Publicó Página 12
13 de febrero de 2010
ENTREVISTA A EUGENIO RAVINET, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION IBEROAMERICANA PARA LA JUVENTUD
“Es mentira que los jóvenes son apáticos”
Ravinet es abogado, chileno, y desde hace años batalla por desterrar mitos en torno de los jóvenes en las sociedades de Iberoamérica. Los estigmas y el papel de los medios.
Por Mariana Carbajal
Desde Panamá
Antes que nada quiere aclarar lo que no es: “No soy el presidente de los jóvenes”, apunta. Dicho esto, el abogado chileno Eugenio Ravinet se pone la camiseta de la juventud y la defiende como si fuera la del Atlético de Madrid, el equipo que lo enamoró en España, donde vive desde 2005, cuando fue elegido secretario general de la Organización Iberoamericana para la Juventud, un organismo internacional, multigubernamental, creado hace 18 años para promover el diálogo y la cooperación en beneficio de esa amplia franja etaria tan diversa y dinámica que va de los 14 a los 29 años. Uno de los temas que le preocupan es la mirada que suelen tener ciertos medios que estigmatizan las acciones y preferencias de la juventud. “Si pensamos que los jóvenes son siempre un problema, difícilmente les vamos a dar una oportunidad”, reflexiona en un reportaje a Página/12, en el marco del III Encuentro Iberoamericano de Periodistas “Juventud y Medios de Comunicación”, organizado en la ciudad de Panamá. El crecimiento del embarazo adolescente en Latinoamérica, la ausencia de legislación específica dirigida a bajar las altas tasas de desempleo juvenil y las políticas de “mano dura” y de baja de la edad de imputabilidad de los menores de edad en la región son otros de los temas que lo desvelan.
El aire acondicionado del hotel panameño hiela la sangre. Afuera, el calor agobia, pero menos que en la ardiente Buenos Aires gracias a una amable brisa marina que permite respirar. La OIJ, sigue aclarando Ravinet, no es una ONG de juventud. “Nuestro objetivo es hacer visible a la gente joven”, destaca.
A los 35 años, Ravinet acumula una larga trayectoria política. Abogado especializado en Derecho Constitucional, fue secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y fundador de la Confederación de Estudiantes de su país, que agrupa a todas las universidades públicas. En los ’90 fue asesor del ex presidente chileno Patricio Aylwin y secretario ejecutivo del Comité de Campaña de Ricardo Lagos. En 2001 fue designado director del Instituto Nacional de la Juventud de Chile: tenía 26 años y se convirtió en el secretario de Estado más joven desde el regreso de la democracia al país trasandino. Desde allí saltó a la OIJ en 2005 y en la última Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud fue reelegido hasta 2010.
–En Argentina se observa una tendencia en ciertos medios de comunicación –ya sea escritos como audiovisuales– a estigmatizar a los jóvenes como criminales o adictos. ¿Por qué cree que ocurre?
–Tienen que ver con una cultura periodística que cree, erróneamente, que pueden llamar más la atención ese tipo de noticias que otras que pueden mostrar una faz distinta de la juventud. Nuestro objetivo no es colocar a los jóvenes en general como un ejemplo total para la sociedad, sino que se muestre también su otra cara. Si un joven es infractor de la ley, la idea no es que no se cuente. Lo que cuestionamos es que se ponga siempre especial hincapié en que es un joven el delincuente. Si no se sabe quién es el que cometió un delito o una falta, al primer sospechoso que se señala es un joven. Es una forma de encarar los temas que es necesario corregir. Si pensamos que los jóvenes son siempre un problema, difícilmente les vamos a dar una oportunidad.
–¿Esa mirada estigmatizante es tendencia regional?
–Sí, es igual tanto en América latina como en la Península Ibérica. Tampoco se trata de hacer notas positivas de los jóvenes como por ley. Pasa más por preguntarle a la gente joven qué es lo que efectivamente opina, en qué está, en qué cree. Estoy seguro de que la gran mayoría de las notas periodísticas sobre juventud no lleva referencia a la gente joven, a lo que ellos son como protagonistas. Se escribe sobre los jóvenes y no desde los jóvenes.
