables" como para comenzar a capacitar a los pediatras con talleres en el lugar de trabajo a la espera de la decisión política de "activar" la atención primaria de la salud. Para eso, la Sociedad desarrolló un Plan Estratégico en Salud Materno Infanto Juvenil que ofrecerá a las autoridades.

Embargo a ministro bonaerense por “desamparar” a chicos de la calle

2009-05-21T08:05:00.000-07:00

Publicó Política y Medios
8 de mayo de 2009

El fallo lo dictó el juez Luis Arias, quien señaló a P&M que el titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, “no ha mostrado ninguna voluntad de cumplir con al demanda cautelar para que los menores en situación de calle tengan un lugar para satisfacer sus necesidades básicas”. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, calificaron de “lamentable que se haya llegado a esta instancia para que resuelva” el tema.

Hasta que no se cumpla con la medida cautelar del juez platense Luis Arias, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (foto), y el Secretario de esa cartera en la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat, sufrirán un embargo diario que llegará hasta el 20 por ciento de sus sueldos.

El mismo juez lo determinó ayer, al constatar que no se había cumplido el fallo del año pasado que exigía de forma urgente a los Ejecutivos provincial y municipal el funcionamiento de un parador nocturno, un servicio de atención telefónica las 24 horas, dos coches para el traslado de los chicos y la difusión de sus derechos.

“El Ministerio de Desarrollo Social no ha cumplido nada, cuando es justamente la competencia mayor, con la mayor responsabilidad, en particular sobre la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia”, destacó el juez en diálogo con Política&Medios y agregó que “no ha mostrado ninguna voluntad ni intensión de cumplir con al demanda cautelar, que fundamentalmente está dirigida a que los menores tengan un lugar de referencia para poder satisfacer sus necesidades básicas, alimentación higiene, descanso. En virtud de las convenciones que tiene firmado el estado, no puede dejar a ese chico desamparado en la calle”.

Para Arias, este comportamiento del Ministerio “demuestra que no hay voluntad política de llevar adelante esta política de estado que ha fijado la legislatura a través de la sanción de estas leyes. Hay miles de autos, hay choferes para todo, ¿no se pueden destinar dos autos para que en toda la ciudad de La Plata se pueda trasladar a los chicos? ¿No puede haber un 0800 las 24 horas? Lo cierran a las 8 de la noche, justo cuando más problemas hay”.

Consultado sobre los descuentos a los funcionarios, que en el caso de Arroyo es de 800 pesos diarios y de 200 sobre Crusat, el juez se manifestó descreído sobre el funcionamiento de esta sanción. “No va a pasar nada. Porque normalmente las astrientes la Cámara en lo Contencioso Administrativa de La Plata las revoca sistemáticamente, entonces a los funcionarios les da lo mismo cumplir o no la orden judicial. Incumplir una orden judicial es un delito, pero hay un estado de impunidad terrible”, denunció.

La medida cautelar dictada por Arias el año pasado, surgió de las denuncias de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Ricardo De Udaeta, integrante de la organización, opinó a P&M que “es lamentable que se haya llegado a esta instancia para que se deban poner a gestionar y resolver el problema de los chicos de la calle y para poder aplicar la ley de promoción y protección”.

“El juez –señaló Udaeta- vio que en realidad los pibes siguen en la calle, la policía los sigue reprimiendo, no hay servicio de atención telefónica las 24 horas, no hay un parador nocturno. Vemos que hay una decisión política de que esos chicos sigan en la calle. Fuimos a reclamar muchas veces por estas medidas y la respuesta siempre ha sido represiva, cuando pusimos la ollas populares nos mandaron a control urbano, que debería estar revisando las ferreterías que le venden pegamento a los pibes y los mandan a donde estamos nosotros, que les damos de comer”.

Po último, Udaeta pidió que más que discutir la baja en la edad de imputabilidad, se debería sacar a todos los chicos de la calle. “En provincia tenemos la ley de Promoción y Protección, que es muy buena, de avanzada, pero lo que hace falta es voluntad política para poner plata, si no ponen plata en eso no se de donde van a sacarla para ponerla en le ley de responsabilidad penal juvenil”, analizó y agregó: “No se cual es la prioridad, si defender a los pibes o castigarlos”.

Régimen Penal Juvenil. Para el juez Luis Arias, “hay un elevado nivel de reduccionismo sobre bajar la edad de imputabilidad o no. Creo que no va a solucionar nada, es una aspirina para calmar los síntomas de una enfermedad hasta que pasen las elecciones. Las leyes por si mismas no modifican la realidad, se necesita alguien que las cumpla, que las ejecute, que las lleve a cabo. Se necesitan acciones continuadas, concretas como estas que ordenamos. Trabajo constante, permanente, por parte de la administración, invertir recursos humanos y materiales, pero esas situaciones no se dan”.

“Hay una ley nacional de protección de los derechos del niño y también está en la convención de los derechos el niño, que ya tiene 20 años, pero el problema es que nadie esta decidido a invertir, porque es algo que no se ve y tarda muchos años en empezar a ver resultados. No es lo mismo que hacer 10 cuadras de asfalto”, concluyó el magistrado platense.

Realizaron estudios de ADN al “Chacal”, la víctima y sus hijos

2009-05-20T13:38:00.000-07:00

Publicó Diario Hoy
20 de mayo de 2009

El fiscal Gutiérrez del Barrio anticipó que el resultado se conocerá en unos 20 días, aunque no será determinante para el futuro procesal del acusado. Si no se prueba que abusó de la hija, saldrá libre, ya que el incesto no es delito

El Cuerpo Médico Forense realizó ayer los exámenes de ADN al hombre acusado de haber violado a su hija por más de veinte años y a todos los involucrados del caso, incluyendo a la presunta víctima y a los siete hijos.
Las muestras fueron derivadas a los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, informó ayer el Fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio, aclarando que el resultado (que se conocerá en unos 20 o 30 días) no va ser determinante para decidir la suerte del imputado, sino que va corroborar si efectivamente es el padre de los niños”. Es que aunque el ADN lo confirme, el detenido podría recuperar su libertad si no se comprueba el abuso, ya que la ley no contempla al incesto como delito.
La abogada Mariana Hellin, ex presidenta del Instituto de la Mujer, dijo que “la víctima es mayor de edad y los delitos o abusos sexuales que le hayan cometido cuando era menor prescribieron y ya no se pueden seguir penalmente”. El fiscal aclaró ayer que “no puede adelantar ningún tipo de valoración acerca de los testimonios recogidos hasta el momento”, correspondientes a la madre de la presunta víctima y concubina del hombre de 67 años; la propia denunciante, de 35; y de sus hijos. Ayer se cumplió una semana desde que el acusado quedó alojado en el penal de la ciudad de Mendoza, imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en número indeterminado de hechos en concurso real.
El fiscal admitió que le han llegado “cinco causas vinculadas con este caso tramitadas por distintos juzgados”, que “no son específicamente penales, sino que hay actuaciones en sede de los Juzgados de Familia y también algunas medidas tutelares”. Esos expedientes, dijo, “vienen desde hace varios años” y se habrían originado en declaraciones de vecinos.
Según publicó ayer el diario Uno, de Mendoza, el 21 de noviembre de 2002 se inició una causa por una denuncia anónima. El séptimo Juzgado de Instrucción, a cargo entonces de Eduardo Martearena (actual fiscal especial de la provincia) pidió un estudio de ADN, pero las actuaciones se archivaron porque la víctima se negó a brindar información sobre el padre de los niños. “No la puedo obligar a declarar”, explicó Martearena.

Violador de menores condenado a 18 años de cárcel

2009-05-20T13:32:00.000-07:00

Publicó Crítica Digital
20 de mayo de 2009

El hombre fue hallado culpable del abuso sexual a dos nenas de 8 y 10 años y otro chico de 11, fue condenado por la Justicia Platense.

La Justicia Platense condenó este miércoles a 18 años de prisión a un hombre acusado de haber violado a dos hermanas de 8 y 10 años, hijas de su pareja, y un chico de 11 años.

Fuentes tribunalicias informaron que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II, de La Plata, integrado por los magistrados Claudio Bernard, Carlos Graziano y Liliana Torrisi, fallaron contra el acusado, de 49 años, al encontrarlo penalmente responsable del delito de violación en perjuicio de las dos nenas con las que había vivido cuando fue pareja de la madre de ellas, en 2005, en la localidad bonaerense de City Bell.

En el veredicto, el Tribunal dio por acreditado que durante el 2005, el acusado "aprovechándose de la confianza que inspiraba en las dos menores, con quienes había convivido tiempo atrás en razón de haber mantenido una relación de pareja con la madre de ambas, en circunstancias en que se quedaban a dormir en su casa llevó a cabo diversas prácticas lascivas -sometiéndolas a distintos actos vejatorios y humillantes- accediéndolas en reiteradas oportunidades carnalmente" según consigna el diario platense El Día .

También el procesado fue acusado de haber violado en la misma época a su sobrino de 11 años, señalaron las fuentes.

Irlanda: un informe oficial denuncia abusos sexuales en escuelas católicas

2009-05-20T13:22:00.000-07:00

Publicó Crítica Digital
20 de mayo de 2009

El documento revela golpizas y violaciones a menores alojados en instituciones educativas y asilos manejados por la Iglesia. Los casos habrían comenzado en 1930 y fueron habituales hasta comienzos del siglo XXI.

Una comisión investigadora oficial de Irlanda reveló este miércoles que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos de ese país.

Los abusos, una situación que el documento calificó de "endémica" en este país, provocó que varias generaciones de niños y niñas entregados al cuidado del Estado viviesen "a diario el terror" de los castigos corporales.

La Comisión sobre Abusos a Menores fue establecida en 2000 para aclarar numerosas denuncias de violaciones ocurridas desde 1940 hasta mediados de la pasada década de los 80 en escuelas públicas, orfanatos, centros para enfermos mentales y en otras instituciones estatales, que, en su mayoría, estaban administradas por sacerdotes y monjas de la Iglesia católica irlandesa. No obstante, la investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000.

El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de "abusos sexuales crónicos" y de maltratos físicos y emocionales infligidos "sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados" tanto por religiosos como por personal laico. El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.

Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia -a cargo del mayor número de instituciones para menores-, los Hermanos Cristianos -el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad- y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio.

Estas últimas administraban las infames "Lavanderías de la Magdalena", popularizadas por la película Las hermanas de la Magdalena (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones. Para la Comisión, las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores.

El presidente de la Comisión, el magistrado Sean Ryan, aseguró que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, "en muchos casos", volvían a delinquir.

El grupo de apoyo a las víctimas "One in Four" ("Uno de cada cuatro"), consideró que "la jornada de hoy es un día de vergüenza para Irlanda". Los perjudicados lamentan también que, como resultado de la investigación, que le ha costado al Estado más de 70 millones de euros, ningún supuesto pederasta será llevado ante la Justicia.

"El abuso sexuales de chicos era endémico en las escuelas, mientras que en las de chicas, las menores eran objeto de actitudes depredadoras por parte de trabajadores varones, visitantes o cuando salían al exterior para realizar alguna tarea", indicó el texto.

El Comfer cuestiona a Tinelli

2009-05-19T12:05:00.000-07:00

Publicó Crítica Digital
19 de mayo de 2009

Título original: "Ideas del Sur defiende a sus chicos"

El Comfer continúa el sumario contra el programa, mientras la productora de Tinelli dice que los pequeños "están autorizados" por el GCBA.

La productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur , se comunicó con este diario, en respuesta a la nota publicada el domingo sobre el segmento Bailando Kids, para decir que los chicos que participan allí están autorizados por la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a grabar una vez por semana, de 14 a 20, (disposición 000368 emitida el pasado 28 de abril).

Según detallaron, a través de un trámite que les llevó más de un mes, Ideas... logró la autorización expresa de ese organismo, así como de los padres de cada uno de los chicos. Sin embargo, el sumario –y las muy probables sanciones– contra ShowMatch que lleva a cabo el Comfer seguirá su curso.

Desde el ente gubernamental Gustavo Bulla, director de Supervisión y Evaluación del organismo explicó a este diario que “No importa que los chicos tengan autorización para trabajar porque nosotros no controlamos el trabajo infantil. El Comfer se encarga de la aplicación de la Ley Federal de Radiodifusión en vigencia, la 22.285, y allí está expresamente prohibido que un chico de menos de 12 años aparezca en un programa dentro del horario de protección al menor a menos que tenga una leyenda explícita que diga ‘Este programa fue grabado con anterioridad’, algo que no sucedió en ninguna de las emisiones del segmento”. Para la productora de Showmatch, “ningún programa dice que ha sido grabado y nadie entiende que va en vivo”.

El Comfer, sin emargo, estudia también asuntos “más graves”, vinculados al contenido de algunos programas en los que los niños fueron objeto de comentarios sobre el contenido sexy o sensual de sus danzas, principalmente la del reggaeton, que ocupó la primera semana del certamen.

“Bailando Kids” es, además de “Gran Cuñado” , una de las apuestas fuertes del programa de Marcelo Tinelli para esta nueva temporada en Canal 13 , aunque mide menos que la parodia política en términos de rating.

Hay 600 pibes adictos al paco en “situación de pasillo”

2009-05-19T11:57:00.000-07:00

Publicó Crítica Digital
18 de mayo de 2009

Se llama así a los chicos que no reciben atención del estado y viven sin techo en las villas de emergencia porteñas.
En menos de una semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir con un fallo judicial que lo obliga a dar asistencia a todos los jóvenes que consumen esa droga. Sin embargo, estudian apelar.

Por Claudio Mardones

Cuando falta menos de una semana para que el gobierno porteño decida si rechaza o cumple con el fallo judicial de la magistrada Andrea Danas, que le ordenó a fines de 2008 “garantizar la salud de todos los jóvenes adictos al paco en un plazo de noventa días”, una alta fuente de los tribunales de la ciudad confió a este diario “que existen alrededor de 600 casos confirmados de chicos en situación ‘de pasillo’, que pasan sus días diseminados en todas las villas y núcleos habitacionales transitorios de la Capital Federal”.

El dato, que sorprendió a jueces y fiscales del fuero contencioso porteño, no sólo aporta un descarnado pantallazo sobre la evolución del consumo de una droga con secuelas más graves que las que causa el consumo de pasta base de cocaína (PBC).

Según los especialistas, funcionarios y fiscales consultados, “la situación de pasillo” consiste “en la definición más precisa para graficar un estado diferente y más complejo que la situación de calle”. Pero para el padre José María Di Paola, coordinador del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, hay una definición más certera que para los curas villeros no es nueva. Se trata “del desamparo de vivir sin techo, que se combina con una evolución muy negativa de la adicción: ya no pueden vivir con su familia porque el consumo crónico los torna muy violentos y a la vez eligen refugiarse en un lugar que sea menos hostil que las calles porteñas –explica el párroco–. A pesar del empeoramiento que viven los chicos cuando son consumidores crónicos de paco y del rechazo generalizado de la sociedad, los vecinos de las villas les ofrecen una solidaridad más efectiva que el trato que reciben en la calle y desde el Estado, donde son tratados como casos irrecuperables”.

Sin embargo, fuentes del gobierno porteño, que no negaron la cifra de “600 chicos en situación de pasillo” coincidieron a medias con la caracterización del padre Pepe y revelaron que “entre 2008 y lo que va de este año se denunciaron 325 puestos de venta de paco en la ciudad, especialmente en la zona sur”. La situación “de pasillo” no sólo estaría relacionada con un refugio menos discriminador para los chicos, “sino con la cercanía a los puntos donde se puede conseguir paco con más facilidad”, explicó una alta fuente del Ejecutivo comunal, una respuesta que también apunta al papel de la policía en la persecución del narcotráfico en el territorio porteño, lo cual, para los especialistas del área encargada, es casi nulo.

Según un informe de febrero pasado del Equipo Móvil de la Dirección de Niñez de la Ciudad, en los barrios de “Pompeya, Boca y Barracas circula ‘casi libremente’ la venta de pasta base de cocaína y tolueno sin la adecuada injerencia de los diferentes actores que deben intervenir”. La repartición fue denunciada por el titular de la Asesoría Tutelar Nº 1, Gustavo Moreno, a la Cámara Correccional porteña para que la Justicia investigue si “la actitud omisiva de las fuerzas de seguridad podría constituir conductas delictivas”. Hasta ahora, no se ha sustanciado ninguna causa que investigue el caso, pero el funcionario judicial denunciante es el mismo que ahora espera que venzan los plazos judiciales para saber si la Ciudad cumplirá con la sentencia “o les embarga los sueldos a todos los funcionarios del área de Desarrollo Social hasta que se cumpla la sentencia”, dijo a este diario. Para Moreno, los 600 chicos “no son más que la punta de un iceberg donde se combina el consumo de todas las sustancias”. El letrado, encargado de defender los derechos de los menores porteños, insiste: “Me consta que la mayor cantidad de casos de chicos ‘en pasillo’ se puede verificar en las villas 15 y 3 de Soldati y la 21-24 de Barracas”.

LA TRAMA. En la ciudad viven cerca de tres millones de personas. De ellas, “un 58,5% de sus hogares vive en alguna situación de pobreza estructural o de ingresos”, según revela el Observatorio de la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones porteño. Según el último censo realizado por la Dirección General de Niñez, que data de julio pasado, en la ciudad “se identificaron 719 niños (menores de 18 años) en situación de calle”. Para fuentes de la comuna, ese panorama “ha empeorado en los últimos diez meses, algo que explica por qué hay 600 chicos en situación de pasillo”. Entre los datos que posee la Ciudad, “hasta diciembre de 2008 el 64,9% de los menores y adolescentes en tratamiento lo hizo con el paco como droga fundamental”. Los relevamientos oficiales indican que los consumidores de paco “son todos menores de 25 años, que el 2,3% de los estudiantes secundarios consumió paco alguna vez en su vida, que el 25% de los alumnos consultados considera que les ofrecen esa droga con facilidad y que el paco es la droga que se consume a más temprana edad, es decir, a partir de los doce. Para Moreno, “la negativa de Macri a cumplir esta sentencia no tiene sentido cuando la Corte Suprema de la Nación está por dictar un fallo para despenalizar el consumo de drogas y tratar a los adictos como enfermos. Si es así –razona–, ¿por qué no abrir los centros de atención necesarios?”. Desde la Procuración General de la Ciudad, a cargo de la defensa judicial del Estado porteño, contestaron que “todavía estamos evaluando si apelamos”.

Un consumidor promedio de 12 años

Según el informe 2007 de la Secretaría contra la Droga y el Narcotráfico de la Nación, “entre enero de 2006 y julio de 2007, se registraron 3.596 personas en tratamiento por adicciones”. En la ciudad, de los 677 internados, el 64,9% tuvo el paco como la principal droga que motivó su tratamiento, una cifra que en el ámbito nacional sólo alcanza el 22 por ciento. Pero según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social porteño, “el paco se consume a más temprana edad entre los adolescentes escolarizados, con una media de doce años”. Explica que “sólo el 21% de los niños en situación de calle nació en la ciudad y que en el Gran Buenos Aires tienen más hermanos en calle que los porteños”, aunque se estima que habrían más chicos en esta situación. Según los últimos datos, los chicos “paran o ranchan con pares, ya que sólo el 27% está con adultos o con su familia, mientras que algo más del 30% de las niñas estuvo embarazada alguna vez (la mitad tuvo un hijo). “De acuerdo con la legislación argentina, son niños, pero de acuerdo con el modo de supervivencia, son adultos que se autodeterminan y autoabastecen”, revela un paper porteño.

