Una sordera perversa

Página12
22 de junio de 2012

Por Mariana Carbajal

La “revinculación” por orden judicial de niños y niñas que expresan haber sido víctimas de violencia o abuso sexual con el progenitor, al que señalan como agresor, genera cada vez más polémica. Dos reconocidos expertos en la temática, un juez y una psiquiatra infanto-juvenil, advierten sobre los graves riesgos que genera este tipo de medidas en los niños y niñas.

Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez advierten sobre los riesgos de “reanudar” el contacto con el padre (o madre) denunciados, cuando existe un proceso penal abierto, pero los casos son complejos. Una ONG que defiende los derechos de la infancia y adolescencia tomó un caso testigo, que tramita en los tribunales de Familia de Lomas de Zamora, para denunciar que en estas situaciones se viola sistemáticamente “el derecho de los niños a ser oídos”. “Se debe interpretar lo que los chicos dicen en distintos ámbitos. Los están poniendo en riesgo”, señaló en diálogo con Las 12 la profesora universitaria Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una coalición de ONG de todo el país que trabaja para incidir en las prácticas sociales y las políticas en materia de infancia y adolescencia. Pulido, junto a la hermana Martha Pelloni, titular de la Red Infancia Robada; Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn); Nora Cortiñas y Mirta Baraballe, de Madres Línea Fundadora, y Norberto Liwski, presidente de la Sección Argentina de la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), están haciendo el seguimiento de una causa judicial en manos de la jueza del Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora, María Silvia Villaverde. La magistrada ordenó la reanudación del régimen de visitas de tres hermanitos, mellizos de 6 años y una nena de 4, con su papá, a pesar de que los pequeños han hablado en distintos ámbitos –el espacio terapéutico, la escuela, el hospital– verbalizando, con actitudes, y dibujos, sobre situaciones de abuso sexual a las que los habría sometido el progenitor. Los padres están separados desde marzo de 2008. El hombre fue denunciado por abuso sexual contra sus hijos en los días de visita. Fue sobreseído en primera instancia el año pasado –sin ser indagado ni citadas las terapeutas de los chicos– por el juez Luis Alberto Zelaya, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 13. La absolución fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, sobre la base de informes que generan dudas sobre los hechos: no niegan ni confirman los abusos. Pero el fallo no está firme: la querella presentó un recurso en queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal. El expediente está en la Sala N° 4. El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia está preparando un amicus curiae para presentar ante Casación. El abogado defensor del padre en la causa penal es el ex juez Francisco Trovato, destituido y condenado en su momento por recibir coimas.

Pulido pidió una audiencia con la jueza, en la que le planteó la preocupación de las entidades frente a este proceso de revinculación ordenado por la magistrada.

La jueza Villaverde amenazó a la madre –con cédula judicial– con darle la tenencia al papá si no lleva a los tres niños a las visitas de revinculación. El proceso de revinculación con el padre está supervisado por una psicóloga designada por el Tribunal, en la sede de Avellaneda de la Facultad de Psicología de la UBA, María del Carmen Pérez Caputo. Hasta ahora se hicieron dos encuentros en los que los chicos estuvieron con Pérez Caputo. En el próximo ya se verían con el padre. Tanto la psicóloga como la jueza acaban de ser recusadas por la madre de los niños. Además, la mamá presentó una denuncia contra Villaverde ante la Oficina de Control Judicial de la Suprema Corte bonaerense por supuestas violaciones de los derechos de los chicos. Esta oficina tiene facultades sancionatorias para los magistrados en el ámbito de la provincia. El maltrato institucional padecido por estos niños es alarmante. “La jueza Villaverde ha tomado sucesivas medidas despreocupándose de la integridad psicofísica de niños, que indican haber sido sometidos sexualmente. Lo actuado por la magistrada es exactamente lo contrario a lo que indica imperativamente la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Estos niños son meros objetos de medidas judiciales que obstaculizan la elaboración del trauma en los menores”, expresó el abogado Juan Pablo Gallego, quien acaba de asumir el patrocinio de la mamá. Gallego es el abogado que representó al Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño en el juicio que terminó con la condena por abuso sexual al cura Julio César Grassi.

Los niños no ven a su papá desde diciembre de 2009. La madre fue denunciada penalmente por obstruir el vínculo del padre con los hijos. La jueza Villaverde viene ordenando sistemáticamente la revinculación con el progenitor, pero distintos recursos presentados por los abogados de la madre lograron postergarla. Incluso, a mediados de 2010 la magistrada ordenó que la “revinculación” se hiciera en la Comisaría de Familia de Lomas de Zamora. Y en otras oportunidades dispuso que los chicos fueran trasladados en un móvil policial, pero como los hermanitos se pusieron a llorar cuando una uniformada los fue a buscar a su casa y se negaron a subir al vehículo, el operativo se suspendió. Los abogados de la madre presentaron el 17 de abril en el Tribunal de Familia “prueba nueva” para fundamentar la suspensión de la revinculación, que consiste en testimonios y dibujos de los chicos, y expresiones dichas en la escuela, que darían cuenta de los abusos sexuales. Pero no fueron tenidos en cuenta. Entre otra documentación, figura el cuaderno de comunicaciones de la nena, donde la maestra de jardín le mandó una nota a la mamá y le cuenta que ese día la niña le contó espontáneamente que “mi papá me metía el dedo en la cola”.

La abogada del padre, en la causa de familia, Cristina E. Pibida, alegó que la denuncia de abuso sexual se trata de “una causa fabricada” por la mamá de los chicos, en el marco de un divorcio muy conflictivo, para evitar que su ex esposo vea a sus hijos, y que “no hay ningún elemento para imputar el delito de abuso sexual” a su defendido. “El 90 por ciento de las parejas que tienen problemas posteriores al divorcio siguen este camino de la denuncia por abuso sexual. A mí me lo vienen a proponer mis clientes”, dijo la abogada.

