Embargo a ministro bonaerense por “desamparar” a chicos de la calle

Publicó Política y Medios
8 de mayo de 2009

El fallo lo dictó el juez Luis Arias, quien señaló a P&M que el titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, “no ha mostrado ninguna voluntad de cumplir con al demanda cautelar para que los menores en situación de calle tengan un lugar para satisfacer sus necesidades básicas”. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, calificaron de “lamentable que se haya llegado a esta instancia para que resuelva” el tema.

Hasta que no se cumpla con la medida cautelar del juez platense Luis Arias, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (foto), y el Secretario de esa cartera en la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat, sufrirán un embargo diario que llegará hasta el 20 por ciento de sus sueldos.

El mismo juez lo determinó ayer, al constatar que no se había cumplido el fallo del año pasado que exigía de forma urgente a los Ejecutivos provincial y municipal el funcionamiento de un parador nocturno, un servicio de atención telefónica las 24 horas, dos coches para el traslado de los chicos y la difusión de sus derechos.

“El Ministerio de Desarrollo Social no ha cumplido nada, cuando es justamente la competencia mayor, con la mayor responsabilidad, en particular sobre la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia”, destacó el juez en diálogo con Política&Medios y agregó que “no ha mostrado ninguna voluntad ni intensión de cumplir con al demanda cautelar, que fundamentalmente está dirigida a que los menores tengan un lugar de referencia para poder satisfacer sus necesidades básicas, alimentación higiene, descanso. En virtud de las convenciones que tiene firmado el estado, no puede dejar a ese chico desamparado en la calle”.

Para Arias, este comportamiento del Ministerio “demuestra que no hay voluntad política de llevar adelante esta política de estado que ha fijado la legislatura a través de la sanción de estas leyes. Hay miles de autos, hay choferes para todo, ¿no se pueden destinar dos autos para que en toda la ciudad de La Plata se pueda trasladar a los chicos? ¿No puede haber un 0800 las 24 horas? Lo cierran a las 8 de la noche, justo cuando más problemas hay”.

Consultado sobre los descuentos a los funcionarios, que en el caso de Arroyo es de 800 pesos diarios y de 200 sobre Crusat, el juez se manifestó descreído sobre el funcionamiento de esta sanción. “No va a pasar nada. Porque normalmente las astrientes la Cámara en lo Contencioso Administrativa de La Plata las revoca sistemáticamente, entonces a los funcionarios les da lo mismo cumplir o no la orden judicial. Incumplir una orden judicial es un delito, pero hay un estado de impunidad terrible”, denunció.

La medida cautelar dictada por Arias el año pasado, surgió de las denuncias de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Ricardo De Udaeta, integrante de la organización, opinó a P&M que “es lamentable que se haya llegado a esta instancia para que se deban poner a gestionar y resolver el problema de los chicos de la calle y para poder aplicar la ley de promoción y protección”.

“El juez –señaló Udaeta- vio que en realidad los pibes siguen en la calle, la policía los sigue reprimiendo, no hay servicio de atención telefónica las 24 horas, no hay un parador nocturno. Vemos que hay una decisión política de que esos chicos sigan en la calle. Fuimos a reclamar muchas veces por estas medidas y la respuesta siempre ha sido represiva, cuando pusimos la ollas populares nos mandaron a control urbano, que debería estar revisando las ferreterías que le venden pegamento a los pibes y los mandan a donde estamos nosotros, que les damos de comer”.

Po último, Udaeta pidió que más que discutir la baja en la edad de imputabilidad, se debería sacar a todos los chicos de la calle. “En provincia tenemos la ley de Promoción y Protección, que es muy buena, de avanzada, pero lo que hace falta es voluntad política para poner plata, si no ponen plata en eso no se de donde van a sacarla para ponerla en le ley de responsabilidad penal juvenil”, analizó y agregó: “No se cual es la prioridad, si defender a los pibes o castigarlos”.

Régimen Penal Juvenil. Para el juez Luis Arias, “hay un elevado nivel de reduccionismo sobre bajar la edad de imputabilidad o no. Creo que no va a solucionar nada, es una aspirina para calmar los síntomas de una enfermedad hasta que pasen las elecciones. Las leyes por si mismas no modifican la realidad, se necesita alguien que las cumpla, que las ejecute, que las lleve a cabo. Se necesitan acciones continuadas, concretas como estas que ordenamos. Trabajo constante, permanente, por parte de la administración, invertir recursos humanos y materiales, pero esas situaciones no se dan”.

“Hay una ley nacional de protección de los derechos del niño y también está en la convención de los derechos el niño, que ya tiene 20 años, pero el problema es que nadie esta decidido a invertir, porque es algo que no se ve y tarda muchos años en empezar a ver resultados. No es lo mismo que hacer 10 cuadras de asfalto”, concluyó el magistrado platense.