Siguen impunes los secuestros y amenazas contra Chicos del Pueblo

El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo tiene 21 años de existencia y reúne a más de 300 organizaciones de todo el país que trabajan en forma directa con niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, abandono y pobreza. Esta coalición ha sufrido en las últimas semanas una serie de intimidaciones y agresiones anónimas, entre ellas los secuestros de tres educadores pertenecientes a sus organizaciones Fundación Pelota de Trapo (www.pelotadetrapo.org.ar ), Red Encuentro de José C. Paz y el Hogar Juan XXIII de la Congregación Religiosa Don Orione (www.donorione.org.ar)

Las obras de Chicos del Pueblo atienden y defienden a la niñez y desde hace años vienen realizando distintas acciones para generar conciencia acerca de la problemática del hambre, promover la unión de distintos actores a favor de los niños y colocar el problema de la infancia como prioritaria en la agenda pública. Este año iniciaron lo que se llamó la Campaña "El Hambre es un Crimen", que tiene el objetivo de irrumpir en el imaginario social a través de una campaña de difusión sostenida durante todo el año, en forma coordinada y simultánea en diferentes puntos del país, fundamentalmente en los principales centros urbanos.

Durante este año realizaron innumerables actividades en todo el país y paralelamente comenzaron a sufrir distintos hechos de violencia por parte de grupos comandos no identificados en tres organizaciones del Movimiento. Desde enero sufrieron 12 atentados, 6 de ellos, secuestros con agresión y posterior liberación de los que fueron víctimas un niño y varios educadores de las organizaciones. Los secuestros, que no son con fines de robo ni demanda de dinero, reiteran el mensaje expreso de que abandonen la Campaña “El Hambre es un Crimen”, que vienen sosteniendo en defensa de los niños más pobres.

La violencia (insultos, amenazas, golpizas, cortaduras corporales y utilización de narcotizantes) y la frecuencia de los secuestros van en aumento y los amenazan con intensificar los ataques en número y crueldad. Luego de reunirse con las máximas autoridades provinciales y algunas de las nacionales, no han logrado ninguna respuesta que permita dilucidar quiénes son los autores de los atentados ni las autoridades han tomado las medidas necesarias que hubieran podido evitar los nuevos ataques ocurridos recientemente.

Cronología de los hechos

18 de Abril de 2008 - Lanzamiento de la Campaña en Parroquia Santa Cruz

25 de Abril de 2008 - Grupo Comando asalta la Escuela Gráfica Manchita

El día viernes 25 de abril -cerca del mediodía- un grupo comando de 8 hombres, a cara descubierta, fuertemente armados, demasiado profesionales, demasiado prolijos, asaltaron la Escuela Gráfica Manchita perteneciente a la Fundación Pelota de Trapo, amenazando con la muerte y encerrando en el depósito a jóvenes y educadores. (Unidad Funcional de Instrucción – UFI Nº 4 del Polo Descentralizado de Avellaneda, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires IPP Nro 6749)


18 de Julio de 2008 - Lanzamiento Campaña en Mar del Plata
24 de Julio de 2008 - Encapuchados secuestran joven del Hogar Juan XXIII de la Congregación Religiosa de Don Orione

El jueves 24 de julio, por la mañana temprano, uno de los chicos del "Hogar Juan XXIII" de la Obra Don Orione en Gerli de 16 años, fue interceptado por un automóvil en el cual iban cuatro personas armadas y con rostros tapados que lo obligaron a subirse al mismo. Lo condujeron con rumbo incierto, amenazando a punta de pistola y pidiéndole que nos transmitan el mensaje de que quemarían "la imprenta, la pana (denominación que usamos internamente para llamar a la Escuela de Panadería) y la Casa de los Niños", obras que pertenecen a la Fundación Pelota de Trapo.

Tras el recorrido por calles desconocidas, nuestro joven compañero sumamente asustado por la situación de la que fuera víctima, fue dejado en inmediaciones de la estación Remedios de Escalada, desde donde tuvo que regresar por sus propios medios. (IPP 11.306 acumulada a la IPP 6749 en la UFI 4 del Polo Descentralizado de Avellaneda del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires)

28 de Julio de 2008- Conferencia de Prensa en Parroquia Santa Cruz donde asisten numerosas personalidades del arco político y social en repudio de los atentados.

29 de Julio de 2008- Entrevista con el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pérez.

4 de Agosto de 2008- Reunión con el Jefe de Gabinete de Buenos Aires Alberto Pérez, el Ministro de Justicia Ricardo Casal y el Subsecretario de Seguridad Carlos Stagnaro.

8 de Agosto de 2008 - El Director del Hogar Juan XXIII advierte al personal responsable de custodia de actitudes sospechosas por parte de vehículo idéntico al utilizado en el siguiente secuestro en las inmediaciones del Hogar.

27 de Agosto de 2008 – La Cámara Diputados del Congreso Nacional declara de interés legislativo “la Campaña 2008 El Hambre es un Crimen organizada por el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo”.

15 de septiembre de 2008 - La Cámara de Senadores del Congreso Nacional declaró su adhesión “a las actividades que se llevan adelante en el marco de la ‘Campaña El Hambre es un Crimen’ organizada por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo”.

26 de Septiembre de 2008 - Secuestro y golpiza de un joven educador del Hogar Juan XXIII, para remitir mensaje de cese de la Campaña.

Secuestran y golpean salvajemente a Educador del Hogar Juan XXIII de la Obra Don Orione de Avellaneda a las 20.30 horas, un grupo de 4 personas, algunas de ellas encapuchadas, en una camioneta con apoyatura de un vehículo, exigiéndole el cese de su participación en la Campaña El Hambre es un Crimen que lleva a cabo el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y es dejado a pocas cuadras del Hogar. (IPP 14.853 UFI 4 del Polo Descentralizado de Avellaneda, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, acumuladas a las anteriores).

30 de Septiembre de 2008 - El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación remite a la Fiscalía pedido de informes que le efectuara el Alto Comisionado de Naciones Unidas acerca de las hechos denunciados por nota fechada el 5 de Agosto de 2008.

2 de Octubre de 2008 - Entrevista con el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Dr. Aníbal Fernández.

3 de Octubre de 2008. Interceptan a educadora del Hogar Juan XXIIII y realizan amenazas para que cese la Campaña.

Una educadora del Hogar Juan XXIII es interceptada en Temperley, Partido de Lomas de Zamora, cuando concurría a su otro trabajo como docente en una Escuela Pública de Adultos por un vehículo que bajo la excusa de preguntarle acerca de unas calles, cuando se acerca al vehículo le muestran un afiche de la Campaña el Hambre es un Crimen y le dicen “los próximos son los pibes”. (IPP 885277 UFI 17 Lomas de Zamora)

16 de Octubre de 2008. Paro general dispuesto por la CTA de 15 minutos y abrazo en Plaza Tribunales en Capital Federal en repudio de los hechos.

24 de Octubre de 2008. Educadores del Hogar Juan XXIII y Pelota de Trapo reciben amenazas telefónicas del mismo tenor en celulares y teléfonos particulares.

El 24 de Octubre reciben amenazas telefónicas dos educadores de las organizaciones Pelota de Trapo y Hogar Juan XXIII a sus teléfonos celulares y el abogado de Pelota de Trapo recibe una grabación captada dentro del Hogar Pelota de Trapo, con las voces de los niños que conviven en el Hogar, en su teléfono particular. (Se incorporaron testimonialmente a las tres causas conexas que tramitan en UFI 4 del Polo Descentralizado Judicial de Avellaneda, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires)

4 de Noviembre de 2008. Lanzamiento Campaña el Hambre es un Crimen en Santa Fe.

12 de Noviembre de 2008. Secuestran y golpean educadora de la Red Encuentro en el transcurso de la Marcha que se realizara en la Ciudad de La Plata en repudio de la Baja de Imputabilidad, frente a Gobernación.

El 12 de Noviembre se realiza una marcha en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otras organizaciones sociales para repudiar las declaraciones públicas del Gobernador de la Provincia Daniel Scioli respecto de bajar la edad de imputabilidad de los niños y niñas a 14 años. El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo decide participar en la misma. Luego de marchar por las calles céntricas de la ciudad, se realiza el acto en Plaza San Martín (frente a la Gobernación). Mientras se encontraba desarrollándose el acto (en la que había 15.000 personas) una de las educadoras de la Red El Encuentro, otra de las organizaciones del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, ubicada en el Partido de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires) es abordada por una señora con unas bolsas que le pide ayuda para llevarlas hasta el auto puesto que en la calle se encontraban los colectivos estacionados. Eso hizo que la educadora saliera del acto y al acercarse al auto (estacionado a 50 metros de la Gobernación “Puerta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia”) es introducida violentamente, siendo posteriormente golpeada y torturada en el trayecto hacia unas diez cuadras, donde es arrojada en un terreno baldío. (IPP 36.285/08 UFI 11 del Departamento Judicial La Plata)

16 de Noviembre de 2008. Amenazan a educadora secuestrada a través de celulares de otros educadores de la Red Encuentro.

El 16 de Noviembre reciben amenazas, dos educadores de la Red El Encuentro y la educadora secuestrada el 12 de Noviembre, por mensaje de texto a sus celulares (Se incorporaron testimonialmente a la causa de la UFI 11 del Departamento Judicial de La Plata). Los mensajes decían textualmente “pendeja de mierda estás en el horno, deja de hablar”, “esa pendeja que deje de hablar porque está en el horno”.

19 de Noviembre de 2008. Acto en repudio a los atentados en José C. Paz en referencia al hecho del 12 de Noviembre.

24 de Noviembre de 2008. Segundo Secuestro de la educadora de la Red El Encuentro en José C. Paz Provincia de Buenos Aires.

El 24 de Noviembre, a las 13 hs. es secuestrada nuevamente la educadora de la Red Encuentro en la localidad de José C. Paz, a pocas cuadras de la sede de la Red, por tres hombres encapuchados que la introdujeron en un vehículo y la obligaron a ingerir pastillas que provocaron el desvanecimiento. Durante el lapso que estuvo secuestrada se fueron comunicando con el celular de la secuestrada con integrantes de la Red Encuentro a través de mensajes de texto, diciéndoles que no hagan la denuncia porque si no la iban a hacer desaparecer. Dos horas más tarde el último mensaje anunciaba que la habían dejado en una plaza frente al Cementerio de la Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue hallada recostada bajo un árbol, narcotizada en el lugar indicado por los secuestradores. (Por dicho hallazgo intervino la Fiscalía 5, en lo Criminal, de Capital Federal. Causa que fue requerida por la UFI 11 de La Plata para acumularse a la anterior del 12/11)

26 de Noviembre de 2008 -
- Reunión con la Procuradora Gral de la Suprema Corte de Justicia Dra. María del Carmen Falbo.
- Reunión con el Sr. Gobernador Scioli, el Ministro de Seguridad Dr. Carlos Stornelli y el Ministro de Justicia Dr. Ricardo Casal.

27 de Noviembre de 2008. Segundo Secuestro del Educador del Hogar Juan XXIII de la congregación Don Orione de Avellaneda.

El 27 de Noviembre, a las 6,45 hs. es secuestrado nuevamente el educador del Hogar Juan XXIII de Avellaneda, a pocas metros del Hogar, donde debía encontrarse la custodia asignada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por dos hombres encapuchados y una mujer igualmente enmascarada, que lo introdujeron en un vehículo y lo inyectaron con narcotizantes que provocaron el desvanecimiento. Durante el lapso que estuvo secuestrado se fueron comunicando con el celular del secuestrado con integrantes del Hogar Juan XXIII y Pelota de Trapo a través de mensajes de texto, del tenor “Che te chupamos otro pibe te das cuenta quién manda ahora” o “lo tiramos en el río o en el campo” . Una hora y media más tarde el último mensaje anunciaba que lo habían dejado en una plaza frente a la Iglesia en Plaza Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregando que “no puede caminar mucho”. Fue hallado sentado, narcotizado en el lugar indicado por los secuestradores. (Por dicho hallazgo intervino el Fiscal de la UFI 2 del Polo Descentralizado Avellaneda del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires).