Al rechazar los planteos de la madre, el Tribunal de Familia N° 3 defendió el proceso de revinculación ordenado, en una resolución de noviembre de 2011. En su voto, la jueza Villaverde afirmó que “el mismo tiene como finalidad ayudar a los hijos a estar en contacto con sus padres u otros adultos de la familia, con los que hubo distanciamiento. El revincular tiene que ver con restablecer la paz dentro de la familia; tiene un aspecto educativo, pues les permite a los hijos incorporar la vivencia de que, después de la pelea y aun la guerra, se puede restablecer la paz y continuar la vida. Además, permite a la familia recomponerse sin aclarar lo ocurrido, debido a que en la memoria de cada uno los hechos son absolutamente contradictorios entre sí. En estos casos, el poner el punto final es aliviante y beneficioso para todos, en especial para los hijos”. Los otros dos integrantes del Tribunal, los jueces Roxana del Río y Enrique Quiroga, adhirieron a los mismos fundamentos. Pulido y las terapeutas de los niños fueron al Tribunal para pedir la suspensión del proceso de revinculación: esgrimieron el derecho de los niños a ser oídos. Los integrantes del Tribunal de Familia nunca los escucharon. El proceso de revinculación está por el momento suspendido –por las recusaciones que deben resolverse–, pero la medida no fue cancelada.

Lo que no se puede inventar

La psiquiatra infanto-juvenil y psicóloga Irene Intebi es una referente en el tema. Presidenta de la Sociedad Internacional para la Prevención de Abuso Sexual Infantil (Ispcan, por su sigla en inglés), se refirió al problema de las revinculaciones.

Un nene o nena pequeño que manifiesta situaciones de abuso sexual, a través de palabras, dibujos, gestos, ¿puede llegar a inventarlas?

–No diría que un nene o nena pequeño que manifiesta situaciones de abuso sexual, a través de palabras, dibujos, gestos, las pueda inventar. La cuestión es que estos indicadores de sospecha de abuso sexual tienen que ser evaluados por profesionales especializados en el tema para determinar la factibilidad de que el niño o niña pequeño/a esté describiendo experiencias de su vida o si está manifestando con el nivel de lenguaje o de grafismo de la etapa evolutiva en la que se encuentra situaciones que podrían parecer abusivas pero no lo son o si la persona adulta que observa los indicadores o escucha el relato, interpreta de manera errónea sus observaciones.

Hay organizaciones de padres alejados de sus hijos que sostienen que les pueden lavar el cerebro las madres para perjudicarlos en divorcios conflictivos y hablan de la existencia del llamado síndrome de alienación parental (SAP). ¿Está probado científicamente que existe el SAP?

–El SAP no es un síndrome científicamente aceptado. Es un término acuñado por Richard Gardner, profesor de psiquiatría infantil en la Facultad de Medicina y Cirugía (College of Physicians and Surgeons) de la Universidad de Columbia, que ejerció la práctica privada en Creskill, Nueva Jersey (EE.UU.), dedicándose hasta la fecha en que se suicidó (2003) a la psiquiatría infantil y forense, mayormente como perito de parte por la defensa de los agresores en casos de sospecha de abusos sexuales. Sus trabajos han sido cuestionados por colegas e investigadores debido a que sus afirmaciones no se basan en métodos de investigación estandarizados y a que no han sido sometidos a estudios empíricos, a investigación o a verificación por parte de otros especialistas. A pesar de ello, ha sido ampliamente citado en el ámbito judicial de muchos países. En mi opinión, la difusión de sus conceptos se debe a que coinciden con los estereotipos y los prejuicios que sostienen la negación y la invisibilización de las agresiones sexuales a niños y niñas.

Hay jueces que ordenan la revinculación de los niños con su padre denunciado sin sentencia firme. ¿Qué le parece ese tipo de medidas?

–La revinculación con una figura parental acusada de haber cometido abusos sexuales o de tener actitudes maltratantes hacia los hijos o hacia la mujer no es algo que debe hacerse a la ligera. Por el contrario, requiere una evaluación minuciosa, hecha por especialistas en temas de violencia hacia los/as niños, de la denuncia, de la factibilidad de que haya ocurrido y una recomendación fundamentada acerca de los beneficios y de las desventajas que podría acarrear. La fundamentación debería apoyarse en indicadores observables para cada caso en particular. No puede justificarse con vaguedades y opiniones al estilo de “sea como sea éste/a es el padre/madre que le tocó”, “todo/a niño/a necesita una familia y no importa cómo es ésta”, etc. Tampoco puede fundamentarse la revinculación en las necesidades y/o deseos de la persona que agredió a la nena o al nene. El adulto puede querer recuperar el vínculo con su hijo/a por diversos motivos que, en los casos en los que no ha habido una intervención terapéutica, raramente tienen que ver con reparar el daño producido. Por ejemplo puede querer demostrar a su grupo social que el abuso no ocurrió porque se le permite visitar a la hija o puede percibir la revinculación como una “batalla” ganada al adulto/a protector/a. Por otro lado, en caso de que los/as especialistas consideren que las agresiones han ocurrido, a nivel internacional está totalmente desaconsejada la revinculación entre un niño/a y un/a adulto/a o adolescente agresor/a que no ha recibido tratamiento específico en relación con las agresiones y que no haya tomado conciencia de los motivos y de los mecanismos que lo/a llevan a cometer las agresiones.

¿Qué impacto tiene en los chicos?

–Una revinculación que no tenga en cuenta las cuestiones señaladas puede ser altamente traumática para los/as niños/as, provocando la aparición o reaparición de comportamientos y dificultades que surgen ante situaciones traumáticas, incentivando los temores generalizados y la sensación de indefensión ante la falta de respuesta del sistema, por un lado, y, por el otro, ante la desautorización de la actitud cuidadora de los/as adultos/as no agresores/as por parte de un sistema que debería proteger al niño/a.

Los jueces alegan que no hay riesgo para los chicos porque se realiza la revinculación con la presencia de una psicóloga designada por el tribunal...