“Revientan en provincia y vienen acá”

Mientras el gobierno porteño analiza si apelará ante el Tribunal Superior de Justicia la medida judicial que ya fue confirmada dos veces por fueros inferiores, la subsecretaria de Promoción Social de la ciudad, Soledad Acuña, dijo a este diario que “todo lo que pide la jueza ya esta cumplido, lo que no quiere decir que tengamos el 100% resuelto”, un concepto que fue rebatido por el asesor tutelar, Gustavo Moreno, quien confirmó que seguirá exigiendo un mapa epidemiológico y la partida presupuestaria necesaria para abrir todos los centros que hagan falta. Consultada sobre “la situación de pasillo”, explicó que “se trata de una categoría que encontramos en este primer trimestre” y advirtió que “la única solución es combatir al narco en la ciudad. Si en la provincia revientan las cocinas y no contienen a los chicos, se vienen a consumir a la Capital, por eso tenemos cada vez más cocinas en San Telmo, La Boca y Barracas”, en alusión al operativo de la semana pasada en la provincia que incautó 8.000 dosis de paco. Para el padre Pepe, “es vital que Ciudad y Provincia acuerden medidas conjuntas”.

Alerta por el colapso en centros de atención de adictos

2009-05-19T11:43:00.000-07:00

Publicó Crítica Digital
19 de mayo de 2009

En un relevamiento realizado, Criticadigital recogió denuncias por falta de presupuesto, servicios básicos y personal especializado. El gobierno de Scioli admite falencias y promete soluciones.

Por falta de financiamiento hay centros de atención que no pagan su alquiler y tienen pedidos de desalojo. Otros no tienen teléfono. En los hospitales de la provincia no hay camas para cubrir internaciones.

Por Stella Córdoba

Los Centros Provinciales de Adicciones (CPA) de la provincia de Buenos Aires están al borde del colapso. A la escasez de presupuesto para mantenerlos en correcto funcionamiento, se suma la falta de profesionales especializados en recuperación de adictos y un paro activo de los trabajadores de los centros que lleva casi dos meses. La Subsecretaría de Atención a las Adicciones atribuye la problemática a la “transición” por el reciente cambio de autoridades en esa área.

Los reclamos de los empleados son coincidentes en varios de los CPA del Conurbano. Claudia Saavedra trabaja en la Subsecretaría que depende del Ministerio de Salud provincial y es delegada del gremio de estatales ATE. En diálogo con Criticadigital, Saavedra anticipó lo delicado de la situación: “Siempre han sido la última prioridad para el Estado, esto viene de arrastre por falta de financiamiento desde hace tres años. La subsecretaria anterior se fue en medio de un conflicto que se desató por el hartazgo de los trabajadores ante la falta de respuestas”.

En el territorio bonaerense funcionan cerca de 180 servicios que cubren casi la totalidad de los distritos, compuestos por 134 municipios y divididos en 12 regiones sanitarias. Hasta éstas salas llegan más de 12.000 personas por mes en busca de asistencia. Sin embargo, las graves denuncias de los trabajadores revelan la crisis que atraviesan.

En la lista de falencias figuran la falta de servicios básicos como el teléfono. Hay CPA que no tienen línea por falta de pago y no pueden atender los llamados de personas con problemas de adicción que quieren pedir auxilio médico. “Es el medio por el cual los pacientes llegan al centro, sin teléfono no podemos ayudar”, confiaron desde el CPA de Tres de Febrero, trabajadores con más de dos años de antigüedad a este medio.

Sobre algunos centros pesan pedidos de desalojo porque el gobierno provincial no cumplió con el pago de los alquileres de los locales y predios. Como en otros hospitales públicos del país, los problemas edilicios están a la orden de día. Los trabajadores de ATE aseguran que hay instalaciones de luz, gas y agua que necesitan ser reparadas, y sin esos servicios se dificulta la actividad. Además, comentaron que en muchas ocasiones les pagan tarjetas de teléfono a los pacientes ambulatorios con “su propio dinero” para no perder el contacto y seguir el tratamiento. También aseguran que costean los desayunos o almuerzos de los pacientes, muchos de ellos en situación de calle.

En el caso de las internaciones, expresaron tener obstáculos para conseguir camas porque la Provincia no cumple con los pagos a los nosocomios que aceptan a los pacientes derivados por los CPA. Según los estatales, para las empresas de salud o clínicas privadas es más redituable trabajar con el Gobierno nacional.

A los CPA llegan personas en riesgo. La mayoría vienen de hogares pobres, desplazados, generalmente sin contención familiar ni trabajo estable y son adictos a la pasta base, el paco, la cocaína, el alcohol, la marihuana o el pegamento.

LA PROVINCIA ADMITE ERRORES. Desde la Subsecretaría de Adicciones admitieron que “en algunos establecimientos se originaron problemas por falta de insumos y de herramientas” y justificaron la situación en un desplazamiento de la anterior jefa del área, María Graciela García.

“Estamos en etapa de transición”, dijeron fuentes oficiales a Criticadigital. El nuevo responsable a cargo es el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Javier Goñi. El viernes pasado, Goñi visitó el Centro de Atención Pueblo de la Paz de Lomas de Zamora y dio su versión. “Había escasez de insumos, de elementos, pero el gran problema era la falta de comunicación”, sostuvo.

La semana pasada los profesionales se declararon en estado de asamblea permanente y resolvieron levantar las medidas de fuerza para escuchar propuestas. “Estamos atendiendo con los mecanismos de emergencia y de derivación, hasta que se restablezca la situación”, afirmó el funcionario, al reconocer la problemática.

Los empleados en conflicto también reclaman que se reconozca su labor como trabajo de riesgo, ya que deben lidiar con adictos y sus entornos en barrios marginales. Además denuncian que el servicio de asistencia medica no cubre a los empleados ni a las personas que frecuentan las instalaciones del CPA, como familiares y amigos de los pacientes.

Otro de los pedidos apunta a la falta de personal especializado para atender la gran demanda de enfermos. En el centro Matanza-González Catán, reportan cinco sicólogos y un psiquiatra -que asiste una vez a la semana- junto a dos secretarias y una persona que realiza tareas de maestranza. La mayoría prestan servicio desde hace diez años. “No damos abasto”, advierten con pedido de reserva de identidad.

