Penalización de los menores: un debate con trampa

Publicó Acción Digital
Primera quincena de noviembre

Por Daniel Vilá

El asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en la localidad de San Isidro volvió a poner sobre el tapete el tema de la inseguridad generada por la delincuencia común. Se reactivó así un debate alimentado por el tratamiento mediático –banal y simplista– de los hechos de violencia. Basta señalar la proliferación de programas televisivos que difunden imágenes de operativos policiales y exhiben –naturalizándolas– escenas de allanamientos en barrios carenciados o de jóvenes pobres drogados o alcoholizados que protagonizan hechos delictivos. La investigadora Inés Mancini afirma que de este modo se alienta una interpretación estereotipada en la cual los atacantes «viven en villas de emergencia, no son argentinos, poseen estupefacientes y son jóvenes». Como sostienen los especialistas agrupados en el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, «la construcción de un otro monstruoso y carente de humanidad facilita su exterminio. Un exterminio que siempre comienza por los ajenos, hasta que en algún momento le toca a los propios».

La presunta autoría del crimen de San Isidro por parte de un menor de edad, desmentida luego por la investigación policial, fue justamente la excusa utilizada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para fundamentar su intención de impulsar la baja de la edad de imputabilidad, fijándola «a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves». La mayoría de los juristas considera esta medida como inconstitucional porque contraría lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporada a la carta magna, y los acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina.

Para la ley penal de nuestro país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sólo entonces un joven que delinque puede ser juzgado, recibir una condena, ser remitido a una cárcel especial y recién a partir de los 21 ingresa en el sistema carcelario común. Los menores que participan en crímenes son pasibles de ser sometidos a un régimen de encierro especial a partir de los 16. También está establecido formalmente –aunque su cumplimiento no resulta claro– que hasta que lleguen a los 18 y se concrete el proceso en su contra, los adolescentes recibirán un tratamiento que procure su reinserción social. Si los jueces de menores no los consideran peligrosos, pueden permanecer libres a cargo de familiares o tutores hasta que adquieren la mayoría de edad.
De lo expuesto se deduce la inexistencia de la mentada «inimputabilidad», sobre todo porque a través de la ley 22.278 de la dictadura militar la punición se disfraza de «guarda tutelar». Según algunos reputados criminalistas la intención de la normativa propuesta es someter a los menores de 18 años al régimen penal que se les aplica a los adultos.
Salvo expresiones aisladas, como las del abogado penalista Omar Breglia Alvarez, reproducidas por el matutino La Nación –sostiene que «el desarrollo mental del niño y del adolescente ha avanzado muchísimo» y cree que «si hay más delincuentes tiene que haber más cárceles»–, la inmensa mayoría de los especialistas coincide en desestimar la iniciativa.

Al respecto, resulta ilustrativo consignar las opiniones de tres de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, vertidas en diferentes oportunidades y en ámbitos diversos. En ocasión de su participación en el XI Congreso Argentino y Jornadas Internacionales de Derecho del Consumidor, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, consultado sobre la cuestión, subrayó que «la baja de la imputabilidad en los menores no soluciona el problema. Se requieren medidas de fondo e integrales en conjunto con los restantes poderes del Estado. Hay que apuntar a la contención de esos menores, la familia y los casos particulares que demanden una atención especializada. Además, hacen falta lugares donde internar a esos chicos para buscar su recuperación y hoy no los hay o son escasos».
Por su parte, Carmen Argibay, convocada para disertar en el XV Encuentro Nacional de Mujeres Juezas, respondió así a la requisitoria periodística: «No hagamos responsables a los chicos. Pongámonos a ayudarlos de manera que no signifique torturarlos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como animales y a veces peor que a los animales. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos los responsables, los mayores, que no les hemos dado lo que teníamos que darles: educación, salud, justicia, atención, amor, cariño, protección».

También Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió extensa y pormenorizadamente al tema durante un evento realizado en el teatro ND Ateneo de Buenos Aires, auspiciado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y la Academia de Ciencias Penales de América Latina. El jurista no ahorró críticas a los legisladores que «se han dejado sorprender por inventos que no son nuestros, como la tolerancia cero» y enfatizó: «El único efecto que han logrado es partirnos la cabeza a los jueces que vamos a tener que declarar inconstitucionales a la mitad de esas leyes».
En otro tramo de su exposición apuntó a develar los mecanismos utilizados por los apologistas del manodurismo: «Si desde la televisión se aprovechan 30 segundos para lanzar un mensaje publicitario meramente emocional, para desarmarlo hay que enviar un mensaje racional. Claro que construirlo requiere un tiempo, en cambio construir el emocional, no. Y el televidente no está dispuesto a pensar. El tipo que llegó a la casa, hace zapping, está cansado, y si de repente le empiezan a hablar para que piense, cambia de canal».
En lo que hace a la relación del derecho penal con los menores, Zaffaroni destacó que «siempre fue bastante tormentosa porque se aplicó una vieja ideología hipócrita, que fue la tutelar. Entonces se tuteló a los niños de la misma manera que antes se había hecho con los indios, los esclavos y las mujeres. Y a todos ellos así les fue. En consecuencia, la idea tutelar está vinculada a la de inquisición: si yo soy el juez de menores, si soy el señor Estado que actúo como padre, por qué voy a necesitar límites si siempre hago el bien. El tribunal de la Santa Inquisición decía lo mismo y quemaba a las brujas».

El origen de la violencia

Expertos internacionales corroboran estas lecturas. A su paso por Buenos Aires, Jacob Egbert Dock, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, un organismo internacional cuya función consiste en monitorear la aplicación de la convención internacional en los estados miembros de la ONU, afirmó que bajar la edad de imputabilidad de los menores, endurecer las penas y legislar en base a hechos de extrema violencia «no sirve de nada», a la hora de combatir la delincuencia juvenil y añadió que las leyes deben apuntar a una reinserción social exitosa, al tiempo que aconsejó reforzar la educación de los niños y las oportunidades laborales de los adultos.

«La dificultad en la materia –dijo– es encontrar un equilibrio entre la pena y un tratamiento justo que permita la reinserción social de los jóvenes. Ese es el desafío. Se puede encerrar a los chicos en institutos de menores durante años, pero en algún momento van a volver a la sociedad y si el sistema los trató injustamente, van a volver a delinquir. Hay que estudiar los orígenes de esa violencia y tratarla con penas alternativas a la prisión como los servicios comunitarios y la justicia reparativa». Una visión que es compartida por el director de la Consulta Regional sobre Violencia de la ONU, Sergio Paulo Pinheiro, quien advirtió a principios de este año que algunas fuerzas policiales conservan rasgos de las últimas dictaduras militares, que se evidencian en su trato hacia los menores de edad. «Hay policías que tratan duramente a los jóvenes, los golpean y los someten a todo tipo de intimidaciones. Entre las medidas más importantes que deben tomar los Estados está la de establecer órganos independientes que tomen denuncias de abusos en comisarías y en institutos de menores», aseveró.

Entre las más consistentes señales de alarma lanzadas sobre la banalización de esta problemática, sobresale la formulada por la fallecida psicoanalista e inteligente lectora de síntomas sociales, Silvia Bleichmar, quien sentenció: «Aún cuando fuera posible que una parte importante de los delitos de menores estén comandados por adultos que se escudan en la inimputabilidad ofrecida por la edad, bajar la edad de penalización no resolvería nada, ya que siempre se podrían encontrar ejecutores más jóvenes, a partir de la edad en la cual un niño pueda sostener un arma y tenga la destreza motriz para apuntarla hacia el lado previsto. No pueden ser confundidos los reclamos de mayor seguridad con lo de mayor represión; esta es una de las encerronas más viejas que ha sufrido la sociedad argentina, y siempre se nos han quedado los pies encerrados en la trampa que armamos».