–Es posible que la presencia de una psicóloga del tribunal impida que ocurra cierto tipo de agresiones sexuales, por ejemplo las agresiones en las que hay contacto físico entre el agresor y su víctima. Pero no se pueden impedir las agresiones –sexuales y/o emocionales– en las que no hay contacto físico, como por ejemplo, la manipulación y la coerción emocional o la intimidación mediante la utilización de frases o “códigos” compartidos sólo por el agresor y la víctima. La psicóloga del tribunal tampoco podrá impedir la reactivación de vivencias traumáticas previas o posteriores a los encuentros. Por otro lado, debido a la cantidad de casos que cada psicóloga del tribunal tiene que atender, puede suceder que no pueda estar presente durante la totalidad del encuentro aun cuando la indicación del juez lo recomiende. Es importante que los/as jueces/zas que indican la revinculación tengan en cuenta esta posibilidad y dispongan de estrategias para evitar que así suceda.

Hay casos complejos en los cuales el denunciado resulta absuelto, pero los chicos siguen expresando rechazo a ver al padre o expresando de todas formas síntomas de que han sido abusados. ¿Cómo se deberían resolver esos casos?

–Es importante tener en cuenta que en los casos de abuso sexual infantil y de violencia contra niños y niñas en general la intervención adecuada se basa en la necesidad de proteger a la víctima de la reiteración de las agresiones, de reparar el daño causado por la situación de violencia crónica y de penalizar el o los delitos que puedan haber ocurrido. Si bien la penalización es un aspecto importante en el proceso de reparación, el paso fundamental es proteger a los/as niños/as de todas las formas de maltrato. Es probable que no existan pruebas contundentes para condenar a una persona sospechada de haber cometido abusos sexuales. La imposibilidad de penalizar significa solamente que no se pudo comprobar el delito y/o la autoría. No es equivalente a que el o los hechos no hayan ocurrido. En los casos en los que los chicos siguen expresando rechazo a ver al padre o persisten indicadores de abuso, es necesario que especialistas en el tema investiguen la posibilidad de que hayan ocurrido otras formas de maltrato y/o existan otras causas valederas que expliquen las actitudes de los/as niños/as.

Las revinculaciones desde adentro

“Los abusadores y sus defensores saben que si logran algún tipo de contacto directo con las víctimas, la posibilidad de influenciarlas e intimidarlas es inmediata y la impunidad está prácticamente asegurada”, indicó el juez Carlos Rozanski. “Esa clase de medidas no sólo son de gran crueldad, sino que además violan los derechos de las víctimas”, afirmó. Integrante del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, que juzgó y condenó por genocidio al represor Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich, Rozanski viene desde hace muchos años estudiando la problemática del abuso sexual infantil y su tratamiento en la Justicia. Es autor del libro Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar? y de una ley que impuso el uso de cámara Gesell para que los niños abusados brinden su testimonio en la Justicia en ese ámbito una sola vez y se evite su revictimización.

¿Por qué se promueven las revinculaciones?

–Son estrategias defensivas surgidas a partir de los avances de los últimos 20 años en la materia. Como se hace cada vez más difícil sostener discursos que descalifiquen a las madres y a los profesionales que validan los relatos, y por supuesto a los niños, se piden a los jueces estas “revinculaciones”.

Los abusadores y sus defensores saben que si logran algún tipo de contacto directo con las víctimas, la posibilidad de influenciarlas e intimidarlas es inmediata y la impunidad está prácticamente asegurada.

¿Es difícil probar el abuso sexual infantil?

–No, en mi opinión, eso es un mito. Lo verdaderamente difícil es lograr operadores que les crean a las víctimas y sobre todo que instrumenten mecánicas de intervención que no dañen a las criaturas, que no las silencien y que además no toleren que en su estrategia los acusados y sus defensas denigren y destruyan a sus madres. Las víctimas son un libro abierto. El secreto es leerlo adecuadamente y sin dañarlas. Para eso, lo que hace falta es contar con funcionarios judiciales comprometidos con la temática y la verdadera defensa de los derechos de los niños. Si quienes intervienen tienen esas características, las víctimas son protegidas, los abusos cesan y los abusadores son condenados.

¿Se inventan causas de abuso sexual infantil?

–Eso también es un mito propiciado por los abusadores y quienes se enriquecen con las defensas de esos casos. Está demostrado en el mundo que la inmensa mayoría de las denuncias son ciertas, que hasta cierta edad los niños son incapaces de mentir o fabular sobre situaciones sexuales no vividas.

¿Es sencillo determinar cuando son inventadas?

–Por supuesto, precisamente en la etapa en la que estarían en condiciones de inventar alguna historia de ese contenido, eso es fácil de advertir y no causa mayores perjuicios. Nadie es condenado por el “invento” de un chico. Eso también es un mito interesado.

En los últimos años se produjo un ataque a los peritos que validaban los abusos sexuales infantiles. ¿Cómo impactó esta situación en las causas judiciales?

–También ha sido una estrategia que dio buenos resultados a sus autores. Esos ataques también son una reacción a los avances y provocan a diario no sólo temor individual al profesional atacado y cuestionado, sino que además funcionan como un mensaje de terror al resto de los colegas. Es como un aviso mafioso de lo que le puede pasar a quien se atreva a validar casos de abuso.

Salta no aplicará el fallo de la Corte sobre aborto no punible en casos de violación

Diario La Voz

Jueves 22 de marzo

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo ayer que las mujeres víctimas de una violación deberán presentar la autorización de un juez para realizarse un aborto en su provincia, pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que las interrupciones de embarazo no son punibles en caso de abuso sexual y no requieren ningún trámite judicial.

"Los hospitales de Salta sólo realizarán abortos no punibles si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez", indicó Urtubey al diario El Tribuno.

La semana pasada, en un fallo histórico, la Corte resolvió que cualquier mujer puede interrumpir un embarazo que proviene de una violación sin necesitar una autorización judicial previa ni temor a sufrir una sanción penal. Además, el médico que realice la intervención no podrá ser sancionado.