En el centro de Avellaneda también adhirieron al paro durante casi dos meses. Allí denuncian que el personal que renunció a sus tareas no fue reemplazado y que eso produce una sobrecarga de trabajo para los que siguen luchando en la recuperación de drogadictos.

El CPA de Lomas de Zamora tiene a su cargo todo el cordón de villas de emergencias cercanas. Según relataron a Críticadigital, hace cuatro días ingresó un joven que recibió como diagnóstico una inminente internación. Sin embargo, no se le pudo dar respuesta. “Por los inconvenientes que existen con los sanatorios se le sugirió a los especialistas incluirlo en la lista de espera”, expresó uno de los empleados administrativos. La espera es de al menos 30 días, el tiempo justo para regularizar las deudas y pagar por las internaciones.

Juan Pablo Álvarez, vocero del departamento de prensa y difusión de la Subsecretaría, dijo que Goñi mantiene reuniones con las diferentes secciones de Salud para intentar buscar una salida al conflicto.

Para Saavedra los CPA están lejos de salir de la escenario de riesgo “Este es un problema de salud, no es solo un tema social, es una patología que tiene incidencia en lo social, pero tiene que ser visto como una patología. Nosotros no queremos que nuestro trabajo se encuadre dentro de la lucha contra el narcotráfico, el adicto necesita ayuda sanitaria ya”, concluyó.

Cómo bajó Chile la mortalidad infantil

2009-05-19T09:42:00.000-07:00

Publicó Página|12
13 de mayo de 2009

Título original: “Ya estamos muy cerca de Canadá”

René Castro dirige el Programa Nacional de Salud de la Mujer. Aquí explica cómo Chile logró tener las tasas más bajas de mortalidad materno-infantil en la región. Una de las claves es la entrega gratis de anticonceptivos, incluso en la dictadura.

Por Mariana Carbajal

Chile ostenta tasas envidiables de mortalidad materna e infantil: están entre las más bajas del continente, muy por debajo de las de Argentina. Probablemente, incluso, sea el único país de la región que pueda cumplir con los Objetivos del Milenio en cuanto a la salud materna e infantil, de acuerdo con un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ¿Cuáles han sido las políticas que contribuyeron a mejorar notablemente sus indicadores en las últimas décadas? El médico René Castro encabeza desde 1992 el Programa Nacional de Salud de la Mujer, pieza esencial de su política sanitaria. En un reportaje de Página/12, a su paso por Buenos Aires, este médico especialista en obstetricia y ginecología dio las claves del éxito trasandino, entre las que se destacan una provisión constante de anticonceptivos gratuitos en todos los centros de salud del país desde fines de la década del ’60 y una red de parteras que se encargan de proveerlos y también de realizar los partos y tener el contacto directo con las mujeres y sus niños.

–¿Cuál es la tasa de mortalidad materna de Chile?

–1,8 cada 10 mil nacidos vivos. Ha rondado esa cifra en los últimos cuatro o cinco años.

–La de Argentina es muy superior: 4,3 por cada 10 mil nacidos vivos.

–En este momento, Chile, Uruguay y Costa Rica están en un rango parecido, menos de 2 y eso nos coloca arriba en el ranking de Latinoamérica.

–¿Cuál es la receta? ¿Qué medidas han contribuido a lograr mantener una tasa tan baja?

–Tiene una historia un poco larga, como todos los procesos sociales. Arranca por los años sesenta, cuando en Chile el problema del aborto era realmente bravo. En esa época se morían cada año 800 mujeres por causas vinculadas al parto, posparto y aborto. Primero hubo una fuerte inquietud en el mundo académico, en los centros de investigaciones y en las universidades. En 1965 se realizó una propuesta formal al gobierno de la época con la forma en que Chile podía enfrentar el problema del aborto, con un programa oficial de planificación familiar en los servicios públicos de salud. Lo interesante es que el presidente era un hombre del mundo demócrata cristiano, conocido públicamente como católico, muy religioso y practicante, Frei Montalba. El recoge esa propuesta muy sólida y, finalmente, después de hacer algunas consultas, incluso con un comisión católica, autoriza que se incorpore en la oferta de los programas materno-infantil de todo el país la planificación familiar. El programa comenzó en el año ’67 y hasta el día de hoy se mantiene. La ventaja de Chile es que es un país unitario. Lo que dice el Ministerio de Salud Nacional llega con la misma fuerza al extremo norte y sur del territorio. En 1976 el Ministerio de Salud se da cuenta de que con los recursos médicos de que se disponían en esa época no iba a ser posible cubrir toda la demanda porque estaba creciendo mucho. Se delegó entonces en la matrona u obstétrica, que es personal no médico, la posibilidad de indicar el uso de métodos anticonceptivos.

–¿Qué pasó durante la dictadura militar?

–Se da una situación interesante cuando viene el momento de preguerra con Argentina por el canal de Beagle y la zona sur. Había una estructura que se llamaba Oficina de Planificación Nacional, que sacó una resolución pronatalista con el argumento de que desde el punto de vista de geopolítica se necesitaba poblar más el país. Esa resolución no pasa de ser una propuesta. No llegó a ser tomada por el Ministerio de Salud. Pero en el contexto de dura dictadura que teníamos, algunas personas en los servicios interpretaron que significaba discontinuar y retirar la oferta de anticonceptivos. En algunos lugares interpretaron que no se colocaban más dispositivos intrauterinos y empezaron a sacarlos sin conocimiento de las mujeres. La ciudadanía lo supo. Se difundió. Lo interesante fue que la misma población dejó de ir a los centros de salud. En ese momento, 1978, por lo menos un 70 por ciento de las mujeres estaban usando DIU. Fue una reacción de ciudadanía informal.

–Más allá de ese episodio, ¿el programa de planificación familiar se mantuvo?

–Durante la dictadura no hubo un apoyo explícito al programa pero tampoco se le puso un obstáculo muy concreto. Los recursos se redujeron como se redujo todo el gasto social durante la dictadura por el enfoque neoliberal que sostenía que el Estado debía reducirse. Cuando recuperamos la democracia en el año ’90, a los seis meses aproximadamente, el primer gobierno hace una declaración de apoyo político explícito al programa.

–¿Cuándo se incorpora usted al programa?