–Usted señalaba en la apertura del III Encuentro la gran distancia que hay entre la juventud y el poder. ¿Cómo se puede revertir la ausencia de sus temas de interés en las agendas políticas prioritarias?
–Existe el mito de que los jóvenes son políticamente apáticos o, incluso, políticamente neutros. Es mentira. Los jóvenes tienen una forma de militar políticamente mucho más activa que otras generaciones, pero no lo hacen desde un punto de vista formal o tradicional. Están alejados de los partidos políticos y de las maneras tradicionales de hacer política, pero han inventado su forma de intervenir en los asuntos públicos. Por ejemplo, frente a una catástrofe medioambiental, frente a una preocupación específica del transporte público, frente al alza del pasaje de los colectivos, los jóvenes se van a organizar, van a tomar medidas y seguramente van a poder revertir la norma conflictiva. El punto es que nadie les ha enseñado que esa inquietud política por participar tiene también que institucionalizarse. Hay que hacer un doble juego: abrir nuevas formas de participación en el sistema político a esas manifestaciones, pero también hay que hacer la pedagogía democrática de enseñarles a las nuevas generaciones que también esas inquietudes tienen una forma de canalizarse. La forma de revertir la ausencia de los temas que les interesan a los jóvenes de la agenda política es precisamente educando demócratas. No hay una pastilla para ser demócrata ni nada parecido: hay que inculcárselo a las nuevas generaciones. Eso no se está haciendo hace mucho tiempo en Iberoamérica. Salvo dos países, México y República Dominicana, las juventudes de los partidos políticos no tienen un duro para hacer un seminario. Con el tiempo se debe llegar a lo mismo que se llegó en el tema de la mujer: la perspectiva de género ya está perfectamente instalada en el aparato público. Lo mismo tenemos que lograr en temas de juventud: que tengamos perspectiva de generación, que no existan en ninguna repartición iniciativas sectoriales que no contengan una fracción especial para personas jóvenes.
–¿Cuánto le cuesta a los Estados no invertir en juventud?
–Un informe del Banco Mundial de 2007 señala que el responsable del “milagro asiático” fueron fuertes políticas de infancia y de juventud durante 25 años. Hay que aprovechar las potencialidades y habilidades de la gente joven para ir en busca del desarrollo, pero teniendo a esas nuevas generaciones como protagonistas de ese cambio. El Banco Mundial también dice que si un joven se va del sistema, porque no hubo redes sociales para mantenerlo e incluirlo, se va a transformar en un agente de negatividad que va a traer una serie de problemas que no sabemos cuánto va a costar. Si un joven delinque es mejor darle cuatro, cinco o seis oportunidades, antes que perderlo completamente. Y sobre eso no hay conciencia en Iberoamérica, particularmente en América latina, donde hay una tendencia a responder con políticas de mano dura, y de baja de la edad de imputabilidad de los menores de edad en conflicto con la ley penal, cuando está empíricamente demostrado que lo único que han traído es más violencia, más jóvenes presos. Y las únicas que se han beneficiado son las compañías de seguridad. Sucede que inaugurar radio-patrullas es más vistoso y popular que tener un programa de contención y sostenibilidad para jóvenes infractores de ley, que no lo ve nadie.
–La última revista de la OIJ está dedicada a los derechos sexuales y reproductivos, con especial énfasis en el complejo problema del embarazo adolescente. ¿Cómo analizan las tasas de fecundidad adolescente que se observan en América latina?
–Es una vergüenza que la tasa de fecundidad promedio en la última década en América latina ha tendido a estancarse, salvo en el tramo de 14 a 19 años, donde ha aumentado. Esta alarmante cifra, sin duda, quiere decir que algo no funciona bien y que las políticas que se han generado hasta ahora para frenar el problema fracasan, quizá por no querer mirar de frente algo que es un hecho: las y los jóvenes en la región son activos sexualmente desde los 14,9 años. Y además porque no ha habido voluntad de encarar en serio el tema. Inventamos veintitantas formas para no molestar a alguien, pero si lo queremos enfrentar de verdad tenemos que molestar a alguien. El 75 por ciento de los y las jóvenes ya es sexualmente activo antes de los 18 años. Tampoco podemos seguir mirando para el techo o haciendo como si este fenómeno no existiera. Si no dramatizamos con el tema, como no lo hemos hecho durante largo tiempo, vamos a seguir con los mismos programas ineficientes, con los mismos índices y con la misma hipocresía, sobre una temática que es grave.
