La Corte avaló fallo del juez Luis Arias

Publicó Diario Hoy
21 de noviembre de 2008

El alto tribunal descartó un conflicto de competencia. Y avaló la sentencia que anuló por primera vez una forma de actuación policial naturalizada frente a la niñez en la Provincia. El ministro de Seguridad acató la orden judicial y dictó una resolución para que sus subordinados cumplan la medida

La Suprema Corte de Justicia bonaerense, con la firma de todos sus miembros, decidió rechazar la presentación realizada por la Fiscalía de Estado contra el fallo dictado por el juzgado contencioso administrativo nº 1 de La Plata que prohibió a la Policía detener a menores de 18 años por contravenciones, averiguación de identidad y para ser “entregados” a sus familias”.

La resolución del más alto tribunal de la Provincia avaló el hábeas corpus dispuesto por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, e interpuesto por el titular de la Defensoría Oficial nº 16 Julia Axat.

Fuentes judiciales informaron ayer que como consecuencia del fallo de la Suprema Corte, y a partir de lo ordenado por el juez Arias, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli dictó la resolución 3.068, dando efectivo cumplimiento al citado hábeas corpus.

En la presentación rechazada, la Fiscalía de Estado Provincial planteó un conflicto de competencia, por entender que el titular del Juzgado Contencioso se había arrogado la atribución que el artículo 161 de la Constitución provincial confiere a la Suprema Corte de justicia para declarar originariamente la inconstitucionalidad de normas locales.

En tal sentido, la Suprema Corte, entendió que no se abría la competencia originaria de ese alto tribunal, por no existir conflicto de normas locales con la Constitución provincial, sino con la Constitución nacional y Tratados Internacionales.

El defensor Axat había señalado que la “eventual revocación de ese fallo dejaría expuesto forzamiento de argumentación jurídica para rebatirlo, lo cual sería contrario a todas las convenciones de derechos humanos (DDHH) ratificadas por la Argentina y que son -localmente-obligatorias, en especial la Convención Universal de los Derechos del Niño”.

“Como la sentencia del juez hace valer el Fallo Bulacio emitido en 2003 por la Corte Interamericana de DDHH, obligando al Estado Argentino a derogar toda normativa -como lo son las contravenciones aplicadas a menores y las detenciones por averiguación de identidad-, tal incumplimiento, o todo acto contrario a dichos principios, sea una sentencia o un acto administrativo, pondría al Estado provincial ante una situación de grave responsabilidad internacional por la que, tarde o temprano, tendrá que dar cuenta”, indicó Axat.

La resolución dictada por el juez Arias fue considerada histórica y fundamental, porque, según sus impulsores, “revisa una forma de actuación policial naturalizada frente a la niñez en la Provincia”.

A instancias del hábeas corpus colectivo que denunciaba que el personal policial de las comisarías seguía teniendo facultades omnímodas respecto de los menores que eran detenidos por contravenciones, el recurso resolvió en el ámbito de La Plata “declarar inconstitucionales: las contravenciones aplicadas y detenciones por averiguación de identidad aplicadas a menores, y ordena realizar las entrega a progenitores con comunicación judicial y con intervención del servicio local; como así actualizar los registros policiales de capturas y de averiguación de paraderos”.
Por Javier Navarrete Ibáñez

Riesgo de prisión sin control judicial

La sentencia de Arias resulta armónica con el fallo de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, por el que se obligó al Estado Argentino a derogar toda normativa contraria a la Convención de los Derechos del Niño, y al Pacto de San José de Costa Rica, que ponga en riesgo la libertad de los niños y niñas en forma arbitraria, y sin el debido control judicial.
“Hay que prevalecer los aspectos preventivos ante los represivos, porque estamos hablando de niños en estado de vulnerabilidad”, indicó Arias.

Otros 3 intentos de suicidio

El fin de semana, dos pibes se quitaron la vida en un instituto de menores de La Matanza. Anteanoche, casi lo logran otros tres adolescentes en Lomas de Zamora. Denuncian falta de personal y recursos

El último fin de semana, dos pibes de 16 y 17 años se suicidaron en un instituto de Menores inaugurado 10 días antes en La Matanza. Representantes gremiales denunciaron entonces que el centro había sido habilitado con tres asistentes de minoridad, sin psicólogos ni médicos, irregularidades que el propio ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Daniel Arroyo, admitió después de que Trama Urbana hizo públicas las muertes.

Los 16 adolescentes que quedaban en ese instituto fueron derivados a otros de la Provincia, pero la situación general sigue siendo “caótica”, indicaron ayer fuentes gremiales. Según pudo saber Trama Urbana, en el Centro de Lomas de Zamora, donde hay más de 100 pibes alojados, hubo anteanoche 3 intentos de suicidio.

“Esta situación requiere medidas acordes: los trabajadores, en número insuficiente para la asistencia adecuada, y sin contar con la impres-cindible intervención profesional, se hacen cargo como pueden de la prevención y el cuidado, sometidos al estrés permanente y sufriendo ellos mismos el impacto emocional ante la situación de los pibes”, aseguró un representante de los empleados.

Según las mismas fuentes, al instituto de Lomas de Zamora fueron a parar varios de los jóvenes que estaban alojados en La Matanza al momento del doble suicidio, pero lo paradójico es que, previamente, “la planta de trabajadores de este centro se redujo por pases para abrir el de La Matanza”.

Aquel centro inaugurado el 6 de noviembre no contaba con el personal necesario, ni vías de acceso, equipos de salud ni técnicos (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados). Tampoco tenía, según los trabajadores, líneas telefónicas: sólo un celular oficial.

Diario Hoy