–Yo llegué en el año ’92. Me ha tocado vivir gran parte de este proceso en los últimos 17 años, que es lo que ha ido haciendo la diferencia desde que recuperamos la democracia. En el ’94 llega la Cumbre de Población de El Cairo con todo el mensaje de la salud reproductiva. Y viene después la Conferencia Internacional de la Mujer, en Beijing. A partir de ese contexto internacional fuimos incorporando los nuevos paradigmas: derechos personales, enfoque de género, decisiones informadas. Y pasándolos, por supuesto, a los servicios. El segundo aspecto es que sigue siendo responsabilidad del personal no médico, de las matronas, en toda la red de atención primaria. Incluso, en los hospitales, son ellas las que se encargan de los partos.

–¿No intervienen los obstetras?

–Si no hay un problema o una complicación, no.

–¿Cuál es la proporción entre matronas y médicos?

–Hay unas 3500 matronas en el sector público. Y unos 1500 médicos que practican la especialidad de tocoginecología, pero no están todos en el sistema público. Por lo tanto, la relación puede ser de tres matronas por cada médico en el sistema público de salud. De hecho, en nuestra red primaria casi no tenemos especialistas. Por lo tanto, el recurso básico es la matrona. Cuando hay un problema, por supuesto, lo derivan al hospital.

–Del total de muertes maternas, ¿cuántas son consecuencia del aborto en la actualidad?

–No más del 15 por ciento del total. Es una proporción baja.

–En Argentina la última medición dio que rondan el 24 por ciento. ¿Hay estimaciones de cuántos abortos se realizan de todas formas cada año?

–No, ninguna. Seis meses antes de que la dictadura se retirase oficialmente a los cuarteles, eliminó la cláusula del aborto terapéutico. Por lo tanto, en ese escenario de absoluta restricción y penalización, no hay ninguna fuente de registro, salvo el dato duro del egreso hospitalario y la muerte por aborto. Claramente, los egresos hospitalarios han venido cayendo igual que los nacimientos. Desde los noventa a la actualidad hemos tenido una baja de la natalidad. Hoy es de dos hijos por mujer. En la década del ’60, cuando iniciamos el programa, era de 5. Me atrevería a decir que la cantidad de abortos ronda entre 70 mil y 100 mil cada año, en un total de 250 mil nacimientos. Un aborto, cada tres o cuatro nacimientos, es una cifra un poco más manejable que la que tienen en la Argentina.

–¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de Chile?

–7,6 por 1000 nacidos vivos. Bajísima. Ya estamos muy cercanos a Canadá, que tiene la mejor tasa del continente. A riesgo de sonar inmodesto, considero que Chile se anticipó al menos 15 a 20 años a lo que fue el concepto de fortalecer el modelo de servicios de atención primaria y esto se transfirió al ámbito materno e infantil. Dos años después de instalado el sistema nacional, se implementó un programa nacional de alimentación complementaria para abordar el problema de la desnutrición infantil, con todo el impacto que tiene ese tipo de medidas en la salud de los chicos. Posteriormente, todos los programas de vacunación que desde el nivel internacional de la OPS/OMS van surgiendo, Chile los ha ido incorporando muy rápidamente. Y por supuesto, la misma red de servicios para las mujeres también es para los chicos. Entonces, se instala muy tempranamente el concepto de control preventivo de la salud. Por lo tanto, la caída de los indicadores de muerte infantil y materna han sido caminos paralelos.

–¿Cuál es el gasto en salud?

–Tengo entendido que nosotros gastamos dos a tres veces menos que Argentina en relación con el PBI.

El Arzobispado se hará cargo de un Hogar de niños hasta el desalojo

2009-05-19T08:58:00.000-07:00

Publicó Clarín
18 de mayo de 2009

El hogar estaba a cargo de la Fundación Felices Los Niños del Padre Grassi. Una jueza ordenó el desalojo luego de comprobar irregularidades. Los chicos no tenían vínculos con el exterior ni con sus familiares, no contaba con médicos, faltaba personal y la sede tenía fallas edilicias.

El Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices Los Niños, no será desalojado. No por ahora. La Justicia determinó ayer que, tras los incidentes del viernes, será el Arzobispado de Buenos Aires quien tenga la guarda de los 13 chicos que viven allí.

El fallo de la jueza civil Myriam Rustán de Estrada -quien el 17 de abril había dispuesto el desalojo- acusa a la Fundación de obstaculizar la medida de traslado y a la comisaría 37 de la Policía Federal de "deliberada desobediencia" durante los hechos de violencia del viernes pasado.

No obstante, la medida de traslado sigue vigente. "Se va a adaptar en tiempo oportuno y de acuerdo a la necesidad de los chicos", le dijo a Clarín, el defensor de Menores Marcelo Jalil, sin precisar cuándo.

Según la medida judicial, la Iglesia deberá "ejercer la guarda hasta tanto los jueces naturales de cada uno de los menores dispongan la reubicación de cada uno de ellos en un hogar que contemple sus necesidades afectivas, psicológicas y materiales" por "tener autoridad moral necesaria". De esta manera pierde la guarda la fundación creada por el cura Julio César Grassi, hoy juzgado en otra causa por 17 hechos de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas, aunque nunca apartado de la Iglesia.

Mientras, el Arzobispado será representante legal de los menores internados y tendrá que designar a los directores del instituto y al tesorero, quien administrará los recursos económicos aportados por el Gobierno porteño. Así queda desactivada la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, cuyos voceros ayer, consultados por Clarín, prefirieron no opinar sobre el fallo.

Además, la Justicia dispuso que el personal de la Fundación y sus voluntarios tengan prohibida la entrada al hogar, en Chacarita. A propósito, el fallo firmado por Rustán de Estrada -al que tuvo acceso este diario- insiste en la "grave situación abusiva a la que han sido sometidos los niños" mientras la Fundación lo dirigía.

"Esto implica un retroceso. Este es un lugar peligroso y no está bueno dejar a los chicos ahí. Esta Fundación se negó a cumplir la ley", reclamó Laura Musa, de la Asesoría Tutelar Juvenil.

En medio de una historia llena de sucesos extraños, la sede de la Conferencia Episcopal en Buenos Aires recibió ayer una amenaza de bomba. Vale recordar que su titular es monseñor Eugenio Eguía Seguí, actual obispo auxiliar de Buenos Aires, que ahora debe hacerse cargo del Hogar. También se sabe que Jalil y Rustán de Estrada fueron amenazados de muerte.

El origen del conflicto se remonta a septiembre, cuando el obispo auxiliar Horacio Benítez Astoul denunció que un nene de ocho años había sido maltratado y abusado en el Hogar y que había intentado suicidarse. "Se detectó que la conducta del nene tenía que ver con un abuso sexual", comentó Musa.

La denuncia fue minimizada por la Fundación y por el propio Grassi, quien desde los Tribunales de Morón aseguró que el nene se había puesto mal porque quería que una docente lo adoptara.

