Seriedad contra el delito

Publicó Clarín
1 de noviembre de 2008

Por Gerardo Morales
Senador nacional, titular Comité Nacional UCR

Cada vez que suceden hechos escalofriantes, aparecen voces hipócritas que con reacciones espasmódicas pretenden tapar el fondo de la cuestión. Un verdadero hábeas normativo para jóvenes en conflicto con la ley penal debe superar las concepciones y prácticas actuales ineficientes y tener en cuenta la real dimensión del problema social.

El Congreso de la Nación discutió en varias oportunidades la responsabilidad penal juvenil. Con el objetivo de terminar con la ley vigente desde la dictadura que no resuelve las cuestiones básicas en la materia se ha buscado establecer un régimen especial para jóvenes infractores -entre 14 y 18 años- con las garantías del debido proceso junto a un conjunto de medidas socioeducativas para atender la problemática.

El Senado ha sido el ámbito donde se establecieron los consensos necesarios, incluso con la participación de diputados y la consulta de numerosos expertos. No obstante, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó por resolución a una comisión de trabajo desnaturalizando el ámbito de creación y sanción de la leyes. Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno no ofreció ningún proyecto pero sí obstaculizó y paralizó el trabajo en la Cámara alta. Consecuentemente, la UCR decidió insistir y presentó una iniciativa que recupera esos consensos, con el objeto de sostenerlos tras dos años de ardua discusión.

Alejándonos de ideas simplistas y mediáticas sobre la baja de la edad de imputabilidad, las políticas públicas no pueden quedar libradas --como ha ocurrido hasta ahora-- a la discrecionalidad. Se ha ido desde no hacer nada a encarcelar a todo niño o joven en conflicto con la ley penal. Esta ausencia de reglas ha posibilitado los peores abusos y profundizó la desconfianza de la población en la administración de justicia.

Una discusión seria sobre el modelo de política de seguridad no puede evadir cuestiones que hacen al delito en sí mismo y los fenómenos sociales que conforman el mapa del delito. Ni tampoco obviar la pregunta sobre las políticas que están vigentes y deberían reformularse o las grandes carencias que hacen del sistema de seguridad una maquinaria tan ineficiente como injusta.