25 de octubre de 2008
LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia bonaerense intimó al gobierno de Daniel Scioli a proveer al Fuero Penal Juvenil los recursos que se necesitan para un funcionamiento eficaz. En la misma resolución, el máximo tribunal dispuso que, dentro de los próximos 60 días, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante la Corte un informe sobre lo que hizo para resolver las graves falencias de ese fuero.
La intimación fue difundida en medio de las repercusiones por la propuesta del gobernador de bajar la edad de imputabilidad de los menores para delitos graves, tras el homicidio del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro.
Pero el ámbito de discusión de la propuesta de Scioli es el Congreso de la Nación. La Corte bonaerense señaló las falencias de la administración provincial en la asistencia de los cerca de medio millón de chicos que, según el ministro de Desarrollo Social provincial, Daniel Arroyo, están en riesgo debido a la extrema pobreza y marginalidad.
?Las sucesivas omisiones, por parte de la autoridad administrativa en orden a la provisión de recursos idóneos tendientes a resguardar la integridad física y espiritual de los menores, colocaron a estos en un estado de indefensión y desamparo, que no se condice con las garantías que, conforme al paradigma del Estado de Derecho, propone nuestra organización constitucional?, se lee en el voto del juez Héctor Negri, al que adhirieron Eduardo De Lazzari, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani.
La intimación de la Corte surgió de una causa por un conflicto de poderes entre el Tribunal de Menores N° 1 de Trenque Lauquen y el estado provincial, al que la Corte hizo lugar. El tribunal había denunciado los comportamientos de funcionarios del Poder Ejecutivo que impedían el cumplimiento del proceso. Por ejemplo, que en marzo de 2006 dos menores no fueron llevados a declarar.
Negri resaltó también que el gobierno no tuvo previsto obra alguna para el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, pese a que allí también aumentaron los delitos cometidos por menores. ?La alegada carencia, por parte del Poder Ejecutivo provincial, de una infraestructura adecuada para albergar y garantizar de modo pleno los derechos de los menores involucrados en la presente, no puede constituirse en justificación válida para incumplir con los mandatos que en materia de minoridad le han sido impuestos?.
El Fuero Penal Juvenil empezó a funcionar el 14 de julio pasado, pero hoy está activo en 8 de los 18 departamentos judiciales.
Ayer, el ministro Arroyo reconoció: ?Tenemos que revisar nuestras prácticas desde la política social, desde la fuerza de seguridad, la Justicia y los medios de comunicación. Si alguien cree que está haciendo todo bien, está totalmente equivocado. Hay que rescatar a los jóvenes, que están hechos bolsa?.
Ramiro Sagasti
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