Realizaron estudios de ADN al “Chacal”, la víctima y sus hijos

Publicó Diario Hoy
20 de mayo de 2009

El fiscal Gutiérrez del Barrio anticipó que el resultado se conocerá en unos 20 días, aunque no será determinante para el futuro procesal del acusado. Si no se prueba que abusó de la hija, saldrá libre, ya que el incesto no es delito


El Cuerpo Médico Forense realizó ayer los exámenes de ADN al hombre acusado de haber violado a su hija por más de veinte años y a todos los involucrados del caso, incluyendo a la presunta víctima y a los siete hijos.
Las muestras fueron derivadas a los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, informó ayer el Fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio, aclarando que el resultado (que se conocerá en unos 20 o 30 días) no va ser determinante para decidir la suerte del imputado, sino que va corroborar si efectivamente es el padre de los niños”. Es que aunque el ADN lo confirme, el detenido podría recuperar su libertad si no se comprueba el abuso, ya que la ley no contempla al incesto como delito.
La abogada Mariana Hellin, ex presidenta del Instituto de la Mujer, dijo que “la víctima es mayor de edad y los delitos o abusos sexuales que le hayan cometido cuando era menor prescribieron y ya no se pueden seguir penalmente”. El fiscal aclaró ayer que “no puede adelantar ningún tipo de valoración acerca de los testimonios recogidos hasta el momento”, correspondientes a la madre de la presunta víctima y concubina del hombre de 67 años; la propia denunciante, de 35; y de sus hijos. Ayer se cumplió una semana desde que el acusado quedó alojado en el penal de la ciudad de Mendoza, imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en número indeterminado de hechos en concurso real.
El fiscal admitió que le han llegado “cinco causas vinculadas con este caso tramitadas por distintos juzgados”, que “no son específicamente penales, sino que hay actuaciones en sede de los Juzgados de Familia y también algunas medidas tutelares”. Esos expedientes, dijo, “vienen desde hace varios años” y se habrían originado en declaraciones de vecinos.
Según publicó ayer el diario Uno, de Mendoza, el 21 de noviembre de 2002 se inició una causa por una denuncia anónima. El séptimo Juzgado de Instrucción, a cargo entonces de Eduardo Martearena (actual fiscal especial de la provincia) pidió un estudio de ADN, pero las actuaciones se archivaron porque la víctima se negó a brindar información sobre el padre de los niños. “No la puedo obligar a declarar”, explicó Martearena.