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Las más reconocidas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir la explotación sexual en la Argentina tuvieron la oportunidad de reunirse en Buenos Aires con la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo.
La relatora solicitó a las organizaciones toda la información que pudieran proporcionar respecto de los vacíos legales existentes y las fallas en el funcionamiento de los mecanismos institucionales instrumentados para combatir la trata de personas, garantizando su confidencialidad.
Entre los planteos generales formulados por Nora Pulido del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia a la relatora, se encuentran la falta de estadísticas oficiales, la deficiente asistencia a las víctimas mediante programas y atención personalizada de acuerdo a sus necesidades y la escasa persecución del delito de proxenetismo.
También se planteó que el supuesto “consentimiento” de la víctima no debería tenerse en cuenta ya que este ítem, que rige en la legislación actual, tiene como consecuencia que haya “que probar la inocencia de la víctima en lugar de la culpabilidad de los delincuentes”.
En el marco de este encuentro, se suscitó un debate en torno a los lineamientos que establece el denominado Protocolo de Palermo, emitido por las Naciones Unidas en el año 2000, ya que a partir de ese documento se legitima la figura de consentimiento de la víctima y se propicia la figura de la prostitución como un trabajo legal que genera la demanda desde los países centrales generando la trata de personas.
Si bien defendió dicho documento internacional, Ezeilo, instó a dejar atrás la “discusión estéril” entre las posturas abolicionistas y no abolicionistas de la prostitución.
Estuvieron presentes la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos Ammar Capital, la Red No a la Trata, ATEM 25 de Noviembre, Seminario de Derechos Humanos con perspectiva de género de la UBA, el instituto de antropología de la UBA, el CELS, Save the Children Argentina, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
La relatora solicitó a las organizaciones toda la información que pudieran proporcionar respecto de los vacíos legales existentes y las fallas en el funcionamiento de los mecanismos institucionales instrumentados para combatir la trata de personas, garantizando su confidencialidad.
Entre los planteos generales formulados por Nora Pulido del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia a la relatora, se encuentran la falta de estadísticas oficiales, la deficiente asistencia a las víctimas mediante programas y atención personalizada de acuerdo a sus necesidades y la escasa persecución del delito de proxenetismo.
También se planteó que el supuesto “consentimiento” de la víctima no debería tenerse en cuenta ya que este ítem, que rige en la legislación actual, tiene como consecuencia que haya “que probar la inocencia de la víctima en lugar de la culpabilidad de los delincuentes”.
En el marco de este encuentro, se suscitó un debate en torno a los lineamientos que establece el denominado Protocolo de Palermo, emitido por las Naciones Unidas en el año 2000, ya que a partir de ese documento se legitima la figura de consentimiento de la víctima y se propicia la figura de la prostitución como un trabajo legal que genera la demanda desde los países centrales generando la trata de personas.
Si bien defendió dicho documento internacional, Ezeilo, instó a dejar atrás la “discusión estéril” entre las posturas abolicionistas y no abolicionistas de la prostitución.
Estuvieron presentes la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos Ammar Capital, la Red No a la Trata, ATEM 25 de Noviembre, Seminario de Derechos Humanos con perspectiva de género de la UBA, el instituto de antropología de la UBA, el CELS, Save the Children Argentina, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
Cabe mencionar que la visita oficial de la representante de la ONU a América del Sur también incluyó reuniones con representantes del gobierno y del poder judicial.
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