Con el rosario en lugar del Código

Publicó Página|12
1 de octubre de 2008

El hospital de Bahía Blanca estaba por interrumpir el embarazo de una chica con discapacidad mental y embarazada tras una violación. El caso no es punible, pero un juez hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó suspender la práctica por 48 horas.

Por Mariana Carbajal

Una vez más, ahora en Bahía Blanca, se obstaculiza la realización de un aborto no punible con la connivencia de un magistrado. El juez de Familia Jorge Eduardo Longas, conocido por su fervor religioso, hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó ayer suspender por 48 horas la práctica médica que estaba prevista por la mañana a una adolescente de 18 años, con discapacidad mental, abusada sexualmente en el seno de su familia, sobre cuyo caso informó PáginaI12 la semana anterior. En medio del drama que vive la joven, un grupo de monjas que trabajan en el Hospital Penna, donde está internada, hicieron una cadena de oración en la puerta del establecimiento. “El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana”, expresaron las religiosas al leer un comunicado del Arzobispado de Bahía Blanca encabezado por monseñor Guillermo José Garlatti. Anoche estaba previsto un acto de rechazo al aborto en la plaza Rivadavia, convocado desde la Catedral.

“Es un nuevo avasallamiento de corporaciones religiosas que impiden que este Estado que exigimos laico y sus funcionarios comprometidos por juramento público en hacer cumplir las leyes, garanticen los derechos de las mujeres como derechos humanos universales”, expresó con fuerte indignación Elsa Schvartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, al conocer la intervención judicial.

La práctica del aborto no punible a la joven ya estaba acordada en el Hospital Penna. La había solicitado la representante legal de la muchacha, la abogada María Fernanda Petersen, secretaria de la ONG Patronato de la Infancia de Bahía Blanca, donde la chica vivía desde hace varios años. Por la mañana, el director del Penna, Alberto Taranto, comunicó a la prensa local que se le habían realizado a la adolescente los estudios médicos previos correspondientes. Pero la llegada de la notificación judicial obligó a frenar la práctica. “Llegó una orden judicial firmada por el juez de Familia Jorge Eduardo Longas, en la que se nos indica que debemos suspender la práctica del aborto por 48 horas”, informó Taranto.

El médico desconocía qué entidad había presentado el recurso de amparo. Por la tarde, los profesionales del Penna, con cuyo Comité de Bioética habían consensuado el aborto, estuvieron reunidos para analizar qué pasos seguir. PáginaI12 no pudo comunicarse con ninguno de ellos, pero según trascendió estarían dispuestos a continuar adelante con la interrupción del embarazo. El artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, el aborto no es punible y sólo debe tener el consentimiento del representante legal de la víctima. Los dos requisitos se cumplen en este caso.

La historia conmueve a la ciudad de Bahía Banca desde hace varias semanas. La adolescente fue violada al ir a visitar a su familia durante un fin de semana. El embarazo, consecuencia de los abusos, ya lleva unas diez semanas. Después de conocerse el caso, el Patronato de la Infancia fue descabezado: se supo que la niña, cuya edad mental sería de unos diez años, había alertado a profesionales de la centenaria institución que sufría manoseos en su entorno familiar. Pero a pesar de su testimonio, la volvieron a mandar de visita. En los últimos días fue destituido su director, Antonio López, y parte del equipo técnico, entre ellos una asistente social y un psicólogo. Desde principios de septiembre, la muchacha dejó el Patronato para irse a la casa de la familia que el Tribunal de Menores Nº 2 designó como guarda provisoria.

La jovencita declaró días atrás en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de Eduardo Alberto Quirós, y señaló a tres personas de su entorno familiar como las autoras de los abusos. La denuncia la presentó la abogada Petersen en la Comisaría de la Mujer.

Desde que los médicos del Penna confirmaron que estaban dispuestos a respetar los derechos de la joven, al realizarle el aborto no punible sin pedir una autorización judicial, surgieron en Bahía Blanca expresiones contrarias a la interrupción del embarazo. “El aborto, por ser un crimen horrendo, jamás puede llegar a ser una solución”, aseveró el lunes el arzobispo de Bahía Blanca. Hasta un matrimonio se presentó en la Fiscalía, para postularse como adoptante del bebé de la víctima violada. La pareja fue derivada a la Justicia de Menores. El tema del aborto y el destino de la persona por nacer no son competencias del fiscal.

No es el primer caso en el que un pedido de aborto no punible se obstruye desde la Justicia. Hace pocas semanas ocurrió una situación similar en la ciudad de Mendoza. Y en otras provincias, se intentaron maniobras parecidas a lo largo de los últimos dos años. Por uno de esos casos, el de LMR, que sucedió en el conurbano bonaerense, la Argentina enfrenta una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU: en un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se presentó al organismo y que reveló en exclusiva PáginaI12, el Gobierno reconoce que al obstaculizar la Justicia el acceso al aborto no punible se violaron los derechos humanos de LMR, que tenía en ese momento 18 años y una edad mental de 10 y había sido violada por un tío, un caso casi calcado al de Bahía Blanca.