–Un problema que afecta también a las jóvenes es el del aborto, especialmente por los contextos legales restrictivos como hay en la mayoría de los países de América latina...
–La mejor manera de que no haya abortos es que no haya embarazos no deseados. Ahí tenemos que actuar primero, garantizando los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los métodos anticonceptivos a los jóvenes.
–¿De dónde vienen las mayores resistencias a avanzar con ese tema?
–La Iglesia Católica y sus centros de poder. Pero los políticos progres tampoco han tenido el suficiente coraje para plantar cara a un tema como el del embarazo adolescente que, insisto, es vergonzoso.
–¿Cuáles son otros nudos clave en materia de juventud en Iberoamérica?
–El desempleo juvenil. Ya sabemos que es estructural, que las tasas duplican o triplican el promedio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crear programas especiales por la crisis o dar subsidios especiales para la contratación de jóvenes? Ya ha pasado suficiente tiempo como para que no existan leyes laborales que contemplen las condiciones específicas que tiene que enfrentar un trabajador joven. Además, cada vez va a ser más difícil encontrar trabajo. En el mediano plazo, eso va a llevar a fenómenos sociales que todavía no nos hemos enfrentado. La dilación de la independencia económica de los jóvenes va a generar cambios en las estructuras sociales de las familias: va a haber jóvenes que van a pasar mucho más tiempo en la casa de sus padres, que van a retardar su emancipación y su autonomía, y van a afectar la convivencia y una serie de cosas más que no sabemos en qué pueden terminar.
viernes, 26 de febrero de 2010
La tercerización de los hogares
Publicó Página 12
4 de febrero de 2010
Desde su reestructuración, el Hospital Infanto Juvenil Tobar García cuenta con 70 camas para que los pequeños pacientes que lo necesiten puedan internarse. Pero, “vivir en un lugar psiquiátrico de forma prolongada no ayuda a nadie. Ni al niño ni a la familia”. En diálogo con Página/12, Eduardo Diego Friedman –jefe de la Sección Psiquiatría y Psicofarmacología del hospital–, estimó además que “un chico se queda en la institución más del tiempo estimado no por cuestiones médicas, sino por motivos netamente sociales”. Entre otras causas, la relación que mantiene el hospital con los hogares para chicos en situación de abandono es fundamental para la rápida externación.
En los últimos años, el gobierno macrista tuvo como política relacionada con la infancia y la adolescencia el traspaso sistemático a manos privadas de la casi totalidad de hogares que tenía el Estado porteño. Según explicó el psiquiatra, desde que los hogares en la ciudad de Buenos Aires se tercerizaron “pasaron a ‘elegir’ el tipo de niño que desea recibir”.
Entonces, “si un pibe hace quilombo, agrede al personal que lo atiende o a algún otro chico porque evidentemente tiene problemas psiquiátricos, la mayoría de los hogares no lo vuelve a recibir una vez que ya fue internado en el Tobar (García)”, dijo Friedman y agregó: “Los problemas de externación nada tienen que ver con el hospital. Muchas veces, aunque les demos el alta, los jueces que están a cargo de los pibes no los dejan salir porque aún no tienen una familia o un hogar sustituto donde puedan realizar los tratamientos”.
4 de febrero de 2010
Desde su reestructuración, el Hospital Infanto Juvenil Tobar García cuenta con 70 camas para que los pequeños pacientes que lo necesiten puedan internarse. Pero, “vivir en un lugar psiquiátrico de forma prolongada no ayuda a nadie. Ni al niño ni a la familia”. En diálogo con Página/12, Eduardo Diego Friedman –jefe de la Sección Psiquiatría y Psicofarmacología del hospital–, estimó además que “un chico se queda en la institución más del tiempo estimado no por cuestiones médicas, sino por motivos netamente sociales”. Entre otras causas, la relación que mantiene el hospital con los hogares para chicos en situación de abandono es fundamental para la rápida externación.
