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Publicó Crítica Digital
28 de noviembre de 2008
Lo había impulsado Daniel Scioli y recibió críticas hasta de la Presidenta. El funcionario provincial argumenta: "En Uruguay la edad de imputabilidad es de 13. En Brasil es de 12, al igual que en México. Esos países mejoraron su situación".
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, insistió con que la baja de la edad de imputabilidad de los menores "es un debate necesario en la democracia" y ratificó así la postura del Ejecutivo provincial de avanzar en el proyecto resistido por organismos y movimientos sociales.
"El gobernador (Daniel) Scioli dijo que quería acelerar el debate sobre los proyectos que están presentados", justificó la intención Casal durante la asunción del nuevo ministro de la Producción, Alejandro Arlía.
Casal, en declaraciones a Radio Provincia, señaló que en los diferentes proyectos ingresados en el Congreso "está claramente demostrado todo el espectro del pensamiento político de la Argentina y es importante que ese pensamiento se traduzca en un debate en democracia".
En otro orden, Casal reveló que "desde la cartera de Justicia hemos designado ya más de 330 funcionarios y magistrados judiciales y se tomó como prioridad la designación del Fuero Penal Juvenil".
El tema de bajar la edad de imputabilidad de los menores fue una propuesta del gobernador de Buenos Aires quien instaló el tema a partir del crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea, presuntamente fusilado de cinco balazos por un menor que entró a robar con otros dos delincuentes en su casa de Acassuso.
En esa ocasión Scioli explicó que “en Uruguay la edad de imputabilidad es de 13. En Brasil es de 12, al igual que en México. Esos países mejoraron su situación con la baja en la edad de los imputables”
Estas declaraciones no fueron bien recibidas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, funcionarios políticos e incluso la presidenta Cristina Kirchner quien oficializó el desacuerdo que existe entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires en torno a este tema y, en su carácter de “abogada”, sostuvo que “la seguridad no se hace con leyes más duras y más terribles”.
Por su parte, María del Carmen Falbo, la Procuradora General de la Corte Suprema bonaerense , en su momento, opinó que bajar la edad de imputabilidad "no soluciona demasiado" la grave crisis de inseguridad.
Para bajar los índices de delitos, Falbo reclamó "políticas públicas que realmente tengan en cuenta la inclusión social, la educación, la protección de los desamparados", y señaló que para prevenirlos se necesitan "policías capacitados".
viernes, 28 de noviembre de 2008
Se completa el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
Publicó Diario Judicial
27 de Noviembre de 2008
Este viernes comienza a regir en 10 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. De esa manera se concreta la tercera y última etapa. Se trata de un nuevo sistema de juzgamiento a menores que limita la prisión preventiva a 120 días y dispone, como medida excepcional, el encarcelamiento en centros especializados.
El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil comenzará a funcionar este viernes en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires cuando se ponga en marcha la tercera y última etapa del nuevo sistema de juzgamiento de menores que prevé un nuevo procedimiento judicial.
Serán 10 los departamentos que este viernes implementarán el fuero. Se trata de Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Morón, San Isidro (sólo en su cabecera), Trenque Lauquen, Zárate-Campana y Dolores.
Se suman a Azul, Mercedes, Pergamino y San Nicolás, que tienen el nuevo juzgamiento desde el 30 de septiembre cuando se implementó la segunda etapa, y a La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín, donde funciona desde el 15 de julio, en la primera parte de la aplicación del fuero.
Las fechas fueron dispuestas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Procuración General. La última fue en el departamento judicial de Dolores.
A la implementación del fuero se llega con duras críticas por parte del Máximo Tribunal al Gobierno de Daniel Scioli y también de los jueces de menores. Magistrados de ese fuero denunciaron que funcionarios administrativos dispusieron traslados y libertades de jóvenes a disposición de la Justicia. La Suprema Corte señaló que “es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil”.
La nueva ley de responsabilidad penal juvenil (13.634) fija que la prisión preventiva no podrá exceder los 180 días y las investigaciones judiciales tendrán una duración de 120, aunque la norma también habilita la posibilidad de extender este último plazo en otros 60 días. El nuevo fuero juzgará los delitos que cometan menores de entre 16 y 18 años.
Al respecto, la prisión preventiva está contemplada como el último recurso judicial y cuando se hayan cumplido los 120 días de encarcelamiento la persona debe ser liberada. Sobre el encarcelamiento, deberá ser diferenciado del de adultos y siempre en centros especializados
Dju
Notas relacionadas
Noticias - 21/11/2008 - La Corte bonaerense omitió pronunciarse sobre la detención de los menores
Noticias - 13/11/2008 - Se pone en marcha la última etapa del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
Noticias - 27/10/2008 - El fuero penal Juvenil bonaerense no puso segunda
Noticias - 08/09/2008 - Segunda etapa del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense
27 de Noviembre de 2008
Este viernes comienza a regir en 10 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. De esa manera se concreta la tercera y última etapa. Se trata de un nuevo sistema de juzgamiento a menores que limita la prisión preventiva a 120 días y dispone, como medida excepcional, el encarcelamiento en centros especializados.
El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil comenzará a funcionar este viernes en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires cuando se ponga en marcha la tercera y última etapa del nuevo sistema de juzgamiento de menores que prevé un nuevo procedimiento judicial.
Serán 10 los departamentos que este viernes implementarán el fuero. Se trata de Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Morón, San Isidro (sólo en su cabecera), Trenque Lauquen, Zárate-Campana y Dolores.
Se suman a Azul, Mercedes, Pergamino y San Nicolás, que tienen el nuevo juzgamiento desde el 30 de septiembre cuando se implementó la segunda etapa, y a La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín, donde funciona desde el 15 de julio, en la primera parte de la aplicación del fuero.
Las fechas fueron dispuestas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Procuración General. La última fue en el departamento judicial de Dolores.
A la implementación del fuero se llega con duras críticas por parte del Máximo Tribunal al Gobierno de Daniel Scioli y también de los jueces de menores. Magistrados de ese fuero denunciaron que funcionarios administrativos dispusieron traslados y libertades de jóvenes a disposición de la Justicia. La Suprema Corte señaló que “es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil”.
La nueva ley de responsabilidad penal juvenil (13.634) fija que la prisión preventiva no podrá exceder los 180 días y las investigaciones judiciales tendrán una duración de 120, aunque la norma también habilita la posibilidad de extender este último plazo en otros 60 días. El nuevo fuero juzgará los delitos que cometan menores de entre 16 y 18 años.
Al respecto, la prisión preventiva está contemplada como el último recurso judicial y cuando se hayan cumplido los 120 días de encarcelamiento la persona debe ser liberada. Sobre el encarcelamiento, deberá ser diferenciado del de adultos y siempre en centros especializados
Dju
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jueves, 27 de noviembre de 2008
Arrancó en Brasil el III Congreso sobre explotación sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
Publicó Página|12
27 de noviembre de 2008
Título original: Redes sociales, un nuevo riesgo en Internet
Un congreso internacional en Río de Janeiro reúne a 3000 funcionarios y especialistas sobre explotación sexual infantil. Ayer debatieron sobre el peligro de Facebook, el perfil de los abusadores cibernéticos, el vacío penal para perseguirlos y cómo se capta a los niños.
Por Mariana Carbajal. Desde Río de Janeiro
Desde bebés de apenas unos meses que están siendo abusados sexualmente hasta nenas de 12 o 14 años que tienen relaciones con dos o más adultos. Esas son algunas de las imágenes fotográficas horrorosas que circulan impunemente por Internet, de a miles, diariamente, y sobre las cuales se alertó ayer en esta ciudad, en la primera jornada del III Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que reúne a unos 3000 participantes y delegaciones oficiales de más de un centenar de gobiernos, incluido el argentino, para reforzar la lucha contra este flagelo. Enfrentar las nuevas formas que adquieren la pedofilia y la prostitución infantil de la mano de la web es uno de los grandes desafíos, coinciden los especialistas. Según un informe que difundió Unicef al inicio de esta cumbre, en todo el mundo más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños son explotados sexualmente.
El perfil de los delincuentes sexuales cibernéticos y los vacíos legales para perseguirlos, los riesgos de redes sociales como Facebook y las posibilidades que brindan para vender pornografía infantil a través de álbumes cerrados; las facilidades que ofrece el anonimato de un contacto on line para captar chicos y chicas para abuso sexual fueron algunos de los ejes de los debates del primer día.
El congreso fue inaugurado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama, Marisa Leticia, en la noche del martes. El multitudinario evento tiene lugar en un inmenso centro de exposiciones, en el sur de la ciudad, en los alrededores del residencial barrio de Barra de Tijuca. Su objetivo es intercambiar experiencias en la lucha contra la explotación sexual de la infancia, examinar progresos y reforzar los compromisos ya asumidos por los países. La primera cumbre fue en Suecia en 1996 y la segunda, en 2001, en Japón. Unicef es uno de sus promotores y organizadores. “La explotación sexual deja a los niños y niñas con cicatrices psicológicas y a veces físicas, y reduce sus esperanzas de llevar una vida digna”, dijo la directora ejecutiva de Unicef, la norteamericana Ann M. Veneman. “Ningún país ni ninguna región es inmune y nadie es inocente. Los depredadores siguen utilizando nuevos instrumentos dirigidos a los niños, incluido el ciberespacio y la nueva generación de teléfonos celulares”, alertó Veneman.
Entre las participantes se encuentran la reina Silvia de Suecia y nueve primeras damas –entre ellas, la hija de Raúl Castro, jefe de Estado de Cuba, y la hermana del presidente paraguayo Fernando Lugo, además de setenta ministros–. La delegación argentina no incluye funcionarios de primera línea.
Los nuevos escenarios de las formas de explotación sexual infantil fue el tema convocante del primer panel de ayer, que estuvo moderado por la abogada de Nigeria Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial de la ONU sobre Tráfico de Seres Humanos, en especial de mujeres y niños. La filipina Amigan Abueva, directora ejecutiva de la Red Internacional contra la Prostitución, Pornografía y la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes (Ecpat), alertó sobre los chicos que son traficados para el comercio sexual. “No son los más pobres los que están en mayor riesgo, son los que tienen capacidad de tener algún tipo de documentación para viajar”, indicó.
Los desafíos que plantea Internet fue el eje de la exposición de la irlandesa Ethel Quayle, una reconocida experta mundial sobre la explotación sexual y la pornografía en la web. “Sabemos muy poco de los chicos que son víctimas. Poco más de mil, cuyas fotos circulan en Internet, han sido identificados en todo el mundo”, apuntó. Esa tarea la llevó adelante el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (Ncmec): hasta septiembre de 2008 ese organismo informó que había logrado identificar a 1660 menores, mediante imágenes distribuidas y no distribuidas de pornografía infantil: 73 por ciento eran mujeres y 27 por ciento varones; 6 por ciento infantes o deambuladores, 49 por ciento prepúberes y 45 por ciento adolescentes.
Redes sociales como Facebook pueden facilitar el comercio de pornografía infantil a través de álbumes cerrados –como si fueran las fotos de las últimas vacaciones que se comparten con amigos–: aquí, en Brasil, se descubrió que en Orkut –el más popular de esos sitios, con 27 millones de usuarios– se vendían contraseñas para acceder a books con imágenes abusivas de chicos y chicas y esa investigación policial derivó en un reciente acuerdo entre el Ministerio Público brasileño con Google –después de una áspera disputa–, para facilitar las denuncias y la persecución a los delincuentes sexuales (ver aparte).
Otro tema de preocupación, que quedó en evidencia ayer, son los escasos filtros que ofrece la web en la captación de víctimas de abuso sexual. “La preparación on line, para un abuso sexual, a diferencia de la realizada fuera de Internet, ocurre con más rapidez y puede ser anónima”, alertó Quayle, psicóloga clínica y directora del Proyecto para Combatir las Redes de Pedofilia en Europa (Copine, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Edimburgo. Los chicos, dijo, confían más rápidamente en “su amigo” on line y tienden a ser menos inhibidos en lo que comunican, y los pedófilos no se ven restringidos por el tiempo en la accesibilidad, como cuando están en el mundo real. “En general buscan averiguar lo máximo posible que puedan sobre su víctima potencial, establecen el riesgo y la probabilidad de que el niño cuente el hecho, averiguan datos sobre sus redes sociales, pueden dar información falsa sobre ellos mismos, y si es seguro, forman una relación con el niño o lo controlan para poder encontrarse con él fuera de Internet”, describió Quayle en un informe que hizo especialmente para el Congreso, a pedido de Ecpat. Según este documento, sobre la base de distintas investigaciones se llegó a determinar el perfil de los pedófilos cibernéticos, que explotan sexualmente a nenas y nenes o coleccionan imágenes de abuso sexual infantil: son en su mayoría blancos, de apariencia occidental, de un amplio rango de edad: algunos saben mucho de computación, mientras que otros tienen destrezas básicas. “Algunos tienen una historia de abuso, mientras que para otros es la primera demostración de interés sexual en niños o es la primera vez que llaman la atención de las agencias de aplicación de la ley”, explica el estudio.
“Hay casos de fotos de niños que son utilizadas sin que ellos sepan y eso también es explotación sexual infantil”, advirtió la experta irlandesa. Otro tema que está generando debate en algunos países desarrollados, acotó, son las imágenes virtuales de abuso sexual infantil, es decir, los dibujos o comics sexualmente explícitos, una industria muy desarrollada en Japón. En muchos de esos comics se representa a niñas escolares o adultos que parecen chicos siendo violados o involucrados en actividades sadomasoquistas. Actualmente en el Reino Unido se discute la criminalización de su producción, tenencia y distribución. Quienes están en contra sostienen que prohibirlos significaría afectar la libertad de expresión y podría llevar a que quienes los consumen se vuelquen a cometer delitos sexuales más graves. Para Quayle, no hay duda: “Son crímenes en relación no con un niño en particular, sino con todos los niños”.
27 de noviembre de 2008
Título original: Redes sociales, un nuevo riesgo en Internet
Un congreso internacional en Río de Janeiro reúne a 3000 funcionarios y especialistas sobre explotación sexual infantil. Ayer debatieron sobre el peligro de Facebook, el perfil de los abusadores cibernéticos, el vacío penal para perseguirlos y cómo se capta a los niños.
Por Mariana Carbajal. Desde Río de Janeiro
Desde bebés de apenas unos meses que están siendo abusados sexualmente hasta nenas de 12 o 14 años que tienen relaciones con dos o más adultos. Esas son algunas de las imágenes fotográficas horrorosas que circulan impunemente por Internet, de a miles, diariamente, y sobre las cuales se alertó ayer en esta ciudad, en la primera jornada del III Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que reúne a unos 3000 participantes y delegaciones oficiales de más de un centenar de gobiernos, incluido el argentino, para reforzar la lucha contra este flagelo. Enfrentar las nuevas formas que adquieren la pedofilia y la prostitución infantil de la mano de la web es uno de los grandes desafíos, coinciden los especialistas. Según un informe que difundió Unicef al inicio de esta cumbre, en todo el mundo más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños son explotados sexualmente.
El perfil de los delincuentes sexuales cibernéticos y los vacíos legales para perseguirlos, los riesgos de redes sociales como Facebook y las posibilidades que brindan para vender pornografía infantil a través de álbumes cerrados; las facilidades que ofrece el anonimato de un contacto on line para captar chicos y chicas para abuso sexual fueron algunos de los ejes de los debates del primer día.
El congreso fue inaugurado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama, Marisa Leticia, en la noche del martes. El multitudinario evento tiene lugar en un inmenso centro de exposiciones, en el sur de la ciudad, en los alrededores del residencial barrio de Barra de Tijuca. Su objetivo es intercambiar experiencias en la lucha contra la explotación sexual de la infancia, examinar progresos y reforzar los compromisos ya asumidos por los países. La primera cumbre fue en Suecia en 1996 y la segunda, en 2001, en Japón. Unicef es uno de sus promotores y organizadores. “La explotación sexual deja a los niños y niñas con cicatrices psicológicas y a veces físicas, y reduce sus esperanzas de llevar una vida digna”, dijo la directora ejecutiva de Unicef, la norteamericana Ann M. Veneman. “Ningún país ni ninguna región es inmune y nadie es inocente. Los depredadores siguen utilizando nuevos instrumentos dirigidos a los niños, incluido el ciberespacio y la nueva generación de teléfonos celulares”, alertó Veneman.
Entre las participantes se encuentran la reina Silvia de Suecia y nueve primeras damas –entre ellas, la hija de Raúl Castro, jefe de Estado de Cuba, y la hermana del presidente paraguayo Fernando Lugo, además de setenta ministros–. La delegación argentina no incluye funcionarios de primera línea.
Los nuevos escenarios de las formas de explotación sexual infantil fue el tema convocante del primer panel de ayer, que estuvo moderado por la abogada de Nigeria Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial de la ONU sobre Tráfico de Seres Humanos, en especial de mujeres y niños. La filipina Amigan Abueva, directora ejecutiva de la Red Internacional contra la Prostitución, Pornografía y la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes (Ecpat), alertó sobre los chicos que son traficados para el comercio sexual. “No son los más pobres los que están en mayor riesgo, son los que tienen capacidad de tener algún tipo de documentación para viajar”, indicó.
Los desafíos que plantea Internet fue el eje de la exposición de la irlandesa Ethel Quayle, una reconocida experta mundial sobre la explotación sexual y la pornografía en la web. “Sabemos muy poco de los chicos que son víctimas. Poco más de mil, cuyas fotos circulan en Internet, han sido identificados en todo el mundo”, apuntó. Esa tarea la llevó adelante el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (Ncmec): hasta septiembre de 2008 ese organismo informó que había logrado identificar a 1660 menores, mediante imágenes distribuidas y no distribuidas de pornografía infantil: 73 por ciento eran mujeres y 27 por ciento varones; 6 por ciento infantes o deambuladores, 49 por ciento prepúberes y 45 por ciento adolescentes.
Redes sociales como Facebook pueden facilitar el comercio de pornografía infantil a través de álbumes cerrados –como si fueran las fotos de las últimas vacaciones que se comparten con amigos–: aquí, en Brasil, se descubrió que en Orkut –el más popular de esos sitios, con 27 millones de usuarios– se vendían contraseñas para acceder a books con imágenes abusivas de chicos y chicas y esa investigación policial derivó en un reciente acuerdo entre el Ministerio Público brasileño con Google –después de una áspera disputa–, para facilitar las denuncias y la persecución a los delincuentes sexuales (ver aparte).
Otro tema de preocupación, que quedó en evidencia ayer, son los escasos filtros que ofrece la web en la captación de víctimas de abuso sexual. “La preparación on line, para un abuso sexual, a diferencia de la realizada fuera de Internet, ocurre con más rapidez y puede ser anónima”, alertó Quayle, psicóloga clínica y directora del Proyecto para Combatir las Redes de Pedofilia en Europa (Copine, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Edimburgo. Los chicos, dijo, confían más rápidamente en “su amigo” on line y tienden a ser menos inhibidos en lo que comunican, y los pedófilos no se ven restringidos por el tiempo en la accesibilidad, como cuando están en el mundo real. “En general buscan averiguar lo máximo posible que puedan sobre su víctima potencial, establecen el riesgo y la probabilidad de que el niño cuente el hecho, averiguan datos sobre sus redes sociales, pueden dar información falsa sobre ellos mismos, y si es seguro, forman una relación con el niño o lo controlan para poder encontrarse con él fuera de Internet”, describió Quayle en un informe que hizo especialmente para el Congreso, a pedido de Ecpat. Según este documento, sobre la base de distintas investigaciones se llegó a determinar el perfil de los pedófilos cibernéticos, que explotan sexualmente a nenas y nenes o coleccionan imágenes de abuso sexual infantil: son en su mayoría blancos, de apariencia occidental, de un amplio rango de edad: algunos saben mucho de computación, mientras que otros tienen destrezas básicas. “Algunos tienen una historia de abuso, mientras que para otros es la primera demostración de interés sexual en niños o es la primera vez que llaman la atención de las agencias de aplicación de la ley”, explica el estudio.
“Hay casos de fotos de niños que son utilizadas sin que ellos sepan y eso también es explotación sexual infantil”, advirtió la experta irlandesa. Otro tema que está generando debate en algunos países desarrollados, acotó, son las imágenes virtuales de abuso sexual infantil, es decir, los dibujos o comics sexualmente explícitos, una industria muy desarrollada en Japón. En muchos de esos comics se representa a niñas escolares o adultos que parecen chicos siendo violados o involucrados en actividades sadomasoquistas. Actualmente en el Reino Unido se discute la criminalización de su producción, tenencia y distribución. Quienes están en contra sostienen que prohibirlos significaría afectar la libertad de expresión y podría llevar a que quienes los consumen se vuelquen a cometer delitos sexuales más graves. Para Quayle, no hay duda: “Son crímenes en relación no con un niño en particular, sino con todos los niños”.
martes, 25 de noviembre de 2008
Adicciones: Una mezcla demasiado peligrosa
Publicó Crítica Digital
24 de noviembre de 2008
Son datos oficiales del Ministerio de Salud. Casi 4.000 adolescentes fueron internados este año con distintos cuadros de adicciones. Por qué la combinación de sustancias puede derivar en un estado de coma. El abuso del clonazepan.
Siete de cada diez adolescentes que se atienden por adicciones en la provincia de Buenos Aires abusan del consumo combinado de alcohol y psicofármacos.
La Subsecretaría de Atención a los Adicciones del Ministerio de Salud provincial (SADA) elaboró un sondeo en escuelas públicas y privadas sobre un total de 2.209 chicos de 16 a 20 años. De éste se desprende que el 19,8% de los chicos probó cerveza por primera vez a los 12 años, mientras que un 45% lo hizo a los 14 años. En cuanto a la frecuencia de consumo, el 27% reveló que toma bebidas alcohólicas fuertes como whisky, vodka o ginebra al menos una vez a la semana. También, el 20% de los consultados afirmó que consume con esa misma frecuencia alcohol mezclado con bebidas energizantes.
Desde la SADA explicaron que toda vez que un chico ingresa a una guardia hospitalaria por una intoxicación con alcohol o drogas los profesionales se encuentran frente a un panorama complejo: conocer cuál fue la sustancia que produjo la intoxicación, entender qué riesgos implica, desintoxicar y, a la vez, ofrecer contención psicológica, además de ocuparse de la continuidad del tratamiento en caso de que se trate de una adicción instalada.