28 de Noviembre de 2008. Secuestro de Voluntario del Hogar Pelota de Trapo de Avellaneda.

El 28 de Noviembre, a las 9 hs. es secuestrado un voluntario que cumple funciones de sereno del Hogar Pelota de Trapo de Avellaneda, a pocas cuadras del Hogar, por tres hombres encapuchados que llamándolo por su apodo, lo redujeron e introdujeron en un vehículo. Le exhibieron un maletín con gasas, agujas y otros elementos con los que habrían inyectado con narcotizantes un día antes al educador del Hogar Juan XXIIII. Durante el lapso que estuvo secuestrado se comunicaron en dos oportunidades utilizando el celular del secuestrado. Dijeron: “tenemos al viejo” . Una hora más tarde fue dejado en un hipermercado de la contigua ciudad de Lanús. (Por dicho hallazgo intervino el Fiscal de la UFI 2 del Polo Descentralizado Avellaneda del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires).

1 de Diciembre de 2008. Comunicación Telefónica del Secretario Privado del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Dr. Aníbal Fernández, notificando la visita del Ministro a Pelota de Trapo el miércoles 10 de Diciembre.

3 de Diciembre de 2008. Amenazas telefónicas a dos educadores de la Red Encuentro.

El día 3 de Diciembre, cuando se encontraban en comunicación a través de sus celulares dos educadores de la Red Encuentro, interceptaron la llamada y a través de voces distorsionadas formularon amenazas a ambos en forma simultánea, sin que los educadores pudieran escuchar la amenaza inferida al otro. Se trata de los educadores que tuvieron bajo su cuidado directo a la Educadora victimizada en dos oportunidades (12 y 24 de Noviembre). Cabe destacar que ambas líneas telefónicas tenían 24 hs. de uso, toda vez que por cuestiones de seguridad fueron reemplazadas las anteriores.

4 de Diciembre de 2008. Visita en la Fundación Pelota de Trapo del Subsecretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner y la Directora Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos, Dra. Marisa Graham.

9 de Diciembre de 2008. El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación pospone la visita a Pelota de Trapo para el día 16 de Diciembre.

Intervienen el instituto Almafuerte por denuncias de maltrato

Publicó diario El Día
15 de diciembre de 2008

Lo dispuso la Provincia luego de que menores alojados en el instituto afirmaran que fueron golpeados

La subsecretaría de Minoridad bonaerense dispuso la intervención del Almafuerte, un instituto de máxima seguridad platense que alberga, entre otros, a dos menores acusados de participar del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea. La decisión oficial se fundamenta en una serie de denuncias formuladas por los propios detenidos, que afirmaron que sufrían maltratos.

Voceros del área de Minoridad informaron ayer a este diario que la intervención fue dispuesta en las últimas horas y que comenzará a hacerse efectiva hoy, medida que se adoptó luego de que el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria realizara una inspección en el lugar y constatará diversas "irregularidades".

Según trascendió, el organismo de Derechos Humanos recolectó "graves denuncias" sobre maltrato a los menores detenidos de parte de empleados y funcionarios del Almafuerte, por lo que se dispuso además separar del cargo a los directivos.

La decisión oficial se cruza con la renuncia presentada por los propios directivos del Almafuerte, en medio de una serie de reclamos sobre la atención de los menores y la supuesta falta de atención de parte de las autoridades bonaerenses a la problemática de la minoridad, según trascendió ayer.

De todas formas, voceros de Minoridad afirmaron que la intervención se produjo "antes de que se presentaran las renuncias" por lo que esas dimisiones "ni siquiera se van a considerar".

En el Almafuerte, además de otros 40 jóvenes de entre 16 y 18 años, están alojados dos de los principales acusados por el asesinato del ingeniero Barrenechea.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, los directores del Almafuerte presentaron su renuncia por la supuesta falta de cumplimiento del ministerio de Desarrollo Social a una serie de promesas vinculadas a mejorar la atención de los menores alojados en el establecimiento.

NOTA Y RECLAMOS

Los directores del instituto, al presentar la renuncia, enumeraron una serie de fallas en el sistema de contención de los menores. Y en ese marco, mencionan la "imposibilidad" de contar con personal suficiente para atender a los jóvenes detenidos.

También cuestionan la falta de presupuesto para afrontar gastos cotidianos, como, por ejemplo, arreglar un equipo de música. Además, se quejaron de una supuesta falta de apoyo institucional en la toma de decisiones.

Los funcionarios renunciantes se quejaron también por la carencia de abordajes específicos a determinadas problemáticas, en particular el abuso de drogas.

Por otra parte, mencionaron carencias de análisis y abordajes de los contextos sociales de los jóvenes, que en su mayoría provienen de ámbitos de alta conflictividad social.

Finalmente cuestionaron la situación en forma global. "Es desmoralizante que una de las principales actividades de la dirección de una institución de privación de libertad, sea lidiar con la falta de recursos humanos y económicos, y tratar de paliarla", concluyeron.

Cuánto dura la mano dura

Publicó Página|12
21 de diciembre de 2008

Por Rodolfo Urribarri *

Otra vez nos vemos asolados desde los medios por la delictividad “incrementada” y con violencia homicida, que nos acosa a toda hora y desolados por la falta de protección que debería cumplir la sociedad a través de diversos estamentos.

La gente está intoxicada por la reiteración abusiva de las noticias cada vez más destacadas y truculentas realizadas por los medios (en una carrera de competencia amarillista), que exacerba la sensación de riesgo y temor, consecuentemente los reclamos en demanda de protección y seguridad.

Los diversos poderes ante esto juegan “al gran bonete”, tratan de exculparse pasando la responsabilidad a otro. El Ejecutivo, hasta ayer garantista e innovador que se jactó de logros como la nueva composición de la Corte Suprema con reconocidos juristas independientes y también por la política de derechos humanos y sus juicios a los genocidas de la última dictadura militar, hoy acusa a los jueces por excarcelar y no penar. La Justicia alega que cumplen con la ley y es la policía quien realiza procedimientos que no se ajustan a la ley y se prolongan detenciones en hacinadas comisarías, lo que redunda en excarcelaciones, que los medios trastruecan y transforman en absoluciones. Por otra parte, los legisladores, escuchando el “clamor popular”, ceden a sus presiones y la de los medios, legislando a las apuradas para aplacar el reclamo; creyendo que con mano dura, incremento de penas, etc., todo se va a arreglar, como fogonea la más rancia derecha vernácula.

Ya tuvimos hace poco la experiencia con el falso ingeniero, que del dolor de una terrible pérdida se recibió de especialista en derecho penal y de experto en medidas de seguridad, movilizó una multitud de gente atemorizada y conmovida por su dolor, que logró una serie de leyes que no contribuyeron a disminuir los delitos como él pregonaba. Luego de caer en descrédito y eclipsarse, sus argumentaciones se reciclan.

Tras el reclamo de mano dura, se agazapa la mano militar, que se sostiene en la falaz afirmación de que durante los “gobiernos militares” decrece la delincuencia; esto oculta que durante las dictaduras solo decrece la información de los hechos, en general por la connivencia de los dueños de los medios con la jerarquía gobernante, por miedo o por efecto de la censura.

Otra reaparición es la de estigmatizar a la juventud como responsable. Hace más de treinta años, uno de los slogans de los militares para justificar su abuso de poder era combatir a una juventud extraviada que ejercía violencia armada, el ser un joven pelilargo, con ropas no convencionales, en grupo y contestatario, eran suficiente motivo para la persecución y/o detención. Así se encubrió la violencia criminal organizada desde el Estado, el robo, las apropiaciones y negociados.

Hoy el mismo argumento de responsabilización de los jóvenes se aggiorna a la delincuencia y se promueven castigos mayores para los “villeros” criminales. Se sabe desde hace mucho que las dificultades económico–sociales incrementan la delincuencia, entonces lo razonable no es más persecución policial, más severidad judicial, mayores penalidades, del código, más cárceles, sino una política que se preocupe por revertir la profunda desigualdad social que las últimas décadas han impuesto en nuestro país, que posibiliten a lo largo de una acción convergente y sostenida que los niños y jóvenes vuelvan a creer en un futuro posible y que se les ofrezca inserción laboral y de progreso, renovando la esperanza perdida, y se vaya progresivamente diluyendo la violencia reactiva que albergan. Que puedan concurrir a la escuela, a centros deportivos, donde sean respetados, comprendidos, ayudados y no recluidos, estigmatizados, en centros de detención donde son degradados, vejados, violados, dominados y que en pocos años se transforman en psicópatas irrecuperables.

A la mano dura se agrega nuevamente la “necesidad” de bajar la edad de imputabilidad dado que, según afirman, hay más delitos cometidos por jóvenes. No sabemos si es o no verdad dicha afirmación, dado que en nuestro país no hay en general buenas investigaciones y estadísticas.

Ocurre algo similar al prejuicio sobre las adicciones y los jóvenes. No solo hay adultos que consumen drogas con habitualidad, sino que cuando los dealers apuntan a los jóvenes es porque saben que son los más proclives por el momento vital que transitan y porque los que persisten les aseguran un mercado duradero a futuro. Además, estigmatizando a los jóvenes se niega que los productores, contrabandistas, comercializadores, distribuidores, así como los funcionarios venales, dueños de boliches, policías corruptos y otros involucrados son adultos. También detrás de los actuales “pibes chorros” hay adultos que incitan, administran, especulan, explotan con ellos.

En cuanto a la edad de imputabilidad, en mi condición de psicólogo especializado en adolescencia, quisiera expresar mi opinión a tal propuesta: es más un “manotazo de ahogado” y que distrae el verdadero eje de lo delincuencial.

Los adolescentes adquieren en relativamente poco tiempo muchas habilidades y capacidades que en ciertos aspectos los homologan y a veces superan a los adultos (tamaño corporal, fortaleza, potencia, vigor, pujanza, pensamiento lógico, genitalidad, posibilidad gestante), pero que requieren de un tiempo de procesamiento para la incorporación y acomodación de lo nuevo. Por otra parte son característicos de esta situación los altibajos anímicos, la tendencia al apresuramiento y la desmesura, así como los conflictos y enfrentamientos con los padres y la autoridad, en su lucha de separación y anhelo de autonomía, también condicionados por los grupos de pares, de pertenencia y la exaltación de personajes que se toman como modelos.

Sienten que pueden hacer y acceder a lo que en años de infancia no podían, los acosan sensaciones y afectos intensos, avanzan con ímpetu, con dificultad de advertir los riesgos y en el apremio quieren que el futuro sea ya. Al decir de un viejo maestro, parecen tener todo, pero les falta encauzar los afectos, lograr un control racional y prospectivo, con plena responsabilidad y conciencia sobre sus actos. Esto que parece sencillo, lleva tiempo, sinsabores, riesgos, y difícilmente se logra antes de los 18 a 20 años, en el mejor de los casos.

Por tales motivos la baja en la edad de imputabilidad es un absurdo que nada va a resolver y en cambio va a propender a encaminar al joven a la escuela avanzada de criminalidad, que se dicta en el ámbito de los institutos de reclusión de menores.

Por otra parte, el contexto familiar y social de los jóvenes que delinquen viene en general precedido de una infancia carenciada, de un medio violento con primacía de la acción y no de la reflexión, con la imperiosa perentoriedad en vez de la perspectiva futura (en presente continuo), con grandes déficit educacionales y otros factores negativos que dificultan la estructuración psíquica infantil y consecuentemente no están bien asentados los basamentos que les posibiliten enfrentar con ciertas posibilidades de éxito los embates puberales y los desafíos de la adolescencia. Por ello este sector juvenil marginalizado y desposeído es aún menos capaz que el resto para responsabilizarse plenamente de sus actos en edades más tempranas de las que hoy marca la ley. En caso de bajarse la edad de imputabilidad contribuiría a empujarlos a una caída sin retorno, que solo beneficiaría a los constructores de cárceles, a los traficantes de armas y a los funcionarios corruptos.