En los últimos años, el gobierno macrista tuvo como política relacionada con la infancia y la adolescencia el traspaso sistemático a manos privadas de la casi totalidad de hogares que tenía el Estado porteño. Según explicó el psiquiatra, desde que los hogares en la ciudad de Buenos Aires se tercerizaron “pasaron a ‘elegir’ el tipo de niño que desea recibir”.
Entonces, “si un pibe hace quilombo, agrede al personal que lo atiende o a algún otro chico porque evidentemente tiene problemas psiquiátricos, la mayoría de los hogares no lo vuelve a recibir una vez que ya fue internado en el Tobar (García)”, dijo Friedman y agregó: “Los problemas de externación nada tienen que ver con el hospital. Muchas veces, aunque les demos el alta, los jueces que están a cargo de los pibes no los dejan salir porque aún no tienen una familia o un hogar sustituto donde puedan realizar los tratamientos”.
Más institucionalización que asistencia
Publicó Página 12
29 de enero 2010
CRITICO INFORME DE LA ASESORIA TUTELAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA NIÑEZ EN LA CIUDAD
“El presupuesto parece orientarse a políticas de institucionalización de los chicos en situación de pobreza y no a articular programas de asistencia social que respeten el derecho de los niños de estar con sus familias.” Esa es la conclusión a la que llegó la titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, Laura Musa, a partir del informe elaborado sobre la asignación y ejecución del gasto público en el período 2005-2009 y las proyecciones para 2010 en los programas que responden a la legislación en Protección Integral de la Niñez. El estudio también analiza los recursos en educación, vivienda, alimentación y salud mental y reafirma los problemas de déficit denunciados por varias organizaciones sociales de la ciudad.
El informe presentado por la AGT, en base a datos oficiales, indica que el presupuesto para la ejecución y aplicación de programas a cargo del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya) de la ciudad aumentó, en términos nominales, de 7 millones de pesos en 2005 a 31 millones proyectados para 2010. Pero este año el aumento es del 4,2 por ciento cuando la inflación prevista es del orden del 6 por ciento.
“Casi todos los años cambia la forma en que se presenta la información presupuestaria, especialmente a partir de 2007 en adelante”, indica el informe. “Es complicado evaluar si el aumento del presupuesto comprenderá a más chicos porque no se sabe si se modificó la población beneficiaria”, resaltó Musa. Por ejemplo, el informe indica que el Presupuesto 2010 no desagrega la información sobre los costos en la Guardia de Abogados como tampoco para la línea 102. Ambos programas reciben las denuncias ante la situaciones de vulneración de los derechos y asiste a los chicos y sus familias. Tampoco se puede saber qué presupuesto y para cuántos chicos se tendrá en el Centro de Atención Transitoria, donde pueden alojarse los chicos en situación de calle.
Sin embargo, la AGT indica que, según información oficial, el 57,7 por ciento de los chicos que llegan allí son derivados a centros de albergue, el 4,7 por ciento de ellos permanece más de 7 días y no se informa qué sucede con el 40 por ciento restante. “Por lo cual se desdibuja el objetivo de transitoriedad”, apunta el informe.
En ese sentido, Mussa apuntó que el presupuesto asigando para las 99 sedes institucionales –casi en su totalidad son ONG con convenio– para alojamiento de menores de edad que funcionan bajo la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGN) muestra “que la única medida que se toma es la internación. Cuando la legislación vigente –desde 2005 a nivel nacional– antes de la institucionalización prevé apoyo a la familia a partir de la asistencia de operadores sociales para acercarlos a los servicios públicos o al ingreso de sistemas de subsidios”.
“Si se sumara el dinero que se destina a los albergues, puede pensarse que las familias de esos chicos, con el apoyo de trabajadores sociales, podrían otorgarse un techo y los recursos para contenerlos”, apuntó Musa. Uno de los programas encargados de facilitar la reinserción de los chicos en situación de vulnerabilidad es el de Fortalecimiento de Vínculos y frente al presupuesto asignado, el informe indica que si bien el presupuesto destinado al programa aumenta un 26 por ciento respecto del 2009, no representa una prioridad en la DGN ya que resulta un porcentaje mínimo del presupuesto total. Además, el documento agrega que “no es un programa destinado a trabajar con la población de niños alojados en instituciones de albergue”.
