Pagan 800 mil pesos por protección policial

Publicó Crítica Digital
10 de agosto de 2008

Un enorme negocio de corrupción se desarrolla en los locales denunciados por facilitar la prostitución. Apuntan a los jefes de las comisarías 4° y 16°. Cómo se organiza el sistema de recaudación.

Por Mauro Federico y Claudio Mardones

Los boliches de la zona roja vecina al Departamento Central de la Federal, escrachados el martes pasado por vecinos de Monserrat y Constitución, tienen protección policial por la que abonan unos 800 mil pesos mensuales. El cálculo surge de datos suministrados por fuentes policiales, legislativas y el testimonio de vecinos, trabajadoras sexuales y propietarios de locales nocturnos. Las comisarías más comprometidas son la 4ª y la 16ª, según la denuncia penal formulada ante la Justicia por diputados nacionales y legisladores porteños. A pesar del escándalo, la mayoría de los negocios continúa funcionando con normalidad. “La complicidad con sectores policiales y políticos es evidente”, dijo la diputada Fernanda Gil Lozano, una de las impulsoras de la causa judicial a cargo de Norberto Oyarbide.

La recaudación es realizada semanalmente por las brigadas de las comisarías en base a una tarifa acorde con la “categoría del negocio”, la cantidad de mujeres que trabajan, su procedencia y los hechos ilícitos que se efectúan en sus instalaciones. “No se le cobra lo mismo a un boliche chico con tres putas que vienen de Florencio Varela y cinco parroquianos tomando una birra, que a un pub donde hay mujeres extranjeras, clientela tomando whisky caro y se vende falopa”, confió a este diario una alta fuente policial. Desde la organización gremial que nuclea a las trabajadoras sexuales porteñas –AMMAR– su secretaria de Acción Social, Silvia Izquierdo, aportó datos claves para reconstruir el circuito recaudatorio. “Hay entre 10 y 15 compañeras por local trabajando en dos turnos, de 6 a 20 y de 20 a 6, el boliche retiene un 80 por ciento de lo que factura cada trabajadora sexual y además se queda con la recaudación de la barra”, detalló.

Aunque en la zona los puticlubs son moneda corriente, son varios los vecinos de Monserrat y Constitución que notan “un crecimiento de la violencia y la impunidad en las calles, a partir de la aparición de grupos mafiosos que pretenden instalarse para controlar el negocio de los estupefacientes”, dijo Raúl Sosa, que vive a dos cuadras del Departamento Central de Policía. “La prostitución sirve como pantalla y cebo para la comercialización de droga, que en la Capital Federal es organizada por el Cartel de Juárez, proveniente de México, un cartel peruano, que controla la villa 1.11.14, un incipiente cartel colombiano y otro dominicano cuyas operaciones ya fueron denunciadas”, aseguró un ex funcionario de la Secretaria de Seguridad porteña.

MODUS OPERANDI. Desde que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández dispuso la creación de la división Trata de Personas de la Policía Federal, la presión sobre los locales donde hay menores ejerciendo la prostitución se incrementó sensiblemente. “Esto está generando mucho malestar entre los jefes y comisarios que usan a los proxenetas como fuente de recaudación”, dijeron fuentes de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal, que maneja las comisarías. “La estructura de la recaudación es piramidal, pero si llega a haber algún quilombo –como el que ocurrió con los prostíbulos allanados– siempre el chivo expiatorio es el comisario”, detallaron los oficiales consultados. Y aportaron una descripción del modus operandi utilizado para la recaudación: “La brigada se encarga de arreglar con los dueños de los boliches. La tarifa se cobra por semana y oscila entre los cuatro y cinco mil pesos por lugar. El que recauda generalmente es el oficial a cargo, que es de máxima confianza del comisario general”.

“El esquema de organización del robo es piramidal: recauda la brigada, que es la que administra el terror en cada zona, reporta al comisario, éste a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y de ahí para arriba”, agregó el ex funcionario. “En las reuniones de comisarios se organizan los listados de los lugares donde se cobran y cuánto se recauda, ahí se pasan las quintas (que son los lugares donde se cosecha la recaudación)”, corroboró la fuente policial.

ESCRACHES Y DENUNCIA. La denuncia presentada por los legisladores solicita que se investigue al máximo responsable de la Federal, Néstor Jorge Valleca, por el funcionamiento de estos locales en inmediaciones del Departamento Central. La demanda fue presentada por los diputados nacionales Adrián Pérez, Rubén Lanceta, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Cynthia Hotton, Claudio Lozano, Silvina Storni y los legisladores porteños Martin Hourest, Facundo Di Filippo, Diana Maffía y Julián D’Angelo. En el escrito, los diputados dijeron que “hay que unir un intenso tráfico de estupefacientes en una verdadera zona roja dominada efectivamente por el hampa”, coincidente con “las seccionales 16ª y 4ª de la Policía Federal y próximas al Departamento Central de Policía, que guarda prudente silencio frente al escándalo de los hechos notorios que ocurren bajo sus propias narices”. La denuncia asegura que “se trata de una suerte de zona liberada al crimen organizado, especialmente al relacionado con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes, que no podrían ocurrir sin el conocimiento y la aquiescencia de las más altas autoridades de la Policía Federal y en especial de su jefe, el comisario general Néstor Jorge Valleca, cuya eventual responsabilidad debe ser investigada.”

Luego de la presentación judicial, Aníbal Fernández asumió la responsabilidad de las acciones. “Yo soy el responsable político de la Policía”, sentenció, y agregó que “hasta ahora no hubo respuestas, porque queremos evitar que se ensucie a la fuerza con conventillerío”, aunque prometió que Valleca entregará a la Justicia la documentación sobre cada uno de los locales denunciados. “A pesar de los escraches y las denuncias, los boliches siguen abiertos, yo realizo relevamientos periódicos y constato que muchos continúan funcionando porque sus dueños son gente muy poderosa”, completó Izquierdo, de AMMAR Capital.

Denuncian que la Federal quiso infiltrar la marcha contra los boliches

Los integrantes de las organizaciones sociales que organizaron los escraches del pasado martes contra los prostíbulos de Constitución, fotografiaron en la marcha a una mujer a la que identificaron como Mónica Amoroso, una agente de la Policía Federal acusada de realizar espionaje político en las filas del partido Nueva Dirigencia que encabezaba Gustavo Beliz. La causa –que tramitó en el juzgado federal del doctor Martín Silva Garretón– demostró la existencia de maniobras de infiltración llevadas a cabo por orden de la Policía Federal. Amoroso estaba casada con el por entonces legislador Miguel Doy –mano derecha de Beliz– y se desempeñaba como jefa de despacho en la Legislatura porteña. La investigación judicial probó que la espía trabajaba para la fuerza policial desde 1983 como auxiliar primero de inteligencia y dejó en claro que “su presencia en el partido no era inocente”. “Su asistencia a la manifestación del otro día, mostrándose personal policial que se encontraba de civil, nos da la pauta para pensar que están tratando de infiltrarnos y haciendo inteligencia de nuestras actividades”, denunció Gustavo Vera, de la Cooperativa La Alameda, una de las entidades que luchan por la erradicación de la trata de personas. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un negocio que moviliza alrededor de 9.500 millones de dólares al año, e involucra a 27 millones de personas.