Pese al fallo, el gobernador sostuvo que las mujeres víctimas de una violación sólo podrán interrumpir un embarazo si presentan una denuncia de violación con la autorización del juez.

“Para que haya violación, como funciona el sistema legal argentino, tiene que haber una denuncia y una resolución del juez en ese sentido, si no técnicamente no hay violación. Así funciona. Frente a la resolución del juez, naturalmente se debe cumplir”, declaró Urtubey.

El gobernador salteño dijo que el fallo de la Corte "es sólo para un caso" y que no abarca a todos los casos de violaciones "porque así lo dice la ley".

"Cuando esos jueces sean legisladores y modifiquen la ley podrán hacerlo. Nosotros no podemos hacer cosas violando la ley y la ley no es provincia, es una ley federal. Cuando el Congreso modifique la ley, haremos lo que dice la ley, mientras tanto el protocolo de actuación es la que indica la legislación y la Justicia, y nosotros hacemos eso”, agregó.

Polémica. La decisión de Urtubey de seguir judicializando los aborto en caso de violación despertó polémica.

Marcedes Cavallo, de la Asociación por los Derechos Civiles, dijo a El Tribuno que la interpretación que el gobernador hace del fallo es errónea.

"Si bien es cierto que los tribunales en Argentina deciden sobre casos concretos, también es cierto que, en esta sentencia en particular, la Corte dice que debe resolverse de la misma manera en cualquier situación análoga. Entonces, el fallo se aplica para cualquier mujer embarazada como consecuencia de una violación.", indicó la abogada.

Ministro de Salud. El ministro de Salud de Salta, Enrique Heredia, opinó hoy que lo que dice la ley sobre los casos de abortos no punibles "es distinto al procedimiento que indica el fallo" de la Corte para los hechos de violación, por lo que ratificó que en la provincia esas prácticas sólo se llevarán a cabo con orden judicial.

Heredia, médico de profesión, sostuvo, en declaraciones a la prensa, que "muchas veces los fallos son aclaratorios".

"Como médicos estamos dispuestos a cumplir la ley, que es distinto al procedimiento que indica el fallo", manifestó.

“No podía tener un hijo que era sobrino de mis hermanos”

Página12

Domingo 18 de marzo de 2012

Abusada desde los once años por su padrastro, tuvo que “deambular” para lograr un aborto que era legal. El tribunal supremo tomó el caso para aclarar este derecho. Su historia, las demoras que le impusieron.

”Cuando me enteré del fallo de la Corte se me dibujó una sonrisa en la cara. Eran lágrimas y risa. Iba en el auto y escuché la noticia por la radio. Gracias a mí, pensé, otras chicas que fueron abusadas van a poder abortar sin hacer todos los trámites ni sufrir tanto como yo”, contó a Página/12 la adolescente identificada por sus iniciales como A. G., sobre cuyo caso se pronunció el martes el máximo tribunal del país. En una entrevista con este diario, la joven, que tiene 17 años y cursa el último año del Polimodal, celebró el fallo y recordó los dramáticos días que tuvo que enfrentar cuando fue obligada a deambular durante casi dos meses para conseguir un aval para poder poner fin a un embarazo, consecuencia de los abusos sexuales perpetrados por su padrastro, que la sometía, según denunció, desde que ella tenía 11 años.

“Estoy escribiendo un libro sobre todo lo que me pasó, para que les sirva a otras chicas, a otras mujeres. Lo que yo viví fue una experiencia única, nada agradable. Tuve que crecer de golpe”, cuenta, con voz serena.

La charla transcurre, a través del teléfono, al filo de la medianoche del martes, el día de la sentencia de la Corte. Unos minutos antes acababa de llegar a la casa de A. G., en Comodoro Rivadavia, la abogada Sandra Grilli, que representó en la causa judicial por el pedido del aborto no punible a Aurora Fuentes, la mamá de la adolescente. Y también en el proceso penal contra el acusado de la violación: el padrastro fue condenado el año pasado pero todavía sigue libre porque el fallo no está firme. “Cuando se resolvió el tema, me saqué un peso de encima. No podía tener un hijo que era el sobrino de mis hermanos, a la vez mi medio hermano, y el hijo del marido de mi madre. Pero ahora el peso más grande que todavía tengo es que este delincuente, que me abusó, quede preso. Es increíble, en dos minutos te pueden arruinar la vida y pasaron dos años y todavía no lo metieron preso. El sigue como si nada caminando por las calles. Y yo vivo en la oscuridad porque lo veo libre”, dice A. G. La adolescente cuenta que sale con miedo a la calle, que no puede caminar tranquila, por temor a que se aparezca. Aunque tiene una restricción judicial para acercarse a su familia, cuenta A. G. que a Aurora le ha hecho llamados telefónicos intimidatorios.

Grilli viajó desde Puerto Madryn –donde vive– a Comodoro para explicarles personalmente la importancia del fallo de la Corte Suprema. Al llegar las abraza. Más temprano, por la mañana, les había adelantado sus alcances telefónicamente. La histórica sentencia confirmó que cualquier mujer violada tiene derecho a interrumpir la gestación forzada –y no sólo aquellas con discapacidad mental–, aclaró que es ilegal exigir una autorización judicial para llevar adelante la práctica, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos de atención de los abortos no punibles en los hospitales y a capacitar al personal para evitar dilaciones arbitrarias.

A. G. vive con su mamá y cinco hermanos, de 16 años, mellizos de doce y otro par de mellizos de siete. Los cuatro menores son hijos de su violador. El drama que atravesó esta adolescente que tuvo que crecer de golpe es enorme. Todavía tiene las heridas abiertas. Está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, desde que salieron a la luz los abusos, a partir de su embarazo. Antes no se había animado a hablar. Como suele ocurrir en casos similares, el padrastro la tenía amenazada, recuerda.

Es una familia sencilla. Aurora tiene diez hijos. Los cuatro mayores ya no viven con ella. Aurora acaba de conseguir hace dos meses un trabajo estable como portera de una escuela. Antes hacía changas en casas de familia. Y su mamá –la abuela de A. G.– y sus hijos mayores y algunos tíos hermanos la ayudaban a mantener la prole.