En lo que va del año, la subsecretaría asistió 21 mil casos en los 189 Centros Provinciales de Atención a la Adicciones (CPA), de los cuales el 16% correspondió a menores, el 21% a personas derivadas por la Justicia, el 30% con causas pendientes y el 25% a desocupados.
CLONAZEPAM. “De lo que más abusan los chicos menores es del clonazepam mezclado con bebidas alcohólicas”, señaló Oscar Molteni, director ejecutivo del hospital El Reencuentro, que asiste alrededor de 400 adictos por mes, entre pacientes nuevos y aquellos que están en proceso de recuperación.
En el último año, los especialistas observan un notable incremento de estos casos, sobre todo en adolescentes de entre 14 y 25 años. De hecho, el 70% de los pacientes que acuden a ese centro provincial revelan que ésas son las sustancias de las que más abusan.
El clonazepam es un ansiolítico muy promocionado entre los profesionales a la hora de medicar a personas con trastornos de ansiedad. “Administrado en las dosis indicadas para cada paciente y con los intervalos necesarios resulta un medicamento eficaz para tratar ataques de pánico, fobias o estrés postraumático”, precisaron los profesionales consultados.
Sin embargo, cuando se toma sin control y en conjunción con alcohol, los efectos pueden llevar hasta el coma. “Ambas sustancias provocan, en una primera etapa, un estado de desinhibición total dando lugar a un cuadro de verborragia y exaltación emocional”, explicó Ana María Girardelli, jefa de toxicología del hospital Sor María Ludovica de La Plata.
En cambio, cuando la euforia se desvanece “ocurre lo que los chicos llaman el bajón, que es una fuerte tendencia a la depresión”, agregó Girardelli e hizo hincapié en que durante la etapa eufórica los consumidores suelen incurrir en conductas de riesgo, como manejar a alta velocidad o agredir a otro sin medir las consecuencias. Además, esta combinación acarrea trastornos metabólicos y neurológicos que pueden derivar en cuadros graves como el estado de coma y que, en la mayor parte de los casos, requieren internación y rehidratación para eliminar la toxicidad de ambas sustancias.
“Una banda de rock decidió bautizarse Las Pastillas del Abuelo. Más allá de lo gracioso del nombre, esto describe una realidad que nosotros escuchamos a diario: muchos chicos comentan que consiguen los psicofármacos en sus propios hogares, y por otro lado es evidente que existe un circuito ilegal de drogas legales”, explicó Molteni.
Para hacer frente a estas consultas, la SADA editó un manual con detalles pormenorizados sobre cómo proceder frente a un cuadro de intoxicación desde los puntos de vista clínico y psicológico.
24 de noviembre de 2008
Son datos oficiales del Ministerio de Salud. Casi 4.000 adolescentes fueron internados este año con distintos cuadros de adicciones. Por qué la combinación de sustancias puede derivar en un estado de coma. El abuso del clonazepan.
Siete de cada diez adolescentes que se atienden por adicciones en la provincia de Buenos Aires abusan del consumo combinado de alcohol y psicofármacos.
La Subsecretaría de Atención a los Adicciones del Ministerio de Salud provincial (SADA) elaboró un sondeo en escuelas públicas y privadas sobre un total de 2.209 chicos de 16 a 20 años. De éste se desprende que el 19,8% de los chicos probó cerveza por primera vez a los 12 años, mientras que un 45% lo hizo a los 14 años. En cuanto a la frecuencia de consumo, el 27% reveló que toma bebidas alcohólicas fuertes como whisky, vodka o ginebra al menos una vez a la semana. También, el 20% de los consultados afirmó que consume con esa misma frecuencia alcohol mezclado con bebidas energizantes.
Desde la SADA explicaron que toda vez que un chico ingresa a una guardia hospitalaria por una intoxicación con alcohol o drogas los profesionales se encuentran frente a un panorama complejo: conocer cuál fue la sustancia que produjo la intoxicación, entender qué riesgos implica, desintoxicar y, a la vez, ofrecer contención psicológica, además de ocuparse de la continuidad del tratamiento en caso de que se trate de una adicción instalada.
En lo que va del año, la subsecretaría asistió 21 mil casos en los 189 Centros Provinciales de Atención a la Adicciones (CPA), de los cuales el 16% correspondió a menores, el 21% a personas derivadas por la Justicia, el 30% con causas pendientes y el 25% a desocupados.
CLONAZEPAM. “De lo que más abusan los chicos menores es del clonazepam mezclado con bebidas alcohólicas”, señaló Oscar Molteni, director ejecutivo del hospital El Reencuentro, que asiste alrededor de 400 adictos por mes, entre pacientes nuevos y aquellos que están en proceso de recuperación.
En el último año, los especialistas observan un notable incremento de estos casos, sobre todo en adolescentes de entre 14 y 25 años. De hecho, el 70% de los pacientes que acuden a ese centro provincial revelan que ésas son las sustancias de las que más abusan.
El clonazepam es un ansiolítico muy promocionado entre los profesionales a la hora de medicar a personas con trastornos de ansiedad. “Administrado en las dosis indicadas para cada paciente y con los intervalos necesarios resulta un medicamento eficaz para tratar ataques de pánico, fobias o estrés postraumático”, precisaron los profesionales consultados.
Sin embargo, cuando se toma sin control y en conjunción con alcohol, los efectos pueden llevar hasta el coma. “Ambas sustancias provocan, en una primera etapa, un estado de desinhibición total dando lugar a un cuadro de verborragia y exaltación emocional”, explicó Ana María Girardelli, jefa de toxicología del hospital Sor María Ludovica de La Plata.
En cambio, cuando la euforia se desvanece “ocurre lo que los chicos llaman el bajón, que es una fuerte tendencia a la depresión”, agregó Girardelli e hizo hincapié en que durante la etapa eufórica los consumidores suelen incurrir en conductas de riesgo, como manejar a alta velocidad o agredir a otro sin medir las consecuencias. Además, esta combinación acarrea trastornos metabólicos y neurológicos que pueden derivar en cuadros graves como el estado de coma y que, en la mayor parte de los casos, requieren internación y rehidratación para eliminar la toxicidad de ambas sustancias.
“Una banda de rock decidió bautizarse Las Pastillas del Abuelo. Más allá de lo gracioso del nombre, esto describe una realidad que nosotros escuchamos a diario: muchos chicos comentan que consiguen los psicofármacos en sus propios hogares, y por otro lado es evidente que existe un circuito ilegal de drogas legales”, explicó Molteni.
Para hacer frente a estas consultas, la SADA editó un manual con detalles pormenorizados sobre cómo proceder frente a un cuadro de intoxicación desde los puntos de vista clínico y psicológico.
domingo, 23 de noviembre de 2008
La Corte avaló fallo del juez Luis Arias
Publicó Diario Hoy
21 de noviembre de 2008
El alto tribunal descartó un conflicto de competencia. Y avaló la sentencia que anuló por primera vez una forma de actuación policial naturalizada frente a la niñez en la Provincia. El ministro de Seguridad acató la orden judicial y dictó una resolución para que sus subordinados cumplan la medida
La Suprema Corte de Justicia bonaerense, con la firma de todos sus miembros, decidió rechazar la presentación realizada por la Fiscalía de Estado contra el fallo dictado por el juzgado contencioso administrativo nº 1 de La Plata que prohibió a la Policía detener a menores de 18 años por contravenciones, averiguación de identidad y para ser “entregados” a sus familias”.
La resolución del más alto tribunal de la Provincia avaló el hábeas corpus dispuesto por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, e interpuesto por el titular de la Defensoría Oficial nº 16 Julia Axat.
Fuentes judiciales informaron ayer que como consecuencia del fallo de la Suprema Corte, y a partir de lo ordenado por el juez Arias, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli dictó la resolución 3.068, dando efectivo cumplimiento al citado hábeas corpus.
En la presentación rechazada, la Fiscalía de Estado Provincial planteó un conflicto de competencia, por entender que el titular del Juzgado Contencioso se había arrogado la atribución que el artículo 161 de la Constitución provincial confiere a la Suprema Corte de justicia para declarar originariamente la inconstitucionalidad de normas locales.
En tal sentido, la Suprema Corte, entendió que no se abría la competencia originaria de ese alto tribunal, por no existir conflicto de normas locales con la Constitución provincial, sino con la Constitución nacional y Tratados Internacionales.
El defensor Axat había señalado que la “eventual revocación de ese fallo dejaría expuesto forzamiento de argumentación jurídica para rebatirlo, lo cual sería contrario a todas las convenciones de derechos humanos (DDHH) ratificadas por la Argentina y que son -localmente-obligatorias, en especial la Convención Universal de los Derechos del Niño”.
“Como la sentencia del juez hace valer el Fallo Bulacio emitido en 2003 por la Corte Interamericana de DDHH, obligando al Estado Argentino a derogar toda normativa -como lo son las contravenciones aplicadas a menores y las detenciones por averiguación de identidad-, tal incumplimiento, o todo acto contrario a dichos principios, sea una sentencia o un acto administrativo, pondría al Estado provincial ante una situación de grave responsabilidad internacional por la que, tarde o temprano, tendrá que dar cuenta”, indicó Axat.
La resolución dictada por el juez Arias fue considerada histórica y fundamental, porque, según sus impulsores, “revisa una forma de actuación policial naturalizada frente a la niñez en la Provincia”.
A instancias del hábeas corpus colectivo que denunciaba que el personal policial de las comisarías seguía teniendo facultades omnímodas respecto de los menores que eran detenidos por contravenciones, el recurso resolvió en el ámbito de La Plata “declarar inconstitucionales: las contravenciones aplicadas y detenciones por averiguación de identidad aplicadas a menores, y ordena realizar las entrega a progenitores con comunicación judicial y con intervención del servicio local; como así actualizar los registros policiales de capturas y de averiguación de paraderos”.
Por Javier Navarrete Ibáñez
Riesgo de prisión sin control judicial
La sentencia de Arias resulta armónica con el fallo de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, por el que se obligó al Estado Argentino a derogar toda normativa contraria a la Convención de los Derechos del Niño, y al Pacto de San José de Costa Rica, que ponga en riesgo la libertad de los niños y niñas en forma arbitraria, y sin el debido control judicial.
“Hay que prevalecer los aspectos preventivos ante los represivos, porque estamos hablando de niños en estado de vulnerabilidad”, indicó Arias.
Otros 3 intentos de suicidio
El fin de semana, dos pibes se quitaron la vida en un instituto de menores de La Matanza. Anteanoche, casi lo logran otros tres adolescentes en Lomas de Zamora. Denuncian falta de personal y recursos
El último fin de semana, dos pibes de 16 y 17 años se suicidaron en un instituto de Menores inaugurado 10 días antes en La Matanza. Representantes gremiales denunciaron entonces que el centro había sido habilitado con tres asistentes de minoridad, sin psicólogos ni médicos, irregularidades que el propio ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Daniel Arroyo, admitió después de que Trama Urbana hizo públicas las muertes.
Los 16 adolescentes que quedaban en ese instituto fueron derivados a otros de la Provincia, pero la situación general sigue siendo “caótica”, indicaron ayer fuentes gremiales. Según pudo saber Trama Urbana, en el Centro de Lomas de Zamora, donde hay más de 100 pibes alojados, hubo anteanoche 3 intentos de suicidio.
“Esta situación requiere medidas acordes: los trabajadores, en número insuficiente para la asistencia adecuada, y sin contar con la impres-cindible intervención profesional, se hacen cargo como pueden de la prevención y el cuidado, sometidos al estrés permanente y sufriendo ellos mismos el impacto emocional ante la situación de los pibes”, aseguró un representante de los empleados.
Según las mismas fuentes, al instituto de Lomas de Zamora fueron a parar varios de los jóvenes que estaban alojados en La Matanza al momento del doble suicidio, pero lo paradójico es que, previamente, “la planta de trabajadores de este centro se redujo por pases para abrir el de La Matanza”.
Aquel centro inaugurado el 6 de noviembre no contaba con el personal necesario, ni vías de acceso, equipos de salud ni técnicos (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados). Tampoco tenía, según los trabajadores, líneas telefónicas: sólo un celular oficial.
Diario Hoy
21 de noviembre de 2008
El alto tribunal descartó un conflicto de competencia. Y avaló la sentencia que anuló por primera vez una forma de actuación policial naturalizada frente a la niñez en la Provincia. El ministro de Seguridad acató la orden judicial y dictó una resolución para que sus subordinados cumplan la medida
La Suprema Corte de Justicia bonaerense, con la firma de todos sus miembros, decidió rechazar la presentación realizada por la Fiscalía de Estado contra el fallo dictado por el juzgado contencioso administrativo nº 1 de La Plata que prohibió a la Policía detener a menores de 18 años por contravenciones, averiguación de identidad y para ser “entregados” a sus familias”.
La resolución del más alto tribunal de la Provincia avaló el hábeas corpus dispuesto por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, e interpuesto por el titular de la Defensoría Oficial nº 16 Julia Axat.
Fuentes judiciales informaron ayer que como consecuencia del fallo de la Suprema Corte, y a partir de lo ordenado por el juez Arias, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli dictó la resolución 3.068, dando efectivo cumplimiento al citado hábeas corpus.
En la presentación rechazada, la Fiscalía de Estado Provincial planteó un conflicto de competencia, por entender que el titular del Juzgado Contencioso se había arrogado la atribución que el artículo 161 de la Constitución provincial confiere a la Suprema Corte de justicia para declarar originariamente la inconstitucionalidad de normas locales.
En tal sentido, la Suprema Corte, entendió que no se abría la competencia originaria de ese alto tribunal, por no existir conflicto de normas locales con la Constitución provincial, sino con la Constitución nacional y Tratados Internacionales.
El defensor Axat había señalado que la “eventual revocación de ese fallo dejaría expuesto forzamiento de argumentación jurídica para rebatirlo, lo cual sería contrario a todas las convenciones de derechos humanos (DDHH) ratificadas por la Argentina y que son -localmente-obligatorias, en especial la Convención Universal de los Derechos del Niño”.
“Como la sentencia del juez hace valer el Fallo Bulacio emitido en 2003 por la Corte Interamericana de DDHH, obligando al Estado Argentino a derogar toda normativa -como lo son las contravenciones aplicadas a menores y las detenciones por averiguación de identidad-, tal incumplimiento, o todo acto contrario a dichos principios, sea una sentencia o un acto administrativo, pondría al Estado provincial ante una situación de grave responsabilidad internacional por la que, tarde o temprano, tendrá que dar cuenta”, indicó Axat.
La resolución dictada por el juez Arias fue considerada histórica y fundamental, porque, según sus impulsores, “revisa una forma de actuación policial naturalizada frente a la niñez en la Provincia”.
A instancias del hábeas corpus colectivo que denunciaba que el personal policial de las comisarías seguía teniendo facultades omnímodas respecto de los menores que eran detenidos por contravenciones, el recurso resolvió en el ámbito de La Plata “declarar inconstitucionales: las contravenciones aplicadas y detenciones por averiguación de identidad aplicadas a menores, y ordena realizar las entrega a progenitores con comunicación judicial y con intervención del servicio local; como así actualizar los registros policiales de capturas y de averiguación de paraderos”.
Por Javier Navarrete Ibáñez
Riesgo de prisión sin control judicial
La sentencia de Arias resulta armónica con el fallo de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, por el que se obligó al Estado Argentino a derogar toda normativa contraria a la Convención de los Derechos del Niño, y al Pacto de San José de Costa Rica, que ponga en riesgo la libertad de los niños y niñas en forma arbitraria, y sin el debido control judicial.
“Hay que prevalecer los aspectos preventivos ante los represivos, porque estamos hablando de niños en estado de vulnerabilidad”, indicó Arias.
Otros 3 intentos de suicidio
El fin de semana, dos pibes se quitaron la vida en un instituto de menores de La Matanza. Anteanoche, casi lo logran otros tres adolescentes en Lomas de Zamora. Denuncian falta de personal y recursos
El último fin de semana, dos pibes de 16 y 17 años se suicidaron en un instituto de Menores inaugurado 10 días antes en La Matanza. Representantes gremiales denunciaron entonces que el centro había sido habilitado con tres asistentes de minoridad, sin psicólogos ni médicos, irregularidades que el propio ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Daniel Arroyo, admitió después de que Trama Urbana hizo públicas las muertes.
Los 16 adolescentes que quedaban en ese instituto fueron derivados a otros de la Provincia, pero la situación general sigue siendo “caótica”, indicaron ayer fuentes gremiales. Según pudo saber Trama Urbana, en el Centro de Lomas de Zamora, donde hay más de 100 pibes alojados, hubo anteanoche 3 intentos de suicidio.
“Esta situación requiere medidas acordes: los trabajadores, en número insuficiente para la asistencia adecuada, y sin contar con la impres-cindible intervención profesional, se hacen cargo como pueden de la prevención y el cuidado, sometidos al estrés permanente y sufriendo ellos mismos el impacto emocional ante la situación de los pibes”, aseguró un representante de los empleados.
Según las mismas fuentes, al instituto de Lomas de Zamora fueron a parar varios de los jóvenes que estaban alojados en La Matanza al momento del doble suicidio, pero lo paradójico es que, previamente, “la planta de trabajadores de este centro se redujo por pases para abrir el de La Matanza”.
Aquel centro inaugurado el 6 de noviembre no contaba con el personal necesario, ni vías de acceso, equipos de salud ni técnicos (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados). Tampoco tenía, según los trabajadores, líneas telefónicas: sólo un celular oficial.
Diario Hoy
viernes, 21 de noviembre de 2008
Cargos para el Fuero Penal Juvenil bonaerense
Publicó Diario Hoy
21 de noviembre de 2008
El gobernador Daniel Scioli anunció ayer el envío de un proyecto de ley creando 79 cargos para el Fuero Penal Juvenil.
Por intermedio del ministerio de Justicia, la iniciativa se remitió a la comisión de Mapa Judicial para su posterior elevación a la Legislatura, una vez que sea analizada y aprobada por dicho cuerpo, que integran los principales actores de la Justicia bonaerense.
“Es nuestra decisión fortalecer el Fuero Penal Juvenil en plena etapa de implementación. A mayor cantidad de órganos judiciales, mayor será la garantía de un juicio justo”, dijo el mandatario bonaerense.
El proyecto contiene 15 cargos de jueces de Garantías, 12 cargos de jueces de Responsabilidad Penal Juvenil, 26 cargos de agentes fiscales y 26 cargos de defensores oficiales, según dejaron trascender fuentes de la Gobernación provincial.
21 de noviembre de 2008
El gobernador Daniel Scioli anunció ayer el envío de un proyecto de ley creando 79 cargos para el Fuero Penal Juvenil.
Por intermedio del ministerio de Justicia, la iniciativa se remitió a la comisión de Mapa Judicial para su posterior elevación a la Legislatura, una vez que sea analizada y aprobada por dicho cuerpo, que integran los principales actores de la Justicia bonaerense.
“Es nuestra decisión fortalecer el Fuero Penal Juvenil en plena etapa de implementación. A mayor cantidad de órganos judiciales, mayor será la garantía de un juicio justo”, dijo el mandatario bonaerense.
El proyecto contiene 15 cargos de jueces de Garantías, 12 cargos de jueces de Responsabilidad Penal Juvenil, 26 cargos de agentes fiscales y 26 cargos de defensores oficiales, según dejaron trascender fuentes de la Gobernación provincial.
Divisiones en el Concejo Deliberante platense por la edad de imputabilidad
Publicó Diario Hoy
21 de noviembre de 2008
Título original: "Ley de Imputabilidad generó divisiones"
Un proyecto en el que el Concejo Deliberante platense manifestaba su rechazo a la idea del gobernador Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores, volvió a mostrar las sendas diferencias que se mantienen dentro del bloque oficialista.
La iniciativa hizo que las concejalas del Movimiento Evita se levantaran de las bancas y se retiraran del recinto al momento de votar el proyecto.
Ante la situación de tener que votar en contra del gobernador Daniel Scioli, con quien el Movimiento Evita tiene relaciones demasiado estrechas, las concejalas prefirieron estar ausentes. Es que tampoco podían negarse a votar la iniciativa, por una cuestión de principios ideológicos.
Lo mismo hizo la concejala Sabrina Rodríguez. Aunque el edil Cristian Vicent salió del recinto para buscarla, Rodríguez volvió cuando la votación ya se había realizado.
Otra lectura política fue la negativa de los concejales Enrique Caparelli y Fernanda Caffaro a votar el rechazo a la iniciativa del gobernador. Caparelli y Caffaro conformaron días atrás la Mesa Promotora de Francisco De Narváez en La Plata. Sin embargo, la negativa de votar en contra de Daniel Scioli fue considerada por algunos concejales como una “debilidad política”. “O se está con De Narváez o se está con el kirchnerismo”, dijeron.
21 de noviembre de 2008
Título original: "Ley de Imputabilidad generó divisiones"
Un proyecto en el que el Concejo Deliberante platense manifestaba su rechazo a la idea del gobernador Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores, volvió a mostrar las sendas diferencias que se mantienen dentro del bloque oficialista.
La iniciativa hizo que las concejalas del Movimiento Evita se levantaran de las bancas y se retiraran del recinto al momento de votar el proyecto.
Ante la situación de tener que votar en contra del gobernador Daniel Scioli, con quien el Movimiento Evita tiene relaciones demasiado estrechas, las concejalas prefirieron estar ausentes. Es que tampoco podían negarse a votar la iniciativa, por una cuestión de principios ideológicos.
Lo mismo hizo la concejala Sabrina Rodríguez. Aunque el edil Cristian Vicent salió del recinto para buscarla, Rodríguez volvió cuando la votación ya se había realizado.
Otra lectura política fue la negativa de los concejales Enrique Caparelli y Fernanda Caffaro a votar el rechazo a la iniciativa del gobernador. Caparelli y Caffaro conformaron días atrás la Mesa Promotora de Francisco De Narváez en La Plata. Sin embargo, la negativa de votar en contra de Daniel Scioli fue considerada por algunos concejales como una “debilidad política”. “O se está con De Narváez o se está con el kirchnerismo”, dijeron.
"No hay chicos delincuentes en las familias pobres"
Publicó Crítica Digital
17 de noviembre de 2008
Lo asegura Norberto Cosacov, psicólogo y perito judicial, autor del trabajo más completo que se haya realizado sobre menores que delinquen.
Por Jorge Camarasa, desde Córdoba
En un país donde el problema cada vez más grave de la delincuencia juvenil se discute sin estadísticas ni estudios serios, sino por aproximación, por sensacion térmica o prejuicios ideológicos, el doctor Norberto Eduardo Cosacov tiene el mérito de haber hecho el relevamiento más completo y detallado que se conozca en esta materia. Un equipo de profesionales a su cargo indagó sobre las características personales, familiares, socioculturales y psicológicas de chicos cuyas edades iban desde los 10 a los 19 años. Algo así como una “radiografía de los pibes chorros”. Entre los resultados sorprendentes (ver infografía) hay uno que sobresale: los menores no pertenecen a los márgenes más humildes de la sociedad, lo que sociológicamente se conoce como “indigentes” (menos de 570 pesos mensuales) sino a la franja que va desde la pobreza hasta la clase media baja (ingresos de 600 pesos a 2.500), tal como publicó Crítica de la Argentina en su tapa de ayer. “Es así, no hay delincuencia por debajo de la última línea de pobreza, en las familias más pobres. Tal vez tenga que ver con la necesitad de una infraestructura básica para delinquir. Hace falta una moto para escapar, un lugar donde ocultar el botín, una cobertura para usar como coartada”, explica este psicólogo de 54 años, 25 de ellos como perito judicial y los últimos 12 con trabajo específico en el Equipo Técnico de Menores.
–Su trabajo se basa en entrevistas con 108 menores que pasaron por los cuatro juzgados correccionales de Córdoba. ¿Por qué sostiene que esta estadística provincial puede proyectarse a nivel nacional?
–Porque las variables arrojadas por la encuesta en Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país, sus líneas más generales son aplicables y válidas para zonas como el conurbano bonaerense, Rosario o Mendoza. Son comunes la procedencia social de los menores, sus valores, las características del entorno familiar, los botines obtenidos en los robos y su utilización por los chicos. Puede haber pequeños matices que no invalidan el paralelo. Por ejemplo, en Córdoba, no se registran niveles de consumo de paco, pero siempre pasa que las drogas llegan primero al conurbano y luego se extienden al resto del país.
–¿Cuáles son los motivos que encontró en los chicos para delinquir?
–Sobre todo, la falta de perspectivas y de movilidad social. Están anclados a ese entorno y les resulta muy difícil salir. En la mayoría de los casos, la necesidad de consumir los empuja a robar: quieren comprarse zapatillas o jeans de marca, que para ellos es una forma de integrar grupos a los que por origen social no pertenecen.
–¿Hay contención familiar?
–En general, las familias no apañan el delito, no los mandan a robar, como se cree generalmente. Pero tampoco se hacen cargo de la situación, y las conductas delictivas se adjudican a las “malas juntas”. Una de las conclusiones es que a la mayoría de los chicos delincuentes los educaron sus hermanos. Casi todos ellos provienen de familias numerosas, donde los padres no pueden ocuparse, y los hermanos mayores van criando a los más chicos. Eso se corresponde con un dato que arrojó esta encuesta: cuando hay antecedentes penales en la familia, en el 61% de los casos ese antecedente lo tiene un hermano mayor.
–¿Y que manifiestan los jóvenes con respecto a ese entorno donde están anclados?
–La mayoría dice que quisiera irse de sus hogares para sustraerse a su medio barrial antes que al familiar.
–¿Cuál es el origen del problema?
–Hay datos predictivos que figuran en cualquier bibliografía: cuando aumenta la inflación y la desocupación, aumenta el delito. Lo que no se sabe científicamente es qué pasa cuando esas variables disminuyen. Y después está el problema de las víctimas, porque los mismos pobres son los blancos principales. Y son los que tienen posiciones más duras, los que reclaman hasta la pena de muerte.
–¿Cómo se soluciona?
–Aplicando la ley sin modificarla. Aplicándola con convicción, porque existe la ingeniería jurídica necesaria, pero los jueces no la usan. Los chicos tienen que estar más tiempo detenidos, porque si no van a empezar a aparecer los escuadrones de la muerte.
–¿Qué punto o detalle que no se traduzca en un número lo sorprendió de las respuestas de los menores?
–El nivel de racismo y de fragmentación social. El racismo era palpable en sus comentarios y vocabulario, siendo sensibles no sólo al color de la piel sino también a tener un apellido de origen italiano o criollo, es decir, español. La fragmentación se da en la inclinación a los grupos antagónicos por trivialidades tales como la hinchada de un equipo de futbol, vivir en un barrio y no otro, o ser fan de grupos musicales distintos.
–¿Imaginan un proyecto de vida para ellos?
–Sin caer en generalizaciones, es notable que la mayoría de las respuestas coincidentes manifiestan el sueño de poner un maxikiosco para ayudar a su familia.
17 de noviembre de 2008
Lo asegura Norberto Cosacov, psicólogo y perito judicial, autor del trabajo más completo que se haya realizado sobre menores que delinquen.
Por Jorge Camarasa, desde Córdoba
En un país donde el problema cada vez más grave de la delincuencia juvenil se discute sin estadísticas ni estudios serios, sino por aproximación, por sensacion térmica o prejuicios ideológicos, el doctor Norberto Eduardo Cosacov tiene el mérito de haber hecho el relevamiento más completo y detallado que se conozca en esta materia. Un equipo de profesionales a su cargo indagó sobre las características personales, familiares, socioculturales y psicológicas de chicos cuyas edades iban desde los 10 a los 19 años. Algo así como una “radiografía de los pibes chorros”. Entre los resultados sorprendentes (ver infografía) hay uno que sobresale: los menores no pertenecen a los márgenes más humildes de la sociedad, lo que sociológicamente se conoce como “indigentes” (menos de 570 pesos mensuales) sino a la franja que va desde la pobreza hasta la clase media baja (ingresos de 600 pesos a 2.500), tal como publicó Crítica de la Argentina en su tapa de ayer. “Es así, no hay delincuencia por debajo de la última línea de pobreza, en las familias más pobres. Tal vez tenga que ver con la necesitad de una infraestructura básica para delinquir. Hace falta una moto para escapar, un lugar donde ocultar el botín, una cobertura para usar como coartada”, explica este psicólogo de 54 años, 25 de ellos como perito judicial y los últimos 12 con trabajo específico en el Equipo Técnico de Menores.
–Su trabajo se basa en entrevistas con 108 menores que pasaron por los cuatro juzgados correccionales de Córdoba. ¿Por qué sostiene que esta estadística provincial puede proyectarse a nivel nacional?
–Porque las variables arrojadas por la encuesta en Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país, sus líneas más generales son aplicables y válidas para zonas como el conurbano bonaerense, Rosario o Mendoza. Son comunes la procedencia social de los menores, sus valores, las características del entorno familiar, los botines obtenidos en los robos y su utilización por los chicos. Puede haber pequeños matices que no invalidan el paralelo. Por ejemplo, en Córdoba, no se registran niveles de consumo de paco, pero siempre pasa que las drogas llegan primero al conurbano y luego se extienden al resto del país.
–¿Cuáles son los motivos que encontró en los chicos para delinquir?
–Sobre todo, la falta de perspectivas y de movilidad social. Están anclados a ese entorno y les resulta muy difícil salir. En la mayoría de los casos, la necesidad de consumir los empuja a robar: quieren comprarse zapatillas o jeans de marca, que para ellos es una forma de integrar grupos a los que por origen social no pertenecen.
–¿Hay contención familiar?
–En general, las familias no apañan el delito, no los mandan a robar, como se cree generalmente. Pero tampoco se hacen cargo de la situación, y las conductas delictivas se adjudican a las “malas juntas”. Una de las conclusiones es que a la mayoría de los chicos delincuentes los educaron sus hermanos. Casi todos ellos provienen de familias numerosas, donde los padres no pueden ocuparse, y los hermanos mayores van criando a los más chicos. Eso se corresponde con un dato que arrojó esta encuesta: cuando hay antecedentes penales en la familia, en el 61% de los casos ese antecedente lo tiene un hermano mayor.
–¿Y que manifiestan los jóvenes con respecto a ese entorno donde están anclados?
–La mayoría dice que quisiera irse de sus hogares para sustraerse a su medio barrial antes que al familiar.
–¿Cuál es el origen del problema?
–Hay datos predictivos que figuran en cualquier bibliografía: cuando aumenta la inflación y la desocupación, aumenta el delito. Lo que no se sabe científicamente es qué pasa cuando esas variables disminuyen. Y después está el problema de las víctimas, porque los mismos pobres son los blancos principales. Y son los que tienen posiciones más duras, los que reclaman hasta la pena de muerte.
–¿Cómo se soluciona?
–Aplicando la ley sin modificarla. Aplicándola con convicción, porque existe la ingeniería jurídica necesaria, pero los jueces no la usan. Los chicos tienen que estar más tiempo detenidos, porque si no van a empezar a aparecer los escuadrones de la muerte.
–¿Qué punto o detalle que no se traduzca en un número lo sorprendió de las respuestas de los menores?
–El nivel de racismo y de fragmentación social. El racismo era palpable en sus comentarios y vocabulario, siendo sensibles no sólo al color de la piel sino también a tener un apellido de origen italiano o criollo, es decir, español. La fragmentación se da en la inclinación a los grupos antagónicos por trivialidades tales como la hinchada de un equipo de futbol, vivir en un barrio y no otro, o ser fan de grupos musicales distintos.
–¿Imaginan un proyecto de vida para ellos?
–Sin caer en generalizaciones, es notable que la mayoría de las respuestas coincidentes manifiestan el sueño de poner un maxikiosco para ayudar a su familia.
ADN del pibe chorro
Publicó Crítica Digital
16 de noviembre de 2008
Siete de diez dicen que roban para salir o comprar ropa. El 51% dijo que no salió a robar drogado y el 33% asegura que sufrió maltrato infantil. Jorge Lanata.
Por Jorge Lanata
El Instituto Dr. Luis Agote, el Agote, aloja a 38 chicos entre 18 y 20 años. Nahuel Gallota coordina allí un taller de periodismo deportivo. Un día les preguntó qué querrían hacer si pudieran tener una noche libre, o una vida libre:
–Tener un hijo, llamarlo Taiel, llevarlo a Disney y llevarlo siempre a McDonald’s en una 4 x 4 –le dijo Pedro, de la Isla Maciel.
–¿Y tu noche ideal?
–Quiero llevar a mi novia al McDonald’s.
–Yo quiero ir con mi novia a comer, después ir a bailar a Rimbo o Mónica con mis amigos, y tomar New Age de durazno –respondió Daniel.
–Salir con mi chica –dijo Juan–, después llevarla en un 206 a la casa, dejarla, darle un beso y que me diga que pasó una linda noche.
Todos contaron cómo les gusta comprarse ropa. La mayoría ya están casados, y tienen más de un hijo. Otros soñaron su noche perfecta con Nazarena Vélez o Luisana Lopilato.
La mayoría está condenada por robo y tentativa de homicidio, y algunos pasaron de la tentativa al hecho. Sus “vidas libres” son un sueño vano. Creen que la felicidad se aloja en un Big Mac, un beso, un 206, un trago, una noche perfecta que nunca termina de pasar. ¿No fuimos nosotros, los adultos, quienes les vendimos esos sueños? Matan porque los matan: saben que sus vidas no valen nada e intuyen que las de los demás tampoco. Matar es un flash, una película que sucede en otro lado al que se entra y sale, una pesadilla de puerta giratoria. A ellos no les importa; a nosotros no nos importan ellos, al Sistema no le importan ni ellos ni nosotros, y así. La historia que sigue, en realidad, habla de los adultos todo el tiempo.
LA NARANJA MECÁNICA. El mismo jefe de la Policía Bonaerense que hace un par de años sostuvo la inexistencia del “paco” asegura ahora que “según estadísticas de su fuerza” (?) “los menores cometen un millón de delitos graves por año”. “Tampoco registra la Corte, en los últimos siete años, un alza considerable del delito a cargo de menores, sino que la tendencia fluctuó: en 2000 se iniciaron 23.105 expedientes, en 2006 subió a 31.602 causas, hasta llegar a las 29.371 del año pasado.”
En octubre último Unicef, el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentaron un estudio nacional sobre la cantidad de menores “en conflicto con la ley”, en base a datos de diciembre de 2007: hay 6.294 jóvenes en institutos por orden judicial, el 30% del total está en establecimientos cerrados o semicerrados y el 70% en programas alternativos que no implican privación de la libertad. Hay 11 varones por cada mujer alojada, y el 90% de los chicos “institucionalizados” son hombres.
Como puede observarse en los cuadros que acompañan esta nota (ver edición impresa), la mayoría está preso por robo, y en el 38% de los casos se trata de delitos contra la propiedad sin armas.
Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, treinta y nueve de ellos contradicen la Convención de los Derechos del Niño, permitiendo el encierro mayor de 72 horas en comisarías o cárceles de adultos. Se les imparte entre dos a cuatro horas diarias de educación primaria y de dos a cinco de secundaria, y el 40% de los establecimientos tienen talleres de capacitación en oficios.
Las penas para menores están reguladas por dos decretos ley de la dictadura, el 22.278 y el 22.803, que dividen a los adolescentes en dos grupos:
–Menores de 16 años: no son punibles, pero pueden terminar en un instituto por decisión del juez. No se los juzga ni castiga por el delito, sino que se les abre un “expediente tutelar”. El chico es considerado un “incapaz” y el juez asume su tutela. Las categorías del decreto son ambiguas: se habla de “menores en situación de riesgo”, “en peligro moral o material” o en “circunstancias especialmente difíciles”, con lo que se termina equiparando al menor abandonado con el menor delincuente.
–Entre 16 y 18 años: son punibles con restricciones. Se instruye una investigación sobre el delito, pero el chico no cumple condena hasta ser mayor de edad. Es en ese momento cuando el juez decide si la pena se aplica y el chico pasa a una cárcel de adultos.
–Con esta ley se abre la posibilidad a la intervención judicial más discrecional que hay –le dijo a Crítica de la Argentina Laura Musa, a cargo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad–. El chico puede estar encerrado en un instituto tanto tiempo como le plazca al juez. Para colmo, hay mecanismos que facilitan la fuga, necesitan ingresar chicos todo el tiempo.
EL CALVARIO DE LOS GÓMEZ. En 2002 la familia Gómez, de La Boca, luchaba por sobrevivir a la crisis. El padre, miembro de la clase media caída al precipicio, terminó cartoneando mientras la madre cuidaba a cuatro de sus seis hijos: una nena de cinco y tres varones de seis, quince y dieciséis. Los otros dos hijos de la pareja ya tenían más de veinte años y vida propia lejos de la casa. La señora de Gómez se dejó tragar por un pozo depresivo y casi no se levantaba de la cama. Dejó de mandar sus chicos al colegio, y la escuela formuló una denuncia por abandono de los dos más pequeños. Personal judicial llegó a la casa para hacer una “inspección socioambiental”: informaron la presencia de “olor nauseabundo” (los Gómez acumulaban allí algunos cartones que después vendían) y señalaron que la madre “seguía estando en camisón al mediodía”. “La mujer no materna apropiadamente”, concluyeron. Los dos hijos menores terminaron en un instituto y la crisis emocional de la señora de Gómez empeoró. El nene de quince, en una de las visitas, le pegó a un funcionario judicial. Lo enviaron a un instituto. El mayor, al poco tiempo, se involucró en un robo y también terminó internado. La mala suerte les cayó encima como un alud; en menos de ocho meses los cuatro hijos fueron a parar a un instituto: los dos más chicos en el Alvear y los otros en el Belgrano y el San Martín. Finalmente una de las hermanas mayores, cuatro años más tarde, logró concluir los trámites de adopción de sus hermanos, que no volverían a ser restituidos a su madre. El hermano mayor hoy está preso por robo en una cárcel de adultos.
Mirta Ravera Godoy, jueza del Tribunal Oral 5 de San Isidro, fue testigo de una fuga inducida por el propio centro de detención: la de un chico de 14 años acusado de violación. El menor fue detenido y llevado a un instituto cerrado. Al tiempo, sin notificarle al juzgado, lo trasladan a un centro de régimen abierto del que se fugó. El pasado 4 de enero el chico volvió a entrar a una casa, robó y atacó sexualmente a una mujer. Detenido de nuevo, el chico relató ante la jueza que en el centro de detención le habían sugerido que se fuera.
Raquel Robles, una de las fundadoras de HIJOS, especialista en chicos en riesgo y directora del Instituto de Menores San Martín, que aloja chicos entre 13 y 15 años comentó a este diario el caso de Diego, un chico de La Matanza que está en situación de calle en Capital, entró por primera vez a los 13 años, ahora tiene 15 y ya tuvo treinta ingresos al instituto.
–Lo que me parece es que los chicos tienen una falta de infancia muy profunda –señaló Raquel– y me parece mal que el Estado los trate como si fueran adultos o jóvenes de más edad, que es lo que pasaría si bajan la edad de imputabilidad. Eso no ayuda a restituirles infancia. Eso no significa que el Estado no accione, tiene que poder tener una intervención de los chicos antes de que transgredan.
EL INFORME COSACOV. El perito del Equipo Técnico de Menores del Poder Judicial y docente de la Universidad de Córdoba Norberto Cosacov realizó un pormenorizado estudio sobre los menores que pasaron por los juzgados correccionales de su provincia entre 2006 y 2007. Según Cosacov “las variantes arrojadas en la encuesta de Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país”. El estudio muestra que la mayoría de los jóvenes que delinquen no provienen de hogares indigentes (esto es con ingresos inferiores a $570 mensuales para cuatro personas), sino de hogares pobres y de clase media baja, con ingresos por hogar entre 500 y 2.500 pesos mensuales. Siete de cada diez afirman que no roban para comprar drogas sino ropa y calzado de lujo, financiar salidas y entretenimientos; la mayor parte de los encuestados sostiene que querría irse del barrio que habita, y su sueño más reiterado es el de “poner un maxikiosco”. El 34% admite consumir regularmente alcohol, el 21% marihuana, el 18% pastillas mezcladas con alcohol, el 14% pegamento y el 7% cocaína. El 51% dijo que no salió a robar drogado. El 33% dijo haber sufrido maltrato infantil y el 40% no quiso responder a esa pregunta.
La mitad de los jóvenes entrevistados no supo qué contestar cuando se le preguntó qué harían, de ser jueces, con un caso como el suyo. El 16% dijo que “lo dejaría libre” y el 19% optó por “darle otra oportunidad”. Ninguno de ellos usaba piercing o se teñía el pelo, pero la gran mayoría exhibía sus tatuajes como símbolo de pertenencia y expresaban, tanto en su vocabulario como en los comentarios, un fuerte nivel de racismo.
(Investigación: Jorge Lanata / Jorge Camarasa (Desde Córdoba) / Luciana Geuna / Jesica Bossi)
16 de noviembre de 2008
Siete de diez dicen que roban para salir o comprar ropa. El 51% dijo que no salió a robar drogado y el 33% asegura que sufrió maltrato infantil. Jorge Lanata.
Por Jorge Lanata
El Instituto Dr. Luis Agote, el Agote, aloja a 38 chicos entre 18 y 20 años. Nahuel Gallota coordina allí un taller de periodismo deportivo. Un día les preguntó qué querrían hacer si pudieran tener una noche libre, o una vida libre:
–Tener un hijo, llamarlo Taiel, llevarlo a Disney y llevarlo siempre a McDonald’s en una 4 x 4 –le dijo Pedro, de la Isla Maciel.
–¿Y tu noche ideal?
–Quiero llevar a mi novia al McDonald’s.
–Yo quiero ir con mi novia a comer, después ir a bailar a Rimbo o Mónica con mis amigos, y tomar New Age de durazno –respondió Daniel.
–Salir con mi chica –dijo Juan–, después llevarla en un 206 a la casa, dejarla, darle un beso y que me diga que pasó una linda noche.
Todos contaron cómo les gusta comprarse ropa. La mayoría ya están casados, y tienen más de un hijo. Otros soñaron su noche perfecta con Nazarena Vélez o Luisana Lopilato.
La mayoría está condenada por robo y tentativa de homicidio, y algunos pasaron de la tentativa al hecho. Sus “vidas libres” son un sueño vano. Creen que la felicidad se aloja en un Big Mac, un beso, un 206, un trago, una noche perfecta que nunca termina de pasar. ¿No fuimos nosotros, los adultos, quienes les vendimos esos sueños? Matan porque los matan: saben que sus vidas no valen nada e intuyen que las de los demás tampoco. Matar es un flash, una película que sucede en otro lado al que se entra y sale, una pesadilla de puerta giratoria. A ellos no les importa; a nosotros no nos importan ellos, al Sistema no le importan ni ellos ni nosotros, y así. La historia que sigue, en realidad, habla de los adultos todo el tiempo.
LA NARANJA MECÁNICA. El mismo jefe de la Policía Bonaerense que hace un par de años sostuvo la inexistencia del “paco” asegura ahora que “según estadísticas de su fuerza” (?) “los menores cometen un millón de delitos graves por año”. “Tampoco registra la Corte, en los últimos siete años, un alza considerable del delito a cargo de menores, sino que la tendencia fluctuó: en 2000 se iniciaron 23.105 expedientes, en 2006 subió a 31.602 causas, hasta llegar a las 29.371 del año pasado.”
En octubre último Unicef, el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentaron un estudio nacional sobre la cantidad de menores “en conflicto con la ley”, en base a datos de diciembre de 2007: hay 6.294 jóvenes en institutos por orden judicial, el 30% del total está en establecimientos cerrados o semicerrados y el 70% en programas alternativos que no implican privación de la libertad. Hay 11 varones por cada mujer alojada, y el 90% de los chicos “institucionalizados” son hombres.
Como puede observarse en los cuadros que acompañan esta nota (ver edición impresa), la mayoría está preso por robo, y en el 38% de los casos se trata de delitos contra la propiedad sin armas.
Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, treinta y nueve de ellos contradicen la Convención de los Derechos del Niño, permitiendo el encierro mayor de 72 horas en comisarías o cárceles de adultos. Se les imparte entre dos a cuatro horas diarias de educación primaria y de dos a cinco de secundaria, y el 40% de los establecimientos tienen talleres de capacitación en oficios.