* Profesor consulto titular (UBA). Asociación Psicoanalítica Argentina.

El viejo método de la mano dura

Publicó Página|12
12 de diciembre de 2008

El Cels denunció ante la Corte Suprema que la propuesta de Scioli, de reforma al Código Procesal Penal bonaerense, se basa en dificultar las excarcelaciones. Se agravarán los niveles de hacinamiento e incumplirá el fallo Verbitsky dispuesto por la propia Corte.


Por Horacio Cecchi

Una presentación del Cels ante la Corte Suprema, realizada el viernes pasado, denuncia al proyecto de reforma del Código Procesal Penal bonaerense que podría ser votado mañana en la Legislatura provincial y, que de aprobarse, resultará en una gravísima desobediencia a una orden del máximo tribunal de la Justicia argentina, la sentencia conocida como “fallo Verbitsky”, en abril de 2005, con la que se evitó que los niveles de hacinamiento y maltrato de las personas privadas de libertad continuaran incrementándose. La denuncia hace hincapié en que la reforma propuesta por Scioli volverá a elevar a niveles gravísimos el hacinamiento carcelario, lo que agravará las condiciones de detención inhumanas, crueles y degradantes a las que ya hoy en día se encuentran sometidas las personas privadas de libertad y colocará una vez más al país en la lupa internacional por el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales. Como detalle del todo, Scioli apeló en diez meses de gobierno al mito de la puerta giratoria, y en ese tiempo, en lugar de salir, se sumaron 600 personas más detenidas en comisarías.

El Cels sostiene que, “según el relevamiento de unidades penales llevado adelante por el Poder Ejecutivo provincial en marzo de 2008, el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 17.858 plazas y alberga a 22.889 personas. Otras 3404 se encuentran alojadas en comisarías, sumando un total de 27.278 privados de su libertad. El total de plazas faltantes –subraya el documento– en este momento sería de 8371”.

La cifra excede el límite de sobrepoblación crítica, que define el Consejo de Europa en relación a la densidad de la población carcelaria igual o mayor al 20 por ciento de su capacidad. En la provincia, la hiperpoblación supera el 25 por ciento de las plazas. Y Scioli va por más, aunque públicamente describa una realidad que no es.

El documento, además, agrega que quince unidades carecen de sistema de calefacción, la gran mayoría cuenta con redes eléctricas precarias (los presos lavan su ropa y para secarla la cuelgan de los cables de electricidad que cruzan las celdas por encima de sus cabezas). En la mitad de las unidades “se verifican graves deficiencias en la distribución de agua potable. Un total de 9755 personas detenidas en la provincia carece de un adecuado acceso a tan elemental servicio”. Por lo demás, la denuncia sostiene que “gran cantidad de unidades penitenciarias no cuenta con sistema antiincendio y varias de las que sí cuentan con uno, su funcionamiento es defectuoso o directamente se encuentra en un estado deplorable”. Habrá que recordar, a tal efecto, el incendio de la U28 de Magdalena, en octubre de 2005, en un pabellón de los supuestamente más modernos que carecía de sistema de bombeo de agua y en el que 32 internos murieron carbonizados o envenenados por el gas cianhídrico que despiden los colchones de poliuretano.

La reforma procesal propuesta por Scioli cuenta con media sanción del Senado y “se enmarca en los discursos que pretenden resolver las demandas sociales de seguridad a través del endurecimiento del sistema penal”, sostiene el documento. Hoy, los ministros de la Corte tienen su reunión de acordadas. La reforma al Código Procesal Penal de Scioli figura en el temario.

Con críticas al Gobierno, la CTA marchó a la Plaza contra el hambre

Publicó Clarín
13 de diciembre de 2008

Por Santiago Fioriti

La marcha no fue para pedir planes sociales ni para reclamar medidas contra la inseguridad. La cuestión es más grave: se exigió que dejen de morir chicos por falta de comida. "El hambre es un crimen, ni un pibe menos": la consigna la abraza el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, pero ayer también la hicieron propia la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y varias decenas de agrupaciones políticas y sociales que acompañaron la marcha desde Parque Rivadavia hasta Plaza de Mayo. Es la primera vez en la era Kirchner que una movilización llega a las narices del poder para reclamar contra el hambre.

Yamila, una nena divina que viajó en el tren de madera del Movimiento "Pelota de trapo" --que circuló a paso de hormiga al frente de la columna integrada por tres mil chicos que llegaron a Buenos Aires desde las provincias más pobres del país-- definió mejor que nadie el sentido de la protesta: "Estoy cansada de ver a los chicos de mi barrio revolviendo basura para ver si encuentran algo de comer".

La marcha fue masiva y generó un caos de tránsito en el centro porteño. (Ver página 75) Cuando la primera columna pisó Plaza se contabilizaron unas veinte cuadras de militantes. Los organizadores hablaron de una convocatoria de 50 mil personas. La cifra posiblemente haya sido exagerada, pero media plaza quedó colmada.

Hugo Yasky, el secretario general de la CTA --una organización que se divide entre quienes apoyan o apoyaron al kirchnerismo y un sector más duro que nunca adhirió al proyecto K-- apuntó contra el Gobierno: "Cuando anuncia subsidios nos quiere convencer de que después esos subsidios derraman sobre los trabajadores. Pero nunca derraman sobre nosotros. Lo que hay que subsidiar es el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. Que el Gobierno pague el salario universal por hijo, que esos no lo van a poner en paraísos fiscales".

¿Cómo estás?, lo sorprendió un militante a Víctor De Gennaro cuando los bombos sonaban por la 9 de julio. "Gozando --dijo el sindicalista--, esta es la fiesta de la unidad para terminar con el hambre". Ciertamente, se lo veía eufórico.

En la bandera que portaban quienes caminaban al frente de la movilización se leía "Para que la crisis no la paguemos los trabajadores". Fernando "Pino" Solanas y Claudio Lozano, dos ácidos contrincantes de los Kirchner, eran las caras visibles junto con el intendente de Morón, Martín Sabbatella. "Es inmoral e inadmisible que en este país mueran 30 chicos por día de hambre", denunció el cineasta. "Hay seis millones de chicos en situación de pobreza y el Gobierno está preocupado por vender autos", señaló Lozano.

El desencanto de ciertos referentes o espacios políticos con el matrimonio presidencial no es nuevo. Pero sí es llamativo el rencor que comienzan a destilar algunos sectores que, aunque nunca aplaudieron a rabiar las iniciativas oficiales, las acompañaban en privado o al menos no le ponían piedras.

No le perdonan su alineación con los caciques del PJ bonaerense y muchos menos su reciente vínculo con el ex carapintada Aldo Rico. El caso símbolo es el de Humberto Tumini, una de los dirigentes que puso el cuerpo en la pelea "campo-Gobierno" (en aquellas noches de cacerolazos hablaba con Néstor Kirchner de celular a celular para diseñar estrategias) y que ayer se mostró en la columna principal de la movilización. El socialista K Ariel Basteiro prefirió mezclarse entre la militancia.

Un influyente dirigente que ya trabaja en el armado de un frente de centroizquierda para el año próximo se entusiasmó al final de la marcha: "A la izquierda de Kirchner ya no hay una pared. Estamos nosotros".

¿En qué quedamos?

Publicó Página|12
7 de diciembre de 2008

Por Emilio García Méndez *

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechaza el hábeas corpus colectivo a favor de los menores de 16 años presos, sin condena y sin debido proceso, en la cárcel de menores denominada Instituto San Martín, de la ciudad de Buenos Aires, constituye el mayor retroceso en materia de derechos humanos de la infancia en nuestros 25 años de democracia.

Con el contradictorio argumento relativo a los peligros que real o supuestamente corren y real o supuestamente generan dichos “menores”, la Corte ha revocado el fallo de Casación que ordenaba su libertad y ha decretado la constitucionalidad del decreto de la dictadura 22.278 de 1980, que establece el régimen penal de la minoridad. De un plumazo, este fallo de la Corte ha retrotraído la discusión al período más negro de nuestra historia. Dicho de otra forma, al convalidar el mencionado decreto la Corte ha devuelto a la vida el cadáver, hoy insepulto, de la tristemente célebre Ley de Patronato 10.903 de 1919.

Resulta imposible ignorar que el art. 1 del decreto 22.278 no constituye otra cosa que un acabado resumen de la Ley de Patronato. De un plumazo, la Corte, al otorgar legitimidad a privaciones de libertad preventivas y protectivas, tal como nos lo ha explicado hasta el cansancio en estos días la doctora Carmen Argibay, ha tomado brutalmente partido en el ya áspero debate en torno de la baja de edad de la imputabilidad. Sin ningún límite etario inferior para impedir la privación de libertad sin debido proceso, la Corte ha fijado de hecho y de derecho dicha imputabilidad a partir del momento mismo del nacimiento. Triste final de un “progresismo” jurídico que se rasga las vestiduras frente a la paja de un hipotético derecho penal juvenil, sin reparar en la viga de la “crueldad bondadosa” de las condiciones materiales actuales de las cárceles de menores. Podría aducirse, tal vez, que se trata sólo del mientras tanto, ya que el fallo de la Corte, al igual que lo hacía el hoy revocado fallo de la Casación, exhorta al Poder Legislativo a sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, también en este punto el retroceso resulta evidente. A diferencia del fallo de Casación, que declaraba la inconstitucionalidad del decreto y fijaba un año de plazo al Poder Legislativo, el fallo de la Corte convalida su constitucionalidad sin fijar plazo alguno. Curiosa forma de ejercer presión sobre otro poder del Estado.

Lejos, muy lejos, estamos de haber ganado la batalla cultural que nos permita diferenciar a niños y adolescentes, simples víctimas de la violencia y la exclusión, de aquellos que sin necesariamente dejar de sufrir dichos males, se han constituido en sujetos activos de la violencia. No en vano hace muy pocos días el profesor Zaffaroni afirmaba textualmente en una entrevista concedida al Centro de Información Judicial que “todo sistema tutelar es hipócrita. Lo que hace todo sistema tutelar es encubrir el autoritarismo. Lo ha ejercido con total arbitrariedad. Lo ha ejercido sobre la adolescencia y la niñez pobre. Con banderas humanitarias... vamos a tratar al niño en situación de riesgo –pobre– de forma tutelar, vamos a ‘tutelar’ al niño en ‘situación de riesgo’ y no tenemos por qué diferenciar al niño infractor, porque después de todo es un niño en situación de riesgo y lo tenemos que tratar igual... Resultado de eso... se terminó tratando al niño en situación de riesgo como niño infractor con lo cual se criminalizó toda la pobreza con el pretexto de la tutela”. Sabias palabras dichas con conocimiento de causa, sólo horas después de convalidar, sin disidencias ni ambigüedades, el mencionado decreto de la dictadura, causa eficiente de estos males tan vehemente y rigurosamente descritos.

* Presidente Fundación Sur Argentina.
Diputado nacional SI (Solidaridad e igualdad).

La Corte y la edad de imputabilidad

Publicó Página|12
7 de diciembre de 2008

Por Gabriel Lerner *

El reciente fallo de la Corte sobre las facultades judiciales para dictar medidas privativas de la libertad a inimputables reabre el debate sobre la “baja de la edad de imputabilidad”. Tanto desde sectores progresistas como desde perspectivas bien distantes se impugna la Ley 22.278 y se suele coincidir en proponer una reforma legal que otorgue garantías a los procesos y que inicie la persecución penal desde los 14 años. Es llamativo que quienes denuncian la “impunidad de los menores” y los que afirman que se los castiga demasiado concluyan en propuestas similares. Hay explicaciones para la paradoja: soslayo por lo que efectivamente sucede en relación con los adolescentes que cometen delitos, preferencias en no considerar cuánto de responsabilidad hay de los adultos –funcionarios, dirigentes, medios, padres– cuando un chico de 14 o 15 comete, por ejemplo, un robo.