–Cuando pasó todo eso –dice A. G. sobre su derrotero judicial por el aborto no punible– veía a mi mamá que salía por radio, televisión y diarios. Y no me gustaba. Ahora veo que gracias a eso se pudo lograr este fallo de la Corte. Es muy importante, para que otras mujeres no sean manoseadas y tengan que pasar de médico en médico, de jueces en jueces, para que les digan que no (pueden abortar), sintiéndose discriminadas como me pasó a mí. Estoy muy contenta por lo que logré –dice, entusiasmada.

–¿Qué recordás de aquellos días cuando te decían que no a tu pedido? –le preguntó Página/12.

–Me sentía muy mal, sin ganas de vivir. Me despertaba sin ganas de levantarme, estaba todo el día llorando, tenía ganas de matarme, tuve intentos.

Además de las negativas de los médicos y de los jueces, lo que más la lastimaba era que su violador estaba libre (y continúa libre), dice.

Siguen sus recuerdos:

–Sentía odio. Sentía que yo era la única que estaba sufriendo por algo que nunca busqué. Y encima tuve que escuchar que alguna gente dijera que había sido un noviecito (quien me había embarazado) y no me creyera. Estuve dos meses en mi casa encerrada. Dejé la escuela. Tenía maestros particulares pero no tenía ganas de estudiar. Estaba en un estado depresivo muy grande, estaba muy sensible.

A. G. dice que los primeros abusos sexuales los sufrió a los 11 años. “No podía contárselo a nadie. Estaba como encerrada. El me decía que si mi mamá se enteraba se iba a enojar. Me daba miedo lo que podía suceder porque lo había visto en escenas violentas con mi mamá, y con el arma delante de sus hijos. Yo era una nena...”

La joven está cursando el último año del Polimodal. Es una muy buena alumna. El año próximo tiene pensado inscribirse en la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar medicina.

Su tortuoso camino para acceder a un aborto no punible comenzó en enero de 2010, cuando la empujaron en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia a obtener un permiso judicial. En primera instancia la jueza de Familia Nº 3 Verónica Daniela Robert, le negó la autorización. También rechazó su pedido la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia por dos votos a uno. Los dos camaristas varones, Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelanca, se opusieron a autorizar la interrupción de la gestación, con el argumento de la defensa de la vida del feto, mientras que la tercera integrante, mujer, Nélida Susana Melero, apoyó el reclamo de A. G. por considerar que estaba debidamente acreditado que su salud psíquica corría riesgo, de continuar la gestación.

El caso generó la movilización de organizaciones sociales, sindicales, de mujeres en Comodoro. La abogada Grilli recibió un amplio apoyo jurídico de abogadas locales y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tanto el Inadi como el Consejo Nacional de las Mujeres avalaron en su momento el reclamo de la adolescente.

Finalmente, el 8 de marzo de 2010, el Superior Tribunal de Chubut dictó una sentencia que avaló el pedido de A. G. Ese fallo confirmó que los permisos para abortar previstos en el artículo 86 del Código Penal deben interpretarse en forma amplia –en el caso de violación alcanzan a todas las mujeres y no sólo a las que tienen discapacidad mental, como podría interpretarse el texto de la ley–, por lo que no se debe exigir una venia judicial y pidió al gobernador que implementara en la provincia una guía de atención de los abortos no punibles.

Aunque se realizó la interrupción del embarazo, el expediente judicial siguió abierto. El asesor general subrogante de Chubut recurrió el fallo del Superior Tribunal, con el objetivo de que sea revocado y no quede como antecedente, una estrategia promovida por sectores ultraconservadores alineados con la jerarquía católica. Sobre ese recurso es que falló la Corte Suprema. Contrariamente a lo que buscaba el asesor general, la sentencia del máximo tribunal del país reafirmó el derecho de A. G. a abortar pero fue mucho más allá de su caso. De ahí, la sonrisa dibujada en el rostro de A. G. Está esperanzada en que nunca más una mujer tenga que verse forzada a enfrentar un espinoso sendero judicial para acceder a un aborto no punible, después de haber sido violada.

La Corte estableció que los abortos por violación no deben ser judicializados

Diario Página12

Martes 13 de marzo de 2012

El máximo tribunal resolvió por unanimidad que las gestaciones producto de cualquier tipo de abuso sexual nunca resultará punible y añadió que, por ello, no será necesaria la intervención de la Justicia para autorizar un pedido de ese tipo ante médicos y hospitales. Tal como lo adelantó Página/12, el fallo correspondiente al caso de A.G. -una chica de 15 años que quedó embarazada luego de que su padrastro la violara- pone fin a las interpretaciones que hacían algunos jueces del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, respecto de las excepción sólo para mujeres con discapacidad mental, y exhorta a los centros sanitarios a implementar protocolos hospitalarios para incluir esa práctica.

El voto mayoritario sentó tres reglas claras: la primera, que la Constitución y los tratados internacionales no sólo no prohíben la realización de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación. También señaló que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Por último, recordó que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

La Corte confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizara el aborto realizado por una chica de 15 años violada por el padrastro y, de esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.

“Quiero decir que yo aborté y que soy mamá”

Diario Página12

Lunes 19 de marzo de 2012

Por Mariana Carbajal

“Hay que animarse a hablar”, dice Ferreyra durante una entrevista con Página12. Y vuelve a decir lo que hizo público durante un acto por el derecho a decidir de las mujeres: “Yo aborté y soy mamá, que nadie me venga a decir ahora que soy asesina”.

