Un fallo declaró en La Plata la inconstitucionalidad de la detenciones por contravenciones

Publicó Página|12
31 de octubre de 2008

El fallo declaró inconstitucional la detención de menores por averiguación de antecedentes, por contravenciones y por supuesto asistencialismo. Tiene vigencia en La Plata.

Por Horacio Cecchi

A partir de hoy, la Bonaerense de la jurisdicción de La Plata no podrá detener a chicos menores de 18 años acusados de haber cometido una contravención; no podrá detenerlos por el clásico y elástico argumento de la averiguación de identidad; tampoco podrá ejecutar la sistemática detención para devolución a los padres –conocida bajo el automático código de “entrega menor”–. Un fallo del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, declaró inconstitucionales esas modalidades de los uniformados y ordenó, además, que actualizaran los registros policiales de pedidos de captura cursados por los juzgados porque “terminaban deteniendo a un hombre de 30 años por la fuga de un instituto de menores cuando tenía 15”, detalló el defensor oficial ante el fuero de responsabilidad juvenil 15, Julián Axat, quien presentó el pedido de hábeas corpus colectivo que dio lugar al fallo de Arias.

Desde julio pasado se puso en marcha en La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín el nuevo Fuero Penal Juvenil, creado por la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Adolescente, que a su vez reemplazó al sistema tutelar, y que empezó a poner en caja de acuerdo con los tratados y leyes internacionales el tratamiento de los menores de 18 años. Pero la puesta en marcha no significa la puesta a punto.

La presentación de Axat –interpuso un hábeas corpus preventivo y solicitó se declare la inconstitucionalidad de la detención de menores de 18 por contravención, por averiguación de identidad, y la aprehensión para devolver a los padres después de un paso tras las rejas– respondía a que “advertimos que aunque se había derogado el régimen Patronato-tutelar y suplantado –señaló Axat– subsisten rémoras del sistema tutelar que dejan potestades discrecionales sobre la policía”. Lo definió como la convivencia de dos sistemas, uno visible, que pasa a través del Poder Judicial y que se refiere a las detenciones por comisión de delitos, y otro oculto, subterráneo, que funciona bajo la total discrecionalidad policial en relación con los chicos en situación de marginalidad y abandono. “Desde que iniciamos nuestras funciones en la Defensoría, detectamos cientos de casos en que la policía vulnera los derechos de los niños, quienes son levantados y alojados en las comisarías sin que los jueces se enteren.”

Las leyes 13.634 y 13.298 del Fuero Juvenil y de Protección Integral pusieron en funcionamiento los servicios de Promoción y Protección de Derechos, que deben hacerse cargo del cumplimiento de los derechos de los chicos en situaciones de abandono y marginalidad. “Lo que comprobamos –aseguró a este diario– es que la policía ocupaba ese rol, ocultaba los casos y los jueces no se enteraban. Desde ahora, no podrán hacerlo más porque no podrán justificar una detención de estas características ante el juez. Y los Servicios de Promoción deberán profundizar su actuación para ocupar el rol que hasta ahora ocupaba la policía.”

Un mes después de iniciar funciones, Axat descubrió que mientras la policía informaba sobre detenciones por supuestos delitos cometidos por menores de 18, no comunicaba a los juzgados las detenciones por contravenciones, averiguación de identidad o lo que se llama “entrega menor”, que consiste en levantar a un chico de la calle, encerrarlo y después de horas y hasta un día, comunicar a los padres que lo retiraran.

Axat sostuvo que la detención por contravención no es aplicable a los menores luego de la creación del fuero, y que es un argumento de poder policial; que la detención por averiguación de identidad sustituyó en nombre, pero no en práctica la anterior Doble A, detención por averiguación de antecedentes, y que sigue siendo una detención ilegal, que luego se transforma en la informada como “entrega menor”. A partir de ahora, esas actuaciones policiales serán consideradas lisa y llanamente ilegales, tras la declaración de inconstitucionalidad ordenada en el fallo del juez Arias. El planteo de Axat fue apoyado por la defensora Raquel Ponzinibbio, y acompañado por la Fundación Sur, la Comisión por la Memoria y el Ciaj.