Jalil investigó y aseguró haber descubierto irregularidades dentro del Hogar San José Obrero, por lo que presentó acciones de amparo. La jueza ordenó en octubre del año pasado que el Consejo de Niñas, Niños y Adolescencia porteño interviniera el instituto. El Consejo informó que los niños no tenían vínculos con el exterior ni con sus familiares, que el Hogar no contaba con médicos para los chicos, que faltaba personal y que la sede tenía fallas edilicias, entre otros problemas.

El 17 de abril, la jueza Rustán de Estada ordenó el traslado de los chicos. La mitad de los internos -de entre 8 y 16 años- fue reubicada en hogares de la Ciudad y la Provincia. El resto seguirá allí. Al menos por un tiempo.

Condenan a un pastor evangelista que violó durante años a sus tres hijas

2009-05-19T08:51:00.000-07:00

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

Fue sentenciado a 15 años de cárcel. Su mujer lo denunció por abusar de las tres jóvenes desde que eran niñas. Ocurrió en Oberá, Misiones.

Un pastor evangelista de Misiones deberá pasar 15 años en la cárcel a raíz de una condena que se le impuso luego de comprobar que había violado en reiteradas ocasiones y durante varios años a sus tres hijas.

El condenado tiene 42 años y estaba al frente de la Iglesia Evangelista Asamblea de Dios. A mediados de 2007, la población de Oberá se conmovió con el escándalo desatado a raíz de una denuncia presentada por su propia mujer.

Tras dos años de proceso, el Tribunal Penal de Oberá, integrado por Amalia Avendaño, Francisco Aguirre e Ivonne Heppner lo condenaron a 15 años de prisión por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en dos hechos y abuso sexual simple, en concurso real y calificados por el vínculo".

Antes de que se conociera el veredicto, el pastor se encomendó a Dios, insistió en su inocencia y atribuyó la acusación que recae sobre él a un interés de su esposa y sus hijas para apropiarse de sus bienes.

Todo salió a la luz cuando, tras varios años de soportar el drama en silencio, las chicas decidieron irse de la casa en la que vivían. Cuando su madre le preguntó las razones de la decisión, la mayor habló y le confesó que su padre las violaba desde que tenían 5, 8 y 10 años, respectivamente (en la actualidad tienen 17, 19 y 21), mientras ella estaba ausente.

Alarmada por el relato, la esposa del pastor presentó una denuncia en su contra en la Comisaría de la Mujer de Oberá. El acusado estuvo detenido hasta que la causa llegó a juicio oral. Durante el proceso que se llevó a cano a puertas cerradas- declararon la mujer, integrantes de la iglesia, investigadores y las propias víctimas que, según trascendió, afirmaron que no guardaban rencor contra su padre.

Secuestran 7.000 dosis de paco en un gran operativo en Avellaneda

2009-05-19T08:47:00.000-07:00

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

Hubo once detenidos y también hallaron cocaína, armas y celulares robados

Con un gran operativo que incluyó a personal de dos comisarías, efectivos de la División Narcotráfico de la zona y gente del Grupo Halcón, la Policía incautó siete mil dosis de paco. El allanamiento está considerado como el más importante que se realiza en la Provincia para secuestrar esta droga.

Los procedimientos, en los que hubo once detenidos, se realizaron en la villa Azul, cerca del cruce de las avenidas Pedro Goyena y Las Flores, en el partido de Avellaneda. Además del paco, se hallaron tres kilos de cocaína, armas de distintos calibres y electrodomésticos que, se sospecha, pueden ser producto de distintos robos.

También la Policía halló gran cantidad de teléfonos celulares. Según los investigadores, esos teléfonos suelen usarlos los consumidores como pago para que les entreguen la droga.

En el operativo actuaron efectivos de la División Narcotráfico de la Jefatura Departamental de Lomas de Zamora, de las seccionales 5ta y 7ma de Avellaneda y del Grupo Halcón de la Bonaerense, quienes realizaron unos veinte allanamientos.

El paco está considerado como la droga de mayor poder adictivo y destructivo para quien la consume. Se hace con los residuos que quedan de la fabricación de la cocaína. Hace unos días, el movimiento de curas que trabajan en distintas villas de la Capital denunció amenazas por sus denuncias contra los traficantes de paco. El tema motivó hasta el apoyo de monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.

Lo detienen acusado de abusar de su hija

2009-05-19T08:41:00.000-07:00

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

Por Mónica Galmarini

Un hombre de 72 años fue detenido el martes en Punta Lara acusado de haber violado a su hija durante 10 años y de haber tenido una hija-nieta con ella. El caso empezó a investigarse en 2006 y el arresto llegó ahora, luego de conocerse los resultados de una pericia genética.

Los ataques comenzaron cuando R.V (la identidad se preserva porque se trata de un delito de índole privado) tenía entre 8 y 9 años. La chica vivía con una hermana y sus padres en una casa del barrio Aeropuerto, en las afueras de La Plata. Contó en la denuncia que, en el primer ataque sexual, el padre la despertó de madrugada, la tiró contra el piso de la cocina, le rompió el pijama y la violó. Después, la amenazó para que no hablara.

De acuerdo con el testimonio de la joven, B.V, (su padre) la buscaba siempre al amanecer porque trabajaba en un puesto de diarios ubicado cerca del centro de La Plata y se levantaba a esa hora. A fines de los '90, la familia se mudó a Punta Lara y los abusos continuaron. En uno de los ataques, cuando había cumplido los 13, la chica quedó embarazada y tuvo una nena.

La joven soportó este infierno hasta que a mediados de 2006 decidió denunciar a su padre, luego de haber huido con su hija. Una confirmación científica fue clave para la causa: el estudio de ADN que estableció que el violador detenido es el padre de la nena de R.V. En el expediente la madre de la víctima habría asegurado que nunca sospechó de los abusos.

El juez de la causa ordenó la detención de B.V. El procedimiento se hizo el martes a las 16, en una casa de Punta Lara. La víctima estuvo presente cuando se llevaban a su padre preso. Es que vive a pocos metros de allí.

Se cruzaron las miradas antes que el hombre subiera al patrullero y la chica esperó alguna declaración de arrepentimiento que le acercara un poco de alivio. Pero su padre no sólo negó el calvario que vivió la hija durante una década. Peor aún, la insultó a los gritos acusándola de prostituta.