“Yo aborté y soy mamá. Que alguien me venga a decir que soy una asesina, y que merezco ir presa por eso. Hay que personalizar el aborto, romper el tabú que silencia el tema. Porque ahí te das cuenta de la desmesura de la ley”, dice la diputada nacional del Frente para la Victoria (por Corrientes) Araceli Ferreyra. Habla con emoción, pasión y valentía de un asunto tan íntimo y tan político. Habla en primera persona. Desde su experiencia personal y la de mujeres cercanas a su vida, que también tuvieron que enfrentar la interrupción de un embarazo no deseado en la clandestinidad. Una amiga suya –cuenta– se murió en la adolescencia como consecuencia de un aborto inseguro, a otra la llevó de urgencia al hospital desangrándose después de haberse introducido pastillas de Gammexane ante la desesperación de un embarazo inconveniente. “Hay que animarse a hablar”, insiste Ferreyra. Ella se animó. Primero, en una radio de su provincia y en seguida, recuerda, le cambiaron de tema. La segunda vez en público fue hace pocos días, el 8 de marzo, en un festival musical frente al Congreso por el Día de la Mujer, convocado por agrupaciones afines al kirchnerismo. Ferreyra subió al escenario, como otras legisladoras que se sumaron a la convocatoria. Y afirmó frente al micrófono: “Yo aborté”. Le temblaron las piernas, contó luego. Tras el fallo de la Corte Suprema, que pone certezas y claridad en torno de los abortos no punibles, la flamante diputada siguió hablando del tema en una extensa entrevista con Página/12 e insistió con la necesidad de debatir la despenalización y legalización del aborto en el Parlamento: “Los legisladores no podemos negarnos a una discusión que ya está en la sociedad”, sostiene.

El 8 de marzo, cuenta Ferreyra en su despacho, estaba muy emocionada porque ese día firmó su primer proyecto como diputada nacional. Y fue justamente la iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que propone la Interrupción Voluntaria de Embarazo en las primeras doce semanas de gestación, que se volverá a presentar en Diputados mañana –perdió estado parlamentario en diciembre–, encabezada con la firma de la kirchnerista Adela Segarra, y acompañada por legisladores y legisladoras de un amplio arco político.

Ferreyra tiene 45 años y es madre de dos hijas de 12 y 15 años. Con ellas habló antes de decidir hacer públicas cuestiones tan privadas como la experiencia de un aborto. “Yo aborté y soy mamá. Nadie me va a decir que el huevo o cigoto es un bebé. Nadie más que las mujeres cuidamos y defendemos la vida de nuestros bebés”, dice. Incluso, a sus hijas en la escuela les bajaron línea en contra de la despenalización del aborto con el tramposo argumento de los grupos que se autodenominan “pro vida”, que sostiene que “si tu mamá te hubiera abortado vos no hubieras nacido”. Pero Ferreyra les explicó a sus hijas que en realidad es al contrario: porque su mamá abortó antes de tenerlas, ellas nacieron.

–¿Cómo fue el proceso por el cual decidió hablar del aborto en primera persona?

–Después de que salgo electa, me invitan a un seminario sobre violencia de género en Rosario, y una de las organizaciones que participaban era el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir. La verdad es que me impactó. Yo no soy católica, soy agnóstica. Pero hay que tener mucha valentía siendo católica para animarse a hablar de estos temas con todo el peso de la Iglesia. Yo pensé: si ellas lo pueden decir, cómo no voy a poder decirlo yo. Aparte, creo que esta ley tiene corte transversal: acá no hay mandato de bloque, partidario ni de las congregaciones. Es cada uno con sus convicciones lo que va a decidir el tratamiento de esta ley. Para romper con ese tabú hay que animarse.

Proviene de una familia de militantes políticos. Su papá era dirigente del PC y estuvo detenido-desaparecido durante la última dictadura militar. Su mamá fue abogada de presos políticos en aquellos años oscuros. “Me caí de la panza de mamá y ya militaba”, se ríe Ferreyra. Militó en la juventud comunista, empezó a estudiar Derecho, pero luego dejó la carrera. Más adelante se entusiasmó con el Frepaso, pero terminó desencantándose con la Alianza. “Los Kirchner fueron lo mejor que me pasó en mi vida política porque estaba a punto de ser militante del escepticismo”, confiesa. Fue electa diputada provincial en 2001 y constituyente en Corrientes en 2007, y en la última elección ganó una banca como diputada nacional por el FpV. “Yo vengo de la clase media, pero de esa clase media que no conseguía trabajo en los ’90 y abría kioscos”, se define.

Dice que la primera vez que enfrentó la decisión de abortar estaba en Moscú, donde la interrupción es legal y se realizó la práctica en un hospital. Tenía alrededor de 20 años. Después tuvo otras experiencias en Corrientes, donde la clandestinidad y la precariedad enturbian sus recuerdos. “Fijate, de ese primera aborto no tengo la sensación de la carga traumática de los otros que me hice en Corrientes: porque había un médico que te atendía, un quirófano, al salir estuve en una pieza, con cuidados, fue otra cosa. De ese aborto te puedo contar todo desde que entré. Los otros los tengo borrados. Hasta las imágenes son distintas. Del primero recuerdo la luz; de los otros, solo oscuridad”, describe Ferreyra.

–¿Cómo fueron las circunstancias que la enfrentaron a tomar esa decisión?

–¿De decirlo?

–De interrumpir un embarazo.

–Fue tan difícil casi pasar por el aborto como animarme a contarlo. No fue fácil. Fue una evolución. En mi adolescencia tuve una amiga que había quedado embarazada. Yo vivía en Corrientes capital, ella estudiaba también en la capital, pero era del interior de la provincia, provenía de una familia muy pobre, y con mucho esfuerzo los padres la mandaban. Trabajaba. En el lugar que trabajaba tuvo relaciones sexuales. Quedó embarazada de su empleador. Obviamente la rajó. Cuando me preguntó qué hacer, yo le dije: “Si vos quisiste la relación sexual, ahora aguantate”. Y tuvo el hijo. La echaron del trabajo, los padres la sacaron pitando, estudiaba abogacía y terminó trabajando de empleada doméstica con una dignidad enorme. Pero el curso de su vida cambió por un prejuicio terrible. Teníamos 17 o 18 años. Estábamos en el primer año de la Facultad. Me acuerdo de cuando les conté a mis viejos. Me dijeron: “¿Cómo podés ser tan prejuiciosa?” Ahí me puse a pensar que todos esos prejuicios que te meten... una tiene que pensar con cabeza propia. Me fui dando cuenta de la barbaridad de lo que le había dicho a mi amiga. En esa época, después me encontré con cantidad de chicas que se enfrentaban a un aborto en la clandestinidad. La mayoría no tenía plata: teníamos que estar juntando. Siempre esa cuestión de tanta vulnerabilidad. A mí me pasó distinto: cuando me tuve que hacer el aborto no fue como en muchos casos por una situación de pobreza.

