Por falta de lugar, liberan a menores para encarcelar a los más peligrosos

Publicó Clarín
18 de abril de 2008

Lo denuncia el Colegio de Magistrados de la Provincia. Hay dos mil chicos en este circuito.

Por Liliana Caruso

El mes pasado Marcos F., de 14 años, asaltó un comercio en Banfield con dos amigos. Cuando escapaba, la Policía lo detuvo. Eran las nueve de la noche y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de turno comenzó a buscar un lugar donde alojar al chico hasta el día siguiente, cuando debía ir a declarar. El más cercano era el Centro de Recepción Lomas de Zamora, ubicado a 100 metros del edificio judicial. Pero allí no había lugar. Empezaron a llamar entonces a los cuatro centros de este tipo que tiene la Provincia y la respuesta fue la misma: "No tenemos plazas". Mientras, el joven daba vueltas en un patrullero. Así estuvo hasta las tres de la mañana, cuando la fiscalía debió recurrir a un canje insólito: negoció sacar bajo arresto domiciliario a otro chico, que estaba detenido por un delito menor, y a cambio obtuvo una plaza para el nuevo.

De esta forma, recién después de más de seis horas, la fiscalía logró retener al chico. Lo sorprendente es que esto no ocurre sólo en Lomas de Zamora; también pasa todos los días en el resto de los 18 distritos judiciales bonaerenses, según el Colegio de Magistrados de la Provincia.

Es que, desde hace varios meses, los jueces y fiscales de menores provinciales se ven obligados a hacer una especie de "cambio de figuritas" o "plan canje" -como ellos mismos lo llaman- ante la falta de espacio para alojar menores. A veces tienen que trasladarlos más de 400 kilómetros durante la noche, sólo para volver a traerlos al otro día para declarar.

Los jueces del fuero creen que hay unos 2.000 menores de 18 años en este circuito ambulatorio. Chicos que deberían estar alojados en un centro, pero por este problema reciben el beneficio de alguna morigeración. Es como si se aplicara una norma de mercado: "Sale el que cometió el delito más leve para darle lugar al que cometió el delito más grave".

El primer síntoma del colapso se observa en los llamados Centros de Recepción, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer lugar adonde los menores van cuando caen presos. Los hay en Lomas de Zamora, Pablo Nogués, La Plata y Mar del Plata.

Según la ley, los jóvenes deberían pasar allí un tiempo corto para su evaluación, pero en algunos casos hasta se quedan un año por falta de vacantes en otros institutos. Luego de su evaluación, los jueces tienen distintas opciones.

La primera es derivar a los menores a institutos o centros cerrados de detención, si el delito lo amerita. Esos lugares son El Castillito y el Instituto Almafuerte, ambos de La Plata; el Leopoldo Lugones, de Azul; el Instituto Nuevo Dique, de La Plata y el Instituto de Merlo, para mujeres. Otra posibilidad son los centros de contención (casas), donde los jóvenes tienen un régimen de semi-libertad.

Distintas ONG denunciaron que estos sitios están desbordados, en algunos casos hasta en un 30 % de su capacidad. El Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus relacionado con el Centro de Recepción de La Plata, donde afirma que constató que en abril del año pasado allí había 52 jóvenes detenidos (cuando su capacidad es de 35). En diciembre de 2008, cuando se hizo lugar al recurso, este centro seguía superpoblado: alojaba a 48 menores.

A esto hay que sumarle que las estadísticas oficiales de la Provincia hablan de un aumento del 80% en los delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años en 2008, un factor que complicó aún más la situación de alojamiento.

"La carencia de plazas para ubicar a los menores se viene advirtiendo sobre todo desde el año pasado. Y el tema es que muchos jueces dicen que se ven obligados a enviar a estos chicos a sus casas porque no tienen otra alternativa, aún cuando creen que deberían estar en algún instituto. Pero la realidad es que a veces ni les contestan el teléfono ni les abren la puerta, porque les dicen que no hay cupos. Así tampoco se puede seguir porque el sistema está fallando. Eso no es hacer justicia tampoco. Después pasa lo que pasó en Valentín Alsina: se la agarran con el fiscal, que solo está cumpliendo las leyes de la Nación. Por algún lado explota. Lo que necesitamos es una respuesta del sistema, del Ejecutivo, de lugares de internación, atención y contención", advirtió a Clarín el presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia, Carlos Lami.

La queja ya había sido planteada a fines del año pasado por seis jueces de Menores de San Isidro, que dijeron que la situación "es grave" porque no se consiguen lugares para encerrar a los chicos. También denunciaron que, ante la grave situación, "en lugar de responder, la administración provincial resolvió en forma inconsulta liberar a los jóvenes internados sin darles aviso, para lograr así un cupo". Según contaron a Clarín los jueces del fuero, en varios casos "esos chicos fueron llevados a centros de semi-libertad, tipo casas, y allí duraron minutos porque se fugaron sin trabas".

Así, por ejemplo, de un Centro de Contención de Merlo logró escaparse un menor detenido por un homicidio y la jueza que lo tenía a cargo recién se enteró cuando intentó hacerle una acusación formal. Nadie le había avisado.

Otro caso de "canje" ocurrió en Lomas de Zamora en noviembre de 2008. Entonces, un menor acusado por robo calificado que estaba en un Centro de Recepción fue puesto en arresto domiciliario para dejar lugar a un chico que había asaltado a los padres de Juan Carlos Blumberg y tenía más antecedentes. Sin embargo, el que recibió el arresto domiciliario terminó reincidiendo al mes, cuando lo detuvieron por participar de una banda de secuestradores.