Piden que se investigue si policías usan a menores para robar

2009-05-19T08:38:00.000-07:00

Publicó Clarín
14 de mayo de 2009

El ministro bonaerense de Seguridad, Carlos Stornelli, presentó ayer ante la Justicia de La Plata un pedido para que se investigue si policías bonaerenses utilizan a menores para cometer robos.

La presentación fue realizada luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias declarara en una entrevista publicada el último fin de semana que "es sabido que hay policías que reclutan a menores para robar, pero a ningún político le preocupa lo que pasa con los chicos en situación de calle".

El ministro Stornelli decidió impulsar la investigación ante la posible comisión de hechos delictivos "cuyas particulares circunstancias de tiempo, lugar y modo estarían en conocimiento del magistrado entrevistado".

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) número 8 de La Plata, a cargo de Jorge Paolini.

Médicos convocado por Massa no cobran desde 2008

2009-05-13T12:03:00.000-07:00

Publicó Crítica Digital
30 de abril de 2009

Son 7.800 profesionales contratados en forma precaria. No tienen estabilidad ni vacaciones. Son los responsables del dengue y la influenza. Mauro Federico.

Por Mauro Federico

Los médicos sobre cuyas espaldas el Gobierno depositó la responsabilidad de prevenir enfermedades como la gripe porcina y el dengue no cobran sus salarios desde diciembre de 2008. Y están de paro por tiempo indeterminado hasta que se regularice su situación.

Se trata de 7.850 profesionales del programa Médicos Comunitarios que desarrollan tareas en 2.100 unidades sanitarias y centros de atención primaria de las zonas más carenciadas del país. Perciben salarios de 2.300 pesos mensuales y trabajan en condiciones de precariedad laboral: no tienen estabilidad, vacaciones ni licencias por enfermedad. El paro lleva ya dos semanas y afecta las tareas de prevención de epidemias.

“Con la finalidad de afrontar la demanda de consultas en los centros sanitarios decidimos ampliar el programa de médicos comunitarios para acrecentar la capacidad de consulta de hospitales, salas de primeros auxilios y diversos centros de atención”, anunció el martes el jefe de Gabinete, Sergio Massa. “Cuando lo escuché por televisión, no lo podía creer, sentí que nos estaban cargando”, relató a Crítica de la Argentina Alicia Vega, médica de la Unidad Sanitaria 17 de Villa Corina, partido de Avellaneda. “Hace cuatro meses que no cobramos y ahora que nos necesitan para mostrar que están haciendo prevención, nos convocan públicamente para que saquemos las papas del fuego, no tienen vergüenza”, agregó.

El programa “Médicos Comunitarios” se desarrolla desde el año 2004 con el objetivo de “contribuir a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud como política de Estado en el marco del Plan Federal de Salud”, tal como expresó el día de su lanzamiento el por entonces ministro Ginés González García en un acto realizado en la Casa Rosada. En aquella presentación –de la que participó el presidente Néstor Kirchner– se explicó que “las estrategias comprenden el refuerzo con recurso humano calificado a los Centros de Salud de todo el país a través del otorgamiento de becas de apoyo económico”.

“En realidad fue una forma elegante de invitar a los profesionales recién recibidos a participar de un plan cuyos objetivos compartimos desde el punto de vista sanitario pero que en la práctica se transformó en una nueva forma de precarización laboral que permitió parchar la falta de nombramiento de recursos humanos con trabajos basura que no contemplan ninguno de los beneficios laborales de la relación de dependencia”, dijo el doctor Federico Paolino, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

Estos profesionales perciben salarios que oscilan entre 2.200 y 2.500 pesos y tienen una carga horaria de 36 horas semanales.

“Hasta agosto del año pasado cobrábamos entre 1.500 y 1.800 pesos según la antigüedad en el programa; nos anunciaron un aumento de 700 pesos que recién se hizo efectivo a partir de diciembre. Pero ése fue el último sueldo que nos pagaron, desde entonces dejamos de percibir nuestros salarios”, explicó Vega.

Si bien el programa es nacional, los médicos son contratados por los municipios y las provincias que adhirieron oportunamente al sistema. Los fondos se giran desde el ministerio hacia los distritos y son éstos los que abonan a los profesionales. “Hasta fines del año pasado, Nación efectuó las transferencias de los montos destinados al pago de nuestros sueldos, a partir de enero se cortó el financiamiento y nos dijeron que iban a tratar de resolverlo, pero hace cuatro meses que nos están bicicleteando”, relató Natalia Cizmar, trabajadora social de la Unidad Sanitaria “Alicia Franco” ubicada en Bernal Oeste.

Ante la falta de respuesta por parte de la cartera sanitaria a los reclamos de regularización salarial, AMRA dispuso un paro por tiempo indeterminado de todos los profesionales que se desempeñan en estos programas. La medida de fuerza comenzó el 18 de abril y se prolongará “hasta que se abonen los salarios adeudados y se contemple un plan de efectivización de todos los profesionales”, dijo Paolino.

MASSA DESINFORMADO. Un dato que el jefe de gabinete ignoró a la hora de los anuncios, es que este programa cambió de nombre en febrero de este año. “Ahora se llama Programa de Salud Familiar e integró distintos planes que financiaban recursos humanos en salud destinados a la atención primaria”, explicó el doctor Mario Acuña funcionario ministerial responsable del área. “Hasta el martes contábamos con un presupuesto de 120 millones de pesos anuales, ahora no sé qué va a pasar con los fondos adicionales que se comprometieron a enviarnos”, afirmó. Acuña reconoció que existe una deuda con los profesionales correspondiente al primer trimestre de este año pero la atribuyó a “demoras administrativas del ministerio y de los municipios intervinientes en el programa”. Y admitió que “las condiciones laborales de los contratados son precarias”.

LA COMUNIDAD, SIN PREVENCION. El paro de actividades provocó serios inconvenientes en el desarrollo de los planes preventivos destinados a los sectores más carenciados de la comunidad. “Dejamos de efectuar tareas de concientización comunitaria para patologías virales como el dengue o la gripe, no se hacen tampoco acciones de prevención y promoción de la salud en VIH sida, se discontinuó el programa de control de niños sanos y se interrumpió la distribución de anticonceptivos” relató Maira Corsiglio, sicóloga de la Unidad Sanitaria “San Martín” de San Francisco Solano. “En el barrio pensaban que no iba más porque estaba enferma”, contó Maria Daniela Toribio, tocoginecóloga de la Unidad Sanitaria “Casella Piñero” de Dock Sud. “Cuando se enteraron, la comunidad empezó a movilizarse para reclamar que volvamos a trabajar pero nosotros les explicamos que es imprescindible que nos paguen lo que nos deben” completó la profesional.