–En realidad abortan mujeres de todos los sectores sociales, no solo las pobres.

–Es cierto. La diferencia está en las condiciones en que lo hacés. Hay condiciones y condiciones para hacerse un aborto. He escuchado a mujeres que han contado de haberse introducido el palito de perejil, la aguja, pastillas de Gammexane.

Cuenta que ella tomó la decisión de interrumpir esos embarazos –consecuencia, dice, de la falla o mal uso de anticonceptivos– porque era muy joven, su relación de pareja no estaba consolidada y solo se imaginaba que podía tener hijos en el marco de un proyecto de familia. “Cuando una mujer toma la decisión de abortar, no la frena nada, nada, nada”, dice la diputada.

Después, con ese mismo hombre que la acompañó en aquellas decisiones, compartió veinte años de su vida y tuvo a sus dos hijas. “Yo fui madre a los 30 años. Una tiene que poder elegir cuándo quiere ser madre y si quiere serlo”, afirma.

En su memoria está presente el recuerdo de una amiga que murió como consecuencia de un aborto inseguro, en la desesperación de interrumpir un embarazo inconveniente. “Era maestra y su compañero periodista. Era una pareja macanuda, inteligente. No tenían esa carga de prejuicios. Sí estaban en una situación de pobreza. Tenían ya dos hijos. Ella queda embarazada. No nos cuenta nada. Espera que él vaya al interior de la provincia a hacer un trabajo para hacerse un aborto clandestino. Para cuando llegó él de vuelta, ella estaba con una septicemia y se murió.”

También recuerda cuando le tocó llevar a un hospital a una amiga que se desangraba. “Yo pensé que estaba perdiendo el bebé de forma natural. Pero resulta que en la desesperación se había puesto pastillas de Gammexane. Le comió todo. En el hospital nos querían mandar presas a ella y a mí. Se podría haber muerto. Había agarrado el auto de mi viejo. Me acuerdo que la llevé a un hospital primero y no la quisieron atender. Tuve que llevarla a otro hospital, abrir las puertas pateando porque no la querían atender”, describe y se emociona.

–¿Cómo fue la primera vez que contó esto en público?

–Lo conté en una radio del interior de mi provincia. Recuerdo que enseguida cambiaron de tema. Yo soy mujer, madre y militante. A veces los planos se mezclan. Esa vez lo contaba como madre: hablemos de esto para que nuestras hijas no pasen lo que nos tocó pasar a nosotras, decía. Como el tema del matrimonio igualitario. Cuando se hicieron las audiencias en Corrientes, fui de las pocas políticas en la provincia que hablaron a favor.

–¿Y el 8 de marzo en el escenario como qué habló?

–Hablé como militante y como legisladora. Llevar adelante estas leyes no es solo un problema de mayoría ni de órdenes. No hay que estar esperando mandato de la Presidenta. Tenemos que asumir la responsabilidad de decir como mujeres lo que nos pasó y también como legisladoras. Me pasó que he hablado con otras legisladoras que están de acuerdo con la despenalización, que han firmado proyectos anteriores. A una le pregunté: “¿Vos abortaste?” “Sí”, me dijo. Pero cuando hablamos despersonalizamos, hablamos del derecho a decidir, de un montón de cuestiones que son importantes, pero cuesta hablar en primera persona. Y si nos cuesta a nosotros que somos firmantes, que tenemos una posición pública, imaginate a la gran mayoría, que tal vez no tuvo la suerte de tener un acompañamiento familiar, formación. Lo que necesitamos es romper ese tabú que es funcional a los grupos pro vida, a las prácticas inquisitoriales. Y también hay que pedirles a los hombres que acompañaron a sus novias, a sus esposas, o que le pusieron el cuerpo, porque los hombres en esos lugares donde se hacen los abortos quedan en la esquina, dando vueltas, para que ellos también puedan decir, porque saben lo duro que es para una mujer enfrentar esto en la clandestinidad.

Ferreyra hace suyo el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Sobre los dos primeros ejes, dice, hay que trabajar fuertemente. “Y discutir la despenalización –agrega–. Los legisladores no podemos negarnos a una discusión que ya está en la sociedad.”

Palabras “lamentables y desafortunadas”

Diario Página12

Miércoles 21 de marzo de 2012

El ministro de Salud de Corrientes cosechó más rechazos por haber dicho que “las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por tener un hijo”. A Manzur se sumaron diputados, intendentes y el Inadi.

El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, calificó como “lamentables y desafortunadas” las expresiones de su par de Corrientes, Julián Dindart, cuando afirmó que las “adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”, en alusión a la Asignación Universal por Hijo. Manzur agregó que Dindart “tiene que recapacitar” y explicó que los planes que instrumenta el gobierno nacional están demostrando, no sólo por Argentina, sino por todas las auditorías a nivel internacional, el impacto positivo que tienen en la sociedad y fundamentalmente en lo que son los grupos más vulnerables.

