Un plan para que discuta el Congreso

Publicó Página 12
16 de Agosto de 2009

La idea central consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ninguna cobertura. Se deberá discutir de dónde sacar los recursos para poner el plan en marcha.

Por Martín Piqué

El bloque oficialista en Diputados comenzará a estudiar esta semana los diversos proyectos de asignación universal por hijo. La iniciativa partió del jefe de la bancada K, Agustín Rossi, quien pretende acelerar la discusión de la propuesta en el Congreso. La idea central de la asignación consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ningún tipo de cobertura. El costo fiscal de semejante programa ascendería, en el caso de que el subsidio se fijara en 135 pesos, a 6900 millones de pesos al año. Esa cifra deberá añadirse al presupuesto ya asignado para los planes de Desarrollo Social que están en curso: 10.200 millones de pesos anuales. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro? Esa es la primera discusión que se debería dar en el Congreso”, advirtió la Presidenta.

La discusión sobre la asignación universal involucrará a tres comisiones del Parlamento. Se trata de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuya titular es la diputada Juliana Di Tullio; la de Trabajo, que encabeza el apoderado de la CGT Héctor Recalde; y la de Salud, que preside el diputado Sylvestre Begnis. Rossi ya se comunicó con los tres. Su intención es iniciar lo más pronto posible el debate parlamentario sobre la universalización. “Ya les pedí a los tres presidentes de las comisiones que se unifiquen todos los proyectos y que empecemos con el tratamiento del tema”, contó Rossi a Página/12. “Obviamente, el debate va a tener que incluir la cuestión presupuestaria. Si la asignación sale tanta plata, ¿cómo se conseguirán los recursos?”, se preguntó el diputado rosarino en diálogo con este diario.

Una vez que se pongan de acuerdo Di Tullio, Recalde y Begnis, el debate se trasladará al seno de las comisiones. En ese momento harán oír su voz los diputados de los bloques opositores. Antes de la elección del 28 de junio, los candidatos de la oposición propusieron implementar una asignación universal por hijo. La propuesta encontró unidos a Francisco de Narváez, Fernando “Pino” Solanas, Alfonso Prat Gay y Margarita Stolbizer. Los cuatro la juzgaron prioritaria y exigieron al Gobierno que la pusiera en marcha de forma urgente. Pero una iniciativa de esa magnitud necesitaría un fuerte desembolso de dinero. ¿De dónde extraer esos recursos? Algunos diputados ya esbozaron ideas. “Nuestra propuesta pasa por la eliminación de las exenciones a la renta financiera, lo que nos permitiría obtener una mayor recaudación del impuesto a las Ganancias”, planteó la diputada Silvia Augsburger, jefa del bloque socialista.

En el kirchnerismo también circulan algunas propuestas, como crear nuevos impuestos o reorientar lo que se recauda por gravámenes ya existentes. Claro que sumar unos 7000 millones de pesos al presupuesto vigente en materia social –los 10.200 millones– sería incompatible con un recorte abrupto del nivel actual de las retenciones. “Está todo atado. Vos no podés aumentar el gasto y bajar los ingresos. Si querés incorporar un número importante para el gasto social, tenés que ver de dónde lo sacás”, argumentó a Página/12 uno de los integrantes del bloque oficialista en la Cámara baja. En la Casa Rosada no son ajenos al debate que está circulando en torno de la asignación universal por hijo. En el bloque oficialista incluso no se descarta que el Gobierno, en los próximos días, termine presentando un proyecto propio en ese sentido.

El viernes, durante el lanzamiento del programa Ingreso Social con Trabajo, la mandataria reveló que de los 12.400.000 menores que viven en la Argentina, 2.860.713 niños y adolescentes no tienen ningún tipo de cobertura social. Sus padres no cobran el salario familiar previsto para los trabajadores en relación de dependencia. Tampoco reciben alguno de los variados planes sociales de Desarrollo Social, cuyo presupuesto anual supera los 10 mil millones de pesos. La propia CFK informó que casi la mitad de esos 2.860.713 menores excluidos de toda cobertura no tienen DNI, por lo que su inclusión resulta aún más compleja. “La primera discusión que tenemos que dar (en el Congreso) es saber qué masa de recursos vamos a necesitar, además de las ya asignadas”, aconsejó la Presidenta.