La idea de un crecimiento exponencial del “delito juvenil” y del supuesto impacto en la “inseguridad” no tiene bases verificables. Alcanza con visitar la página web de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o del Ministerio Público Fiscal: en el período 2004/2007 las causas contra adolescentes se mantienen relativamente estables. No tenemos una idea liviana del problema, solo afirmamos que reformar la ley penal juvenil no será decisivo si se persigue mejorar los estándares de seguridad.

Tampoco es cierto que, desde una perspectiva de los derechos humanos, la situación no haga más que empeorar. La lectura de una mala ley –la Ley 22.278– no enseña sobre los estándares reales de respeto de derechos. La ley de fondo no es el “sistema” sino parte del mismo, que se integra con las normas procesales, la organización judicial, de fiscalías y defensorías y los programas para el cumplimiento de las medidas judiciales. Hay lugares en que el juez echa mano de la ley para encerrar “chicos de la calle” y otros en que sólo en situaciones de delitos graves se priva de libertad, con las garantías de ley. La diferencia no la hace sólo la ley penal de fondo. La evolución del sistema, confrontado con la Convención sobre los Derechos del Niño, muestra un proceso de avances –desigual según las jurisdicciones– en los últimos años. Las aristas más discrecionales de la Ley 22.278 son limitadas por una mejor jurisprudencia (hace no menos de 3 años que no se dictan penas perpetuas, se redujo notoriamente el empleo del encierro, etc); hay mejoras en las normas que determinan garantías y emanan de legislaturas locales; hay avances en las condiciones de privación de libertad (en Córdoba y Buenos Aires se dejó de alojar chicos en comisarías desde los años 2003 y 2004, en los establecimientos nacionales se redujo la cantidad de adolescentes alojados al 50 por ciento en sólo 3 años); asimismo se viene constituyendo una inédita institucionalidad gubernamental.

No existen argumentos racionales que indiquen que para salir de la “tutela” de la Ley 22.278 haya que “bajar la edad de imputabilidad”. Un especialista chileno, el doctor Julio Cortés Morales, pone el dedo en la llaga: “Hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías a la vez que incrementa los niveles de punición, resolviendo con eso dos exigencias contradictorias, o a lo menos difíciles de conciliar”.

El fallo de la Corte es sabio y opta por una reforma gradual, que estimule los cambios y no que los aborte. Lo que estaba en juego era la facultad judicial de adoptar una medida de privación de libertad de un adolescente de 14 o 15 años. ¿Cuál habría sido la consecuencia si la Corte prohibía detener, aun por un breve lapso, a un adolescente de esa edad acusado de homicidio o violación? En ese escenario se habría facilitado una reforma de la ley que “baje la edad”. No existe una cosa sin la otra: la inconstitucionalidad no funciona sin la “baja de la edad de imputabilidad”. La Corte advierte que la Ley 22.278 puede emplearse para coartar libertades sin fundamentos, ni derecho de defensa y da indicaciones precisas: “En coincidencia –señala– con los estándares internacionales les corresponde a los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente, que implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacer efectivos sus derechos”. Concluye afirmando que “es función también de los magistrados competentes adoptar dichas medidas, agotando todas las variables que permitan orientarse, prioritariamente, hacia servicios sustitutivos de la internación”. La Corte –que insta al Congreso a reformar la ley– exige que no se la aplique sin respetar el conjunto de garantías previstas en la Constitución.

Hay una clara señal que permite pensar en algo diferente de “bajar la edad” para que haya garantías. La Corte dice que “en relación con los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido la edad mínima, el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido que si bien no pueden ser formalmente acusados ni considerárselos responsables en un procedimiento penal, si es necesario, procederá adoptar medidas especiales de protección en el interés superior de esos niños”. Esta definición, la convocatoria a modificar la ley para garantizar el debido proceso y el más absoluto silencio del fallo sobre la idea de “bajar la edad”, esboza una nueva perspectiva. ¿Qué obstáculo constitucional impediría que la nueva ley establezca, por debajo de los 16 años –a partir de los cuales puede comenzar el reproche penal– que ante delito de gravedad atribuido a un inimputable, un juez pueda dictar mediante resolución fundada, recurrible, con pleno ejercicio de la defensa, una medida coercitiva, limitada en el tiempo, para proteger al adolescente de la reacción social, a la vez que se trabaja sobre los factores que lo expusieron a esa incriminación? La Corte no sólo no negó la doctrina de los derechos humanos sino que convoca a construir una legislación superadora de la vieja Ley 22.278 y hace posible eludir el sofisma de que sin “bajar la edad de imputabilidad” no hay garantías procesales para los chicos.

* Subsecretario de Derechos para la Niñez
(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación).

La vida en el instituto

Publicó Página|12
7 de diciembre de 2008

Un relevamiento nacional muestra que se brinda entre dos y cinco horas de clase. Sólo cuatro de cada diez ofrecen formación laboral. En la mitad no se hace actividad física. La Corte acaba de ordenar que los chicos deben quedar presos.

Por Mariana Carbajal

Apenas entre dos y cinco horas diarias de clases: ésa es la reducida oferta educativa que reciben los adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal encerrados en alguno de los institutos del país por orden judicial, según un relevamiento nacional realizado en forma conjunta por Unicef, el gobierno nacional y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El 60 por ciento de los establecimientos no les brinda formación laboral y casi el 50 por ciento, ni la posibilidad de realizar actividades deportivas o talleres artísticos. Tan sólo en el 35 por ciento de los lugares de detención pueden jugar. Para estos chicos y jóvenes, la tele es prácticamente la única opción de distracción y entretenimiento. En alrededor de un 30 por ciento no hay libros disponibles. El acceso a una computadora es una opción casi inexistente, más aún a Internet: tan sólo en el 8 por ciento de los institutos hay conexión. En la mitad de los casos no les ofrecen educación sexual y reproductiva, en un tercio de los establecimientos ni siquiera reciben controles de enfermedades de transmisión sexual y VIH.

El informe es una fotografía del sistema penal juvenil en el segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Las sucesivas consultas y visitas realizadas a las provincias con posterioridad al período de análisis indican que los datos se mantienen sin grandes variaciones en la actualidad, señalan los autores del trabajo que se presentó dos meses atrás, pero cuyos resultados vale la pena refrescar, en el marco del debate que se originó por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó mantener en el Instituto San Martín a 60 chicos por cuya libertad se había presentado un hábeas corpus.

En total, se relevaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito. De ese número, 1529 estaban privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controlan; y unos 270 permanecen internados en establecimientos de regímenes semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar. El resto, unos 4495 presuntos infractores, está bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero, la mayoría de esos programas “no está especializado” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.

De todas formas, teniendo en cuenta un probable subregistro, el mismo informe eleva la cifra de adolescentes privados de su libertad a aproximadamente a 2163 y la del total incluido en algún dispositivo por la posible comisión de un delito a 6658.

El estudio se llama Hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia. Fue elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Oficina de Unicef-Argentina, con la apoyatura técnica de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Según los datos disponibles, se sabe que del total de detenidos el 38 por ciento está imputado o sospechado de delitos contra la propiedad sin armas; 32 por ciento, con armas; 15 por ciento, de homicidio; 4 por ciento, delitos contra la integridad sexual; 5 por ciento por causas vinculadas con estupefacientes; 2 por ciento, por atentado y resistencia a la autoridad y uno por ciento por privación ilegal de la libertad. Vale aclarar que en el 25 por ciento de los casos (447 situaciones) no se pudo colectar el motivo por el cual estaban encerrados.

Las mujeres representan sólo el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.

En total se identificaron 119 institutos de menores en todo el territorio argentino y para el relevamiento se visitaron 72 de ellos. Para la concreción del informe, se entrevistó a directivos, profesionales, operadores y personal de seguridad. Y también a niños y adolescentes privados de libertad.

“De las entrevistas surge que un importante número de los chicos que hoy están con medidas de privación de libertad han pasado en su infancia por institutos asistenciales por causas sociales, tienen historias de repitencia y abandono escolar. Esto demuestra que las políticas de prevención del delito tienen que arrancar mucho antes que la respuesta judicial, logrando que todos los chicos puedan ir a la escuela y tengan acceso a la salud. Cuando hay déficit en la satisfacción de esos derechos, aparece una señal de alarma: un porcentaje, aunque muy chico, de esos adolescentes desatendidos va a tener problemas con la ley penal. Pero la privación de la libertad tiene que ser la última medida”, señaló a Página/12 la abogada Gimol Pinto, especialista de Protección de Derechos de Unicef (ver aparte).

¿Han crecido los delitos cometidos por adolescentes? El relevamiento nacional encontró que el promedio diario de chicos menores de 16 años en establecimientos penales juveniles es de alrededor de 300, una cifra que representa menos del 20 por ciento del total incluidos en dispositivos penales. Sobre ellos es que algunos sectores –liderados por el gobernador Daniel Scioli–, pretenden aplicar mano más dura.

Aquí van algunas cifras –tal vez un tanto aburridas, pero necesarias– para arribar con mayores certezas a una respuesta, sin guiarse por la sensación de inseguridad que fogonean ciertos medios. Las estadísticas que pueden observarse en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires muestran que en el año 2000 se abrieron 23.105 causas penales en todos los tribunales de menores bonaerenses, al año siguiente 24.767, según datos suministrados desde la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia. La cifra siguió en aumento hasta el año 2004, en el que se abrieron 31.883 causas. En los tres años posteriores los números indican 29.548, 31.602 y 29.371 causas, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Es decir, se verifica un aumento de la cantidad de causas que se abren a personas menores de edad de alrededor del 37 por ciento en el período 2000/2004, pero luego se produce un “amesetamiento” con leve tendencia a la baja en el período 2004/2007.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, y tomando como fuente al Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) se observa que en los Tribunales Orales de Menores tramitaban, en el año 2003, 2784 causas, cifra que al año siguiente (2004) sube a 3323 y que, en los tres años siguientes, arroja también cierta estabilización (3630 en 2005, 3959 en 2006 y 3521 en 2007). De ello se desprende que la variación en el período 2004/2007 es un aumento cercano al 5,9 por ciento. Siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, el total de personas menores de 16 años que en lo que va del año 2008 fue imputada de homicidio o tentativa de homicidio asciende a uno. De los datos del relevamiento nacional, surge que en el segundo semestre de 2007, en todo el país, había 202 adolescentes de hasta 18 años, privados de su libertad e imputados de homicidio o tentativa de homicidio.

El fallo fue para otros chicos

Al momento de la presentación del hábeas corpus que derivó en el reciente fallo de la Corte Suprema –20 de septiembre de 2006–, se encontraban presentes en el Instituto San Martín, de la ciudad de Buenos Aires, 44 adolescentes menores de 16 años y en el Instituto Inchausti (de mujeres), una joven de 15 años, según informó la Subsecretaría Nacional de Niñez. El total ascendía a 45. Cuando se dictó la sentencia la Sala III de la Cámara de Casación –11 de septiembre de 2007– ninguno de esos jóvenes se hallaba aún en los Institutos San Martín e Inchausti, de acuerdo con la información oficial. Todos habían egresado con sus familias o derivados a otros dispositivos (comunidades terapéuticas, hogares convivenciales, residencias educativas, etc.). El promedio de permanencia de los adolescentes menores de 16 años de edad que ingresan a esos dos institutos es inferior a dos meses. Al día 3 de diciembre de 2009, en el Instituto San Martín se encontraban alojados 26 adolescentes menores de 16 años (12 de 15 años, 13 de 14 años y 1 de 13 años). En el Instituto Inchausti, cinco jóvenes menores de 16 años (1 de 15 años, 3 de 14 años y 1 de 13 años).

Para Carmen Argibay, liberar menores detenidos puede convertirlos en blanco del "gatillo fácil"

Publicó Clarín
3 de diciembre de 2008

La jueza de la Corte Suprema justificó la negativa del Máximo Tribunal a excarcelar a los chicos de hasta 16 años en Capital. Dijo que "están marcados" y que "sufrirían el maltrato, la explotación o la muerte" si se los libera sin averiguar a dónde pueden ir.

La jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay aseguró hoy que el máximo tribunal frenó la liberación de 60 menores detenidos en el instituto porteño San Martín para protegerlos del "gatillo fácil" y "la muerte", ya que "están marcados" y son "blancos móviles", dijo en declaraciones a los periodistas en el Palacio de Justicia.

La Corte revocó ayer por unanimidad un fallo de la Cámara Nacional de Casación que ordenaba la libertad de 60 chicos menores de 16 años, acusados de diferentes delitos penales, e instó al Gobierno y al Congreso a impulsar acciones sociales y a adecuar la ley sobre menores a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.

"No podemos largar a los chicos a la calle sin averiguar qué pasa, porque si no estamos ofreciendo blancos móviles", refirió Argibay sobre la resolución. "Hay una cosa que yo creo todavía no se terminó en la Argentina, desgraciadamente, que es el 'gatillo fácil', y estos chicos están marcados. Entonces si nosotros, sin averiguar a dónde pueden ir para que estén seguros, los largamos a la calle, hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte", agregó.

Argibay explicó que antes de ordenar la libertad de los menores se debe conocer en qué situación familiar y de habitabilidad se encuentran y recordó que el fallo ordena a los jueces de menores que se ocupen de ello. "No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo", dijo la jueza, y sostuvo que es un tema que "tiene que ser solucionado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo en todo caso a través de leyes". "Nosotros no somos los que podemos modificar las cosas. Esto es un problema del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¨Por qué nos echan las culpas a nosotros?", se preguntó en referencia a los magistrados.

Argibay volvió a manifestarse en contra de bajar la edad de imputabilidad, ya que "no sirve para nada", al igual que "subir penas indiscriminadamente" e "incluir delitos insólitos en el Código Penal", pues "cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones peor va a ser la vida social". Por otra parte, la jueza dijo que la sociedad es "esquizofrénica" sobre sus reacciones por la inseguridad al comparar dos marchas que se hicieron en San Isidro, una reclamando justicia por el asesinato de Ricardo Barrenechea y otra por la inocencia de uno de los menores detenidos.

"La Constitución dice que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso no se demuestra en los canales de televisión, ni en las marchas, ni en los diarios ni en ninguna parte más que en un juicio", afirmó.

Fuente: DyN

Arroyo: “Todos cobrarán el salario por hijo”

Publicó Página|12
30 de noviembre de 2008

La asignación de 100 pesos por hijo a los bonaerenses que no cobren salario familiar se ampliará a más municipios que los quince que se habían anunciado. “El objetivo es que todos los menores de seis años tengan ese ingreso como un derecho”, señala el funcionario.

Por Laura Vales

A pedido de los intendentes del conurbano, la asignación de 100 pesos por hijo a los bonaerenses que no cobren salario familiar por no tener trabajo en blanco se ampliará a más municipios que los quince que había anunciado Daniel Scioli originalmente. La Matanza, que estaba fuera de la lista, es una de las que ya consiguieron entrar al grupo de los que otorgarán este ingreso por hijo a partir del 2009. Los índices de pobreza en el segundo y tercer cordón, el temor a que el empleo se deteriore por efecto de la crisis financiera global, la presión de un año con elecciones –en octubre los concejos deliberantes van a poner en juego la mitad de sus bancas– aceleraron los tiempos de este programa que, en los cálculos del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, traspasará a los sectores más pobres unos 550 millones de pesos por año una vez que se haya implementado en toda la provincia. “El objetivo es que todos los menores de seis años tengan ese ingreso como un derecho: si sus padres tienen trabajo en relación de dependencia, el salario familiar se lo paga el empleador, y si no lo pagará el Estado”, definió Arroyo.

–¿Por qué no se implementó entonces directamente un ingreso universal por hijo?

–El programa tiene esa orientación. Trabajamos con un presupuesto incremental que este año va a ser de 50 millones de pesos porque la gente va a ir entrando en diferentes etapas, pero el número va a ir aumentando para cubrir, en tres años, toda la población de 0 a 6 años.

–¿Por qué empiezan con 50 millones para una provincia como la de Buenos Aires? Mauricio Macri, que recortó el gasto social, destina 200 millones a los comedores escolares, en un distrito muchísimo más chico.

–Yo tengo un presupuesto total para el año que viene de 2300 millones de pesos. Lo de los cincuenta millones tiene que ver con la logística y la organización, porque vamos a ir barrio por barrio inscribiendo, y en realidad no sabemos cuántos se van a inscribir. Empezamos con lo que operativamente creemos que podemos lograr, quince municipios, pero si podemos avanzar más rápido vamos a aplicar más recursos. Yo tengo la capacidad de transferir partidas, así que si llegamos a procesar más inscripciones, vamos a destinar más fondos.

–¿Cómo va a ser la inscripción?

–Arrancamos en un municipio, supongamos Ameghino. Convocamos a la inscripción durante dos o tres semanas, las madres se anotan presentando la partida de nacimiento y el documento de los chicos. Una vez que se anotan, lo cruzamos con la base de datos para ver si los padres tienen trabajo formal, si son monotributistas –excepto los que pagan el monotributo social, que entran en el programa– o si reciben el Plan Familias. Si no están en ninguno de estos tres casos, serán ingresados al programa. La madre va a recibir una tarjeta del Banco Provincia que se va a recargar todos los meses con 100 pesos por hijo.

–¿La inscripción se va a mantener abierta de manera permanente o sólo por esas dos o tres semanas?

–De manera permanente. Lo que va a durar tres semanas es el operativo de inscripción para barrer cada municipio, pero después va a seguir abierta.

–Muchos monotributistas trabajan salteado o en condiciones precarias, y ninguno cobra salario familiar. ¿Por qué quedan afuera?

–Los que pagan monotributo social, o eventual, entran. Los del monotributo también van a entrar, pero en una segunda etapa.

–¿Cuándo sería?

–No hay una fecha, es según el territorio. Primero el programa va a llegar a los que no tienen trabajo formal ni cobran asignaciones por hijo, como el Plan Familias. Una vez que esa inscripción esté terminada, se van a poder anotar también los monotributistas. El concepto es que todos cobren el salario por hijo: o lo paga el empleador o lo paga el Estado. En los primeros municipios van a entrar antes, y en los otros más tarde, pero el esquema es que entren todos, es un derecho garantizado. El sujeto de derecho es el chico, que por serlo tiene derecho a la asignación. Siguiendo con el ejemplo de Ameghino, una vez que terminamos el operativo de inscripción, el programa quedará habilitado para anotar al resto.

–Eligieron 15 municipios para empezar, ¿cuál fue el criterio? Entre ellos no está, por ejemplo, La Matanza, clave por la cantidad de población y sus condiciones sociales.

–Se eligieron esos quince para tener un mix de intendencias del conurbano y del interior. Pero desde que planteamos el tema hubo un aumento de los municipios que quieren entrar y ahora estamos haciendo una lista muy rápida en la que se agregaron otros como La Matanza, General Pueyrredón y Berazategui. Son lugares donde acordamos que la municipalidad ponga la gente para hacer los operativos.

–¿Qué presupuesto se necesita para llegar a toda la provincia?

–Suponemos que hay 450 mil chicos en esta condición. De acá a tres años, cuando se complete la provincia, vamos a estar en los 550 millones de pesos por año.

–¿Cuánto costaría extenderlo hasta los 18 años, igual que el salario familiar?

–En la provincia de Buenos Aires nacen 250 mil chicos por año. Si tuviéramos que hacerlo de 0 a 18 y completáramos todo, serían aproximadamente 1700 millones por año.

–¿Por qué consideran mejor distribuir a través de una asignación por hijo y no con otro criterio, por ejemplo garantizando un ingreso por familia que cubra la canasta alimentaria?

–Son dos cosas distintas. Eso no tiene que ver con acercarse a la línea de pobreza o no, sino que tiene que ver con reconocer un derecho a todos los chicos, independientemente de cómo estén sus padres. Nosotros no quisimos hacerlo incompatible con el resto de los ingresos porque esto, justamente, apunta a superar la canasta básica. Una persona puede cobrar un plan social, un Jefes de Hogar, y no va a quedar afuera de esta asignación. En la práctica, va a haber gente que cobre otros planes de apoyo y este también. Estamos estableciendo un derecho básico, el ingreso básico es una segunda cuestión a trabajar. Cuando arranqué en el Ministerio de Desarrollo Social propuse hacer tres pasos. El primero ya lo completamos, que fue transformar la política alimentaria, salir de los bolsones de alimentos y reemplazarlos por una tarjeta, que da mayor libertad. El segundo es extender las asignaciones familiares. El tercero es ampliar los ingresos para superar la línea de pobreza. En la práctica, todo va dirigido a eso, ya que va a haber familias que reciban la tarjeta de alimentos y el ingreso por hijo, por lo que va a ser poco lo que tengamos que completar.

–Esto es un programa, ¿qué habría que hacer para garantizar que fuera efectivamente el reconocimiento de un derecho?

–Sacar la ley. Nosotros trabajamos con un consejo consultivo en el que hay un 35 organizaciones sociales, la CGT, la CTA, Cáritas, los movimientos sociales, la Federación de Municipios. Esto se discutió en el Consejo, y es la primera política consensuada y de mediano plazo. El Consejo está armando una estrategia parlamentaria para presentar un proyecto de ley en el año 2009. Ahí se va a tener que discutir un fondo especial, permanente, independiente del funcionario que esté de turno, y se va a tener que discutir también hasta qué edad debe extenderse.

–¿La provincia tiene recursos para pagar las asignaciones de manera estable?

–Mi impresión es que sí, y que ésta va a ser la política social de mayor escala de la próxima década, que va a marcar un estándar distinto, un punto más arriba. Los chicos van a estar un poquito mejor, la familia va a tener más ingresos. No hay ninguna medida que resuelva mágicamente el problema de la pobreza, pero claramente va a haber menos pobreza a partir de esta medida. No es un programa que reparta subsidios para diez jóvenes emprendedores, es una política realmente masiva.

Argibay: “El drogadicto es un enfermo, no un delincuente”

Publicó Página|112
30 de noviembre de 2008

Anticipa que la Corte sentará posición sobre la tenencia de droga para consumo personal. Dirá que el drogadicto no tiene que ir preso sino hacer un tratamiento. Además, profundiza las críticas por el reclamo sobre la baja de la edad de imputabilidad y analiza el fallo sobre libertad sindical.

Por Irina Hauser

“Perdón, soy una farmacia ambulante”, se excusa Carmen Argibay cuando está a punto de tomar uno de los remedios que tiene desplegados sobre el escritorio. Su amplio despacho huele a menta. Antes solía hablar con un cigarrillo en la mano, un hábito que abandonó desde que su corazón le dio un sobresalto. Ahora acompaña sus palabras con un pocillo de café, que saborea con felicidad. La pasión que pone para transmitir sus pensamientos –y que queden bien claros– es la de siempre.