Según dijo Manzur, “hay planes que se vienen instrumentando a partir del año 2003 que son ejemplos en el mundo, con lo cual esperamos que reconsidere, creo que son expresiones fuera de lugar que no son propias de alguien que maneja el área de salud”. Y recordó que los indicadores muestran la eficiencia de los planes, por ejemplo respecto de “la mortalidad infantil que ha descendido cerrando brechas en los lugares más vulnerables, fundamentalmente en las provincias del NOA y del NEA”.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Corrientes, Carlos “Camau” Espínola, calificó de “discriminatorias” las declaraciones del ministro Dindart. “Estas afirmaciones van en contra de la niñez y las mujeres, cuya situación de vulnerabilidad este modelo nacional trata de revertir en toda la Argentina”, dijo el jefe comunal justicialista. Señaló, además, que la Asignación Universal por Hijo “logró que en el país un 30 por ciento más de niños y niñas hoy estén escolarizados y que puedan acceder a la salud y a todos los controles sanitarios que sean necesarios”. Espínola afirmó que “este modelo nacional que inició Néstor (Kirchner) y que continúa Cristina (Fernández de Kirchner) está logrando que hoy la Argentina pueda recuperar el tejido social desde políticas integrales y abarcativas. Por esta razón no podemos coincidir con el ministro Dindart, que afirma que una niña de 10 años se embaraza para obtener un rédito económico”.

En tanto, también desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) salieron al cruce de los polémicos dichos del funcionario del gobierno del radical Ricardo Colombi. “Es altamente descalificador, sobre todo si proviene de un funcionario público, el intento de asociar la problemática del embarazo adolescente a la necesidad u oportunismo de obtener la Asignación Universal por Hijo”, precisó el Inadi. El organismo aseguró que existen otros factores explicativos del embarazo adolescente como “la dificultad en el acceso a servicios de salud, la falta de información sobre métodos anticonceptivos y de integración en el ámbito educativo”. También mencionó en este punto “las reiteradas prácticas de abuso sexual y violencias manifiestas por parte de adultos hacia las niñas y adolescentes”. Y enfatizó que las declaraciones de Dindart tienen “un fuerte contenido discriminatorio y estigmatizante hacia las niñas y adolescentes embarazadas, y las familias en situación de vulnerabilidad, y no hacen más que volver a poner en situación de víctima a niñas que ya lo han sido por haber padecido el delito de abuso sexual infantil”. Por último, el organismo sostuvo que el funcionario “debería tomar en cuenta su posición como parte de un Estado provincial que debe cumplir con la responsabilidad de prevenir y promover los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y mujeres”.

Además, legisladores nacionales por Corrientes de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) también cuestionaron las declaraciones de Dindart. El diputado kirchnerista Fabián Ríos dijo que el ministro desconoce la realidad de su provincia, y en el mismo sentido opinaron el senador radical José María Roldán y la diputada PJ María Elena Chieno. Sin embargo, el senador radical Nito Artaza dijo que no comparte esas ideas, pero sugirió que “fueron sacadas de contexto, respeto al ministro porque es un conocedor de la problemática”.

Los señuelos de la Bonaerense

Diario Página12

Lunes 19 de marzo de 2012

Por Horacio Cecchi

Después del ataque a la Madre de Plaza de Mayo Nora Centeno, el ministro Ricardo Casal se apresuró a anunciar la resolución del caso. La declaración de un policía con testimonios de vecinos anónimos fue utilizada para detener a los supuestos responsables.

Aplicando la misma fórmula de autoinvestigarse a sí misma, la Bonaerense de Ricardo Casal supone resolver a los tumbos el caso de la agresión contra la Madre de Plaza de Mayo Nora Centeno. Como informó Página12 en su edición de ayer, la comisaría 13º de Gonnet apuró la resolución del ataque deteniendo a una chica de 16 años, a quien mantuvo semidesnuda y filmada, mientras era amenazada durante al menos seis horas, pese a que la Bonaerense tiene prohibida la detención de adolescentes, y el propio Casal se ha jactado de ello. Lo que surge ahora es la pista trucha que siguió la Bonaerense para apresurar la investigación en la que debiera ser la investigada (buena cantidad de datos apuntan a la propia seccional de Gonnet).

El 10 de marzo, el yerno de Nora Centeno denunció que le habían robado diferentes artículos de su casa. El caso es investigado en la causa 9571. En la 9574, se investiga el ataque y robo a Nora Centeno. El mismo día del ataque, 15 de marzo, la comisaría 13ª de Gonnet, tal como señaló el periodista Horacio Verbitsky, detuvo a una adolescente, V. G. N. sin orden de allanamiento, la trasladó a la comisaría pese a tenerlo prohibido y la filmó semidesnuda.

Le ordenaron que se hiciera cargo de un robo anterior, investigado en la causa IPP 9884, “un típico caso señuelo –describió un funcionario judicial a Página/12–, que no tiene autores conocidos o que directamente nunca ocurrió, pero que la Bonaerense usa para detener a quienes quiere detener y después endilgarles la otra investigación que sí es pública y mediática”. En este caso, se trata de la investigación por el ataque a Nora Centeno y la denuncia de su yerno.

Junto a la chica V. G. N., la Bonaerense abrió otra causa, la IPP 10158, por la que detuvo a los dos hermanos Morales, Sergio y Vicente, acusados por una supuesta violación de domicilio y amenazas. También una causa señuelo.

De hecho, tanto la chica como los hermanos Morales fueron traídos luego como responsables del ataque y robo a Centeno. El nexo entre las causas señuelo y la real es la sempiterna declaración de un testigo de identidad reservada y de un bonaerense, en este caso el oficial Carlos Avalos, quien empezó a seguir a los hermanos. Realizan un allanamiento sin orden judicial (con el argumento de la urgencia), sostienen que secuestran los elementos robados, aunque nadie prueba que fueran tomados de allí salvo el testimonio policial, obviamente interesado. Y con los elementos y la confirmación judicial posterior al allanamiento vuelven a detener a los Morales, pero ahora por la causa real, la de Centeno. Según declaró Avalos, enterados de las detenciones, supuestos vecinos de los Morales no identificados señalaron a la chica también como participante. Después, siguió la detención ilegal en comisaría de V. G. N. que aporta la solución pública que Casal anunció a los cuatro vientos.

En su declaración, Nora Centeno sostuvo que quienes la atacaron no eran marginales, estaban organizados y actuaban con suficiente tranquilidad. Y le puso un nombre: zona liberada.

horaciolqt@yahoo.com.ar