Abortó la joven discapacitada violada

Publicó Crítica Digital
2 de octubre de 2008

G.N.R. fue abusada en una salida del Patronato de la Infancia, donde se encuentra internada. En el Hospital Penna estaban a punto de practicarle la interrupción del embarazo pero un magistrado la frenó. Un fallo de segunda instancia la avaló.

Por Luciana Peker

La chica de 18 años –conocida como G.N.R.– que fue violada y tiene un severo retraso mental pudo, finalmente, acceder a un aborto no punible en un hospital público. El Tribunal de Familia de Bahía Blanca –con el voto de Edgardo Manassero y Patricia Marenoni– autorizó al Hospital Interzonal José Penna a realizar la interrupción del embarazo y rechazó el polémico freno al aborto del juez de Familia Jorge Longás.

El martes, a las 9 de la mañana, la joven estaba preparada para entrar al quirófano. Le habían realizado análisis y ecografías. La habían acostado en una camilla. Sentía el goteo de un suero que anticipaba la anestesia y el sueño. Sabía que en una o dos horas no seguiría con un embarazo que llevaba en su cuerpo desde hacía nueve semanas después de una violación múltiple.

Pero, a las 11 –inesperadamente– los médicos tuvieron que volver a llevarla a su habitación para que esperara. El juez Longás había suspendido, por 24 horas, la realización del aborto, a pesar de que el artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, no es punible. En la puerta del Hospital Penna un grupo de monjas pedía la suspensión del aborto que, para G.N.R, representa la ilusión de terminar con su última pesadilla.

G.N.R es un símbolo de una adolescentes alojada –por el Estado– para olvidarla, en vez de para ampararla. Ella tiene 18 años pero un desarrollo emocional de una nena de 10 y vive en el Patronato de la Infancia de Bahía Blanca. La joven fue violada –presuntamente por su hermano y otros dos hombres– durante una salida de fin de semana. Ella ya había contado que durante las visitas a su familia la manoseaban y, sin embargo, no fue escuchada ni protegida. El director del Patronato, Antonio López, y parte de su equipo técnico fueron despedidos después de la difusión de este caso.

Pero el desamparo de G.N.R. siguió. Hace tres semanas, la abogada María Fernanda Peterson, a cargo de la tutela de la joven, presentó una denuncia por violación y el pedido de interrupción del embarazo que finalmente se concretó ayer, tal como lo confirmó Petersen.

Aunque, en realidad, hay antecedentes que tendrían que haber permitido que G.N.R no entrara en el enredo mediático y judicial. El 31 de julio de 2006, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires autorizó la interrupción del embarazo de una adolescente –conocida como L.M.R, de 19 años, pero con una edad mental de una nena de ocho– violada y discapacitada. En la sentencia, la Corte bonaerense dictaminó: “La aplicación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, no requiere de autorización judicial” y “no corresponde expedir un mandato de prohibición a la práctica de interrupción del embarazo sobre la joven L.M.R”.

En ese fallo, la jueza Hilda Kogan, remarcó: “Nos encontramos nuevamente resolviendo un caso que nunca debió llegar a estas instancias. Cuando hay un ejercicio responsable de los derechos, la intervención indebida de los jueces no hace más que alentar la idea equivocada de que los agentes públicos tienen la potestad de tutelar las conciencias y las conductas privadas”. Después de ese caso testigo, el Ministerio de Salud bonaerense generó una norma de procedimientos que en el Hospital Penna estaban dispuestos a cumplir, hasta que llegó la marcha religiosa y el freno judicial.

Emma Villa, la canciller del Arzobispado de Bahía Blanca, cree que no alcanza con que el aborto de G.N.R sea legal para que ella tenga derecho a realizarlo. “Si la ley no responde al bien común es una ley inicua, dice santo Tomás; por lo tanto, el pueblo puede resistirse. El aborto es la matanza de un inocente. ¿Por qué no lo tiene y lo da en adopción? ¿Sabés los cientos de familias que están en lista de espera para adoptar a un chico?”, pregunta.

La psicoanalista Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito replica: “La oferta de adopción es una respuesta a las críticas que se hacen a la irresponsabilidad de la Iglesia de promover nacimientos destinados al abandono y el desamparo. O a la venta de bebés, tan frecuente en las instituciones de internación, y tan lucrativas. Evidentemente, nos tratan de convencer de que las violaciones de algunas hacen la felicidad de otros y que todo se compensa en este mundo, alabemos al Señor”. Y remarca: “Estos grupos se apoderan del embrión elevándolo a la categoría de niño, que aún no tiene, a expensas de la niña discapacitada a la que no toman en consideración, ni como violada, ni como gestante incapaz de hacerse cargo de la crianza. Seguro que no pagarían lo mismo por un huevo que por un pollo y que cuando van a un restaurante tienen bien claro que un omelette no es una gallina. Pero ignoran a la chica y su experiencia de haber sido cosificada por las violaciones y abusos”.

Debate en la Legislatura porteña

“El caso de Bahía Blanca demuestra que se buscan estrategias para no cumplir con los derechos de las mujeres inspirados en aspectos confesionales que no pueden ser de obligación universal y que están bien para el que tiene la religión, pero no para todo el mundo”, explica la filósofa y legisladora porteña Diana Maffía. Ella es autora de uno de los cuatro proyectos de ley propuestos para normativizar los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.

Si los casos de abortos legales ya están contemplados en el Código Penal, ¿por qué es necesario legislar nuevamente? “Hay que hacer operativa la ley y establecer una norma de procedimiento para la atención de abortos no punibles”, explica Maffía. El viernes 3 de octubre se abre en la Legislatura un debate público –que puede presenciar cualquier ciudadano– con la participación de expertos que se realizará cada quince días. Entre los invitados a estas reuniones públicas, estarán la médica Mariana Romero, la especialista en bioética Florencia Luna y el ex ministro de Salud Ginés González García.