24 de octubre de 2008
Por Hernán Capiello
En toda la provincia de Buenos Aires se abren por día 81 causas judiciales en las que chicos, chicas y adolescentes están acusados de cometer delitos. Los casos con menores imputados aumentaron 27% entre 2000 y 2007, según datos oficiales de la Suprema Corte de Justicia provincial.
Sólo en el Departamento Judicial de San Isidro se inician 10 causas por día y los hechos con menores imputados aumentaron 32% desde 2000. Es decir, por encima del promedio. A esa jurisdicción corresponde el caso del ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado este martes en su casa de Acassuso frente a su familia. Por este hecho está detenido, precisamente, un chico de 15 años.
Ayer, desde Medellín, Colombia, el jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, alertó sobre un "incremento serio" de la delincuencia juvenil.
Destacó que hay recurrencias de hasta 40 veces y estimó que en el distrito los menores cometen cerca de un millón de delitos al año, aunque muchos de ellos no se denuncian. "En su gran mayoría recuperan la libertad en menos de dos horas", expresó, y se quejó de que no los pueden encerrar en comisarías. Dijo que en el 85% de los casos vuelven con sus familias, como dispone la nueva ley penal juvenil. En la provincia se aprobó a fin de 2007 esta norma, que aún no se instrumentó en todo el territorio porque el Poder Ejecutivo debe formar equipos asistenciales para los menores.
Según el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, desde que esta ley entró en vigor ?la participación de menores y la violencia de ellos en delitos es cada vez más frecuente?.
San Isidro es uno de los departamentos judiciales donde aún no funciona la ley y también en el que hubo mayor crecimiento de delitos cometidos por menores en el conurbano. Los más conflictivos son Morón, donde el número de causas fue del 80 por ciento; San Martín, con un crecimiento del 64 por ciento, y Lomas de Zamora, donde subieron 24 por ciento.
En el orden nacional, aún no hay ley penal juvenil. El Gobierno no envió ningún proyecto al Congreso, aunque evaluó que en todo el país son 6294 los menores con causas penales, de los cuales 1799 están alojados en institutos. Muy lejos del millón de delitos del que habla Salcedo y de la cantidad de expedientes sólo en la provincia de Buenos Aires, según la Corte.
La ley penal juvenil prevé la creación de tribunales especializados, con jueces, fiscales y defensores. Los tribunales de familia se convirtieron en juzgados de responsabilidad penal juvenil. La ley determina que, en la provincia, los menores acusados de delitos graves no pueden estar con prisión preventiva más de 180 días. Después, deben ser puestos en libertad, según la Convención de los Derechos del Niño, que dispone que la privación de la libertad debe ser la excepción.
Plazos perentoriosEl fiscal tiene 120 días para hacer la investigación y en 15 días el acusado debe ser sometido a proceso. En ese lapso, se establecen diversas medidas de resguardo que van de la prisión preventiva a la prohibición de asistir a determinados lugares.
En caso de ser encontrado responsable, el menor puede ser derivado a un programa de orientación y apoyo familiar, obligado a reparar el daño o a prestar servicios a la comunidad; ser derivado a servicios de protección, que se le imponga un régimen de libertad asistida con el cumplimiento de ciertas condiciones, un régimen de semilibertad o que sea privado de su libertad en un establecimiento especializado.
Pero esta ley sólo se aplica en los departamentos judiciales de La Plata, Necochea, Quilmes, San Martín, Azul, Mercedes, San Nicolás y Pergamino, es decir, en ocho de 18 departamentos. La Corte bonaerense, en las acordadas 3381 y 3388, no obstante haber autorizado la aplicación de la ley en estos lugares, entendió que ?no estaban las condiciones dadas?. Por otro lado, frenó la puesta en marcha de la norma en Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Morón y Zárate, pues consideró que allí no tenían ?las condiciones mínimas? para funcionar, ni lugares de detención ni programas alternativos a la prisión.
El cronograma que prevé que para el 1° de diciembre el sistema esté funcionando en todo el territorio bonaerense está lejos de ser cumplido. De hecho, estaba previsto que durante este mes y el próximo se aplicara en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro.
Pero ahora todo el sistema está nuevamente en tela de juicio.
La norma hoy
La ley penal juvenil se aplica en 8 de los 18 departamentos judiciales porque el gobierno no creó planes alternativos a la prisión ni lugares de detención para los menores.
La norma dice que el encierro es la excepción y prevé penas alternativas, como reparar el daño o realizar tareas comunitarias.
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