Desde que el gobernador Daniel Scioli salió a pedir bajar la edad de imputabilidad de los menores y el gobierno nacional clamó por cárcel y mano dura como respuesta al delito, el tema –dice– la “tiene loca”. Antes de culpabilizar a los niños en conflicto con la ley, sugiere que el Ejecutivo revise sus prioridades y las ubique más cerca de “proteger a los jóvenes” que de instalar “el tren bala”. Es parte, cuestiona, de “la esquizofrenia de los argentinos”, que piden más prisión como castigo “pero dicen ‘qué barbaridad’” si alguien termina declarado inocente después de haber pasado dos años detenido antes de la sentencia.

Argibay se queja de que “los legisladores no trabajan” y la Corte termina diciéndoles “lo que deben hacer”. Así como empujó a restablecer un índice de movilidad jubilatoria, anticipa que el tribunal está próximo a invalidar la norma que castiga la tenencia de droga para consumo personal y, con eso, propiciar un cambio en la ley de estupefacientes. También podría impulsar la revisión de las políticas y condiciones de privación de la libertad de los menores, y a la larga encauzar una reforma penal juvenil de la que muchos hablan pero nadie concreta “porque no da votos”. Apuntalar políticas de Estado es ya un clásico de esta Corte. Lo hizo también con el Riachuelo, y hace unos días con un sorpresivo fallo sobre libertad sindical que la jueza no firmó pero aquí deja en evidencia que comparte.

El trato a las minorías, empezando por las mujeres y niños, es uno de los asuntos que más sensibilizan a Argibay. Sus críticas no sólo apuntan al poder político sino al propio sistema judicial. “En este Palacio de Justicia –comenta– hay 19 baños pero sólo dos son para mujeres: uno está en el séptimo piso, junto a los tribunales de menores, y otro en la planta baja. Los estudios de abogados suelen mandar a secretarias mujeres a hacer trámites acá toda la mañana. Hacen colas, ven expedientes, toman nota, y si quieren ir al baño, sólo tienen esas dos opciones. Este edificio es de 1910, época en las mujeres no cortaban ni pinchaban y no tenían funciones en el Poder Judicial. Casi no había abogadas. No éramos ciudadanas de primera.”

–¿Cómo es posible que siga igual si pasaron casi cien años? –pregunta este diario.

–Nadie lo planteó, nadie lo miró. Sólo se han adaptado baños para las empleadas que se han ido incorporando, pero no hay baños públicos para mujeres. Yo se lo reclamé con mi mejor sonrisa al arquitecto de la Corte, porque estamos previendo algunas reformas para el año que viene, ya que son varios los problemas (ver aparte). Y en lo posible, que recuerden que muchas mujeres vienen con chicos y pongan una mesa rebatible para cambiar pañales. Hasta en los aviones hay.

–¿En otros edificios del Poder Judicial pasa lo mismo?

–Claro. En Comodoro Py (tribunales federales porteños) hay tres tribunales orales de menores, o sea que hay madres con chicos. ¿Hay algún lugar donde los chicos pequeños puedan ser atendidos mientras sus madres hacen trámites? No. Siempre dependen de la buena voluntad de los empleados de las secretarías tutelares que entretienen a los niños. ¿Y si tienen que declarar como testigos? Lo mismo. El concepto es “arréglese como pueda porque tiene que venir a declarar”. Y si no viene, la buscan con la fuerza pública. Y si no tiene dónde dejar a los chicos, “tráigalos”, aunque nadie sabe dónde los pondrán. Es mucho más molesto para las mujeres hacer cualquier trámite en tribunales, lo cual representa una causa de discriminación más. Por lo tanto, hay que eliminarla.

De aborto, droga y pibes chorros

–El Gobierno amaga con despenalizar la tenencia de droga para consumo personal, pero en el Congreso no pasa nada. ¿Es otro de los casos en que la Corte va a terminar instando a una reforma?

–Y, va a terminar siendo así, porque tenemos una causa.

–Que ya tiene mayoría de cuatro votos.

–Igual no sé si llegamos a que salga este año, por algún problema en la circulación. Pero es probable que la Corte defina esto antes que el Congreso. Pero no es, como se escandaliza mucha gente, que la Corte va a despenalizar la droga en general. Si sale el fallo tal como viene, en todo caso va a decir que el drogadicto no tiene que ir preso, que tiene que hacer un tratamiento. Es un enfermo, no es un delincuente si tiene droga para uso personal. Si eso es despenalizar la droga, yo soy japonesa. No tiene nada que ver. En los países donde se han despenalizado las drogas, no se han despenalizado todas, sino las blandas. La marihuana, y algunos llegan hasta el hachís. Lo que hay son programas de recuperación para los adictos que consumen cocaína, heroína o lo que sea. El Estado se hace cargo de un programa de desintoxicación sin que entren en crisis de abstinencia.

–¿Por qué este tema se dilata a nivel político? ¿Hay connivencia del poder con la comercialización?

–Zaffaroni dice que no se puede comercializar si no hay connivencia de la policía y del poder político. Yo no me animo a aseverarlo así, pero es posible. No hay ningún sector que sea perfecto ni haga todo bien.

–¿La lógica del sistema penal que expulsa y afecta a las mujeres, como en el ejemplo de los edificios de los tribunales, es la misma que encierra a los niños que delinquen? Hasta el poder político pide meter presos a los menores desde que Scioli llamó a bajar la edad de imputabilidad a 12 o 14 años.

–Es una de las cosas que a mí me tienen loca. Todo el mundo ya sabe lo que yo pienso sobre el aborto, así que cuando aparecen con estos planteos yo digo: ¿para qué quieren que nazcan? ¿Para qué? Para maltratarlos, para meterlos presos, para abusarlos, para explotarlos, para dejarlos en la calle, para matarlos. Para eso quieren que nazcan (suspira). Sin palabras.

–¿La Corte va sentar posición sobre la edad de imputabilidad? Tienen un fallo pendiente sobre la constitucionalidad del régimen de privación de la libertad de los menores de 16 años en institutos.

–Es el caso del Instituto San Martín. Algo vamos a hacer. En su momento decidimos no liberar a todos los menores internados allí porque son blancos móviles. A esos chicos, que han tenido algún conflicto con la ley penal pero son inimputables porque son menores de 16 años, la policía ya los tiene marcados. A veces no tienen dónde ir, o los maltrata la familia, o la familia no los quiere tener. No se los puede largar a la calle así, porque los van a matar. No quiero esas muertes sobre mi conciencia. Primero buscamos averiguar cuántos son, qué jueces de menores intervienen y qué conocen sobre cada caso. Sabemos que ni los institutos de menores ni las cárceles son una maravilla, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí podremos hacer es intimar a los poderes públicos para que se ocupen de que los institutos funcionen como deben y tengan lo que necesiten. Pero no hay un planteo sobre la edad de imputabilidad.

–¿No haría falta, en realidad, una reforma penal juvenil que contemple a los menores como tales?

–Claro que hay que reformar el sistema. Hay cincuenta mil proyectos en el Congreso, pero no los tratan. Porque no les interesa, porque no da votos, porque el Poder Ejecutivo pide cosas más urgentes y porque los legisladores no trabajan mucho. El Congreso es una institución fundamental, el foro de discusión de la ciudadanía, donde se representan los distintos modos de pensar y se debería buscar consensos. Sin embargo no lo hacen, no cumplen con lo que deben. ¿Entonces qué pasa? Pasa que la Corte tiene que decirles “oigan, señores, ustedes tienen que hacer esto”. Como sucedió con el caso Badaro: tienen que fijar un índice (de movilidad de las jubilaciones). Les damos un tiempo, si no lo hacen lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero ahí es cuando nos acusan a los jueces de querer gobernar. Con el tema de los menores puede terminar pasando exactamente lo mismo, porque no hay una ley penal juvenil o como quieran llamarla. ¡Que se ocupen de los menores! Pero que se ocupen, y no como si fueran mayores. A un chico de diez años, ¿quién le enseñó a usar una pistola?

–¿Cuáles deberían ser los pilares de la reforma?

–Bajar la edad de imputabilidad seguro que no. Por lo pronto, la protección y la educación siempre. Y el hacerles entender que son personas que tienen derechos y valen. La sensación que tienen ahora es que su vida no vale nada. Por eso el paco. Si le decís a un chico de 19 años cómo se ve el año que viene, te contesta “muerto”. Si no lo mata el paco, lo mata la policía. Tendría que ser un régimen destinado a proteger, no a estigmatizar o encerrar.

–¿Por qué cree que hay quienes se escandalizan cuando usted y otros penalistas advierten que la salida no es endurecer penas ni la cárcel?

–Hay días que creo que los argentinos somos esquizofrénicos. Me lo podrán rebatir los psicoanalistas, pero yo me puedo dar el lujo de decir alguna estupidez. Nosotros nos jactamos de tener una Constitución maravillosa, con todas las convenciones de derechos humanos incorporadas, somos mejores que todos, los norteamericanos, los europeos, pero después no la queremos cumplir. Cuando la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, no dice en un diario, ni en la televisión, ni en una marcha. Entonces pasa lo que pasa ahora en San Isidro, donde hay una marcha porque lo mataron al ingeniero Barrenechea y otra porque Brian está preso y es un pobre chico que vive en la villa. Las dos marchas a la vez: en una dicen que al chico hay que matarlo porque es un asesino y en otra, que lo discriminan porque es menor y negrito. Es la misma sociedad, totalmente esquizofrénica. Si el día de mañana tienen a un tipo preso dos años y luego el tribunal oral lo absuelve porque fue un invento de la policía, todos los diarios, empezando por el del amigo (Fernán) Saguier, se rasgarán las vestiduras diciendo “qué barbaridad, dos años preso y era inocente”. Todos los presos sin condena son inocentes. Lo dice la Constitución, que después no queremos respetar.

–¿Pero no es que los jueces proveen una “puerta giratoria”, como dijo su colega Ricardo Lorenzetti?

–Fue una expresión muy desgraciada de mi colega. Que me expliquen por qué están llenas las cárceles si acá hay una puerta giratoria. Nosotros tuvimos que meternos con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Le tuvimos que decir al ministro de Justicia de Felipe Solá que hicieran algo con las cárceles y que sacaran a los chicos de las comisarías. ¿Y con las cárceles de Mendoza? Tenemos un problema con la Corte Interamericana que el Estado argentino se comprometió a solucionar, pero cada dos por tres tenemos un inconveniente con una cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles están superpobladas. ¿Y no era que había una puerta giratoria, y todos entran por un lado y salen por el otro?

–¿Sirvió de algo que la Corte interviniera por las cárceles bonaerenses?

–Entiendo que mejoraron, pero no todo lo que deberían. Era la época de Solá. Ahora tenemos un gobernador que quiere meter a los niños presos.

–¿Qué solucionó el gobierno de Scioli al anunciar, tras el crimen del ingeniero, una reforma policial y judicial, incluido un proyecto para limitar las excarcelaciones?

–Nada. No es solución decir “vamos a hacer pi, pi, pi, pi, pi”.

–Hasta la presidenta Cristina Kirchner lo avaló, responsabilizó a los jueces, pidió más presos y medidas más duras...

–Esto también es un problema de educación, pero de los políticos, que están acostumbrados y preparados para reaccionar de acuerdo con la sensación térmica de la sociedad y lo que la gente quiere oír. Hoy esa sensación es que a los menores hay que matarlos. De pronto, ya no hay delincuentes mayores. Durante el conflicto del campo no pasó nada en este país para los medios: no hubo robos, no hubo ningún problema delincuencial. Después, con lo del ingeniero Barrenechea, subió otra vez la sensación térmica. ¿Y la plata para la educación? ¿La plata para alimentar a esos chicos? ¿Para las madres embarazadas?

–Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de diseñar políticas de seguridad y sobre minoridad, ¿qué haría?