Las penas para menores están reguladas por dos decretos ley de la dictadura, el 22.278 y el 22.803, que dividen a los adolescentes en dos grupos:
–Menores de 16 años: no son punibles, pero pueden terminar en un instituto por decisión del juez. No se los juzga ni castiga por el delito, sino que se les abre un “expediente tutelar”. El chico es considerado un “incapaz” y el juez asume su tutela. Las categorías del decreto son ambiguas: se habla de “menores en situación de riesgo”, “en peligro moral o material” o en “circunstancias especialmente difíciles”, con lo que se termina equiparando al menor abandonado con el menor delincuente.
–Entre 16 y 18 años: son punibles con restricciones. Se instruye una investigación sobre el delito, pero el chico no cumple condena hasta ser mayor de edad. Es en ese momento cuando el juez decide si la pena se aplica y el chico pasa a una cárcel de adultos.
–Con esta ley se abre la posibilidad a la intervención judicial más discrecional que hay –le dijo a Crítica de la Argentina Laura Musa, a cargo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad–. El chico puede estar encerrado en un instituto tanto tiempo como le plazca al juez. Para colmo, hay mecanismos que facilitan la fuga, necesitan ingresar chicos todo el tiempo.
EL CALVARIO DE LOS GÓMEZ. En 2002 la familia Gómez, de La Boca, luchaba por sobrevivir a la crisis. El padre, miembro de la clase media caída al precipicio, terminó cartoneando mientras la madre cuidaba a cuatro de sus seis hijos: una nena de cinco y tres varones de seis, quince y dieciséis. Los otros dos hijos de la pareja ya tenían más de veinte años y vida propia lejos de la casa. La señora de Gómez se dejó tragar por un pozo depresivo y casi no se levantaba de la cama. Dejó de mandar sus chicos al colegio, y la escuela formuló una denuncia por abandono de los dos más pequeños. Personal judicial llegó a la casa para hacer una “inspección socioambiental”: informaron la presencia de “olor nauseabundo” (los Gómez acumulaban allí algunos cartones que después vendían) y señalaron que la madre “seguía estando en camisón al mediodía”. “La mujer no materna apropiadamente”, concluyeron. Los dos hijos menores terminaron en un instituto y la crisis emocional de la señora de Gómez empeoró. El nene de quince, en una de las visitas, le pegó a un funcionario judicial. Lo enviaron a un instituto. El mayor, al poco tiempo, se involucró en un robo y también terminó internado. La mala suerte les cayó encima como un alud; en menos de ocho meses los cuatro hijos fueron a parar a un instituto: los dos más chicos en el Alvear y los otros en el Belgrano y el San Martín. Finalmente una de las hermanas mayores, cuatro años más tarde, logró concluir los trámites de adopción de sus hermanos, que no volverían a ser restituidos a su madre. El hermano mayor hoy está preso por robo en una cárcel de adultos.
Mirta Ravera Godoy, jueza del Tribunal Oral 5 de San Isidro, fue testigo de una fuga inducida por el propio centro de detención: la de un chico de 14 años acusado de violación. El menor fue detenido y llevado a un instituto cerrado. Al tiempo, sin notificarle al juzgado, lo trasladan a un centro de régimen abierto del que se fugó. El pasado 4 de enero el chico volvió a entrar a una casa, robó y atacó sexualmente a una mujer. Detenido de nuevo, el chico relató ante la jueza que en el centro de detención le habían sugerido que se fuera.
Raquel Robles, una de las fundadoras de HIJOS, especialista en chicos en riesgo y directora del Instituto de Menores San Martín, que aloja chicos entre 13 y 15 años comentó a este diario el caso de Diego, un chico de La Matanza que está en situación de calle en Capital, entró por primera vez a los 13 años, ahora tiene 15 y ya tuvo treinta ingresos al instituto.
–Lo que me parece es que los chicos tienen una falta de infancia muy profunda –señaló Raquel– y me parece mal que el Estado los trate como si fueran adultos o jóvenes de más edad, que es lo que pasaría si bajan la edad de imputabilidad. Eso no ayuda a restituirles infancia. Eso no significa que el Estado no accione, tiene que poder tener una intervención de los chicos antes de que transgredan.
EL INFORME COSACOV. El perito del Equipo Técnico de Menores del Poder Judicial y docente de la Universidad de Córdoba Norberto Cosacov realizó un pormenorizado estudio sobre los menores que pasaron por los juzgados correccionales de su provincia entre 2006 y 2007. Según Cosacov “las variantes arrojadas en la encuesta de Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país”. El estudio muestra que la mayoría de los jóvenes que delinquen no provienen de hogares indigentes (esto es con ingresos inferiores a $570 mensuales para cuatro personas), sino de hogares pobres y de clase media baja, con ingresos por hogar entre 500 y 2.500 pesos mensuales. Siete de cada diez afirman que no roban para comprar drogas sino ropa y calzado de lujo, financiar salidas y entretenimientos; la mayor parte de los encuestados sostiene que querría irse del barrio que habita, y su sueño más reiterado es el de “poner un maxikiosco”. El 34% admite consumir regularmente alcohol, el 21% marihuana, el 18% pastillas mezcladas con alcohol, el 14% pegamento y el 7% cocaína. El 51% dijo que no salió a robar drogado. El 33% dijo haber sufrido maltrato infantil y el 40% no quiso responder a esa pregunta.
La mitad de los jóvenes entrevistados no supo qué contestar cuando se le preguntó qué harían, de ser jueces, con un caso como el suyo. El 16% dijo que “lo dejaría libre” y el 19% optó por “darle otra oportunidad”. Ninguno de ellos usaba piercing o se teñía el pelo, pero la gran mayoría exhibía sus tatuajes como símbolo de pertenencia y expresaban, tanto en su vocabulario como en los comentarios, un fuerte nivel de racismo.
(Investigación: Jorge Lanata / Jorge Camarasa (Desde Córdoba) / Luciana Geuna / Jesica Bossi)
Impunidad y abuso sexual van de la mano
Publicó Página|12
Suplemento Las 12
14 de Noviembre de 2008
Título original: "Asi no"
El abuso sexual infantil –que tiene en el calendario un día marcado, el 19 de noviembre, para alentar campañas en su contra– sigue teniendo un tratamiento desparejo en los Tribunales, donde no sólo suele ponerse en duda la palabra de niños y niñas, sino también se juzga y acusa a los profesionales que los asisten por exhibir “Fanatismo de Género” –una perla usada en mayúsculas por una agrupación de padres procesados–. Niños y niñas siguen siendo rehenes.
Por Roxana Sandá
La oficina, gris, no le causó la mejor impresión. “¡Qué feo es este lugar!”, reclamó enojada a los adultos que la acompañaban, todos callados por piedad hacia el ambiente. Sólo un policía de guardia le respondió: “Porque acá vienen las chicas malas”. El individuo era un oficial consignado a un juzgado de Morón, donde se encontraba la niña de 10 años que había sido abusada sexualmente desde los tres años por su padre, para iniciar un proceso de revinculación con el victimario, por disposición del tribunal que entendía en la causa. Ningún caso de abuso sexual infantil guarda semejanza entre sí; cada uno es único e intransferible. Sin embargo, sostienen los especialistas, todos tienen en común el tratamiento deficiente que les imparte la Justicia argentina, sobre todo en aquellos casos que involucran a niñas, habida cuenta de que el 90 por ciento de los abusos son intrafamiliares y que en su mayoría comprometen a las púberes y adolescentes.
En febrero, los jueces Emilio Castro, José Andrada y Héctor Dedominichi, de la Cámara Penal Nº 2 de Neuquén, consideraron que pese al bebé parido en 2006 por una niña de 12 años abusada desde pequeña por su vecino, un policía retirado de 73 años quien además, según el examen de ADN, es padre de esa criatura, el embarazo no demostró la existencia de penetración. Resolvieron una condena de cuatro años por un delito leve, en vez de los once que solicitó la fiscalía, porque concluyeron que la niña nunca dijo que el hombre la había penetrado y porque en el transcurso de la investigación no se le practicó un examen ginecológico. “En consecuencia –dice el fallo–, queda la duda.” Desde ocho meses atrás, la nena y su familia soportan la convivencia, medianera de por medio, con ese hombre que por edad avanzada cumple arresto domiciliario.
“Hay una situación de estancamiento en la Justicia que revictimiza a chicos y chicas abusados. No les creen, consideran que no hay pruebas suficientes; los casos se transforman en juicios eternos y en general no se llega a la condena del abusador. La estructura judicial está cruzada por una concepción patriarcal, de visión machista. Prefieren instalar el discurso de que las madres denunciantes están medio locas y se hace eje en el imaginario de familias ideales, que no existen”, sostiene Nora Shulman, directora del Comité Argentino del Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). “La Justicia tiene un ochenta por ciento de responsabilidad al no darles una resolución rápida a los conflictos, y muchas veces hace diferencias entre las mismas madres de niñas abusadas, según los recursos sociales y económicos que unas y otras tengan para defender a sus hijas.”
Haberle puesto voz al silencio a partir de mujeres que se animan a denunciar es un avance significativo de la época. Pero los pequeños pasos dados sufren retrocesos desalentadores cada vez que deben escalar un ámbito judicial que atrasa en varios frentes. “Tenemos un caso de una nena de ocho años, abusada por su padre desde los tres –relata Shulman–. La madre atraviesa un juicio penal por considerarse que secuestró a la niña con la excusa de cuidarla. La Justicia llegó a devolver la niña al abusador, aunque ésta decía al defensor de menores que el padre seguía abusándola. Sólo cuando un nuevo defensor abrió sus oídos a esa chica, se le dio un giro a la causa.”
Un paréntesis: la revinculación no es posible. “Hay que tener en claro que un padre que utiliza a su hija como objeto sexual no es ni era antes padre. No hay vínculo parental posible, por lo tanto no puede haber revinculación posible. Los abusadores reinciden siempre”, aclara María Beatriz Müller, titular de la asociación civil Salud Activa, de la localidad bonaerense de Merlo, que recibe un promedio de cinco casos semanales.
No son épocas sencillas para el abordaje del abuso sexual infantil en la Argentina. Figuras de prestigio e integrantes de instituciones emblemáticas del país, como la Iglesia católica, acusados por pedofilia, corrupción y violación, entre otros cargos graves, avivaron un debate violento. Los casos del sacerdote Julio Grassi y del psicólogo Jorge Corsi realimentaron argumentos en algunos sectores, como la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), que exige el paso al costado de colegas de Corsi, para que intervengan profesionales “no contaminados con la ideología de la perversidad que derivó en la postura del Fanatismo de Género” (con mayúsculas del original).
El optimismo de algunas mujeres, como la diputada porteña María Eugenia Rodríguez Araya (PRO), contrarresta que “las aguas sólo se aclaran con información”. Espera que su proyecto aprobado en tiempo record para declarar el 19 de noviembre Día para la prevención del abuso contra los niños, niñas y adolescentes, en sintonía con la fecha internacional, despierte conciencias. Y a partir de otra iniciativa de su autoría, para la creación de un programa de prevención del abuso infantil que baje a las escuelas de la ciudad, confirma desde la política lo que propalan las organizaciones sociales: “No existen ley ni programa específicos que abarquen la problemática. Es necesaria una articulación entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social”, reconoce la legisladora.
Los agujeros se extienden a todo el territorio nacional. Falta un sistema estadístico de registro de casos, capacitación de profesionales y operadores, una asignación sólida de recursos desde las provincias y los municipios –salvo mojones, como San Isidro y Morón– y, en definitiva, se extraña una decisión política fuerte para enfocar el problema. “No hay programas provinciales o nacionales que tomen el toro por las astas”, agrega Müller. “Demonizan a chicas y adolescentes, sin hacerse cargo de la responsabilidad de implementar políticas públicas que unifiquen criterios y obliguen a cumplirlos.”
Los daños que le provocó el abusador Arturo Benavídez, un poderoso empresario de la localidad cordobesa de San Javier, a la joven María Elizabeth Díaz, Eli, entre los 9 y los 19 años, son inconmensurables. Benavídez fue condenado esta semana a ocho años de prisión por “abuso deshonesto reiterado, abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves”. Eli, como Romina Tejerina, afrontó un juicio por filicidio en 2006, tras haber asesinado a su beba recién nacida. A diferencia de Romina, fue absuelta por un jurado popular de vecinos de San Javier. La abogada Leticia Celli, que representa a la joven, dijo a este diario que “demostró una entereza muy grande para denunciar lo que había callado por miedo durante tantos años”.
La gravedad de la perversión que implica el abuso sexual está dada por su carácter reiterativo y por el secreto que impone el victimario a la niña, bajo la amenaza de que, si revela lo que ocurre, algo terrible sucederá. El pediatra Jorge Brieva, coordinador del Comité de Niños en Riesgo del Hospital Ricardo Gutiérrez, confirma que esos ejes arrasan la psiquis infantil. “El abuso sexual es una patología de los adultos que sufren los niños. No tiene cura, pero sí una mejoría que les permite vivir con esa historia por el resto de sus vidas. Los grupos vulnerables más frecuentes son los niños menores de cuatro años, elegidos por su dificultad para hablar con claridad, y las púberes, en su etapa de desarrollo.”
El abuso sexual infantil está atravesado con crudeza por una cuestión de género que somete a las niñas, en innumerables casos, a traumas no resueltos que por lo general despiertan en la adolescencia. “Es una etapa clave porque cuestiona toda la infancia –remarca Brieva–. Si esa niña vivió una situación abusiva, más adelante surgirán cuadros de bulimia, anorexia o trastornos en sus relaciones interpersonales y sexuales.”
Los servicios de atención de maltrato y abuso sexual infanto-juvenil de los hospitales nacionales y provinciales están atestados. Varios especialistas a cargo de esas áreas admiten que en los últimos años aumentaron las consultas por todo tipo de maltrato. “No es cierto el argumento de que el aumento de registro de casos es una sensación que se genera porque se denuncia más o se habla más del tema”, advierte Brieva. “Las condiciones mundiales de desarrollo social han cambiado tanto que en verdad la situación se agrava y los mecanismos con que uno cuenta para solucionar las cosas resultan cada vez más difíciles. Desde el Comité nos preguntamos cómo rearmar una familia, cómo lograr que el abusador sea excluido y que esa exclusión se mantenga en el tiempo, si todos los días dejan en libertad a los victimarios. Creo que se necesitan otros estamentos que actúen desde el Estado, y ahí es donde está nuestro signo de interrogación.”
Suplemento Las 12
14 de Noviembre de 2008
Título original: "Asi no"
El abuso sexual infantil –que tiene en el calendario un día marcado, el 19 de noviembre, para alentar campañas en su contra– sigue teniendo un tratamiento desparejo en los Tribunales, donde no sólo suele ponerse en duda la palabra de niños y niñas, sino también se juzga y acusa a los profesionales que los asisten por exhibir “Fanatismo de Género” –una perla usada en mayúsculas por una agrupación de padres procesados–. Niños y niñas siguen siendo rehenes.
Por Roxana Sandá
La oficina, gris, no le causó la mejor impresión. “¡Qué feo es este lugar!”, reclamó enojada a los adultos que la acompañaban, todos callados por piedad hacia el ambiente. Sólo un policía de guardia le respondió: “Porque acá vienen las chicas malas”. El individuo era un oficial consignado a un juzgado de Morón, donde se encontraba la niña de 10 años que había sido abusada sexualmente desde los tres años por su padre, para iniciar un proceso de revinculación con el victimario, por disposición del tribunal que entendía en la causa. Ningún caso de abuso sexual infantil guarda semejanza entre sí; cada uno es único e intransferible. Sin embargo, sostienen los especialistas, todos tienen en común el tratamiento deficiente que les imparte la Justicia argentina, sobre todo en aquellos casos que involucran a niñas, habida cuenta de que el 90 por ciento de los abusos son intrafamiliares y que en su mayoría comprometen a las púberes y adolescentes.
En febrero, los jueces Emilio Castro, José Andrada y Héctor Dedominichi, de la Cámara Penal Nº 2 de Neuquén, consideraron que pese al bebé parido en 2006 por una niña de 12 años abusada desde pequeña por su vecino, un policía retirado de 73 años quien además, según el examen de ADN, es padre de esa criatura, el embarazo no demostró la existencia de penetración. Resolvieron una condena de cuatro años por un delito leve, en vez de los once que solicitó la fiscalía, porque concluyeron que la niña nunca dijo que el hombre la había penetrado y porque en el transcurso de la investigación no se le practicó un examen ginecológico. “En consecuencia –dice el fallo–, queda la duda.” Desde ocho meses atrás, la nena y su familia soportan la convivencia, medianera de por medio, con ese hombre que por edad avanzada cumple arresto domiciliario.
“Hay una situación de estancamiento en la Justicia que revictimiza a chicos y chicas abusados. No les creen, consideran que no hay pruebas suficientes; los casos se transforman en juicios eternos y en general no se llega a la condena del abusador. La estructura judicial está cruzada por una concepción patriarcal, de visión machista. Prefieren instalar el discurso de que las madres denunciantes están medio locas y se hace eje en el imaginario de familias ideales, que no existen”, sostiene Nora Shulman, directora del Comité Argentino del Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). “La Justicia tiene un ochenta por ciento de responsabilidad al no darles una resolución rápida a los conflictos, y muchas veces hace diferencias entre las mismas madres de niñas abusadas, según los recursos sociales y económicos que unas y otras tengan para defender a sus hijas.”
Haberle puesto voz al silencio a partir de mujeres que se animan a denunciar es un avance significativo de la época. Pero los pequeños pasos dados sufren retrocesos desalentadores cada vez que deben escalar un ámbito judicial que atrasa en varios frentes. “Tenemos un caso de una nena de ocho años, abusada por su padre desde los tres –relata Shulman–. La madre atraviesa un juicio penal por considerarse que secuestró a la niña con la excusa de cuidarla. La Justicia llegó a devolver la niña al abusador, aunque ésta decía al defensor de menores que el padre seguía abusándola. Sólo cuando un nuevo defensor abrió sus oídos a esa chica, se le dio un giro a la causa.”
Un paréntesis: la revinculación no es posible. “Hay que tener en claro que un padre que utiliza a su hija como objeto sexual no es ni era antes padre. No hay vínculo parental posible, por lo tanto no puede haber revinculación posible. Los abusadores reinciden siempre”, aclara María Beatriz Müller, titular de la asociación civil Salud Activa, de la localidad bonaerense de Merlo, que recibe un promedio de cinco casos semanales.
No son épocas sencillas para el abordaje del abuso sexual infantil en la Argentina. Figuras de prestigio e integrantes de instituciones emblemáticas del país, como la Iglesia católica, acusados por pedofilia, corrupción y violación, entre otros cargos graves, avivaron un debate violento. Los casos del sacerdote Julio Grassi y del psicólogo Jorge Corsi realimentaron argumentos en algunos sectores, como la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), que exige el paso al costado de colegas de Corsi, para que intervengan profesionales “no contaminados con la ideología de la perversidad que derivó en la postura del Fanatismo de Género” (con mayúsculas del original).
El optimismo de algunas mujeres, como la diputada porteña María Eugenia Rodríguez Araya (PRO), contrarresta que “las aguas sólo se aclaran con información”. Espera que su proyecto aprobado en tiempo record para declarar el 19 de noviembre Día para la prevención del abuso contra los niños, niñas y adolescentes, en sintonía con la fecha internacional, despierte conciencias. Y a partir de otra iniciativa de su autoría, para la creación de un programa de prevención del abuso infantil que baje a las escuelas de la ciudad, confirma desde la política lo que propalan las organizaciones sociales: “No existen ley ni programa específicos que abarquen la problemática. Es necesaria una articulación entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social”, reconoce la legisladora.
Los agujeros se extienden a todo el territorio nacional. Falta un sistema estadístico de registro de casos, capacitación de profesionales y operadores, una asignación sólida de recursos desde las provincias y los municipios –salvo mojones, como San Isidro y Morón– y, en definitiva, se extraña una decisión política fuerte para enfocar el problema. “No hay programas provinciales o nacionales que tomen el toro por las astas”, agrega Müller. “Demonizan a chicas y adolescentes, sin hacerse cargo de la responsabilidad de implementar políticas públicas que unifiquen criterios y obliguen a cumplirlos.”
Los daños que le provocó el abusador Arturo Benavídez, un poderoso empresario de la localidad cordobesa de San Javier, a la joven María Elizabeth Díaz, Eli, entre los 9 y los 19 años, son inconmensurables. Benavídez fue condenado esta semana a ocho años de prisión por “abuso deshonesto reiterado, abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves”. Eli, como Romina Tejerina, afrontó un juicio por filicidio en 2006, tras haber asesinado a su beba recién nacida. A diferencia de Romina, fue absuelta por un jurado popular de vecinos de San Javier. La abogada Leticia Celli, que representa a la joven, dijo a este diario que “demostró una entereza muy grande para denunciar lo que había callado por miedo durante tantos años”.
La gravedad de la perversión que implica el abuso sexual está dada por su carácter reiterativo y por el secreto que impone el victimario a la niña, bajo la amenaza de que, si revela lo que ocurre, algo terrible sucederá. El pediatra Jorge Brieva, coordinador del Comité de Niños en Riesgo del Hospital Ricardo Gutiérrez, confirma que esos ejes arrasan la psiquis infantil. “El abuso sexual es una patología de los adultos que sufren los niños. No tiene cura, pero sí una mejoría que les permite vivir con esa historia por el resto de sus vidas. Los grupos vulnerables más frecuentes son los niños menores de cuatro años, elegidos por su dificultad para hablar con claridad, y las púberes, en su etapa de desarrollo.”
El abuso sexual infantil está atravesado con crudeza por una cuestión de género que somete a las niñas, en innumerables casos, a traumas no resueltos que por lo general despiertan en la adolescencia. “Es una etapa clave porque cuestiona toda la infancia –remarca Brieva–. Si esa niña vivió una situación abusiva, más adelante surgirán cuadros de bulimia, anorexia o trastornos en sus relaciones interpersonales y sexuales.”