El problema del desfase entre los servicios brindados por el Estado porteño y la legislación vigente sobre protección integral de la infancia es la conclusión que engloba la información recogida en el período 2005-2010, ya que no se creó “ninguna política de carácter universal ni programas dirigidos a superar, de manera estable, las condiciones y complejidades propias de la situación de pobreza que sufren los niños alcanzados por el sistema de protección integral”.
Informe: Nahuel Lag
29 de enero 2010
CRITICO INFORME DE LA ASESORIA TUTELAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA NIÑEZ EN LA CIUDAD
“El presupuesto parece orientarse a políticas de institucionalización de los chicos en situación de pobreza y no a articular programas de asistencia social que respeten el derecho de los niños de estar con sus familias.” Esa es la conclusión a la que llegó la titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, Laura Musa, a partir del informe elaborado sobre la asignación y ejecución del gasto público en el período 2005-2009 y las proyecciones para 2010 en los programas que responden a la legislación en Protección Integral de la Niñez. El estudio también analiza los recursos en educación, vivienda, alimentación y salud mental y reafirma los problemas de déficit denunciados por varias organizaciones sociales de la ciudad.
El informe presentado por la AGT, en base a datos oficiales, indica que el presupuesto para la ejecución y aplicación de programas a cargo del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya) de la ciudad aumentó, en términos nominales, de 7 millones de pesos en 2005 a 31 millones proyectados para 2010. Pero este año el aumento es del 4,2 por ciento cuando la inflación prevista es del orden del 6 por ciento.
“Casi todos los años cambia la forma en que se presenta la información presupuestaria, especialmente a partir de 2007 en adelante”, indica el informe. “Es complicado evaluar si el aumento del presupuesto comprenderá a más chicos porque no se sabe si se modificó la población beneficiaria”, resaltó Musa. Por ejemplo, el informe indica que el Presupuesto 2010 no desagrega la información sobre los costos en la Guardia de Abogados como tampoco para la línea 102. Ambos programas reciben las denuncias ante la situaciones de vulneración de los derechos y asiste a los chicos y sus familias. Tampoco se puede saber qué presupuesto y para cuántos chicos se tendrá en el Centro de Atención Transitoria, donde pueden alojarse los chicos en situación de calle.
Sin embargo, la AGT indica que, según información oficial, el 57,7 por ciento de los chicos que llegan allí son derivados a centros de albergue, el 4,7 por ciento de ellos permanece más de 7 días y no se informa qué sucede con el 40 por ciento restante. “Por lo cual se desdibuja el objetivo de transitoriedad”, apunta el informe.
En ese sentido, Mussa apuntó que el presupuesto asigando para las 99 sedes institucionales –casi en su totalidad son ONG con convenio– para alojamiento de menores de edad que funcionan bajo la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGN) muestra “que la única medida que se toma es la internación. Cuando la legislación vigente –desde 2005 a nivel nacional– antes de la institucionalización prevé apoyo a la familia a partir de la asistencia de operadores sociales para acercarlos a los servicios públicos o al ingreso de sistemas de subsidios”.
“Si se sumara el dinero que se destina a los albergues, puede pensarse que las familias de esos chicos, con el apoyo de trabajadores sociales, podrían otorgarse un techo y los recursos para contenerlos”, apuntó Musa. Uno de los programas encargados de facilitar la reinserción de los chicos en situación de vulnerabilidad es el de Fortalecimiento de Vínculos y frente al presupuesto asignado, el informe indica que si bien el presupuesto destinado al programa aumenta un 26 por ciento respecto del 2009, no representa una prioridad en la DGN ya que resulta un porcentaje mínimo del presupuesto total. Además, el documento agrega que “no es un programa destinado a trabajar con la población de niños alojados en instituciones de albergue”.
El problema del desfase entre los servicios brindados por el Estado porteño y la legislación vigente sobre protección integral de la infancia es la conclusión que engloba la información recogida en el período 2005-2010, ya que no se creó “ninguna política de carácter universal ni programas dirigidos a superar, de manera estable, las condiciones y complejidades propias de la situación de pobreza que sufren los niños alcanzados por el sistema de protección integral”.
Informe: Nahuel Lag
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