–Primero necesitamos educación básica, que es lo que está perdiéndose desde el golpe de 1930 en adelante. Cada golpe fue estropeando más la educación. Por ahí hay que empezar. Esto implica la inclusión de todos los chicos en edad escolar en el sistema educativo. Para eso hace falta un plan de gobierno que disponga de medios económicos para eso, y no para decir que le van a dar una computadora a una escuela de campo que no tiene electricidad. Pero también tenemos que tener comida: un pibe que no come no puede sentarse a aprender nada, porque no está alimentado como debe. Ya sé, esto lleva tiempo, pero algún día hay que empezar. ¿Qué hacemos con los que ya están en el problema? Tenés, por ejemplo, a los que son enfermos, los que consumen paco, que tienen poca esperanza de vida, pero la poca que tienen hay que mejorársela. Que no digan que esto cuesta plata, yo creo que se gasta mucha más plata en una gran cantidad de cosas inútiles. Quiero que me arreglen los trenes que están, antes de que me pongan el tren bala. Con lo que va a costar el tren bala, que va a ser caro y pocos podrán usar, ¡apliquemos ese dinero a otra cosa! Hay que fijar prioridades y la prioridad deberían ser los jóvenes.

Libertad sindical

–¿Por qué usted no votó el fallo sobre libertad sindical?

–Yo no declaro inconstitucionalidades de oficio, es decir, cuando nadie las pidió. En este caso no estaba pedida por la parte. Por eso no voté, no porque no estuviera de acuerdo con lo que decían mis colegas. Ya va a salir un voto mío en otra causa similar que tenemos en trámite.

–¿Qué impacto cree que va a tener esa resolución en los ámbitos laborales?

–Va a tener un impacto muy bueno. Le va a permitir a la gente tener mayor libertad de afiliación sindical y evitará que sea un sindicato el que domine el esquema laboral en general. Si tenés un solo sindicato que domina todo, no hay posibilidad de discusión ni opiniones diferentes. No puede ser, ¿acaso no vivimos en una democracia?

–¿Es correcta la apreciación del Gobierno de que los lineamientos del fallo son sólo para el sector público?

–No sé de dónde sacaron eso. Es lo que ellos interpretaron (se sonríe). El día que nos planteen eso concretamente, veremos qué decimos nosotros.

–¿El Gobierno estará obligado a reconocerle la personaría a la CTA a partir de esta sentencia?

–No es que estén obligados. Si el fallo los impulsa a tomar esa medida, mejor. No estaría mal.

–¿Usted cree que, como advirtieron la CGT y la Confederación General Económica, el nuevo escenario va a complicar las negociaciones laborales?

–Sí, claro... (acentúa el tono irónico). En una empresa chica, por ejemplo, ¿cuántos sindicatos puede haber? ¿Dos? Como mucho.

–Pronto también tendrán que resolver la constitucionalidad o ilegalidad de las retenciones móviles. ¿Cuál es el sentido de que la Corte se pronuncie sobre un tema que ya tuvo una salida política?

–No he visto la causa, no sé. A lo mejor no tiene sentido. Puede ser que la Corte diga que no tiene nada que decir. Depende de cómo llegue el planteo. A veces los recursos llegan tan mal fundados, que hay que rechazarlos. Nosotros no nos levantamos una mañana y se nos ocurrió fallar sobre la libertad sindical para hacer un desparramo y ponernos en contra a la CGT, a Piumato y todos los demás. Esto se viene trabajando hace tiempo porque había un caso. En el tema de las retenciones, así como podría ser abstracto, también podría ser que tengamos que interpretar la cuestión de la delegación de las facultades legislativas en el Ejecutivo, el tema principal. Si avanzamos, de todos modos, la primera discusión será si es un impuesto, una tasa o qué diablos es.

–¿Sobre la eliminación de las AFJP llegó algún planteo?

–Todavía no. En algún momento seguramente llegará.

–¿Con qué nos va a sorprender la Corte antes de fin de año?

–No sé, hay cosas que a ustedes los sorprenden y que para nosotros son normales.

–Para convalidar la obtención de muestras de ADN en allanamientos con el fin de determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos, ya tienen mayoría de cuatro votos. ¿Podría salir ese fallo?

–Es uno de los que podría salir antes de fin de año. Igual siempre, en este tipo de casos en que tratamos de que la mayoría sea lo más fuerte posible, hay muchas idas y vueltas, a menudo hasta por discusiones académicas entre nosotros.

La Corte frenó la liberación de chicos

Publicó Crítica Digital
3 de diciembre de 2008

Es porque la norma vigente no distingue entre los que necesitan protección y los que están en conflicto con la ley.

La Corte Suprema de Justicia revocó hoy una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que había ordenado liberar progresivamente a los menores de 16 años que están alojados en institutos correccionales de la Capital Federal.

El máximo tribunal hizo lugar a un recurso formulado por el fiscal Raúl Plee y revocó la medida que a fines del año pasado había dictado la Sala III de Casación.

Además, en su resolución, la Corte instó al Poder Ejecutivo a que "en un plazo razonable" adecúe la normativa relacionada con los menores "a los estándares mínimos que surgen de los instrumentos internacionales", y a su vez reclamó al Estado Nacional y de la Ciudad a que mediante sus "organismos administrativos competentes implementen efectivamente" dichas medidas.

Para la Corte es de "urgencia y necesidad" que los "organismos administrativos nacionales y locales (este último en referencia al ámbito porteño) emprendan las acciones necesarias con el propósito
de trazar y ejecutar políticas públicas que tiendan a excluir la judicialización de los problemas que afectan a los menores no punibles".

El fallo, que lleva la firma de la totalidad de los ministros de la Corte, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño, en octubre de 2002, ya había expresado "su preocupación" respecto de que la ley vigente en el país "no traza una distinción clara entre niños que necesitan protección y cuidado y niños en conflicto con la ley penal".

La Ley 22.278 que se aplica a los menores de 16 años y a la cual la Casación la había declarado inconstitucional, "no ha sido aún ajustada" a la normativa internacional, según consideró la Corte.

Además, advirtió que no es de su competencia modificar la Ley vigente, pues "ello implicaría sustituirse a competencias propias de los otros poderes del Estado", y remarcó que para ello el
Congreso tiene la "atribución específica" de hacerlo.

Incluso indicó que el tema merece "un debate profundo" que "excede" la competencia de la Corte, aunque señaló que "el Tribunal no puede permanecer indiferente ante la gravedad de la
situación y la demora en proceder a una adecuación de la legislación vigente".

"El deber del Estado de respetar los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incumbe a cualquier poder y órgano, independientemente de su jerarquía, so pena de incurrir en responsabilidad internacional", agregó.

Por otra parte, la Corte le encomendó a los jueces "velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente", lo que "implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacer efectivos sus derechos".

"Les concierne a los jueces mantener un conocimiento personal, directo y actualizado de las condiciones en la que se encuentran los niños sujetos a internación" con el fin de lograr "un
mejoramiento en la calidad de vida" de los menores.

En tanto, los jueces hablaron de "derechos especiales que tienen los niños por su condición", los cuales "no constituyen sólo un postulado doctrinario sino un imperativo constitucional".

El 18 de marzo pasado, la Corte había suspendido la medida dictada en diciembre de 2007 por la Cámara de Casación que había ordenado liberar a los menores de 16 años detenidos en la Capital
Federal, luego de un pedido formulado por la Fundación Sur.

Ahora, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Maqueda, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi revocaron ese fallo.

El enemigo (El estado de derecho bajo asedio)

Publicó Página|12
30 de noviembre de 2008

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115867-2008-11-30.html

El gobernador Scioli tiene respuestas fáciles y sin costo para la crisis. Se trata de medidas de nula eficacia y segura inconstitucionalidad adoptadas con el discurso publicitario de la seguridad contra una clase de personas sin derechos, a quienes se define como enemigos. Lo mismo hace Jaque en Mendoza, en competencia con el vicepresidente, Julio Cobos, y con los conservadores colaboracionistas de la dictadura. El estado de derecho bajo asedio.

Por Horacio Verbitsky

Mientras el gobierno nacional anuncia cada día nuevas medidas para atemperar el impacto sobre la producción y el empleo de la crisis originada en la economía global, cuyos primeros efectos producen inseguridad social, los gobernadores de Buenos Aires y Mendoza, Daniel Scioli y Celso Jaque, han iniciado sus respectivas campañas para las elecciones legislativas del año próximo con leyes, decisiones administrativas y anuncios sobre un aspecto emergente de ese malestar. En ambos casos se trata de medidas de nula eficacia y segura inconstitucionalidad. Las palabras escritas en los discursos o en las leyes son de producción fácil y bajo costo, aunque de gravosas consecuencias. En ambas provincias las medidas impulsadas por los respectivos gobiernos, pero en Mendoza también auspiciadas por la oposición cleta, contradicen políticas del gobierno nacional y resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos. Scioli y Jaque coinciden hasta en el lenguaje caricaturesco que emplean: con entonación bélica ambos dicen que están en lucha con “el enemigo”. En la provincia de Buenos Aires compiten en desatinadas propuestas represivas los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal. En Mendoza esa misma pugna destructiva del estado de derecho enfrenta a Jaque y al vicepresidente Julio Cobos, ambos vigilados por el conservador Partido Demócrata, la única derecha que osa decir su nombre y cuyas principales figuras participaron en la añorada dictadura militar. Según el ex Fiscal de Estado y ahora legislador demócrata Aldo Giordano, la Constitucion está embarazada de los tratados de derechos humanos, terapia que irrita a los nostálgicos de la violación fascista. Buenos Aires y Mendoza son las dos provincias con el peor record policial en los 25 años transcurridos desde la finalización de la dictadura militar, con mayor número de casos de gatillo fácil, desaparición de personas y maltratos carcelarios. En Mendoza se aplica la pena de muerte por electrocución. Así murió en su celda hace tres semanas un muchacho de veinte años, Leonardo Palacio Méndez, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la señora Laura Abonassar en presencia de su hijita, un caso que conmovió a la provincia. Después que él murieron en la cárcel de Cacheuta Carlos Alberto Montenegro y en el complejo San Felipe de Boulogne sur Mer Diego Sánchez. Según la versión oficial ambos se suicidaron. Una delegación legislativa que visitó el penal de Almafuerte dijo que la mayor parte de los internos no realizan actividades resocializadoras por falta de guardiárceles. Pasan hasta 23 horas por día en sus celdas.

Desplante y connivencia

Scioli fue explícito en su cuestionamiento al proyecto anunciado por la presidente CFK y su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos humanos, Aníbal Fernández, de despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal. En un reportaje a un diario platense dijo: “Estoy en contra de la despenalización. No quiero la droga en ninguna de sus formas. Soy muy claro, no puedo quedar bien con todo el mundo. O defiendo a la gente, o defiendo la vida, o defiendo la droga”. El gobierno nacional guardó silencio ante el desplante, pero la respuesta llegó sin demora desde otro poder federal: el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni en una entrevista con adolescentes realizada en dependencias del Ministerio de Educación dijo que no hay distribución de drogas sin connivencia oficial. También para Zaffaroni el poder punitivo del Estado debe dirigirse a los traficantes y no a los consumidores de sustancias de uso prohibido. Su mención a la “connivencia oficial” apunta en forma apenas disimulada al involucramiento de autoridades de seguridad de la provincia que gobierna Scioli en el tráfico de precursores químicos como la efedrina, que desde aquí se envían a México. Buenos Aires tiene tres grandes puertos, como Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate-Campana, cuyo control compete a su policía. Hace pocos días tres de sus hombres se tomaron a trompadas con efectivos de la Policía Federal en el galpón de San Miguel donde los federales habían montado una paciente operación de inteligencia, que incluyó muchas horas de filmación. Parte del material grabado muestra la llegada al depósito de los tres miembros de la policía de Scioli. Tocaron el timbre, aguardaron a que les abrieran, ingresaron como si los aguardaran y fueron sorprendidos por los federales en pacífica conversación con los ocupantes del local en el que se secuestraron 750 kilogramos de cocaína. Dos de los tres bonaerenses trabajaban en el ministerio de Seguridad y ni la jefatura regional especializada en narcotráfico ni la justicia les había ordenado el procedimiento. El tercero era un retirado que los acompañó. Es difícil no asociar este episodio con las altisonantes palabras del gobernador. Este año la sala I de la Cámara Federal de la Capital declaró inconstitucional el artículo de la ley de estupefacientes que pena la tenencia para consumo personal. Stornelli, que aún no había pedido licencia como fiscal federal para asumir el ministerio de Seguridad, se opuso.