Los servicios de atención de maltrato y abuso sexual infanto-juvenil de los hospitales nacionales y provinciales están atestados. Varios especialistas a cargo de esas áreas admiten que en los últimos años aumentaron las consultas por todo tipo de maltrato. “No es cierto el argumento de que el aumento de registro de casos es una sensación que se genera porque se denuncia más o se habla más del tema”, advierte Brieva. “Las condiciones mundiales de desarrollo social han cambiado tanto que en verdad la situación se agrava y los mecanismos con que uno cuenta para solucionar las cosas resultan cada vez más difíciles. Desde el Comité nos preguntamos cómo rearmar una familia, cómo lograr que el abusador sea excluido y que esa exclusión se mantenga en el tiempo, si todos los días dejan en libertad a los victimarios. Creo que se necesitan otros estamentos que actúen desde el Estado, y ahí es donde está nuestro signo de interrogación.”
Polémica por la edad de imputabilidad de los menores
Publicó Infocívica
3 de noviembre de 2008
El proyecto del gobernador de Buenos Aires de bajar la edad de imputabilidad de los menores -que en la actualidad es de 16 años- genera controversias entre ONG y especialistas que reclaman políticas serias para los chicos y una revisión del sistema penal.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008) Frente al proyecto impulsado por la gobernación de la Provincia, asociaciones civiles y ONG consultadas por Infocívica coinciden en que la solución no es la criminalización de la niñez y de la pobreza. Además, aseguran que la única manera de reducir la delincuencia en los adolescentes es a través de medidas de inclusión social.
Según un informe que realizó Unicef junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se pudo establecer que hay en todo el país 6.294 chicos infractores o presuntos infractores de la ley, lo cual incluye a niños, adolescentes y jóvenes. De este total, el 71% estaba incluido en programas y el 29% alojado en algún establecimiento. El informe fue presentado este año en base a un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal.
Según el régimen penal vigente en la provincia de Buenos Aires, si una persona menor de 16 años comete un delito no es punible. Esto significa que no se les puede aplicar una pena como la privación de la libertad. Sin embargo, el mismo régimen también establece que un menor de 16 años acusado de cometer un delito, puede ser "dispuesto" provisionalmente por el Juez de Menores, y si se considera que se encuentra abandonado, falto de asistencia, o tiene problemas de conducta, el magistrado tiene la potestad para "disponerlo" definitivamente.
Es por eso que en la Provincia cientos de chicos con causas penales se alojan en institutos o son incluidos en distintos programas tanto estatales como de la sociedad civil. Para Laura Taffetani, abogada y coordinadora del Área de Educación Popular de la Fundación Pelota de Trapo donde hoy viven 60 chicos con causas penales, la idea de bajar la imputabilidad "es una locura". "Necesitamos otra política de Estado. El 60% de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza y su estrategia es sobrevivir. Estamos teniendo tres generaciones de padres sin trabajo. De la práctica surge que las medidas represivas no dan respuesta a la problemática. Cuando hay una propuesta seria, los chicos la eligen como otra vía", explicó.
Por su parte, el diputado presidente de la Fundación Sur-Argentina, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y juventud, Emilio García Méndez, sostuvo que en estos temas no se puede tomar una posición sin un diagnóstico de la situación. "Tenemos el régimen penal más atrasado de América latina. Hay una criminalización automática de los adolescentes. De los 1.800 chicos penados no hay ni uno de clase media. Necesitamos un sistema penal riguroso pero que sea justo para el chico", aseguró García Méndez. Recientemente la Fundación Sur – Argentina junto a al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una acción de hábeas corpus a favor de 45 chicos menores de 16 que estaban privados de su libertad en un Instituto de San Martín. “Lo ganamos en la Cámara Penal de Casación pero inexplicablemente la Corte suspendió la ejecución el 18 de marzo”, contó García Méndez.
Todos los especialistas aseguran que el país aún tiene pendiente la aprobación de una nueva ley penal juvenil respetuosa de los derechos y garantías de los adolescentes. Además, la Convención Internacional de los Derechos del Niño -que en nuestro país tiene rango constitucional- establece que la privación de libertad en el niño debe ser el último recurso y sólo se debe aplicar en casos extremos.
"En primer lugar a los chicos hay que transformarlos en sujeto de derecho porque a los 15 años siguen siendo tutelados. Es decir, para el Código Civil el menor no tiene capacidades y una persona se hace cargo de ellos. Con este sistema el chico no tiene derecho a ser escuchado", explicó Ernesto Moreau, vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). Para el abogado es importante revisar la responsabilidad penal juvenil y crear establecimientos donde los chicos se puedan reinsertar articulando el trabajo con las familias”, señaló.
Desde hace 13 años, Manuel Schneider y su esposa Patricia están a cargo de la Granja Escuela Siquem, una Asociación Civil de Río Cuarto que trabaja con chicos que están cumpliendo penas por causas judiciales o que están excluidos del sistema educativo y laboral. Actualmente a la granja concurren 60 chicos, 25 de ellos viven allí que es donde cumplen la pena judicial.
"No estamos de acuerdo con bajar la imputabilidad. Desde nuestra institución partimos de la base de que el problema de los chicos tiene un origen. Su situación es injusta y son víctimas del sistema. Nuestro objetivo es trabajar con ellos abordando las causas que generan esos problemas a través de una vida en comunidad", contó Schneider, quien sostuvo que es paradójico vivir en una sociedad que se cuida de los chicos. "Es una sociedad enferma porque es ella la que tiene que cuidar del niño", enfatizó.
En la Granja Siquem las jornadas se dividen entre la escuela y las tareas de la granja. "Además, hacemos un fuerte trabajo en los barrios. Muchas veces los chicos provienen de familias destruidas por la pobreza y la desocupación. Pero se puede salir adelante a través de proyectos productivos", contó Schneider.
Para mayor información, comunicarse con Pelota de Trapo, al 4208-4341 o al 4209-5109 o vía email a albmor@pelotadetrapo.org.ar. Para contactarse con APDH, llamar al 4372-8594 o al 4373-0397 o vía email a apdh@apdh-argentina.org.ar. Para escribir a Fundación Sur Argentina, dirigirse a fundacion@surargentina.org.ar.
3 de noviembre de 2008
El proyecto del gobernador de Buenos Aires de bajar la edad de imputabilidad de los menores -que en la actualidad es de 16 años- genera controversias entre ONG y especialistas que reclaman políticas serias para los chicos y una revisión del sistema penal.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008) Frente al proyecto impulsado por la gobernación de la Provincia, asociaciones civiles y ONG consultadas por Infocívica coinciden en que la solución no es la criminalización de la niñez y de la pobreza. Además, aseguran que la única manera de reducir la delincuencia en los adolescentes es a través de medidas de inclusión social.
Según un informe que realizó Unicef junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se pudo establecer que hay en todo el país 6.294 chicos infractores o presuntos infractores de la ley, lo cual incluye a niños, adolescentes y jóvenes. De este total, el 71% estaba incluido en programas y el 29% alojado en algún establecimiento. El informe fue presentado este año en base a un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal.
Según el régimen penal vigente en la provincia de Buenos Aires, si una persona menor de 16 años comete un delito no es punible. Esto significa que no se les puede aplicar una pena como la privación de la libertad. Sin embargo, el mismo régimen también establece que un menor de 16 años acusado de cometer un delito, puede ser "dispuesto" provisionalmente por el Juez de Menores, y si se considera que se encuentra abandonado, falto de asistencia, o tiene problemas de conducta, el magistrado tiene la potestad para "disponerlo" definitivamente.
Es por eso que en la Provincia cientos de chicos con causas penales se alojan en institutos o son incluidos en distintos programas tanto estatales como de la sociedad civil. Para Laura Taffetani, abogada y coordinadora del Área de Educación Popular de la Fundación Pelota de Trapo donde hoy viven 60 chicos con causas penales, la idea de bajar la imputabilidad "es una locura". "Necesitamos otra política de Estado. El 60% de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza y su estrategia es sobrevivir. Estamos teniendo tres generaciones de padres sin trabajo. De la práctica surge que las medidas represivas no dan respuesta a la problemática. Cuando hay una propuesta seria, los chicos la eligen como otra vía", explicó.
Por su parte, el diputado presidente de la Fundación Sur-Argentina, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y juventud, Emilio García Méndez, sostuvo que en estos temas no se puede tomar una posición sin un diagnóstico de la situación. "Tenemos el régimen penal más atrasado de América latina. Hay una criminalización automática de los adolescentes. De los 1.800 chicos penados no hay ni uno de clase media. Necesitamos un sistema penal riguroso pero que sea justo para el chico", aseguró García Méndez. Recientemente la Fundación Sur – Argentina junto a al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una acción de hábeas corpus a favor de 45 chicos menores de 16 que estaban privados de su libertad en un Instituto de San Martín. “Lo ganamos en la Cámara Penal de Casación pero inexplicablemente la Corte suspendió la ejecución el 18 de marzo”, contó García Méndez.
Todos los especialistas aseguran que el país aún tiene pendiente la aprobación de una nueva ley penal juvenil respetuosa de los derechos y garantías de los adolescentes. Además, la Convención Internacional de los Derechos del Niño -que en nuestro país tiene rango constitucional- establece que la privación de libertad en el niño debe ser el último recurso y sólo se debe aplicar en casos extremos.
"En primer lugar a los chicos hay que transformarlos en sujeto de derecho porque a los 15 años siguen siendo tutelados. Es decir, para el Código Civil el menor no tiene capacidades y una persona se hace cargo de ellos. Con este sistema el chico no tiene derecho a ser escuchado", explicó Ernesto Moreau, vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). Para el abogado es importante revisar la responsabilidad penal juvenil y crear establecimientos donde los chicos se puedan reinsertar articulando el trabajo con las familias”, señaló.
Desde hace 13 años, Manuel Schneider y su esposa Patricia están a cargo de la Granja Escuela Siquem, una Asociación Civil de Río Cuarto que trabaja con chicos que están cumpliendo penas por causas judiciales o que están excluidos del sistema educativo y laboral. Actualmente a la granja concurren 60 chicos, 25 de ellos viven allí que es donde cumplen la pena judicial.
"No estamos de acuerdo con bajar la imputabilidad. Desde nuestra institución partimos de la base de que el problema de los chicos tiene un origen. Su situación es injusta y son víctimas del sistema. Nuestro objetivo es trabajar con ellos abordando las causas que generan esos problemas a través de una vida en comunidad", contó Schneider, quien sostuvo que es paradójico vivir en una sociedad que se cuida de los chicos. "Es una sociedad enferma porque es ella la que tiene que cuidar del niño", enfatizó.
En la Granja Siquem las jornadas se dividen entre la escuela y las tareas de la granja. "Además, hacemos un fuerte trabajo en los barrios. Muchas veces los chicos provienen de familias destruidas por la pobreza y la desocupación. Pero se puede salir adelante a través de proyectos productivos", contó Schneider.
Para mayor información, comunicarse con Pelota de Trapo, al 4208-4341 o al 4209-5109 o vía email a albmor@pelotadetrapo.org.ar. Para contactarse con APDH, llamar al 4372-8594 o al 4373-0397 o vía email a apdh@apdh-argentina.org.ar. Para escribir a Fundación Sur Argentina, dirigirse a fundacion@surargentina.org.ar.
jueves, 13 de noviembre de 2008
La desnutrición en niños y niñas provoca trastornos en el lenguaje y patologías auditivas
Publicó Risolidaria
10 de noviembre de 2008
Título original: Las huellas de la pobreza
Un estudio realizado por la Fundación Conin y el Instituto Fleni sugiere que la desnutrición a una edad temprana provoca trastornos en el lenguaje y patologías auditivas.
Buenos Aires, noviembre de 2008 (RIS-Argentina) Alteraciones en la percepción auditiva, bajo rendimiento escolar y trastornos del lenguaje. Un denominador común entre los niños y niñas que, además de vivir en la pobreza, padecieron desnutrición en su primer año de vida. A esta conclusión arribó un estudio realizado en Mendoza por la Fundación Conin en colaboración con el Instituto de Investigaciones Neurológicas Fleni.
El trabajo partió de la premisa de que existe una correlación e incidencia directa entre la desnutrición, la presencia de patologías auditivas y los trastornos del lenguaje. Y los resultados del estudio no lo desmintieron. Del total de chicos evaluados, el 84 por ciento presentó alteraciones en el sistema lingüístico, mientras que el 59 por ciento sufría alguna patología auditiva.
La mayoría manifestaba “escaso vocabulario, dificultad para la comprensión de frases y absurdos verbales por debajo de lo esperable para su edad cronológica”, precisó Gabriela Sabio, una de las autoras del estudio y directora de uno de los centros de prevención de la desnutrición infantil que tiene Conin en Mendoza. A nivel fonológico –agregó la mujer- también se denotó la persistencia de procesos que deberían estar superados para la edad de los chicos estudiados.
Pero ésos no son los únicos perjuicios que devienen del déficit nutricional. Los niños que padecieron desnutrición tienen un uso restringido de las frases, sobreextensiones del significado de las palabras, anomias, parafasias semánticas, necesidad de redirección verbal, repetición de consignas, latencias para responder, repeticiones subvocales, y baja inteligibilidad del habla en general.
“Las dificultades lingüísticas demostradas en estos chicos podrían tener alta correlación con el bajo rendimiento escolar porque estarían influyendo en la falta de comprensión de consignas dadas, especialmente en ámbitos acústicamente adversos como las aulas escolares”, sostuvo Sabio.
En ese sentido, remarcó que “todas las alteraciones evidenciadas” podrían también “tener correlación con factores relacionados con el medio socio-económico-cultural bajo, medios poco estimuladores y con la desnutrición padecida en la fase más importante del desarrollo neurológico, el primer año de vida”.
Los ahora, las apreciaciones de la especialista son expresadas en condicional, porque “pensamos que se requiere un mayor número de casos para determinar si la tendencia esbozada es estadísticamente significativa”, aclaró. Por eso, en busca de acercarse a un diagnóstico más preciso, adelantó que próximamente investigarán a través de una batería de tests de Procesamiento Auditivo a los 19 niños que demostraron alteraciones en la percepción auditiva para determinar los problemas específicos que tienen.
También planifican realizar un cruce de indicadores con un grupo de niños desnutridos pero de ambiente socio económico cultural medio a medio alto para separar las dos variables como posibles causas de estos problemas.
La investigación actual relevó a 32 niños de 6 a 8 años que asistían a los dos centros de promoción y prevención de la desnutrición infantil que tiene la Fundación Conin en la ciudad de Mendoza. Todos los seleccionados contaban como único antecedente haber tenido desnutrición en distintos grados. Además, gran parte de ellos fueron diagnosticados después de los 2 años de vida, aunque presentaban la enfermedad desde antes. Las evaluaciones se llevaron a cabo durante tres días consecutivos en dichas instituciones.
Hasta la fecha, diversos investigadores han demostrado la incidencia de patologías cognitivas asociadas a la desnutrición, mala alimentación y el bajo rendimiento escolar que esto provoca, pero “no hemos encontrado ningún trabajo que investigue la relación entre audición y percepción auditiva con la desnutrición”, comentó Sabio.
De acuerdo a la mujer, la gravedad de la desnutrición “está en relación directa con la edad en la que se produce”. Porque, se sabe, la desnutrición “puede generar secuelas irreversibles a nivel del Sistema Nervioso Central”, y el gran desarrollo del mismo “se produce en el período comprendido entre el tercer trimestre de gestación y el segundo año de vida postnatal” por lo que ése “es el llamado período crítico”.
Luego del nacimiento -completó- hay un proceso de interconexión neuronal que reviste especial importancia para el desarrollo de las funciones psicomotoras. Los dos factores más relevantes comprobados para el normal desarrollo de los chicos son la alimentación y la estimulación, acorde a las necesidades individuales.
CÓMO CONTACTARSE:
Fundación Conin
info@conin.org.ar
www.conin.org.ar
10 de noviembre de 2008
Título original: Las huellas de la pobreza
Un estudio realizado por la Fundación Conin y el Instituto Fleni sugiere que la desnutrición a una edad temprana provoca trastornos en el lenguaje y patologías auditivas.
Buenos Aires, noviembre de 2008 (RIS-Argentina) Alteraciones en la percepción auditiva, bajo rendimiento escolar y trastornos del lenguaje. Un denominador común entre los niños y niñas que, además de vivir en la pobreza, padecieron desnutrición en su primer año de vida. A esta conclusión arribó un estudio realizado en Mendoza por la Fundación Conin en colaboración con el Instituto de Investigaciones Neurológicas Fleni.
El trabajo partió de la premisa de que existe una correlación e incidencia directa entre la desnutrición, la presencia de patologías auditivas y los trastornos del lenguaje. Y los resultados del estudio no lo desmintieron. Del total de chicos evaluados, el 84 por ciento presentó alteraciones en el sistema lingüístico, mientras que el 59 por ciento sufría alguna patología auditiva.
La mayoría manifestaba “escaso vocabulario, dificultad para la comprensión de frases y absurdos verbales por debajo de lo esperable para su edad cronológica”, precisó Gabriela Sabio, una de las autoras del estudio y directora de uno de los centros de prevención de la desnutrición infantil que tiene Conin en Mendoza. A nivel fonológico –agregó la mujer- también se denotó la persistencia de procesos que deberían estar superados para la edad de los chicos estudiados.
Pero ésos no son los únicos perjuicios que devienen del déficit nutricional. Los niños que padecieron desnutrición tienen un uso restringido de las frases, sobreextensiones del significado de las palabras, anomias, parafasias semánticas, necesidad de redirección verbal, repetición de consignas, latencias para responder, repeticiones subvocales, y baja inteligibilidad del habla en general.
“Las dificultades lingüísticas demostradas en estos chicos podrían tener alta correlación con el bajo rendimiento escolar porque estarían influyendo en la falta de comprensión de consignas dadas, especialmente en ámbitos acústicamente adversos como las aulas escolares”, sostuvo Sabio.
En ese sentido, remarcó que “todas las alteraciones evidenciadas” podrían también “tener correlación con factores relacionados con el medio socio-económico-cultural bajo, medios poco estimuladores y con la desnutrición padecida en la fase más importante del desarrollo neurológico, el primer año de vida”.
Los ahora, las apreciaciones de la especialista son expresadas en condicional, porque “pensamos que se requiere un mayor número de casos para determinar si la tendencia esbozada es estadísticamente significativa”, aclaró. Por eso, en busca de acercarse a un diagnóstico más preciso, adelantó que próximamente investigarán a través de una batería de tests de Procesamiento Auditivo a los 19 niños que demostraron alteraciones en la percepción auditiva para determinar los problemas específicos que tienen.
También planifican realizar un cruce de indicadores con un grupo de niños desnutridos pero de ambiente socio económico cultural medio a medio alto para separar las dos variables como posibles causas de estos problemas.
La investigación actual relevó a 32 niños de 6 a 8 años que asistían a los dos centros de promoción y prevención de la desnutrición infantil que tiene la Fundación Conin en la ciudad de Mendoza. Todos los seleccionados contaban como único antecedente haber tenido desnutrición en distintos grados. Además, gran parte de ellos fueron diagnosticados después de los 2 años de vida, aunque presentaban la enfermedad desde antes. Las evaluaciones se llevaron a cabo durante tres días consecutivos en dichas instituciones.
Hasta la fecha, diversos investigadores han demostrado la incidencia de patologías cognitivas asociadas a la desnutrición, mala alimentación y el bajo rendimiento escolar que esto provoca, pero “no hemos encontrado ningún trabajo que investigue la relación entre audición y percepción auditiva con la desnutrición”, comentó Sabio.
De acuerdo a la mujer, la gravedad de la desnutrición “está en relación directa con la edad en la que se produce”. Porque, se sabe, la desnutrición “puede generar secuelas irreversibles a nivel del Sistema Nervioso Central”, y el gran desarrollo del mismo “se produce en el período comprendido entre el tercer trimestre de gestación y el segundo año de vida postnatal” por lo que ése “es el llamado período crítico”.
Luego del nacimiento -completó- hay un proceso de interconexión neuronal que reviste especial importancia para el desarrollo de las funciones psicomotoras. Los dos factores más relevantes comprobados para el normal desarrollo de los chicos son la alimentación y la estimulación, acorde a las necesidades individuales.
CÓMO CONTACTARSE:
Fundación Conin
info@conin.org.ar
www.conin.org.ar
Asumió la funcionaria que reemplazará a Arriola
Publicó Diario Hoy
13 de noviembre de 2008
Cristina Tabolaro fue designada como nueva subsecretaria de de Niñez y Adolescencia del gobierno bonaerense. Reemplaza a Marta Arriola desplazada de su cargo días atrás. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que entre sus prmieras acciones está el reordenamiento administrativo y de los recursos humanos del organismo
La nueva subsecretaria de Niñez y Adolescencia del gobierno bonaerense, Cristina Tabolaro, quien reemplazará en el cargo a Marta arriola, asumió esta mañana sus funciones.
Según se adelantó desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, entre sus primeras acciones estará el “ordenamiento administrativo y de los recursos humanos” del organismo que tendrá a su cargo como también el “monitoreo y diagnóstico de las instituciones penales por parte de organismos de derechos humanos”.
En ese sentido, el titular de la cartera social, Daniel Arroyo, explicó que el desplazamiento de Arriola y la incorporación de Tabolaro responden a la implementación de una “nueva etapa” de la Ley Penal Juvenil.
Tras la polémica salida con fuertes declaraciones de la ex titular del área, desde Desarrollo Social se informó que para 2009 se decidió aumentar el presupuesto de 190 a 300 millones, incorporar a 120 personas especializadas y avanzar en la creación de seis nuevas instituciones.
“La nueva etapa va a estar comandado por el equipo de Tabolaro que claramente representa esta nueva modalidad. De fortalecer la escuela, la familia, los pequeños hogares y crear oportunidades para jóvenes que están en peligro y que muchas veces la sociedad lo ve como peligroso”, finalizó Arroyo.
diariohoy.net
13 de noviembre de 2008
Cristina Tabolaro fue designada como nueva subsecretaria de de Niñez y Adolescencia del gobierno bonaerense. Reemplaza a Marta Arriola desplazada de su cargo días atrás. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que entre sus prmieras acciones está el reordenamiento administrativo y de los recursos humanos del organismo
La nueva subsecretaria de Niñez y Adolescencia del gobierno bonaerense, Cristina Tabolaro, quien reemplazará en el cargo a Marta arriola, asumió esta mañana sus funciones.
Según se adelantó desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, entre sus primeras acciones estará el “ordenamiento administrativo y de los recursos humanos” del organismo que tendrá a su cargo como también el “monitoreo y diagnóstico de las instituciones penales por parte de organismos de derechos humanos”.
