El ADN confirma el incesto y el abuso

Publicó Página|12
28 de mayo de 2009

Los análisis demuestran que el acusado es padre de los niños de su propia hija, que hoy tiene 35 años. Como el mayor tiene 19, el embarazo se produjo cuando ella tenía 15. La defensa sostiene que, “si hubo delito, prescribió”.


Los exámenes de ADN confirmaron que Armando L., el hombre de 67 años acusado de violar a su hija durante más de 20 años, en la ciudad de Mendoza, es el padre de los siete hijos que tuvo esa mujer, como producto de los abusos denunciados. Los resultados comprometen al hombre, quien está detenido desde hace veinte días, pero no son decisivos para su procesamiento, según sostienen sus abogados defensores (ver nota aparte). Un legislador pidió que se impute a la pareja del hombre –la madre de la víctima– por su presunta complicidad con los abusos que se cometían.

El fiscal que interviene en la causa, Marcelo Gutiérrez del Barrio, informó ayer a la defensa del acusado sobre los resultados de los análisis realizados en laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo. Esos resultados, según trascendió, demuestran que el hombre imputado es el padre de los siete hijos que tuvo su hija. El mayor tiene hoy 19 años y su madre, 35, por lo cual, cuando quedó embarazada, tenía alrededor de 15 años, es decir que era menor de edad.

El diputado provincial Ricardo Puga, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, dijo que las pruebas mencionadas “acreditan nuestros planteos” y solicitó el “procesamiento de la pareja del abusador”. “Ahora hemos pedido el procesamiento de la pareja del abusador, de 55 años y que trabaja como oficial de justicia, porque por su función y vínculo mantuvo silencio ante los gravísimos hechos denunciados”, afirmó Puga. Este legislador fue quien recibió, hace seis meses y medio, la denuncia del hecho por parte de un hermano de la mujer abusada por su padre, después de que fracasara una decena de denuncias judiciales.

Los resultados del ADN “acreditan que lo que planteamos tras recibir la denuncia del hermano era correcto, y ahora se sumaron a la causa otras denuncias conexas hechas por un vecino de la familia y otra hija del hombre imputado”.

El hombre fue detenido el 8 de mayo y se abstuvo de declarar ante el fiscal, tras lo cual fue trasladado a la Penitenciaría provincial de la calle Boulogne Sur Mer de la capital mendocina, imputado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en un mínimo de siete oportunidades”. A la primera denuncia se sumó recientemente la de otra hija, de 40 años: afirmó que también ella y otras hermanas fueron abusadas por su padre, y reiteró que “amenazaba a la familia con un arma de fuego para que guardaran silencio”.

El paso siguiente será conocer el resultado de los peritajes psiquiátricos del detenido, tras lo cual será trasladado a los tribunales de la Justicia provincial para declarar ante el fiscal Gutiérrez del Barrio.

Ayer, el abogado Pablo Cazabán, uno de los defensores de Armando L., dijo que analiza la posibilidad de renunciar a la defensa del acusado. El letrado, que es hermano del ministro de Gobierno y Justicia de Mendoza Alejandro Cazabán, argumentó que “se ha planteado una situación familiar y por ser absolutamente privada no voy a realizar ninguna declaración”. Cazabán asumió la semana pasada la defensa del imputado junto al abogado Fabián Hathallah, contratados por el acusado. Los defensores adelantaron que intentarán demostrar en la causa que las relaciones sexuales eran consentidas por la hija, en el marco de un incesto, situación que no es penada por la ley. En ese sentido, consideraron que el acusado es “un pecador” pero no “un delincuente” y que los casos denunciados por la víctima “fueron relaciones sexuales consentidas” (ver nota aparte).

Tal como publicó Página/12 la semana pasada, la denunciante no vive más en su casa: se trasladó con sus hijos a la casa de otro familiar, por lo cual diputados opositores reclamaron al gobierno que brinde asistencia social al grupo, porque se encuentra en situación de “hacinamiento”.

En respuesta a ese reclamo, ayer, la ministra de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia de la provincia, Silvia Ruggeri, aseguró que la denunciante recibe ayuda de la Nación, la provincia y el municipio, y que en los próximos días se le otorgará una vivienda. La funcionaria destacó que “es importante que los chicos vuelvan a la escuela” y en ese marco consideró como “alternativa” la posibilidad de que reciban educación domiciliaria. “La última vez que me consultaron sobre este tema estábamos esperando la pertinencia de este tipo de asistencia, porque es un reclamo judicializado –explicó la ministra–. Lo cierto es que esto ya está resuelto en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay una asistencia y seguimiento de parte de la municipalidad de Mendoza y hay una solicitud concreta respecto del tema de vivienda de esta familia”, tema que ya estará resuelto “mañana o pasado”.