Qué obstáculos impiden la lucha contra la explotación sexual infantil en la región

Publicó Periodismo Social - Boletín N° 38
20 de agosto de 2008

Instituciones poco preparadas para contener a las víctimas, poca articulación entre las dependencias estatales especializadas en el tema, ausencia de estadísticas, cada vez más familias en situación de extrema vulnerabilidad económica, países con escasos recursos logísticos y tecnológicos para enfrentar a las redes dedicadas a este negocio, vacíos legislativos, deudas pendientes en la tipificación de los distintos delitos y, por otro lado, y como aspecto positivo, el inmenso avance de entender a la explotación sexual infantil (ESI) como una violación grave a los derechos humanos. No como un delito más.

Así podría empezar a delinearse el estado de situación de la lucha contra la ESI en la mayoría de los países de la región, una realidad que preocupa cada vez más. De hecho, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, admitió que se trata de un delito en plena expansión. “Necesitamos atacar el problema desde una mirada más amplia que la simple coordinación de normativas jurídicas o los aspectos que hacen a marcos de seguridad, judicial o policial. Hay un incremento en el desarrollo de la criminalidad organizada en este aspecto, pero también es preocupante las psicopatías sociales que llevan a que no sólo haya oferta sino demanda de este tipo de aberraciones enormes como es la explotación sexual infantil”, aseguró el martes último, en Buenos Aires, frente a la mirada de representantes de países del Mercosur y estados asociados, especialistas y representantes de distintas organizaciones y agencias de Naciones Unidas, como Unicef. Era el prólogo de la Reunión de América Latina y el Caribe que empezó hoy y sigue mañana en la sede de la Cancillería argentina, preparatoria del III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Infantil (ESI), que se realizará en noviembre en Brasil.

En ese marco se analizó el informe “Aportes para la cooperación regional en la erradicación de la Explotación Sexual Infantil (ESI)” -realizado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, sobre la situación de la ESI, la complejización y el agravamiento del problema y la necesidad urgente de profundizar la lucha contra las nuevas formas de este delito, cada vez más vinculadas al turismo e internet.

¿Cuál es entonces la situación en la región? ¿Es efectiva realmente la lucha contra este flagelo? ¿Qué desafíos enfrentan los países? ¿Cuáles son los obstáculos para la erradicación definitiva del problema?

Sobre este último punto, el informe señala que básicamente se pueden agrupar los obstáculos en dos categorías. “Una primera que comprende aquellos atribuidos a la complejidad de la problemática en sí y a los propios actores tanto víctimas como efectores de sistemas de salud, educación y otros. Una de las dificultades en relación a estos últimos es la capacitación insuficiente para realizar identificación o detección temprana en casos de ESI y su consecuente denuncia y derivación”.
Pero hay otra categoría de obstáculos, señala el informe. Son los de orden político-institucional, relacionados con las decisiones y los condicionamientos más bien de tipo estructural. “En ese sentido aparece la falta de asignación de presupuesto o su escasez, la dificultad de articulación intersectorial, la falta de recursos logísticos y operativos para la investigación y desarticulación de bandas organizadas, la existencia de redes delincuenciales instaladas y la falta de consenso nacional para campañas impulsadas por organismos internacionales dentro del país, además del limitado número de instituciones especializadas en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas”.

De todos modos, uno de los aspectos que más llama la atención y que se repite en casi todos los países es la ausencia de bases de datos estadísticos en las provincias, dado el carácter delictivo e invisible de la problemática.

Otro punto en el que el informe hace foco está relacionado con la pobreza. En la región viven casi 130 millones de chicos, es decir que poco más de un tercio de la población que habita los países del Mercosur y asociados son niños, niñas y adolescentes. “En términos generales se puede señalar que la totalidad de los países de la subregión se encuentra entre aquellos que poseen un índice de desarrollo humano medio o alto. Sin embargo el continente convive con niveles muy altos de desigualdad”.

¿Y cómo impacta esto en la naturalización de la ESI? Según el informe, “este escenario es el contexto en el cual se potencian” estas situaciones “y a la vez se pueden crear las posibilidades de encarar una lucha efectiva para su erradicación. Por ello, resulta de fundamental importancia profundizar en el análisis de la correlación entre los aspectos sociodemográficos señalados y la especificidad que adquiere un fenómeno de ESI en la subregión”.

Y otra pregunta que responde el informe. ¿Qué pasa con las acciones que encaran los países para erradicar la ESI?. “Se advierte en la mayoría de los países una orientación hacia la focalización de las acciones. Como ejemplo de ello, están las campañas, que si bien en muchos casos se desarrollan con un abordaje abierto a la comunidad en su totalidad, en otros casos se dirigen tanto a sectores de la población que se consideran más vulnerables en la problemática, como a zonas geográficas consideradas clave. Este es el caso de las zonas de frontera, o de aquellas zonas de atractivo turístico”.
Pese a todo, se rescatan algunos aspectos positivos de cómo los gobiernos de la región están enfrentando esta problemática. Uno es que la inmensa mayoría de los países cuentan con presupuesto asignado. Pero no sólo eso. “En la región –se menciona- se ha logrado encuadrar a la ESI como una violación grave a los derechos humanos de la infancia, y se están encarando respuestas reparatorias y de restitución de derechos. Estos avances incipientes deben leerse como parte de un proceso global, reciente en términos históricos, que implica transformaciones culturales, sociales y políticas tendientes a consolidar el paradigma de la protección integral de derechos”.

Además, la consulta permitió descubrir que muchos países están decididos a enfrentar el problema de manera conjunta. Y esa intención de darle viabilidad tanto a la articulación como a la circulación de información “resulta muy importante y favorable a la hora de elaborar estrategias de cooperación subregional. Los países que informaron haber realizado campañas regionales y en zonas de frontera señalan que esto ha generado un espacio de trabajo en común luego de la campaña propiamente dicha. Esto es importante ya que ha permitido, luego de una actividad concreta, generar un espacio de intercambio y trabajo para el futuro.
Finalmente el informe habla de, probablemente, uno de los desafíos más urgentes de la región para enfrentar la ESI: la tipificación de delitos y la adecuación normativa. Y recomienda que las legislaciones definan qué se entenderá por términos como “prostitución infantil”, “pornografía infantil”, “explotación sexual en viajes y turismo” y por trata, tráfico o venta de niños, niñas y adolescentes.

La recolección de la información sobre la situación en los diferentes países se hizo en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las últimas reuniones del Grupo de Trabajo Niñ@sur. ¿El objetivo? Mejorar y aumentar la información acerca del estado de situación del problema de la ESI en los países de la subregión. Sus responsables aseguraron que “es un aporte fundamental para los países implicados pensando en la formulación de estrategias subregionales de cooperación en el tema, así como su contribución a la revisión de las prácticas al interior de los países de la subregión, con vistas a su readecuación”. Estiman que será un insumo importante de cara al III Congreso Mundial contra la explotación Sexual Infantil, a realizarse en el mes de noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

¿Qué es la iniciativa Niñ@Sur? Tiene como objetivo promover la articulación de los esfuerzos nacionales orientados al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la adecuación legislativa nacional a los instrumentos internacionales sobre la materia, preservando el interés superior del niño por encima de la nacionalidad. Asimismo busca estimular el diálogo y cooperación entre los Estados para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del milenio, teniendo en cuenta que varias metas tienen una relación directa con los derechos de la infancia y adolescencia.