Contracaras

En el mismo reportaje, Scioli dijo que libraba “una lucha a fondo contra la droga” porque “es la raíz del delito, mi enemigo, la contracara de la vida”. Palabras similares usó Celso Jaque. Al presentar en Mendoza su “Acuerdo social por la seguridad” dijo que “los delincuentes son nuestros enemigos” y que él encabezaría el combate. El último libro de Zaffaroni se titula precisamente El derecho penal del enemigo. Allí sostiene que la incorporación al derecho penal del concepto de enemigo equivale a la aniquilación del estado de derecho. La admisión jurídica de la existencia de una categoría distinta de personas, a quienes se pone bajo sospecha antes de que cometan algún acto punible, es siempre el primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho, salvo en caso de guerra. Para el teórico alemán Gunther Jakobs es posible la coexistencia de ese derecho penal del enemigo con otro paralelo derecho penal del ciudadano, en el que siguen rigiendo incontaminados los derechos y garantías de la tradición liberal. Zaffaroni no está de acuerdo: tarde o temprano, dice, esa idea termina en la supresión física de los enemigos. La idea de que hay personas a las que hay que encerrar porque son peligrosas “acaba en el campo de concentración”. Para el magistrado de la Corte Suprema el actual discurso de la seguridad ciudadana es un reciclaje del que usaron las dictaduras de la seguridad nacional. “Su legitimación no puede provenir ni siquiera de groserías míticas sino que se reduce a puro mensaje publicitario con predominio de imágenes”, con las que el poder punitivo se vende como una mercancía. Zaffaroni publicó estas páginas un año antes de que Scioli y Jaque fueran elegidos para gobernar sus provincias.

Mitos urbanos

Como buena parte de la publicidad, el discurso de Scioli se basa en una selección engañosa de los datos reales. En 1989 el Congreso sancionó y Carlos Menem promulgó la Ley 23.737, sobre tenencia y tráfico de estupefacientes, que ya contemplaba las cuestiones que Scioli descubre ahora. Su artículo 13 incrementa en un tercio la pena de cualquier delito facilitado o ejecutado mediante el uso de estupefacientes. Es decir que el maestro político de Scioli incluyó antes que él en la legislación nacional el presunto nexo entre consumo de estupefacientes y criminalidad. El dato más significativo que el gobernador omite es que en las dos décadas de vigencia de la ley no se produjo en todo el país ni una sola condena por el agravante del uso de alguna de esas sustancias para facilitar o ejecutar otro delito. Según datos de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración General y de la Defensoría General de la Nación, citados por el Comité Científico asesor del Ministerio de Justicia en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja, “del total de ingresos al sistema penal casi el 70 por ciento corresponde a tenencia y consumo personal y son producto de decomisos en la vía pública”. Integran ese comité especialistas tan destacados como los jueces Horacio Cattani, Roberto Falcone, Patricia Llerena y Martín Vázquez Acuña, la fiscal Mónica Cuñarro, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga y asistente social Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese.

Hay dos interpretaciones, complementarias y no excluyentes, para estos datos impresionantes:

- las fuerzas de seguridad sólo han sido eficientes para arruinar la vida a jóvenes consumidores detenidos en la calle, cuyas causas, reales o inventadas, entorpecen el sistema penal y consumen sus recursos en una cuestión de absoluta irrelevancia social, o

- la imagen repetida ad nauseam por medios de comunicación y políticos sobre “la droga” como deus ex machina de las formas de criminalidad más abominables que inquietan a la sociedad es una construcción que no se sostiene en datos objetivos comprobables.

Según las estadísticas de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, de 10.500 causas por estupefacientes iniciadas en un año, 6700 son por tenencia o consumo y 3600 por pequeño comercio. La policía detuvo a 6000 personas, pero sólo 300 recibieron prisión preventiva por parte de un juez.

Tres minutos con la realidad

La propuesta oficial de despenalización se formuló sobre la base del estudio más completo sobre consumos de distintas sustancias, diseñado por los ministerios de Justicia y de Salud y realizado sobre una muestra de 51.162 viviendas por el Indec. La importancia que el gobierno le asigna se mide por la asistencia a su presentación de la presidente CFK y de los ministros Alicia Kirchner, Graciela Ocaña, Juan Carlos Tedesco, Florencio Randazzo, Carlos Tomada y Aníbal Fernández. La encuesta midió la proporción de personas de entre 16 y 65 años que consumieron alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en su vida. En el caso de drogas legales, como tranquilizantes y estimulantes, se refiere al consumo sin indicación médica y en mayor cantidad y/o por más tiempo de lo indicado por una médica o un médico. Como se observa en el cuadro 1 el consumo más generalizado es el de alcohol, con el 76,8 por ciento de los encuestados, seguido por el de tabaco, con el 52,5 por ciento. En tercer lugar, con un distante 7,2 por ciento, aparece la marihuana, luego los tranquilizantes, con el 3 por ciento, la cocaína con el 2 por ciento y los estimulantes con el 0,9 por ciento. En todos los casos estas cifras son para el promedio de los dos sexos y en todo el país. No es necesario aclarar que si incluye a personas que probaron sólo una vez las respectivas sustancias, los porcentajes deben ser muy superiores a los de adictos. Este mapa se complementa bien con la estadística de la Unidad de Toxicología del Hospital de Agudos Juan Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: de las 1705 consultas recibidas en la guardia de urgencias el año pasado, el 57 por ciento se debió al alcohol, el 12 por ciento a psicofármacos como la benzodiazepina y 31 por ciento a otras sustancias. El Indec había realizado otro estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoativas en 2004. En ese caso fue encargado por la Sedronar y comprendió 7500 casos. Si bien no son trabajos idénticos, tienen una base metodológica común que permite realizar comparaciones válidas. Por ejemplo, que en promedio nacional el consumo de cocaína se mantuvo estable y el pequeño aumento en el consumo de sustancias ilegales se produjo con marihuana, cuyo efecto según la experiencia médica la aproxima a un tranquilizante y no incrementa la agresividad como la cocaína.

El ET

En Mendoza, Jaque promulgó una ley propuesta por legisladores que responden al Vicepresidente Cobos y apoyada por radicales, demócratas y justicialistas, que crea un cuerpo policial secreto, con 30 vehículos no identificables, que se encargarán de controlar infracciones de tránsito. Tendrán balizas de quita y pon, equipos de radio, letreros luminosos y cámaras filmadoras. Además modificó el régimen de excarcelaciones, algo que ahora está tratando de hacer Scioli en Buenos Aires. La reforma procesal mendocina generalizó el uso de la prisión preventiva, que los jueces deberán aplicar como regla, cuando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen su mismo rango sólo la autorizan si existe peligro fundado de que el imputado se fugue y/o entorpezca la investigación. En el caso uruguayo Peirano Basso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo el año pasado que la prisión durante el proceso no puede basarse “en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho”. En cambio la ley mendocina obliga al juez a dictar la prisión preventiva cuando “a prima facie, se pudiere establecer que el imputado hubiere cometido dos delitos o más, de manera reiterada, continua o discontinua, en tiempo y lugar en contra de un mismo tipo de bien jurídico tutelado, sea o no pasible de condenación condicional.” Esta finalidad retributiva corresponde a la pena, después del proceso y la condena, y no a una medida cautelar, limitada por el principio de inocencia. En 1998, en el caso Nápoli, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la exclusión de cierta categoría de personas del régimen general de excarcelación, sobre la exclusiva base de la naturaleza del delito imputado y la repulsa social de ciertas conductas para “combatir el auge de determinada delincuencia ante la necesidad de mayor protección de determinados bienes jurídicos”. La ley mendocina obliga al encarcelamiento automático de los acusados por delitos menores, como lesiones leves, hurto, injurias, o cualquiera de los penados con multa, que permanecerán detenidos como procesados, mientras se presume su inocencia, y recuperarán su libertad en caso de ser condenados, ya sea que la pena sólo fuera de multa o de posible ejecución condicional. Les convendría ser condenados y obtener así la libertad. Además esta reforma implicó el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las personas privadas de libertad en la provincia. En 2005, el Estado argentino suscribió un acta junto a la CIDH, en la que se comprometió a “disminuir el hacinamiento mediante la reducción de la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva”, mediante el uso de mecanismos alternativos a la prisión preventiva. Sobre esa base, hace ahora un año la Corte Interamericana reclamó al Estado argentino que cada dos meses informe sobre el cumplimiento de esa obligación. Scioli y Jaque están girando en forma irresponsable sobre el crédito del gobierno nacional en materia de derechos humanos.

Rückauf vuelve

La reforma del Código Procesal bonaerense volvería a endurecer el funcionamiento del sistema penal, tal como hicieron Carlos Rückauf Felipe Solá hace ocho años, con resultados desastrosos. También implicaría una desobediencia a decisiones de la Corte Suprema y del sistema interamericano de derechos humanos y agravaría las condiciones de detención inhumanas, crueles y degradantes a las que están sometidas las personas privadas de libertad en Buenos Aires. Casal convocó para discutir el proyecto a algunos jueces, a representantes de los abogados y trabajadores judiciales, pero no abrió el debate a todas las instancias judiciales ni a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema y advierten sobre el mal funcionamiento del sistema penal, que desembocó en la tragedia de Magdalena de 2005, cuando 34 personas murieron quemadas vivas o asfixiadas. Además de usar la prisión preventiva como pena, igual que en Mendoza, Scioli y Casal intentan suprimir las medidas alternativas a la prisión preventiva, debido a la conmoción que provocó un múltiple homicidio cometido por un hombre que debía estar en su casa, con una pulsera electrónica. Como es costumbre en administraciones de grosera ineficacia, en vez de perfeccionar los procedimientos administrativos para que el control sea efectivo, el gobierno bonaerense pretende que la libertad durante el proceso pueda concederse en forma excepcional y por “razones humanitarias”, sólo a enfermos terminales y mujeres embarazadas. Además el proyecto aniquilaría el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la proporcionalidad y equivalencia de la prisión preventiva en relación con la pena probable, al establecer un plazo en prisión preventiva de cuatro años, hasta el momento del veredicto de primera instancia, luego del cual el plazo sería determinado según la “apreciación judicial”. Scioli también se propone restringir de modo injustificable el hábeas corpus, impidiendo su empleo contra resoluciones judiciales. Al favorecer el juicio abreviado en los casos en que el fiscal pidiera una pena de hasta 15 años de prisión el proyecto deja pocos casos al margen, con lo cual se pasaría de las detenciones sin condena que alcanzan hoy al 80 por ciento de los personas privadas de su libertad en Buenos Aires, a las condenas sin juicio. Tanto el uso abusivo de la prisión preventiva como la ampliación de los plazos, los juicios sumarísimos y la debilidad de la defensa oficial que atiende a ocho de cada diez detenidos pero tiene menos de la mitad de la dotación de personal que el ministerio público fiscal, procuran extorsionar a esas personas para que se allanen a la acusación en un juicio abreviado y convaliden así el tradicional armado policial de causas contra personas sin recursos para impedirlo. A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2005, por primera vez en décadas disminuyó la cantidad de personas encarceladas en Buenos Aires, tendencia que Scioli ha conseguido quebrar con su discurso represivo y sus proyectos de ley irrespetuosos de derechos y garantías.