En ese sentido, el titular de la cartera social, Daniel Arroyo, explicó que el desplazamiento de Arriola y la incorporación de Tabolaro responden a la implementación de una “nueva etapa” de la Ley Penal Juvenil.
Tras la polémica salida con fuertes declaraciones de la ex titular del área, desde Desarrollo Social se informó que para 2009 se decidió aumentar el presupuesto de 190 a 300 millones, incorporar a 120 personas especializadas y avanzar en la creación de seis nuevas instituciones.
“La nueva etapa va a estar comandado por el equipo de Tabolaro que claramente representa esta nueva modalidad. De fortalecer la escuela, la familia, los pequeños hogares y crear oportunidades para jóvenes que están en peligro y que muchas veces la sociedad lo ve como peligroso”, finalizó Arroyo.
diariohoy.net
Penalización de los menores: un debate con trampa
Publicó Acción Digital
Primera quincena de noviembre
Por Daniel Vilá
El asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en la localidad de San Isidro volvió a poner sobre el tapete el tema de la inseguridad generada por la delincuencia común. Se reactivó así un debate alimentado por el tratamiento mediático –banal y simplista– de los hechos de violencia. Basta señalar la proliferación de programas televisivos que difunden imágenes de operativos policiales y exhiben –naturalizándolas– escenas de allanamientos en barrios carenciados o de jóvenes pobres drogados o alcoholizados que protagonizan hechos delictivos. La investigadora Inés Mancini afirma que de este modo se alienta una interpretación estereotipada en la cual los atacantes «viven en villas de emergencia, no son argentinos, poseen estupefacientes y son jóvenes». Como sostienen los especialistas agrupados en el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, «la construcción de un otro monstruoso y carente de humanidad facilita su exterminio. Un exterminio que siempre comienza por los ajenos, hasta que en algún momento le toca a los propios».
La presunta autoría del crimen de San Isidro por parte de un menor de edad, desmentida luego por la investigación policial, fue justamente la excusa utilizada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para fundamentar su intención de impulsar la baja de la edad de imputabilidad, fijándola «a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves». La mayoría de los juristas considera esta medida como inconstitucional porque contraría lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporada a la carta magna, y los acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina.
Para la ley penal de nuestro país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sólo entonces un joven que delinque puede ser juzgado, recibir una condena, ser remitido a una cárcel especial y recién a partir de los 21 ingresa en el sistema carcelario común. Los menores que participan en crímenes son pasibles de ser sometidos a un régimen de encierro especial a partir de los 16. También está establecido formalmente –aunque su cumplimiento no resulta claro– que hasta que lleguen a los 18 y se concrete el proceso en su contra, los adolescentes recibirán un tratamiento que procure su reinserción social. Si los jueces de menores no los consideran peligrosos, pueden permanecer libres a cargo de familiares o tutores hasta que adquieren la mayoría de edad.
De lo expuesto se deduce la inexistencia de la mentada «inimputabilidad», sobre todo porque a través de la ley 22.278 de la dictadura militar la punición se disfraza de «guarda tutelar». Según algunos reputados criminalistas la intención de la normativa propuesta es someter a los menores de 18 años al régimen penal que se les aplica a los adultos.
Salvo expresiones aisladas, como las del abogado penalista Omar Breglia Alvarez, reproducidas por el matutino La Nación –sostiene que «el desarrollo mental del niño y del adolescente ha avanzado muchísimo» y cree que «si hay más delincuentes tiene que haber más cárceles»–, la inmensa mayoría de los especialistas coincide en desestimar la iniciativa.
Al respecto, resulta ilustrativo consignar las opiniones de tres de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, vertidas en diferentes oportunidades y en ámbitos diversos. En ocasión de su participación en el XI Congreso Argentino y Jornadas Internacionales de Derecho del Consumidor, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, consultado sobre la cuestión, subrayó que «la baja de la imputabilidad en los menores no soluciona el problema. Se requieren medidas de fondo e integrales en conjunto con los restantes poderes del Estado. Hay que apuntar a la contención de esos menores, la familia y los casos particulares que demanden una atención especializada. Además, hacen falta lugares donde internar a esos chicos para buscar su recuperación y hoy no los hay o son escasos».
Por su parte, Carmen Argibay, convocada para disertar en el XV Encuentro Nacional de Mujeres Juezas, respondió así a la requisitoria periodística: «No hagamos responsables a los chicos. Pongámonos a ayudarlos de manera que no signifique torturarlos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como animales y a veces peor que a los animales. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos los responsables, los mayores, que no les hemos dado lo que teníamos que darles: educación, salud, justicia, atención, amor, cariño, protección».
También Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió extensa y pormenorizadamente al tema durante un evento realizado en el teatro ND Ateneo de Buenos Aires, auspiciado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y la Academia de Ciencias Penales de América Latina. El jurista no ahorró críticas a los legisladores que «se han dejado sorprender por inventos que no son nuestros, como la tolerancia cero» y enfatizó: «El único efecto que han logrado es partirnos la cabeza a los jueces que vamos a tener que declarar inconstitucionales a la mitad de esas leyes».
En otro tramo de su exposición apuntó a develar los mecanismos utilizados por los apologistas del manodurismo: «Si desde la televisión se aprovechan 30 segundos para lanzar un mensaje publicitario meramente emocional, para desarmarlo hay que enviar un mensaje racional. Claro que construirlo requiere un tiempo, en cambio construir el emocional, no. Y el televidente no está dispuesto a pensar. El tipo que llegó a la casa, hace zapping, está cansado, y si de repente le empiezan a hablar para que piense, cambia de canal».
En lo que hace a la relación del derecho penal con los menores, Zaffaroni destacó que «siempre fue bastante tormentosa porque se aplicó una vieja ideología hipócrita, que fue la tutelar. Entonces se tuteló a los niños de la misma manera que antes se había hecho con los indios, los esclavos y las mujeres. Y a todos ellos así les fue. En consecuencia, la idea tutelar está vinculada a la de inquisición: si yo soy el juez de menores, si soy el señor Estado que actúo como padre, por qué voy a necesitar límites si siempre hago el bien. El tribunal de la Santa Inquisición decía lo mismo y quemaba a las brujas».
El origen de la violencia
Expertos internacionales corroboran estas lecturas. A su paso por Buenos Aires, Jacob Egbert Dock, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, un organismo internacional cuya función consiste en monitorear la aplicación de la convención internacional en los estados miembros de la ONU, afirmó que bajar la edad de imputabilidad de los menores, endurecer las penas y legislar en base a hechos de extrema violencia «no sirve de nada», a la hora de combatir la delincuencia juvenil y añadió que las leyes deben apuntar a una reinserción social exitosa, al tiempo que aconsejó reforzar la educación de los niños y las oportunidades laborales de los adultos.
«La dificultad en la materia –dijo– es encontrar un equilibrio entre la pena y un tratamiento justo que permita la reinserción social de los jóvenes. Ese es el desafío. Se puede encerrar a los chicos en institutos de menores durante años, pero en algún momento van a volver a la sociedad y si el sistema los trató injustamente, van a volver a delinquir. Hay que estudiar los orígenes de esa violencia y tratarla con penas alternativas a la prisión como los servicios comunitarios y la justicia reparativa». Una visión que es compartida por el director de la Consulta Regional sobre Violencia de la ONU, Sergio Paulo Pinheiro, quien advirtió a principios de este año que algunas fuerzas policiales conservan rasgos de las últimas dictaduras militares, que se evidencian en su trato hacia los menores de edad. «Hay policías que tratan duramente a los jóvenes, los golpean y los someten a todo tipo de intimidaciones. Entre las medidas más importantes que deben tomar los Estados está la de establecer órganos independientes que tomen denuncias de abusos en comisarías y en institutos de menores», aseveró.
Entre las más consistentes señales de alarma lanzadas sobre la banalización de esta problemática, sobresale la formulada por la fallecida psicoanalista e inteligente lectora de síntomas sociales, Silvia Bleichmar, quien sentenció: «Aún cuando fuera posible que una parte importante de los delitos de menores estén comandados por adultos que se escudan en la inimputabilidad ofrecida por la edad, bajar la edad de penalización no resolvería nada, ya que siempre se podrían encontrar ejecutores más jóvenes, a partir de la edad en la cual un niño pueda sostener un arma y tenga la destreza motriz para apuntarla hacia el lado previsto. No pueden ser confundidos los reclamos de mayor seguridad con lo de mayor represión; esta es una de las encerronas más viejas que ha sufrido la sociedad argentina, y siempre se nos han quedado los pies encerrados en la trampa que armamos».
Primera quincena de noviembre
Por Daniel Vilá
El asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en la localidad de San Isidro volvió a poner sobre el tapete el tema de la inseguridad generada por la delincuencia común. Se reactivó así un debate alimentado por el tratamiento mediático –banal y simplista– de los hechos de violencia. Basta señalar la proliferación de programas televisivos que difunden imágenes de operativos policiales y exhiben –naturalizándolas– escenas de allanamientos en barrios carenciados o de jóvenes pobres drogados o alcoholizados que protagonizan hechos delictivos. La investigadora Inés Mancini afirma que de este modo se alienta una interpretación estereotipada en la cual los atacantes «viven en villas de emergencia, no son argentinos, poseen estupefacientes y son jóvenes». Como sostienen los especialistas agrupados en el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, «la construcción de un otro monstruoso y carente de humanidad facilita su exterminio. Un exterminio que siempre comienza por los ajenos, hasta que en algún momento le toca a los propios».
La presunta autoría del crimen de San Isidro por parte de un menor de edad, desmentida luego por la investigación policial, fue justamente la excusa utilizada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para fundamentar su intención de impulsar la baja de la edad de imputabilidad, fijándola «a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves». La mayoría de los juristas considera esta medida como inconstitucional porque contraría lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporada a la carta magna, y los acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina.
Para la ley penal de nuestro país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sólo entonces un joven que delinque puede ser juzgado, recibir una condena, ser remitido a una cárcel especial y recién a partir de los 21 ingresa en el sistema carcelario común. Los menores que participan en crímenes son pasibles de ser sometidos a un régimen de encierro especial a partir de los 16. También está establecido formalmente –aunque su cumplimiento no resulta claro– que hasta que lleguen a los 18 y se concrete el proceso en su contra, los adolescentes recibirán un tratamiento que procure su reinserción social. Si los jueces de menores no los consideran peligrosos, pueden permanecer libres a cargo de familiares o tutores hasta que adquieren la mayoría de edad.
De lo expuesto se deduce la inexistencia de la mentada «inimputabilidad», sobre todo porque a través de la ley 22.278 de la dictadura militar la punición se disfraza de «guarda tutelar». Según algunos reputados criminalistas la intención de la normativa propuesta es someter a los menores de 18 años al régimen penal que se les aplica a los adultos.
Salvo expresiones aisladas, como las del abogado penalista Omar Breglia Alvarez, reproducidas por el matutino La Nación –sostiene que «el desarrollo mental del niño y del adolescente ha avanzado muchísimo» y cree que «si hay más delincuentes tiene que haber más cárceles»–, la inmensa mayoría de los especialistas coincide en desestimar la iniciativa.
Al respecto, resulta ilustrativo consignar las opiniones de tres de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, vertidas en diferentes oportunidades y en ámbitos diversos. En ocasión de su participación en el XI Congreso Argentino y Jornadas Internacionales de Derecho del Consumidor, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, consultado sobre la cuestión, subrayó que «la baja de la imputabilidad en los menores no soluciona el problema. Se requieren medidas de fondo e integrales en conjunto con los restantes poderes del Estado. Hay que apuntar a la contención de esos menores, la familia y los casos particulares que demanden una atención especializada. Además, hacen falta lugares donde internar a esos chicos para buscar su recuperación y hoy no los hay o son escasos».
Por su parte, Carmen Argibay, convocada para disertar en el XV Encuentro Nacional de Mujeres Juezas, respondió así a la requisitoria periodística: «No hagamos responsables a los chicos. Pongámonos a ayudarlos de manera que no signifique torturarlos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como animales y a veces peor que a los animales. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos los responsables, los mayores, que no les hemos dado lo que teníamos que darles: educación, salud, justicia, atención, amor, cariño, protección».
También Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió extensa y pormenorizadamente al tema durante un evento realizado en el teatro ND Ateneo de Buenos Aires, auspiciado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y la Academia de Ciencias Penales de América Latina. El jurista no ahorró críticas a los legisladores que «se han dejado sorprender por inventos que no son nuestros, como la tolerancia cero» y enfatizó: «El único efecto que han logrado es partirnos la cabeza a los jueces que vamos a tener que declarar inconstitucionales a la mitad de esas leyes».
En otro tramo de su exposición apuntó a develar los mecanismos utilizados por los apologistas del manodurismo: «Si desde la televisión se aprovechan 30 segundos para lanzar un mensaje publicitario meramente emocional, para desarmarlo hay que enviar un mensaje racional. Claro que construirlo requiere un tiempo, en cambio construir el emocional, no. Y el televidente no está dispuesto a pensar. El tipo que llegó a la casa, hace zapping, está cansado, y si de repente le empiezan a hablar para que piense, cambia de canal».
En lo que hace a la relación del derecho penal con los menores, Zaffaroni destacó que «siempre fue bastante tormentosa porque se aplicó una vieja ideología hipócrita, que fue la tutelar. Entonces se tuteló a los niños de la misma manera que antes se había hecho con los indios, los esclavos y las mujeres. Y a todos ellos así les fue. En consecuencia, la idea tutelar está vinculada a la de inquisición: si yo soy el juez de menores, si soy el señor Estado que actúo como padre, por qué voy a necesitar límites si siempre hago el bien. El tribunal de la Santa Inquisición decía lo mismo y quemaba a las brujas».
El origen de la violencia
Expertos internacionales corroboran estas lecturas. A su paso por Buenos Aires, Jacob Egbert Dock, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, un organismo internacional cuya función consiste en monitorear la aplicación de la convención internacional en los estados miembros de la ONU, afirmó que bajar la edad de imputabilidad de los menores, endurecer las penas y legislar en base a hechos de extrema violencia «no sirve de nada», a la hora de combatir la delincuencia juvenil y añadió que las leyes deben apuntar a una reinserción social exitosa, al tiempo que aconsejó reforzar la educación de los niños y las oportunidades laborales de los adultos.
«La dificultad en la materia –dijo– es encontrar un equilibrio entre la pena y un tratamiento justo que permita la reinserción social de los jóvenes. Ese es el desafío. Se puede encerrar a los chicos en institutos de menores durante años, pero en algún momento van a volver a la sociedad y si el sistema los trató injustamente, van a volver a delinquir. Hay que estudiar los orígenes de esa violencia y tratarla con penas alternativas a la prisión como los servicios comunitarios y la justicia reparativa». Una visión que es compartida por el director de la Consulta Regional sobre Violencia de la ONU, Sergio Paulo Pinheiro, quien advirtió a principios de este año que algunas fuerzas policiales conservan rasgos de las últimas dictaduras militares, que se evidencian en su trato hacia los menores de edad. «Hay policías que tratan duramente a los jóvenes, los golpean y los someten a todo tipo de intimidaciones. Entre las medidas más importantes que deben tomar los Estados está la de establecer órganos independientes que tomen denuncias de abusos en comisarías y en institutos de menores», aseveró.
Entre las más consistentes señales de alarma lanzadas sobre la banalización de esta problemática, sobresale la formulada por la fallecida psicoanalista e inteligente lectora de síntomas sociales, Silvia Bleichmar, quien sentenció: «Aún cuando fuera posible que una parte importante de los delitos de menores estén comandados por adultos que se escudan en la inimputabilidad ofrecida por la edad, bajar la edad de penalización no resolvería nada, ya que siempre se podrían encontrar ejecutores más jóvenes, a partir de la edad en la cual un niño pueda sostener un arma y tenga la destreza motriz para apuntarla hacia el lado previsto. No pueden ser confundidos los reclamos de mayor seguridad con lo de mayor represión; esta es una de las encerronas más viejas que ha sufrido la sociedad argentina, y siempre se nos han quedado los pies encerrados en la trampa que armamos».
La Plata: denuncian golpes y secuestro de una joven
Publicó Crítica Digital
13 de noviembre de 2008
En la marcha contra la baja de la edad de imputabilidad. Una chica del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo fue "brutalmente golpeada" mientras se manifestaba contra la medida del gobernador Scioli, informaron a Criticadigital miembros de la organización.
Una joven de 23 años, educadora de la “Red El Encuentro” de José C. Paz, un grupo que forma parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, fue subida a un vehículo por dos personas y "brutalmente golpeada" mientras participaba de la marcha contra la baja de imputabilidad, en La Plata, por lo que debió ser asistida en un hospital, denunciaron las organizaciones.
Mientras una delegación ingresaba a la Casa de Gobierno y se reunía con parte del Gabinete provincial, la chica -de quien se guarda la identidad- se encontraba en la calle frente a la valla de seguridad que cerca el edificio. Allí una mujer de unos 50 años, aproximadamente, se acercó a pedirle que la ayude con unas bolsas y la llevó hacia un vehículo azul, donde dos hombres la meten por la fuerza. Dentro del vehículo la golpearon y amenazaron: “Dejate de joder, si a ustedes les gusta joder, a nosotros nos gusta más” le dijeron los matones, según lo relatado a Críticadigital por los integrantes del Movimiento Chicos del Pueblo. Ella les responde que no sabe a qué se refieren, y los sujetos la golpean más, según informa la agencia de noticias ANRed.
Finalmente, “la tiran cerca de la estación de trenes de La Plata toda golpeada" y, tal como aseguran sus compañeros a este medio, la joven tiene tajos en los brazos, las manos, el abdomen, los pies y la nariz por lo que se encuentra hospitalizada.
"Nadie se dio cuenta porque veníamos en la marcha, pero el Movimiento hace tiempo que recibe amenazas, y esta vez las concretaron, secuestraron a una de las chicas, la golpearon y luego la abandonaron a unas cuatro cuadras", expresó Rosario Hasperué, del Foro provincial por los Derechos del Niño, una de las organizaciones que convocó a la movilización.
Los integrantes de Los Chicos del Pueblo participan de la campaña "El hambre es un crimen" y a raíz de las denuncias que realizaron en contra de las reformas de mano dura recibieron ya cinco atentados directos, incluyendo secuestros y destrucción total de sus instalaciones.
13 de noviembre de 2008
En la marcha contra la baja de la edad de imputabilidad. Una chica del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo fue "brutalmente golpeada" mientras se manifestaba contra la medida del gobernador Scioli, informaron a Criticadigital miembros de la organización.
Una joven de 23 años, educadora de la “Red El Encuentro” de José C. Paz, un grupo que forma parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, fue subida a un vehículo por dos personas y "brutalmente golpeada" mientras participaba de la marcha contra la baja de imputabilidad, en La Plata, por lo que debió ser asistida en un hospital, denunciaron las organizaciones.
Mientras una delegación ingresaba a la Casa de Gobierno y se reunía con parte del Gabinete provincial, la chica -de quien se guarda la identidad- se encontraba en la calle frente a la valla de seguridad que cerca el edificio. Allí una mujer de unos 50 años, aproximadamente, se acercó a pedirle que la ayude con unas bolsas y la llevó hacia un vehículo azul, donde dos hombres la meten por la fuerza. Dentro del vehículo la golpearon y amenazaron: “Dejate de joder, si a ustedes les gusta joder, a nosotros nos gusta más” le dijeron los matones, según lo relatado a Críticadigital por los integrantes del Movimiento Chicos del Pueblo. Ella les responde que no sabe a qué se refieren, y los sujetos la golpean más, según informa la agencia de noticias ANRed.
Finalmente, “la tiran cerca de la estación de trenes de La Plata toda golpeada" y, tal como aseguran sus compañeros a este medio, la joven tiene tajos en los brazos, las manos, el abdomen, los pies y la nariz por lo que se encuentra hospitalizada.
"Nadie se dio cuenta porque veníamos en la marcha, pero el Movimiento hace tiempo que recibe amenazas, y esta vez las concretaron, secuestraron a una de las chicas, la golpearon y luego la abandonaron a unas cuatro cuadras", expresó Rosario Hasperué, del Foro provincial por los Derechos del Niño, una de las organizaciones que convocó a la movilización.
Los integrantes de Los Chicos del Pueblo participan de la campaña "El hambre es un crimen" y a raíz de las denuncias que realizaron en contra de las reformas de mano dura recibieron ya cinco atentados directos, incluyendo secuestros y destrucción total de sus instalaciones.
lunes, 10 de noviembre de 2008
Arriola en contra de bajar la edad
Publicó Página/12
10 de noviembre de 2008
Título original: "De los pibes se habla recién cuando delinquen"
No está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Pero, además, asegura que el debate debe centrarse en cómo rescatar a los pibes de la marginalidad en la que los abandona el Estado. "Los violentamos –dice–. Después delinquen y nos rasgamos las vestiduras."
Por Horacio Cecchi
"Empezamos a hablar de los pibes cuando el pibe aparece armado y comete un delito, y mientras tanto tenemos cientos de miles de pibes en una situación crítica y tenemos que ir por ellos, no cuando la situación se transformó en una situación punible, porque ahí ya perdimos el partido." Que lo diga un funcionario a la fecha es una marca diferencial. Pero si es un funcionario del gobierno bonaerense, es como decir que marcha contra la corriente política. En realidad, Martha Arriola, subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia, marcha en dirección de los derechos del niño, que hoy no es poco, cuando la respuesta política más fácil a los reclamos de mayor seguridad es cargar el peso sobre los hombros de los adolescentes. Durante una entrevista exclusiva concedida a PáginaI12, Arriola aseguró que "de los pibes nadie habla, los violentamos desde chicos, y nos acordamos de ellos cuando ya están armados y cometen un delito, y entonces nos rasgamos las vestiduras".
–¿Qué opina del debate por la edad de imputabilidad? Es el propio gobernador Daniel Scioli el que lo saca a relucir.
–En primer lugar es una muy buena actitud de un gobernante hacerles frente a los problemas que más golpean, preocupan, inquietan, es una situacion compleja, y hacerle frente me parece una actitud importante. Lo que también entiendo es que la sociedad argentina se debate en estos temas porque está impactada, son temas que dividen posiciones, incluso juristas prestigiosos hablan de la baja de la edad de imputabilidad en un debido proceso, mientras otra parte de la comunidad planteamos que el tema es mucho más profundo, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad sino de trabajar para recuperar una vida digna. En ese sentido llevamos un debate que el mismo gobernador invita a discutir. Es interesante ver que en el propio gabinete se repite el debate, y cada uno defiende su posición, y me parece bien porque estamos en una sociedad abierta.
–¿Y cuál es su posición en ese debate dentro del gabinete?
–Como subsecretaria de Niñez y Adolescencia tengo que defender los intereses de los pibes; velar y proteger el pleno cumplimiento de sus derechos. Tenemos una ley muy importante, la 13.298, que es la ley marco, el sistema de promoción y protección de los derechos de los pibes que plantea la intervención de todas las áreas para hacerle frente al problema de educación, de salud, prevé la creación de servicios zonales... Avanzamos mucho en la consolidación del sistema, aun con escasos recursos.
–¿Cuál es el presupuesto?
–Es uno de los problemas que enfrenta la aplicación de la ley. Lo burocrático. El área tiene el 12,7 por ciento del presupuesto del Ministerio. De cada 100 pesos, 12,7 son para Niñez y Adolescencia.
–¿En números redondos?
–Son 190 millones anuales para cumplir con la ley de promoción, para hacer frente a los servicios zonales, que son equipos multidisciplinarios que trabajan en cada una de las 25 regiones en que se divide la provincia. Nosotros hasta ahora pudimos organizar 20.
–¿Y cuál es la función de los servicios zonales?
–Si un pibe tiene problemas de violencia en su familia y necesita de un acompañamiento de un equipo para generar nuevas condiciones de vida para ese niño y su familia, interviene el equipo zonal, acordando su trabajo con los servicios locales. Cada municipio que hace su adhesión explícita a la ley 13.298, se hace responsable de armar una estructura en el territorio del municipio para tener en cada barrio un servicio que articule con el servicio zonal, para trabajar todas las causas que antes eran judicializables. La gran novedad que trae la 13.298 es que no judicializa más la pobreza.
–¿En qué consiste el servicio?
–Un grupo integrado por un psicólogo, un abogado, un trabajador social, a veces un médico, que va recibiendo los problemas en el barrio, y empieza un tratamiento, un abordaje con la familia y el pibe. Problemas de adicciones, problemas vinculados a la pobreza, a la deserción escolar. Pero si no hay distintas estrategias, no pasa de ser un servicio que asiste pero no es de restitución de derechos. Propusimos en cada barrio la organización de mesas de niñez y adolescencia integradas por asociaciones barriales, referentes de la unidad sanitaria y la escuela, o sea el Estado. Esa mesa trabaja generando un diagnóstico de situación en el barrio. La subsecretaría brinda la capacitación en el barrio. Entonces aparecen problemas como los pibes que hacen esquina, que no van más a la escuela, los adolescentes que se sienten excluidos, y que poco a poco tienen necesidad de un peso para el baile, su ropa, y muchas veces en estas situaciones de exclusión, de ausencia del Estado, de desamparo, se pasa rápidamente al primer delito. Esta situación es recibida por esas mesas. Es una de las situaciones más críticas. Qué hace el Estado, qué hace la subsecretaría: diseñamos el Programa de Integración Comunitaria. Propone ir al encuentro de los pibes por medio de tutores que son sus referentes adultos en el barrio. Porque la primera situación quebrada en esos pibes que hacen esquina es que no tienen referencias adultas confiables.
–¿Cómo es eso?
–Por los servicios zonales que hicieron un diagnóstico, sabemos que este año se asistieron más de 80 mil casos, y los tres motivos predominantes fueron maltrato infantil, abuso sexual infantil, y negligencia de los adultos en el tratamiento de los pibes.
–Como para que confíen en los adultos...
–Pero siempre hay algún adulto que tiene diálogo con ellos. Entonces el trabajo es ir a buscar a ese referente, que será uno de los tutores; otro tutor tendrá un perfil sociolaboral y el otro, socioeducativo. El Estado provee becas para los tutores y para los chicos, que incluye que ellos mismos generen un proyecto deportivo o lo que sea, con un monto de hasta cinco mil pesos que provee el Estado para desarrollar ese proyecto. La clave del programa es que hay que restituir la imagen del adulto. Los pibes están hechos bolsa, como dice el ministro Arroyo, después de años de neoliberalismo, generaciones que fueron sacadas del contrato social. Hay que ir al rescate de los pibes, con adultos que entiendan sus códigos.
–¿Pero cómo avanzar en este marco de hostilidad?
–El núcleo del asunto es que la subsecretaría tiene que tener un instituto autárquico, que pueda disponer de su propio presupuesto y que pueda distribuir los empleados que ahora están burocráticamente concentrados. Se cambió la ley, pero no la estructura de un Estado burocrático que como está no puede dar respuestas rápidas. Creo que ahí hemos fallado, porque no logramos imponer la noción de la magnitud del problema y lo que se impuso es la mirada desde la lectura de la seguridad. Por eso, quiero decir que entramos en el tema de los pibes mal. Entramos por la arista del delito, entonces planteamos como primera respuesta la baja en la edad de imputabilidad. Mal. Con qué liviandad el jefe de policía Daniel Salcedo sale a decir que los chicos cometen 1 millón de delitos por año, cuando en la provincia, en total, incluidos los adultos, los delitos rondan los 300 mil. Cómo puede ser que se equivoque en dos ceros.
–¿Es un error?
–Bueno, Salcedo después salió a rectificarse, pero la bomba de tiempo ya está plantada. Porque cuando un alto jefe de seguridad suelta estos datos, a nosotros se nos llenan inmediatamente de emergencias los servicios, porque es como una señal que se baja y la policía parece que actúa con más fiereza, levanta pibes, se genera como una alarma y si el problema de inseguridad está en los pibes hay que ir por ellos.
–El viernes la Corte bonaerense sacó una acordada crítica al gobierno.
–Nos pega y en parte tiene razón y en parte no. Rescatemos a los pibes antes de que delincan, pero mientras, los que ya cometieron un delito que se responsabilicen, que aprendan que se deben responsabilizar, pero con su debido proceso. La ley habla de las medidas alternativas que deben cumplirse en centros bajo la tutela de equipos. Pero de 120 equipos que era el piso de este año, apenas designaron 39. Entonces la Corte dice que el Ejecutivo no tiene lo que tiene que tener.
–¿Y en qué no tiene razón?
–Había situaciones de chicos presos y sin dictarles prisión preventiva desde hacía tres años. La situación es ilegal. Nos reunimos con los jueces, pedimos que se definiera la situación. Algunas jurisdicciones aceptaron y dictaron las preventivas o liberaron. Otras no. En los casos de inactividad judicial, trasladamos a los chicos a los centros específicos bajo la tutela de los equipos. Y los jueces que no se movían pusieron el grito en el cielo.
10 de noviembre de 2008
Título original: "De los pibes se habla recién cuando delinquen"
No está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Pero, además, asegura que el debate debe centrarse en cómo rescatar a los pibes de la marginalidad en la que los abandona el Estado. "Los violentamos –dice–. Después delinquen y nos rasgamos las vestiduras."
Por Horacio Cecchi
"Empezamos a hablar de los pibes cuando el pibe aparece armado y comete un delito, y mientras tanto tenemos cientos de miles de pibes en una situación crítica y tenemos que ir por ellos, no cuando la situación se transformó en una situación punible, porque ahí ya perdimos el partido." Que lo diga un funcionario a la fecha es una marca diferencial. Pero si es un funcionario del gobierno bonaerense, es como decir que marcha contra la corriente política. En realidad, Martha Arriola, subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia, marcha en dirección de los derechos del niño, que hoy no es poco, cuando la respuesta política más fácil a los reclamos de mayor seguridad es cargar el peso sobre los hombros de los adolescentes. Durante una entrevista exclusiva concedida a PáginaI12, Arriola aseguró que "de los pibes nadie habla, los violentamos desde chicos, y nos acordamos de ellos cuando ya están armados y cometen un delito, y entonces nos rasgamos las vestiduras".
–¿Qué opina del debate por la edad de imputabilidad? Es el propio gobernador Daniel Scioli el que lo saca a relucir.
–En primer lugar es una muy buena actitud de un gobernante hacerles frente a los problemas que más golpean, preocupan, inquietan, es una situacion compleja, y hacerle frente me parece una actitud importante. Lo que también entiendo es que la sociedad argentina se debate en estos temas porque está impactada, son temas que dividen posiciones, incluso juristas prestigiosos hablan de la baja de la edad de imputabilidad en un debido proceso, mientras otra parte de la comunidad planteamos que el tema es mucho más profundo, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad sino de trabajar para recuperar una vida digna. En ese sentido llevamos un debate que el mismo gobernador invita a discutir. Es interesante ver que en el propio gabinete se repite el debate, y cada uno defiende su posición, y me parece bien porque estamos en una sociedad abierta.
–¿Y cuál es su posición en ese debate dentro del gabinete?
–Como subsecretaria de Niñez y Adolescencia tengo que defender los intereses de los pibes; velar y proteger el pleno cumplimiento de sus derechos. Tenemos una ley muy importante, la 13.298, que es la ley marco, el sistema de promoción y protección de los derechos de los pibes que plantea la intervención de todas las áreas para hacerle frente al problema de educación, de salud, prevé la creación de servicios zonales... Avanzamos mucho en la consolidación del sistema, aun con escasos recursos.
–¿Cuál es el presupuesto?
–Es uno de los problemas que enfrenta la aplicación de la ley. Lo burocrático. El área tiene el 12,7 por ciento del presupuesto del Ministerio. De cada 100 pesos, 12,7 son para Niñez y Adolescencia.
–¿En números redondos?
–Son 190 millones anuales para cumplir con la ley de promoción, para hacer frente a los servicios zonales, que son equipos multidisciplinarios que trabajan en cada una de las 25 regiones en que se divide la provincia. Nosotros hasta ahora pudimos organizar 20.
–¿Y cuál es la función de los servicios zonales?
–Si un pibe tiene problemas de violencia en su familia y necesita de un acompañamiento de un equipo para generar nuevas condiciones de vida para ese niño y su familia, interviene el equipo zonal, acordando su trabajo con los servicios locales. Cada municipio que hace su adhesión explícita a la ley 13.298, se hace responsable de armar una estructura en el territorio del municipio para tener en cada barrio un servicio que articule con el servicio zonal, para trabajar todas las causas que antes eran judicializables. La gran novedad que trae la 13.298 es que no judicializa más la pobreza.
–¿En qué consiste el servicio?
–Un grupo integrado por un psicólogo, un abogado, un trabajador social, a veces un médico, que va recibiendo los problemas en el barrio, y empieza un tratamiento, un abordaje con la familia y el pibe. Problemas de adicciones, problemas vinculados a la pobreza, a la deserción escolar. Pero si no hay distintas estrategias, no pasa de ser un servicio que asiste pero no es de restitución de derechos. Propusimos en cada barrio la organización de mesas de niñez y adolescencia integradas por asociaciones barriales, referentes de la unidad sanitaria y la escuela, o sea el Estado. Esa mesa trabaja generando un diagnóstico de situación en el barrio. La subsecretaría brinda la capacitación en el barrio. Entonces aparecen problemas como los pibes que hacen esquina, que no van más a la escuela, los adolescentes que se sienten excluidos, y que poco a poco tienen necesidad de un peso para el baile, su ropa, y muchas veces en estas situaciones de exclusión, de ausencia del Estado, de desamparo, se pasa rápidamente al primer delito. Esta situación es recibida por esas mesas. Es una de las situaciones más críticas. Qué hace el Estado, qué hace la subsecretaría: diseñamos el Programa de Integración Comunitaria. Propone ir al encuentro de los pibes por medio de tutores que son sus referentes adultos en el barrio. Porque la primera situación quebrada en esos pibes que hacen esquina es que no tienen referencias adultas confiables.
–¿Cómo es eso?
–Por los servicios zonales que hicieron un diagnóstico, sabemos que este año se asistieron más de 80 mil casos, y los tres motivos predominantes fueron maltrato infantil, abuso sexual infantil, y negligencia de los adultos en el tratamiento de los pibes.
–Como para que confíen en los adultos...
–Pero siempre hay algún adulto que tiene diálogo con ellos. Entonces el trabajo es ir a buscar a ese referente, que será uno de los tutores; otro tutor tendrá un perfil sociolaboral y el otro, socioeducativo. El Estado provee becas para los tutores y para los chicos, que incluye que ellos mismos generen un proyecto deportivo o lo que sea, con un monto de hasta cinco mil pesos que provee el Estado para desarrollar ese proyecto. La clave del programa es que hay que restituir la imagen del adulto. Los pibes están hechos bolsa, como dice el ministro Arroyo, después de años de neoliberalismo, generaciones que fueron sacadas del contrato social. Hay que ir al rescate de los pibes, con adultos que entiendan sus códigos.
–¿Pero cómo avanzar en este marco de hostilidad?
–El núcleo del asunto es que la subsecretaría tiene que tener un instituto autárquico, que pueda disponer de su propio presupuesto y que pueda distribuir los empleados que ahora están burocráticamente concentrados. Se cambió la ley, pero no la estructura de un Estado burocrático que como está no puede dar respuestas rápidas. Creo que ahí hemos fallado, porque no logramos imponer la noción de la magnitud del problema y lo que se impuso es la mirada desde la lectura de la seguridad. Por eso, quiero decir que entramos en el tema de los pibes mal. Entramos por la arista del delito, entonces planteamos como primera respuesta la baja en la edad de imputabilidad. Mal. Con qué liviandad el jefe de policía Daniel Salcedo sale a decir que los chicos cometen 1 millón de delitos por año, cuando en la provincia, en total, incluidos los adultos, los delitos rondan los 300 mil. Cómo puede ser que se equivoque en dos ceros.
–¿Es un error?
–Bueno, Salcedo después salió a rectificarse, pero la bomba de tiempo ya está plantada. Porque cuando un alto jefe de seguridad suelta estos datos, a nosotros se nos llenan inmediatamente de emergencias los servicios, porque es como una señal que se baja y la policía parece que actúa con más fiereza, levanta pibes, se genera como una alarma y si el problema de inseguridad está en los pibes hay que ir por ellos.
–El viernes la Corte bonaerense sacó una acordada crítica al gobierno.
–Nos pega y en parte tiene razón y en parte no. Rescatemos a los pibes antes de que delincan, pero mientras, los que ya cometieron un delito que se responsabilicen, que aprendan que se deben responsabilizar, pero con su debido proceso. La ley habla de las medidas alternativas que deben cumplirse en centros bajo la tutela de equipos. Pero de 120 equipos que era el piso de este año, apenas designaron 39. Entonces la Corte dice que el Ejecutivo no tiene lo que tiene que tener.
–¿Y en qué no tiene razón?
–Había situaciones de chicos presos y sin dictarles prisión preventiva desde hacía tres años. La situación es ilegal. Nos reunimos con los jueces, pedimos que se definiera la situación. Algunas jurisdicciones aceptaron y dictaron las preventivas o liberaron. Otras no. En los casos de inactividad judicial, trasladamos a los chicos a los centros específicos bajo la tutela de los equipos. Y los jueces que no se movían pusieron el grito en el cielo.
Scioli echó a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia
Publicó Página/12
10 de noviembre de 2008
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decidió separar a la funcionaria del ministerio de Desarrollo Social que lanzó duras críticas contra la política oficial de Minoridad y que llegó a calificar de "catastrófica" la situación del área.
Voceros oficiales de la cartera confirmaron que la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de ese ministerio, Martha Arriola, "ya no forma parte del equipo de trabajo desde el viernes, día en se decidió su separación del cargo".
En forma oficial, se explicó que los motivos de la decisión radican en que la funcionaria "no estaba conforme con la política oficial con respecto a temas de minoridad, que no sólo tienen que ver con los proyectos de baja en la edad de imputabilidad".
En declaraciones a los medios, Arriola arremetió duro contra la política oficial del área que conducía hasta la semana pasada, y criticó con aspereza los desempeños de los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Salud, Claudio Zin.
"La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos", dijo Arriola con respecto al proyecto oficial que promueve el gobernador Scioli para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Arriola fue más allá y denunció que se tomaron medidas de traslado y liberación de menores, sin la correspondiente autorización judicial.
"Por esas y otras declaraciones formuladas en privado y que llegaron a oídos del gobernador, es que se decidió el viernes pasado su separación", explicaron voceros oficiales.
En rigor, detallaron, la separación de Arriola se había decidido el viernes, "aunque se postergó por unos días para mantenerla a resguardo y tratar de tener una salida decorosa".
Por su parte, Zin calificó los dichos de Arriola de "una tontería y un disparate" que reflejan "la ignorancia y el desconocimiento" de la funcionaria.
Zin dijo además que le gustaría "mostrar los testimonios escritos de la gente que está siendo atendida y la familia que es contenida, cada vez que llega algún adolescente descompensado por alguna sobredosis".
"Esta señora debe hablar de otra provincia, seguramente viaja mucho y ha visto cosas que pasan en otros lugares del mundo, porque acá, en Buenos Aires, nosotros estamos trabajando en materia de las adicciones desde el primer día de mi gestión", disparó Zin.
El titular de la cartera sanitaria defendió su gestión al remarcar que el viernes pasado, en el marco de una reunión con directores de hospitales, presentó un manual de procedimiento "para que todo el mundo haga lo mismo cuando haya que atender un tema de esta naturaleza".
10 de noviembre de 2008
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decidió separar a la funcionaria del ministerio de Desarrollo Social que lanzó duras críticas contra la política oficial de Minoridad y que llegó a calificar de "catastrófica" la situación del área.
Voceros oficiales de la cartera confirmaron que la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de ese ministerio, Martha Arriola, "ya no forma parte del equipo de trabajo desde el viernes, día en se decidió su separación del cargo".
En forma oficial, se explicó que los motivos de la decisión radican en que la funcionaria "no estaba conforme con la política oficial con respecto a temas de minoridad, que no sólo tienen que ver con los proyectos de baja en la edad de imputabilidad".
En declaraciones a los medios, Arriola arremetió duro contra la política oficial del área que conducía hasta la semana pasada, y criticó con aspereza los desempeños de los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Salud, Claudio Zin.
"La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos", dijo Arriola con respecto al proyecto oficial que promueve el gobernador Scioli para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Arriola fue más allá y denunció que se tomaron medidas de traslado y liberación de menores, sin la correspondiente autorización judicial.
"Por esas y otras declaraciones formuladas en privado y que llegaron a oídos del gobernador, es que se decidió el viernes pasado su separación", explicaron voceros oficiales.
En rigor, detallaron, la separación de Arriola se había decidido el viernes, "aunque se postergó por unos días para mantenerla a resguardo y tratar de tener una salida decorosa".
Por su parte, Zin calificó los dichos de Arriola de "una tontería y un disparate" que reflejan "la ignorancia y el desconocimiento" de la funcionaria.
Zin dijo además que le gustaría "mostrar los testimonios escritos de la gente que está siendo atendida y la familia que es contenida, cada vez que llega algún adolescente descompensado por alguna sobredosis".
"Esta señora debe hablar de otra provincia, seguramente viaja mucho y ha visto cosas que pasan en otros lugares del mundo, porque acá, en Buenos Aires, nosotros estamos trabajando en materia de las adicciones desde el primer día de mi gestión", disparó Zin.
El titular de la cartera sanitaria defendió su gestión al remarcar que el viernes pasado, en el marco de una reunión con directores de hospitales, presentó un manual de procedimiento "para que todo el mundo haga lo mismo cuando haya que atender un tema de esta naturaleza".
jueves, 6 de noviembre de 2008
“Penalizan la pobreza”
Publicó Página|12
5 de noviembre de 2008
Organizaciones de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay presentaron ante la CIDH un duro informe sobre niños y niñas judicializados. “Persisten el maltrato y la tortura”, afirman.
Por Carlos Rodríguez
Cuatro coaliciones de ONG de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA un duro informe sobre el funcionamiento del régimen penal juvenil en los países del Mercosur. Más allá de las diferencias en la legislación vigente en los cuatro países, las ONG coincidieron en señalar que en todos los casos “se violan tratados internacionales que tienen más de una década de vigencia”, que “no hay programas socioeducativos” para ayudar a la reinserción de los sectores postergados, que “persisten el maltrato y la tortura” en los lugares de detención para jóvenes y que en el marco de “una democracia que aún es frágil” a los “niños y niñas no se los reconoce como ciudadanos”. Los delegados de las ONG dijeron que “control social, penalización de la pobreza y privación de libertad son políticas públicas que aplican los estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia los niños, niñas y adolescentes que habitan sus territorios”. La presentación se hizo en coincidencia con el debate, en la Argentina, sobre una posible baja en la edad de imputabilidad.
Durante la audiencia, que se hizo a fines de octubre en la ciudad de Washington, sede de la CIDH, el colectivo de ONG del Mercosur actualizó un informe anterior, entregado en marzo de 2007, sobre la situación de los chicos menores de 18 años que están privados de su libertad en la región. En su exposición, Soledad Cáceres, de la Coordinadora de Paraguay, afirmó que hay “una gran brecha en el campo de los derechos humanos, entre el posicionamiento internacional que han tenido nuestros países al momento de firmar y ratificar los tratados internacionales” en la materia “y las realidades que hemos observado en nuestras naciones”.
En el caso de Argentina, que en 1994 incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a su Constitución, la situación planteada fue la siguiente: “La pobreza entre niños, niñas y adolescentes menores de 13 años ascendía al 40 por ciento (...), y al 63 por ciento –en el caso más crítico– en la provincia de Corrientes”. El informe, con datos de 2007, aseguró que hay “más de 20 mil adolescentes privados de libertad, el diez por ciento por causas penales y el resto por situaciones de vulnerabilidad y pobreza”. También se denunciaron “condiciones de detención infrahumanas, muertes en institutos y comisarías, y vulneraciones de derechos”.
“Estamos hablando de cuestiones vinculadas con situaciones de delincuencia, pero entendemos que en realidad el proceso punitivo por parte de los estados excedió ese tema y lo que nosotros vemos” es que “lo que se ejerce es una penalización de la pobreza”, declaró ante la CIDH Nora Pulido, del Colectivo de Infancia de Argentina. Pulido sostuvo que las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia “están imbuidas por una lógica de control social” y por eso es necesario “un desarrollo de garantías hacia esa población, frenando de esa manera la discrecionalidad del Estado”.
También expuso Darío Abdala, de la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DD.HH. y Estudios Sociales (Andhes). Dijo que “la privación de libertad es la principal respuesta que hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática” juvenil. Precisó que los datos estadísticos dicen que “los niños, niñas y adolescentes privados de libertad representan el 57 por ciento, en el caso de Uruguay, del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por ciento en el caso de la Argentina”. El representante del Comité por los Derechos del Niño de Uruguay, Luis Pedernera, advirtió que “la excepción se convierte en regla”, en relación con la privación de libertad de los jóvenes.
La CIDH está preparando un informe sobre régimen penal, en la infancia y en general, que será dado a conocer antes del 5 de diciembre próximo.
5 de noviembre de 2008
Organizaciones de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay presentaron ante la CIDH un duro informe sobre niños y niñas judicializados. “Persisten el maltrato y la tortura”, afirman.
Por Carlos Rodríguez
Cuatro coaliciones de ONG de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA un duro informe sobre el funcionamiento del régimen penal juvenil en los países del Mercosur. Más allá de las diferencias en la legislación vigente en los cuatro países, las ONG coincidieron en señalar que en todos los casos “se violan tratados internacionales que tienen más de una década de vigencia”, que “no hay programas socioeducativos” para ayudar a la reinserción de los sectores postergados, que “persisten el maltrato y la tortura” en los lugares de detención para jóvenes y que en el marco de “una democracia que aún es frágil” a los “niños y niñas no se los reconoce como ciudadanos”. Los delegados de las ONG dijeron que “control social, penalización de la pobreza y privación de libertad son políticas públicas que aplican los estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia los niños, niñas y adolescentes que habitan sus territorios”. La presentación se hizo en coincidencia con el debate, en la Argentina, sobre una posible baja en la edad de imputabilidad.
Durante la audiencia, que se hizo a fines de octubre en la ciudad de Washington, sede de la CIDH, el colectivo de ONG del Mercosur actualizó un informe anterior, entregado en marzo de 2007, sobre la situación de los chicos menores de 18 años que están privados de su libertad en la región. En su exposición, Soledad Cáceres, de la Coordinadora de Paraguay, afirmó que hay “una gran brecha en el campo de los derechos humanos, entre el posicionamiento internacional que han tenido nuestros países al momento de firmar y ratificar los tratados internacionales” en la materia “y las realidades que hemos observado en nuestras naciones”.
En el caso de Argentina, que en 1994 incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a su Constitución, la situación planteada fue la siguiente: “La pobreza entre niños, niñas y adolescentes menores de 13 años ascendía al 40 por ciento (...), y al 63 por ciento –en el caso más crítico– en la provincia de Corrientes”. El informe, con datos de 2007, aseguró que hay “más de 20 mil adolescentes privados de libertad, el diez por ciento por causas penales y el resto por situaciones de vulnerabilidad y pobreza”. También se denunciaron “condiciones de detención infrahumanas, muertes en institutos y comisarías, y vulneraciones de derechos”.
“Estamos hablando de cuestiones vinculadas con situaciones de delincuencia, pero entendemos que en realidad el proceso punitivo por parte de los estados excedió ese tema y lo que nosotros vemos” es que “lo que se ejerce es una penalización de la pobreza”, declaró ante la CIDH Nora Pulido, del Colectivo de Infancia de Argentina. Pulido sostuvo que las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia “están imbuidas por una lógica de control social” y por eso es necesario “un desarrollo de garantías hacia esa población, frenando de esa manera la discrecionalidad del Estado”.
También expuso Darío Abdala, de la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DD.HH. y Estudios Sociales (Andhes). Dijo que “la privación de libertad es la principal respuesta que hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática” juvenil. Precisó que los datos estadísticos dicen que “los niños, niñas y adolescentes privados de libertad representan el 57 por ciento, en el caso de Uruguay, del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por ciento en el caso de la Argentina”. El representante del Comité por los Derechos del Niño de Uruguay, Luis Pedernera, advirtió que “la excepción se convierte en regla”, en relación con la privación de libertad de los jóvenes.
La CIDH está preparando un informe sobre régimen penal, en la infancia y en general, que será dado a conocer antes del 5 de diciembre próximo.
lunes, 3 de noviembre de 2008
Asesinato y torturas a menores detenidos en Corrientes
Publicó Agencia Walsh
2 de noviembre de 2008
"Baje la cabeza. Ponga las manos atrás. No me mire. No hable. No gesticule. Arrodíllese y mire la pared. Desnúdese. Muestre los genitales. Abra el culo. Ese es el trato que recibimos con golpe de puños y bastonazos. Te dicen de esta manera que no sos nadie, que no tenés ningún derecho, que sos un expediente que camina". Este texto es parte de una denuncia de los detenidos en la Unidad 6 de San Cayetano, Corrientes, todos menores 21 años contra los penitenciarios. La carta fue entregada recientemente a nuestra compañera Hilda Presman porque no confían, con justa razón, en ninguna vía legal.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2008 (Por Oscar Castelnovo, Agencia Walsh) En un desesperado pedido de auxilio, los presos alojados en el pabellón de Menores, de la Unidad Penal 6, San Cayetano, Corrientes, dan cuenta de por lo menos un asesinato, torturas, vejámenes y tormentos psicológicos a los que son sometidos por el personal de custodia, especialmente el por el Grupo de Traslados ETOP (Equipo de Tareas Operativas Penitenciarias), tristemente conocido como el "Grupo de Negro".
La misiva, dirigida a la jueza de Menores fue entregada a Hilda Presman, dirigente de la Red Provincial por los Derechos Humanos y miembro de nuestra Agencia. "porque siguiendo las vías legales, no sale, va a parar al tacho de la basura", afirmaron los jóvenes.
También, le dicen a la magistrada: "queremos que usted sepa que este tétrico lugar está tan bien construido lejos de la ciudad, para que cuando estas personas te torturen o te castiguen a mansalva y sin piedad, nuestras quejas y gritos de dolor no sean escuchados por nadie. Así le pasó al interno Duarte para la Navidad pasada cuando lo llevaron sancionado a los pabellones de aislamiento y luego de golpearlo hasta matarlo (lo colgaron de una sábana y lo hicieron pasar como un suicidio). Se tapó todo incluso con la complicidad de la Justicia, desde entonces impera el miedo y el no te metás".
Más adelante, ellos expresan que "su Señoría, esto es Alcatraz, Guantánamo o Auschwitz, campo de concentración nazi. Los días de visita por el costado de la alambrada custodia personal del grupo de tarea con perros rod wailer y dóberman. Rogamos a usted que nos visite o nos reciba en audiencia para poder contarle y mostrarle la forma infrahumana en que nos tratan y cómo vivimos. Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarla con distinguida consideración. Dios la guarde a Ud. Solo así será Justicia.
Por su parte, la Red Provincial motorizó el escrito para que llegue a las autoridades judiciales competentes como el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, César Sotelo y a la Jueza de Menores Nº 1 Rosa Esquivel de San Lorenzo, quien informó a la Red que remitiría el escrito al Superior Tribunal, en virtud de la seriedad de la denuncia planteada. Lo cierto es que hasta ahora nada ha cambiado en San Cayetano a pesar de haber transcurrido más de 12 días de la denuncia de los menores.
San Cayetano, queda a unos 25 kilómetros de la capital correntina, con cuatro km de tierra intransitable cuando llueve, sobre la ruta 12, hacia el sur, con escaso transporte interurbano. A la vez, carece de agua potable y desde la capital llevan tanques de agua hasta la zona asfaltada y luego los familiares de los presos deben transitar a pie, con los bidones, esos cuatro kilómetros hasta el penal.
San Cayetano es una cárcel "nueva" que se inauguró en el año 2005, y desde sus inicios las denuncias por tratos aberrantes, la falta de agua y la inaccesibilidad son constantes. Sin atenuantes, Arturo Colombi quien gobierna la provincia con una alianza de radicales K, ahora cercanos a Cobos y también con compañeros de ruta liberales es uno de los principales responsables -junto a los mamarrachos jurídicos que deberían administrar justicia-, del padecer de estos pibes, a quienes primero quitaron todos sus derechos, luego encerraron y ahora les aplican la política de exterminar su entidad humana.
Informe: Red Provincial por los Derechos Humanos de Corrientes
2 de noviembre de 2008
"Baje la cabeza. Ponga las manos atrás. No me mire. No hable. No gesticule. Arrodíllese y mire la pared. Desnúdese. Muestre los genitales. Abra el culo. Ese es el trato que recibimos con golpe de puños y bastonazos. Te dicen de esta manera que no sos nadie, que no tenés ningún derecho, que sos un expediente que camina". Este texto es parte de una denuncia de los detenidos en la Unidad 6 de San Cayetano, Corrientes, todos menores 21 años contra los penitenciarios. La carta fue entregada recientemente a nuestra compañera Hilda Presman porque no confían, con justa razón, en ninguna vía legal.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2008 (Por Oscar Castelnovo, Agencia Walsh) En un desesperado pedido de auxilio, los presos alojados en el pabellón de Menores, de la Unidad Penal 6, San Cayetano, Corrientes, dan cuenta de por lo menos un asesinato, torturas, vejámenes y tormentos psicológicos a los que son sometidos por el personal de custodia, especialmente el por el Grupo de Traslados ETOP (Equipo de Tareas Operativas Penitenciarias), tristemente conocido como el "Grupo de Negro".
La misiva, dirigida a la jueza de Menores fue entregada a Hilda Presman, dirigente de la Red Provincial por los Derechos Humanos y miembro de nuestra Agencia. "porque siguiendo las vías legales, no sale, va a parar al tacho de la basura", afirmaron los jóvenes.
También, le dicen a la magistrada: "queremos que usted sepa que este tétrico lugar está tan bien construido lejos de la ciudad, para que cuando estas personas te torturen o te castiguen a mansalva y sin piedad, nuestras quejas y gritos de dolor no sean escuchados por nadie. Así le pasó al interno Duarte para la Navidad pasada cuando lo llevaron sancionado a los pabellones de aislamiento y luego de golpearlo hasta matarlo (lo colgaron de una sábana y lo hicieron pasar como un suicidio). Se tapó todo incluso con la complicidad de la Justicia, desde entonces impera el miedo y el no te metás".
Más adelante, ellos expresan que "su Señoría, esto es Alcatraz, Guantánamo o Auschwitz, campo de concentración nazi. Los días de visita por el costado de la alambrada custodia personal del grupo de tarea con perros rod wailer y dóberman. Rogamos a usted que nos visite o nos reciba en audiencia para poder contarle y mostrarle la forma infrahumana en que nos tratan y cómo vivimos. Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarla con distinguida consideración. Dios la guarde a Ud. Solo así será Justicia.
Por su parte, la Red Provincial motorizó el escrito para que llegue a las autoridades judiciales competentes como el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, César Sotelo y a la Jueza de Menores Nº 1 Rosa Esquivel de San Lorenzo, quien informó a la Red que remitiría el escrito al Superior Tribunal, en virtud de la seriedad de la denuncia planteada. Lo cierto es que hasta ahora nada ha cambiado en San Cayetano a pesar de haber transcurrido más de 12 días de la denuncia de los menores.
San Cayetano, queda a unos 25 kilómetros de la capital correntina, con cuatro km de tierra intransitable cuando llueve, sobre la ruta 12, hacia el sur, con escaso transporte interurbano. A la vez, carece de agua potable y desde la capital llevan tanques de agua hasta la zona asfaltada y luego los familiares de los presos deben transitar a pie, con los bidones, esos cuatro kilómetros hasta el penal.
San Cayetano es una cárcel "nueva" que se inauguró en el año 2005, y desde sus inicios las denuncias por tratos aberrantes, la falta de agua y la inaccesibilidad son constantes. Sin atenuantes, Arturo Colombi quien gobierna la provincia con una alianza de radicales K, ahora cercanos a Cobos y también con compañeros de ruta liberales es uno de los principales responsables -junto a los mamarrachos jurídicos que deberían administrar justicia-, del padecer de estos pibes, a quienes primero quitaron todos sus derechos, luego encerraron y ahora les aplican la política de exterminar su entidad humana.
Informe: Red Provincial por los Derechos Humanos de Corrientes
Multarán a Macri por falta de atención sanitaria en un asentamiento
Publicó Página|12
1 de noviembre de 2008
Título original: Un incentivo pero al revés
El juez Roberto Gallardo comprobó que el gobierno porteño no cumplió con la orden judicial de brindar atención médica durante las 24 horas en un centro de evacuados donde viven un millar de adultos y 500 niños.
Por Eduardo Videla
En la sala de primeros auxilios del asentamiento de Parque Roca hay apenas una mesa de plástico y una silla; una camilla sucia, un anaquel con algunos remedios y en la pared, una imagen de la Virgen de Luján. De las canillas no sale una gota de agua y los sanitarios están, por esa misma carencia, en condiciones deplorables. En el lugar no se ven médicos ni enfermeros. Esa situación se mantiene desde hace más de dos meses, aunque ahora, de 8 a 20, se instala una ambulancia del SAME con un médico a bordo. Para el juez Roberto Gallardo, sin embargo, no es suficiente para garantizar la atención sanitaria de una población de más de 1500 personas, entre las que se incluyen 473 niños. Por eso, después de considerar cumplidos todos los plazos e incumplidas las medidas judiciales solicitadas, resolvió imponer al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a partir del miércoles próximo, una multa de 1500 pesos por cada día en que no se cumpla la orden de poner en funcionamiento la sala durante las 24 horas, con un pediatra y un médico clínico permanente. La sanción se extiende al ministro de Salud, Jorge Lemus, para quien dispone una multa diaria de 1000 pesos. Es una suerte de incentivo, pero inverso al que había dispuesto el propio Macri para los ministerio más eficientes de su gestión.
Gallardo visitó el jueves el asentamiento, que en realidad es un centro de evacuados construido por el propio Estado para albergar a los habitantes de Villa Cartón, destruida por el fuego hace 20 meses. El centro habitacional fue construido en los fondos del Parque Roca, en Villa Soldati. En ese asentamiento, el 13 de agosto pasado, falleció un bebé de cuatro meses. En la sala no había médicos y el niño tuvo que ser llevado al Hospital Piñero, pero el traslado demoró más de una hora.
En rigor, la orden de poner en condiciones la sala de primeros auxilios fue ordenada por Gallardo a fines de 2007. Pero la orden nunca se cumplió, según pudo corroborar la veedora designada por el juez, Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la organización que promovió la demanda.
Tras el fallecimiento del bebé, Gallardo citó a Macri y al ministro de Salud, entre otros funcionarios, para que den explicaciones sobre el incumplimiento de la medida. Pero ninguno concurrió. Entonces el juez dispuso a principios de septiembre una serie de allanamientos al Palacio de Gobierno, los ministerios de Salud y Desarrollo Social, el Instituto de la Vivienda y la Corporación del Sur, en busca de documentación sobre el caso. El gobierno de Macri respondió con una recusación masiva contra Gallardo, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones (ver recuadro)
La causa volvió al juzgado de Gallardo, quien esta semana apuró una resolución: es que el Consejo de la Magistratura declaró en feria a su juzgado, a partir del lunes y por quince días, “para cambiar las alfombras de ese tribunal”.
Tras visitar el centro de refugiados junto a sus colaboradores y tomar decenas de fotografías que fueron incorporadas al expediente, Gallardo redactó el fallo, que notificó de inmediato a la Procuración de la ciudad. La resolución, a la que accedió PáginaI12, destaca que “transcurridos casi dos meses, nada ha cambiado favorablemente sino, más bien, el cuadro ha empeorado ya que a la falta de atención durante las 24 horas “se agregó la falta de agua”.
En la resolución Gallardo reconoce “las respuestas aptas y responsables” del Ministerio de Educación porteño, tendientes a “garantizar la escolaridad de los menores allí alojados”, en total 473 chicos, según el censo realizado por esa cartera. Pero el fallo es lapidario con el ministro de Salud, de quien Gallardo dice: “O bien no puede, porque no sabe o carece de recursos, o no quiere cumplir con lo ordenado. O es inepto o incapaz o bien se ha decidido dolosamente a desconocer sus obligaciones legales”.
La sentencia dispone que el jefe de Gobierno “se avoque a cumplir las medidas” solicitadas, esto es, que “tome en sus manos la responsabilidad que hasta ahora no asumió su ministro”, según explicaron fuentes del juzgado. También ordena que la veedora judicial Luciana Bercovich realice reportes diarios sobre el cumplimiento de la medida (hasta ahora eran semanales). Y le da un plazo al jefe de Gobierno hasta el 5 de noviembre, para cumplir con las medidas exigidas. En caso contrario, “por cada día de mora una multa diaria de 1500 pesos al jefe de Gobierno”, y de 1000 para el ministro de Salud.
Gallardo notificó el fallo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Inadi, y a la Defensoría del Pueblo nacional. También denuncia penalmente al ministro Lemus por los delitos de desobediencia, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los fundamentos del fallo, Gallardo se permite una ironía. “Casi como una metáfora, en la estructura casi vacía de la salta de emergencias médicas se ha emplazado una Virgen de Luján. Si alguien mayor o menor sufre alguna dolencia grave, sólo le queda presentarse ante la imagen de la Virgen y rezar.”
1 de noviembre de 2008
Título original: Un incentivo pero al revés
El juez Roberto Gallardo comprobó que el gobierno porteño no cumplió con la orden judicial de brindar atención médica durante las 24 horas en un centro de evacuados donde viven un millar de adultos y 500 niños.
Por Eduardo Videla
En la sala de primeros auxilios del asentamiento de Parque Roca hay apenas una mesa de plástico y una silla; una camilla sucia, un anaquel con algunos remedios y en la pared, una imagen de la Virgen de Luján. De las canillas no sale una gota de agua y los sanitarios están, por esa misma carencia, en condiciones deplorables. En el lugar no se ven médicos ni enfermeros. Esa situación se mantiene desde hace más de dos meses, aunque ahora, de 8 a 20, se instala una ambulancia del SAME con un médico a bordo. Para el juez Roberto Gallardo, sin embargo, no es suficiente para garantizar la atención sanitaria de una población de más de 1500 personas, entre las que se incluyen 473 niños. Por eso, después de considerar cumplidos todos los plazos e incumplidas las medidas judiciales solicitadas, resolvió imponer al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a partir del miércoles próximo, una multa de 1500 pesos por cada día en que no se cumpla la orden de poner en funcionamiento la sala durante las 24 horas, con un pediatra y un médico clínico permanente. La sanción se extiende al ministro de Salud, Jorge Lemus, para quien dispone una multa diaria de 1000 pesos. Es una suerte de incentivo, pero inverso al que había dispuesto el propio Macri para los ministerio más eficientes de su gestión.
Gallardo visitó el jueves el asentamiento, que en realidad es un centro de evacuados construido por el propio Estado para albergar a los habitantes de Villa Cartón, destruida por el fuego hace 20 meses. El centro habitacional fue construido en los fondos del Parque Roca, en Villa Soldati. En ese asentamiento, el 13 de agosto pasado, falleció un bebé de cuatro meses. En la sala no había médicos y el niño tuvo que ser llevado al Hospital Piñero, pero el traslado demoró más de una hora.
En rigor, la orden de poner en condiciones la sala de primeros auxilios fue ordenada por Gallardo a fines de 2007. Pero la orden nunca se cumplió, según pudo corroborar la veedora designada por el juez, Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la organización que promovió la demanda.
Tras el fallecimiento del bebé, Gallardo citó a Macri y al ministro de Salud, entre otros funcionarios, para que den explicaciones sobre el incumplimiento de la medida. Pero ninguno concurrió. Entonces el juez dispuso a principios de septiembre una serie de allanamientos al Palacio de Gobierno, los ministerios de Salud y Desarrollo Social, el Instituto de la Vivienda y la Corporación del Sur, en busca de documentación sobre el caso. El gobierno de Macri respondió con una recusación masiva contra Gallardo, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones (ver recuadro)
La causa volvió al juzgado de Gallardo, quien esta semana apuró una resolución: es que el Consejo de la Magistratura declaró en feria a su juzgado, a partir del lunes y por quince días, “para cambiar las alfombras de ese tribunal”.
Tras visitar el centro de refugiados junto a sus colaboradores y tomar decenas de fotografías que fueron incorporadas al expediente, Gallardo redactó el fallo, que notificó de inmediato a la Procuración de la ciudad. La resolución, a la que accedió PáginaI12, destaca que “transcurridos casi dos meses, nada ha cambiado favorablemente sino, más bien, el cuadro ha empeorado ya que a la falta de atención durante las 24 horas “se agregó la falta de agua”.
En la resolución Gallardo reconoce “las respuestas aptas y responsables” del Ministerio de Educación porteño, tendientes a “garantizar la escolaridad de los menores allí alojados”, en total 473 chicos, según el censo realizado por esa cartera. Pero el fallo es lapidario con el ministro de Salud, de quien Gallardo dice: “O bien no puede, porque no sabe o carece de recursos, o no quiere cumplir con lo ordenado. O es inepto o incapaz o bien se ha decidido dolosamente a desconocer sus obligaciones legales”.
La sentencia dispone que el jefe de Gobierno “se avoque a cumplir las medidas” solicitadas, esto es, que “tome en sus manos la responsabilidad que hasta ahora no asumió su ministro”, según explicaron fuentes del juzgado. También ordena que la veedora judicial Luciana Bercovich realice reportes diarios sobre el cumplimiento de la medida (hasta ahora eran semanales). Y le da un plazo al jefe de Gobierno hasta el 5 de noviembre, para cumplir con las medidas exigidas. En caso contrario, “por cada día de mora una multa diaria de 1500 pesos al jefe de Gobierno”, y de 1000 para el ministro de Salud.
Gallardo notificó el fallo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Inadi, y a la Defensoría del Pueblo nacional. También denuncia penalmente al ministro Lemus por los delitos de desobediencia, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los fundamentos del fallo, Gallardo se permite una ironía. “Casi como una metáfora, en la estructura casi vacía de la salta de emergencias médicas se ha emplazado una Virgen de Luján. Si alguien mayor o menor sufre alguna dolencia grave, sólo le queda presentarse ante la imagen de la Virgen y rezar.”
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