Menores en el delito: ¿el otro día del niño?

Publicó Diario Hoy
10 de agosto de 2009


Al cumplirse un año del nuevo sistema del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a un relevamiento estadístico de las tres fiscalías que funcionan en La Plata. Se iniciaron más de 2.600 causas, en un 9% fueron protagonistas mujeres y más de la mitad de los delitos fueron robos

La banda de la frazada, los pibes poxi, la pandilla de la glorieta, la de plaza San Martín, la de Chucky, la de Josecito, la de Blanquito o el Rusito, las que lideran algunas “pibas chorras” caen una y otra vez. Y esa es la repercusión mediática, si tienen 30, 40 o 50 entradas en las comisarías. Pero poco se dice de las fallas del sistema, en especial del estatal, que no contiene, no resocializa, no reeduca. El fuero penal aparece incapaz por sí solo para prevenir y combatir estos delitos cada vez mayores, en manos de cada vez más menores.

Al cumplirse un año de la puesta en marcha en la Provincia el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a las estadísticas producidas por las tres fiscalías de responsabilidad penal juvenil de La Plata durante el período entre el 15 de julio de 2008 y el 15 de julio de 2009.

De acuerdo al informe, se iniciaron más de 2.642 causas, de las cuales en 1.278 fueron identificados los autores, y de ellos un 9% correspondieron a mujeres.

Del informe del ministerio público se desprende que unas 700 causas los autores son punibles, y unas 330 a menores de 16 años.

De los delitos investigados, sobre un total de 402 casos, 215 corresponden a robos, 39 fueron lesiones, 36 hurtos, 20 daños, 17 amenazas, 12 resistencia a la autoridad, 11 encubrimiento, 10 por infracción a la ley de Drogas, 6 por abusos sexuales y tenencia o portación de armas y 5 homicidios. En tanto, 25 hechos fueron calificados como “otros”.

Como se recordará, a esta nueva estructura le corresponden todos aquellos casos que tengan como protagonistas a menores de edad, los cuales, si tienen entre 16 y 18 años, ahora cuentan con las mismas garantías procesales que los mayores.

La existencia del nuevo fuero fue concebida desde que, años atrás, la edad de imputabilidad de las personas fue bajada de los 18 años a los 16.

Actualmente, los adolescentes de 16 y 17 años son juzgados con los mismos procedimientos que los mayores, aunque las penas son distintas. Al fuero también le corresponde actuar cuando son
vulnerados los derechos de los menores. En esos casos, los adolescentes pueden ser alojados en las distintas instituciones que funcionan con esos fines, muchas de las cuales atraviesan serios problemas económicos.

Dos fallos polémicos

En La Plata se resolvieron dos fallos muy importantes. Uno, resuelto por el juez Fabián Cacivio, declaró la inconstitucionalidad de la detención policial. Otro, de Luis Arias, que impidió apresar a los menores por contravenciones.

De acuerdo al Comité contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

En otro orden, vale la pena destacar que desde que se puso en marcha el nuevo sistema, tanto la Suprema Corte como la Procuración advirtieron al Poder Ejecutivo que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se había lanzado sin los recursos presupuestarios, técnicos y humanos suficientes.

Quizás por esa situación, el sistema ya se tragó dos subsecretarias de Minoridad del ministerio de Desarrollo Social, Marta Arriola y Susana Tabolaro. También debió renunciar el ministro Daniel Arroyo.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes

Esta semana, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial presentó el Informe Anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales. El documento destacó las violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción.

Con respecto a las muertes de jóvenes en institutos: fallecieron cuatro por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en inspecciones a los lugares de detención un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones.

Según el informe, en algunos centros se constató que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

El Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del ministerio público, en virtud de lo establecido en la acordada 2.825.

Durante 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total, 74 corresponden a comisarías y 5 a instituciones dependientes de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. De acuerdo al informe, las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Cuatro preguntas a un año de la implementación del fuero

A un año de la implementación del Fuero Penal Juvenil podemos señalar el gran avance que significa la posibilidad de que jóvenes pobres a los que se les imputa un delito se les respete el debido proceso penal, con la presencia de funcionarios especializados en el tema, la celebración de audiencias orales, cumplimiento de plazos estrictos, apelaciones, etc. Ahora bien, me surgen estas cuatro preguntas:

-¿De qué sirven todas esas garantías si no se cuenta hoy con un sistema de contención y protección robusto que trabaje a la par de la Justicia Penal? Supongo que el sistema penal en el aire, sin la presencia de los órganos de protección que prevé la ley 13.298, sólo criminaliza la pobreza.

-¿Cómo puede funcionar un sistema cuya premisa, “la detención de niños como la última posibilidad”, si medios de comunicación y sociedad alimentan imaginarios de encierro, y por momentos de extermino? Supongo que se puede trabajar bajo espasmos, pues me consta la existencia de funcionarios judiciales que se dejan llevar por la demagogia punitiva y hacen culpables a los niños pobres/excluidos (¿peligrosos?) de las omisiones en políticas públicas del Poder Ejecutivo.

-¿Cómo es posible que un sistema carcelario para la niñez, hoy colapsado y degradado, pase a ser tarde o temprano un depósito de jóvenes de entre 14 o 15 años? Supongo que bastaría con analizar el siguiente dato para pensar qué ocurriría: desde la puesta en vigencia del fuero, se ha duplicado la cantidad de jóvenes presos en institutos de la Provincia.

-¿Cómo es posible que a pesar de la vigencia de todas las garantías exista un agujero legal llamado “averiguación de identidad” que le permita a la Policía seguir llevando a comisarías a cientos de jóvenes? Supongo que, pese a que hay varios jueces que prohibieron la utilización de estas arbitrarias detenciones en niños, se siguen practicando en toda la Provincia, pues se trata de una forma naturalizada y silenciosa de control social.

(*) Julián Axat. Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil.